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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2017-01009-02

Fecha
6 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2017-01009-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas. 2.- Sin condena en costas. 23 Exp. 25816, cit. 24 Sentencias del 25 de marzo de 2010, exp. 16428, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 7 de febrero de 2013, exp. 18885, CP. William Giraldo Giraldo; del 5 de junio de 2014 y del 5 de febrero de 2015, exps. 19945 y 20654, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 14 de mayo de 2015, exp. 19548, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 2 de mayo de 2019, exp. 23258, CP. Milton Chaves García; del 29 de abril de 2020 y del 30 de julio de 2020 exps. 24462 y 24117, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001-23-33-000-2017-01009-02 (29544) 680012333000-2017-01600-00 ACUMULADO Demandante: NICANOR MOYA CARRILLO Y OTRO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2017-01009-02

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01009-02 (29544)
680012333000-2017-01600-00 ACUMULADO
Demandante: NICANOR MOYA CARRILLO Y OTRO
Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y OTRO

Tema: Nulidad del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2 de mayo de 2005
«Por la cual se regulan aspectos del régimen sustancial, procedimental y
sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en
el Departamento de Santander y se otorgan al señor gobernador unas facultades
ordinarias» y del Decreto 0005 de 3 de enero de 2006 «Por medio del
cual se modifica parcialmente el Decreto 0049 de 2002».

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvió1:

«PRIMERO. DECLARASE la nulidad del artículo 60 de la Ordenanza Departamental 012
de fecha 2 de mayo de 2005 “por la cual se regulan aspectos del régimen sustancial,
procedimental y sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios
rentísticos en el Departamento de Santander y se otorgan al señor gobernador unas
facultades ordinarias” y, del Decreto No. 0005 de fecha 3 de enero de 2006 “Por medio del
cual se modifica parcialmente el Decreto 0049 de 2002”; de conformidad con las razones
expuestas.

ADVIÉRTASE que la nulidad que aquí se declara, tiene efectos ex tunc solo en aquellas
situaciones jurídicas que no se encuentran consolidadas, porque el contribuyente afectado
intenta en sede administrativa y/o judicial la devolución del valor pagado por los “derechos
del servicio de sistematización, automatización de procesos y procedimientos
administrativos, en los impuestos de vehículos y registro”; de conformidad con las razones
expuestas.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas las
anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI».

NORMAS DEMANDADAS

«ORDENANZA No. 012 de 2005
MAYO 2 DE 2005

1
Expediente digital, índice 2 de SAMAI.

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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01009-02 (29544)
680012333000-2017-01600-00 ACUMULADO
Demandante: NICANOR MOYA CARRILLO Y OTRO

“Por la cual se regulan aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de
los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de
Santander y se otorgan al señor Gobernador unas facultades ordinarias”

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

En uso de sus facultades constitucionales y legales

ORDENA:

(…)

CAPÍTULO X

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 60 - Derechos. El Gobierno Departamental, con el fin de sufragar los costos en
que incurre por concepto de papelería, formas continuas, formularios de solicitud,
formularios de declaración y los servicios asociados a su suministro, formatos, facturación,
servicios de sistematización y automatización de procesos y procedimientos
administrativos, papel de seguridad, etc.; podrá establecer Derechos (sic) a cargo de los
contribuyentes o usuarios, los cuales serán determinados mediante acto administrativo por
el Gobernador y el Secretario de Hacienda.

[…]».

«DECRETO No. 0005 DE 2006

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 0049 de 2002”

EL GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En desarrollo de las facultades legales y las contenidas en el artículo 338 del inciso 2, de
la Constitución Política, art 60° de la Ordenanza 012 de 2005, y,

CONSIDERANDO:

1. Que al (sic) Ley 488 de 1998, creó el Impuesto sobre Vehículos automotores, el cual
sustituye a los impuestos de timbre nacional, sobre vehículos automotores y de circulación
y tránsito, otorgando en su artículo 147° competencia plena a los Departamentos para todo
el proceso de fiscalización.

2. Que el artículo 144°, de la precitada ley dispone que dicho impuesto se causa el primero
de enero de cada año, correspondiendo a los Departamentos, como administradores del
impuesto, determinar los plazos y las entidades financieras ubicadas dentro de su
jurisdicción para la presentación, declaración y pago del impuesto.

3. Que es deber legal del contribuyente efectuar la declaración y pago de los impuestos a
que estén sujetos.

4. Que el Estatuto Tributario y su Decreto Reglamentario 2654 de 1998, artículo 4°, hace
obligatorio para el responsable sobre el impuesto sobre vehículo, el formulario diseñado
por la Dirección de Apoyo Fiscal y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual deberá
ser adoptado por los Departamentos.

5. Que la Ley 223 de 1995 y el Decreto 650 de 1996, reglamentó y estableció los
procedimientos para efectos de la liquidación y cobro del impuesto de registro.

6. Que el Departamento de Santander celebró el Contrato de Concesión No. 060 de 2002
para la presentación del servicio al contribuyente de la liquidación del impuesto sobre
vehículos automotores y el de Registro, facilitándole la papelería necesaria para el

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cumplimiento del deber legal referido en el numeral 3° de este Decreto, a través del
concesionario.

7. Que el Departamento de Santander, como administrador de su impuesto debe unificar
el “Registro Terrestre Automotor” de su jurisdicción, de tal forma que le permita ejercer un
control directo sobre las obligaciones fiscales relativas al mismo, causadas antes de la
vigencia de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998.

8. Que el Departamento de Santander adoptó los impuestos sobre vehículo Automotor y el
de Registro, mediante la Ordenanza 045 de 2000.

9. Que mediante Decreto 0049 de 2002, el Gobierno Departamental, fijó el valor del
formulario para declarar y pagar el impuesto sobre vehículos automotor y el recibo de pago
del impuesto de registro o boleta fiscal.

10. Que mediante la Ordenanza 045 de 2000 en sus artículos 215°, al 248°, se
establecieron los elementos como sujeto activo, pasivo, causación, base gravable y tarifa
de cada una de las diferentes estampillas creadas en el Departamento de Santander.

11. Que el Departamento requiere implementar controles eficaces y automatizados en pro
de la correcta liquidación y pago oportuno de cada una de las estampillas que se manejan
en el Departamento.

12. Que mediante el artículo 60°, de la Ordenanza 012 de 2005, la Honorable Asamblea
del Departamento de Santander, dispuso que el gobierno departamental con el fin de
sufragar los costos en que incurre por concepto de papelería, formas continuas, formularios
de solicitud, formularios de declaración y los servicios asociados a su suministro, formatos,
facturación servicios de sistematización y automatización de procesos y procedimientos
administrativos, papel de seguridad, etc, podrá establecer derechos a cargo de los
contribuyentes o usuarios, los cuales serán determinados mediante acto administrativo
suscrito por el Gobernador y el Secretario de Hacienda.

Por lo antes expuesto:

DECRETA:

Artículo Primero: Modifíquese el artículo 1°, del Decreto 0049 de 2002, el cual quedará
así:

Se fija el valor de derechos del servicio de sistematización, automatización de procesos y
procedimientos administrativos, en los impuestos de vehículos y registro, cuyos valores
serán los siguientes:

Derecho de Recuperación de costos

Año 2005 Incremento año 2006
Impuesto Vehículos
Vigencias Anteriores $36.114,oo o% $36.114,oo
Vigencia Actual $12.037,oo 4,91% $12.628,oo
Registro
$8.038,oo 4,91% $8.433,oo

Parágrafo Primero: Los valores anteriores serán cancelados simultáneamente con el
respectivo impuesto al momento de su pago.

Parágrafo Segundo: Los valores establecidos en el presente artículo se reajustarán para
cada vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 2007 conforme a la variación porcentual de
índice de precios al consumidor, certificada por el DANE para el año inmediatamente
anterior.

Artículo Segundo: Que en desarrollo de las facultades otorgadas a la administración por
parte de la Asamblea Departamental, mediante Ordenanza 012 de 2005, se fija el valor de
los derechos del servicio de sistematización, automatización de procesos y procedimientos

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administrativos, en una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor liquidado por
concepto de estampillas departamentales, las cuales son:

➢ Pro Reforestación.
➢ Pro Cultura.
➢ Pro UIS.
➢ Pro Desarrollo.
➢ Pro Hospital Universitario de Santander.
➢ Pro Electrificación Rural.
➢ Pro Anciano.

Parágrafo Único: En las ordenanzas por las cuales se ordenó la emisión del gravamen
departamental se indican los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas.

…».

DEMANDA

Nicanor Moya Carrillo y Antonio Eresmid Sanguino Páez, en ejercicio del medio de
control establecido en el artículo 137 del CPACA y a través de demandas tramitadas
en distintos procesos2, acumuladas mediante auto del 22 de julio de 2019 3,
demandaron la nulidad del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2 de mayo de 2005 «Por
la cual se regulan aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos
departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de Santander y se otorgan al señor
Gobernador unas facultades ordinarias», expedida por la Asamblea Departamental de
Santander, y por la cual se autoriza el cobro de derechos para sufragar costos en que
incurre la Gobernación en conceptos como papelería, formas continuas, formularios
generales y de impuestos, servicios asociados al suministro de formatos, facturas,
sistematización, automatización de procesos, etc., y del Decreto 0005 de 3 de enero
de 2006 «Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 0049 de 2002» y dictado por el
Gobernador del citado Departamento, por el cual se establecen derechos por el
servicio de sistematización, automatización de procesos y procedimientos en los
impuestos de vehículos, registro y recaudo de rentas por estampillas departamentales.

Invocaron como disposiciones violadas los artículos 4, 150 -numeral 12, 287 -numeral
3, 300 -numeral 4 y 338 de la CP y 16 de la Ley 962 de 2005.

Como concepto de violación, expusieron, en síntesis, lo siguiente:

Las normas acusadas vulneraron el principio de legalidad del tributo, pues surgieron
en contravía de las disposiciones constitucionales que imponen la existencia de norma
superior que autorice la regulación de un tributo o tasa en el nivel territorial, y
asumieron una competencia propia y exclusiva del legislador, cual es la de establecer
un cobro por los derechos de papelería, formularios, sistematización, automatización
de procesos y procedimientos administrativos, con naturaleza de tributo, sin ley que lo
autorice.

El cobro contenido en las normas demandadas tampoco define ni el método ni el
sistema para establecer los costos y beneficios para la imposición del tributo, conforme
lo exige el artículo 338 de la CP, encausándose en los preceptos definidos por la Corte
para los impuestos, tales como «a) estar dirigido a todo ciudadano que realiza el hecho generador;
b) no tener relación directa con un beneficio para el administrado, c) No ingresar a las arcas del Estado,
d) No hay opción sobre su pago y el cobro se ejecuta por jurisdicción coactiva y d) no consultó en

2
Radicados con Nos. 68001-23-33-000-2017-01009-00 y 68001-23-33-000-2017-01600-00.
3
SAMAI Tribunal, índice 026.
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01009-02 (29544)
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absoluto la capacidad económica del contribuyente», lo que se traduce en que la Asamblea
Departamental asumió competencias propias y exclusivas del legislador, creando
tributos bajo la denominación de “derechos”, sin fundamento en una norma superior
que lo respalde.

La Ley 962 de 2005, en su artículo 16, establece que «Ningún organismo o entidad de la
Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus funciones, valor alguno por
concepto de tasas, contribuciones, formularios o precio de servicios que no estén expresamente
autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente,
que determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto». Si
para el cumplimiento de sus funciones, la entidad requería de recursos que permitieran
el cumplimiento de su deber legal y administrativo, debió presupuestar los necesarios
para el efecto, con fuente en los ingresos propios de la entidad. Así mismo, si se
requería contratar a un tercero para la administración y control de las rentas de
impuesto de vehículos, registro y estampillas departamentales, se debió asumir
igualmente tal responsabilidad, sin trasladar dichos costos al administrado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda.

El Departamento de Santander indicó que las normas acusadas encuentran respaldo
en las normas superiores. Adujo que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el
valor a cobrar no corresponde a un impuesto adicional ni a emolumento de origen
tributario –llámese tasa, impuesto o contribución– sino al pago de un servicio por las
actividades que desarrolla el contratista para que el Departamento pueda administrar,
controlar, fiscalizar y recaudar los impuestos a su cargo. A continuación, trajo un
concepto de sistematización proveniente de una página web e indicó que la entidad
contrató el proceso de sistematización de sus rentas, gracias a lo cual hoy cuenta con
una cobertura en los 86 municipios que comprenden el Departamento, con múltiples
beneficios, entre los cuales destaca el autoservicio ágil y seguro, el control de
expedientes, la organización de la información, la facilidad en la consulta de las
declaraciones del impuesto de vehículos a través de bases de datos de imágenes, el
servicio eficiente en la atención al ciudadano, entre otros.

Adujo que el valor fijado en el Decreto 0005 no comprende el «valor por formulario», lo
cual es distinto a valor «del» formulario, por cuanto al ser el impuesto de causación
anual, la ley señala que el pago de cada vigencia se hace mediante una declaración
individual e independiente; de ahí que no se esté cobrando la forma continua o «por
formulario per se»; pues «cualquier contribuyente no sólo puede solicitar la entrega de uno o varios
formularios de declaración, sin pago alguno por aquellos, sino que podrá llevárselos para su casa, y no
cancelar suma alguna de dinero, luego volver y solicitar otro u otros y destruirlos, y finalmente solicitar
uno más; y al momento de pagar el impuesto, solamente habrá cancelado lo correspondiente a un
trámite, sin tener en cuenta costo alguno por el formulario». Agregó que de la misma manera
sucede con el servicio de asesoría en la liquidación que realiza el sistema a través de
la web, en la que el usuario diligencia muchos formularios con cálculos de impuestos
diferentes aún para el mismo vehículo y vigencia y solo deberá cancelar por el trámite
que deba ser sistematizado, más no por formulario.

La sociedad Sistemas y Computadores SA –vinculado de oficio, como tercero interesado, en
la audiencia inicial celebrada el 29 de octubre de 2018– manifestó, al igual que la entidad

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demandada, que las normas acusadas se encuentran ajustadas a la Constitución y la
Ley.

Expuso que el valor que paga el contribuyente no corresponde a un impuesto ni a
emolumentos de origen tributario ni fiscal, sino al pago de un servicio por las
actividades que desarrolla el contratista –procesamiento de la información tributaria–,
actividades que le permiten al usuario realizar su trámite ante el Departamento, de
manera ágil y segura y, de otra parte, permite al ente territorial disponer oportunamente
de la información que coadyuve a administrar, controlar, fiscalizar, y recaudar los
impuestos, cedidos por ley, a su cargo.

A continuación, definió los conceptos de sistematización, automatización de procesos
administrativos y trámite, para concluir que el concepto de violación expone de manera
equivocada la vulneración del artículo 16 de la ley 962 de 2005, referente a la gratuidad
de formularios, pues ni el Departamento de Santander ni el contratista venden
formularios dentro del trámite de recaudo de las rentas departamentales, en razón a
que el objeto pactado en los contratos corresponde 1) al trámite que se realice para el caso
del impuesto de vehículos y registro, y 2) por asignación fija por derechos del servicio de sistematización,
automatización de procesos y procedimientos administrativos de conformidad a la disposición legal
vigente (Ordenanza 012 de 2005) para el caso del recaudo de Estampillas Departamentales . De tal
forma que el valor fijado en el Decreto 0005 de 2006 tampoco corresponde al valor por
formulario, como pretende hacerlo ver la parte demandante, sino al valor del trámite.

Por todo lo anterior, se configuró un error de interpretación de la norma por parte del
accionante, por cuanto las palabras trámite, sistematización, automatización y
formulario no son sinónimas ni similares entre ellas, aunque de estas se puedan
desprender actividades propias de la administración departamental.

En todo caso, la sociedad se limitó al cumplimiento de las obligaciones asignadas en
la ejecución de los objetos contractuales, conducta que denota su buena fe como
participante, oferente y adjudicatario de los procesos contractuales adelantados con el
Departamento de Santander.

Propuso las excepciones de: 1. Autonomía de las entidades territoriales y competencia
de la Asamblea para la expedición de las normas objeto de acusación; 2. Ineptitud de
la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones; 3. Inexistencia de los motivos de nulidad; 4. Primacía del interés general
sobre el particular; 5. Indebida interpretación de la Ordenanza 012 de 2005, artículo
60 y Decreto 005; 6. Desequilibrio presupuestal por parte del departamento; 7.
Indebida interpretación el sistema y método; y 8. Genérica.

SENTENCIA APELADA

El tribunal anuló la norma demandada y no condenó en costas por tratarse de un
asunto de interés público, invocando las siguientes razones:

La Sección Cuarta del Consejo de Estado ha emitido pronunciamientos previos 4
relacionados con los derechos de sistematización debatidos, originados con ocasión
de la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores, en los que se ha
considerado que dicho cobro tiene la naturaleza propia de los impuestos. Conforme

4
Sentencias de 7 de mayo de 2015, exp. 20152; de 12 de noviembre de 2015, exp. 19449; de 23 de junio de 2022, exp. 25816.
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con tales pronunciamientos, el Departamento de Santander trasgredió el principio de
legalidad, al crear un tributo directamente, atribuyéndose funciones que
constitucionalmente están radicadas privativamente en el legislador, puesto que el
inciso 2 del artículo 338 Superior –en el que fundamentó sus actuaciones– únicamente
autoriza a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales a fijar las
tarifa de las tasas y contribuciones respecto de tributos que previamente hayan sido
creados por la Ley; por lo tanto, el ente territorial demandado omitió armonizar el
artículo 338 de la CP con los artículos 287 y 300 ejusdem, ya que fijó la tarifa de un
tributo que no está creado por la Ley y, además, estableció el sistema y el método de
su recaudo, lo que desconoce los límites de la facultad impositiva con que cuentan los
entes territoriales.

Fijó los efectos de la nulidad declarada ex tunc, solo para aquellas situaciones jurídicas
que no se encuentran consolidadas, en las cuales el contribuyente afectado puede
intentar en sede administrativa y/o judicial la devolución del valor pagado por los
derechos del servicio de sistematización discutidos.

No condenó en costas, en atención a que se ventilaba un interés público.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, solicitó se revoque y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

La apoderada del Departamento de Santander adujo que la sentencia es nula por
haber pretermitido una fase procesal. Al efecto, explicó que, contra el auto dictado en
audiencia inicial, que negó unas pruebas solicitadas por la parte demandada, se
interpuso recurso de apelación, el cual no había sido resuelto al momento de proferirse
la sentencia de primera instancia, por lo que pidió la nulidad del proceso a partir de la
sentencia apelada.

La decisión cuestionada carece de congruencia interna, pues no aborda de forma
concreta la presunta vulneración del ordenamiento jurídico por parte de las normas
cuestionadas. Y, aunque la sentencia cuenta con una nutrida relación de
jurisprudencias que presuntamente tratan tesis similares, lo cierto es que no cuenta
con la explicación sustancial y de derecho respecto de los actos cuestionados, lo que
diluye el principio de legalidad y desdibuja la integridad del orden jurídico. También
carece de congruencia externa porque no abarcó el estudio de los argumentos
presentados por las partes.

En lo que refiere al fondo del asunto, insistió en que el cobro efectuado por el
departamento no tiene la naturaleza de tributo, y adujo que la sentencia apelada no
hizo una sola referencia concreta a tal punto, sino que, apoyado en la aplicación
jurisprudencial que aparentemente cuenta con patrones fácticos similares, determinó
la naturaleza tributaria de estos derechos, sin desarrollar una explicación de esas
decisiones jurisprudenciales en este caso concreto, lo cual no corresponde con la
fijación del litigio.

La sociedad Sistemas y Computadores S.A. también pidió la nulidad de todo lo
actuado desde el momento del decreto y práctica de pruebas, a fin de que se

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practiquen las pruebas solicitadas, cuya procedencia estaba pendiente de ser resuelta
por el Consejo de Estado al momento de proferirse la sentencia.

Adujo que carece de legitimación para obrar como demandada en el presente proceso,
al no ser la titular jurídico sustancial en la que se funda la pretensión, pues no tiene
nada que ver con el ordenamiento jurídico del departamento de Santander, ni con la
emisión de ordenanzas y decretos que regulan impuestos territoriales, ni ha celebrado
ningún tipo de negocio jurídico ni negocios contractuales o comerciales con los
accionantes, con lo cual no tiene legitimación para continuar con el desarrollo de una
posible litis con los demandantes.

La sentencia no se refirió a la afectación e intervención de un tercero de buena fe, cuya
relación contractual existe con el Departamento de Santander para la prestación de
servicios del para el proceso de sistematización. Sistemas y Computadores S.A.,
simplemente se circunscribió al cumplimiento de las obligaciones que le fueron
asignadas en la ejecución de los objetos de los contratos suscritos con el referido
Departamento. En consecuencia, se deberían amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues, «[a]l existir elementos
probatorios veraces aportados tanto por la accionante como por la autoridad convocada, el juez de tutela
debió dar aplicación al principio invocado pero siquiera se tuvo en cuenta la valoración probatoria, por
tanto se advierte la trasgresión de sus prerrogativas constitucionales, con elementos probatorios
suficientes para conceder el resguardo irrogado, pero que como se ha manifestado, el fallador no lo ha
tenido en cuenta».

También incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa, debido a que no se
valoró el material probatorio allegado al proceso, desestimando las pruebas solicitadas
y minimizando el alcance probatorio que efectivamente demostraban. Dichas pruebas
eran determinantes para esclarecer los hechos del proceso, puesto que demostraban
la realidad de los alcances tecnológicos y no la venta de un documento.

La sociedad insistió en que los cobros efectuados no son de tipo impositivo, sino
trámites de actualización tecnológica, que nada tienen que ver con el acápite
jurisprudencial citado, como lo dedujo de forma errónea el Juez en primera instancia.

A continuación, se reafirmó en la inexistencia de los motivos de nulidad, y definió los
conceptos de sistematización, automatización de procesos administrativos y trámite,
para concluir que el concepto de violación expone de manera equivocada la
vulneración del artículo 16 de la ley 962 de 2005, referente a la gratuidad de
formularios, pues ni el Departamento de Santander ni el contratista venden formularios
dentro del trámite de recaudo de las rentas Departamentales.

PRONUNCIAMIENTOS EN SEGUNDA INSTANCIA

La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio. Los demandantes, por
su parte, remitieron memorial en el que solicitaron dar celeridad al proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos de la fijación del litigio, la Sala decide sobre la demanda de nulidad
instaurada en contra del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2 de mayo de 2005 «Por
la cual se regulan aspectos del régimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos

8
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Demandante: NICANOR MOYA CARRILLO Y OTRO

departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de Santander y se otorgan al señor
gobernador unas facultades ordinarias», expedida por la Asamblea Departamental de
Santander, y del Decreto 0005 de 3 de enero de 2006 «Por medio del cual se modifica
parcialmente el Decreto 0049 de 2002» dictado por el Gobernador del mismo Departamento.

Cuestiones preliminares. Solicitud de nulidad5. Falta de legitimación por pasiva.

La apoderada del Departamento de Santander adujo que la sentencia es nula por
haber pretermitido una fase procesal. Explicó que, contra el auto dictado en audiencia
inicial, que negó unas pruebas solicitadas por la parte demandada, se interpuso
recurso de apelación, el cual no había sido resuelto al momento de proferirse la
sentencia de primera instancia, por lo que pidió la nulidad del proceso a partir de la
sentencia apelada. De igual forma, la sociedad Sistemas y Computadores S.A. pidió
la nulidad de todo lo actuado, a fin de que se practiquen las pruebas solicitadas, cuya
procedencia estaba pendiente de ser resuelta por el Consejo de Estado al momento
de proferirse la sentencia objeto de apelación.

Para resolver, la Sala anticipa que las solicitudes incoadas deben desecharse, por
cuanto los argumentos en los que se sustentan carecen de asidero jurídico. Lo anterior,
con fundamento en las siguientes razones:

El artículo 243 del CPACA, establece, de manera taxativa, las providencias
susceptibles del recurso de apelación y, en el numeral 7, expresamente consagra que
el auto «que niegue el decreto o la práctica de pruebas» es apelable. A su turno, el parágrafo
1 del mismo artículo dispone que «El recurso de apelación contra las sentencias y las
providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La
apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en
contrario. […]» (Se subraya). En tal sentido, el auto que niega el decreto o práctica de
pruebas es apelable y dicho recurso se surtirá en el efecto devolutivo.

Al efecto, en el expediente se encuentra acreditado que, mediante Auto de 25 de
febrero de 20226, el Tribunal Administrativo de Santander negó el decreto y práctica
de unas pruebas solicitadas con las contestaciones a la demanda presentadas por el
Departamento de Santander y Sistemas y Computadores SA. Dicha providencia fue
objeto de recursos de apelación, concedidos por el a quo mediante auto del 11 de julio
de 20247, en el efecto devolutivo.

Así, contrario a lo manifestado por la parte demandada, la Sala considera que no se
pretermitió fase procesal alguna por el hecho de que el Tribunal hubiere dictado
sentencia sin haberse resuelto el recurso de apelación contra el auto que negó el
decreto y practica de las pruebas solicitadas con la contestación, pues esta
circunstancia no impedía al Tribunal pronunciarse respecto de las pretensiones de la
demanda, comoquiera que el recurso fue concedido en efecto devolutivo, según el
cual, conforme con el artículo 323 del CGP, no se suspenden los efectos de la decisión
controvertida, ni el curso del proceso.

5
Por celeridad y economía procesal, la Sala resolverá las solicitudes de nulidad presentadas por la parte demandada con el
recurso de apelación, no sin antes aclarar que estas debieron ser resueltas por el Tribunal antes de conceder el referido recurso.
6
SAMAI Tribunal, Índice 76.
7
SAMAI Tribunal, Índice 85.
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En todo caso, se advierte que, mediante Auto de 2 de octubre de 20258, el magistrado
ponente resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de 25 de
febrero de 2022, en el sentido de rechazar por improcedente el recurso de apelación
interpuesto por las demandadas contra la decisión que negó el decreto de la inspección
judicial solicitada y confirmó la decisión que negó el decreto de las pruebas
documentales y testimoniales, por inconducentes e impertinentes.

Por lo anterior, no prospera la solicitud de nulidad del proceso presentada por la parte
demandada.

Por su parte, Sistemas y Computadores SA manifestó no tener legitimación en la
causa por pasiva para actuar en el presente proceso, por no ser el titular jurídico
sustancial en la que se funda la pretensión, pues, manifiesta no tener injerencia en el
ordenamiento jurídico del Departamento de Santander, ni en la emisión de ordenanzas
y decretos que regulan impuestos territoriales, ni ha celebrado negocios jurídicos,
contractuales o comerciales con los accionantes.

Al efecto, la Sala precisa que el artículo 171 del CPACA en sus numerales 1 y 3
establece:

«[…] El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que
le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada,
mediante auto en el que dispondrá:

1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor.

[…].

3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones
acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso. […]».

Del texto de la norma transcrita, se advierte que en el proceso administrativo
intervienen la parte actora, la parte demandada y los terceros con interés directo, esto
es, los que tienen una real y genuina vocación de parte, sin cuya comparecencia no
puede proferirse la decisión, porque los afecta directamente 9.

Así, en el caso en el que se demandan los actos administrativos expedidos por una
entidad territorial, como en el sub examine, el contradictorio se integra, de un lado, por
el extremo pasivo, constituido por la o las entidades públicas que participaron en la
conformación del acto administrativo demandado, y, de otro, por los terceros con
interés directo en las resultas del proceso.

En el caso se encuentra acreditado que el Departamento de Santander adelantó el
proceso licitatorio No. HD-LP2015-001, que culminó con la adjudicación del contrato
No. 2354 del 19 de junio de 2015 a la sociedad Sistemas y Computadores SA, cuyo
objeto era el de la «PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING A
TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE LE PERMITA AL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER CONTAR CON LOS MEDIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL
MANEJO DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LOS

8
Exp. 29115, SAMAI, índice 5.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201701009011100103
9
Que son los mismos litisconsortes necesarios a que se refiere el artículo 61 del CGP.
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IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y REGISTRO»10, hecho no controvertido en
el proceso.

En consideración a lo anterior, en la Audiencia inicial realizada el 29 de octubre de
2018, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander resolvió vincular
al proceso a la firma Sistemas y Computadores S.A., como tercero interesado, en
atención a que «los valores que contribuyente paga por concepto de servicios administrativos los
recauda un tercero-contratista por lo que le pregunta a la apoderada del demandado que identifique el
contratista, y precise si el contrato se nutre con la plata que se recauda. La apoderada señala que el
contratista se llama Sistemas y Computadores, y que si se accede a pretensiones éste será un tercero
interesado, pues su actividad se financia con la plata que se recauda en virtud de los actos
demandados»11.

En cumplimiento de la orden proferida en la audiencia inicial, la sociedad Sistemas y
Computadores S.A. fue vinculada al proceso de la referencia y notificada de la
demanda. Posteriormente, mediante escrito radicado el 22 de enero de 2019 presentó
contestación y propuso las excepciones de presunción de legalidad de los actos
administrativos, debido proceso de la ley de contratación, principio de buena fe
contractual, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y la excepción
genérica12, sin manifestación alguna respecto de la falta de legitimación en la causa
por pasiva que ahora alega, pese a ser la oportunidad procesal correspondiente para
manifestarlo.

En todo caso, la Sala precisa que si bien la sociedad no participa en la expedición de
los actos acusados, ni tiene injerencia en el ordenamiento jurídico del Departamento
de Santander, o celebrado negocios jurídicos, contractuales o comerciales con los
accionantes, como alega en el escrito de apelación, lo cierto es que su vinculación a
este trámite es necesaria, por cuanto el resultado de la pretensión de nulidad puede
generarle afectación directa, en tanto que es la sociedad encargada de la
implementación de la plataforma tecnológica necesaria para el manejo de la
información tributaria y la atención de los contribuyentes de los impuestos sobre
vehículos automotores y de registro, y su pago, según la forma pactada en el contrato,
proviene de los recursos de los contribuyentes, el cual es liquidado en el mismo recibo
de pago de los impuestos que debe tramitar. En consecuencia, la declaratoria de
nulidad de los actos acusados impacta directamente la ejecución del contrato que
suscribió con el Departamento de Santander, razón suficiente para negar la solicitud
de declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Problema jurídico

Dilucidado lo anterior y conforme con los planteamientos de la parte apelante, esta
corporación deberá determinar (i) si la sentencia apelada carece de congruencia
interna y externa; (ii) si los derechos de sistematización establecidos en los actos
acusados constituyen o no un tributo, y (iii) si con las disposiciones demandadas, la
Asamblea Departamental y la Gobernación de Santander vulneraron el principio de
legalidad y actuaron sin competencia.

Principio de congruencia

10
Folio 7 contestación a la demanda de Sistemas y Computadores SA.
11
Pág. 2, Acta de Audiencia inicial.
12
SAMAI Tribunal, índice 34.
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El Departamento de Santander, en su recurso de apelación alegó que la sentencia
apelada carece (i) de congruencia interna, pues no aborda de forma concreta la
presunta vulneración del ordenamiento jurídico por parte de las normas cuestionadas;
y (ii) de congruencia externa, porque no abarcó de forma concreta el estudio de los
argumentos presentados por las partes.

Al respecto, el artículo 187 del CPACA establece que la sentencia tiene que ser
motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

Por su parte, el artículo 281 del CGP se refiere al principio de congruencia y señala
que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades legales, y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

De las referidas normas proviene el principio de congruencia de la sentencia, en sus
dos significados: como armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo -congruencia
interna- y como conformidad entre la decisión y lo pedido por las partes en la demanda
y en su contestación -congruencia externa-.

La Sala, de forma reiterada ha expuesto que el citado principio persigue la protección
del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto
a consideración del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho
de defensa de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandado, y en la
contestación, si la posición procesal es la del demandante 13.

En virtud del principio de congruencia, las decisiones judiciales deben guardar
correspondencia con las pretensiones formuladas, las pruebas allegadas y las
excepciones planteadas en el curso del proceso, lo que garantiza que el juez solo se
pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ultra petita, adoptando decisiones que
van más allá de lo pedido, ni extra petita, al reconocer algo que no se solicitó.

Para la Sala, la sentencia apelada es completamente congruente, pues contiene plena
armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo -congruencia interna-. La decisión
expuso las razones por las cuales las normas acusadas infringieron el principio de
legalidad del tributo y, como consecuencia, declaró su nulidad.

En lo que refiere a la falta de congruencia externa, el Departamento de Santander
considera que, si bien la decisión apelada cuenta con una nutrida relación de
jurisprudencia que presuntamente aborda tesis similares, no explica sustancialmente
por qué el cobro cuestionado particularmente es considerado un tributo. Sin embargo,
tal argumento desconoce que las consideraciones traídas de la sentencia de 7 de mayo
de 201514, proferida por esta Sección, aclaran las razones por las cuales los cobros
por sistematización tienen tal naturaleza de tributo. En tal sentido, la decisión fue
adoptada teniendo en cuenta los argumentos expuestos tanto en la demanda como en

13
Sentencias de 26 de julio de 2012, exp. 18380, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; de14 de agosto de 2013, exp. 18580,
CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; de 4 de agosto de 2022, exp. 25981, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras,
reiteradas en sentencia de 3 de abril de 2025, exp. 29224, CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
14
Exp. 20152, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
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la contestación, las normas consideradas como infringidas y se advierte que la
sentencia estuvo conforme con lo pedido por las partes en la demanda y en su
contestación, con lo cual se descarta la aludida falta de congruencia externa.

Naturaleza tributaria de los cobros a derechos por el servicio de sistematización
y asistencia al contribuyente. Competencia de las entidades territoriales en
materia impositiva.

La parte apelante asegura que, contrario a lo afirmado por los demandantes, el valor
a cobrar no corresponde a un impuesto ni a emolumento de origen tributario –llámese
tasa, impuesto o contribución– sino al pago de un servicio por las actividades que desarrolla
el contratista para que el Departamento pueda administrar, controlar, fiscalizar y
recaudar los impuestos a su cargo.

Para resolver, la Sala reiterará pronunciamientos previos15 relacionados con los
«derechos de sistematización» aquí debatidos, originados con ocasión de la liquidación
del impuesto sobre vehículos automotores, en las que se han considerado tales cobros
como un tributo, bajo los siguientes argumentos:

«[…] 3.5. Para la Sala, la exacción impuesta en la norma demandada se asimila a un
impuesto, por las razones que pasan a explicarse.

3.5.1. El gravamen es una prestación de carácter unilateral y obligatorio. El tributo es
impuesto por el departamento sin darle al contribuyente la posibilidad de escoger si
presenta la declaración del impuesto de vehículos por su cuenta, como se lo permite la ley
que creó el tributo, o por medio de la liquidación que emite la entidad territorial en desarrollo
del servicio de sistematización.

[…]

3.5.2. El gravamen no constituye una contraprestación por la realización de un servicio
público -elemento consustancial de las tasas y contribuciones- puesto que lo que pretende
realmente el departamento es cobrar por el cumplimiento de una función administrativa,
que se manifiesta en la potestad tributaria de la que es titular la Administración.

Eso es lo que refleja la norma demandada al supeditar el cumplimiento de esas
obligaciones, al pago de dichos dineros por parte del contribuyente.

3.5.2.1. Al respecto no está de más recordar la distinción entre servicio público y función
administrativa.

El servicio público es entendido como aquella actividad organizada dirigida a satisfacer
necesidades de interés general, en forma regular y continua, por parte del Estado, en forma
directa, o por particulares expresamente autorizados para ello, con sujeción a un régimen
jurídico especial16.

Por su parte, la función administrativa es una especie dentro del género de la función
pública17 y ha sido definida por la jurisprudencia constitucional18 como el conjunto de tareas
y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de
desarrollar sus funciones y cumplir con los diferentes cometidos y, de este modo, asegurar

15
Sentencias del 7 de mayo de 2015, exp. 20152, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 12 de noviembre de 2015, exp.
19449, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
16
Artículos 365 a 368 de la Constitución Política.
17
La función pública atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder
público, de los órganos autónomos e independientes y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus
diferentes fines.
18
C-722 de 1999 y T-648 de 2013.
13
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la realización de sus fines19. Generalmente, se traduce en el señalamiento de conductas,
la expedición de actos unilaterales y el ejercicio de coerción.

De esta forma podemos concluir que el servicio público se manifiesta esencialmente en
prestaciones a los particulares, mientras que la función pública se exterioriza a través de
otros mecanismos que requieren de las potestades públicas y que significan, en general,
el ejercicio de la autoridad inherente al Estado20.

3.5.2.2. La liquidación del tributo que emite la Gobernación (…) -Secretaría de Hacienda-,
bajo el denominado “servicio de sistematización y asistencia al contribuyente”, realmente
se deriva del ejercicio de una función que le fue asignada como autoridad administrativa:
velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales21.

Es por eso que se enmarca dentro del ámbito de una función de carácter administrativo,
consistente en definir el monto de la obligación de cada uno de los sujetos pasivos del
impuesto de vehículos, para asegurar el recaudo del tributo.

[…].

3.5.2.4. Las razones expuestas permiten entender que el gravamen tampoco encuadra
dentro de la categoría de los precios públicos, que corresponden a ingresos no tributarios
cuya causa jurídica es la autorización para acceder al uso temporal de bienes y servicios
públicos y que se caracterizan porque son voluntarios para quien los paga, pues su
adquisición depende de la iniciativa de quien los demanda.

[…]

3.5.2.5. Las anteriores características no se presentan en el gravamen estudiado, en tanto
este se cobra por el cumplimiento de una función administrativa y no como contraprestación
de un servicio que puede utilizar o no el ciudadano.

Se trata de una imposición de ineludible acatamiento para todos aquellos que encajen dentro
de los presupuestos contemplados en la norma – contribuyentes del impuesto de vehículos-.
[…]».

Entonces, al tratarse de un cobro (i) por una prestación de carácter unilateral y obligatoria, (ii) no
constitutivo de una contraprestación por la realización de un servicio público, y (iii) al derivarse del
ejercicio de una función que le fue asignada como autoridad administrativa: velar por la exacta
recaudación de las rentas departamentales, cumple con los requisitos para ser calificado
como un tributo en los términos de la jurisprudencia en cita. En tal sentido, la Sala
considera que el cobro demandado corresponde a un tributo, respecto del cual,
conforme con las pretensiones de la demanda, no cuenta con autorización ni creación
mediante ley del Congreso, por lo que debe ser anulado.

Al respecto, la Sala reitera22 que conforme con los artículos 1, 287 y 300 de la CP, los
departamentos —y demás entes territoriales— cuentan con autonomía para la gestión de
sus intereses, lo cual implica la potestad para administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En concordancia, el artículo
338 ib. les reconoce a tales entidades la potestad normativa para regular sus tributos,
disposición que debe interpretarse armónicamente con lo previsto por los artículos 287
y 300 Superiores, según los cuales el ámbito de autonomía de los departamentos se

19
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, el ejercicio de la función administrativa debe ser
orientada por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y su desempeño
está enfocado a la consecución del interés general y la realización de los fines esenciales del Estado que han sido consagrados
en el artículo 2 de la Carta Política.
20
C-037 de 2003.
21
El numeral 11 del artículo 305 de la Constitución Política dispone que una de las atribuciones del gobernador es la de velar por
la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias
por la Nación.
22
Sentencia del 23 de junio de 2022, exp. 25816, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14
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sujeta a «los límites de la Constitución y la ley», afirmación a partir de la cual la Sala ha
concluido que en nuestro régimen constitucional no pueden existir tributos territoriales
sin una ley que les anteceda, pues «[S]e requiere de una co-legislación en la que el régimen de
cada figura tributaria territorial concreta se determine con la intervención del Estado, a través de la ley,
y del ente territorial, mediante ordenanza o acuerdo, según sea el caso»23.

Por tal razón, como lo ha sostenido reiteradamente esta Sección 24, los límites de la
potestad tributaria de los entes territoriales les impiden crear tributos, en sentido
estricto. Solo podrán establecerlos en sus respectivas jurisdicciones, a través de sus
órganos de representación popular, cuando una ley los haya creado.

Conforme con los planteamientos esgrimidos, la Sala considera que el ente territorial
demandado no tenía potestades normativas para establecer un cobro por derechos de
sistematización, automatización de procesos y procedimientos administrativos, en los
impuestos de vehículos y registro. Al respecto, está probado que la Asamblea
departamental de la entidad demandada profirió el artículo 60 de la Ordenanza 012 de
2005, que establece el cobro por «Derechos del servicio de sistematización, automatización de
procesos y procedimientos administrativos, en los impuestos de vehículos y registro». Sin embargo,
de acuerdo con las premisas jurídicas antes expuestas, al margen de su tipología, no
se advierte la existencia de una ley que haya creado o autorizado un cobro con las
características del tributo en mención, por lo cual la Sala concluye que la demandada
carecía de competencia para implementarlo. No prospera el cargo de apelación.

Por último, la Sala considera que la declaratoria de nulidad de las normas acusadas
se adoptó en aras de preservar el ordenamiento jurídico, por cuanto se encontró
acreditada la vulneración del principio de legalidad del tributo y la falta de competencia
de la autoridad demandada para establecer tributos sin autorización legal, lo que en
nada transgrede la buena fe contractual que la demandante alega no haberse tenido
en cuenta al momento de decidir.

Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condenará en
costas, atendiendo a que se ventila un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones expuestas.

2.- Sin condena en costas.

23
Exp. 25816, cit.
24
Sentencias del 25 de marzo de 2010, exp. 16428, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 7 de febrero de 2013, exp.
18885, CP. William Giraldo Giraldo; del 5 de junio de 2014 y del 5 de febrero de 2015, exps. 19945 y 20654, CP. Martha Teresa
Briceño de Valencia; del 14 de mayo de 2015, exp. 19548, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 2 de mayo de 2019, exp.
23258, CP. Milton Chaves García; del 29 de abril de 2020 y del 30 de julio de 2020 exps. 24462 y 24117, CP. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
15
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Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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