Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00946-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-00946-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-00946-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandantes: Luis Hernando Ortiz Valero
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación
Temas: Nulidad acto de retiro. Concurso de méritos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, Luis Hernando Ortiz Valero presentó una demanda en orden a que
se decida sobre lo siguiente:
• Inaplicar las resoluciones 040 del 20 de enero de 2015 por medio de la cual la
demandada convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de
procuradores judiciales I y II, y 357 del 11 de julio de 2016, con la que se publicó la
lista de elegibles para el empleo de procurador judicial II penal.
1 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_DEMANDA_C01PRINCIPAL(.zip)
NroActua 2».
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
• Declarar la nulidad del Decreto 3776 del 8 de agosto de 2016 que dispuso su
desvinculación de la entidad como procurador judicial II penal.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) su reintegro al cargo de procurador 59 judicial II penal de Bucaramanga; ii) el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 1 de septiembre
de 2016, fecha de retiro, en forma indexada, hasta la fecha en que se profiera la
sentencia, así como los perjuicios de orden moral tasados en 100 SMLMV para cada
uno y; iii) condenar a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Luis Hernando Ortiz Valero se desempeñó como procurador 59 judicial II penal de
Bucaramanga.
• La Procuraduría General de la Nación expidió el 20 de enero de 2015 la
Resolución 040 y a través de ella convocó y reglamentó el concurso público de
méritos para proveer 744 cargos de procurador judicial I y II.
• El 20 de abril de 2015 se publicó la lista de admitidos y no admitidos al concurso
de méritos. El 13 de septiembre de ese año se realizó la prueba escrita y
comportamental cuyos resultados se publicaron el 7 de octubre y el 4 de
noviembre de 2015, respectivamente.
• En el interregno ente las pruebas y la publicación de los resultados se
presentaron las quejas SIAF394606-2015, 402757-2015, 413341-2015, 433264-
2015 y 433264-2015 en las que se informó acerca de varias irregularidades del
concurso, tales como la violación del protocolo de seguridad y cadena de
custodia de los cuadernillos de preguntas en las ciudades de Cali, Pasto y
Pereira, su comercialización y anomalías en puntajes de 100 puntos obtenidos
por algunos participantes.
• La Procuraduría General de la Nación con Resolución 1440 del 18 de diciembre
de 2015 desestimó las quejas presentadas al considerar que no se probó lo
alegado. El 24 de febrero de 2016 publicó los resultados de los análisis de
antecedentes y el 8 y 11 de julio de igual anualidad, las resoluciones 337 a 349
que contenían la lista de elegibles para las convocatorias 01, 02, 03, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13 y 15 de 2015.
• A través de las resoluciones 358 del 12 de julio, 410 del 31 de agosto, 428 del 6
de septiembre, 453 del 3 de octubre y 711 del 31 de octubre, todas de 2016,
modificó la lista de elegibles en cumplimiento de diversas sentencias judiciales
derivadas de acciones de tutela interpuestas por los participantes del concurso.
2
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
• El 8 de agosto de 2016, la Procuraduría General de la Nación expidió el Decreto
3776 mediante el cual adoptó la lista de elegibles publicada en la Resolución
357 de igual anualidad y designó a Rubiel Alejandro Munevar López en el
empleo ocupado por el demandante y dispuso su desvinculación, pese a que
tenía la calidad de prepensionado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 42, 43, 44, 46, 113, 125 inciso 3, 152,
279 y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto Ley 262 de 2000; 20
del Decreto 263 de 2000; 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; 14 del Decreto 2772 de
2005; 229 del Decreto 19 de 2012; la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 y la
sentencia C-101 de 2013.
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:
• Los procuradores judiciales I y II debían reunir las mismas condiciones y
calidades de los jueces y magistrados ante quienes desempeñaban sus
funciones, según lo dispuesto por el artículo 280 de la Constitución Política, en
concordancia con el 13 ibidem. Por tanto, el concurso de méritos para vincularlos
debía ser igual al de estos, pues colaborarían directamente con la administración
de justicia y debían contar con similares capacidades y formación. Si bien los
procuradores judiciales I y II dependían jerárquicamente del procurador general
de la Nación, ello no implicaba que sus cualidades profesionales debían ser
inferiores a las de los jueces.4
De igual modo, estos no podían compararse con otros procuradores, debido al
sistema de mérito que regulaba su selección y el ejercicio de sus funciones en
la Rama Judicial, por lo que requerían un régimen particular de carrera
administrativa. En tal sentido, no les era aplicable el Decreto ley 262 de 2000
porque se enfocaba en perfiles distintos y no estableció el curso de formación
judicial de carácter obligatorio para los jueces y magistrados, por ende, debía
incluirse en el concurso de tales servidores públicos, lo que no se hizo en la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
• La expedición de la resolución mencionada vulneró el principio de reserva de ley
y, por ende, es nula por infracción de las normas en que debía fundarse. Ello,
puesto que los artículos 125 y 279 de la Constitución Política previeron que la
regulación del sistema de carrera administrativa de la Procuraduría General de
la Nación5 correspondía al legislador. Por tal razón, el procurador general no
podía reglamentar sus aspectos esenciales, tales como las homologaciones o
3 Ibidem 1.
4
Al respecto citó: Corte Constitucional, sentencia C-245 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
5
En adelante PGN.
3
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
equivalencias, la divulgación del concurso de méritos o la elaboración del
«[a]cuerdo de inscripción» y las reglas de evaluación y calificación.6
El Decreto Ley 262 de 2000 solo facultó a dicho funcionario a reglar el concurso
de méritos de los procuradores con funciones administrativas, pero no el
relacionado con los procuradores judiciales I y II, pues este último, una vez que
se profirió la sentencia C-101 de 2013, debía ser reglado por la ley y contener
iguales exigencias y derechos que el realizado para los jueces y magistrados.
• La entidad al proferir la Resolución 040 de 2015 desconoció la reserva de ley
estatutaria y actuó sin competencia, por cuanto el artículo 152, literales a y b, de
la Constitución Política dispuso que los temas relacionados con la administración
de justicia, entre ellos su estructura general, debían ser reglamentados a través
de ese tipo de leyes por el Congreso de la República. Tal proceder aplicaba en
el concurso de los procuradores I y II, equivalentes a los cargos de los jueces y
dado el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Esto aunado a su relación con
el núcleo esencial de un derecho fundamental también de reserva legal
estatutaria, específicamente a la libertad de selección de profesión u oficio
establecido en el artículo 26 Superior.
• El anterior acto administrativo también vulneró el mandato del artículo 20 del
Decreto 263 de 2000 y la Resolución 253 del 9 de agosto de 2012 expedida por
la PGN, toda vez que no incluyó las equivalencias de experiencia y títulos de
posgrados que aplicaban para los empleos del nivel profesional. De ahí que
también estaban viciados de nulidad los demás actos administrativos que de ella
se derivaron y, específicamente, el que decidió la desvinculación del
demandante.
• La resolución aludida y, por ende, los demás actos administrativos a los que les
dio origen, transgredieron el contenido de los artículos 14 del Decreto 2772 de
2005 y 229 del Decreto 19 de 2012, al fijarse como requisito que la experiencia
profesional susceptible de computarse era la obtenida después del grado,
cuando las normas citadas indicaban que esta se contaba desde la terminación
y aprobación de todas las materias. Lo anterior conllevaba una discriminación
respecto de las personas habilitadas para acceder a aquellos cargos públicos
ofertados mediante ese concurso público.
• La resolución a la que se ha hecho referencia al regular que solo se tendrían
como válidos los libros aportados en físico contravino los artículos 6 de la Ley
527 de 1999, 165 y 247 del Código General del Proceso, normas que otorgaban
plena validez y eficacia probatoria a los mensajes de datos y a los documentos
electrónicos. Así las cosas, no existía justificación jurídica para que dejara de
6
Al respecto citó la sentencia C-878 de 2008 referida a la reglamentación del concurso de la Fiscalía
General de la Nación, en la que declaró la inexequibilidad de los artículos 56, 60, 62, 65, 66 y 71 de
la Ley 938 de 2004, al considerarse que aquella normativa concedía a un órgano de carácter
administrativo -la Comisión Nacional de Servicio Civil- la facultad de reglamentar el ingreso y el retiro
del servicio.
4
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
aceptar los libros presentados en estos formatos. Asimismo, el 84 Superior y 9
(numeral 5) del CPACA, atinentes a la prohibición por parte de las autoridades
frente a la exigencia de documentos o requisitos adicionales a la reglamentación
general de una actividad.
• El acto de desvinculación infringió las normas en que debía fundarse, artículos
13, 42, 43, 44 y 46 de la Constitución Política, pues desconoció la condición de
prepensionado del demandante a quien, por tal razón, lo protegía una estabilidad
laboral reforzada que obligaba su reubicación en un cargo de igual o superior
jerarquía7.
• El Decreto 3776 de 2016 no fue notificado personalmente, pese a que su
contenido es particular y concreto, toda vez que la decisión censurada por la
cual se le separó del empleo público solo le fue comunicada al titular mediante
un correo electrónico. En consecuencia, se infringió lo reglado en los artículos
66, 67, 68, 69 y 72 del CPACA y en esa medida, no podía hacerse efectivo ni
producir efector jurídicos, sino que debía retirarse del ordenamiento.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Procuraduría General de la Nación
La entidad contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones con fundamento en
las siguientes razones:
• Con la expedición de la Resolución 040 de 2015 se dio cumplimiento a la sentencia
C-101 de 2013, en la que la Corte Constitucional ordenó convocar a concurso
público de méritos a todos los cargos de procurador judicial. Para ello se dispuso la
apertura de las respectivas convocatorias con las cuales ofertaron 427 cargos de
procuradores judiciales II y 317 I. De ese modo, obedeció a una orden judicial de
obligatorio cumplimiento que no estaba sujeta a condición o restricción alguna que
le permitiera la PGN abstenerse de la provisión de los cargos con los integrantes de
las listas de elegibles. Así el empleo ocupado por el demandante fue incluido en el
proceso de selección 004-2015 y la lista de elegibles se publicó con la Resolución
357 del 11 de julio de 2016.
• El régimen de carrera administrativa de los procuradores judiciales no podía
equipararse al de los jueces y magistrados, por encontrarse el máximo tribunal
constitucional en la sentencia citada y en el auto del 6 de noviembre de 2013, 9 en
el que aclaró que la igualdad entre estos servidores se predica solo en lo referente
al derecho a ingresar al servicio a través de un concurso público de méritos. Por
ello, la incorporación procedente respecto de los procuradores judiciales es la
7
Tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-357 de 6 de julio de 2016, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «022ContestacionDemanda.pdf»
9
Por el cual resolvió la solicitud de nulidad interpuesta contra la sentencia C-101 de 2013.
5
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carrera propia de la PGN; régimen especial distinto al previsto en la Ley 270 de 1996
creado específicamente para la Rama Judicial sin que pueda hacerse extensiva a
aquel organismo de control.
• El curso-concurso no se incluyó en el Decreto Ley 262 de 2000 como una de las
etapas que debía surtirse en el concurso de méritos para que accediera al cargo de
procurador judicial, en consecuencia, no era aplicable en este caso. La Resolución
040 de 2015 cumplió con lo prescrito en aquella norma al incluirse todas las etapas
allí previstas, sin que fuera posible adelantar el curso al no ser parte del régimen de
carrera y, además, porque la orden judicial solo otorgaba un año para realizar el
proceso de selección, máxime en atención a que la entidad no hace parte de la
Rama Judicial.
• De aceptarse que era necesario agotar el curso-concurso para la selección de los
procuradores judiciales, no debía pasarse por alto que esta no era la única forma
de hacer ese proceso, pues el Decreto Ley 262 de 2000 establecía etapas más
rigurosas que las aplicables a otros concursos de méritos10 que daban cuenta de su
rigurosidad.
• No era necesario que el régimen de carrera administrativa de los procuradores
aludidos se regulara en una ley ordinaria o en una estatutaria, dado que la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013 afirmó que al efecto era aplicable el
Decreto Ley 262 de 2000. De igual manera, porque el decreto otorgó facultades al
procurador general de la Nación para que fijara las etapas y el proceso de
calificación dentro del trámite concursal. En tal sentido, no implicaba una
vulneración del artículo 125 de la Constitución Política, norma que se limitó
únicamente a la definición de los empleos que por excepción no son de carrera
administrativa.
• De conformidad con el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000, el jefe del
Ministerio Público tenía la discrecionalidad para determinar o no equivalencias en el
concurso de méritos, sin que ello constituyera una obligación, en razón a su facultad
para la expedición del Manual de Funciones y Requisitos de la entidad. Por tal razón,
en la Resolución 040 de 2015 no se estableció tal posibilidad y ello tampoco implicó
un vicio en su legalidad que además se presume hasta tanto sea desvirtuada ante
el juez competente.
A ello se sumaba que los requisitos mínimos para ser juez o magistrado, exigibles
a los procuradores judiciales por mandato del artículo 280 constitucional, tampoco
admitía equivalencias, por lo que quien concursara para ocupar esos cargos debía
cumplir las exigencias establecidas de manera obligatoria y estas no podían
disminuirse o reemplazarse. Este argumento también desvirtuó lo alegado en la
demanda, según lo cual, el cómputo de la experiencia profesional se debía hacer
10
Según el artículo 194 del Decreto ley 262 de 2000, las etapas son: i) convocatoria; ii) reclutamiento;
iii) aplicación de pruebas o instrumentos de selección: etapa eliminatoria y etapa clasificatoria; iv)
conformación de la lista de elegibles; v) período de prueba; y vi) calificación del período de prueba.
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
desde la terminación de materias de conformidad con los decretos 19 de 2002 y el
2272 de 2005, puesto que la norma constitucional imponía el cumplimiento íntegro
de los mismos requisitos de experiencia regulados en el artículo 128 de la Ley 270
de 1996 que debían acatar los primeros funcionarios mencionados.
• La Resolución 040 de 2015 no reguló lo relacionado con la calificación de
desempeño de los procuradores y solo se limitó a indicar que la última etapa del
proceso de selección estaría constituida por el periodo de prueba, lo cual era
concordante con lo regulado en el Decreto ley 262 de 2000.
• Por disposición del artículo 205 del decreto aludido, el procurador general sí podía
definir las políticas para elaboración y calificación de las pruebas dentro del
concurso de méritos, especialmente en la etapa de análisis de antecedentes, según
lo señalado en el artículo 205 ibidem.
• Aunque el CPACA autorizó los documentos electrónicos, el Decreto Ley 262 de
2000 previó la necesidad de que los textos jurídicos fueran superiores a 49 de hojas,
se presentaran en medio físico y relacionados en forma directa y concreta con los
temas de competencia del cargo de procurador del aspirante, dentro del criterio de
experiencia profesional establecido en la Resolución 040 de 2015. Esta norma debía
prevalecer, puesto que regulaba de forma específica ese concurso público de
méritos.
Aunado a lo anterior, las funciones de los procuradores judiciales no fueron limitadas
a la intervención judicial, comoquiera de acuerdo con el Manual Específico de
Funciones y Requisitos también tienen funciones preventivas, de control de gestión
y de capacitación, entre otras. Es por ello, que una de las competencias
comportamentales para la determinación de la idoneidad del aspirante a procurador
judicial es la investigación, de manera que las obras adelantadas alrededor de
aquella temática cobran una relevancia mayor a la que el demandante pretendió
restarles en la demanda.
• En lo concerniente a la estabilidad laboral reforzada alegada en la demanda, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011 determinó la necesidad de
protección de los 3 grupos de la población establecidos en el artículo 12 de la Ley
797 de 2003 -aunque no necesariamente en los casos relacionados con la
reestructuración de la administración pública-, lo cierto es que las medidas debían
encaminarse a que aquellas personas sean las últimas en su desvinculación, mas
no impuso una permanencia indefinida.
Sumado a ello, el demandante no acreditó la condición de preprensionado, puesto
que, si bien en la demanda manifestó que había superado las 1.300 semanas para
pensión, en modo alguno lo acreditó los tiempos cotizados a Colpensiones, a través
de algún medio de prueba. Sin embargo, en «[…] [e]scrito radicado el 29 de julio de
2016 afirmó lo siguiente “(…) ya adquirí el derecho de mi pensión de vejez y estoy sometido
a los trámites necesarios y rigurosos de Colpensiones […]. En oficio 2016-6527529
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
proferido por la Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones del 14 de
septiembre de 2016, informó el reconocimiento de pensión de vejez al señor Ortiz Valero
[…]».
• La falta de notificación del acto de desvinculación no fue prevista como una causal
de nulidad de acuerdo con lo regulado en el artículo 37 del CPACA.
1.2.2. Rubiel Alejandro Munevar López
En su calidad de tercero con interés directo contestó la demanda11 y se opuso a las
pretensiones para lo cual manifestó los siguientes argumentos:
• Si bien las calidades, derechos, categoría y remuneración de los procuradores
judiciales debían ser equivalentes a las de los jueces y magistrados ante quienes
se desarrollaban sus actuaciones, ello no conllevaba la identidad del proceso de
selección de aquellos y en este el agotamiento del «curso-concurso», en tanto ello
equivaldría a equiparar la labor de administración de justicia a la de emisión de
conceptos dentro del proceso judicial, cuando se trata de roles distintos. Aún en la
demanda se señaló que para el caso de la Fiscalía General de la Nación sí se previó
el señalado curso, pero olvidó que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 270
de 1996, aquella entidad por mandato legal integra la Rama Judicial, en tanto que
la PGN es un órgano autónomo de control dentro de la estructura del Estado.
• El trámite del concurso fue regulado en el Decreto 262 de 2000, de tal manera que
como lo sostuvo el Consejo de Estado,12 no era necesario que el Congreso de la
República expidiera una ley o le confiriese nuevamente facultades extraordinarias
al presidente de la República para la regulación del ingreso al empleo de procurador
judicial, comoquiera que el principio de aplicación directa e inmediata de la
Constitución previsto en el artículo 4, habilitaba a la Corte Constitucional para que
ordenara el adelantamiento del concurso con el objeto de garantizar el cumplimiento
del artículo 125 Superior, con fundamento en que el ingreso a los cargos de carrera
obedecía al mérito.
• En la citada resolución se definieron los aspectos técnicos y operativos del proceso
de selección como fechas de inscripción, calendario, documentos soporte de los
requisitos mínimos y experiencia adicional, medios de divulgación, entre otros; sin
embargo, aquella no determinó las homologaciones y equivalencias, toda vez que
ya se habían definido en el Decreto Ley 263 de 2000, artículo 20. Su aplicación no
era automática sino facultativa de acuerdo con el manual específico de funciones
que, para los empleos ofertados no lo previó, por lo que mal haría la administración
en establecerlas por medio de la actuación demandada.
11 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«042ContestacionDemandaTercerVinculadoProceso.pdf»
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 15 de
febrero de 2018, rad. 11001-03-25-000-2015-00366-00 (0740-2015).
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
• Sobre los parámetros de puntuación de los factores valorados en el análisis de
antecedentes, la adopción de aquellos es potestad del procurador general de la
Nación, sin que ello implicara vulneración alguna a la igualdad o al núcleo esencial
del derecho fundamental de acceso a cargos públicos, tal como se sostuvo en la
sentencia SU-339 de 2011.
• Era desacertada la afirmación de la demanda atinente a que las reglas de la
convocatoria objeto de censura debía reglarse por medio de una ley estatutaria
porque: i) la PGN no es integrante de la Rama Judicial sino un órgano de control; y
ii) esa tipología legal fue reservada a la regulación del núcleo esencial de los
derechos fundamentales y el respectivo mecanismo de protección, de modo que la
regla general se mantiene en favor del legislador ordinario.
• La parte actora desconoció que los presuntos defectos en la publicidad de un acto
administrativo no se previeron como causal de nulidad, en tanto no afectan su
validez por tratarse de una actuación posterior a su formación o nacimiento a la vida
jurídica. Los efectos de dichas irregularidades se dan sobre su eficacia, oponibilidad
u obligatoriedad ante los administrados.
• En definitiva, no se configuró nulidad alguna respecto del acto de nombramiento
de Rubiel Alejandro Munevar López ni de la desvinculación del demandante, cuando
la demanda partió del supuesto fáctico relativo a que tanto la administración como
quien fue nombrado en aquel empleo luego de superar el proceso de selección,
actuaron en estricto cumplimiento de reglas de orden legal.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 16 de diciembre de 2021,13
denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• La expresión procurador judicial establecida en el numeral 2), del artículo 182, del
Decreto Ley 262 de 2000 fue declarada inexequible por medio de la sentencia C-
131 de febrero 28 de 2013, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución
Política y, en tal virtud, pasó de ser un empleo de libre nombramiento y remoción a
uno de carrera especial de la PGN.
• Como consecuencia de ello, la sentencia en cita ordenó adelantar el concurso de
méritos para la provisión en propiedad de los cargos de procuradores judiciales I y
II. Por tal razón, se expidió la Resolución 040 de 2015 que desarrolló las etapas del
proceso de selección previstas en el artículo 194 del Decreto 262 de 2000, régimen
de carrera administrativa aplicable a tales servidores públicos. Dentro de las fases
aludidas no se reguló el curso concurso, al ser propio de los funcionarios de la Rama
13 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «093SentenciaPrimeraInstancia.pdf»
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
Judicial.
• Era improcedente la pretensión relativa a inaplicar por inconstitucional tanto
aquella resolución que convocó al concurso de méritos de acuerdo con la orden
emitida por la Corte Constitucional y la 357 de 2016, que publicó la lista de elegibles
para el cargo de procurador 59 judicial II penal de Bucaramanga, por cuanto no se
evidenció la afectación de un derecho subjetivo del demandante, sino que la utilizó
para cuestionar su legalidad a pesar de que existía un medio de control propio para
ese efecto.
• Comoquiera que el nombramiento de Rubiel Alejandro Munévar López tuvo como
fundamento el derecho adquirido por integrar la correspondiente lista de elegibles
en virtud del mérito, las razones aducidas por el demandante no le eran oponibles
a la persona que ingresó en carrera administrativa.
• Sin embargo, determinadas circunstancias especial del empleado nombrado de
manera transitoria ante la provisión definitiva del empleo, como la de ser
prepensionado, madre o padre cabeza de hogar, ameritaban que el empleador
adoptara acciones afirmativas en aras de garantizar su estabilidad laboral sin que
se desconocieran los derechos de carrera del concursante que superó todas las
etapas de la convocatoria.
• Luis Hernando Ortiz Valero fundamentó la nulidad de su desvinculación en que la
entidad demandada debió garantizar su estabilidad laboral porque ostentaba la
calidad de prepensionado, que no cumplía en tanto se acreditó que por medio de la
Resolución GNR 271719 del 14 de septiembre de 2016, Colpensiones le reconoció
una pensión de vejez según la solicitud presentada en el mes de junio de 2016, esto
es antes de la desvinculación.
• En consecuencia, resultaría desacertado concluir que el demandante fuese sujeto
de esta estabilidad laboral reforzada cuando al momento en que se efectuó el retiro,
cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez -edad y tiempo de
servicio-. Por ende, con el retiro no se afectó el derecho a su pensión que era el
móvil o finalidad por el cual se estableció el retén social.
• En lo concerniente a la violación del derecho de defensa y debido proceso, los
fundamentos expuestos por el demandante tampoco tenían asidero. Primero,
porque si el acto de desvinculación se le notificó por medio de un mensaje enviado
por correo electrónico, ello resultaba válido en la medida en que era un medio
habilitado por la ley para la notificación personal. En segundo lugar, el hecho de que
acudiera a la jurisdicción para demandar la nulidad del acto que lo desvinculó de la
función pública desvirtuó la existencia de cualquier irregularidad en el proceso de
notificación de conformidad con el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011. Por
consiguiente, se mantuvo incólume la presunción de legalidad de aquella decisión
particular.
10
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
1.4. El recurso de apelación
Luis Hernando Ortiz Valero interpuso recurso de apelación14 y expuso como
argumentos para la revocatoria de la sentencia, los siguientes:
• La PGN no tenía facultades para «mutar la naturaleza de las funciones de cargos que
fueron creados por el presidente de la República mediante decreto especial», no en cuanto
a la naturaleza del empleo porque la sentencia C-101 de 2013 determinó que ya no
eran de libre nombramiento y remoción, sino en cuanto a que para su provisión
debía convocarse al concurso de méritos, lo que conllevó la vulneración de los
artículos 13 y 280 Superiores.
Al respecto, citó jurisprudencia relativa a que la carrera administrativa es un principio
constitucional y que la convocatoria es la regla de los concursos de méritos 15, de
forma que la inscripción automática sin el agotamiento de las etapas del proceso de
selección resultaba abiertamente contrario a la Constitución Política. Así, la
procuraduría al ofertar todos los empleos de los procuradores obvió sus específicas
funciones como si cada uno no tuviese independencia.
• La Resolución 040 de 2015 y los actos administrativos que de ella se derivaron,
en específico el Decreto 3776 de 2016, se expidieron con vulneración de las normas
en que debían fundarse. Es así, porque los artículos 125 y 279 de la Constitución
Política ordenaron que era el legislador quien debía definir el régimen de carrera
administrativa de los servidores de la Procuraduría General de la Nación. En esas
condiciones, no podía el jefe de la entidad regular aspectos esenciales del concurso
de méritos, pues era una materia sometida a reserva de ley.
• El tribunal no se pronunció sobre el cargo alusivo a que el procurador general de
la Nación carecía de competencia para reglamentar el cómputo de la experiencia
profesional, las homologaciones, los puntajes a los doctorados o las reglas de
calificación, pues tales asuntos tienen reserva de ley.
• Cuando se produjo su desvinculación tenía la calidad de prepensionado, por lo
que no podía ser retirado del servicio por ser sujeto de especial protección
constitucional con estabilidad laboral reforzada. Al hacerse por medio del acto
administrativo particular acusado infringió los artículos 13, 42, 43, 44 y 46
Constitucionales y, por tanto, desconoció las normas en que debía fundarse. Ello,
puesto que ante la tensión entre los principios constitucionales de mérito y la
protección de un grupo social vulnerable se debía proteger en forma simultánea al
ganador del concurso de méritos y al prepensionado y, en esa medida, solo
procedía la desvinculación cuando se hubiesen provisto otros cargos distintos al
suyo y ello fuese estrictamente necesario para no perturbar el mejor derecho de
quienes ocuparan su lugar.
14 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», «096RecursoApelacionParteDemandante.pdf»
15
Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2009, M.P. Eduardo Mendoza Martelo. Asimismo, las
sentencias C-040 de 1995 y SU-913 de 2009.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
• El Decreto 3776 de 2016 produjo resultados jurídicos particulares y concretos y no
fue notificado en los términos que lo ordenan los artículos 66, 67, 68, 69 y 72 del
CPACA. Esta inobservancia afecta su validez y, a la vez, impide que produzca sus
efectos, luego le es inoponible. La entidad se limitó a enviar a su correo electrónico
una comunicación en la que le informó sobre la expedición del acto administrativo
de retiro; empero, no adjuntó su copia y tampoco la información sobre la
procedencia de los recursos, las autoridades ante quienes debían interponerse los
estos, con los respectivos plazos.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
La PGN se reiteró en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda .16
Agregó que los servidores en provisionalidad gozan de una estabilidad relativa, en
la medida en que podían desvincularse para proveer el cargo que ocupaban con
una persona de carrera, tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia SU-446 de 2011. En todo caso, como lo estableció el a quo, el
demandante no ostentaba la calidad de prepensionado toda vez que le fue
reconocida la mesada pensional solicitada en razón al cumplimiento de los
requisitos legales para ello.
1.6. El Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que para la
fecha de expedición de los actos administrativos cuestionados y en especial el que
se dispuso el retiro del demandante quien fungía como provisional por no estar
enlistado en la de los elegibles del Decreto 3776 de 2016, no ostentaba la calidad
de prepensionado, sino que aquella prerrogativa se encontraba satisfecha por Luis
Hernando Ortiz Valero quien solicitó y en tal virtud le fue reconocida la pensión de
vejez17.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:
• ¿El procurador general de la Nación estaba facultado para expedir la Resolución
040 de 201518 y, en virtud de ello, regular el proceso de selección y fijar las reglas
16 Índice 9 de Samai.
17
Índice 10 de Samai.
18 «Por medio de la cual se da apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección
para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad».
12
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
de calificación, homologación y experiencia o aquellos aspectos solo los podía
reglar la ley y, por tanto, debe ser inaplicada y anulados los actos que de ella se
derivaron?
• ¿Luis Hernando Ortiz Valero tenía la calidad de prepensionado, gozaba de
estabilidad laboral reforzada y, en consecuencia, no podría disponerse su retiro del
servicio?
• ¿El Decreto 3776 de 2016, por medio del cual se nombró en propiedad a Rubiel
Alejandro Munevar López y se dispuso la desvinculación de Luis Hernando Ortiz
Valero, debió ser notificado de manera personal a este último para ser considerado
válido y eficaz?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen de carrera administrativa de la Procuraduría General de la
Nación. Facultades del procurador general para convocar y reglamentar los
concursos de méritos de la entidad
La Constitución Política en su artículo 113 prescribió que además de los órganos
que forman parte de las tres ramas del poder público «[…] existen otros, autónomos
e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado». Dentro de
estos se encuentra la Procuraduría General de la Nación, pues por voluntad del
constituyente dejó de formar parte de la Rama Ejecutiva y se ubicó dentro de la
estructura del Estado en la categoría de órgano autónomo e independiente19, lo que
se evidenció, por ejemplo con la forma de elección del procurador general de la
Nación independiente de la administración central20 y con la calidad de jefe supremo
del Ministerio Público que le otorgó el artículo 275 ibidem.
En razón de lo anterior, y por virtud del artículo 279 ejusdem que ordenó al legislador
regular, entre otras materias, «[…] lo atinente al ingreso y concurso de méritos y al retiro
del servicio […]» y a que la Ley 909 de 200421 la excluyó de su aplicación, tal entidad
cuenta con un régimen propio de carrera administrativa establecido en el Decreto
Ley 262 de 2000.
Lo regulado en dicha norma acata la orden del artículo constitucional citado, puesto
que fue expedida por el presidente de la República en ejercicio de las facultades
otorgadas por el Congreso de la República a través del artículo 1, numeral 4, de la
19 Sentencia C-078 de 1999.
20 Por mandato del artículo 276 debe elegirlo el Senado de la República de terna integrada por
candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
21 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones». En su artículo 3 numeral 2 dispuso: «Las disposiciones
contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse
vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales […]».
13
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
Ley 573 de 200022. A su vez, esta ley la profirió el órgano legislativo en virtud de la
competencia atribuida por el artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política que
prevé la expedición de leyes ordinarias de concesión de facultades extraordinarias
al presidente de la República para que expida « normas con fuerza de ley», jerarquía
que tiene el Decreto Ley 262 de 2000.
En ese sentido se pronunció esta sección en el proceso de simple nulidad
interpuesto contra la Resolución 040 de 2015, en el que se examinaron las
competencias del procurador general de la Nación para reglamentar el concurso de
méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales I y II. Al respecto,
consideró que «[…] la ley que regula esa materia no es otra distinta al Decreto Ley 262
de 2000, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las precisas facultades
extraordinarias conferidas por el Congreso mediante la Ley 573 de 2000, para modificar
tanto la estructura de la Procuraduría General de la Nación como su régimen de carrera
administrativa. En tal sentido, esa y no otra es la ley previa aplicable en cuyo articulado se
regulan todos los asuntos mencionados en el problema jurídico […]»23. Y añadió que el
decreto «[…] es una ley en sentido material».
La Sala expuso que el acto administrativo no se expidió para regular « todos» los
concursos públicos de la Procuraduría General de la Nación, sino solo los que
ordenó la sentencia C-101 de 2013 que dispuso la convocatoria de este para la
provisión de los empleos de procuradores judiciales y que, por tanto, dio
cumplimiento a esta. Agregó que el artículo 7, numeral 4024 del Decreto Ley 262 de
2000, le dio la potestad al procurador general de la Nación para definir el sistema
de calificación y para «[…] adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de
los fines de cada una de las etapas del proceso de selección […]»25 y, en general, para
«[…] definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas».
Dicho lo anterior, concluyó que era innecesario la expedición de una nueva ley de
carrera para ser aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la provisión
de los cargos de procurador judicial, pues está vigente el Decreto Ley 262 de 2000,
con fuerza de ley, en el que el legislador, en sus artículos 197 y 198, determinó «[…]
los aspectos básicos y esenciales de los concursos de la carrera que deba adelantar la
Procuraduría, incluyendo los asuntos referidos a la convocatoria y la inscripción. En últimas,
el Procurador General de la Nación no hizo nada distinto a instrumentalizar el desarrollo de
las 14 convocatorias mencionadas en el concurso, sin que sea válido entender que con ello
haya usurpado las funciones propias del legislador […]»26.
Bajo estos parámetros, el Decreto Ley 262 de 2000 es el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación vigente, ya que al expedirse
22 Esta norma facultó al presidente de la República, entre otros temas, para «[…] modificar su
régimen de carrera administrativa […]».
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-
25-000-2015-00366-00(0740-15), demandante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y otros.
24 La sentencia indica el numeral 45, pero en realidad es el 40.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
14
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
por el presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley
573 de 2000 se acató el mandato del artículo 279 Constitucional, máxime cuando
desarrolló los aspectos esenciales para adelantar los procesos de selección de los
servidores públicos de tal entidad. En efecto, en los artículos 7 numeral 45, 82, 88,
97 inciso 2, 99 numeral 2, 158 numeral 1, 159, 164, 170, 182 numerales 1 y 2 y el
Título XIV (artículos 183 a 250) se establecieron las competencias y las reglas que
se debían seguir para efectos de la convocatoria a tales procesos de selección.
Así, respecto del concurso de méritos determinó en el artículo 194 sus fases, entre
las que se incluyó: la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación de pruebas e
instrumentos de selección, la conformación de lista de elegibles, el periodo de
prueba y su calificación. En los artículos siguientes fijó las pautas para desarrollar
cada una de las etapas. De este modo, definió el contenido de la convocatoria, los
tiempos para el reclutamiento, la finalidad y conformación y forma de validación de
las pruebas, los recursos contra los resultados y facultó al procurador general para
que «adoptará los instrumentos y parámetros de puntuación de los factores valorados en
el análisis de antecedentes»27.
De igual manera, en el numeral 40 de su artículo 7 señaló que al procurador general
de la Nación le compete «[e]jercer la suprema dirección y administración del sistema de
carrera de la entidad» y que en ejercicio de esta función puede realizar, entre muchas,
las siguientes actuaciones:
«a. Definir las políticas para la elaboración y aplicación de las pruebas que se utilizarán
en los concursos y determinar los parámetros para su calificación.
b. Adoptar los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los fines de cada una de
las etapas del proceso de selección.
[…]
d. Definir las condiciones de las convocatorias para los concursos de méritos y
suscribirlas […]»
De esta manera, el procurador general de la Nación tenía la potestad no solo de fijar
las políticas para el proceso de selección, sino también de reglar los instrumentos
para cumplir cada etapa del concurso de méritos, los parámetros de calificación y
los requisitos de las convocatorias. La habilitación deriva del decreto con fuerza
material de ley, norma que fijó las pautas generales a la que debe sujetarse tal
funcionario para regular esos aspectos.
Dicho lo anterior, conviene precisar que la existencia del régimen de carrera
administrativa previsto en el decreto aludido descartaba la posibilidad de que para
el ingreso al servicio público de los empleados de la PGN eran aplicables normas
de otros regímenes, salvo el común, en caso de algún vacío, pues de este modo lo
dispuso el artículo 3 numeral 2 de la Ley 909 de 2004 al prever que « [l]as
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en
27 Artículo 205.
15
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las
carreras especiales […]».
Lo anterior era concordante con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013, en la que declaró inexequible la expresión «Procurador
Judicial» del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, que clasificaba
tales cargos como de libre nombramiento y remoción y ordenó la celebración del
concurso de méritos para su vinculación, en cuyo cumplimiento fue proferida la
Resolución 040 de 2015 que lo convocó y reglamentó. En tal ocasión, la corporación
manifestó que la entidad contaba con su propio régimen previsto en ese decreto y,
por tanto, no le era aplicable el de la Ley 270 de 1996 que regulaba los funcionarios
de la Rama Judicial, lo que reiteró en el auto 255 de 2013 que resolvió la nulidad
propuesta contra la sentencia.
2.2.2. La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados que ocupan
cargos en provisionalidad frente a la realización de un concurso de méritos
El artículo 46 de la Constitución Política dispuso que el Estado, la sociedad y la
familia «concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad».
A su vez, en su artículo 48 ibidem señaló que la seguridad social es un derecho
irrenunciable que debía garantizarse por aquel. Así mismo, en su artículo 53
determinó que el trabajo es un derecho fundamental respecto del cual se debe
proteger, entre otros aspectos, su estabilidad, entendida como la garantía de
permanecer en su empleo salvo una justa causa de retiro28.
Por virtud de lo anterior, se ha considerado que a los prepensionados se les debía
asegurar en el mayor grado posible este último beneficio, en la medida que al
retirarlos del servicio podían afectarse sus derechos fundamentales, razón por la
que la jurisprudencia ha señalado «[…] que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa»29.
En lo que respecta a la protección aludida para este grupo de la población, el
Congreso de la República expidió la Ley 790 de 2003 que estableció en su artículo
12 el denominado «retén social» para protegerlos ante la reestructuración de las
entidades públicas. La norma prohibió que, en esta situación, fueran retirados del
servicio «[…] los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo
de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3)
años contados a partir de la promulgación de la presente ley»30. La jurisprudencia ha
28 Sentencia C-470 de 1997.
29 Sentencia T-183 de 2013.
30 La norma específicamente reguiló o siguiente: «Artículo 12. Protección especial. De conformidad
con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en
el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia
sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los
servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar
de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley».
16
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
especificado que tal protección no solo aplica en el contexto de la reestructuración
de la administración pública, sino que se extiende a otras situaciones, ya que tiene
origen constitucional y no debe limitarse a la regla prevista en la ley mencionada.
En ese sentido esta corporación indicó que «[…] el fundamento del reconocimiento de
la estabilidad laboral reforzada de los “prepensionados” no es un asunto que dependa de
un mandato legislativo particular y concreto, sino que tiene raigambre constitucional, es
decir, “opera para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos
poblacionales, que se verían gravemente interferidos por el retiro del empleo público”»31. A
su turno, la Corte Constitucional expresó que «[…] la implementación de este tipo de
medidas responde a imperativos constitucionales que se desprenden de los artículos 13,
42, 43 y 44 superiores, entre otros, y que constituyen en sí mismos fines esenciales en el
Estado Social de Derecho»32.
La jurisprudencia, a modo de interpretación del artículo 12 de la Ley 790 de 2003,
ha definido la categoría de prepensionado como «[…] el servidor público próximo a
pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y
tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de
jubilación o vejez»33 y, añadió, que el término «[…] debe contabilizarse a partir de la fecha
en que se declara la reestructuración de la entidad de la administración pública»34..
La garantía estudiada no implica que un trabajador prepensionado no pueda ser
desvinculado del servicio, ya que para la aplicación de la protección se debe analizar
la naturaleza del vínculo laboral entre el servidor público y la administración y su
procedencia depende de si existen causas objetivas que lo justifiquen35. Tal es el
caso de un empleado en provisionalidad en esa condición si se realizó el concurso
de méritos y quedó en firme la lista de elegibles para el cargo que ocupaba. Ante
ello se mantiene su protección «únicamente si existe un margen de maniobra para la
Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón de la diferencia entre las
plazas ofertadas y aquellas efectivamente proveídas mediante la lista de elegibles
correspondiente»36.
El anterior criterio se planteó para solucionar la tensión surgida entre el principio
constitucional del mérito del artículo 125 que protegió el derecho del aspirante que
31 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2016.
Radicado: 050012333000201200285-01. En igual sentido se expresó la Corte Constitucional en
sentencia T-186 de 2013.
32 Sentencia T-768 de 2005.
33 Sentencia C-795 de 2009. En igual sentido ver. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección
B, sentencia del 28 de octubre de dos 2021, radicación: 25000-23-42-000-2014-01082-01(2919-17).
Actor: Luz Stella Vargas López.
34 Sentencia T-089 de 2009.
35 La sentencia T-269 de 2017 al respecto manifestó que la aplicación del retén social «depende o
está en función, en cualquier escenario, de la naturaleza del vínculo o la causa y el contexto de su
terminación».
36
Ibidem. En igual sentido, la sentencia T-186 de 2013 expresó «[e]n aquellas circunstancias en que
sea posible garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada,
particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído
por el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una solución razonable, basada
en la protección simultánea de los derechos constitucionales del aspirante y del prepensionado».
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superó el concurso de méritos para acceder al empleo público, y los derechos
fundamentales de la persona próxima a pensionarse. En ese sentido, la
administración debía actuar de la forma en que mejor materializara los derechos y
principios constitucionales y no afectara los derechos fundamentales de este último.
Y por tanto, cuando se presenta la situación descrita antes debía procurar, antes de
decidir el retiro, proteger los derechos tanto del prepensionado como del aspirante
inscrito en la lista de elegibles37.
No obstante, si a la administración no le era posible actuar de esa manera, debía
privilegiar a quien superó el concurso de méritos, en razón a que los empleados
provisionales gozan de una estabilidad relativa y, por ende, debía ceder su posición
ante aquel, pues el artículo 125 Constitucional privilegió este método para el acceso
al servicio público38.
Sobre el particular esta sección fijó su postura y manifestó que «[…] el empleado
nombrado en provisionalidad que ostenta la calidad de pre pensionado, deberá ceder su
plaza a quien figure en la lista de elegibles por haber superado el concurso de méritos, pues
su situación especial de indefensión o vulnerabilidad por la edad, no lo exime de demostrar
su capacidad y mérito en igualdad de condiciones en vista de que tuvo la oportunidad de
participar y acceder al cargo para ocuparlo en propiedad. En todo caso, lo anterior no exime
que a la entidad le corresponda garantizar la protección al pre pensionado, de conformidad
con las pautas señaladas por la Corte Constitucional»39.
2.2.3. Naturaleza del acto administrativo de retiro del servicio y su publicidad
El acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad emanada de una
autoridad o de un particular en el ejercicio de las funciones administrativas
otorgadas por la Constitución Política y las leyes, mediante el cual se producen
ciertos efectos jurídicos. En la teoría del acto administrativo es importante distinguir
los presupuestos de su existencia, de los de su validez y de los de su eficacia.
Un acto administrativo es eficaz si y solo si ha sido puesto en conocimiento de su o
sus destinatarios por el mecanismo legalmente previsto en el ordenamiento jurídico,
es decir si se ha observado plenamente el principio funcional de “publicidad”,
señalado en el artículo 209 de la Constitución Política.
En ese orden, la eficacia de las decisiones de la administración se relaciona
directamente con el componente de obligatoriedad, respecto de sus destinatarios,
cuestión que varía en razón de su naturaleza general o concreta, es decir,
cuandoquiera que se esté en presencia de un acto general o abstracto la
vinculatoriedad se predica desde el momento mismo de su publicación, en tanto que
37 Sentencia T-017 de 2012.
38 Sobre la prevalencia del mérito se puede consultar la sentencia SU-446 de 2011.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 noviembre de 2022.
Radicado:08001-23-33-000-2017-00137-01. Demandante: José Vicente Paternina Peinado.
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
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si se trata del segundo, es oponible desde que se produce la notificación,
comunicación o ejecución, según sea el caso. De tal suerte que, a partir de su
conocimiento, pueden ejercer su derecho de defensa o contradicción, incluso de
acción, en sede administrativa o judicial.
Al ser entonces la publicidad del acto administrativo el requisito para que pueda
surtir sus efectos, su inobservancia no configura una causal de nulidad, pues no es
un presupuesto de su validez40. En efecto, su legalidad requiere que en su
producción se cumpla el ordenamiento jurídico y las formalidades sustanciales que
exige, esto es, que se expida con respeto de la competencia, el objeto, la forma, la
causa y la finalidad que permiten las normas41, cuya vulneración el artículo 137 del
CAPACA estableció como causales de nulidad.
Por regla general, los actos administrativos quedan en firme una vez se cumplen los
presupuestos previstos en el artículo 87 del CPACA, dentro de los que se
encuentran el agotamiento de la notificación, comunicación o publicación del acto y
de sus recursos42. El cumplimiento de estos requisitos los dota de ejecutoriedad en
los términos del artículo 89 ibidem y, por tanto, la administración los puede ejecutar
de inmediato. Pero existen otras decisiones que se adoptan en ejercicio de la
función administrativa que no causan efectos jurídicos con solo cumplirse alguno
esos trámites de publicidad, sino que su perfeccionamiento supone el cumplimiento
de una condición que conlleva la creación de la situación jurídica particular que no
existía antes de su ocurrencia43.
Precisamente, un acto administrativo de este tipo es el de nombramiento de los
servidores públicos, el cual ha sido identificado por la jurisprudencia del Consejo de
Estado44 y de la Corte Constitucional45 como un acto condición. Estos actos existen
de manera formal, puesto que su expedición genera una situación objetiva e
impersonal que consiste en poner a la persona designada en la condición de
empleado público. Sin embargo, solo con la posesión y la previa acreditación de los
requisitos, este adquiere los derechos y deberes inherentes al cargo, no antes46.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de
septiembre de 1996, expediente 2.431.
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-
33-000-2012-00039-04, demandante: Departamento de Arauca.
42 En los literales 1 y 2 dispone la norma: que quedarán en firme los actos administrativos «1. Cuando
contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o
publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos».
43 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicación: 81001-23-
33-000-2012-00039-04, demandante: departamento de Arauca.
44 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de junio
de 2021, radicación: 08001-23-33-000-2012-00215-01 (2803-2014); y de la Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, radicación: 760012331000200403075 01 (0544-2019).
45 Corte Constitucional, sentencias T-003 de 1992 y T-457 de 1992.
46 Al respecto se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2016-05421-
01(1116-19), demandante: Efraín Torrado García.
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
Es esta última situación la que lleva a los destinatarios de la decisión a conocer que
para ellos se han creado, modificado o extinguido derechos de carácter individual.
Con todo, el interés general que conlleva el acto de nombramiento de los servidores
públicos también se ve reflejado en el hecho de que el parágrafo del artículo 65 del
CPACA dispone que estos se deben publicar, tal y como se prevé para los actos de
contenido general.
De forma consecuente, otro acto administrativo que surte efectos sin que deba ser
publicitado en los términos del artículo 87 del CPACA es el de retiro del servicio,
pues este solo produce efectos jurídicos con su ejecución47, de ahí que sea a partir
de este momento que se conozca el contenido de la decisión incorporada en dicho
instrumento jurídico.
En concordancia con lo anterior, esta corporación ha entendido que la decisión del
retiro no requiere de su notificación, sino que basta con su comunicación al
interesado48. Incluso, existen situaciones en las cuales se advierte que la voluntad
de desvinculación del servidor público está contenida en la comunicación misma, tal
y como ocurre en algunos casos de reestructuración administrativa49.
Adicionalmente, a pesar de no ser uno de los medios señalados en el artículo 87 50
del CPACA como uno de aquellos que permiten la firmeza de los actos
administrativos, lo cierto es que de tiempo atrás la ejecución se ha reconocido como
un medio de publicidad de ciertos actos administrativos, particularmente, los de
aplicación inmediata51.
De ahí que la ejecución del acto de retiro se tenga como referente para el término
de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 52,
según el artículo 164 del CPACA, norma que concede al interesado un término de
4 meses «contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales». Y es así, en razón a que el momento de la desvinculación
47 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, autos del 4 de febrero 2016, radicación:
15001233300020130022001 (2874-13).
48 Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 3 de
septiembre de 1996, radicado: S-636, demandante: Hernán Vega Vargas, magistrado ponente doctor
Carlos Betancur Jaramillo.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, radicación:
08001-23-31-000-2002-00181-01(2357-15).
50 «1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio
administrativo positivo.»
51 Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
52 Entre muchas otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 4 de febrero de 2021, radicación: 18001-23-33-000-2019-00177-01(1446-20) y de la
Subsección B, auto del 6 de agosto de 2008, radicación: 08001-23-31-000-2007-00886-01(1389-08).
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
es el que determina el límite temporal de terminación del vínculo laboral con la
entidad y, en consecuencia, es el instante en el que se materializan sus efectos,
que para el interesado conllevarán la extinción del derecho subjetivo 53.
En ese orden, la naturaleza de estos actos y su forma de producir efectos riñe con
la regla de interposición de los recursos propios del procedimiento administrativo,
ya que se tramitan en el efecto suspensivo (art. 79 del CPACA), lo que les
suspendería su ejecutoriedad, pese a que su ejecución debe ser, sino inmediata, en
el término señalado en aquel. No obstante, existen excepciones previstas en la ley,
entre ellas, la declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación no
satisfactoria, prevista en el artículo 43 de la Ley 909 de 2004 en concordancia con
el artículo 2.2.19.4.2 del Decreto 1083 de 2015, contra la cual procede el recurso de
reposición o la destitución como consecuencia de una sanción disciplinaria (art. 130
de la Ley 1952 de 2019).
2.3. Análisis del caso concreto
2.3.1. Lo probado dentro del proceso54
• Mediante la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 la Procuraduría General de
la Nación dio apertura y reglamentó «la convocatoria del proceso de selección para
proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad», en cumplimiento
de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013. La resolución dividió el concurso por
cargos y, para la provisión de los de procurador judicial II para asuntos penales, se
incluyó la Convocatoria 004-2015.
• La Resolución 357 del 11 de julio de 2016 definió la lista de elegibles
correspondientes a la Convocatoria 004-2015. Rubiel Alejandro Munevar López
ocupó el puesto 130 dentro de los 208 ofertados del empleo de procurador judicial
II, código 3PJ, grado EC, para asuntos penales.
• La Procuraduría General de la Nación, a través del Decreto 3776 del 8 de agosto
de 201655, dispuso el nombramiento de Rubiel Alejandro Munevar López como
procurador judicial II código 3PJ, grado EC en la Procuraduría 59 Judicial II Penal
con sede en Bucaramanga. En el acto administrativo se indicó que a partir de su
posesión culminaría la vinculación laboral de Luis Hernando Ortiz Valero, quien
ocupaba el cargo en provisionalidad.
• Con el Oficio 4429 del 12 de agosto de 201656 el secretario general de la
demandada le comunicó al demandante la decisión antedicha.
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B,
sentencia del 29 de julio de 2021, radicación: 25000-23-42-000-2016-01095-01(0334-20). Actor:
Pedro Leonardo Reyes Vega.
54
Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «004AnexosDemanda.pdf»
55 Folios 5 y 6.
56 Folio 3.
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
• El demandante nació el 13 de mayo de 1954, de acuerdo con la copia de su cédula
de ciudadanía57, por lo que para el 8 de agosto de 2016, fecha de expedición del
Decreto 3776 que dispuso su retiro y el nombramiento de Rubiel Alejandro Munevar
López, contaba con 62 años y 2 meses de edad. Igualmente, para esa fecha ya
había solicitado el reconocimiento pensional a la Administradora Colombiana de
Pensiones, esto es el 15 de junio de 2016.
• Con la Resolución GNR 271719 de 14 de septiembre de 2016, el gerente nacional
de reconocimiento de Colpensiones, al resolver la petición de Luis Hernando Ortiz
Valero radicada el 15 de junio de 2016, reconoció una pensión de vejez a partir de
la acreditación del retiro del servicio para efectos de la inclusión en la nómina de
pensionados. Esta decisión le fue notificada personalmente al titular el 26 de
septiembre de igual anualidad58
2.3.2. Análisis de la Sala
2.3.2.1. Estudio del primer problema jurídico
El apelante alega que el procurador general de la Nación no estaba facultado para
expedir la Resolución 040 de 2015 y, en virtud de ello, fijar las reglas de calificación,
homologación, experiencia y, en general, la regulación del proceso de selección y
sus componentes, pues, por mandato de los artículos 125 y 279 de la Constitución
Política, ello le correspondía al legislador. Con base en lo anterior, afirma que tal
resolución debe ser inaplicada de acuerdo con el artículo 148 del CPACA por
vulnerar las normas en que debía fundarse y que, en consecuencia, se debe
declarar la nulidad de los actos administrativos que de ella se derivaron, incluido el
Decreto 3776 de 2016 que lo desvinculó del servicio.
La Sala no comparte el planteamiento de la parte actora, puesto que el artículo 279
Constitucional se desarrolló tanto por el Congreso de la República como por el
presidente. Por el primero porque expidió la Ley 573 de 2000 y en su artículo 1,
numeral 4, le dio potestad al jefe de gobierno para regular el régimen de carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación. Por el segundo, toda vez
que en el ejercicio de tales facultades expidió el Decreto Ley 262 de 2000, norma
con fuerza material de ley en la que regló los aspectos esenciales del proceso de
selección de los servidores públicos de tal entidad. De este modo, se cumplió el
mandato de la norma constitucional, pues un decreto con rango de ley reguló el
ingreso y el concurso de méritos, por lo que era innecesario la expedición de otra
normativa de tal categoría.
Además de regularizar lo dicho, la preceptiva otorgó al procurador general de la
Nación la función de dirigir y administrar su sistema de carrera y, en tal virtud, lo
dotó de competencias para determinar los instrumentos necesarios para adelantar
las etapas del proceso de selección en ella previstas, lo que podía hacer al fijar
57 Folio 16
58 Folio 8 a 14.
22
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
políticas para efectuar las pruebas, los criterios de calificación y, en general, las
condiciones de las convocatorias dentro del marco de los temas cardinales
prescritos en el decreto ley, tal cual lo hizo en la Resolución 040 de 2016.
Esta postura es concordante con el antecedente de la Sección Segunda, contenido
en la sentencia del 30 de julio de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2015-00366-
00(0740-15), en el que examinó la nulidad de la Resolución 040 de 2015 al que se
hizo referencia en el marco normativo de esta providencia. Ciertamente, en aquella
oportunidad se concluyó que el procurador general de la Nación sí tenía
competencia para reglamentar el concurso de méritos para la provisión de los
cargos de procuradores judiciales I y II y no usurpó las facultades del Congreso de
la República, puesto que los aspectos esenciales fueron reglados por el legislador
extraordinario en el Decreto Ley 262 de 2000 sin que fuera necesaria otra ley y,
además, porque las potestades que ejerció también se las otorgó esa norma.
La Sala precisa que el fallo aludido declaró la legalidad condicionada de los artículos
5, inciso 3, 9 numerales 2.9 y 17 parágrafo 1 y 17, numeral 1 inciso 3 de la
Resolución 040 de 2015, que regularon los puntajes para los participantes del
concurso de méritos que contaban con maestría, doctorado y posdoctorado en
áreas distintas del derecho y que negaban la puntuación a las publicaciones
presentadas en medio digital y, por ende, ordenó que se les diera puntaje para las
personas en lista de elegibles pendientes de designación. No obstante, en el
presente caso esta decisión no influye, ya que ello no es objeto de demanda,
máxime cuando Luis Hernando Ortiz Valero no participó en el concurso según
certificación del 18 de noviembre de 2020 expedida por el jefe de la oficina de
selección y carrera de la PGN.59 En consecuencia, tampoco le asiste razón al
apelante aducir este argumento para lograr en su caso la inaplicación de la
Resolución 040 de 2016.
Por lo anterior, la Sala desestimará este cargo del recurso de apelación.
2.3.2.2. Estudio del segundo problema jurídico
Luis Hernando Ortiz Valero insistió en el recuso que tenía la calidad de
prepensionado, por lo que no podía ser retirado del servicio por ser un sujeto de
especial protección constitucional con estabilidad laboral reforzada. Adujo que al
desvincularlo la entidad vulneró los artículos 13, 42, 43, 44 y 46 Constitucionales.
De acuerdo con las pruebas traídas al proceso, la Sala pudo constatar que la
Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y la Convocatoria 002-2015, en ella
incluida, ofertaron 208 empleos de procurador judicial II, código 3PJ, grado EC, para
asuntos penales. Así mismo, que la lista de elegibles contenida en la Resolución
357 del 11 de julio de 2016 la integraron 366 seleccionados y que Rubiel Alejandro
Munervar López fue el 130. De este modo, se concluye que quedaban 78 cargos
59
Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento 048
23
Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
sin ser ocupados por alguien de carrera administrativa. Por tanto, es claro que la
entidad contaba con la posibilidad de escoger el lugar de nombramiento de este
último, sin necesidad de afectar derechos de personas con fuero de estabilidad
laboral.
Sin embargo, la Sala encuentra que ello no era necesario en el presente caso,
puesto que Luis Hernando Ortiz Valero en el momento en el que se expidió y ejecutó
el Decreto 3776 el 8 de agosto de 2016, que lo retiró del servicio, ya había cumplido
los requisitos para obtener la pensión de vejez y, en consecuencia, podía ser
desvinculado ante la existencia de la lista de elegibles, sin tener prelación sobre
otros empleados en provisionalidad para permanecer en el cargo.
En efecto, según la Resolución GNR 271719 de 14 de septiembre de 2016 por la
cual se le reconoció la pensión de vejez al demandante solicitó el reconocimiento y
pago de la pensión mensual vitalicia de vejez el 15 de junio de 2016 con la
radicación 2016_6527529.
Por ello, no puede afirmarse que Luis Hernando Ortiz Valero estaba próximo a
pensionarse y que le faltaba completar algún requisito para hacerlo y que, por tal
virtud, era un prepensionado, por cuanto ya había reunido los requisitos para el
reconocimiento aludido. Por tanto, no contaba con una estabilidad laboral reforzada,
ya que esta tiene como fundamento evitar la afectación de los derechos
fundamentales de quien está cerca de completar los requisitos para pensión, de
suerte que no se vea, por causa del retiro del servicio, imposibilitado para alcanzar
las cotizaciones necesarias para adquirir el derecho.
Aunque es claro que el demandante, con el retiro del servicio, dejó de percibir el
ingreso pagado por la demandada y que, por ende, también cesó en sus
cotizaciones para pensión basadas en esa remuneración, para la Sala esa
circunstancia tampoco constituye una vulneración de sus derechos fundamentales
y lo convierte en un sujeto de especial protección constitucional, por cuanto no
constituía un impedimento para que accediera a su derecho pensional, que se
reitera, ya estaba causado, sino que además era la condición para la inclusión en
nómina de pensionados según la Resolución GNR 271719 del 14 de septiembre de
2019.
Bajo estas consideraciones, para la Sala no es posible otorgar trato de
prepensionado a Luis Hernando Ortiz Valero y, por tanto, no prospera este cargo de
la apelación.
2.3.2.3. Estudio del tercer problema jurídico
Luis Hernando Ortiz Valero manifestó en la apelación que el Decreto 3776 de 2016
que lo desvinculó del servicio no le fue notificado en los términos que ordenan los
artículos 67, 68, 69 y 72 del CPACA, circunstancia que afectaba su validez e
impedía que produjera sus efectos y, por ende, le era inoponible. Adujo que la
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Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
entidad se limitó a enviar a su correo electrónico una comunicación en la que le
informó sobre la expedición del acto administrativo de retiro sin adjuntar su copia ni
señalar la procedencia de los recursos.
De las pruebas aportadas, se concluye que el decreto referido no se notificó de
forma personal al demandante, pues solo existe la copia del Oficio 4429 del 12 de
agosto de 2016 mediante el cual el secretario de la demandada le comunicó la
decisión. Si bien no existe prueba de que el oficio le fue entregado al apelante, él
mismo afirmó que sí se le «comunicó» el acto, de manera que es posible deducir
que conoció la decisión antes de que fuera desvinculado.
Con todo, la falta de notificación personal no repercutió en la validez del acto que
dispuso su retiro, por cuanto era suficiente con la comunicación que se surtió, y,
aunque aquella fuera una exigencia que se debía cumplir, la falta de notificación
incidía en su eficacia y no en su validez. Por tal razón, no es una causal de nulidad
en los términos del artículo 137 del CPACA, luego conserva su presunción de
legalidad al no demostrarse que en su expedición se hubiese incurrido en alguno de
los vicios regulados en tal norma.
En lo que tiene que ver con su inoponiblidad, se reitera que este tipo de actos
administrativos, aunque se conocen a través de su comunicación como se hizo en
este asunto, su eficacia se da con su ejecución. En el sub examine, el decreto se
ejecutó el 1 de septiembre de 2016, fecha en la que Rubiel Alejandro Munevar López
tomó posesión del empleo, momento a partir del cual surtió sus efectos. Si bien
dentro del expediente no reposa el acta de posesión sí obra la certificación 2017-
092 del jefe de la Oficina de Selección y Carrera sobre aquella,60 aunado a que en
la demanda se solicitó el restablecimiento del derecho desde la «desvinculación» y
se citó como fecha el 1 de septiembre de 2016. De igual manera, en el certificado
de salarios del demandante emitido por la entidad enjuiciada se señaló que lo
percibió hasta la primera fecha referida61. Por tanto, la Sala deduce que el
demandante trabajó hasta ese día.
Lo anterior, por cuanto la eficacia de la desvinculación del demandante tal como fue
ordenada en el acto administrativo demandado estaba condicionada a que se
posesionara la persona que superó el proceso de selección, por lo que una
comunicación previa del acto administrativo no significaba que sus consecuencias
se dieran a partir de ella, como lo interpreta el apelante.
Cabe precisar que lo expuesto también dota al Decreto 3776 de 2016 de las
características propias de un acto condición, en la medida en que no solo disponía
un retiro, sino que también lo supeditaba a que se efectuara la posesión de quien
designó con base en la lista de elegibles, por lo que solo podía producir efectos
respecto de la desvinculación una vez se cumpliera tal requisito. En ese sentido,
60
Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «004AnexosDemanda.pdf», documento
44
61 Samai, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «004AnexosDemanda.pdf», folio 7.
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
también se concluye que su eficacia, con independencia de su comunicación, solo
se generó cuando se cumplió ese requerimiento, lo que ocurrió a la par con su
ejecución.
Así las cosas, no prospera este cargo.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.62
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas del numeral
segundo de la sentencia objeto de apelación y se abstendrá de imponerlas en esta
instancia.
3. Conclusión
62En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye lo siguiente:
i) que el procurador general de la Nación sí estaba facultado para expedir la
Resolución 040 de 2015 y, en virtud de ello, fijar las reglas del concurso de méritos
sin que fuera necesario la expedición de una ley, puesto que el Decreto Ley 262 de
2000 tiene esta categoría, reguló los aspectos esenciales del proceso de selección
y lo autorizó para reglamentar dentro de ese marco lo pertinente para adelantar las
etapas del proceso de selección, lo que concuerda con el mandato del artículo 279
de la Constitución Política. En esa medida, tampoco es nulo el Decreto 3776 de
2016 que desvinculó del servicio al demandante y;
ii) que Luis Hernando Ortiz Valero no tenía la calidad de prepensionado ni gozaba
de estabilidad laboral reforzada, puesto que para la fecha de su retiro ya había
completados los requisitos para acceder a la pensión de vejez y, en consecuencia,
la entidad podía disponer su retiro del servicio.
iii) que el Decreto 3776 de 2016 no debía ser notificado de manera personal a Luis
Hernando Ortiz Valero para ser eficaz y oponible, por ser un acto administrativo de
retiro que se publicitó con su comunicación y produjo consecuencias a través de la
ejecución y no como lo prevé el artículo 87 del CPACA. Ello encuentra fundamento
en su naturaleza de acto condición, que produjo efectos jurídicos con la posesión
del designado. De ahí que se cumplió con el presupuesto de publicidad del acto
administrativo, cuyo incumplimiento, en todo caso, no genera su nulidad.
En esas condiciones, se revocará el numeral segundo de la sentencia proferida el
16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, en tanto
condenó en costas a la parte demandante, y la confirmará en cuanto negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 16 de diciembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto condenó en costas
a la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. - Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 16 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Luis Hernando Ortiz Valero contra la Procuraduría General
de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. - Sin condena en costas en esta instancia.
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-00946-01 (2683-2022)
Demandante: Luis Hernando Ortiz Valero
Cuarto.-. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
JNFG
28
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