Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01006-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01006-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
Demandante : Doratriz Osuna Mesa
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionada contra la sentencia de 29 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 51 a 84). La señora Doratriz Osuna Mesa, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 12541 de
18 de marzo y RDP 23530 de 24 de junio, ambas de 2016, por las que la
entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia a la
demandante.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación «[…] con base en la
totalidad de los factores salariales devengados […] en el año inmediatamente
anterior a la fecha de adquisición del estatus de pensionado» (sic),
debidamente indexada; (ii) otorgar las mesadas adicionales de junio y
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Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
diciembre y (iii) pagar los intereses moratorios de que tratan los artículos 141
de la Ley 100 de 1993 y 192 y 195 del CPACA.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 15 de febrero de
1952 y prestó sus servicios como maestra territorial en el departamento de
Sucre y el municipio de Barrancabermeja (Santander) por más de veinte (20)
años; motivo por el cual el 26 de octubre de 2015 pidió de la accionada la
pensión gracia, negada a través de las decisiones cuestionadas, con el
argumento de que su vinculación con la docencia antes del 31 de diciembre de
1980 fue de carácter nacional.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 2º, 13, 25,
48, 53, 83, 84, 209 y 230 de la Constitución Política; 1613 y 1614 del Código
Civil, 15 de la Ley 91 de 1989; 141, 142 y 279 de la Ley 100 de 1993; 33
(numeral 2) de la Ley 734 de 2002, 81 de la Ley 812 de 2003, 884 del Decreto
ley 410 de 1971 y 36 (letra f) del Decreto ley 2277 de 1979; el Acto
legislativo 1 de 2005, el CPACA, las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 43 de 1975 y el Decreto 196 de 1995.
Arguye que la demandada incurre en infracción de las normas en que debía
fundarse, toda vez que las pruebas adosadas dan cuenta de que satisface los
requisitos legales para acceder a la pensión gracia deprecada, esto es, (i) se
desempeñó como profesora municipal o departamental por más de dos (2)
décadas, nombrada por autoridades del mismo orden; (ii) ingresó al servicio
educativo estatal antes del 31 de diciembre de 1980 y «[…] hasta el 26 de
junio de 2003, fecha de vigencia de la Ley 812 […]» del mismo año; (iii)
superó los cincuenta (50) años de edad, (iv) se ha desempeñado con honradez,
consagración e idoneidad y buena conducta, (v) carece de los medios de
subsistencia en armonía con su posición social y costumbres, (vi) no ha sido
sancionada disciplinariamente y (vii) «Es afiliad[a] al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, hecho que hace compatible las
prestaciones que paga el menciona[do] fondo con la pensión de gracia, entre
otras prestaciones, según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993» (sic).
1.2 Contestación de la demanda (ff. 159 a 173). La entidad accionada, por
conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del
medio de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son
ciertos, otros parcialmente, algunos no y los demás no constituyen situaciones
fácticas o no le constan. Asimismo, propuso las excepciones denominadas
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, presunción de legalidad y
prescripción.
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Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
Dice que la accionante «[…] NO cumple con los 20 años de servicios como
docente oficial de carácter territorial (Departamental, Municipal, Distrital
y/o Nacionalizado), en consideración a que el tiempo de servicio prestado
como docente Nacional (del 10 de abril de 1972 hasta el 08 de junio de 1973)
no puede contabilizarse para el reconocimiento de la pensión Gracia […].
Además, […] tampoco cumple con el requisito impuesto por la Ley 91 de
1989, estar vinculada como docente oficial de carácter territorial al 31 de
diciembre de 1980» (sic), al paso que «[…] los tiempos […] laborados bajo la
modalidad de contrato u orden de servicio, donde no existe nombramiento
proferido mediante Acto Administrativo, no son cuantificables […]» (sic).
1.3 Providencia apelada (ff. 250 a 260). El Tribunal Administrativo de
Santander, mediante sentencia de 29 de abril de 2021, accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que, (i) «En
cuanto al requisito de tener vinculación laboral antes del 31 de diciembre de
1980, […] [la actora] fue nombrada por el Gobernador de Sucre mediante
Decreto No. 0336 del 10 de abril de 1972 […], situación que se puede
corroborar con el Certificado de tiempo de servicio expedido por la
[respectiva] Secretaria de Educación […] en el cual además se consig[n]a que
la vinculación fue como docente de carácter Departamental […]» (sic); (ii)
«Respecto a la exigencia de contar con más de 50 de años de edad, está
demostrado que […] nació el 15 de febrero de 1952 […], es decir para la
fecha en la que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, esto es, 26 de
octubre de 2015 […] había cumplido 63 años […]» (sic); (iii) «[…] reporta
un tiempo de servicios por un periodo superior a veinticinco (25) años […]» y
(iv) «[…] no se logró acreditar […] que […] no haya prestado sus servicios
de forma honrada, consagrada [y] responsable […]» (sic).
Por otra parte, niega el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 y de la mesada adicional de junio, «[…] por
resultar incompatibles con la pensión gracia conforme a las consideraciones
y lineamientos establecidos por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado
[…]» (sic)1.
Respecto del fenómeno jurídico-procesal de la prescripción, sostiene que no se
1
Cita las sentencias de 1º de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2015-00074-01 y 25 de abril de
2019, expediente 05001-23-31-000-2011-01551-01 (319-14), de acuerdo con las cuales, en su orden, «[…] la
pensión gracia se contempló como una dádiva del Estado en favor de los docentes territoriales y
nacionalizados […], y su reconocimiento no responde a la contraprestación económica por los aportes que
se deben efectuar al sistema, y en tal sentido, la Sala estima que la pensión gracia no es objeto de los
intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993»; y la «[…] pensión gracia […],
al ser compatible con la pensión ordinaria de jubilación, en sí misma ya constituye una compensación o
gracia económica que no Justificaría remitirse al régimen general de pensiones para disponer el pago de la
mesada catorce prevista en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993».
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Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
configuró, «[…] como quiera que desde la exigibilidad del derecho [10 de
marzo de 2013] y la reclamación administrativa [26 de octubre de 2015] no
transcurrieron más de tres años, así como tampoco transcurrieron mas de tres
años entre la reclamación y la presentación de la demanda» (sic) [14 de
septiembre de 2016].
1.4 El recurso de apelación (ff. 266 a 277). Inconforme con el anterior fallo,
la demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo aplicó e
interpretó de manera errada las pruebas y la normativa que regula la aludida
prestación, pues la accionante no acredita veinte (20) años de servicios como
pedagoga territorial o nacionalizada ni vinculación activa al 31 de diciembre
de 1980.
Que «[…] la norma de la Pensión Gracia se creó como mecanismo para
equilibrar las precarias situaciones laborales a las que se supeditaban los
docentes territoriales a diferencia de los nacionales, por lo tanto, una vez
unificados ambos tipos, se le dio fin al derecho, limitándose su período de
causación, sin embargo, para colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, se permitió que éstos fueran
acreedores del derecho sólo si al 29 de diciembre de 1989 ya hubieran
completado mínimo 11 años de servicio, sin embargo, para tal fecha, el
demandante no los acredita [como] docente oficial de carácter territorial
(departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado), requisito abarcado en
las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional»
(sic).
Aduce que los salarios sufragados a la demandante son «[…] financiados con
recursos del Situado Fiscal, hoy llamado Sistema General de Participaciones,
[por lo que] se considera de orden NACIONAL siendo incompatible por las
normas vigentes para acceder a la pensión gracia, teniendo en cuenta que la
ley 91 de 1989, 114 de 1913 solo permite computar tiempos por
nombramientos como docente de carácter Departamental, Distrital,
Municipal y/o Nacionalizado para el reconocimiento de la pensión Gracia
[…]» (sic).
Que los medios de convicción allegados a las presentes diligencias carecen de
valor probatorio, dado que figuran «[…] en copia simple y copia autenticad[a]
[…]», lo que contraría lo preceptuado en el artículo 25 del Decreto 19 de
2012, en el sentido de que deben ser auténticos; además, los certificados
laborales «[…] no obran conforme los formatos requeridos […], de acuerdo
al Decreto 13 de 2001, […] que […] estableci[eron] que “las entidades
administradoras deberán constatar que las certificaciones cumplan los
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Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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requisitos formales indicados por dicha disposición, así como que “deberán
elaborarse en los formatos de certificado de información laboral, que serán
adoptados conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Crédito Público
y de Trabajo y Seguridad Social, como únicos válidos para tales efectos”»
(sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 21 de junio de 2021
(f. 278) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 28 de abril de
2022 (f. 288), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; pero durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes3 y el
correspondiente agente del Ministerio Público guardaron silencio (f. 219).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste razón
jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por
cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de
fundamento, pues (i) no laboró por veinte (20) años como maestra con
vinculación territorial o nacionalizada en instituciones educativas
departamentales, distritales o municipales antes de la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de ese año), o, en su defecto, no completó
once (11) años como mínimo; (ii) no desempeñaba la profesión docente para
el 31 de diciembre de 1980 y (iii) sus salarios fueron sufragados con recursos
del sistema general de participaciones, como lo alega la accionada.
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Cabe advertir que el escrito de alegaciones finales allegado por quien aduce actuar como apoderado sustituto
de la entidad accionada (obrante en el índice 9 en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai), no se tendrá en cuenta, puesto que no obra en el expediente poder
que acredite dicha condición.
Por su parte, aunque la actora envió correo electrónico con el mismo propósito, no adjuntó el archivo que lo
contiene, como lo anunció en aquel (índice 8 ibidem).
4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación
del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19135 consagró por primera vez la pensión
gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19036, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19287 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
5
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
6
«[S]obre Instrucción Pública».
7
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
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como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual8.
La Ley 37 de 19339 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199810,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el
no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de
carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema,
concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de
las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular
los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las
condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del
Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos
sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan
ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de
jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene
una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es
evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el
precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34),
reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir
doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la
materia establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197511, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
8
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público
el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
9
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
10
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del
1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
11
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para
dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de
carácter nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que
se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer
referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión,
sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…]
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o
nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el
propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que
dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con
la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en
especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter
de graciosa que inicialmente le asignó la ley12.
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento.
12
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
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Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202013, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto
es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación
laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley
43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial
constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha
ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre
docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con
dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales
(FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980
y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y,
para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere
reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
13
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de
1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31
de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a
saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al
Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución
entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente
extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como
tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales
para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a
la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación
ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de
1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913),
en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en
este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma
acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por
el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de
“hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo
76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen
prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso
Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley
114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a
otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se
conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera
expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser
suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya
radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte;
y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio
oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son
las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad
de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la
normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman
11
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación14 [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación,
se destaca:
a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento de la actora, que dan
cuenta de que nació el 15 de febrero de 1952 (ff. 21 y 22).
b) Decreto 336 de 10 de abril de 1972, por el que el señor gobernador de Sucre
nombra a la accionante como «[…] maestra seccional de la escuela Urbana
de Niñas de […]» ese ente territorial (ff. 43 y 239).
c) Contratos individuales de trabajo a término fijo suscritos el 7 de febrero de
1994 y el 1º de febrero de 1995 entre la demandante y el municipio de
Barrancabermeja (en condición de empleador) [ff. 28 a 31], de los que se
destaca:
PRIMERA: OBJETO: EL EMPLEADOR contrata los servicios
personales del DOCENTE, con el fin de que este ponga toda su
capacidad de trabajo en forma eficiente en el desempeño de sus
funciones como educador, según las normas establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional. […] CUARTA: DURACION: El
presente Contrato tendrá una duración de Nueve (09) meses veinti cuatro
días contados a partir del Siete (7) de Febrero hasta el Treinta (30) de
Noviembre de 1994 […] (sic para toda la cita).
14
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de
1913, continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
pues, como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de
diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no
rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”,
tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
12
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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PRIMERA OBJETO.- EL EMPLEADOR contrata los servicios
personales de EL DOCENTE con el fin de que este ponga toda su
capacidad de trabajo en forma eficiente en el desempeño de sus
funciones como educador en el Municipio de Barrancabermeja, según las
normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. […]
CUARTO: DURACION.- El presente contrato tendra una duracion de
DIEZ MESES (10) y trece días contados a partir del primero (1) de
Febrero hasta el trece (13) de Diciembre de […] (1995) […] (sic para
toda la cita).
d) Decreto 14 de 15 de enero de 1996, por medio del cual el alcalde de
Barrancabermeja designa a la actora como profesora en propiedad,
posesionada en la misma fecha (ff. 44 a 46 y 244).
e) Resoluciones RDP 12541 de 18 de marzo y RDP 23530 de 24 de junio,
ambas de 201615, por cuyo conducto la demandada niega la pensión gracia
reclamada por la accionante el 26 de octubre de 2015, al estimar que «[…] los
pretendidos tiempos prestados a la Gobernación de Sucre en los años 1972 y
1973 lo fueron de carácter NACIONAL, […] quedando únicamente
demostrados como válidos los posteriores a 15 de enero de 1996 como
MUNICIPAL dada la fuente de la que provienen los recursos para su
financiación»16 (sic).
f) Constancia de tiempo de servicios y «FORMATOS» únicos para la
expedición de certificado de salarios y «No. 1 CERTIFICADO DE
INFORMACION LABORAL» (sic) provenientes de la secretaría de educación
de Sucre, en los que se consigna que la demandante trabajó en condición de
pedagoga en propiedad del 10 de abril de 1972 al 7 de junio de 1973 (1 año, 1
mes y 28 días), con vinculación departamental (ff. 23 a 25).
g) Certificaciones laborales expedidas por la secretaría de educación de
Barrancabermeja, en los que figura que la actora prestó sus servicios como
maestra (i) entre el 7 de febrero y el 30 de noviembre de 1994 y desde el 1º de
febrero hasta el 13 de noviembre de 1995, de acuerdo con contratos de trabajo
a término fijo suscritos por aquellas; y (ii) del 15 de enero de 1996 al 20 de
diciembre de 201817, en propiedad, vinculaciones de carácter municipal (ff. 32
a 33, 49 a 50 y 209).
h) Declaraciones rendidas por la accionante (de 9 de septiembre de 2015 y otra
sin fecha), en las que expresa bajo la gravedad del juramento que se ha «[…]
15
La última expedida al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la primera.
16
Folios 3 a 9 y 15 a 19 y archivos magnéticos «2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA
PETICIÓN-32-2018-01-31_083705.PDF» y «2701 RESOLUCIONES QUE RESUELVE DE FONDO LA
PETICIÓN-34-2018-01-31_083705.PDF», contenidos en disco compacto obrante en el folio 158.
17
Fecha de elaboración del certificado.
13
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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desempeñado como docente con honradez[,] consagración e idoneidad y
buena conducta[,] care[ce] de los medios de subsistencia en armonía con [su]
posición social y costumbres» (sic), «[…] no h[a] sido sancionado(a)
disciplinariamente» y no devenga «[…] recompensa o pensión del Tesoro
Nacional que sea incompatible con la prestación que solicit[a]» (sic; ff. 36 y
38).
i) El 15 de octubre de 2015 (f. 35) se consultó certificado de antecedentes en
la página electrónica de la Procuraduría General de la Nación, en el que
aparece que la demandante no presenta antecedentes disciplinarios18.
De las pruebas antes enunciadas se desprende que la actora nació el 15 de
febrero de 1952 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Acto de
Nominador Desde Hasta laborado
nombramiento
a m d
Secretaría de Decreto 336 de 10
10/04/1972 07/06/1973 1 1 28
educación de Sucre de abril de 1972
Contrato individual
de trabajo a término
07/02/1994 30/11/1994 -- 9 24
fijo de 7 de febrero
de 1994
Secretaría de
Contrato individual
educación de
de trabajo a término
Barrancabermeja 01/02/1995 13/11/1995 -- 9 13
fijo de 1º de febrero
de 1995
Decreto 14 de 15 de
15/01/1996 20/12/2018 22 11 6
enero de 1996
Total tiempo de servicio 25 8 11
En tal virtud, el 26 de octubre de 2015 la accionante pidió de la demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con Resoluciones RDP 12541 de
18 de marzo y RDP 23530 de 24 de junio, ambas de 2016 (enjuiciadas), toda
vez que las pruebas adosadas dan cuenta de su vinculación nacional con la
docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
En el asunto sub judice, la entidad accionada cuestiona la decisión del a quo,
en cuanto concluyó que la demandante colmó los requerimientos legales para
obtener la pensión gracia, pues (i) para el 31 de diciembre de 1980 no contaba
con vinculación territorial o nacionalizada, (ii) hasta el 29 de diciembre de
1989, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 del mismo año, no había
completado por los menos once (11) años de servicios; (iii) sus salarios son
18
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 14 de mayo de 2002: «[…] la buena conducta que resulta
exigible de los servidores públicos […] se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario».
14
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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financiados con recursos del sistema general de participaciones y (iv) las
certificaciones y demás documentos aportados por la actora al sub lite, no
colman los presupuestos para ser aceptados como pruebas en asuntos
pensionales.
En lo atinente al primero de los aludidos reproches, cabe advertir que, aunque
en efecto, la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 29 de
diciembre de 1989 preceptúa que «Los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928,
37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos» (se subraya), no
significa que el legislador haya impuesto (como lo sugiere la demandada) a los
interesados en obtener la referida prestación, estar activos en el servicio
educativo oficial para esa fecha (31 de diciembre de 1980), sino que delimitó
que esta constituía el plazo máximo para que el profesor se vinculara, tal como
se infiere de la redacción de la norma, al incluir la preposición «hasta», que,
de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española, versión digital19, «Indica el límite final de una trayectoria en el
espacio o en el tiempo» (se destaca).
Acerca de este tema, la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 22 de enero de 201520, dijo:
VINCULACIÓN DOCENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 1980
La administración negó el reconocimiento de la pensión gracia porque a
su juicio la demandante no demostró que a 31 de diciembre de 1980 se
encontrara vinculada como docente de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Al respecto el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, indicó lo siguiente:
[…]
Con la anterior el Legislador se permitió que luego de la nacionalización
de la educación, establecida por la Ley 43 de 1975, los docentes
departamentales o municipales, vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980, comprendidos en dicho proceso, tuvieran la oportunidad de
acceder a la pensión gracia de conformidad con las citadas Leyes 114 de
1913 y 37 de 1933, permitiendo la compatibilidad de la misma con la
pensión ordinaria de jubilación, “aun en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación”, siempre y cuando cumplieran con la
totalidad de los requisitos.
19
https://dle.rae.es/hasta?m=form.
20
Expediente: 25000-23-42-000-2012-02017-01 (775-14), C. P. Alfonso Vargas Rincón.
15
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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[…]
Lo anterior le permite a la Sala establecer que era posible que la
demandada analizara si la actora reunía los requisitos para acceder a la
pensión gracia, toda vez que la expresión “docentes vinculados hasta el
31 de diciembre de 1980”, contemplada objeto de análisis, no exige que
en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que
con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para efectos
pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad,
no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional
como lo estimó el Tribunal [subraya la subsección].
Visto lo anterior, no es dable pregonar que la normativa citada exige del
maestro estar activo para el 31 de diciembre de 1980, sino que para esa fecha
haya tenido alguna vinculación en el sector educativo, desde luego, de carácter
territorial o nacionalizada, asunto que, como se vio, fue debidamente
decantado en sede de unificación (y reiterado con posterioridad21) por el
máximo tribunal de lo contencioso-administrativo hace más de siete (7) años.
Ahora bien, con el propósito de dilucidar si la accionante colmó el
mencionado requerimiento, se deberán abordar las distinciones previstas por el
legislador entre profesores nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo que
tiene que ver con su vinculación.
Sobre este aspecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de
1975, se nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se
concedió un término de 5 años (artículo 322), esto es, hasta el 31 de diciembre
de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente
existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y
territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de la educación, se
clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación
quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
21
Ver, entre otras, sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
22
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a
los presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará
en un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%)
de los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
16
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
del artículo 1023 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
La importancia de tal clasificación radica en que se constituye en el punto de
partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para evaluar si el
interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.
Entonces, en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros de
una correcta administración de justicia negar una prerrogativa, máxime de
carácter pensional, con fundamento en interpretaciones erradas de ciertos
elementos de prueba, cuando a través de otros se demuestran los hechos
debatidos, los cuales soportan las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con lo expuesto, en lo concerniente al período trabajado por la
demandante desde el 10 de abril de 1972 hasta el 7 de junio de 1973 (1 año, 1
mes y 28 días), obra en el expediente el Decreto 336 de 10 de abril de 1972,
por el que el señor gobernador de Sucre la designó como profesora adscrita a
la respectiva secretaría de educación (ff. 43 y 239), valga decir, sin la
intervención de funcionarios del Ministerio de Educación Nacional24. De igual
modo, reposan certificados de historia laboral expedidos por dicho ente
territorial (ff. 23 a 25), en los que se informa que la actora fue pedagoga en
propiedad y su «Tipo de Vinculación» departamental.
Recuérdese que las mencionadas pruebas son las que, conforme al artículo 1º
de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el
tipo de vinculación de una persona con la «profesión docente»25, toda vez que
23
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios
podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o
secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
24
En idéntico sentido ver: Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, expediente 68001-23-33-000-
2016-01404-01 (5268-2018), sentencia de 17 de julio de 2020, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
25
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 establece que «Se entiende por profesión docente
el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que
trata este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y
capacitación educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización
de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en
los términos que determine el reglamento ejecutivo».
17
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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el primero prevé que los profesores vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional integran el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda
ha concluido que el funcionario competente para certificar la calidad de
educador territorial es el nominador.
Sobre este tema, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)26, fijó, entre otras reglas, la siguiente:
Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
en este caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los
parámetros de una correcta administración de justicia negar una
prerrogativa, máxime de carácter pensional, con el fundamento de que
no se aportaron unas pruebas específicas cuando mediante otros
elementos probatorios, se demuestran los hechos debatidos, los cuales
soportan las pretensiones de la demanda también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial [se
destaca].
Por tanto, esta Corporación concluye que de los citados Decreto y
certificaciones resulta evidente que la accionante ocupó un cargo de profesora
territorial, por lo cual el lapso laborado en esa calidad es susceptible de ser
contabilizado para efectos de satisfacer el requisito de veinte (20) años de
servicios, exigido para acceder a la pensión gracia.
Frente al segundo argumento de disenso planteado, cabe precisar que esta
sección segunda (como se explicó en el acápite precedente), mediante
sentencia de unificación de 11 de agosto de 202227, al analizar una
controversia en la que el Tribunal de primera instancia negó la pensión gracia
deprecada por un maestro, al estimar que «[…] para la fecha de expedición de
la Ley 91 de 1989, «era necesario tener cumplidos todos los requisitos para
ser beneficiario de la pensión gracia, es decir, consolidado el derecho»»,
determinó el alcance e interpretación de la letra a del numeral 2 del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, así:
26
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
27
Sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-
2016-00278-01 (3018-2017).
18
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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59. Es así como el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 previó que los docentes «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980» que «tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá». Esta última parte de la norma trae el verbo
«reconocerá» conjugado en futuro simple28 y denota una consecuencia
en caso de cumplirse los anteriores supuestos, es decir, que los docentes
«tuviesen» o «llegaren» a tener derecho a acceder a la aludida
prestación.
60. La referida redacción contiene un imperativo para las autoridades
administrativas y judiciales en el sentido de declarar el derecho a la
pensión gracia del docente que haya tenido una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre acreditar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es
decir, que lo haga antes o después del 29 de diciembre de 1989.
61. Bajo este hilo argumentativo, no es posible sostener que el
reconocimiento de la pensión gracia se ató al límite temporal de la
promulgación de la Ley 91 de 1989 -29 de diciembre de 1989-, pues se
vaciaría de sentido la disposición que estableció dos momentos
diferentes y alternativos para tal fin, uno expresado en pasado
(tuviesen) y el otro en futuro (llegaren).
62. Además, se desconocería el efecto general e inmediato de las
normas en el tiempo,29 pues precisamente la disposición en comento
previó que a partir de su expedición y en adelante se reconocería la
pensión gracia con la condición de que el docente cumpliera con el
requisito de tener una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y
que acreditara las demás exigencias para acceder a dicho beneficio
especial.
[…]
73. Como consecuencia, se mantuvo el reconocimiento de la pensión
gracia para los docentes que tenían la expectativa de ser beneficiarios
de aquella.
v) Bajo este contexto, el órgano legislativo derogó la pensión gracia a
partir del 29 de diciembre de 1989, pero la mantuvo antes y después de
esa fecha a quienes hubieran tenido una experiencia docente territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980.
74. En este orden de ideas, conforme a lo indicado en la Sentencia C-
506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley
91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las
reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de
jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió
28
Del modo indicativo. Esta conjugación expresa «una situación posterior al momento de enunciación», es
decir, «acontecimientos venideros», según la Nueva Gramática de la Lengua Española -
http://aplica.rae.es/grweb/cgibin/buscar.cgi
29
SU-309 de 2019.
19
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber
ingresado al magisterio con antelación al 31 de diciembre de 1980, pues
a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional que los
cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el
derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada
[subraya la subsección].
De acuerdo con lo anterior, la fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de 1989
(29 de diciembre del mismo año) no constituye un límite o umbral para
determinar la extinción del derecho pensional de un docente nacionalizado o
territorial, sino que es el parámetro que fijó el legislador para unificar el
régimen salarial y prestacional de los educadores; es decir, marca el «deceso»
de la denominada pensión gracia, sin que ello signifique frustrar la posibilidad
de acceder a ella de quienes colmaron los requisitos previstos en las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, por contar con un derecho adquirido.
Ahora bien, aunque la recurrente depreca la aplicación de los fallos C-84 de
1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional, que, a su juicio, exigen la
consolidación del derecho pensional antes del 29 de diciembre de 1989 o,
cuando menos, que se hayan completado once (11) años de servicios, en la
citada providencia de unificación esta Colegiatura advirtió:
v) En igual sentido, la Sentencia C-084 de 1999 estableció que la
pensión gracia «sólo subsiste para los docentes que se vincularon al
servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980», es decir, que
mantuvo sus efectos aún con posterioridad a la expedición de la Ley
91 de 1989, pues esta así lo dispuso expresamente en su artículo 15.
82. A partir de dicha premisa, se sostuvo que «[e]llo significa, a contrario
sensu, que ella [alude a la pensión gracia] no rige para los vinculados a
partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y
nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación
[…]”».
[…]
76. En virtud del anterior lineamiento jurisprudencial, algunos juzgados
y tribunales administrativos del país han sostenido que la Sentencia
C-489 de 2000 dispuso un límite temporal, consistente en que la
pensión gracia únicamente se podría reconocer a quienes hubieran
reunido todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989; sin
embargo, esta conclusión no se desprende del texto de la referida
providencia y resulta contradictoria con las demás sentencias de
constitucionalidad que han abordado asuntos similares. Esta tesis se
funda en los siguientes razonamientos:
i) La Sentencia C-489 de 2000 no analizó la situación de los docentes
20
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
territoriales nacionales y nacionalizados vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980 y que cumplieron los requisitos para acceder a la
pensión gracia con posterioridad al 29 de diciembre de 1989; por el
contrario, en la providencia se reflexionó exclusivamente sobre la
situación de quienes habían consolidado el derecho antes de la última de
las mencionadas fechas y en tal sentido se condicionó la exequibilidad de
la norma a la protección de dicho grupo poblacional [se destaca].
Agrégase a lo expuesto que, de conformidad con lo dicho por la Corte
Constitucional en sentencia SU-14 de 202030, la «lectura» correcta del artículo
15 (letra a del numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es aquella que permite a los
profesores oficiales obtener el pago de la pensión gracia siempre que «se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás
requisitos de ley», sin perjuicio de que el estatus lo hayan adquirido con
posterioridad a la promulgación de esa normativa.
Así las cosas, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y la Corte
Constitucional dilucidaron el alcance de la letra a del numeral 2 del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, para precisar que «Los docentes pueden acceder a la
pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación
al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento»31.
Resulta importante anotar que el aludido fallo de unificación de 11 de agosto
de 2022 del Consejo de Estado (que valga decir, fue proferido con
posterioridad a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
ahora nos ocupa32) estableció que «[…] la regla jurisprudencial fijada […] es
vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado» (se subraya), motivo por el cual este
criterio es el que se encuentra vigente y debe ser aplicado en el asunto sub
examine, máxime cuando atiende «[…] los principios de favorabilidad en
materia laboral y pro homine, los cuales derivan de la filosofía humanista que
inspira el ordenamiento constitucional colombiano y obligan a que «siempre,
sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera
aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental».33».
30
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
31
Providencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022.
32
Instaurada el 14 de septiembre de 2016 (ff. 1, 84 y 86).
33
Corte Constitucional, Sentencia T-223 de 2021.
21
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
Previo a analizar los demás reparos que sustentan el recurso de apelación
interpuesto por la entidad accionada, deviene necesario establecer si los
tiempos laborados por la actora a partir del 1º de enero de 1981, son
susceptibles de ser contabilizados para efectos del reconocimiento pensional
exigido.
En lo atañedero a la vinculación de la accionante como maestra por contratos
de prestación de servicios con el municipio de Barrancabermeja entre el 7 de
febrero y el 30 de noviembre de 1994 y desde el 1º de febrero hasta el 13 de
noviembre de 1995, se precisa que, según el ordenamiento que regula la
prestación reclamada, es suficiente que el interesado demuestre haber servido
como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas durante
el tiempo mínimo requerido (20 años).
Para esta subsección, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
puesto que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el
campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de
prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones
de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las
propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus
propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan
el derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones
sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo
laborado»34.
De igual forma, frente a este tipo de vinculación, en particular cuando se trata
de educadores, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, es un principio constitucional […]»35, y si el intérprete
judicial, «[…] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado,
otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del
Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP […]»36.
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia,
habida cuenta de que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la
34
Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
35
Corte Constitucional, sentencia C-555 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
36
Ibidem.
22
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
apariencia que haya querido ocultarla, comoquiera que los pedagogos
vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia37.
Por consiguiente, es dable contabilizar los interregnos servidos por la
demandante al sector educativo estatal con fundamento en los contratos de
prestación de servicios suscritos con el municipio de Barrancabermeja (7 de
febrero a 30 de noviembre de 1994 y 1º de febrero a 13 de noviembre de
1995), con el fin de obtener la pensión gracia, que en el sub lite comportan
tiempos de carácter territorial.
Asimismo, esta subsección aclara que fueron aportados a las presentes
diligencias certificados laborales expedidos por la secretaría de educación de
Barrancabermeja (ff. 32 a 33, 49 a 50 y 209), en los que se consigna que del
15 de enero de 1996 al 20 de diciembre de 201838 la actora se desempeñó en
calidad de maestra en propiedad con vinculación territorial, información que
se corrobora con el contenido del acto de nombramiento suscrito por el
respectivo alcalde, lo que permite concluir que la vacante en la que fue
ubicada pertenecía a dicho municipio y no a la Nación, motivo por el cual el
tiempo acumulado en tal condición es viable para sumar al total exigido por la
normativa para lograr la precitada prestación.
Por otra parte, la entidad demandada asegura que la accionante ha trabajado
como docente nacional, en la medida en que los recursos que respaldan el
pago de sus salarios y prestaciones provienen del sistema general de
participaciones; empero, no se observa en el plenario ningún documento o
certificación que dé cuenta de su aserto, o, incluso, que en sus designaciones
haya intervenido el representante del Fondo Educativo Regional (FER)
respectivo, de manera que la Sala se relevará de emitir pronunciamiento sobre
el particular.
De igual modo, la UGPP afirma que las pruebas aportadas no pueden ser
valoradas, comoquiera que obran en copia simple, y el Decreto ley 19 de 10 de
enero de 2012, «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública», estipula que «Ninguna autoridad administrativa
podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales
37
Ver, de esta subsección, fallo de 28 de enero de 2021, expediente 52001-23-33-000-2016-00261-01 (2304-
2019), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
38
Fecha de elaboración del certificado.
23
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles
o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el
reconocimiento o pago de pensiones» (f. 272).
Acerca de este aspecto, se advierte que, además de que los actos
administrativos y constancias tenidos en cuenta por el Tribunal de primera
instancia y esta Colegiatura para decidir el asunto sub judice fueron
expedidos, allegados y certificados por los entes territoriales en los que trabajó
la demandante, sin que hayan sido tachados o desconocidos por estos o por los
extremos procesales39, en todo caso, como se explicó en líneas precedentes, el
Consejo de Estado ha decantado que los documentos idóneos para acreditar la
calidad de docente territorial en controversias como la que ahora nos ocupa,
son «[…] copia de los actos administrativos donde conste el vínculo […] [o]
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el
docente oficial es de carácter territorial»40, de manera que no puede
enrostrarse el estudio de medios de convicción no aptos de desatar el presente
medio de control, máxime cuando los «formatos» de historia laboral y salarios
son los avalados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio41, requisito que echa de menos la accionada.
En este orden de ideas, se tiene que la accionante laboró como educadora
oficial, así:
Tiempo
Entidad territorial Vinculación Lapso certificado
a m d
Territorial
Departamento de Sucre 10/04/1972 a 07/06/1973 1 1 28
(departamental)
07/02/1994 a 30/11/1994 -- 9 24
Municipio de Territorial
01/02/1995 a 13/11/1995 -- 9 13
Barrancabermeja (municipal)
15/01/1996 a 20/12/201842 22 11 6
Total 25 8 11
A manera de corolario, se acreditaron por parte de la demandante los
requisitos necesarios para obtener la pensión gracia, como son el haber
prestado los servicios como educadora territorial por más de dos (2) décadas,
vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 (10 de abril de 1972), contar con
39
Al respecto, ver, entre otras, sentencia de 14 de julio de 2016, expediente 52001-23-31-000-2011-00068-01
(1719-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
40
Fallo de unificación CE-SUJ-SII-11-2018 (SUJ-11-S2) de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
41
https://www.fomag.gov.co/formato-entes-territoriales/.
42
Fecha de expedición del último de los certificados de tiempos de servicio proveniente de la secretaría de
educación de Barrancabermeja, en el que consta que la actora seguía «ACTIVA» en la actividad docente.
24
Expediente: 68001-23-33-000-2017-01006-01 (2901-2021)
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Doratriz Osuna Mesa contra la UGPP
50 años de edad (los cumplió el 15 de febrero de 2002) y observar una buena
conducta en su desempeño como maestra, razón por la que resulta dable
acceder a las pretensiones del medio de control.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 29 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda incoada por la señora Doratriz Osuna Mesa contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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