Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01103-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01103-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01103-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01103-02 (7621-2023)
Demandante: Luz Marina Acuña Acevedo
Demandado: Ministerio de Educación Nacional y otro.
Tema: Compatibilidad pensional.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda al concluir que la pensión de
invalidez previamente reconocida a la docente y la pensión
de jubilación reclamada son incompatibles.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia de primera instancia del 7 de octubre de 2021 dictada por el Tri-
bunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Luz Marina Acuña Acevedo, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y por medio de apoderado, presentó demanda 1 en
contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
la Secretaría de Educación de Bucaramanga con el objetivo que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 21 de febrero de 2017,
por medio del cual se negó el reconocimiento pensional de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene el reconoci-
miento y pago de la prestación en los términos de la Ley 33 de 1985, liquidada
de conformidad con esta misma norma y con inclusión de los factores salariales
de carácter convencional que le son aplicables. De igual manera, solicitó que las
sumas adeudadas sean indexadas según la variación del IPC certificada por el
DANE y, además, se le reconozca y paguen los intereses moratorios a los que
tiene derecho según lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. Por último, que se condene en costas y agen-
cias en derecho a la parte demandada.
1 Según acta de reparto, la demanda fue presentada el 18 de agosto de 2017.
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Demandante: Luz Marina Acuña Acevedo
3. Nació el 20 de diciembre de 1957 y cumplió 55 años en el año 2012. Prestó
sus servicios al sector oficial de educación entre el 12 de abril de 1983 y el 22 de
noviembre de 2011 por vinculación con la Secretaría de Educación de Bucara-
manga.
4. Mediante Dictamen No. MLSA 080 del 23 de noviembre de 2011, Fidupre-
visora calificó a la demandante con una pérdida de capacidad laboral del 95.5%
de origen laboral y fecha de estructuración del 22 de noviembre de 2011. En
consecuencia, la Secretaría de Educación de Bucaramanga le reconoció una
pensión de invalidez a través de la Resolución No. 0610 del 20 de marzo de 2012,
efectiva a partir del 23 de noviembre y en cuantía de $ 2.730.743.
5. El 11 de abril de 2013, la demandante presentó un derecho de petición
ante la mencionada Secretaría con el propósito de que le fuera reconocida la
pensión de jubilación. En respuesta del 3 de mayo de 2013, la entidad negó la
prestación al encontrar que era incompatible con la pensión de invalidez que ya
percibía. Reiteró la solicitud y mediante Resolución No. 2824 del 8 de octubre de
2013, la Secretaría negó el reconocimiento bajo las mismas consideraciones; de-
cisión que fue confirmada en sede de reposición mediante Resolución No. 0471
del 13 de febrero de 2014. Tras una tercera y cuarta petición, la entidad negó el
reconocimiento pensional en Resolución No. 0471 del 13 de febrero de 2014 y
escrito del 21 de febrero de 2017.
6. Como concepto de la violación, adujo que el acto administrativo cuya nuli-
dad demandó incurrió en falsa motivación y desconoció las normas en que debía
fundarse. Aseguró que la Secretaría no presentó los fundamentos jurídicos para
sustentar su decisión, vulneró su derecho al debido proceso, ignoró el principio
de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política y omitió justificar
su criterio a partir de las normas que rigen el sistema pensional de servidores
públicos.
7. Por otro lado, argumentó ser beneficiaria del régimen de transición, de ahí
que fuera procedente aplicar los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 para la
verificación de requisitos de edad y tiempo de la pensión. Ahora, para defender
la compatibilidad de las prestaciones en cuestión, mencionó que la Corte Su-
prema de Justicia y el Consejo de Estado han permitido la concurrencia simultá-
nea entre la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión gracia y entre
la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de jubilación. Lo ante-
rior, porque cubren riesgos diferentes y manejan fuentes de financiación indepen-
dientes.
8. Por último, a partir de sentencias del 7 de junio de 1980 y 4 de agosto de
2010 dictadas por el Consejo de Estado, alegó que todo concepto que hubiese
devengado como servidora pública debía entenderse como factor salarial. Por lo
tanto, afirmó tener derecho a la liquidación de la prestación con la integración de
los siguientes ingresos: asignación básica, subsidio de alimentación, prima de
vacaciones, prima de navidad, auxilio de movilización, subsidio de transporte,
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prima de alimentación, prima especial de riesgo, prima de clima, prima de insta-
lación y prima de antigüedad
Contestación de la demanda
9. En audiencia inicial del 3 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander dio por no contestada la demanda toda vez que el Ministerio de Edu-
cación y el Municipio de Bucaramanga no allegaron los respectivos poderes de-
bidamente otorgados para actuar en el proceso.
Decisión de las excepciones previas
10. De manera oficiosa, en audiencia inicial, el a quo declaró probada la falta
de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Bucaramanga. Pese a
que el acto cuya nulidad se demandó fue expedido por la entidad, determinó que
ello obedeció a las funciones que le fueron conferidas a nombre del FOMAG se-
gún el artículo 9° de la Ley 91 de 19892 y el artículo 56 de la Ley 692 de 20053.
11. La parte demandante apeló la anterior decisión con fundamento en el ar-
tículo 55 de la Ley 692 de 20054. Mediante auto del 12 de noviembre de 2020, el
despacho sustanciador resolvió confirmar dicha declaratoria con base en los ar-
tículos 2°, 3°, 4° y 5° del Decreto 2831 de 2005.
Sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la de-
manda a través de sentencia del 7 de octubre de 2021.
13. Advirtió que la determinación del régimen prestacional de docentes se de-
finía a partir de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial. Si la persona
ingresó antes del 27 de junio de 2003, el régimen aplicable correspondía a la Ley
2 Ley 91 de 1989. Por la cual se crea el Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio.
“ARTÍCULO 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Socia-
les del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional,
función que delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales”.
3 Ley 692 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y proce-
dimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios. “ARTÍCULO 56. Las prestaciones sociales que
pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado
Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo,
el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconoci-
miento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad
territorial”. Artículo derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, 'por el cual se expide el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”'.
4 Ibidem. “ARTÍCULO 55. SUPRESIÓN DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
DE HIGIENE, Y SEGURIDAD POR EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. El artículo
349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así: "Los empleadores que tengan a su servicio
diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y
seguridad, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se
trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento
de esta disposición”.
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91 de 1989 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. En
contraste, si el ingreso ocurría después de esa fecha, el régimen correspondía a
la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.
14. Frente a la compatibilidad de prestaciones a las cuales puede tener dere-
cho el personal docente, explicó que el artículo 5° del Decreto 224 de 1972 per-
mite que docentes jubilados continúen ejerciendo la profesión sin que ello impida
el pago simultáneo entre pensión y salario. De igual manera, el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989 reconoce la posibilidad de que estos servidores perciban de ma-
nera paralela el pago de pensión gracia y la pensión ordinaria de vejez. No obs-
tante, esa misma compatibilidad no se predica sobre la pensión de invalidez pues
el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 expresamente prohíbe la doble erogación
con la pensión de jubilación y, en su lugar, prevé que el docente podrá escoger
por la que le resulte más favorable.
15. En respaldo de este último criterio, citó extensa jurisprudencia del Consejo
de Estado5 que prohíbe la percepción sincrónica entre la pensión de jubilación y
de invalidez, dado que (i) se originan en una misma relación laboral, (ii) se finan-
cian con los mismos aportes, (iii) aunque por circunstancias distintas, ambas am-
paran el riesgo de pérdida de capacidad laboral. En torno a la aplicación de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que admite la compatibilidad entre
estas asignaciones, determinó que el órgano de cierre de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa señaló la improcedencia de dicho criterio por tratarse de su-
puestos fácticos y jurídicos distintos, comoquiera que los aportes provienen de la
misma fuente y están a cargo de la misma entidad, esto es, el FOMAG.
16. Al estudiar el caso en concreto, estableció que el reconocimiento de la
pensión de invalidez que recibió la demandante se hizo en virtud de los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, régimen que proscribe la compati-
bilidad entre la pensión de invalidez y la de jubilación. Asimismo, consideró que
el artículo 13 de la Ley 100 de 19936, régimen bajo el cual se le reconoció la
pensión de invalidez a la señora Acuña, prohibió explícitamente la percepción de
estas dos prestaciones. Por lo tanto, concluyó que el acto administrativo cuestio-
nado fue expedido conforme el ordenamiento jurídico.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno:
1793 -2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Sub-
sección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente
Gabriel Valbuena Hernández; y más recientemente iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2021, Consejero
Ponente Rafael Francisco Suarez Vargas, número interno: 4785-17.
6 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. “ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.
El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: (…) j. Ningún afiliado po-
drá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”.
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17. Condenó en costas a la parte demandante en virtud del numeral 1° del
artículo 365 del CGP, así como el artículo 188 del CPACA, pues fue vencida en
el proceso.
Recurso de apelación
18. La demandante apeló la anterior decisión a efectos de que sea revocada
y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
19. Cuestionó la conclusión del a quo según la cual la compatibilidad de las
prestaciones objeto de controversia debía analizarse con fundamento en el ar-
tículo 31 del Decreto 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969. Al respecto, sos-
tuvo que, en atención al origen laboral de la contingencia y a que la pérdida de
capacidad laboral se estructuró el 22 de noviembre de 2011, conforme al respec-
tivo dictamen, el régimen aplicable para determinar el reconocimiento de la pres-
tación era el previsto en la Ley 100 de 1993, normativa que, a su juicio, también
debía regir el análisis de la compatibilidad entre las prestaciones reclamadas.
20. En desarrollo de lo anterior, aseguró que el artículo 279 ibidem exceptuó
al personal docente oficial únicamente respecto de la compatibilidad entre la pen-
sión de vejez y la de gracia, razón por la cual correspondía aplicar el Sistema
General de Pensiones para los demás asuntos. Igualmente, sostuvo que los De-
cretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 no reglamentaron la pensión de invalidez
por origen laboral, sino que (i) el artículo 14 del Decreto 3135 de 1968 previó el
reconocimiento y pago de la prestación a cargo de la entidad de previsión social
a la cual se encontrara afiliado el servidor y (ii) los artículos 14 y 16 del Decreto
1848 de 1969 contemplaron el reconocimiento de un subsidio de incapacidad e
indemnización como prestaciones económicas de origen laboral.
21. Por otro lado, insistió en la implementación de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia bajo el argumento de que la pensión de invalidez de origen
laboral cubría el riesgo derivado del trabajo, mientras que la pensión de jubilación
amparaba la seguridad económica del trabajador luego de retirarse del mundo
laboral.
22. Sumado a esto, explicó que los docentes pensionados por invalidez no
tienen ningún impedimento en sus habilidades o conocimientos para reincorpo-
rarse al mercado laboral, de ahí que no fuera contrario al ordenamiento el que un
pensionado por invalidez continuara cotizando ante el sistema general de pen-
siones.
23. Por último, advirtió que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha inter-
pretado de manera equivocada el espíritu de la norma, razón por la cual debía
acogerse la postura de la Corte Suprema de Justicia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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24. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación presentado por la demandante y corrió traslado de este
a la demandada para que se pronunciara al respecto, así como al Ministerio Pú-
blico para que rindiera concepto jurídico.
25. Agotado el término previsto, el Ministerio de Educación y la Procuraduría
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si le la pensión de jubilación que
pretende la demandante le sea reconocida con ocasión del tiempo de servicios
prestados como docente oficial, es compatible con la pensión de invalidez de
origen laboral reconocida previamente por la Secretaría de Educación de
Bucaramanga mediante Resolución No. 0610 del 20 de marzo de 2012, o si por
el contrario, la concurrencia de ambas prestaciones desconoce la prohibición de
percibir más de una asignación proveniente del erario.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto la pensión
de invalidez de origen laboral que percibe la demandante es incompatible con la
pensión de jubilación que pretende obtener, de conformidad con el régimen pen-
sional aplicable a los docentes oficiales vinculados al servicio con anterioridad al
27 de junio de 2003. Lo anterior, debido a que la percepción simultánea de ambas
prestaciones no está comprendida dentro de las excepciones a la prohibición
constitucional de recibir más de una asignación proveniente del tesoro público,
como se explicará a continuación.
29. El artículo 128 de la Constitución Política prohíbe desempeñar más de un
empleo público o recibir más de una asignación de manera simultánea que pro-
vengan del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte
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mayoritaria el Estado. Ahora bien, esta proscripción no refiere solamente a la per-
cepción concurrente de salarios por cuenta de varios empleos público, sino tam-
bién aquellos ingresos periódicos como las mesadas pensionales.
30. En desarrollo de lo anterior, en el artículo 19 de la Ley 4° de 1992 reiteró
esta regla jurídica y consagró una serie de excepciones según el tipo de asigna-
ción, dentro de las cuales se encuentran (i) las que reciban los profesores univer-
sitarios que se desempeñan como asesores, (ii) los honorarios percibidos por
concepto de hora-cátedra y (iii) las que beneficien a los servidores oficiales do-
centes pensionados.
31. Precisado lo anterior, para resolver la controversia resulta necesario esta-
blecer el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Si bien el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 los exceptuó inicialmente del Sistema General de
Pensiones, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 introdujo una diferenciación en
función de la fecha de vinculación al servicio. Así los docentes que ingresaran a
partir del 27 de junio de 2003 serían afiliados al FOMAG y quedaría sujetos al
régimen de prima media con prestación definida, con excepción de la edad para
acceder a la pensión de vejez. Por su parte, quienes se encontraba vinculados
con anterioridad a esa fecha conservaron el régimen pensional y prestacional que
le fuera aplicable.
32. El alcance de esta diferenciación fue precisado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en la
que además de establecer las reglas para la liquidación de la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes oficiales, se definieron los parámetros aplicables
para determinar el régimen pensional correspondiente según la fecha de vincu-
lación.
33. La Corporación también señaló que la providencia tendría efectos retros-
pectivos, es decir, sería vinculante sobre todas aquellas situaciones jurídicas pen-
dientes de ser definidas y sobre las cuales no se hubiese configurado la cosa
juzgada, tal y como ocurre en el caso de referencia.
34. En lo que concierne específicamente a la pensión de invalidez de los do-
centes sometidos al régimen anterior, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 y
las disposiciones reglamentarias pertinentes del Decreto 1848 de 1969 prevén
su incompatibilidad con la pensión de jubilación. En consecuencia, cuando con-
curran los requisitos para acceder a ambas prestaciones, no es posible su per-
cepción simultánea, por lo que el beneficiario deberá optar por aquella que le
resulte económicamente más favorable. Al respecto, la jurisprudencia del Con-
sejo de Estado ha explicado que dicha restricción obedece a que ambas presta-
ciones se estructuran a partir de los mismos aportes efectuados en vigencia de
la misma relación laboral7.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 9 de junio de 2022, radicado No. 50001- 23-33-000-2014-00095-01 (0906-2018).
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35. A partir de estas consideraciones, la Sala valorará las pruebas incorpora-
das al expediente para así identificar si existe o no compatibilidad entre la pres-
tación reclamada y la pensión que actualmente percibe. Así, Luz Marina Acuña
Acevedo (i) nació el 20 de diciembre de 19578, (ii) prestó sus servicios como
docente oficial de la Secretaría de Bucaramanga desde el 12 de abril de 1983
hasta el 22 de noviembre de 20119, (iii) a través del dictamen No. MILSA 080 del
22 de noviembre de 2011, fue calificada con una pérdida de capacidad laboral
del 95.5% de origen profesional y con misma fecha de estructuración, (iv) me-
diante Resolución No. 0610 del 20 de marzo de 2012, la Secretaría de Educación
de Bucaramanga reconoció y ordenó el pago de una pensión de invalidez en
favor de la señora Acuña en los términos de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, la Ley 91 de 1989 y la Ley 812 de 200310 y (v) en respuesta del 3 de mayo
de 2013, Resolución No. 2824 del 8 de octubre de 2013, Resolución No. 0471
del 13 de febrero de 2014 y escrito del 21 de febrero de 2017, la mencionada
Secretaría negó el reconocimiento pensional de jubilación, en consideración a la
expresa incompatibilidad prevista por el ordenamiento jurídico con la prestación
de invalidez previamente otorgada.
36. En orden a lo expuesto y teniendo en cuenta que la demandante ingresó
al servicio oficial de educación antes del 27 de junio de 2003, es claro que el
régimen aplicable para estudiar el reconocimiento pensional de jubilación corres-
ponde al previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y que, como se
reseñó anteriormente, expresamente prohíbe la compatibilidad entre las pensio-
nes de invalidez y de jubilación, comoquiera que ambas amparan las contingen-
cias a las que el docente se ve expuesto con ocasión de su situación de salud o
el paso del tiempo.
37. En consecuencia, no es de recibo para la Sala los argumentos esbozados
en el recurso de apelación. Aunque la demandante expresó que el régimen apli-
cable correspondía a la Ley 100 por ser esta la legislación vigente a fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral que le fue calificada, lo cierto
es que sus pretensiones estaban orientadas a obtener el reconocimiento pensio-
nal de jubilación, de ahí que el régimen prestacional a aplicar debía ser determi-
nado según su fecha de ingreso al servicio oficial, bien sea antes o después del
27 de junio de 2003, y no la Ley 100 como equivocadamente lo argumentó la
apelante. Tal y como lo estableció el Tribunal Administrativo de Santander.
38. En relación con la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, es pertinente recordar que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es el Consejo de Estado, motivo por el cual es la ju-
risprudencia de esta Corporación la aplicable para resolver asuntos sobre los
8 Expediente digital, archivo “001. EXPEDIENTE”, folio 3.
9 Ibidem, folios 54 – 57.
10 Ibidem, folios 10 – 11.
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cuales la jurisdicción tiene competencia y que tienen elementos fácticos y jurídi-
cos similares al precedente vigente11.
39. Por lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera ins-
tancia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander.
Condena en costas
40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
41. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 7 de octubre de
2021 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pre-
tensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada
por Luz Marina Acuña Acevedo en contra del Ministerio de Educación Nacional,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Se-
creta-ría de Educación de Bucaramanga, según las consideraciones de esta pro-
videncia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, según las conside-
raciones de esta providencia.
11 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Artículo 10.
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Radicación: 68001-23-33-000-2017-01103-02 (7621-2023)
Demandante: Luz Marina Acuña Acevedo
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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