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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00978-02

Fecha
26 de marzo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2017-00978-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró responsable al Área Metropolitana de Bucaramanga, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR al AMB a pagar, a título de daño emergente, la suma de $ 309.588.592,8. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada, que deberán ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal de primera instancia. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias auténticas con las constancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2017-00978-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2025

Radicación: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandante: Planta Ecológica de Beneficios Animal Río Frío SAS (ahora
Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Revocatoria directa – Medida preventiva
ambiental – permiso de vertimientos – aguas residuales – daño especial

Síntesis del caso: se demandó en acción de reparación directa a una autoridad ambiental
por la imposición de una medida preventiva y por el sometimiento simultáneo a dos trámites
administrativos para obtener permisos de vertimientos ante dos autoridades distintas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la Sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que accedió a las pretensiones.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, y, 1.4. Recurso de apelación y trámites de segunda
instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de agosto de 2017, la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal
Río Frío SAS presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB),
para que se hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe):
“Primero. Se declare al AMB responsable administrativamente de todos los daños y
perjuicios causados a la Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frío SAS, con NIT
900.087.044-2, ubicada en la jurisdicción del municipio de Floridablanca (Santander),
debido a la operación administrativa consistente en el ejercicio irregular y
extralimitaciones de sus funciones ambientales como autoridad ambiental desde el
mes de junio de 2014 hasta el mes de febrero de 2016, debido a que la autoridad
ambiental competente era y es la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.

Segundo. Se ordene al AMB como responsable de todos los perjuicios y daños
causados a la [demandante] pagar e indemnizar a la misma, por las siguientes sumas
de dinero debidamente indexada: (…) daño emergente: la suma de seiscientos
setenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta pesos
colombianos ($664.375.460), suma de dinero que deberá ser indexada conforme las
reglas judiciales para el momento del pago”.

2. Los hechos que fundamentaron las pretensiones se resumen así: el 31 de
enero de 2013, la sociedad demandante le solicitó a la Corporación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal
Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB) permiso de vertimientos de aguas residuales.

3. El 19 de marzo de 2013, el Invima autorizó a la sociedad para desarrollar
actividades de faenado y el 26 de marzo de 2013 inició su actividad.

4. El AMB, mediante Auto 19 de 4 de julio de 2014, sin competencia, ordenó
iniciar una investigación administrativa en contra de la demandante por los
presuntos incumplimientos de la normativa ambiental. En la decisión le
impuso la medida de suspensión provisional de descargar aguas residuales,
pese a que había implementado un sistema técnico para su tratamiento y
que estaba en etapa final el trámite del permiso de vertimientos ante la
CDMB.

5. Debido a “la indefinición sobre la autoridad ambiental competente -
CDMB- y el temor de las represalias por parte del AMB que actuaba sin
competencia ambiental (…) se elevó consulta a la CDMB, entidad que
otorgó respuesta el 8 de julio en la que se indica <la CDMB sigue realizando
el seguimiento, control y vigilancia ambiental hasta que una entidad
competente determine la continuidad o el inicio de un periodo de
transición> es decir que la CDMB manifestaba ser la autoridad ambiental,
debido a que el sitio donde se ubicaban las instalaciones (…) no son suelos
urbanos y por tanto no es área objeto de competencia de la AMB. Este
hecho fue puesto en conocimiento del AMB”.

6. La sociedad presentó un nuevo permiso de vertimientos ante el AMB el 8
de julio de 2012 por “temor de cierres ilegales”, pese a considerar que no
era competente, sino la CDMB, con la cual ya había tramitado el permiso.
Argumentó que el AMB excedió sus competencias, pero aun así debió
radicar la solicitud para poder seguir operando.

7. El 25 de julio de 2014, el AMB inició el trámite del permiso de vertimientos
y, tras visitas y observaciones, emitió el documento técnico SAM-34-2014. Sin
embargo, este concepto no fue notificado al solicitante.

8. El 19 de septiembre de 2014, la CDMB expidió la Resolución 892, que
otorgó el permiso de vertimientos y aprobó el diseño y la ubicación de la
PTAR. Luego, el 9 de diciembre de 2014, emitió un paz y salvo mediante el
oficio 17149, donde confirmó que la Planta Ecológica de Beneficio Animal
Río Frío SAS cumplió con los lineamientos ambientales del proyecto.

9. El 10 de diciembre de 2014, el AMB negó el permiso de vertimientos.
Contra esa decisión, se interpuso un recurso de reposición, en el que se
reiteró la falta de competencia y se alegó la violación al debido proceso.

10. La sociedad sostuvo que “a pesar de que tenía conocimiento de que no
era la autoridad competente y que ya la CDMB había expedido el permiso
de vertimientos [El AMB] continuó con su arbitraria labor de exigir permisos o
imponer condiciones ambientales para el funcionamiento (…) en una clara
operación administrativa <desconociendo el artículo 84 de la Constitución
Política> por ello a través de la Resolución No. 2484 de 10 de diciembre
emanada de la subdirección ambiental del AMB impuso (…) un plan de
cumplimiento para el manejo de vertimientos y que era la único forma para

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Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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no cerrar la empresa, en línea con su operación administrativa. En ese plan
de cumplimiento impuso tres etapas y otorgó un término de 12 meses para
la implementación del mismo, lo que implicaba una cantidad de obras y
adecuaciones que no se requerían porque ya se tenía el permiso de
vertimientos de la CDMB, pero que el AMB imponía so pena de cerrar
arbitrariamente la empresa y ante ese temor del mal uso del poder
sancionatorio ambiental [la sociedad] se vio coaccionada a tener que
tramitar permisos ante una autoridad no competente, pero que en
cualquier momento iba e imponía un sello de cerramiento y la conduciría a
la quiebra”.

11. La sociedad le solicitó a la oficina de planeación del municipio de
Floridablanca determinar si su predio era urbano o rural. La autoridad
informó que el predio solo se incorporaría al perímetro urbano al cumplir los
requisitos del POT y el plan parcial. Por otra parte, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible indicó que el AMB era competente en el área urbana
y la CDMB en el suelo de expansión urbana y rural.

12. El 16 de febrero de 2015, la oficina de planeación confirmó que el predio
estaba en el suelo de expansión urbana, pero no en el perímetro urbano. A
pesar de recibir esta información el 3 de marzo de 2015, el AMB continuó
ejerciendo control ambiental sobre la sociedad y, por lo tanto, la
demandante siguió ejecutando el plan de cumplimiento impuesto.

13. El 18 de diciembre de 2015, con base en los conceptos sobre el uso del
suelo, la sociedad solicitó a la demandada definir su competencia.

14. El 3 de febrero de 2016, el AMB, mediante el Auto 004-16, remitió a la
CDMB el proceso sancionatorio radicado 007-14 por competencia. A través
del Auto 005-16, también trasladó las diligencias administrativas
relacionadas con la solicitud de permiso de vertimientos y el plan de
cumplimiento exigido. La demandante destacó que la remisión ocurrió casi
un año después de que la oficina asesora de planeación de Floridablanca
confirmara que no era la autoridad ambiental competente. Señaló que solo
realizó el traslado tras la petición presentada, indicando que, de no haberse
elevado la consulta, habría continuado el control ambiental de manera
arbitraria.

15. La sociedad afirmó que las actuaciones del AMB, al sellar el punto de
vertimiento, la obligaron a contratar el transporte de aguas residuales hasta
la PTAR de EMPAS para evitar la suspensión de operaciones. Esto generó
costos adicionales, y debido a la falta de recursos, la empresa acordó un
plan de pagos con EMPAS.

16. Manifestó que el hecho de que dos entidades ejercieran control
ambiental a una misma empresa generó perjuicios “tales como a) para
realizar análisis de vertimientos, lodos y demás, se requería citar a las dos
autoridades ambientales, b) la empresa debió cumplir con las exigencias
que a nivel ambiental realizaban las dos entidades, tal es el caso de tener
que ejecutar un plan de cumplimiento impuesto por el AMB, el cual tuvo un
costo de varios millones de pesos, c) existía incertidumbre con respecto a

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Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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qué entidad ambiental pagarle la tasa retributiva, d) no obstante contar
con permiso de vertimientos ante el AMB, a fin de evitar el cierre de la
empresa, ya que si bien es cierto que cuando el AMB selló el vertimiento se
optó por trasladar el agua residual a la PTAR del EMPAS este procedimiento
no es rentable para ninguna empresa, y menos una empresa que para la
época no había alcanzado punto de equilibrio y que aún continúa
pagando deuda por su construcción, pues pagar el traslado y tratamiento
de agua residual diariamente como se hizo, tiene un costo muy superior al
ingreso que recibe la planta por ganancia de número de reses beneficiadas
en ese mismo día”.

17. Afirmó que “a raíz de las actuaciones irregulares y sin competencia, es
decir con extralimitación de sus funciones por parte del AMB (…) se generó
un gastó económico afectando el patrimonio”. El AMB en una “operación
administrativa extralimitó sus competencias legales en actos de operación
administrativa, debido a que las mismas están circunscritas en el esquema
de la Ley 99 de 1993 a ser una autoridad ambiental única y exclusivamente
del área urbana y no áreas rurales y similares, por ello no tenía competencia
para imponer sellamientos a las operaciones (…), para iniciar
investigaciones administrativas ambientales y exigir un plan de
mejoramiento y adecuación a las instalaciones de la empresa (…) todas
estas actividades son constitutivas de operaciones administrativas”. La
demandada no podía desconocer los trámites y expedientes desarrollados
ante la CDMB, pues esas actuaciones estaban amparadas en los principios
de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.

18. Sostuvo que los actos administrativos que ejecutó el AMB para exigir e
imponerle a la sociedad requisitos ambientales fueron “actos de trámite y
no actos definitivos, por ello y ante la inminencia que cerraran la planta y
operaciones se vio obligadas a tener que cumplir un sinnúmero de requisitos
y ejecutar obras cuando ya tenía el permiso ambiental de la autoridad
competente para ello”. Indicó que las “autoridades no pueden exigir
permisos o requisitos adicionales, debido a que no se puede exigir a una
misma empresa dos permisos ambientales sobre el mismo recurso natural por
parte de dos autoridades ambiental del mismo rango, porque alguna de
ella, en ese evento está usurpando competencias legales”.

1.2. Posición de la parte demandada

19. El AMB se opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que sus actos
administrativos tenían presunción de legalidad. Sostuvo que la demandante
debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. Reconoció que la demandante presentó documentación sobre la
competencia ambiental de la CDMB, pero indicó que tramitó y negó el
permiso de vertimientos conforme a derecho. Cuestionó que la
demandante confundiera la operación administrativa con el acto
administrativo, al considerar que el plan de cumplimiento hacía parte del
trámite del permiso de vertimientos. Manifestó que la única operación

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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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administrativa consistió en la imposición de una medida preventiva que
suspendió provisionalmente las descargas de aguas residuales industriales el
5 de julio de 2014, cuya impugnación caducó el 4 de julio de 2016.

21. Invocó la caducidad y alegó la ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia, pues la demandante intentó eludir la caducidad de
la nulidad y el restablecimiento del derecho, al basarse en la falta de
competencia y la vulneración del derecho de defensa.

1.3. Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia el 3 de agosto
de 2022. Frente a las excepciones de caducidad e ineptitud de la demanda
por indebida escogencia del medio de control, obedeció los argumentos
expuestos en el Auto del 1 de agosto de 2018 del Consejo de Estado1, que
revocó el rechazo de la demanda en el marco de este proceso. Por esta
razón, concluyó que la reparación directa era la vía procesal adecuada.
23. Además, determinó que no se probó la existencia de un daño derivado
de la imposición de la medida preventiva ambiental y la apertura de la
investigación administrativa, ya que la sociedad no contaba con permiso
de vertimientos en ese momento. En consecuencia, negó las pretensiones
relacionadas con los gastos por el transporte de aguas residuales y el
vertimiento de residuos especiales ocasionados por la medida cautelar. Por
el contrario, encontró que el daño quedó probado en relación con los
gastos de las obligaciones adicionales impuestas por el AMB mediante el
plan de cumplimiento, a pesar de que la CDMB ya había concedido dicho
permiso sin establecer obligaciones nuevas.
24. Concluyó que la actuación administrativa que desarrolló la demandada
en el trámite de permiso de vertimientos “tuvo lugar en quebrantamiento del
principio de legalidad, en tanto el AMB carecía de competencia para
actuar como autoridad ambiental respecto del predio ocupado por la
Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, sometiendo a esta al
control que, si bien está llamada a ejercer como autoridad ambiental dentro
del perímetro urbano (Ley 99 de 1993 – art. 55), no así sobre la sociedad

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 1 de
agosto de 2018, Radicado 68001-23-33-000-2017-00978-01(61000) “En ese orden de ideas, no es posible para esta
Corporación compartir la posición del Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander respecto de la nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que el demandante no podía atacar la legalidad del Auto 19 del 4 de julio de
2014, mediante el cual el AMB se atribuye competencia y ordena una investigación administrativa, pues para ese
momento y en su rol de administrado debía presumir la legalidad del mismo y acatar las órdenes de la administración.
De igual forma debía proceder frente a la Resolución 0002484 del 10 de diciembre de 2014, que sujeta el permiso de
vertimientos a un plan de cumplimiento. Sin embargo, cuando la misma AMB revoca los mencionados actos y expide
uno nuevo trasladando la competencia a quien legalmente ya contaba con esa atribución (CDMB), se configura el
daño antijurídico y es solo hasta este momento que queda desvirtuada la presunción de legalidad de los actos
administrativos. // Como ya se anotó, el artículo 140 del CPACA faculta a la persona interesada a demandar la
reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión del Estado, en este caso, el daño producido por el
accionar irregular del Área Metropolitana de Bucaramanga sobre la Planta de Beneficio Animal Río S.A.; en cambio el
artículo 138 del mismo cuerpo normativo faculta a quien se considere lesionado por un acto administrativo a
demandarlo a través de la nulidad y ordenar el restablecimiento del derecho agredido, sin embargo en el caso
particular los actos administrativos gozaron de presunción de legalidad hasta el momento en que fueron revocados
por la misma autoridad que los expidió y ordenó trasladar la competencia a la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, desapareciendo estos del mundo jurídico y cesando para los administrados
el deber de soportar sus efectos, salvo los autos n.º 04 y 05 del 3 de febrero de 2016. // Lo que sí comparte esta
Corporación es que todos los gastos en que tuvo que incurrir el demandante para la adecuación del predio a las
exigencias y requerimientos del AMB eran innecesarias, pues la CDMB otorgó el permiso luego de un estudio de
viabilidad de vertimiento de aguas residuales con el respectivo diseño y ubicación de la planta de tratamiento y no
encontró ninguna irregularidad que diera lugar a una sanción administrativa o a una adecuación locativa, como si lo
hizo el AMB sin tener la competencia para ello”.

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Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
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demandante, en tanto el predio donde funciona ostentaba la clasificación
de uso de suelo expansión urbana y rural, donde el ejercicio del control
ambiental recae sobre la CDMB, y con ello, el AMB se abrogó una
competencia que no le era propia”.
25. Reprochó que el AMB no reconociera el conflicto de competencia, a
pesar de conocer la existencia del permiso otorgado por la CDMB. También
reprobó que solo en 2016 admitiera su falta de competencia, cuando desde
2014 contaba con documentos que confirmaban que el predio no estaba
dentro del perímetro urbano. Además, resaltó que el AMB participó en la
visita ocular con el municipio de Floridablanca, lo que evidenciaba su
conocimiento previo de la situación.

26. Determinó que el AMB le impuso a la demandante “una carga que no
estaba llamada a soportar como administrado, evidenciándose un
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, en tanto
dicho control venía siendo ejercido sobre ella por parte de la CDMB,
autoridad competente para ello, y quien desde el 19 de septiembre de 2014
otorgó el correspondiente permiso de vertimiento de aguas residuales,
determinando que cumplía con los parámetros ambientales establecidos;
dicha carga impuesta le significó el sometimiento al control de dos
autoridades ambientales distintas, una de la cuales -AMB- carecía de
competencia para ello, autoridad que impuso el cierre de la Planta y que
ejerció sobre ella control ambiental, sometiéndola a la adopción de un plan
de cumplimiento que le significó incurrir en gastos para cumplir los
requerimientos que de ello se derivaban”.

27. Cuestionó el argumento de que la sociedad demandante inició
voluntariamente el trámite de permiso de vertimientos ante el AMB, ya que
dicho proceso comenzó tras la imposición de la medida preventiva y la
apertura de la investigación administrativa. Este trámite se realizó bajo el
control ambiental previo del AMB y en cumplimiento de la Resolución 2484
de diciembre de 2014, que estipulaba sanciones en caso de incumplimiento.
Además, la presentación del plan de cumplimiento en junio de 2015 fue en
respuesta a la orden del AMB.

28. Por último, condenó a la entidad demandada al pago de $254.324.343
por concepto de daño emergente. La sociedad asumió costos al gestionar
el permiso de vertimientos ante el AMB y al ejecutar el plan de cumplimiento.
Para determinar el monto, la primera instancia realizó una valoración de
cada factura y su relación con el daño probado (se transcribe):
FACTURA PROVEEDOR DETALLE VALOR FL.
FECHA

25/07/2014 SA 006 AREA METROPOLITANA DE Servicio de evaluación para el permiso $1.268.266 111
BUCARAMANGA de vertimientos
06/01/2015 156 SERVI PROLINK Standby de materiales para obra de $7.191.600 134
construcción de tanque PTAR
19/08/2015 112 SERVI PROLINK Anticipo de 20% de construcción de $14.600.000 130
tanque PTAR
25/09/2015 131 SERVI PROLINK Anticipo 2 de construcción de tanque $21.899.999 131
PTAR
11/11/2015 143 SERVI PROLINK Anticipo 3 de construcción de tanque $18.249.999 132
PTAR
27/01/2016 157 SERVI PROLINK Anticipo 4 de construcción de tanque $18.249.999 133
PTAR
05/11/2015 141 SERVI PROLINK Anticipo construcción canaletas $6.754.464 138
parshall

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Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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23/12/2015 153 SERVI PROLINK Pago final de construcción de $10.131.696 139
canaletas parshall
18/06/2015 7011 INDUSTRIAS PROTON LTDA Compra tamiz rotativo y accesorios $133.000.000 140

09/01/2015 10284 IMAGEN ELECTRICA Compra de micromedidores $2.038.120 142

06/02/2015 NC-0-0020 IMAGEN ELECTRICA Nota crédito devolución de $690.200 143
macrimedidor
31/12/2015 843 SERGIO FABIAN VIRVIESCAS Apoyo proyecto cuyo objeto es $6.603.000 144-
PEREZ evaluación ambiental vertimiento de 147
aguas residuales fef
12/11/2015 774 JORGE ALBERTO BASTIDAS Revisión de estudio y diseño de obra $1.850.000 148-
RODRIGUEZ tanque de la PTAR 149
28/07/2015 618 MARY ELENA OLARTE Consultoría de dos alternativas para el $11.800.000 150-
PARADA manejo de separación de solidos 151
líquidos en eventos de aguas lluvias en
la zona de corrales
TOTAL $254.327.343

1.4. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

29. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia. Pidió revocar la decisión porque no se probó la
antijuridicidad del daño alegado. No se precisó “la falla del servicio que
alega el demandante como fundamento de su pretensión ni mucho menos
del daño producido y es que, como ha señalado la Corte Constitucional la
obligación de indemnización del estado será procedente cuando el daño
pueda reputarse como antijuridico, es decir, cuando no sea el resultado del
ejercicio legítimo de los poderes del mismo, como es el caso que nos atañe,
ya que el daño atribuido a las actuaciones del AMB fue producido en
ejercicio de funciones legítimas”.

30. Sostuvo que “no se demostró [la] falla, pues el demandante no soportó
la alegación presentada, así mismo el despacho no valoró el hecho de que
las actuaciones realizadas por el Área Metropolitana de Bucaramanga
hablan de un servicio prestado en condiciones normales, que no fue
contrario a ninguna norma o reglamento, por el contrario amparado en
atribuciones legales, con respeto y cumplimiento de las etapas propias de
este tipo de procedimientos, tal y como lo fue la imposición de la medida
preventiva y la apertura de la investigación administrativa por parte del AMB
por incumplimiento de la normativa ambiental, por las acciones
desplegadas por el demandante el día 3 de julio de 2024, por el vertimiento
de agua no tratada que generó una contaminación al recurso hídrico
quebrada <Aranzoque>”.

31. Afirmó que el Tribunal realizó una apreciación incorrecta respecto del
alcance de la operación administrativa, “pues la operación comprende las
medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que
puedan considerarse desligadas de estas en su alcance o contenido y, esto
es así, porque es el acto administrativo el que delimita los poderes de
ejecución de la decisión que se pretende materializar con la operación
administrativa (…) lo anterior implica que la operación llevada a cabo, en
cada caso, debe analizarse actuando estrictamente el contenido del acto
administrativo2”.

2 Trascripción del texto original que cita la Sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Subsección B de la

Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicado27001-23-31-000-2004-00699-01(35783).

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Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
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Decisión: Confirma – condena
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32. Señaló que la parte demandante no probó la falta de competencia de
la entidad demandada, pues la remisión del procedimiento a la CDMB no
era prueba de ello. “Lo anterior si se tiene en consideración que para la
fecha de la ocurrencia de los hechos esto es, el año 2014, existían dos
entidades que fungían como autoridades ambientales, esto es la CDMB y el
Área Metropolitana de Bucaramanga, que en uso de sus competencias
conocieron del asunto, razón por la cual la Planta Ecológica de Beneficio
Animal Rio Frio SAS, radicó ante ambas la solicitud del permiso de
vertimientos”. Indicó que la entidad ejerció sus funciones en busca del
interés general.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán, 2.2. Análisis
sustantivo, 2.3. Liquidación de perjuicios y 2.4. Costas.

2.1. Síntesis de la controversia

33. La Sala se pronunciará sobre el fondo de este asunto. En este caso, se
alegaron dos daños. El primero corresponde a la afectación económica
derivada de la imposición de la medida preventiva ambiental y la apertura
del proceso sancionatorio. Sin embargo, la Sala carece de competencia
para analizarlo, ya que en primera instancia se negaron las pretensiones
relacionadas con esos gastos, sin que esa decisión fuera objeto de
apelación.

34. El segundo se refiere a las afectaciones económicas causadas por la
exigencia simultánea de dos procedimientos administrativos para obtener el
permiso de vertimientos, cada uno a cargo de una autoridad ambiental
distinta. La Sala confirmará la responsabilidad de la entidad demandada
por daño especial, toda vez que la sociedad demandante no estaba
obligada a soportar de manera simultánea dos procedimientos
administrativos para la obtención del permiso de vertimientos. Asimismo,
tampoco debía asumir obligaciones ambientales adicionales cuando ya
contaba con el permiso de vertimientos por parte de otra autoridad
ambiental. En consecuencia, se procederá a la actualización del monto
reconocido por daño emergente.

35. En lo que respecta al segundo daño, la sociedad reclamó los perjuicios
ocasionados por la ejecución del acto administrativo que negó el permiso
de vertimientos e impuso nuevas cargas, a pesar de que otra autoridad ya
había otorgado dicho permiso. Se advierte que, si bien el Auto del 1 de
agosto de 2018 del Consejo de Estado consideró procedente el medio de
control de reparación directa, al señalar que el traslado del procedimiento
del AMB a la CDMB implicó la revocatoria del acto administrativo que negó
el permiso e impuso el plan de cumplimiento, la Sala aclara que el simple
traslado del procedimiento no configura una revocatoria del acto
administrativo. Por el contrario, en este caso, se evidencia la coexistencia de

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Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal
Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
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dos actos administrativos que se pronunciaron sobre una misma situación
fáctica, pero con consecuencias jurídicas opuestas.

36. La presunción de legalidad del acto administrativo que negó el permiso
y estableció el plan de cumplimiento no fue desvirtuada, ya que no se
expidió un nuevo acto administrativo que cambiara el sentido de la decisión
ni tampoco se invocó la causal del numeral 1 del artículo 93 del CPACA. Sin
embargo, esto no impide que la Sala declare la procedencia del medio de
control de reparación directa respecto de la ejecución de dicho acto
administrativo, en la medida en que la verdadera reclamación del
demandante radica en haber sido sometido simultáneamente a dos
procedimientos administrativos para la obtención del permiso de
vertimientos y al cumplimiento de dos decisiones contradictorias.

37. Al respecto, la Subsección ha señalado que, excepcionalmente,
procede la acción de reparación directa frente a los daños causados “por
la ejecución de actos administrativos consonantes con el ordenamiento
jurídico en los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el
principio de igualdad frente a las cargas públicas3”. En este caso, se aplica
esta hipótesis, dado que la sociedad demandante reprocha la carga
excesiva impuesta por la entidad demandada al exigir la continuidad de un
procedimiento administrativo, a pesar de que otra autoridad ambiental ya
había otorgado el permiso de vertimientos.

38. No se puede ignorar que el demandante utilizó de manera reiterada e
incorrecta el concepto de operación administrativa desarrollado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, pues no alegó la ejecución de una
decisión que no estuviera en firme ni señaló una ejecución desbordada de
los criterios establecidos en el acto administrativo4.

39. Asimismo, la Sala advierte que no puede pronunciarse respecto de la
legalidad del acto administrativo que negó el permiso e impuso el plan de
cumplimiento, porque carece de competencia para ello. Sin embargo, si
puede analizar si la ejecución de la actuación administrativa del AMB
quebrantó el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

40. Por otra parte, la acción se ejerció en tiempo, debido a que el AMB
continuó exigiendo a la sociedad demandante la observancia de las
obligaciones del plan de cumplimiento hasta el momento en que ordenó la
remisión por competencia del trámite de permiso de vertimientos a la CDMB,
esto es, el 3 de febrero de 2016 y la demanda se presentó el 8 de agosto de

3 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 12 de abril de 2024, Radicado

58557. Aclaración de voto del magistrado Alberto Montaña Plata. También, ver Sentencia de 18 de noviembre de
2024, Radicado 59250 “Para el efecto, la Sala precisa que la demandante insistió, tanto en la demanda como en
el recurso de apelación, que no cuestiona la legalidad de las decisiones ni ninguna falla del servicio en la toma
de estas, pues, aunque en ciertos apartados de sus escritos expone algunos argumentos tendientes a demostrar
reparos en aquellas, lo cierto es que considera que, de cara a los riesgos ambientales que podía producir la
actividad que ejecutaba, con fundamento en el principio de precaución que no es posible desvirtuar, dichas
decisiones “legales” le produjeron un daño antijurídico que le debe ser reparado, de manera que el análisis de las
pruebas se centra exclusivamente en esa imputación”.
4 Posición consolidada en esta Corporación, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 1995, Exp. 7.095; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 23 de agosto de 2001, Exp.13.344; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de mayo de 2012, Exp. 22.276

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2017. Por lo tanto, el medio de control se interpuso dentro del plazo de los 2
años del literal I del artículo 164 del CPACA.

41. Así las cosas, la Sala confirmará la responsabilidad de la entidad
demandada respecto del segundo daño alegado, porque se acreditaron
los elementos del daño especial.

2.2. Análisis sustantivo

42. Está demostrado que el 4 de noviembre de 2010 la CDMB le otorgó a la
demandante la concesión de aguas de uso público5 para consumo
humano e industrial tomada de la fuente hídrica quebrada Aranzoque por
10 años. Asimismo, condicionó el permiso a la obligación de “disponer de los
mecanismos adecuados, avalados por la CDMB para verter las aguas
concesionadas servidas nuevamente al cauce natural”.

43. El 31 de enero de 2013, la sociedad solicitó permiso de vertimientos ante
la CDMB. El 14 de agosto de 2013, la entidad le requirió los documentos
exigidos del artículo 42 del Decreto 3930 de 2010. El 26 de agosto de 2013, la
accionante presentó la información, incluido el concepto de uso del suelo.
El 10 de marzo de 2014, la CDMB inicio el trámite de permiso de vertimientos6,
y el 14 de junio de 2014, solicitó información complementaria. El 2 de julio de
2014, la actora entregó los documentos requeridos, pero omitió la
caracterización de lodos7.

44. El 3 de julio de 2014, el AMB realizó una visita a la empresa y evidenció
presuntos incumplimientos por “verter aguas residuales industriales [a la
quebrada Aranzoque] sin contar con los permisos ambientales
correspondientes para este tipo de intervención”, por lo que, recomendó
“imponer medida preventiva [suspensión inmediata de descarga de aguas
residuales] y determinar merito para inicio del proceso sancionatorio”. La
autoridad metropolitana dejo constancia de que el establecimiento
“solamente conta[ba] con un auto de inicio de trámite (número 00031 del
10 marzo de 2014) 8”.

45. La Subdirección Ambiental del AMB mediante Auto 19 de 4 de julio de
2014 ordenó la imposición de la medida preventiva de suspensión
provisional de descargas de aguas residuales industriales y la apertura de

5 Resolución 4 de noviembre de 2010. Folios 13 a 28 del proceso sancionatorio.
6 Auto 31 de 10 de marzo de 2014, proferido por la CDMB. Folio 13 del proceso sancionatorio.
7 Folios 28 a 29 del proceso sancionatorio.
8 Folio 30 del proceso sancionatorio. “se evidenció al momento de la diligencia "...un vertimiento de aguas
residuales industriales sin tratamiento, sobre la quebrada Aranzoque, generado por rebose de un pozo de
inspección de alcantarillado sanitario, el cual escurría sobre la vía y recolectado por un alcantarillado de aguas
lluvias y posteriormente vertida en la corriente hídrica (ver fotografías adjuntas). Debido a la descarga de las aguas
residuales crudas se observó un cambio en las características organolépticas de la corriente receptora del
vertimiento, el cual presentó olores molestos, cambio de color a amarillo, presencia de grasas y espumas. El
vertimiento tuvo una duración de aproximadamente entre 35 a 40 minutos, pues no fue posible suspender
inmediatamente el vertimiento debido a que no se encontraba la válvula de cierre, por lo que se debió suspender
la actividad generadora del vertimiento (según lo comentaron los funcionarios de la planta). Por lo anterior se
incumple lo definido en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984, en la cual todo vertimiento a un cuerpo de agua
debe cumplir por lo menos un porcentaje de remoción definido. Debido a las características fisicoquímicas del
agua residual cruda (sin tratamiento) generada en el frigorífico, se estima de igual manera una afectación
negativa importante sobre la quebrada en términos de calidad del agua. Por lo anterior la Planta Ecológica de
Beneficio Animal Río Frío S.A.S presenta un incumplimiento al decreto 3930 de 2010 por no contar con el permiso
de vertimientos. En la revisión del permiso de vertimiento, el establecimiento actualmente no cuenta con dicho
permiso, pues solamente cuenta con un auto de inicio de trámite (número 00031 del 10 de marzo de 2014)”.

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una investigación administrativa9. Ese mismo día se impusieron los sellos y se
indicó que la medida debía “permanecer hasta que desaparec[ieran] las
causas que originaron la imposición de las medidas y no se presenten
rebosos y contingencias.”. También se dejó constancia de que el trámite de
vertimientos había iniciado ante otra autoridad ambiental, esto es, la “CDMB
desde enero de 201310”.

46. El 5 de julio de 2014, durante una inspección de seguimiento, el AMB,
observó larvas de color rojo indicativas de mala calidad de agua, olores
molestos y acumulación de rumen en el fondo del cauce de la quebrada.
Determinó que el establecimiento incumplía la medida, pues continuó
“realizando vertimientos sobre la quebrada y operando normalmente” y
reiteró que debía suspenderse “cualquier vertimiento de aguas residuales
industriales debido a la ausencia de permiso y a la afectación sobre la
quebrada11”.

47. El 8 de julio de 2014, la accionante solicitó permiso de vertimiento ante el
AMB12, según los requisitos de los artículos 42 y 43 del Decreto 3930 de 2010.

48. El 24 de julio de 2024, la demandante le entregó un informe a la autoridad
metropolitana explicando que, durante la inspección, “ocurrió una
eventualidad al taponarse un tramo de tubería que va desde la caja de
inspección de aguas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
rebozándose el agua con contenido ruminal (estiércol y pasto) por un lapso
de 35 minutos, el cual por fenómenos de escorrentía se dirigió hacia la rejilla
de aguas lluvias quien descarga directamente en el cuerpo de agua,
quebrada "Aranzoque" realizando contaminación del recurso hídrico”.
Afirmó que también tomó medidas correctivas y de mitigación13.

49. De igual forma, la empresa reconoció que, al no contar con el permiso
de vertimientos, trataba las aguas residuales en su planta de tratamiento de
aguas residuales y las transportaba en carrotanques para su disposición final
en la planta de tratamiento de EMPAS S.A.14”.

50. El AMB mediante Auto de 29 de 25 de julio de 2014 inició el trámite de
permiso de vertimientos a la quebrada Aranzoque15. El 30 de julio de 2014,
declaró reunida toda la información para decidir el trámite16.

9 Auto 19 de 4 de julio de 2014, proferido por el AMB. Folios 30 a 34 del proceso sancionatorio. “Resuelve. Artículo

primero. Imponer medida preventiva consistente en la suspensión provisional de descargas de aguas residuales
industriales sin tratamiento previo a la quebrada Aranzoque, generadas por el rebose de un pozo de inspección
de alcantarillado sanitario, el cual escurría sobre la vía y recolectado por un alcantarillado de aguas lluvias y
posteriormente vertida en la corriente hídrica en mención que circula por la Planta Ecológica de Beneficio Animal
Rio Frio SAS, ubicada en la vía corredor Río Frío Calle 210 No. 9-631 de Floridablanca, con fundamento en lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Artículo segundo. Ordénese la apertura de investigación
administrativa en contra de la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, con el objeto de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Artículo tercero. Notificar personalmente el contenido de la
presente decisión a la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de envío de la citación (…) Artículo cuarto. Contra la presente decisión no procede
recurso alguno, según lo establecido por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011”.
10 Folios 42 a 43 del proceso sancionatorio.
11 Folios 44 a 45 del proceso sancionatorio.
12 Folios 1 a 8 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
13 Folios 46 a 54 del proceso sancionatorio.
14 Folios 46 a 54 del proceso sancionatorio.
15 Folios 9 a 10 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB
16 Auto 30-14 de 30 de julio de 2014. Folios 15 a 16 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.

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51. El 25 de agosto de 2014, la oficina de planeación del municipio de
Floridablanca emitió concepto de uso del suelo del predio de la
demandante. Encontró que el predio tenía suelo de expansión urbana, rural
y de protección. Señaló que “la incorporación al perímetro urbano del área
de terreno que presenta clasificación de suelo expansión urbana se
concretará cuando se acrediten la calidad de áreas urbanizadas, en los
términos previstos en el artículo 31 del Decreto Nacional No. 2181de 2006, o
aquel que lo adicione, modifique o sustituya17”.

52. El 1 de septiembre de 2014, Carlos Fernando Calderón Guarín presentó
una queja formal “por presencia de olores ofensivos y molestos para la
comunidad vecina de la Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Frio –
Frigorífico Río Frío SAS18”.

53. El 19 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 892, la CDMB otorgó
a la demandante el permiso de vertimientos por cinco años19.

54. El 14 de noviembre de 2014, el AMB emitió concepto técnico
desfavorable y recomendó un plan de cumplimiento en 3 etapas20.

55. El 10 de diciembre de 2014, el AMB con fundamento en el concepto
técnico profirió la Resolución 2484 “por la cual se niega un permiso de
vertimientos, se hace un requerimiento para la presentación de un plan de
cumplimiento y se dictan otras disposiciones21”.

17 Folios 63 a 64 del proceso sancionatorio. “(…) En su menor extensión, sector norte del predio, presenta
clasificación de suelo EXPANSIÓN URBANA con uso del suelo principal INDUSTRIAL, zonas de actividad industrial tipo
I (ZAII) y tipo II (ZAII)y tratamiento urbanístico de DESARROLLO. También este sector presenta unas áreas de terreno
que presentan uso del suelo PROTECCIÓN, zona de alta pendiente y zona de rondas hídricas, ambas con
tratamiento de PROTECCIÓN, donde la segunda corresponde a la ronda de protección de la quebrada
Aranzoque, la cual comprende también la respectiva zona de manejo del espacio público. En su mayor extensión,
en el sector sur del predio, presenta clasificación de suelo RURAL con uso del suelo de PROTECCIÓN y tratamiento
de PROTECCIÓN, correspondiente al área de terreno de alta pendiente que hace parte del ecosistema
estratégico de alto riesgo denominado “Escarpe del Valle de Ruitoque. El tratamiento de desarrollo garantiza la
incorporación al proceso de urbanización de los predios sin desarrollar. Se consideran sectores sin desarrollar
aquellas áreas que no han adelantado obras de urbanización, construcción o saneamiento, y en algunos casos
no han realizado las cesiones correspondientes. Por su parte, el tratamiento de protección permite dirigir acciones
restrictivas sobre el uso y aprovechamiento del suelo de tal forma que permita el mantenimiento de la diversidad
biológica a perpetuidad, así como los recursos naturales y culturales asociados a áreas de especial significación
ambiental para el municipio”.
18 Folio 21 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
19 Folios 112 a 125 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
20 Folios 23 a 75 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB. “De conformidad con los estudios e

información presentada al AMB según Decreto 3930 de 2010, y al verificarse en campo por parte de funcionarios
del AMB la alteración de la calidad del agua de la quebrada receptora del vertimiento de aguas residuales
industriales, así como también después de evidenciar fallas en la red de alcantarillado interno por taponamiento
y rebose de aguas residuales crudas debido a la combinación del alcantarillado sanitario con el pluvial, así como
también evidenciar fallas en el sistema de tratamiento de aguas residuales, no se considera viable técnicamente
conceder el permiso de vertimientos al proyecto Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS por lo que se
requiere la presentación de un Plan de Cumplimiento, en cumplimiento del artículo 52 Decreto 3930 de 2010,
modificado por el artículo 4 de la Resolución 4728 de 2010, ya que el vertimiento no se realiza en cuerpos de aguas
clase I de que trata el artículo 205 del Decreto 1541 de 1978. // El plan de cumplimiento deberá incluir los
proyectos, obras actividades y buenas prácticas, que garanticen el cumplimiento de la norma de vertimientos. Así
mismo, deberá incluir sus metas, sus periodos de evaluación y sus indicadores de seguimiento y resultados con los
cuales se determinará el avance correspondiente (…)”.
21 Folios 92 a 101 del del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB. “Resuelve. Artículo primero. Negar

la solicitud de permiso de vertimientos presentada por la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio
SAS, en beneficio del predio ubicado en la vía corredor Rio Frio, calle 210 No.9-631 del Municipio de Floridablanca
(S). Artículo segundo. Requerir a la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, en su calidad de
solicitante del presente permiso, el establecimiento de un plan de cumplimiento, según artículo 55 Decreto 3930
de 2010 según lineamiento que se señalan a continuación: (…)”. Artículo tercero. El incumplimiento a las
disposiciones del presente acto administrativo generará la imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y demás normas concordantes vigentes. Artículo cuarto. Notificar el
contenido del presente acto administrativo a la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS,
representada legalmente por el ciudadano Oliverio Solano Cala, haciéndole saber que contra el mismo procede
únicamente el recurso de reposición, el cual deberá ser presentado por escrito de manera persona y/o a través
de apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal, a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos

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56. El 29 de diciembre de 2014, la demandante interpuso un recurso de
reposición. Dentro de sus argumentos se refirió a la existencia del permiso
concedido por la CDMB, por lo que afirmó que no era necesario “que el
AMB exigiera un nuevo permiso de vertimiento para el funcionamiento de su
establecimiento industrial, por cuanto no pueden existir dos permisos de
vertimientos para el funcionamiento de una misma unidad empresarial, pues
así lo contempla el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto de 2010, debido a la
sustracción de materia que se presenta22”.

57. El 16 de febrero de 2015, la oficina de planeación del municipio de
Floridablanca después de realizar visita conjunta con el AMB al predio de la
sociedad demandante elaboró el oficio 931, en el que observó (se
trascribe):
“(…) que corresponde a un predio que, aunque contó con licencia de
urbanización y construcción (que a la fecha se encuentra vencida),
presenta en su interior, obras de urbanismo y de construcción, que no se
pudieron constatar, si fueron ejecutadas de acuerdo con los planos
urbanísticos y de construcción aprobados, en la correspondiente licencia de
urbanización y construcción.

Igualmente, en la visita conjunta de inspección ocular, no se pudo constatar
que el proyecto denominado Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio
SAS, hubiera ejecutado y culminado las vías locales, zonas verdes y demás
elementos del espacio público, de acuerdo con los planos urbanísticos
aprobados en la licencia de urbanización.

Por otra parte, y de acuerdo con la información del Banco Inmobiliario de
Floridablanca – BIF, entidad que administra los bienes inmuebles del
municipio de Floridablanca, el proyecto Planta Ecológica de Beneficio
Animal Rio Frio SAS no ha entregado las áreas de cesión tipo A o públicas, ni
las áreas afectadas al uso público, definidas en la licencia de urbanización.

De acuerdo con el artículo 58 del Decreto 1469 de 2010 cuando el
urbanizador y/o propietario no entrega al municipio y no realiza la ejecución
de las obras y/o dotaciones correspondientes de las cesiones públicas
obligatorias o cargas locales de la urbanización, <se entenderá incumplida
la obligación de entrega de la zona de cesión, y por tanto, no se tendrá por
urbanizado el predio (…)
Las cesiones públicas obligatorias o cargas locales de la urbanización
comprenden las áreas de terreno con destino al uso público que se
transfieren como contraprestación a los derechos de construcción y
desarrollo que se otorgan en la licencia urbanística. Estas cesiones son las
áreas para la malla vial local y redes secundarias y domiciliaras de servicios
públicos, cesiones tipo A y cesiones tipo C, que para el caso de las cesiones
Tipo A y las áreas afectadas al uso público (vías, zonas verdes, andenes y
demás áreas públicas), no han sido entregadas al municipio de
Floridablanca.

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2181 de 2006, el predio de expansión urbana No. 00-01-0002-0018-
000 solo se entenderá incorporado al perímetro urbano cuando acredite la
calidad de área urbanizada, entendiendo por estas las áreas conformadas
por el predio que, de conformidad con las normas urbanísticas establecidas
en el POT de Floridablanca y el <Plan Parcial Industrial – Institucional PTAR
Floridablanca>, hayan culminado la ejecución de las obras y dotaciones a
cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas
en la respectiva licencia y hecho entrega de ellas a satisfacción del
municipio, así como de las empresas de servicios públicos correspondientes,

74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Artículo quinto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 de la Ley 99
de 1993, procédase de conformidad con lo previsto en los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.
22 Folios 102 a 112 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.

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cuando sea del caso, en los términos de que tratan el artículo 58 y siguientes
del Decreto 1469 de 2010, relacionadas con la incorporación de áreas
públicas, la entrega material de las áreas de cesión y demás normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan 23”.

58. El 26 de febrero de 2015, el AMB mediante la Resolución 262 confirmó la
decisión de negar el permiso de vertimientos. La autoridad sostuvo “que
pese haber iniciado el trámite ante esta entidad y aún ante la CDMB, la
Planta Ecológica de Beneficio Animal Rio Frio SAS, con antelación a
cualquier instrumento ambiental otorgado a su favor ya generaba
descargas de aguas residuales industriales a la quebrada Aranzoque o
Mensulí, en contravía de lo dispuesto por la normativa ambiental (artículo 41
del Decreto 3930 de 2010, Ley 9 de 1979)24”.

59. Respecto de la existencia del permiso de vertimientos otorgado por la
CDMB, la autoridad metropolitana indicó que era competente, según el
Acuerdo Metropolitano 16 de 31 de agosto de 2012, pues el AMB se
constituyó como autoridad ambiental urbana, “siendo la encargada de
administrar dentro del perímetro urbano de los municipios que la integran,
(…) los recursos naturales renovables y el medio ambiente”. Señaló que no
era “potestativo que alguna persona natural o jurídica, pueda determinar
cuando acatar las decisiones de la autoridad ambiental urbana”.

60. El 3 de junio de 2015, la sociedad demandante en cumplimiento de la
decisión anterior, entregó el programa de ingeniería25, el estudio de
alternativas26, la evaluación ambiental de vertimiento27, el plan de gestión
del riesgo28, el informe final de monitoreo y caracterización fisicoquímica29,
la caracterización de lodos30 y el informe de resultados de residuos peligros31
y el plan de cumplimiento32.

61. El 6 de agosto de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
respondió la consulta de la sociedad demandante respecto de cuál era la
autoridad ambiental competente para otorgar permisos ambientales, según
la clasificación del suelo del predio y teniendo en cuenta que no se ha
incorporado al perímetro urbano. Determinó que la competencia del AMB
se restringía al perímetro urbano y que el suelo de expansión urbana y rural
estaba a cargo de la CDMB. Sostuvo que la definición de competencias se
hace para evitar duplicidad de funciones. Advirtió que en caso de que se
presentara actuaciones por fuera del ámbito de competencias podía
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo33.

23 Folios 65 a 66 del proceso sancionatorio.
24 Folios 138 a 149 del documento permiso de vertimientos ante el AMB
25 Folios 212 a 213 del documento de alternativas.
26 Folios 1 a 80 del documento de alternativas.
27 Folios 80 a 121 del documento de alternativas.
28 Folios 123 a 211 del documento de alternativas.
29 Folios 152 a 216 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
30 Folios 217 a 264 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
31 Folios 248 a 253 del procedimiento de permiso de vertimientos ante el AMB.
32 Folios 1 a 161 del documento plan de cumplimiento permiso de vertimientos.
33 Respuesta del Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible de 6 de agosto de 2015. “Conforme con las normas

anteriores, se tiene que la jurisdicción de los grandes centros urbanos (municipios, distritos o áreas metropolitanas
y de los establecimientos públicos ambientales) entre las cuales se encuentra el Área Metropolitana – AMB en
materia ambiental están definidas por la ley al señalar que se limita al perímetro urbano de los municipios que
conforman el Área, aplicándole lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y en razón de los anterior el
ejercicio de sus funciones ambientales recaerá sobre esta jurisdicción, en caso contrario, es decir sobre el suelo

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62. El 18 de diciembre de 2015, la sociedad accionante consultó al AMB para
que le informara si debía seguir sometida al control ambiental, debido a que
el predio se encontraba en suelo de expansión urbana y no dentro del
perímetro urbano. Para tal efecto, adjuntó copia de la respuesta de la
oficina de planeación del municipio de Floridablanca y del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible34.

63. El 7 de enero de 2016, la accionante entregó informe final de evaluación
ambiental, en ejecución del plan de cumplimiento establecido por el AMB35.

64. El 3 de febrero de 2016, la Subdirección Ambiental del AMB profirió el Auto
4-16 “por medio del cual se ordena la remisión por competencia de una
investigación administrativa sancionatoria36” y el Auto 5-16 “por medio del
cual se ordena la remisión por competencia de un trámite de permiso de
vertimientos37”.

65. De conformidad con los elementos probatorios, la Sala encuentra que la
sociedad demandante asumió una carga excesiva que no estaba obligada
a soportar, pues tuvo que tramitar dos veces el permiso de vertimientos de
su actividad productiva ante distintas autoridades ambientales y cumplir
decisiones administrativas contradictorias de manera simultánea.

66. Está demostrado que, desde la imposición de la medida cautelar, el AMB
tenía conocimiento del trámite de permiso de vertimientos en curso ante la
CDMB desde hacía más de un año y medio.

67. Se encuentra acreditado que la sociedad demandante tuvo que iniciar
un nuevo trámite de permiso de vertimientos ante el AMB debido a la falta
de certeza sobre la autoridad ambiental y para evitar la imposición de una
sanción en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio por
presuntos incumplimientos de la normativa ambiental.

de expansión urbana y rural, la autoridad ambiental competente será la Corporación Autónoma Regional de
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB”. Folios 60 a 62 del proceso sancionatorio”.
34 Folios 57 a 59 del proceso sancionatorio.
35 Folios 104 a 132 del documento de informe final.
36“Resuelve. Artículo primero. Remitir por competencia a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de

la Meseta de Bucaramanga – CDMB, las diligencias administrativas adelantadas contra la sociedad Planta
Ecológica de Beneficio Animal Río Frío SAS, proceso sancionatorio de radicado 007-14, líbrense los oficios
respectivos”. Folios 68 a 69 del proceso sancionatorio.
37“Resuelve: Artículo primero. Remitir por competencia a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de

la Meseta de Bucaramanga – CDMB, las diligencias administrativas adelantadas en virtud de la solicitud de permiso
de vertimientos presentada por la sociedad Planta Ecológica de Beneficio Animal Río Fríos SAS, Plan de
cumplimiento requerido mediante Resolución Administrativa 2482 del 10 de diciembre de 2014, líbrense los oficios
respectivos (…)”. Folios 254 a 260 del documento permiso de vertimientos. En ambas decisiones la autoridad
ambiental señaló que (se trascribe): “Ahora bien, para el caso que no ocupa de acuerdo con la información
obrante en esta entidad, los desarrollos correspondientes al predio con código catastral 00-01-0002-0018-000
surgieron en suelo de expansión urbana en virtud del plan parcial industrial institucional PTAR, del Valle del Río Frío,
del municipio de Floridablanca, cuyo avance en las obras, infraestructura vial y servicios públicos implican que el
proceso de consolidación se encuentra materialmente culminado. No obstante, lo anterior, la sociedad
investigada allega concepto de la oficina asesora de planeación del municipio de Floridablanca en el que se
indica que el mencionado predio aún se encuentra clasificado dentro de la zona de expansión urbana del referido
municipio. Así mismo justifican en su escrito que el mencionado tratamiento obedece a que el predio aún no se
acredita la calidad de área urbanizada, al no haberse realizado la entrega de las zonas de cesión obligatoria
contemplas en las licencias urbanísticas. (i) el predio con código catastral 00-01-0002-0018-000 actualmente se
encuentra en zona de expansión urbana, (ii) sin que haya sido incorporada al perímetro urbanos de acuerdo con
lo establecidos en el artículo 31 del Decreto 2181 de 2006, como quiera que (iii) se desconocen las razones por las
cuales el municipio de Floridablanca no ha requerido a la sociedad investigada la entrega de las cesiones
obligatorias, si la planta funciona aproximadamente desde el año 2013.. De acuerdo con lo anterior, y en atención
a que los aspectos relacionados con la determinación del perímetro urbano y el cumplimiento de las licencias de
construcción (entrega de zona de cesión) deben ser de conocimiento de las autoridades municipales, se atenderá
lo dispuesto en las certificaciones del uso del suelo, en las que se acredita que el predio 00-01-0002-0018-000, aún
no hace parte del perímetro urbano del municipio de Floridablanca, y, por ende se encuentra fuera de la
jurisdicción de la Subdirección Ambiental Metropolitana”.

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Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal
Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
_______________________________________________________________________________________
68. A pesar de que la sociedad accionante obtuvo el permiso de
vertimientos por parte de la CDMB, el AMB continuó el procedimiento
administrativo, exigió el permiso ambiental, emitió un concepto técnico
desfavorable, negó el permiso e impuso un plan de cumplimiento con
obligaciones adicionales.

69. Aunque la sociedad demandante pidió la reconsideración de esta
decisión con base en el acto administrativo de la CDMB que concedió el
permiso, el AMB confirmó su acto administrativo e indicó que era la
autoridad ambiental sobre el perímetro urbano, según el Acuerdo
Metropolitano 16 de 31 de agosto de 2012. Además, indicó que el
cumplimiento de sus decisiones y determinaciones no era potestativo, sino
obligatorio.

70. En observancia de la decisión del AMB y ante la incertidumbre de la
autoridad competente, la sociedad demandante gestionó y adecuó el
predio conforme a las exigencias del plan de cumplimiento, aun cuando la
CDMB ya le había otorgado permiso tras de un estudio de viabilidad de
vertimientos de aguas residuales con el respectivo diseño y ubicación de la
planta de tratamiento. Dicho estudio no identificó ninguna irregularidad que
justificara una sanción administrativa o la necesidad de adecuaciones
locativas, a diferencia de lo determinado por el AMB. Así, la entidad
demandada, con un criterio técnico diferente, tomó una decisión contraria
a la de la CDMB e impuso obligaciones y requerimientos adicionales a la
demandante, que encarecieron el desarrollo de la actividad productiva de
la sociedad.

71. Está acreditado que la entidad demandada solo decidió trasladar los
procedimientos administrativos cuando el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible confirmó que el predio no pertenecía al perímetro
urbano.

72. Bajo este contexto, la Sala concluye que la exigencia de someterse a dos
trámites y cumplir decisiones administrativas contradictorias impuso una
carga excesiva a la sociedad demandante, pues debió desarrollar su
actividad productiva en un entorno de incertidumbre normativa y falta de
claridad sobre la autoridad competente para tramitar el permiso de
vertimientos. Este trato desigual impactó negativamente su planificación
operativa y financiera, pues comprometieron su capacidad competitiva y
la confianza en las decisiones adoptadas por la administración pública.

73. La empresa demandante no solo tuvo que duplicar los trámites y costos
asociados al permiso de vertimientos, sino que también se vio obligada a
destinar recursos humanos y económicos adicionales para gestionar
simultáneamente decisiones administrativas contradictorias. Esta situación
generó un desgaste injustificado y afectó su derecho a operar en
condiciones equitativas dentro del mercado.

74. La carga impuesta a las empresa excedió las obligaciones ordinarias que
debía asumir y la colocó en desventaja frente a otros operadores
económicos que no tuvieron que tramitar dos veces el mismo permiso para

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Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal
Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
_______________________________________________________________________________________
desarrollar su actividad económica. La duplicidad de trámites
administrativos produjo un trato desigual frente a las cargas públicas y
sobrepasó lo que un competidor en ese mercado estaría obligado a
soportar en condiciones ordinarias.

75. Se advierte que la distribución de funciones y competencias entre las
autoridades no puede trasladarse a los ciudadanos ni convertirse en un
obstáculo para la actividad económica o una restricción indebida de las
libertades económicas. El artículo 209 constitucional establece que la
función administrativa debe desarrollarse con base en los principios de
eficacia y economía, por lo que las autoridades ambientales no deben
generar cargas adicionales y/o engorrosas ante escenarios de indefinición
competencial.

76. Por último, la Sala no comparte el argumento de que la sociedad
demandante era responsable de la falta de claridad sobre el uso del suelo
por no haber cumplido con las cesiones públicas obligatorias. La entidad
demandada no puede excusar el trato desigual que le impuso a la
demandante aludiendo a las obligaciones urbanísticas que la empresa
tenía a su cargo, toda vez que, ellas no sirven como un eximente de
responsabilidad frente al contexto de incertidumbre y desconfianza
administrativo que generó con la duplicidad de trámites y decisiones
contradictorias.

77. Además, la entidad demandada tenía la posibilidad de ajustar su
actuación sin esperar la definición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible sobre la autoridad competente. Desde la visita conjunta con la
oficina de planeación, contaba con los elementos para modificar el trámite
administrativo bajo su cargo y evitar la dilación en el traslado de la
competencia. En consecuencia, no resulta admisible que la entidad
pretenda excusar su comportamiento en decisiones que ella misma adoptó.

78. Así las cosas, la Sala encuentra que el daño sufrido por el demandante
fue causado por el AMB y le resulta imputable bajo el título de daño
especial.

2.4. Liquidación de perjuicios

79. La Sala está habilitada para pronunciarse sobre los perjuicios solicitados.
En relación con el daño emergente, acoge el razonamiento de la primera
instancia y actualizará el monto reconocido. Se encuentra acreditado que
la sociedad asumió costos tanto en la gestión del permiso de vertimientos
ante el AMB como en la ejecución del plan de cumplimiento. Las pruebas
documentales presentadas por la parte demandante respaldan la
existencia de dichos gastos, su relación con el daño y la afectación sufrida
por la víctima. Además, los montos determinados en primera instancia
fueron debidamente corroborados y no fueron objeto de cuestionamiento
por parte de la demandada. En consecuencia, procede la actualización de
la condena.

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Radicación número: 68001-23-33-000-2017-00978-02 (69352)
Demandado: Planta Ecológica de Beneficios Animal
Río Frío SAS (ahora Calbeef SAS)
Demandado: Área Metropolitana de Bucaramanga
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – condena
_______________________________________________________________________________________
80. El fallo de primera instancia concedió al demandante la suma de
$254.327.343 por daño emergente. Este monto será actualizado con base
en el índice correspondiente a la fecha de la condena, el 3 de agosto de
2022, y el último conocido al momento de la providencia.
Ra = Rh x índice final / febrero de 2025
índice inicial / agosto de 2022

Ra = $254.327.343 x 147,90
121,50

Ra = $ 309.588.592,8

81. Así las cosas, la Sala actualiza el monto de los perjuicios materiales por la
suma de $ 309.588.592,8, la cual deberá pagar la entidad demandada.

2.4. Costas

82. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365.1 del CGP, se
condenará en costas a la parte demandada, pues su recurso no prosperó.

3. DECISIÓN

83. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de agosto de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que declaró responsable al Área
Metropolitana de Bucaramanga, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR al AMB a pagar, a título de daño emergente, la suma
de $ 309.588.592,8.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada, que deberán ser
liquidadas de manera concentrada en el Tribunal de primera instancia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen para su cumplimiento y expedir a la parte actora las copias
auténticas con las constancias.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto

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