Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01207-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01207-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01207-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01207-01 (0697-2024)
Demandante: Rosa Parra Padilla
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No demostró 20 años de
servicio. Carga de la prueba. Aplicación de sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Rosa Parra Padilla instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones (i) RDP 045758 del 5 de diciembre
de 2016 y (ii) RDP 010480 del 15 de marzo de 2017, por medio de las cuales la
entidad demandada negó la pensión gracia y confirmó la negativa.
1 Ver índice 31, SAMAI Tribunal Administrativo de Santander, archivo 001ExpedienteDigitalizado.
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2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar a
la accionante la pensión gracia desde el momento en el que adquirió el estatus,
el 10 de diciembre de 2011, en una cuantía mensual de $2.047.618,72 con los
ajustes de ley e intereses moratorios correspondientes.
3. Solicitó que se ordene el reconocimiento y pago de los reajustes previstos en la
Ley 100 de 1993, que la autoridad demandada dé cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA y que sea condenada en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
4. Que nació el 1. ° de abril de 1958 e inició la prestación de sus servicios como
docente nacionalizada del 17 de abril de 1980 al 1. ° de agosto de 1981,
nombrada por Decreto 0637 de 1980; luego, laboró desde el 25 de marzo de
1993 hasta el 17 de febrero de 2016, designada mediante Decreto 261 de 1993.
5. Manifestó que solicitó por primera vez a la entidad el reconocimiento pensional
el 22 de mayo de 2012 pero su petición fue resuelta de forma negativa en la
Resolución RDP 017237 del 28 de noviembre de 2012, confirmando la decisión
en las Resoluciones RDP 007690 del 20 de febrero de 2013 y RDP 010742 del
5 de marzo de 2013.
6. Que solicitó nuevamente la pensión gracia el 15 de julio de 2013 presentando
nuevos documentos, pero la entidad negó nuevamente el derecho, esta vez a
través de la Resolución RDP 039202 del 26 de agosto de 2013, ratificándose en
las Resoluciones RDP 043843 del 20 de septiembre de 2013 y RDP 044097 23
de septiembre de 2013 al resolver los recursos de reposición y apelación.
7. Que finalmente, realizó una última petición para acceder a la prestación el 25 de
abril de 2016 la cual fue negada una vez más por medio de las Resoluciones
RDP 045758 del 5 de diciembre de 2016 y la RDP 010480 del 15 de marzo de
2017.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Considera que con el acto administrativo demandado se transgredieron: los
artículos 2, 25, 48, y 58 de la Constitución Política, las Leyes 39 de 1903, 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de
1989, 60 de 1993, 715 de 2001, 1437 de 2011, y los Decretos 1743 de 1966 y
2277 de 1979.
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9. Que cumple con los requisitos exigidos por la ley 114 de 1913, esto es, una
vinculación de carácter departamental antes del 1.° de enero de 1981, 20 años
de servicios y 50 años de edad, por lo que debe reconocerse a su favor la
pensión solicitada.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. La demanda fue admitida el 2 de febrero de 20182, y la UGPP manifestó3 que la
actora no cumple con los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizada, pues respecto del tiempo laborado a favor del municipio de
Piedecuesta, no puede identificarse con certeza la calidad del vínculo.
11. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación,
(ii) cobro de lo no debido, (iii) presunción de legalidad de los actos
administrativos, (iv) prescripción, (v) genérica e innominada.
12. El 7 de septiembre de 20204 el tribunal de origen estimó resolver las excepciones
propuestas en la sentencia; fijó el litigio, y efectuó el decreto de pruebas.
13. El 20 de octubre de 20225, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, y al Ministerio Público para conceptuar, si a bien lo considerara.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
14. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 10 de agosto de
2023, accedió a las pretensiones. Expuso que la docente prestó sus servicios
desde el 17 de abril de 1980 hasta el 30 de julio de 1981, y del 25 de marzo de
1993 al 1. ° de enero de 2016, ambas vinculaciones como docente
nacionalizada, por lo que estimó que cumplió con los requisitos exigidos por la
normatividad para resultar beneficiaria de la pensión gracia.
15. La categoría nacionalizada para la vinculación de 1993 la determinó al
considerar que la institución en la que prestó el servicio fue de dicho carácter,
que el acto de nombramiento fue suscrito por el alcalde y el secretario de
educación sin intervención de un representante de la Nación, y porque en oficio
del 27 de mayo de 2013 la misma Secretaría de Educación de Piedecuesta
rectificó la calidad mencionada.
16. Que la demandante cumplió con los requisitos para adquirir la pensión el 10 de
diciembre de 2011 pero que las mesadas anteriores al 25 de abril de 2013 se
encuentran prescritas.
2 Expediente digital, página 205.
3 Ibid, página 290.
4 Ibid, página 323.
5 Ver índice 34 de SAMAI- Tribunales.
6Ver índice 41 de SAMAI- Tribunales.
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17. Sin condena en costas.
RECURSOS DE APELACIÓN
18. La parte demandada7 interpuso recurso de apelación. Insistió en que la actora
no cumple con los 20 años de servicios como docente oficial de carácter
territorial o nacionalizada ya que el tiempo de servicio prestado como docente
del municipio de Piedecuesta del 25 de marzo de 1993 al 1. ° de enero de 2016
no puede ser tenido en cuenta para efectos de la pensión, pues no puede
identificarse con claridad la calidad del vínculo, por lo que sólo es procedente
reconocer el tiempo laborado desde el 17 abril de 1980 al 30 de julio de 1981, el
cual resulta insuficiente para acceder al derecho pretendido.
19. Expresó que los actos demandados fueron expedidos de conformidad con la
documentación allegada por la actora, quien es la que tiene la carga probatoria
para acreditar su tipo de vinculación; que incluso, si en proceso posterior a la
negativa de la entidad aparecen nuevas certificaciones, no procede la nulidad
de los actos acusados, pues serían hechos sobrevinientes. Afirmó que, en esos
casos, el ordenamiento prevé que el interesado presente la nueva
documentación ante la UGPP y solicite nuevamente el reconocimiento, evitando
un desgaste judicial.
20. Enfatizó que, al ser los salarios de la educadora financiados con recursos del
Situado Fiscal hoy Sistema General de Participaciones debe entenderse que la
calidad en la que la docente desempeñó sus labores fue nacional, siendo esto
incompatible con las normas para acceder a la pensión gracia.
21. Por su parte, la demandante8 solicitó que se aclare y/o modifique el fallo apelado
al manifestar que en la parte resolutiva no se indicó la fecha de efectividad de la
pensión, además, la fecha de prescripción de la decisión no corresponde a la
relacionada en las consideraciones de la sentencia. También consideró que en
primera instancia nada se dijo de sus pretensiones sobre los reajustes de la Ley
100 de 1993 y de los intereses moratorios del artículo 195 del CPACA.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 29 de febrero de 20249 y el 14 de enero de 202510 se admitieron los recursos
de apelación interpuestos por las partes, y por no haber pruebas que decretar
no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.
23. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
7 Ver índice 46 de SAMAI- Tribunales.
8 Ver índice 47 de SAMAI- Tribunales.
9 Ver índice 6 en SAMAI.
10 Ver índice 16 en SAMAI.
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24. El Ministerio Público no emitió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con
carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y
acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
26. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase,
sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un
tiempo de servicio educativo prestado al Estado, tal como se determinó en el
artículo 1.º de la Ley 114 de 1913.11
27. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que
el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
11 «Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente ley […]»
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28. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 198912
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los
inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de
establecimientos de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que
laboraran en plazas departamentales o municipales, o que hubiesen estado
sometidos al proceso de nacionalización, siempre y cuando tuvieran un vínculo
como educadores oficiales antes del 31 de diciembre de 1980.
29. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante
el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley
24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75%
del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
30. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 199713, CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201814 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 se ha
12 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y
para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. […] v) Por tanto, no es dable inferir
que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente
del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el
argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. […]
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. […]»
15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
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advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla
con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a
los docentes nacionales de su reconocimiento.16
31. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para
el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos
que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
32. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza
a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si
se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante
la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9
y 10 de la Ley 29 de 1989.
33. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación, o por un
alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
16 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.
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iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
34. Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para
consolidar el derecho a la pensión gracia.
35. Sin embargo, la Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del
segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, y examinará en primer
lugar el período laborado a partir del 25 de marzo de 1993, por ser este el más
extenso y porque su exclusión del cómputo sería suficiente para concluir que no
se cumple dicha exigencia.
• Del 25 de marzo de 1993 al 17 de febrero de 2016
36. Obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral n.° 36, emitido el 17 de febrero de 2016 por la Secretaría de
Educación de Piedecuesta17, en el cual se consigna que la docente fue
nombrada el 20 de marzo de 1993 por medio del acta n.° 684, para prestar sus
servicios en el plantel educativo Escuela Rural El Mansito, y que se posesionó
a partir del 23 de marzo de 1993, laborando de manera ininterrumpida, al menos
hasta la fecha de expedición del certificado, pues consta que a su fecha la
docente seguía activa en el servicio.
37. Ahora, se encuentra también el Decreto 261 del 20 de marzo de 1993, por el
cual la Alcaldía de San Vicente de Chucurí designó a la actora como maestra
de la Escuela Rural Kilómetro 32 del municipio, y tomó posesión de su cargo el
25 de marzo de 1993, según consta en el acta de posesión n.° 68418, esto es,
el mismo día en que según manifestó la Secretaría de Educación de
Piedecuesta, entidad territorial diferente, que la educadora inició sus labores en
dicho municipio en la Escuela Rural El Mansito.
38. En el mismo sentido se encuentra una constancia19 de la Secretaría de
Educación de Piedecuesta en la que se indica que la actora ingresó a la entidad
el 25 de marzo de 1993, en la institución educativa ya mencionada.
39. Sin perjuicio de lo anterior, se observa el acta n.° 0184-09 en la cual consta que
la actora se presentó ante la Alcaldía de Piedecuesta para tomar posesión del
17 Ver expediente digital, página 161.
18 Ibid, página 13.
19 Ibid, página 46.
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cargo de docente en propiedad sin solución de continuidad para el cual fue
incorporada mediante el Decreto 123 del 30 de diciembre de 2009.
40. De las pruebas relacionadas se advierte una incongruencia respecto del
nombramiento de la docente en 1993, pues no resulta coherente que la
Secretaría de Educación de Piedecuesta certifique tiempos laborados por la
actora a partir del 25 de marzo de 1993, cuando tal fecha corresponde al
nombramiento realizado por otra entidad territorial (San Vicente de Chucurí) y
porque existe un acta de posesión que habla de un nombramiento por parte de
Piedecuesta que obedece a una incorporación la cual supone que la docente,
antes de esa fecha, no pertenecía a la planta de cargos del mencionado
municipio.
41. Además, sobre la designación de San Vicente de Chucurí, no se encuentra en
el expediente documento alguno expedido por la autoridad nominadora que
establezca los extremos temporales del vínculo, ni acto administrativo que dé
cuenta de la terminación de la relación legal y reglamentaria o alguna situación
administrativa que justifique por qué Piedecuesta tendría la competencia para
certificar labores que, en principio, no fueron prestadas en su jurisdicción.
42. A su vez, debe resaltarse que, para valorar el servicio prestado en el municipio
de Piedecuesta con ocasión a la incorporación de la actora a partir del 30 de
diciembre de 2009, es indispensable definir con claridad la naturaleza del
vínculo inicial, pues, si bien la descentralización educativa en Colombia conllevó
el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por tanto la administración del servicio y de
dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, tales
condiciones no generaron un cambio en el ingreso primigenio de los educadores
que estaban prestando sus servicios con anterioridad a dicho proceso.
43. Así para el caso de la demandante, pese a observase su incorporación a la
planta de personal del municipio de Piedecuesta, ello no significó un cambio en
la naturaleza de su vinculación, pues la plaza que ocupaba debió seguir siendo
la misma. Sin embargo, a partir del material probatorio, no es posible determinar
el tipo de vínculo anterior a la incorporación, el cual, como ya se expresó, debió
permanecer inmutable.
44. Por todas las razones expuestas y en virtud de la diligencia de esta corporación
para aclarar puntos oscuros del debate en búsqueda de la verdad material, el
14 de mayo de 2025 se decretó una prueba de oficio20 dirigida a la Alcaldía de
San Vicente de Chucurí y a la Secretaría de Educación de Piedecuesta, a fin de
que dichas autoridades allegaran el soporte documental que demostrara, tanto
la vinculación legal y reglamentaria o contractual de la actora en 1993, según
20 Ver índice 24 de SAMAI.
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sea el caso, así como la prestación del servicio durante el tiempo en que estuvo
vigente tal relación.
45. Ante dichos requerimientos, ambas entidades oficiadas y la Gobernación de
Santander remitieron sus respuestas. Sin embargo, lejos de aportar claridad,
estas generaron nuevas dudas sobre de su contenido y sobre la idoneidad de
lo consignado para acreditar los hechos con plena credibilidad.
46. Pues bien, la Alcaldía de San Vicente de Chucurí21 manifestó que, luego de
verificar la información del archivo central respecto de los servicios prestados
por la actora a favor del municipio, esta laboró mediante contrato de prestación
de servicios del 1.° de febrero al 24 de marzo de 1993, sin realizar mención
alguna respecto del nombramiento efectuado mediante el Decreto 261 del 20
de marzo de 1993 ni del lapso laborado en virtud de dicha relación legal y
reglamentaria.
47. Por su parte, la Gobernación de Santander22 señaló que para el año 1993 el
«Fondo Educativo Departamental- Secretaría de Educación Departamental»
liquidó la nómina a favor de la demandante y que esta se desvinculó el 31 de
diciembre de 2009 con ocasión de un traslado a otro ente territorial. No obstante,
no aportó soporte documental alguno, expresando que el expediente de la
docente no reposa en sus archivos, pues debía permanecer en la entidad a la
cual fue trasladada.
48. La Secretaría de Educación de Piedecuesta23 afirmó que para el año 1993 la
entidad territorial no estaba certificada en educación y quien debe brindar la
información de dicha anualidad es el departamento de Santander, pues la actora
solo se vinculó al servicio del municipio a partir del 2009, mediante el Decreto
123 del 30 de diciembre de ese año, expedido con ocasión de su incorporación
a la planta de cargos adoptada por dicha entidad territorial.
49. Señaló, además que, para la fecha de su respuesta, la docente permanecía
activa en el servicio, anexando para el efecto el referido acto administrativo de
incorporación y el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historial
Laboral, en el cual, a diferencia de lo aportado por la actora con su demanda,
únicamente registra el tiempo prestado desde del 1.° de enero de 2010 hasta el
17 de julio de 2025, fecha del certificado.
50. Ahora, para la Sala, al revisar la mencionada documentación se generaron una
serie de preguntas respecto de su contenido y la capacidad de demostrar con
plena credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:
21 Ver índice 31 de SAMAI.
22 Ver índice 34 de SAMAI.
23 Ver índices 41 de SAMAI.
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51. ¿Por qué la Alcaldía de San Vicente de Chucurí únicamente certificó que en
1993 la actora laboró bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
entre el 1.° de febrero y el 24 de marzo de 1993, y no se pronunció sobre el
Decreto 261 del 20 de marzo de 1993, aportado por la demandante, en el que
se observa que dicha entidad actuó como autoridad nominadora?; ¿por qué la
Gobernación de Santander afirmó que la educadora estuvo vinculada al
departamento en 1993, sin referenciar el acto de vinculación ni aludir a soportes
documentales que respalden su afirmación, cuando en el expediente solo obra,
para ese mismo año, un acto administrativo de nombramiento expedido por una
entidad territorial distinta (San Vicente de Chucurí)?
52. Surgen también los siguientes interrogantes: ¿por qué el municipio de
Piedecuesta allegó el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 17 de julio de 2025 certificando tiempos solo a partir del 1.°
de enero de 2010, pero en el mismo formato emitido el 17 de febrero de 2016
que aportó la actora, sí se reconoció un tiempo laborado a partir del 25 de marzo
de 1993?, ¿por qué en este último documento se hace mención al período
laborado desde 1993 con fundamento en el “acta n.° 684”, pese a que esta
identificación es la misma del acta de posesión de la docente ante el municipio
de San Vicente de Chucurí?, ¿por qué ni la Gobernación de Santander ni la
Alcaldía de Piedecuesta remitieron el expediente de la actora, limitándose cada
una a señalar que dicho archivo debe reposar en la otra entidad?.
53. Adicionalmente, ¿por qué el municipio de Piedecuesta certificaría tiempos de
labor oficial de la demandante prestados ante otro municipio?, si efectivamente
la actora trabajó para dicha entidad territorial, ¿por qué esta autoridad ante el
requerimiento de oficio no aportó la documentación que respaldara ese hecho?
54. Finalmente, si conforme al Decreto 261 del 20 de marzo de 1993 y el acta de
posesión 684 del 25 de marzo del mismo año expedidas por el municipio de San
Vicente de Chucurí, el nombramiento de la reclamante se dio para que ejerciera
el cargo de docente en la Escuela Rural Km. 32 de esa entidad, ¿por qué el
municipio de Piedecuesta certificó tanto el 13 de julio de 2012 como el 27 de
agosto de 2012 que la actora había prestado sus servicios para esta última
entidad con base en la referida acta e igualmente desde el 25 de marzo de 1993,
pero en la Escuela Rural El Mansito de dicho territorio que es una institución
distinta a la del primer ente en mención?
55. Conforme a lo expuesto, pese al intento de la Sala por despejar las dudas
derivadas del material probatorio inicialmente aportado, las mismas persisten y
las respuestas suministradas por las entidades no permitieron resolverlas. En
consecuencia, lo demostrado en el proceso mantiene un panorama de
incertidumbre y no ofrece un soporte probatorio sólido que respalde el supuesto
que se pretende demostrar. Así, de una valoración bajo elementos propios de
la sana crítica, y, teniendo en cuenta que la pensión solo puede reconocerse
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cuando existe plena prueba de lo alegado, las múltiples inconsistencias impiden
determinar con certeza los periodos durante los cuales la actora ejerció su labor
educativa, así como el origen del vínculo inicial que determina el cómputo de
dichos servicios y la plaza docente ocupada al momento de la incorporación a
la planta de cargos del municipio de Piedecuesta.
56. De hecho, también es de resaltar la inactividad de la parte actora, que es la
interesada en el recaudo de los medios de convicción necesarios para probar el
supuesto de hecho, pues al margen de los requerimientos que hiciera el
Consejo de Estado, aquella pudo haber realizado actividades propias que
demostraran su diligencia en procura de que las entidades oficiadas ahondaran
en sus pronunciamientos para poder determinar la realidad de la naturaleza
jurídica de su vinculación en 1993, más aún porque desde la presentación de la
demanda, esta era su carga, es decir, adjuntar las pruebas que cumplieran con
los requisitos para tener acreditado el hecho alegado.
57. Pues bien, se resalta que en esta oportunidad lo que se busca, más allá de
descartar unos medios de convicción, es realizar un examen crítico sobre ellos,
valorados en conjunto con los demás elementos con el fin de garantizar el
principio de la unidad de la prueba contenido en el artículo 176 del CGP.24
58. En tal sentido, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas allegadas
por la accionante ni las recaudadas de oficio, lo que deviene entonces en el
incumplimiento del accionante de la carga probatoria que le correspondía para
demostrar sus supuestos de hecho, pues tal como lo prevé la regulación
procesal, quien alega la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas,
el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad probatoria
suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que
fundamentan el derecho reclamado a través de un medio de control como el de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la
concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo
167 del CGP.
59. En ese entendido, la inobservancia de dicha carga conlleva resultados adversos
para la parte que no la satisface, puesto que al no probar lo planteado, se
somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo
demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de comprobación.
60. De este modo, se concluye que la actora no satisfizo la exigencia de acreditar
el cumplimiento de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada,
24 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un importante
principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una
unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que
la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se
requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr
conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad. […]»
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de manera que resulta inane examinar los demás presupuestos normativos para
consolidar el derecho en litigio, pues finalmente este no podría concederse. En
consecuencia, se revocará el fallo apelado que accedió a las pretensiones y, en
su lugar, estas serán negadas.
De la condena en costas en ambas instancias
61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
64. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diez (10) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones. En su lugar,
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Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Condenar en costas a la demandante en ambas instancias.
Cuarto. Reconocer personería al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia,
portador de la tarjeta profesional 268.679, en calidad de representante legal de la
sociedad ASPROINT ASESORES S.A.S., identificada con NIT 900.648.658-2,
apoderada general de la UGPP conforme a la Escritura Pública visible en el índice
22 de la plataforma SAMAI.
Quinto. Reconocer personería a la abogada Elizabeth Valencia Giraldo, portadora
de la tarjeta profesional 332.677, en calidad de apoderada sustituta de la UGPP
conforme al memorial de sustitución visible en el índice 22 de la plataforma SAMAI.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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