RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2017-01216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01216-01

Fecha
23 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por Edwin Alberto Ávila Ramos contra la Corporación Autónoma Regional de Santander. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta providencia. 41 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado “004PruebasDemanda.pdf”, folios 13- 14. www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022) Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01216-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander
Tema: Declaración de insubsistencia. Empleado libre nombramiento
y remoción. Estabilidad laboral reforzada

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:

Primera: Que se anule la Resolución N° 00000200 de 1.° de marzo de 2017,1 por
medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento que el demandante
ostentaba en el cargo de Asesor, Código 1020, Grado 15 de la Oficina de Control
Interno de la demandada.

Segunda: Que se ordene a la accionada reintegrar al accionante al empleo en
cita y/o a otro de igual jerarquía y remuneración, sin solución de continuidad para
todos los efectos legales.

Tercera: Se condene a la enjuiciada a reconocer y pagar los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por el actor desde la desvinculación del
servicio y hasta el día en que sea reincorporado al mismo, con la consecuente
cotización de los aportes a Sistema General de Seguridad Social Integral.

1 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip)

NroActua 2”, documento denominado “003 Demanda.pdf”.

www.consejodeestado.gov.co 1
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

Cuarta: Que se condene en costas y agencias en derecho al ente demandado.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

El demandante fue nombrado como Secretario General, Código 0037, Grado 16,
de la Corporación Autónoma Regional de Santander, cargo que ejerció desde el
7 de febrero de 2012 hasta el 7 de enero de 2016.

Posteriormente fue designado en el empleo de Asesor, Código 1020, Grado 15
de la Oficina de Control Interno de la demandada, plaza que ocupó desde el 8 de
enero de 2016 hasta el 1.° de marzo de 2017.

El 15 de enero de 2017, el actor sufrió un accidente que le afectó su rodilla
derecha. Por esa razón, acudió al servicio de urgencias del Hospital Manuela
Beltrán del municipio El Socorro (Santander), en donde el médico de turno le
manifestó que su padecimiento podría estar relacionado con ruptura de meniscos
y del ligamento cruzado anterior y posterior.

A raíz de ese diagnóstico fue remitido al ortopedista, previa incapacidad para
laborar entre el 15 y el 19 de enero de esa anualidad. El día siguiente, el médico
especialista le ordenó la realización de una resonancia magnética nuclear y
prorrogó su incapacidad médica hasta el 27 de enero próximo. Ante la mora de
su EPS para autorizar la realización de ese procedimiento, la aludida incapacidad
fue nuevamente prorrogada hasta el 11 de febrero de 2017.

Realizado ese estudio, se obtuvo como resultado «Desgarro meniscal medial en
“aza de balde”, importante desgarro articular», y ello conllevó a que se ordenara
la realización de cirugía de rodilla para manejo artroscópico.

Dadas las demoras en el trámite de autorización de esa cirugía, la incapacidad
laboral de la que venía gozando fue prorrogada hasta el 26 de febrero de ese
año. Sin embargo, como quiera que al término de esta no le fue realizada la
cirugía, decidió reincorporarse al servicio a partir del día 27 de ese calendario,
atendiendo las recomendaciones de su médico tratante y previo aviso al director
de la entidad y a la dependencia de recursos humanos.

Sorpresivamente, mediante la Resolución N° 00000200 del 1.° de marzo de 2017,
se declaró insubsistente su nombramiento.

Durante el tiempo en que prestó sus servicios a la demandada, el actor no recibió
llamados de atención ni amonestaciones, pues siempre cumplió a cabalidad con
sus funciones. La única razón que determinó su desvinculación fue que cambió
el director de la Corporación y este necesitaba disponer de todos los empleos de
libre nombramiento y remoción, sin importar las condiciones de salud que él

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

atravesaba y pasando por alto las sentencias de la Corte Constitucional que han
erigido la estabilidad laboral reforzada frente a aquellas personas incapacitadas
por tratamientos médicos.

El empleo en cita fue provisto mediante la figura del encargo de funciones con el
secretario general de la entidad accionada, servidor que no satisfacía las
exigencias para desempeñarlo, entre ellas, el requisito de experiencia de 3 años
en asuntos de control interno, tal y como lo demanda el artículo 9 de la Ley 1474
de 2011.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
• Sentencias C-634 de 2011, T-372 de 2012, T-716 de 2013 y T-320 de 2016.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado invocó la siguiente causal
de nulidad:

• Infracción de las normas en que debería fundarse. Fundada en que la
demandada violó el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 -norma declarada
exequible condicional a través de la sentencia C-634 de 2011-, pues tenía el
deber aplicar los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que
han versado sobre la estabilidad laboral reforzada de los empleados inmersos
en tratamientos médicos -sentencias T-277 de 2012, T-372 de 2012, T-716 de
2013, T-320 de 2016, -. Así, siendo un ente de naturaleza administrativa no
tiene asignada la facultad de separarse de esas decisiones ni mucho menos
de fundamentar su nueva posición, dado que esta atribución solo le es
permitida a los jueces de la república.

En consecuencia, la demandada debió explicar los motivos que determinaron
el retiro del servicio del actor, en tanto gozaba de una estabilidad laboral
reforzada dimanada de sus condiciones de salud.

1.4 Contestación de la demanda.

1.4.1 Corporación Autónoma Regional de Santander.

Dentro de la oportunidad de ley, la entidad accionada contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, arguyó:

2 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip)

NroActua 2”, documento denominado “026 ContestaciónDemandaCorpAutonoma.pdf”.

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

• Al tenor de lo preceptuado en los estatutos de la Corporación Autónoma
Regional de Santander y en la Ley 87 de 1993, el cargo de Jefe de Control de
Interno es de libre nombramiento y remoción y, por tanto, la facultad para
determinar su nominación y retiro del servicio es de naturaleza discrecional.

• Tal potestad implica, a la luz de lo establecido en el parágrafo 2.° de la Ley 909
de 2004, que el acto de insubsistencia no deba ser motivado, pues la naturaleza
de ese empleo dimana del grado de especial confianza que existe y debe existir
entre el nominador y el funcionario, necesario para el cumplimiento de la misión
encomendada al primero de ellos.

A la llegada del nuevo de director general en la entidad, declaró insubsistentes
los nombramientos de los cargos adscritos a su Despacho -como es el caso del
Jefe de Control Interno-, pues requería contar con personal de su extrema
confianza, para su asesoramiento y apoyo institucional, pues son estos
servidores quienes tendrán bajo su responsabilidad directa, la coordinación y
vigilancia de la implementación de los proyectos y políticas propias de su
administración.

• Al verificar los requisitos de la facultad discrecional -la previsión legal de la
potestad, la adecuación de su uso a los fines previstos en esa norma y la
proporcionalidad en la decisión-, se encontró que: i) el representante legal de
la entidad contaba con la autorización legal para retirar del servicio al actor; ii)
que el acto administrativo demandado se ajustó a la finalidad prevista en la
norma respectiva, pues la naturaleza de ese empleo le permite al director
general rodearse de las personas de su confianza, quienes lo acompañaran
durante la ejecución de su plan de gestión y; iii) la proporcionalidad de esa
decisión está representada en el hecho según el cual el demandante no reunía
las condiciones para ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada, pues
la afectación en su salud no tuvo la potencialidad de afectar sustancialmente el
desarrollo normal de sus labores. En ese sentido, alegó que las
recomendaciones impartidas por el médico tratante, apuntaron a que el
accionante continuara con sus actividades cotidianas mediante el uso de un
bastón, sin ningún tipo de restricción adicional. Así mismo, llamó la atención en
cuanto a que, al momento de reintegrarse a sus labores, no informó la
existencia de alguna recomendación médica o restricción laboral, sino que, por
el contrario, se puso a disposición de la nueva administración para la ejecución
de cualquier orden. Finalmente, adujo que las funciones del cargo de Jefe de
la Oficina de Control Interno demandan su presencia constante en la oficina,
sin mayores esfuerzos físicos, lo que ratifica que la lesión en su rodilla no limitó
sustancialmente el ejercicio de su labor.

• Si bien, luego de la desvinculación del reclamante, se encargó de sus funciones
al secretario general, dicho movimiento estuvo destinado a garantizar la
prestación del servicio mientras se proveía el empleo de manera permanente;
provisiones que respetaron el orden jurídico, pues el funcionario encargado y

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

el nuevo servidor posteriormente designado cumplían con los requisitos para el
desempeño de ese cargo. Es más, el titular de esa ocupación detentaba
mejores condiciones académicas y de experiencia laboral que el actor, lo que
demuestra que no se desmejoró el servicio.

1.4.2 Vinculado Jairo Jaimes Yáñez.

El vinculado contestó la demanda dentro de la oportunidad de ley,3 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Los argumentos de
defensa invocados fueron los mismos esbozados por la Corporación Autónoma
Regional de Santander.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia adiada 16 de diciembre de 2021,4 el Tribunal Administrativo
de Santander, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar i) la
facultad discrecional frente a los empleos de libre nombramiento y remoción; ii)
la estabilidad laboral reforzada; iii) la desviación de poder como causal de nulidad
de los actos administrativos y; iv) las pruebas recaudadas en la actuación,
concluyó:

• Por regla general, los actos administrativos de retiro del servicio de los
empleados de libre nombramiento y remoción no requieren ser motivados,
pues la facultad discrecional que sobre el particular detenta el nominador no
lo obliga a ello. En este asunto, la decisión atacada no debía ser motivada,
pues el empleo ocupado por el demandante pertenecía a la naturaleza arriba
descrita.

• En tratándose de la estabilidad laboral reforzada dimanada de condiciones de
salud, la Corte Constitucional ha pregonado que tal condición se adquiere en
la medida que las afectaciones padecidas impidan el normal ejercicio de sus
funciones -sentencia T-372 de 2012-.

• El actor no se encontraba en una situación de debilidad manifiesta que lo
hiciera acreedor a los beneficios de la aludida estabilidad laboral, pues la
lesión en su rodilla no le impidió el ejercicio normal de sus actividades.
Además, no acreditó que en el momento en que fue retirado del servicio estaba
recibiendo algún tipo de tratamiento para mejorar su salud, lo que de suyo
descarta que la potestad discrecional empleada por el nominador estuvo
asociada a esa causa.

3 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip)

NroActua 2”, documento denominado “028 ContestacionDemandaJairoYanez.pdf”.
4 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip)

NroActua 2”, documento denominado “061 SentenciaPrimeraInstancia.pdf”.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

• Las pruebas allegadas a la actuación no evidencian la desviación de poder, en
razón a que: i) las hojas de vida de las personas que reemplazaron al actor en
el empleo de Jefe de la Oficina de Control Interno evidencian que si cumplían
con los requisitos para ejercer ese cargo; ii) el acto administrativo cuestionado
se alineó a la finalidad para la que fue prevista la potestad discrecional, esto
es, el mejoramiento del servicio, pues no se acreditó un fin abyecto y arbitrario
en su uso y; iii) las excelentes condiciones laborales del accionante no le
otorgan fuero de estabilidad laboral, pues es lo que se espera de todo servidor
público.

Corolario, el a quo arguyó que:

«En conclusión, se considera que no se desvirtuó la presunción de legalidad del
acto por medio del cual fue declarado insubsistente el nombramiento del actor,
así como tampoco se aportaron elementos que permitieran determinar un
desbordado uso de la facultad discrecional que tenía el nominador para
desvincularlo, pues, se evidenció que el Director de la CAS dada la naturaleza
del empleo, ostentaba la competencia para disponer del cargo».

1.6 El recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.5 En su intervención, censuró que el a quo hubiere negado las
pretensiones de la demanda pues, a su juicio:

• Contrario a lo concluido en la sentencia apelada, el demandante si se
encontraba en condición de debilidad manifiesta, pues al ser retirado del
servicio, el médico especialista en salud ocupacional le recomendó «Continuar
manejo en su EPS por trastorno osteomuscular en rodilla derecha. Continuar
Promoción y Prevención de su salud en su EPS». Ello demuestra que se
encontraba en tratamientos para mejorar sus condiciones de vida.

• Por consiguiente, el acto administrativo acusado debió ser motivado de
manera concreta, cierta y concurrente, dada la delicada situación que
atravesaba el demandante.

• Para cuando fue declarado insubsistente, el actor tenía una lesión en la rodilla
que le impedía ejercer su trabajo en condiciones normales, máximo porque
dentro de sus funciones se encontraba la de realizar visitas de inspección
sobre grandes áreas de terreno, lo que implicaba caminar largas distancias.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto adiado 14 de septiembre de
2022,6 se admitió el recurso de apelación.

5 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental “ED_6800123330002017(.zip)

Nro Actua 2”, documento denominado “064 RecursoApelacionDemandante.pdf”.
6 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente
del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.

1.8 El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.

2.3 Problema jurídico.

Conforme a lo señalado en acápites anteriores, le corresponde a esta Subsección
determinar si ¿El actor gozaba de una estabilidad laboral reforzada cuando fue
declarado insubsistente su nombramiento en el cargo de Asesor, código 1020,
grado 15, de la planta global de la entidad demandada?

En orden a resolver este planteamiento, la Sala abordará los siguientes aspectos:
i) el ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción y; ii) alcances de la estabilidad laboral reforzada frente
a las personas en condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su
salud.

7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1 El ejercicio de la facultad discrecional frente a los empleados de libre
nombramiento y remoción.

La Constitución Política, en su artículo 125 dispone:

«Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los
trabajadores oficiales y los que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción…».

En complemento de la citada clasificación general, se expidió la Ley 909 de 2004,
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». A través de ella
se fijaron los criterios que permiten encasillar un cargo público como de «libre
nombramiento y remoción». El artículo 5.° ejusdem es del siguiente tenor literal:

«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con
excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política
y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser
ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio
implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o Subgerente;
Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de
Prensa o de Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno
Disciplinario o quien haga sus veces.». (El énfasis es de la Sala)

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al
servicio público viene determinada por el sistema de carrera administrativa.10 Sin
embargo, dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de
libre nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros
previstos en el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse
en los siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las
esferas de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son
encomendadas labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de
dineros y bienes públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad
discrecional del nominador, pues el grado de confianza frente a él es el mérito
principal que determina su provisión y/o retiro».

En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes
al sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la
superación de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los
empleos de libre nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva
el ingreso y/o la posterior desvinculación del servicio.

Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia11 precisó que el jefe de la
entidad está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos
empleados, sin que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la
respectiva decisión. En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se
ordena la vinculación y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere
ningún razonamiento distinto al que proviene de la confianza que el nominador
tiene sobre la persona destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley
909 de 2004, dispuso:

«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio
de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…

PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política
y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».

Ahora bien, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de

10 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación:
50001-23-33-000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez,
número de radicación: 25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).
11 Ver pie anterior.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

motivar la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad
tiene «como es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual
demanda resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés
general.12

En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional13 ha pregonado
que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites para el
ejercicio de dicha atribución, los siguientes:

i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la
potestad discrecional.

ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;

iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Como refuerzo de lo anterior, se recuerda que el artículo 44 del CPACA prescribe
que «En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa».

Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que
autoriza su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la
racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.

En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de libre nombramiento y remoción, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.

2.4.2. Alcances de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas en
condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud.

La estabilidad laboral reforzada es una figura protectora de estirpe constitucional
que tiene por finalidad garantizar la permanencia en el empleo de aquellos
trabajadores que, por motivos especiales o excepcionales de vulnerabilidad
debidamente acreditados, ven amenazados sus puestos de trabajo. Este amparo
subsistirá en la medida en que esas condiciones de debilidad se mantengan en
el tiempo, y siempre y cuando el vínculo no sea finiquitado por una justa causa.

Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación ha expresado:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 18 de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-
00193-01(0417-19).
13 Sentencia T-372 de 2012.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

«[…] La figura de la estabilidad laboral reforzada consiste en una protección
constitucional del derecho fundamental al trabajo que implica restricciones
superiores para variar las condiciones laborales o desvincular a las personas que
por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, requieren un tratamiento
a través de acciones afirmativas concretadas en prohibiciones para el empleador,
ello tendiente a garantizar la igualdad material de un sujeto vulnerable en términos
de permanencia del vínculo contractual de trabajo o de la relación legal y
reglamentaria según sea el caso […]».14

En lo que corresponde a los servidores públicos de libre nombramiento y
remoción, la Corte Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018,15 recordó que,
por regla general, no son titulares de los beneficios de la estabilidad laboral
reforzada.16 En esa oportunidad, expresó:

«[…] 42. La resolución del primer problema jurídico sustancial, a que se hizo
referencia en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa, unificar
la jurisprudencia constitucional en cuanto a si los servidores públicos que ocupan
cargos de libre nombramiento y remoción gozan de estabilidad laboral reforzada.

43. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, por regla general,
los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad
laboral reforzada. Para efectos de fundamentar esta primera regla de unificación
jurisprudencial se hace referencia a la normativa que regula esta categoría
especial de servidores públicos, a su delimitación cuando ejercen función
administrativa y a las razones relevantes para su justificación.

[…]

53. Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza, justifican
no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por concurso a la carrera
administrativa, sino que también habilita un tratamiento distinto en la aplicación de
los distintos fueros de estabilidad laboral, entre ellos el de “prepensión”, en los
términos de la primera regla de unificación de esta sentencia. En consecuencia,
tal como allí se indicó, por regla general, los empleados públicos de libre
nombramiento y remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley
909 de 2004, no gozan de estabilidad laboral reforzada como consecuencia,
bien, de las funciones a su cargo o de la suma confianza que exige su labor
[…]» (El énfasis es de la Subsección).

De la lectura de esa sentencia se deduce que la restricción a la estabilidad laboral
reforzada de los empleados de libre nombramiento y remoción admite
excepciones. En tal virtud, cuando determinadas condiciones de salud ubican a
la persona en una situación de debilidad manifiesta, se activan frente a ella las
protecciones que dimanan de esa figura constitucional, sin importar el tipo ni la
modalidad del vínculo público o privado que detenten. En sentencia C-049 de
2017,17 la Corte Constitucional pregonó:

14 Subsección A, sentencia 18 de noviembre de 2021, expediente N° 47001-23-33-000-2016-00019-
01(0850-17).
15 Magistrado Ponente Carlos Bernal Pulido
16 Esta misma conclusión había sido vertida en la sentencia SU-691 de 2017, M.P. Dr. Alejandro Linares

Cantillo.
17 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

www.consejodeestado.gov.co 11
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

«[…] 4.2. Por el contrario, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a
la estabilidad ocupacional reforzada no deriva únicamente de la Ley 361 de 1997,
ni es exclusivo de quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda. Desde muy temprano la jurisprudencia de esta
Corporación ha indicado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene
fundamento constitucional y es predicable de todas las personas que tengan una
afectación en su salud que les “impid[a] o dificult[e] sustancialmente el
desempeño de sus labores en las condiciones regulares”,18 toda vez que esa
situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera
debilidad manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada
por ese solo hecho.

[…]

4.4. La Corte decide reiterar su jurisprudencia para casos como este, esta vez en
su Sala Plena, con el fin de unificar la interpretación constitucional. El derecho a
la estabilidad ocupacional reforzada no tiene un rango puramente legal sino que
se funda razonablemente y de forma directa en diversas disposiciones de la
Constitución Política: en el derecho a “la estabilidad en el empleo” (CP art 53);19
en el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a promover las
condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (CP arts. 13 y 93);20
en que el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” tiene especial protección
del Estado y debe estar rodeado de “condiciones dignas y justas” (CP art 25); en
el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a
favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos” (CP art 47);21 en el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital,
entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas
básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la
salud (CP arts. 1, 53, 93 y 94); en el deber de todos de “obrar conforme al principio
de solidaridad social” (CP arts. 1, 48 y 95).22».

18 Sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). La Corte Constitucional en este asunto dijo que

una mujer debía ser reintegrada al cargo del cual había sido desvinculada sin autorización del inspector de
trabajo, porque a pesar de que no había sido calificada como inválida, tenía una disminución suficiente en
su salud que la hacía acreedora de una protección especial.
19 Sentencia T-1219 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). En ella, la Corte examinaba si una persona que

sufría de diabetes y ocultaba esa información en una entrevista de trabajo para acceder al empleo, tenía
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada frente a la decisión de la empresa de desvincularlo
por haber ocultado dicha información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se trata de personas en
“circunstancias excepcionales de discriminación, marginación o debilidad [m]anifiesta”, la estabilidad en el
empleo contemplada en el artículo 53 Superior tiene una relevancia especial y puede ser protegida por
medio de la acción de tutela, como garantía fundamental. Concluyó que, en ese caso, a causa de las
condiciones de debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En consecuencia, ordenó el reintegro del
trabajador.
20 Sentencia T-520 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esa oportunidad, al examinar si un

accionante de tutela tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada, la Corte concluyó que sí, debido a sus
condiciones de salud, pero que no se lo había violado su empleador. Para fundamentar el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, la Corte aludió al derecho a la igualdad de las personas que por su condición
física o mental “se encuentr[a]n en circunstancias de debilidad manifiesta”, consagrado en el artículo 13
Superior.
21 Sentencia T-263 de 2009 (MP Luís Ernesto Vargas Silva). Al estudiar el caso de una mujer que había sido

desvinculada de su trabajo sin autorización de la autoridad competente, a pesar de que tenía cáncer, la
Corte Constitucional señaló que se le había violado su derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó
reintegrarla en condiciones especiales. En sus fundamentos, la Corte indicó que una de las razones
hermenéuticas que sustentan el derecho fundamental a la “estabilidad laboral reforzada” es el deber del
Estado de adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”, contemplado
en el artículo 47 Superior.
22 Sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy), citada. La Corte vinculó los fundamentos del

derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al principio de solidaridad. Dijo, a este respecto, que
el derecho a la estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de ciertos sujetos, “se soporta,

www.consejodeestado.gov.co 12
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

En lo que corresponde a la protección laboral de las personas que se encuentran
en condiciones de debilidad manifiesta por padecimientos en su salud, en
sentencia SU-087 de 2022, la Corte Constitucional recordó que la activación del
aludido beneficio no requiere la existencia de una calificación de la pérdida de la
capacidad laboral, pero si la configuración de tres supuestos específicos a saber:

i) Una condición de salud, debidamente acreditada, que impida el normal
desempeño de la actividad.

ii) El conocimiento del empleador, con anterioridad al despido, de esas
condiciones de salud y;

iii) Que no exista una justa causa para terminar el vínculo de trabajo, porque en
caso contrario se considerará que el retiro del servicio se produjo por motivos
discriminatorios.

Por la importancia que ese pronunciamiento tiene para resolución del presente
asunto, la Subsección transcribe, in extenso, los apartes pertinentes, así:

«[…] 35. Así, para determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía
de estabilidad laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificación
de pérdida de capacidad laboral. Esta Corporación ha concluido que la protección
depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el trabajador realmente se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente
el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de
debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al
despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de
manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación23.

i) Que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición
de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado
desempeño de sus actividades. Sobre este supuesto la Corte ha establecido lo
siguiente24:

Para la Sala Plena es importante indicar que el siguiente no es un listado taxativo
de los eventos donde opera la garantía de estabilidad laboral reforzada, sino que
se trata de una sistematización de algunas reglas que es posible identificar en los
pronunciamientos de las diferentes salas de revisión de la Corte. Por lo mismo,
el juez deberá valorar los elementos de cada caso concreto para determinar si el
accionante es titular de esta garantía.

Supuesto Eventos que permiten acreditarlo
Condición de salud que
impide (a) En el examen médico de retiro se advierte sobre
significativamente el la enfermedad o al momento del despido existen
normal desempeño recomendaciones médicas o se presentó
laboral

además […] en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en estas circunstancias, el empleador
asume una posición de sujeto obligado a brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición
que presenta”.
23 T-215 de 2014, T-188 de 2017 y T-434 de 2020.
24 T-434 de 2020.

www.consejodeestado.gov.co 13
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

incapacidad médica durante días antes del
despido25.

(b) Existe incapacidad médica de varios días
vigente al momento de la terminación de la relación
laboral26.

(c) Se presenta el diagnóstico de una enfermedad
y el consecuente tratamiento médico27.

(d) Existe el diagnóstico médico de una
enfermedad efectuado durante el último mes del
despido, dicha enfermedad es causada por un
accidente de trabajo que genera consecuentes
incapacidades médicas anteriores a la fecha de
terminación de la vinculación, y la calificación de
PCL tiene lugar antes del despido28.

(a) El estrés laboral genere quebrantos de salud
física y mental29.

(b) Al momento de la terminación de la relación
laboral el actor se encuentre en tratamiento médico
y presente diferentes incapacidades, y
Afectación psicológica o
recomendaciones laborales. Cuando, además, el
psiquiátrica que impida
accionante informe al empleador, antes del
significativamente el
despido, que su bajo rendimiento se debe a la
normal desempeño
condición de salud, y que después de la
laboral
terminación de la vinculación continúe la
enfermedad30.

(c) El estrés laboral cause quebrantos de salud
física y mental y, además, se cuente con un
porcentaje de PCL31.

(a) No se demuestra la relación entre el despido y
Inexistencia de una
las afecciones en salud, y la PCL es de un 0%32.
condición de salud que
impida
(b) El accionante no presenta incapacidad médica
significativamente el
durante el último año de trabajo, y solo debe asistir
normal desempeño
a controles por un antecedente médico, pero no a
laboral
un tratamiento médico en sentido estricto33.

ii) Que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un
momento previo al despido. Dado que la garantía de la estabilidad laboral
reforzada constituye un medio de protección frente a la discriminación, es

25 T-703 de 2016, T-386 de 2020, T-052 de 2020, T-099 de 2020 y T-187 de 2021.
26 T-589 de 2017.
27 T-284 de 2019.
28 T-118 de 2019.
29 T-372 de 2012.
30 T-494 de 2018.
31 T-041 de 2019.
32 T-116 de 2013.
33 T-703 de 2016.

www.consejodeestado.gov.co 14
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

necesario que el despido sea en razón a la discapacidad del trabajador para que
opere esta garantía. Por lo mismo, se hace necesario que el empleador conozca
la situación de salud del trabajador al momento de la terminación del vínculo. Este
conocimiento se acredita en los siguientes casos:

“1) La enfermedad presenta síntomas que la hacen notoria.

2) El empleador tramita incapacidades médicas del funcionario, quien después
del periodo de incapacidad solicita permisos para asistir a citas médicas, y
debe cumplir recomendaciones de medicina laboral.

3) El accionante es despedido durante un periodo de incapacidad médica de
varios días, por una enfermedad que generó la necesidad de asistir a
diferentes citas médicas durante la relación laboral.

4) El accionante prueba que tuvo un accidente de trabajo durante los últimos
meses de la relación, que le generó una serie de incapacidades y la
calificación de un porcentaje de PCL antes de la terminación del contrato.

5) El empleador decide contratar a una persona con el conocimiento de que
tiene una enfermedad diagnosticada, que al momento de la terminación del
contrato estaba en tratamiento médico y estuvo incapacitada un mes antes del
despido.

6) No se le puede imponer al trabajador la carga de soportar las
consecuencias de que en razón a un empalme entre una antigua y nueva
administración de una empresa no sea posible establecer si esa empresa tenía
conocimiento o no del estado de salud del actor. Por tanto, se da prevalencia
a las afirmaciones y pruebas del accionante, y no a las de la demandada en la
contestación de la tutela.

7) Los indicios probatorios evidencian que durante la ejecución del contrato, el
trabajador tuvo que acudir en bastantes oportunidades al médico, presentó
incapacidades médicas, y en la tutela afirma que le informó de su condición
de salud al empleador”34.

Por el contrario, este conocimiento no se acredita cuando (i) ninguna de las partes
prueba su argumentación; (ii) la enfermedad se presenta en una fecha posterior
a la terminación del contrato; (iii) el diagnóstico médico se da después del
despido; y (iv) pese a la asistencia a citas médicas durante la vigencia de la
relación, no se presentó incapacidad o recomendaciones laborales como
consecuencia de dichas citas médicas35.

iii) Que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera
que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación. Para proteger a
la persona en situación de discapacidad, se presume que el despido se dio por
causa de esta. Sin embargo, esta es una presunción que puede desvirtuarse
pues la carga de la prueba le corresponde al empleador, para mostrar que el
despido obedece a una justa causa […].36

[…]

1. En síntesis, gozan de la garantía de estabilidad laboral reforzada las personas
que, al momento del despido, no se encuentran incapacitadas ni con calificación

34 T-434 de 2020. Reiterando las sentencias: T-383 de 2014, T-419 de 2016, T-589 de 2017, T-118 de 2019,

T-284 de 2019, T-144 de 2017 y T-040 de 2016.
35 T-434 de 2020. Reiterando las sentencias: T-453 de 2014, T-664 de 2017 y T-118 de 2019.
36 T-453 de 2014, reiterado en la sentencia T-434 de 2020.

www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

de pérdida capacidad laboral, pero que su patología produce limitaciones en su
salud que afectan las posibilidades para desarrollar su labor. La acreditación del
impacto en sus funciones se puede acreditar a partir de varios supuestos:
(i) la pérdida de capacidad laboral es notoria y/o evidente, (ii) el trabajador
ha sido recurrentemente incapacitado, o (iii) ha recibido recomendaciones
laborales que implican cambios sustanciales en las funciones laborales
para las cuales fue inicialmente contratado. La comprobación de alguno de
dichos escenarios activa la garantía de estabilidad laboral reforzada para
demostrar que la disminución en la capacidad de laborar del trabajador impacta
directamente en el oficio para el cual fue contratado. En este escenario es deber
del empleador acudir a la autoridad laboral para obtener el permiso de despido,
asegurando así que el despido no se funde en razones discriminatorias y
efectivamente responda a una causal objetiva». (Las negrillas son de la Sala).

Desarrolladas las temáticas arriba planteadas, la Sala resolverá a continuación
el caso concreto.

2.5 Caso concreto.

Interrogante único: ¿El actor gozaba de una estabilidad laboral reforzada
cuando fue declarado insubsistente su nombramiento en el cargo de Asesor,
código 1020, grado 15, de la planta global de la entidad demandada?

Anteriormente se señalaron los requisitos jurisprudenciales instituidos por la
Corte Constitucional, que garantizan el acceso y disfrute del beneficio de la
“estabilidad laboral reforzada”, dimanada de las condiciones de debilidad
manifiesta ocasionada por padecimientos en la salud. En tal virtud, se verificará
si el actor satisface cada una de esas exigencias.

a) El trabajador se encuentra afrontando una condición de salud que le
impide o dificulta significativamente el normal y adecuado ejercicio de
sus funciones laborales.

Dentro del expediente se encuentran acreditados los siguientes eventos:

• El 15 de enero de 2017, el actor acudió al servicio de urgencias de la
E.S.E. Hospital Regional "Manuela Beltrán”, invocando como motivo
de consulta «SE ME DOBLÓ LA RODILLA, NO ME DEJA MOVER».
En los antecedentes de ese episodio, el médico tratante consignó que
«PACIENTE REFIERE TRAUMA EN REGION DE RODILLA
DERECHA HACE MENOS DE UNA HORA, REFIERE QUE
PRESENTA LUXACIÓN MIENTRAS SE APOYA DE MANERA
INCORRECTA, INGRESA A VALORACIÓN REFIERE
IMPOSIBILIDAD PARA LA CORRECTA MOVILIZACION Y APOYO
DE LA EXTREMIDAD. ANTECEDENTE DE LESION PREVIA HACE
MAS DE 10 AÑOS».37

37 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental
“ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado “004 PruebaDemanda.pdf”, folios 43-
44.

www.consejodeestado.gov.co 16
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

• Como diagnóstico de esa atención, el galeno expresó «PACIENTE
REVALORADO CON SOPORTE DE RADIOGRAFIA DE RODILLA
SIN NINGUNA ALTERACION ARTICULAR, SIN ALTERACIONES NI
TRAZOS DE FRACTURA, POR LO QUE SE INDICA REPOSO
ARTICULAR, ANTIINFLAMATORIOS Y VALORACION
AMBULATORIA CON ORTOPEDISTA. EN COMPAÑÍA DE ESPOSA
QUIEN DICE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA MEDICA».

• A partir de estos padecimientos se emitieron incapacidades médicas
entre los días 15 de enero y 26 de febrero de 2017.38

• El 28 de enero de ese año, el resultado de la resonancia magnética
realizada al actor arrojó como diagnóstico «DESGARRO MENISCAL
MEDIAL EN “ASA DE BALDE”. IMPORTANTE DERRAME
ARTICULAR. EN LOS DEMAS ASPECTOS RESONANCIA
MAGNETICA DE LA RODILLA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA
NORMALIDAD».39

• El 27 de febrero de 2017, el demandante dirigió escrito al director
general (e) del ente accionado, a través del cual manifestó:

«[…] Me permito informar que a partir del día de hoy 27 de febrero de
2017 me reintegro a mis funciones, después de la incapacidad que se
venía presentando dado a un problema de la rodilla derecha.

Estoy pendiente de la fecha de Cirugía programada para mi EPS, por lo
cual agradezco en el momento determinado los permisos para la consulta
y obviamente para la cirugía señalada.

Como siempre presto a recibir cualquier orden […]».40

Pues bien, aunque las referenciadas pruebas evidencian que el actor sufrió una
lesión en la rodilla derecha, esa patología no lo ubicó en una condición de
debilidad manifiesta, pues no le impidió el normal desarrollo de las funciones que
su cargo demandaba, máximo porque al término de las incapacidades que le
fueron conferidas y aunque no le fue practicada la cirugía de «MENISTECTOMIA
MEDIAL Y LATERAL POR ARTROSCOPIA», se reincorporó al servicio de la
demandada.

Así, al momento de retornar a la entidad, no puso en conocimiento de su
empleador ninguna recomendación médica, ni ellas se avizoran en las epicrisis
aportadas al paginario. Además, no pasa por alto la Sala que en la alzada, el
apelante afirmó que con ocasión a su labor de Jefe de la Oficina de Control

38 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental
“ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado
“027AnexosContestacionCorpAutonoma.pdf”, folios 209-212.
39 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental
“ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado “004PruebasDemanda.pdf”, folio 25.
40 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental

“ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado “004PruebasDemanda.pdf”, folio 39.

www.consejodeestado.gov.co 17
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

Interno, su cliente debía realizar visitas de inspección sobre grandes extensiones
de terreno que implicaban largas caminatas. Empero, al revisar el certificado de
funciones de fecha 17 de mayo de 2017, dimanado de la jefa de personal (e), 41
no se observa que esa actividad esté contemplada dentro de las misiones
encomendadas.

En consecuencia, y atendiendo a que las condiciones del demandante no
satisfacen el aludido requisito, la Sala se abstiene de verificar el cumplimiento de
las demás exigencias, por cuanto la consolidación de la situación de debilidad
manifiesta por razones de salud amerita la conjunción de todos los supuestos
jurisprudencialmente concebidos y que fueron referenciados en acápite anterior.

Por lo que sigue, se confirmará la sentencia apelada, dado que el cargo planteado
en su contra no prosperó.

2.6 Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 16 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda promovida por Edwin Alberto Ávila Ramos contra la
Corporación Autónoma Regional de Santander.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en
esta providencia.

41 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI, descripción documental

“ED_6800123330002017(.zip) NroActua 2”, documento denominado “004PruebasDemanda.pdf”, folios 13-
14.

www.consejodeestado.gov.co 18
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68 001 23 33 000 2017 01216 01 (3912-2022)
Demandante: Edwin Alberto Ávila Ramos

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 19
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.