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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01197-01

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01197-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander. Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, al demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. Tercero. RECONOCER personería a la abogada Linda Jairiny Peñaranda Mantilla, identificada con la cédula de ciudadanía nro. 1.091.653.591 y portadora de la tarjeta profesional nro. 185.850 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00064 de SAMAI-Tribunales. Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01197-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01197-01 (0541-2025)
Demandante: Carlos Miguel Durán Rangel
Demandados: Procuraduría General de la Nación y Gobernación de Santander

Tema: Competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos
por voto popular. Nulidad de los actos administrativos por
violación al debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en contra de
la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Carlos Miguel Durán Rangel instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación y de la Gobernación de Santander, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 25 de septiembre de 2015 y el 7 de septiembre de 2016 por
la Procuraduría Provincial de San Gil y por la Procuraduría Regional de Santander,
respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con suspensión por el término
de 2 meses; y de las resoluciones expedidas por la Gobernación de Santander para
ejecutar el correctivo.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se elimine del Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad la inscripción de la sanción impuesta. De forma
subsidiaria, que se declare que ya cumplió la sanción disciplinaria con el pago de la
multa fijada en los términos del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 y, en caso
negativo, que se ordene a la Procuraduría General de la Nación el reembolso de la
suma que pagó el 25 de octubre de 2016, debidamente actualizada.

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HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que fue elegido como alcalde del municipio de Oiba (Santander) para el
periodo constitucional 2008-2011.

6. Que el 16 de mayo de 2012 la Procuraduría Provincial de San Gil ordenó la
apertura de una indagación preliminar en su contra, con fundamento en presuntas
irregularidades relacionadas con el contrato nro. 028 de 2011, celebrado con una
Junta de Acción Comunal, porque, supuestamente, se habría evadido la licitación
pública como mecanismo de selección del contratista. El 20 de mayo de 2013 se
ordenó la apertura de una investigación disciplinaria y el 23 de octubre de 2014 se
formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades contractuales.

7. Que en la decisión de primera instancia del 25 de septiembre de 2015 se
declararon probados los dos cargos que se formularon y, en consecuencia, fue
sancionado con suspensión por el término de dos meses; correctivo que fue
confirmado el 7 de septiembre de 2016.

8. Narró que, entre tanto, el 25 de octubre de 2015 fue elegido nuevamente para
ocupar el cargo de alcalde de Oiba para el periodo 2016-2019; de allí que, en firme
la decisión sancionatoria, el 25 de octubre de 2016 depositó una suma equivalente
a dos meses de salario para dar cumplimiento al correctivo disciplinario; pese a lo
cual, mediante Resolución 20240 del 10 de noviembre de 2016, el gobernador de
Santander ejecutó la medida de suspensión.

9. Que el 25 de noviembre de 2016 el Juzgado Tercero de Familia de
Bucaramanga ordenó como medida provisional en sede de tutela la suspensión de
los efectos de la Resolución 20240, para lo cual se expidió la Resolución 21369 del
25 de esa misma fecha. En sentencia de amparo constitucional del 6 de diciembre
de 2016 se ordenó a la Gobernación de Santander extender los efectos de la
Resolución 21369 hasta el cumplimiento de los 4 meses con que se contaba para
promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; medida que
se ejecutó con la Resolución 22665 del 9 de diciembre de 2016.

10. No obstante, dicha sentencia fue revocada el 1 de septiembre de 2017 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander-Sala Civil-Familia y, en
consecuencia, el gobernador expidió la Resolución 3526 del 14 de marzo de 2017,
mediante la cual resolvió dejar sin efectos las Resoluciones 21369 y 22665 y, en su
lugar, mantener la sanción del alcalde de Oiba en los términos de la Resolución
20240 de 2016.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

11. Considera que en la expedición de los actos demandados se habría
desconocido el debido proceso, porque la autoridad disciplinaria lo sancionó pese a
que se configuró la prescripción de la acción. Ello, porque los hechos objeto de

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investigación ocurrieron el 13 de enero de 2011, cuando se celebró el contrato
cuestionado, por lo que la autoridad tenía hasta el 13 de enero de 2016 definir su
responsabilidad.

12. Que la interpretación del Consejo de Estado respecto de que es la decisión de
primera instancia la que interrumpe la prescripción resulta contraria a la naturaleza
del derecho sancionador del Estado y a la garantía de la doble instancia; además
de tratarse de jurisprudencia basada en la normativa de la Ley 200 de 1995.
Sumado a ello, ese pronunciamiento (el de primera instancia) solo se convierte en
definitivo cuando no se interponen recursos y, en consecuencia, los actos que lo
sancionaron se expidieron por fuera del plazo de 5 años contemplado en la versión
original del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

13. Agregó que el desconocimiento del debido proceso también provino de la
violación del plazo razonable del procedimiento disciplinario y, en esa medida, se
contravino el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
jurisprudencia interamericana al respecto. En ese escenario, el 25 de septiembre de
2015, en medio de la campaña electoral para el cargo de alcalde, se expidió la
decisión disciplinaria de primera instancia, respecto de la cual se interpuso recurso
de apelación, que apenas fue resulto aproximadamente 11 meses después, con lo
que se desconoció el lapso de 45 días fijado por el artículo 171 de la Ley 734 de
2002.

14. Que, además, la autoridad disciplinaria desconoció el artículo 46 de la Ley 734
de 2002, según el cual cuando el disciplinado hubiese cesado en sus funciones para
el momento de la ejecutoria de la decisión o durante su ejecución o cuando esta no
se pudiera ejecutar, se debía convertir el término de la suspensión en el monto de
lo devengado para la época de comisión de la falta; lo que significaba que en esos
términos se debía fijar su correctivo, pues para cuando se expidió la decisión de
segunda instancia ya había concluido el periodo 2008-2011 y, por tanto, no se
encontraba en el ejercicio del cargo en el que se originó la conducta disciplinable en
los términos del inciso 2 del citado artículo 46, sin que pudiera afirmarse que por
resultar electo como alcalde para el periodo 2016-2019 se tratara del «mismo
cargo».

15. Que, en esa medida, también se desconoció la Resolución 034 de 2004,
expedida por la Procuraduría General de la Nación, que, en su apartado 11,
introdujo modificaciones a la Resolución 191 de 2003 en relación con las
«condiciones generales del procedimiento para el cumplimiento de la sanción» y se
lesionó el derecho a la igualdad, por la aplicación inconsistente del artículo 46 de la
Ley 734 de 2002 por parte de la demandada.

16. También sustentó la lesión al debido proceso en la omisión de correr traslado
para la presentación de alegatos de conclusión en segunda instancia, pues si bien
dicha etapa no está prevista para el procedimiento ordinario de la Ley 734 de 2002,
lo cierto es que debe respetarse como componente de la referida garantía
constitucional y, en ese orden, en virtud de la remisión normativa del artículo 21 de
dicho estatuto, debía acudirse al trámite de los procesos de lo contencioso
administrativo regulado en el artículo 247.4 de la Ley 1437 de 2011.

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17. Que la actuación de la Gobernación de Santander, fundada en el
desconocimiento de las normas del procedimiento disciplinario y de la ejecución de
las sanciones que de él se derivan representó una lesión de su derecho a la
participación política por la afectación en el ejercicio del cargo de alcalde de Oiba.

18. Precisó que en este punto no se discutía la competencia de la autoridad
sancionadora para ejercer como limitante legítimo de este derecho, a la luz de la
«controvertida pero reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado» y que, en ese orden, su reproche se dirigía a la indebida aplicación del
artículo 45 de la Ley 734 de 2002 y a la consecuente vulneración del artículo 40.7
constitucional, pues fue elegido democráticamente como alcalde, pero la
intervención de la Gobernación impidió el ejercicio debido de su cargo con lo que
también se desconoció la voluntad popular de la ciudadanía de Oiba.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

19. La demanda fue admitida por auto del 31 de enero de 20181. Las entidades
demandadas se pronunciaron en el siguiente sentido:

20. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones, por
considerar que la entidad actuó con fundamento en las normas que regulan el
trámite disciplinario y garantizó el debido proceso al investigado, quien pudo solicitar
y aportar pruebas, controvertir las recaudadas por la autoridad y contradecir las
decisiones adoptadas por el operador disciplinario.

21. Que la jurisprudencia ha reconocido que el control jurisdiccional sobre los
actos que imponen sanciones disciplinarias no constituye una tercera instancia, en
la que se pueda abrir nuevamente el debate probatorio para suplir las deficiencias
de la actuación sancionatoria, pues se trata de un juicio de validez y no de
corrección.

22. En relación con la prescripción de la acción disciplinaria, señaló que esta no
se configuró, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado en la materia, es claro que este término se interrumpe con la expedición y
notificación de la decisión de primera instancia. En ese orden, los hechos materia
de investigación ocurrieron el 13 de enero de 2011, fecha en que se suscribió el
contrato nro. 028 entre el entonces alcalde de Oiba y la Junta de Acción Comunal
de la vereda La Retirada, de manera que para cuando el investigado fue notificado
del acto expedido por la Procuraduría Provincial de San Gil, el 6 de octubre de 2015,
no habían transcurrido los 5 años del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

23. Que tampoco se lesionó la garantía del plazo razonable, en la medida en que
no se configuró la prescripción como causal de extinción de la acción disciplinaria.
Agregó que no todo vencimiento de términos para resolver constituye causal de

1 Véanse páginas 4-5 del archivo «002ActaRepartoAutoAdmiteAutoCorreTrasladoMedida», en el enlace de

Drive del archivo «13_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI» del expediente digital. La demanda se recibió por reparto
en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, por auto del 9 de junio de 2017 la remitió por
competencia al Tribunal Administrativo de Santander (véanse páginas 202-203 del archivo
«001DemandaAnexosAutoRemiteConocimientoPrevio», en el enlace de Drive del archivo
«13_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI» del expediente digital.

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nulidad, sumado a que no existió violación de garantías constitucionales y legales y
el orden del procedimiento se llevó a cabo con diligencia.

24. Que para el año 2016, cuando el demandante fue notificado de la decisión
disciplinaria de segunda instancia, se encontraba en el ejercicio de las funciones de
alcalde de Oiba, pues como él mismo lo relata, fue elegido para el periodo 2016-
2019 y, en ese sentido, el señor Durán Rangel confunde la interpretación del
numeral 2 del artículo 45 de la Ley 734 de 2002 con lo dispuesto por el inciso
segundo del artículo 46 de la misma normativa, pues lo cierto es que para cuando
se hizo efectivo el correctivo disciplinario, ejercía el mismo cargo por el cual fue
investigado y sancionado; de manera que no existía imposibilidad de ejecutar la
sanción de suspensión y, en ese sentido, lo procedente era ubicarse el último inciso
del artículo 45 del Código Disciplinario Único; aspecto que en nada contradice el
contenido de la Resolución 034 de 2004 y que refleja que la aplicación de la
normativa citada por parte de la autoridad no ha sido inconsistente.

25. Que tampoco se lesionó el debido proceso en la segunda instancia, pues la
oportunidad para presentar alegatos de conclusión se concretó en las actuaciones
surtidas ante la Procuraduría Provincial de San Gil y que el artículo 171 de la Ley
734 de 2002, que se refiere al trámite del recurso de apelación en el proceso
ordinario no contempla una fase de alegaciones, como sí lo hace la ritualidad verbal.
En ese sentido, no resulta procedente la remisión que el demandante propone al
proceso de lo contencioso administrativo, pues la Ley 734 de 2002 es clara respecto
de esta cuestión.

26. Que el cargo relacionado con la violación del derecho a la participación política
por la afectación en el ejercicio del cargo tampoco debía prosperar, pues el artículo
45 de la Ley 734 de 2002 resultaba aplicable, aunque el escenario era de reelección
del alcalde, pues en efecto ocupaba el mismo cargo en que se originó la conducta
disciplinable.

27. Propuso como excepciones la caducidad, la inexistencia de vicios de nulidad
y la ausencia de prueba para desvirtuar la legalidad de los actos2.

28. La Gobernación de Santander manifestó que no le asiste responsabilidad en
la actuación disciplinaria, pues no participó en la expedición de los actos objeto de
controversia y que las condenas que el demandante solicitó en contra suya no
resultan procedentes, porque su actuación se limitó a la expedición del acto que
ejecutó el correctivo. En ese orden, propuso como medio exceptivo la falta de
legitimación en la causa por pasiva3.

29. Por auto del 22 de septiembre de 2022 se adoptaron medidas para dictar
sentencia anticipada4. En consecuencia, se fijó el litigio, se indicó que se tendría por
no contestada la demanda, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para

2 Véanse páginas 1 a 24 del archivo «004ContestacionDemandaProcuraduriaDepartamentoSantander», en el

enlace de Drive del archivo «13_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI» del expediente digital.
3 Véanse páginas 72 a 77 del archivo «004ContestacionDemandaProcuraduriaDepartamentoSantander», en el

enlace de Drive del archivo «13_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI» del expediente digital.
4 Véase archivo «6_AUTOQUEORDENACORRERTRASLADO» del expediente digital.

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que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada
en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

30. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del cinco (5) de
diciembre de dos mil veinticuatro (2024)5, negó las pretensiones, tras concluir que
los actos demandados no adolecían de los vicios señalados por el demandante.

31. Respecto de la prescripción de la acción disciplinaria señaló que esta no se
configuró por cuanto, al aplicar el artículo 30 original de la Ley 734 de 2002,
resultaba claro que la autoridad notificó la decisión disciplinaria de primera instancia
dentro de los 5 años previstos por la norma; acto que, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, es el que interrumpe el fenómeno extintivo.
En ese orden, como la conducta reprochada correspondió a la celebración del
contrato 028 del 13 de enero de 2011, desde allí debía computarse el lapso previsto
en la ley, el cual habría fenecido el 13 de enero del 2016 y, para entonces, ya se
había notificado el acto expedido por la Procuraduría Provincial de San Gil,
diligencia que tuvo lugar el 6 de octubre de 2015.

32. Que tampoco se desconoció la garantía de plazo razonable, pues la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha destacado que el exceso en un término de
la actuación no la invalida si con ello no se afectó el debido proceso ni el derecho
de defensa del investigado; máxime que la situación del investigado se definió
dentro del término de prescripción de la acción. Sumado a ello, el demandante no
aportó prueba alguna que permitiera demostrar que la alegada violación de términos
hubiese afectado sus derechos sustanciales y la normativa disciplinaria no fijó como
consecuencia del incumplimiento del lapso del artículo 171 de la Ley 734 de 2002
la pérdida de competencia de las autoridades.

33. Que el cargo por indebida aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 no
se relacionaba con la legalidad de la sanción disciplinaria sino con la forma como
se hizo efectivo el correctivo disciplinario, asunto que «no conlleva, por
consecuencia, la nulidad de los fallos sancionatorios pues sólo (sic) tiene por
finalidad analizar aspectos propios de la ejecución de la sanción, en específico la
no conversión en multa de la sanción de suspensión».

34. Que, al respecto, el inciso segundo del referido artículo 46 se refiere a la
imposibilidad de ejecutar la sanción, como lo señaló la Corte Constitucional al
examinar su exequibilidad en la Sentencia C-1076 de 2002; aspecto al que también
se ha referido, en iguales términos, la jurisprudencia del Consejo de Estado. Que,
en este caso, para cuanto se expidió el acto de ejecución de la sanción el
demandante se desempeñaba en el cargo de alcalde de Oiba, lo que, contrario a su
tesis, no dejaba duda sobre la continuidad en su ejercicio, «aspecto que, por sí,
impedía la conversión de la sanción en multa, pues el claro que la suspensión tenía
la potencialidad de ser ejecutada o, lo que es lo mismo, no procedía la conversión
en multa por cuanto no existía imposibilidad práctica de ejecutar la sanción».

5 Véase archivo «023SentenciaAntici_201701197Sentenciaan», del expediente digital.

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35. Que esto no resultaba lesivo del derecho a la igualdad, pues la tesis de la
autoridad disciplinaria respecto de la aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de 2002
ha sido consistente; e, inclusive, en el caso citado como ejemplo por el demandante,
la sanción de suspensión se hizo efectiva para quienes ejercían el cargo de concejal
al momento de su ejecución; para quienes no, el correctivo se transformó en salarios
percibidos.

36. En relación con la afectación de las garantías a la participación política, luego
de reiterar que no se estaba cuestionando la competencia convencional de la
autoridad disciplinaria, en los términos del concepto de violación, dijo que tampoco
se configuraba dicha situación, porque resultaba claro que, en su caso, no procedía
la conversión del correctivo disciplinario en multa.

37. Agregó que «pretermitir» los alegatos de conclusión en el trámite de la
segunda instancia disciplinaria tampoco representaba una lesión al debido proceso,
pues dicha etapa no se encontraba prevista en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002
en la ritualidad ordinaria. Que, al margen de ello, se debía indicar que la etapa de
alegaciones está determinada para efectuar una crítica de parte acerca del
despliegue demostrativo o probatorio, «(…) de suerte que si ausencia (sic) de
práctica probatoria no hay sobre qué realizar las sustentaciones conclusivas».

38. Finalmente, respecto de la suma que el demandante afirmó haber consignado
cuando quedó en firme su sanción, destacó que se encontraba acreditado su pago
y, en principio, habría lugar a la devolución de tales dineros; no obstante, la multa
fue consignada a favor del municipio de Oiba, de manera que existe una falta de
legitimación en la causa por pasiva para ordenar su devolución.

39. Se abstuvo de condenar en costas.

EL RECURSO DE APELACIÓN

40. El demandante interpuso recurso de apelación6, en el cual insistió en que la
demandada desconoció el debido proceso al exceder el plazo razonable para emitir
la decisión en segunda instancia, lo que resulta contrario al artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. Se refirió, de nuevo, a los criterios
identificados por la jurisprudencia interamericana para determinar si una actuación
ha vulnerado la referida garantía (complejidad, actividad procesal del interesado,
conducta de las autoridades y afectación generada en la situación jurídica de la
persona involucrada) y añadió que el Tribunal debió detenerse en el análisis de
estos; no obstante, se limitó a decir que la expedición del acto por fuera del término
legal no lo invalidaba.

41. Que la actuación de la demandada contravino la garantía constitucional
invocada porque la decisión de primera instancia se adoptó en pleno desarrollo de
la campaña electoral en la cual participaba (25 de septiembre de 2015) y,
presentado el recurso, la Procuraduría Regional de Santander definió el asunto más
de 11 meses después. «Esta demora resulta inaceptable, pues no solo contraviene
el principio de celeridad procesal, sino que también afecta directamente la seguridad

6 Véase archivo «024_MemorialWeb_Recurso» del expediente digital.

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jurídica del investigado, quien permaneció durante un periodo prolongado bajo
incertidumbre acerca de su situación jurídica», por lo que no basta con afirmar que
el acto primigenio se expidió antes de configurarse la prescripción de la acción,
sumado a que no reposa ninguna prueba, explicación o argumento que dé cuenta
de los motivos por los que la autoridad excedió el término fijado por ordenamiento
para desatar la segunda instancia.

42. Que la demora en el trámite de la segunda instancia afectó su derecho a ser
elegido y a ejercer cargos públicos, pues le impidió conocer con certeza su situación
antes de elecciones y no pudo ejercer sus funciones con plena seguridad jurídica;
lesión que se trasladó a la ciudadanía que lo respaldó con su voto, pues eligieron a
un candidato que contaba con una situación disciplinaria pendiente de resolver y
que, de forma posterior, conllevó que no ocupara el cargo por 2 meses. Agregó que
estas circunstancias no requieren de una prueba documental para encontrarse
acreditadas y que, por tanto, el Tribunal no podía referirse a la ausencia de prueba
de la afectación de sus garantías sustanciales.

43. Que el Tribunal omitió el análisis respecto del desconocimiento del artículo 46
de la Ley 734 de 2002, pues negó las pretensiones con fundamento en que no se
acreditó que la no conversión de la sanción hubiese generado un agravio del artículo
13 constitucional. Dijo que en este punto, la normativa de forma clara dispone que
si el disciplinado ya ha cesado las funciones en relación con la sanción que le fue
impuesta es obligatorio que esta se convierta en multa; presupuesto plenamente
aplicable a su caso, porque la investigación surgió durante su periodo 2008-2011 y
la sanción se ejecutó durante el periodo 2016-2019, por lo que nada tenía que ver
su nueva elección con la efectividad del correctivo.

44. Agregó que en la sentencia no solo se desconoció la obligación legal, sino que
se dejó de lado que la conversión representaba una solución más proporcional y
acorde a su situación; de haberse aplicado el artículo 46 del Código Disciplinario,
no se hubiesen limitado sus derechos políticos, pues, reiteró, su reelección para el
periodo 2016-2019 no debió ser un factor relevante para la sanción impuesta, por
referirse esta a su gestión anterior, de modo que no existió continuidad en el
ejercicio del cargo.

45. Reiteró que la demandada vulneró el debido proceso al no correrle traslado
para presentar alegatos en segunda instancia, pues, contrario a lo dicho en la
sentencia, su importancia no se limita a la existencia de material probatorio en el
proceso que se adelanta, sino que se trata de una etapa que habilita a las partes
para exponer sus argumentos finales sobre las cuestiones ya debatidas en la
primera instancia y, si bien en el trámite de la apelación no siempre existen pruebas
adicionales, la posibilidad de alegar no se puede restringir; Inclusive, su importancia
se ha destacado en sentencias como la C-583 de 2016 de la Corte Constitucional o
en la providencia del 21 de noviembre de 2013 del Consejo de Estado.

46. Que el Tribunal no analizó en debida forma las pruebas, pues se acreditó la
lesión de los derechos a la igualdad y a la participación política, para lo cual
resultaba relevante una decisión del 29 de enero de 2001 en la cual la demandada
conmutó por multa la sanción de suspensión que impuso a unos concejales de Cali
que fueron reelegidos, en aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, por lo

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que la no aplicación de dicha disposición a su caso representaba un trato
discriminatorio injustificado; además, la sanción de suspensión afectó su capacidad
para ejercer los derechos a elegir y ser elegido; lesión que se consolidó con la
actuación apresurada de la Gobernación de Santander al expedir el acto de
ejecución.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

47. El 28 de marzo de 20257 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a
Despacho.

48. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de
Estado8 presentó concepto en el cual solicitó que se confirme la sentencia apelada.
Afirmó que el incumplimiento del término de 45 días para expedir la decisión de
segunda instancia no resulta lesivo del debido proceso, amén de la inexistencia de
irregularidades procesales en el trámite de la actuación. Que en sentencias como la
SU-901 de 2002 la Corte Constitucional ha señalado que la sola inobservancia de
un término procesal no implica la lesión de los derechos fundamentales de los
administrados, tesis que también ha desarrollado el Consejo de Estado. Ello,
sumado a que no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria.

49. Que la sanción disciplinaria se impuso y ejecutó cuando el demandante fungía
como alcalde de Oiba, por lo que, independientemente de que la falta se hubiese
cometido en el periodo 2008-2011, lo cierto es que el correctivo se hizo efectivo
cuando el señor Durán Rangel ostentaba en mismo cargo del cual fue suspendido,
pero en un periodo constitucional distinto (2016-2019), de tal suerte que no había
lugar a aplicar lo previsto por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

50. Finalmente, destacó que la normativa disciplinaria de la Ley 734 de 2002 no
contempla el traslado para alegatos de conclusión antes de la decisión de segunda
instancia, por lo que no puede pretender el demandante que se incluyan etapas
procesales no previstas por el legislador.

51. Las partes guardaron silencio en esta instancia.

52. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa: competencia de la Procuraduría General de la Nación para
imponer sanciones a servidores públicos elegidos por voto popular

53. Para esta Corporación el análisis de la competencia es fundamental para
determinar la validez de un acto administrativo, pues si bien no hace parte de la

7 Véase índice 00003 de SAMAI.
8 Véase índice 00008 de SAMAI.

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estructura y contenido de la decisión, constituye el elemento determinante de las
potestades de una autoridad para definir una situación jurídica, lo que
necesariamente se relaciona con el principio de legalidad, porque delimitar qué
autoridad debe resolver un asunto específico es indispensable en el modelo de
Estado Social y Democrático de derecho, en la medida en que evita el ejercicio
arbitrario del poder9.

54. A partir de tales consideraciones y con apoyo en la doctrina, se ha definido la
competencia como la «(…) facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para
ejercer determinar (sic) función»10, de lo que se sigue que la falta de competencia
se materialice cuando «(…) el autor profiere el acto pese que a (sic) no tenía el
poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar legalmente
facultado para ello»; esto es, por fuera de las facultades constitucionales y legales
que se atribuyen a la autoridad.

55. Carlos Betancur Jaramillo, citando a Jean Rivero, denomina incompetencia a
aquel vicio del acto administrativo que se configura cuando el autor de una decisión
no tenía el poder legal para tomarla11. Para Betancur Jaramillo, es la forma de
ilegalidad del acto más grave, porque los agentes públicos no pueden hacer sino
aquello para lo cual están expresamente autorizados, actuando sobre la base y
dentro de los límites de las atribuciones asignadas por los textos legales.

56. Para el autor, esto refleja «(…) el carácter de orden público que tienen las
normas que distribuyen las competencias funcionales»12; lo que, a su vez:

«(…) permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el
demandante no la haya invocado como apoyo de su petición. Se colige
igualmente que el vicio de incompetencia no puede ser subsanado por la
aprobación posterior de la autoridad competente, ni ésta (sic) puede
renunciar a ella en beneficio de un administrado13. Tampoco puede ser la
competencia objeto de convención entre las partes ni modificarse, en
principio, por razones de urgencia.
(…)
Obsérvese que la formulación del cargo por incompetencia, dada su
magnitud, coloca en un plano un tanto secundario la impugnación por
cualquier otro motivo. (…) En otros términos, cuando la competencia del
funcionario esté cuestionada, la lógica impone determinado orden en la
impugnación y hace que sobre, hasta cierto punto, hablar de la expedición
irregular del acto, de la falsa motivación, de la desviación de poder o de
la infracción de la norma de derecho de fondo. (…)»14

57. Visto, pues, el alcance de la causal de nulidad del acto por falta de
competencia, en este caso es necesario precisar que esta Subsección, tras aplicar
el principio de control de convencionalidad, creado y defendido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y con fundamento en distintos
pronunciamientos tanto de dicha autoridad como de esta Corporación, consideraba

9 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de julio de 2021. Exp. 23001-23-

33-000-2013-00163-02 (4789-2018). Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
10 Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano Temis, Bogotá, 2013. Pág. 322. Citado

en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de junio de 2018. Radicado: 73001-23-31-000-2011-
005112-01. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
11 Rivero, Jean. Droit Administratif. Dalloz, Paris 1971, 5ª edición. P. 233. Citado en: Betancur Jaramillo, Carlos.

Derecho procesal administrativo. Ley 1437 de 2011. Medellín, 2013, 8ª edición. P. 291.
12 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.
13 Rivero Jean, O.C. pág. 233 [cita de Betancur Jaramillo, Óp. Cit.].
14 Betancur Jaramillo, Óp. Cit.

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que la asignación de competencias a una autoridad administrativa para restringir los
derechos políticos de los servidores elegidos por voto popular por la vía de la
imposición de correctivos disciplinarios como la suspensión o la destitución junto
con la inhabilidad especial o general, según el caso, resultaba incompatible con las
disposiciones constitucionales y convencionales.

58. No obstante, las decisiones en ese sentido fueron objeto de la acción
constitucional de tutela y de consecuentes pronunciamientos de las distintas
secciones del Consejo de Estado15 e inclusive la Corte Constitucional16, en los que
se ratificó la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular; asunto que culminó
ante la Corte Constitucional con la sentencia C-030 de 202317 y, ante esta
Corporación, con el auto de unificación del 3 de diciembre de 202418.

59. En ese sentido, pese a que el criterio de los suscritos dista del desarrollado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 2023, y se aparta de la línea
jurisprudencial que reiteró la competencia disciplinaria de la Procuraduría respecto
de funcionarios elegidos popularmente, en la medida en que subsisten serios
cuestionamientos en torno a la compatibilidad de dicha potestad con el bloque de
convencionalidad y con las garantías de participación democrática; la Subsección
reconoce que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional constituyen
precedente vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada, razón por la cual deben ser
acatadas por todas las autoridades judiciales.

60. De manera que los argumentos expuestos en el recurso de apelación se
analizarán a partir de considerar que la Procuraduría General de la Nación era
competente para investigar y sancionar al señor Carlos Miguel Rangel Durán.

61. Aclarado este punto, la Sala deberá determinar, en los términos de la
apelación, si en el trámite que concluyó con la expedición de los actos demandados
se lesionó el derecho al debido proceso del demandante, derivado del
desconocimiento de la garantía de «plazo razonable», de la ausencia de traslado
para alegar de conclusión en segunda instancia y de la forma como se determinó el
correctivo disciplinario de suspensión en el ejercicio del cargo.

62. Con este propósito, la providencia se referirá a al marco jurisprudencial
aplicable al análisis de los actos administrativos que imponen correctivos
disciplinarios y a la violación del debido proceso como causal de nulidad de los actos
administrativos, luego de lo cual estudiará el caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de los actos administrativos que

15 Cfr.: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia

del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulados. C.P. Alberto Montaña Plata;
Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2024-03021-01. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de enero de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2024-
07001-01. C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
16 Corte Constitucional. Sentencias SU-381 de 2024 (M.P. Diana Fajardo Rivera) y SU-382 de 2024 (M.P. Natala

Ángel Cabo).
17 Corte Constitucional. Sentencia C-030 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés

González.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 3 de diciembre de 2024 (recurso

extraordinario de revisión contra las sanciones disciplinarias de los servidores públicos de elección popular,
emitidas por la Procuraduría General de la Nación previsto en la Ley 2094 de 2021). Exp. 11001-03-15-000-
2023-00871-00. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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imponen sanciones disciplinarias

63. La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una
función especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que
busca garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

64. De ahí que la respectiva actuación esté regida por normas y procedimientos
propios, en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la
defensa cobran significativa importancia. Sin embargo, no ha sido pacífica la
posición de la jurisprudencia respecto al alcance del control jurisdiccional de esta
clase de actos, tal como pasa a exponerse.

65. Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del
juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba
el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque
se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria
tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas
disciplinarias19.

66. Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en
que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el
concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental
de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo
que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»20.

67. Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se
unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los
titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del
«control judicial integral» por cuanto «(…) la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un
juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz
del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales»21, y se indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto
de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria.
ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de
cualquier acto administrativo.
iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial.
iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley.
v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

Moreno.
20 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp.

05001-23-31-000-1998-02823-01 (2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00
(2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp.

11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).

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contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que
lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos.
vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.
viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

68. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los
actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

69. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13722 y 13823 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

70. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

71. Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir
un límite al ejercicio del poder público, es un mecanismo para proteger los derechos
de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del
Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de
cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar
afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico24.

72. En atención a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el
artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se
adelante por el competente, (ii) que permita la participación activa de todos los

22 Del medio de control de nulidad.
23 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
24 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-

33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 25; y
b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad
siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado
se presuma inocente.

73. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso26 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución27.

Caso concreto

74. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 28, la Sala destaca que:

• Por auto del 16 de mayo de 2012 la Procuraduría Provincial de San Gil (Santander)
ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del señor Carlos Miguel
Durán Rangel, alcalde de Oiba (Santander), con fundamento en una queja que daba
cuenta de posibles irregularidades en la celebración del contrato nro. 028 de 2011,
suscrito con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Retirada, cuyo objeto era
«apoyo a programas de intres (sic) público relacionadas (sic) con el mantenimiento
rutinario de la malla vial rural del municipio a través del alquiler de maquinaria pesada»,
pues al parecer se habrían eludido los procedimientos de selección29.

• El 20 de mayo de 2013 se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra
del referido funcionario30.

25 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-

01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
26 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 Carpeta «005IUC-D-2012-605-510902», disponible en el enlace de Drive del archivo
«13_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI» del expediente digital. En adelante, la referencia al expediente administrativo
comprenderá esta ruta de acceso.
29 Véanse páginas 14-15 del archivo «CARP 2- 510209». La queja, en las páginas 2 a 9 del mismo archivo.
30 Véanse páginas 63 a 66 del archivo «CARP 2- 510209».

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• El 23 de octubre de 2014 se formularon al demandante los siguientes cargos:

«(…) PRIMER CARGO A CARLOS MIGUEL DURÁN RANGEL
(…) en su condición de alcalde municipal de Oiba (S), el día 13 de enero de 2011,
suscribió el contrato N° (sic) 028 con la Junta de Acción Comunal de la vereda La
Retirada cuyo objeto consistía en el alquiler de maquinaria, según estudios previos
y propuesta, en cuantía de $100’000.000; adicionado en la suma de $30’359.104,
sin haber agotado el procedimiento contractual de selección abreviada de menor
cuantía previsto en la ley (sic) 80 de 1993, amparado bajo la modalidad de
celebración con entidades privadas sin ánimo de lucro, contrato que estaría
excluido por el mismo decreto (sic) 777 de 1992, cuando establece en su numeral
1° del artículo 2° que esta clase de contratos quedan excluidos cuando implican
contraprestación directa a favor de la entidad pública y podría celebrarse con
personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las
normas sobre contratación vigentes, puesto que el alquiler de la maquinaria era una
contraprestación a la alcaldía que en su deber constitucional de desarrollar su EOT
y los planes y programas del municipio, entre ellos el mantenimiento de la
infraestructura vial con recursos técnicos propios o alquilados mediante contratos;
por tanto el contrato celebrado denota vulneración del régimen contractual para el
sector público y el desconocimiento de aspectos no aplicables al contrato celebrado
al amparo del decreto 777 de 1992, infringiendo presuntamente los Principios (sic)
Constitucionales (sic) de eficacia, economía y los que regulan la contratación estatal
de transparencia, artículo 24 numeral 8; economía, artículo 25, numeral 1, y
responsabilidad, artículo 26 numerales (sic) 5 de la ley (sic) 80 de 1993».

El comportamiento se adecuó provisionalmente a la falta disciplinaria gravísima del
artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 y se fijó la culpa gravísima como elemento subjetivo
de la responsabilidad.

«(…) SEGUNDO CARGO A CARLOS MIGUEL DURÁN RANGEL
(…) el día 13 de enero de 2011, suscribió el contrato N° (sic) 028 con la Junta de
Acción Comunal de la vereda La Retirada (…) amparado bajo la modalidad de
celebración con entidades privadas sin ánimo de lucro, sin establecer la idoneidad
de la JAC de la vereda La Retirada para celebrar contratos para el alquiler de
maquinaria pesada acorde a los requerimientos, entendiendo por reconocida
idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad
técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto
del contrato, no evaluó dicha calidad por escrito debidamente motivada como lo
exige el inciso tercero del artículo primero del decreto (sic) 777 de 1992, solamente
teniendo en cuanta los certificados de antecedentes y la constancia de su
personería jurídica; omisión que estaría infringiendo presuntamente los Principios
(sic) Constitucionales (sic) de eficacia, economía y los que regulan la contratación
estatal de transparencia, artículo 24 numeral 8; economía, artículo 25, numeral 1, y
responsabilidad, artículo 26 numerales (sic) 5 de la ley (sic) 80 de 1993».

Se determinó provisionalmente que el investigado habría incurrido en la prohibición del
artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002, pues incumplió un deber contenido en el Decreto
777 de 1992; comportamiento que se calificó provisionalmente como grave, ejecutado
con culpa gravísima31.

• El 29 de septiembre de 2015 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia.
En esta se declararon probados los dos cargos formulados, pero se varió la forma de
culpabilidad respecto del primero, tras considerar que el propósito del régimen
disciplinario reside en la protección de la correcta marcha de la administración pública
y que, en ese escenario resultan sancionables la negligencia, la falta de cuidado, la
imprudencia y la impericia, en cuanto impliquen la vulneración de los deberes
funcionales de quienes fungen como servidores públicos.

Agregó que el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 dispone que la falta
objetivamente gravísima, ejecutada con culpa grave, es considerada grave, por lo que
la adecuación típica definitiva respecto del primer cargo se determinaría en esos
términos. En cuanto al plano subjetivo, la variación de la culpa se fundó en que el

31 Véanse páginas 177 a 203 del archivo «CARP 2-510209».

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investigado no actuó con el cuidado necesario que alguien de su rango, ordenador del
gasto, hubiese imprimido en tales circunstancias.

En cuanto al segundo cargo, ratificó la calificación grave de la falta y la culpa gravísima
como elemento subjetivo, porque la omisión de evaluar la idoneidad como regla de
procedimiento viola de forma manifiesta las reglas de obligatorio cumplimiento
dispuestas en el artículo 1 del Decreto 777 de 1992; en ese sentido, era su deber
conocer esta obligación y cumplirla32.

• Esta decisión fue confirmada el 7 de septiembre de 2016 por la Procuraduría Regional
de Santander. En esta oportunidad, la autoridad se pronunció respecto de los
argumentos relacionados con la valoración de las pruebas y encontró que las
recaudadas resultaban suficientes para acreditar (i) que lo que realmente necesitaba el
municipio era alquilar maquinaria pesada para realizar el mantenimiento de las vías
terciarias, objeto que estaba excluido de la contratación con entidades sin ánimo de
lucro; y (ii) que en el procedimiento para contratar con la JAC no se acreditó su
«reconocida idoneidad», conforme a lo exigido por el Decreto 777 de 1992, pues,
inclusive, dicha Junta debió a su vez subcontratar el alquiler de la maquinaria33.

75. Para el apelante, la sentencia de primera instancia se debe revocar porque no
contiene un análisis de la lesión de la garantía del plazo razonable, conforme a los
criterios desarrollados por la jurisprudencia interamericana; no se abordó en debida
forma el desconocimiento del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 y no se tuvo en
cuenta que la pretermisión del traslado para alegar en segunda instancia representó
una lesión del derecho fundamental al debido proceso.

76. El demandante no elevó reproches relacionados con los elementos
estructurales de la responsabilidad disciplinaria. De sus manifestaciones no se
advierten inconformidades dirigidas a cuestionar la adecuación típica de su
comportamiento, la afectación o no del deber sustancial ni la forma de culpabilidad;
aspectos que, en perspectiva de control sustancial de la actuación, la Sala
encuentra que se desarrollaron conforme a los parámetros de la normativa
disciplinaria, de tal forma que las conclusiones en cada punto se fundaron en la
valoración conjunta de las pruebas legal y oportunamente practicadas.

77. El recurso de apelación se centra en aspectos procedimentales de la actuación
disciplinaria; los que, a su juicio, no se abordaron en debida forma en la sentencia
apelada, en la cual se determinó que las circunstancias planteadas por el señor
Durán Rangel no conducían a desvirtuar la presunción de legalidad de los actos que
lo sancionaron.

78. Sobre el primer punto, relacionado con la lesión de la garantía de plazo
razonable, el apelante se refirió a los parámetros desarrollados por la jurisprudencia
interamericana y concluyó que no existió justificación para que la demandada
excediera el lapso que la normativa disciplinaria le fijaba para expedir la decisión
disciplinaria de segunda instancia.

79. Para la Sala, si bien en el trámite disciplinario la decisión de la procuraduría
Regional de Santander se adoptó luego de transcurrido el plazo fijado por el artículo
171 de la Ley 734 de 2002, ello no implica que los actos demandados deban
declararse nulos, pues aunque en principio se trataría de una irregularidad

32 Véanse páginas 39 a 88 del archivo «CARP 3- 510209».
33 Véanse páginas 114 a 164 del archivo «CARP 3- 510209».

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procedimental, solo tendría el alcance pretendido por el demandante en la medida
en que afecte garantías del orden sustancial.

80. Lo primero que cabe destacar es que, en efecto, el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se refiere a las garantías judiciales de las
personas como desarrollo del Capítulo II, que trata de los derechos civiles y
políticos; y dispone, en el numeral 1 que «[t]oda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter»
(subrayas de la Sala).

81. El «plazo razonable», así entendido, se consagra no solo para la adopción de
decisiones de fondo, sino para la totalidad de actuaciones procesales y
procedimentales en las que el sujeto investigado deba intervenir y ser oído; asunto
que se acompasa con el contenido del artículo 29 constitucional, de conformidad
con el cual «[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio» (subrayas de la Sala).

82. De manera que, como componente formal de la garantía del debido proceso,
es deber de las autoridades administrativas y judiciales resolver los asuntos bajo su
conocimiento dentro de los términos que la normativa prevea para el efecto. Ahora,
el mismo ordenamiento jurídico desarrolla consecuencias para los eventos en los
cuales se desconozca dicha exigencia.

83. En el caso del régimen disciplinario, la Ley 734 de 2002, aplicable al
demandante, previó como causa de extinción de la acción disciplinaria la
configuración de la prescripción de la acción, un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en
ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción 34 y que, conforme al
texto original del artículo 3035 del mismo estatuto y en los términos de la
jurisprudencia de esta Corporación, tenía lugar si al cabo de 5 años, contados a
partir de la ocurrencia de la conducta o de su cesación en el caso de aquellas de
ejecución continuada, la autoridad disciplinaria no había expedido y notificado la
decisión disciplinaria de primera instancia36.

34 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se

examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
35 Ley 734 de 2002. «Artículo 30. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas

instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto. (…)».
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01. C.P. Susana Buitrago Valencia. En esta providencia se adoptó la tesis
según la cual, al tratarse del régimen sancionatorio disciplinario, «(…) la sanción se impone de manera oportuna
si dentro del término asignado para ejercer esa potestad, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación
administrativa sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa».

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84. De esta forma, solo la ocurrencia de la prescripción implica la pérdida de la
competencia temporal de la autoridad disciplinaria para definir la situación de un
investigado, lo que significa que, fenecido el lapso legal, la única decisión podría
consistir en el cese de la actuación. No ocurre lo mismo respecto del acto que, en
segunda instancia, se expide por fuera del término dispuesto por la normativa, pues,
como bien lo advirtió el Tribunal, de cara al procedimiento disciplinario el
ordenamiento no prevé como consecuencia la pérdida del derecho del Estado a
ejercer la potestad sancionadora.

85. El artículo 171 de la Ley 734 de 2002 dispone que «[e]l funcionario de segunda
instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretará
pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en
otro tanto»; lo que significa que, en armonía con la garantía de «plazo razonable»
convencional y la observancia de las formas propias de cada juicio, existe un deber
en cabeza del operador disciplinario: definir la situación puesta en su conocimiento
vía apelación en el marco de un lapso concreto.

86. En el caso que se analiza, la Procuraduría Regional de Santander recibió el
expediente para dar trámite a la segunda instancia el 27 de noviembre de 201537 y,
como se detalló previamente, el recurso de apelación se resolvió el 7 de septiembre
de 2016, esto es, casi 10 meses después, con lo que, de entrada, resulta claro que
se excedió el referido lapso de 45 días y, por tanto, se configuró una irregularidad
procedimental.

87. No obstante, como se advirtió previamente, en este punto se comparte la tesis
expuesta en la sentencia apelada, que guarda coherencia con la forma como esta
Corporación ha interpretado el alcance de este tipo de irregularidades: el yerro
procedimental solo lleva a la nulidad del acto cuando tiene el alcance de afectar
garantías de naturaleza sustancial y ello fue acreditado por parte del demandante:

«Ahora bien, revisado el expediente administrativo, encuentra esta Corporación
que más allá de haberse sobrepasado el término legal de la investigación
disciplinaria, no se observa en la actuación ninguna irregularidad sustancial que
haya erosionado los derechos de defensa, debido proceso y contradicción del
actor y tampoco la justificó; es decir, el demandante no aportó prueba alguna
con la potencialidad de demostrar que la violación de los términos afectara
gravemente sus derechos sustanciales y es claro que el Estado no puede
renunciar a su potestad disciplinaria por la violación formal de los términos
procesales si la acción disciplinaria no estaba prescrita, como ocurrió en este
caso. La Corte Constitucional ha precisado como regla inicial38 que la simple
trasgresión de las normas procesales no implica afectación del debido proceso.
Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias
de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no
quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional»39.

37 Véase página 112 del archivo «CARP 3- 510209».
38 Sentencia T-233 de 2007. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del

31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2012-00089-00 (0365-2012). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En
un sentido similar, en la sentencia del 31 de enero de 2019 se analizó la expedición de la decisión de segunda
instancia por fuera de los 45 días consagrados en la norma y se dijo: «Sobre el particular conviene indicar que,
aunque los términos del proceso disciplinario constituyen una garantía para el disciplinado de obtener una
oportuna decisión de la autoridad disciplinaria que defina su situación jurídica sin dilaciones injustificadas, el
incumplimiento de estos no representa un quebrantamiento del debido proceso que amerite el archivo de las
investigaciones, puesto que de ser así se pondría en riesgo la justicia como valor superior y como principio
constitucional.

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88. El apelante argumentó la «lesión de garantías sustanciales» en el hecho de
encontrarse en campaña electoral para ocupar el cargo de alcalde durante el
periodo 2016-2019 y señaló que, de haberse resuelto oportunamente su recurso,
habría tomado una decisión informada respecto de su participación o no en la
contienda.

89. Ello no basta para que la Sala concluya que se desconoció el derecho de
defensa, contradicción, presunción de inocencia o, en general, alguna dimensión
sustancial del debido proceso, puesto que el señor Durán Rangel era conocedor de
la actuación que se seguía en su contra y de la decisión sancionatoria que
posiblemente quedaría en firme. Por su parte, su participación en las elecciones
para el periodo 2016-2019 correspondía al ejercicio legítimo de los derechos
consagrados en el artículo 40 constitucional que, en todo caso, no le aseguraba un
resultado victorioso.

90. Esto lleva a la segunda razón de la apelación, relacionada con que en su caso
de debió aplicar el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, pues, a
juicio del demandante, para cuando se expidió la decisión de segunda instancia, no
ocupaba el cargo en cuyo desempeño se originó la falta y, por tanto, la Procuraduría
Regional de Santander, debió convertir el lapso de la suspensión en salarios
devengados para el momento en que se ejecutó el comportamiento disciplinado,
para lo cual considera que no resultaba relevante su reelección para el periodo
2016-2019.

91. La Sala comparte la conclusión a la que llegó el Tribunal de Santander
respecto de esta cuestión, pues lo cierto es que la lectura de la normativa
disciplinaria en lo que toca con este punto debe ser integral: no basta con quedarse
en la definición del correctivo impuesto, porque el problema que se plantea tiene
que ver con la manera como este ha de hacerse efectivo. Como también se advirtió
en la sentencia apelada, por tener el alcance descrito, no se trata de una cuestión
que comprometa la legalidad de los actos demandados, pues tiene que ver
específicamente con las formas para la ejecución de la sanción.

92. Baste con decir que la sanción disciplinaria no se ejecuta como el disciplinado
lo considera más conveniente o proporcional. El problema de la proporcionalidad es
abordado por la autoridad al momento de definir el correctivo que impondrá, con
fundamento en la naturaleza de la falta, el grado de culpabilidad y los criterios
normativos para su graduación (artículo 47 de la Ley 734 de 2002). El mismo
régimen disciplinario se refiere a (i) qué implica la suspensión en el ejercicio del
cargo; (ii) qué ocurre cuando al momento en que se debe hacer efectiva el servidor

Siguiendo esta línea, la jurisprudencia de la Sección107 ha sido clara en señalar que la autoridad disciplinaria
mantiene la competencia para decidir el proceso disciplinario mientras no haya vencido el término de
prescripción de la acción disciplinaria de cinco años fijado en el Artículo 30 de la Ley 734 de 2002, tiempo que
se computa desde el día de la actuación para las faltas instantáneas y desde el último acto para las de carácter
permanente o continuado.
(…)
Así las cosas, aunque la entidad no cumplió en estricto sentido con el término de 45 días para proferir el fallo
de segunda instancia consagrado en el Artículo 171 de la Ley 734 de 2002, tal actuación no significó la
vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, puesto que, tal como se expuso, la entidad
demandada actuó dentro del término de prescripción de la acción disciplinaria» (Cfr. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 31 de enero de 2019. Exp.
11001-03-25-000-2011-00611-00 (2364-2011) C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas).

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desempeña el mismo o un cargo similar y (iii) qué se debe hacer si no es posible
ejecutar el correctivo:

• El artículo 44.2 consagra la suspensión como la sanción que corresponde a las
faltas disciplinarias graves dolosas o gravísimas culposas.

• El artículo 45.2 la define como «la separación del ejercicio del cargo en cuyo
desempeño se originó la falta».

• El inciso final del anterior artículo prevé que «[s]i al momento del fallo el servidor
público o el particular sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo
similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período diferente,
deberá comunicarse la sanción al representante legal o a quién corresponda,
para que proceda a hacerla efectiva» (subrayas de la Sala).

• El inciso segundo del artículo 46 dispone que la sanción de suspensión no puede
ser inferior a 1 mes ni superior a 12 y que:

«Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la
ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible
ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según
el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de
la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial».

93. La situación del señor Durán Rangel no se adscribía al inciso segundo del
artículo 46 sino al supuesto previsto en el inciso final del artículo 45, pues dicha
disposición se refiere a la prestación de servicios inclusive en un cargo similar, aun
cuando ello ocurra en un periodo distinto de aquel en que se originó la falta; de
manera que su discusión respecto de su desempeño como alcalde para las
vigencias 2008-2011 y 2016-2019 en nada impacta la manera en que la autoridad
definió el correctivo que le impuso.

94. Ahora bien, respecto del reproche relacionado con la ausencia de traslado
para alegatos de conclusión en segunda instancia, baste con remitirse al concepto
brindado por el Ministerio Público, pues lo cierto es que en la normativa aplicable al
demandante se distinguen con claridad dos cuerdas procedimentales, la ordinaria y
la verbal. En la primera, el trámite del recurso de apelación en contra de la decisión
de primera instancia se desarrolla en los términos del artículo 171, previamente
citado. En la segunda, el inciso 7 del artículo 180 prevé la presentación de alegatos
de conclusión en sede de apelación, para lo que otorga un término de 2 días.

95. Adicionalmente, cabe destacar que la Corte Constitucional condicionó la
exequibilidad del inciso segundo del artículo 157 de la Ley 200 de 1995, que
regulaba en idénticos términos el trámite de la segunda instancia disciplinaria bajo
la ritualidad ordinaria y precisó que debía entenderse que el investigado conservaba
la facultad de controvertir las pruebas decretadas de oficio por la autoridad
disciplinaria40, lo que significaba que, si previa decisión sobre la apelación se
decretaban y practicaban pruebas, entonces debía correrse traslado como garantía
del ejercicio de contradicción, trámite que materialmente implicaba la presentación

40 Corte Constitucional. Sentencia C-181 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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de alegaciones en tal instancia.

96. Luego, en la Sentencia C-1076 de 2002, al analizar la constitucionalidad del
artículo 171 de la Ley 734 de 2002, la Corte resolvió estarse a lo resuelto en la
providencia C-181 de 2002, por haberse incluido la posibilidad de decretar pruebas
de oficio en segunda instancia en los mismos términos del artículo 157 de la Ley
200 de 1995. Esto implica que solo ante la práctica probatoria en el trámite de la
apelación resulta procedente abrir la etapa de alegaciones en el procedimiento
ordinario.

97. Lo anterior para concluir que la fijación de las etapas procesales no depende
de lo que el servidor investigado considere procedente, pues las formas propias de
cada juicio tienen reserva legal y, en el caso de los alegatos de conclusión en la
segunda instancia ordinaria disciplinaria, es el juez del control de constitucionalidad
quien fijó el condicionamiento para su procedencia.

98. En el procedimiento que concluyó con la expedición de los actos cuestionados
la Procuraduría Regional de Santander no decretó pruebas de oficio en segunda
instancia, de manera que no se cumplió con el presupuesto jurisprudencial para la
presentación de alegaciones y, en ese orden, la conclusión de la sentencia apelada
resulta coherente con la ritualidad disciplinaria aplicable al señor Durán Rangel.

99. En síntesis, la Sala no encuentra que en el trámite disciplinario adelantado en
contra del demandante se hubiesen lesionado las garantías sustanciales del
derecho fundamental al debido proceso, por lo cual lo procedente es confirmar la
sentencia apelada.

De la condena en costas en esta instancia

100. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

101. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

102. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

103. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia al señor Carlos

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Miguel Durán Rangel, por cuanto no se accede a las pretensiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander.

Segundo. CONDENAR en costas, en esta instancia, al demandante. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.

Tercero. RECONOCER personería a la abogada Linda Jairiny Peñaranda Mantilla,
identificada con la cédula de ciudadanía nro. 1.091.653.591 y portadora de la tarjeta
profesional nro. 185.850 del C.S. de la J., para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00064
de SAMAI-Tribunales.

Cuarto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente con permiso

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

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