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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01279-01

Subsistema de salud de la policía nacional

Fecha
6 de febrero de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01279-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Victoria González Afanador actuando como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, contra la Nación – Ministerio de Defensa –Dirección de Sanidad de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander – Clínica Regional del Oriente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01279-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

6 de febrero de 2018

SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL / PERSONA DE LA TECRERA EDAD COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD / OMISIÓN EN EL SUMINISTRO DE INSUMO MÉDICO - Ordenado por el médico tratante

[S]e observa que el [actor] es una persona de 78 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y síndrome convulsivo que ha afectado sus funciones neurológicas, por lo que se encuentra disminuido físicamente permaneciendo en cama la mayor parte del día, siendo dependiente de una tercera personal para realizar sus necesidades básicas. Así mismo se observa que (…) los insumos médicos pretendidos por el accionante (cama hospitalaria, pañales desechables, guantes y tapabocas) fueron ordenados por el médico tratante, los cuales son necesarios para la atención en salud que requiere el paciente y no se pueden reemplazar por insumos alternativos, pero la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - Seccional Santander no se los ha suministrado, argumentando que no se encuentran incluidos dentro del plan de beneficios o en el manual de procedimientos, insumos y medicamentos, por lo que estimó que era un deber de la familia bajo el principio de solidaridad, garantizar los recursos económicos para asumir los costos de los elementos requeridos (…) la Sala considera que la negativa de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - Seccional de Santander de proveer los elementos e insumos ordenados por el médico tratante, del [actor], constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud y seguridad social, pues se trata de una persona de la tercera edad, disminuido físicamente, que por su estado de salud se encuentra en un estado de indefensión y debilidad manifiesta que lo hace sujeto de especial protección constitucional, por lo que el Estado debe proveer todos los medios necesarios para garantizarle una adecuada calidad de vida.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 352 DE 1997 / LEY 1751 DE 2015 / DECRETO 1795 DE 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 68001-23-33-000-2017-01279-01(AC)

Actor: VICTORIA GONZALEZ AFANADOR COMO AGENTE OFICIOSO PRINCIPE PABON VANEGAS

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL Y OTRO

La Sala decide la impugnación presentada contra el fallo del 27 de octubre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual se accedió al amparo de tutela solicitado por la señora Victoria González Afanador como agente oficiosa de Príncipe Pabón Vanegas.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

La señora Victoria González Afanador actuando como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y justas, igualdad, dignidad humana, salud y seguridad social, que estimó lesionados por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:

“(…) PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales a la VIDA en condiciones dignas y justas, a la IGUALDAD a la DIGNIDAD HUMANA, a la SALUD y a la SEGURIDAD SOCIAL de Príncipe Pabón Vanegas los cuales están siendo vulnerados por la Policía Nacional – Dirección de Sanidad E.S.P Clínica Regional del Oriente Establecimiento de Sanidad Policial de Bucaramanga, al negar el suministro de una cama hospitalaria las 24 horas, pañales desechables, guantes desechables, tapabocas desechables, traslado en ambulancia medicalizada para controles y urgencias.

SEGUNDO: Ordenar de forma inmediatamente (sic) a la Policía Nacional Dirección de Sanidad E.S.P. Clínica Regional del Oriente Establecimiento de sanidad Policial de Bucaramanga, el suministro de una cama hospitalaria las 24 horas, pañales desechables 3 diarios, guantes desechables 6 diarios, tapabocas desechables 1 diario, traslado en ambulancia medicalizada para controles y urgencias de acuerdo a las patologías que padece (…)”.

Los hechos y las consideraciones del accionante

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:

Señaló que el señor Príncipe Pabón Vanegas cuenta con 78 años edad, es un Suboficial retirado de la Policía Nacional y en actividades propias del servicio sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral.

Adujo que el señor Pabón Vanegas fue diagnosticado con “trauma de cabeza ubicado en la médula espinal, epilepsia no especificada, insuficiencia renal, fractura de columna vertebral, síndrome convulsivo, tumor maligno de piel y enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, por lo que se encuentra postrado en una cama desde el mes de febrero de 2006, dependiendo para todas su actividades básicas de otra persona.

Indicó que debido a las afecciones que padece el accionante, ella desde hace más de un año ha tenido que asumir el gasto mensual de $170.000 por concepto de arriendo de una cama hospitalaria en la cual descansa las 24 horas.

Sostuvo que mensualmente debe pagar entre $300.000 a $400.000, para cubrir los gastos de pañales desechables, que requiere el señor Príncipe Pabón de 3 a 4 veces al día, a lo que se le suma el valor de $100.000 por concepto de traslado de ambulancia medicalizada que debe pagar, cada vez que el actor debe asistir a algún control médico.

Relató que el 13 de septiembre de 2016, el médico tratante emitió orden para la entrega de unos pañales desechables talla L, 3 por día, guantes desechables talla m por 2 cajas y tapabocas, por una caja, por lo que le solicitó dichos elementos a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y al Establecimiento de Sanidad Policial – Clínica Regional del Oriente junto con la cama hospitalaria y el servicio de ambulancia medicalizada.

Manifestó que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Clínica Regional del Oriente vulneraron los derechos fundamentales de su esposo, el señor Príncipe Pabón Vanegas, porque se ha negado a suministrarle los elementos médicos que requiere para la atención de su salud y no le ha prestado el servicio de ambulancia medicalizada para acudir a las citas de control con el médico tratante.

Afirmó que en la actualidad no cuenta con cuenta con recursos económicos, porque no tiene ningún tipo de trabajo, además es madre cabeza de familia a cargo de su esposo discapacitado, y tiene una hija que presenta un trastorno mental bipolar, por lo que solicita que se acceda al amparo de tutela.

Trámite procesal

El Tribunal Administrativo de Santander mediante auto de 18 de octubre de 2017 admitió la demanda y ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Clínica Regional del Oriente, para que hicieran las consideraciones que estimara pertinentes.

Informe de las entidades accionadas

4.1 La Seccional de Sanidad de Santander de la Policía Nacional – Clínica Regional del Oriente solicitó que se niegue el amparo de tutela invocado, con fundamento en lo siguiente:

Indicó que en cumplimiento de un fallo de tutela de 18 de julio de 2016, proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Laboral, al señor Príncipe Pabón Vanegas, se le ha prestado el servicio de enfermería domiciliaria, insumos y programa médico domiciliario desde el año 2015.

Adujo que en atención al referido fallo de tutela, se realizó junta de rehabilitación con la presencia de múltiples profesionales en áreas de la salud, los cuales determinaron la necesidad de prestar el servicio de enfermería y otro tipo de ayudas como las valoraciones por psicología y psiquiatría, así como terapias por parte del personal de rehabilitación, las cuales fueron practicadas al accionante oportunamente, por lo que se le ha brindado los servicios médicos que requiere para superar sus enfermedades y padecimientos.

Señaló que el servicio de transporte en ambulancia no puede suministrarse por decisión de los usuarios, sino que debe estar precedido por una orden médica y con una prueba que demuestre que el accionante o su núcleo familiar no cuentan con la capacidad económica para cubrir ese gasto.

Sostuvo que en el presente asunto no se existe orden médica que establezca la necesidad de prestar el servicio de ambulancia medicalizada o especial a favor del accionante, ni se demuestra la usencia de recursos económicos por parte del actor y su familia.

Aclaró que el señor Príncipe Pabón Vanegas es un suboficial de la Policía Nacional que goza de una mesada pensional y que en su momento recibió una indemnización considerable por la disminución de su capacidad laboral.

Expresó que en relación con el suministro de guantes desechables y tapabocas, la agente oficiosa falta a la verdad cuando afirma que la entidad ha incumplido con sus deberes en la atención en salud para el accionante, pues en los meses anteriores a la interposición de la tutela se le ha hecho entrega de dichos elementos, tal y como consta en los documentos de entrega de suministro, con los que se puede determinar que se han provisto de forma periódica.

De otro lado explicó que los pañales desechables y la cama hospitalaria no pueden suministrarse por parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, pues los mismos se encuentran por fuera del manual de procedimientos, insumos y medicamentos establecidos para la prestación del servicio de salud, razón por la cual en atención al principio de solidaridad que le impone a cada miembro de la sociedad el deber de ayudar a sus parientes, máxime cuando se trata de personas de tercera edad, es deber del accionante y su núcleo familiar asumir por su propia cuenta dicho costo, teniendo en cuenta que goza de una asignación pensional, que le permite tener la condiciones económicas para ello, sin que esto signifique un sacrifico a las condiciones de vida del paciente.

Por otro parte solicitó que en el evento que conceder el amparo de los derechos fundamentales y se ordene la prestación de servicios, entrega de medicamentos, implementos y elementos que se encuentren por fuera del POS de la Policía Nacional, se ordene el recobro de dichos servicios al FOSYGA.

4.2 La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional manifestó que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 03523 de 5 de noviembre de 2009, por medio de la cual se define la estructura orgánica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, se establece que por virtud de la desconcentración y delegación de funciones, cada seccional de sanidad, es la encargada de cumplir y hacer cumplir las actividades y políticas definidas desde el nivel central y garantizar la prestación del servicio de salud a través de los Establecimientos de Sanidad Policial en la zona de influencia.

Señaló que la autoridad competente para pronunciarse por los hechos y pretensiones alegados en la tutela, es la Seccional de Sanidad de Santander de la Policía Nacional, por lo que carece de legitimación para pronunciarse de fondo en este asunto.

La providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de 27 de octubre de 2017 accedió al amparo de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud y seguridad social del señor Príncipe Pabón Vanegas y le ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suministrarle una cama hospitalaria las 24 horas, pañales desechables talla L para 3 cambios, guantes desechables y tapabocas, adicionalmente, ordenó una valoración médica a través del especialista tratante para determinar la pertinencia del servicio de “transporte en ambulancia medicalizada para asistir a las citas de control y urgencias”, a favor del accionante.

La providencia del Tribunal Administrativo de Santander tuvo como fundamento las siguientes razones:

Señaló que en el expediente de tutela se demostró que el señor Principie Pabón Vanegas es un paciente de 78 años de edad, con “ANTECEDENTE DE HTA ECV SINDROME CONVULSIVO (…) SEC NEUROLÓGICAS POR TCE HACE 40 AÑOS OXIGNOREQUIRIENTE (…)”, lo que ocasiona que se encuentre disminuido físicamente permaneciendo postrado en una cama la mayor parte del día, dependiendo de una tercera persona para realizar sus necesidades básicas.

Indicó que también se demostró que el médico tratante por orden de servicios de 21 de marzo de 2017 prescribió una cama hospitalaria en alquiler por 6 meses, para Príncipe Pabón Vanegas y, el 3 de septiembre de 2016 ordenó pañales desechables talla L para 3 cambios por día, guantes desechables talla M Nº 2 y tapabocas.

Que, en el expediente se acreditó que la parta actora de manera particular durante más de un año viene pagando un valor mensual de $170.000 por concepto de alquiler de cama hospitalaria, además de disponer mensualmente de $300.000 a $400.000 para compra de pañales, lo cual constituye una carga económica que afecta negativamente las finanzas del hogar, teniendo en cuenta que dependen de un solo ingreso, que es la mesada pensional por invalidez que recibe el accionante, pues la agente oficiosa no cuenta con un trabajo, dado que está a cargo del cuidado permanente del accionante.

Precisó que si bien la Corte Constitucional ha considerado que en virtud del principio de solidaridad, la familia es la primera red de apoyo de las personas, esto se da siempre que se cuente con la posibilidad de sufragar los costos de los insumos o servicios médicos requeridos, pero en caso que la familia carezca de capacidad económica, el Estado tiene la obligación de asumir el costo correspondiente.

Expresó que ante las afirmaciones de la parte actora, relacionadas con la ausencia de recursos económicos, corresponde a la entidad prestadora de los servicios de salud, desvirtuar tal situación.

Relató que si bien la entidad manifestó que el accionante cuenta con un ingreso procedente de la mesada pensional que recibe en su condición de Suboficial retirado, también es cierto que no especificó el valor al cual asciende tal ingreso y si el mismo es suficiente para garantizar las cargas económicas derivadas de los servicios médicos que requiere, sin afectar el mínimo vital del hogar, por lo que no se desvirtuó la presunción de incapacidad económica que se infiere de las manifestaciones hechas por la parte actora en el escrito de tutela.

En virtud de lo anterior, el Tribunal concluyó que en el trámite de la tutela se demostró que los insumos (cama hospitalaria, pañal desechable talla L, guantes y tapabocas) pretendidos por la parte actora están ordenados por el médico tratante y que el accionante no contaba con los recursos económicos para asumir tales costos, sumado al hecho que se trata de una persona de la tercera edad en condición de discapacidad, que lo hace sujeto de especial protección constitucional, por lo que estas circunstancias llevaban a acceder al amparo de tutela.

La impugnación

La Seccional de Sanidad de Santander de la Policía Nacional - Clínica Regional de Oriente impugnó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, para que se revocara dicha decisión, reiterando los argumentos expuestos en el informe allegado al presente trámite constitucional.

CONSIDERACIONES

Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

Problema jurídico

La Sala debe decidir si se confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió al amparo de tutela invocado por la señora Victoria González Afanador como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, o si, como lo alega la entidad accionada, el suministro de elementos médicos (cama hospitalaria, pañales desechables, guantes y tapabocas) que se encuentren por fuera del manual de procedimientos, insumos y medicamentos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional es una responsabilidad del núcleo familiar del paciente y no de la entidad prestadora de salud.

El derecho a la salud y la acción de tutela

Respecto a la procedibildad de la acción de tutela frente al derecho a la salud, la Corte Constitucional había señalado que si bien es cierto este derecho por sí solo no ostentaba la calidad de fundamental, podía alcanzarla por conexidad cuando se afectaban otros derechos de ese rango constitucional, como es el caso de los derechos a la vida y la integridad personal, evento en el cual era posible obtener su protección a través de este mecanismo constitucional.

Posteriormente, la Corte Constitucional reevaluó el criterio de la conexidad del derecho a la salud con un derecho fundamental para su amparo de manera directa y precisó lo siguiente:

“[…] Protección del derecho fundamental a la salud en el orden constitucional colombiano

En el artículo 49 de la Constitución Nacional se establece, entre otras cosas, que “la atención de la salud (...) [es] un servicio público a cargo del Estado.” Se dispone, además, que se garantizará a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.” El derecho a la salud ha recibido un amplio desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, en sentencia T-246 de 2005, la Corte entiende el derecho a la salud como la “facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.” Aquí la Corte no hace más que retomar la definición propuesta en la sentencia T-597 de 1993 reiterada también por la sentencia T 1218 de 2004.

Inicialmente se dijo que el derecho a la salud no era por sí mismo un derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de tutela cuando pudiera mostrarse su estrecha conexión con el derecho a la vida. En este sentido se pronunció la sentencia T-406 de 1994. Esta jurisprudencia ha sido reiterada y profundizada por otros fallos de la Corte. Así, se marcó una distinción entre los derechos llamados derechos liberales, de autonomía o de primera generación y los derechos denominados prestacionales, económicos o de segunda generación, entre los cuales solía ubicarse el derecho a la salud. Con el paso del tiempo, no obstante, esta diferenciación tiende a ser cada vez más fluida, hasta el punto en que hoy sería muy factible afirmar que el derecho a la salud es fundamental no sólo por estar conectado íntimamente con un derecho fundamental - la vida - pues, en efecto, sin salud se hace imposible gozar de una vida digna y de calidad - sino que es en sí mismo fundamental. Es decir, se vuelve preciso distinguir entre la fundamentalidad de un derecho y la eficacia que él pueda tener en la práctica, tanto más cuanto la efectividad de derechos calificados corrientemente como fundamentales - la libre expresión del pensamiento, por ejemplo - también depende de la existencia de normas presupuestales y administrativas y de procedimientos que hagan viable y optimicen la eficacia de ese derecho.

Así las cosas, se puede considerar que el derecho a la salud es un derecho fundamental cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, sin embargo, que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de la debida protección por vía de tutela, como sucede también con los demás derechos fundamentales. El Estado tiene un amplio margen para decidir la forma como habrá de proteger el derecho fundamental a la salud y en este sentido, tal como lo señala el artículo 49 de la Constitución Nacional, "Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes [y] (...) establecer las políticas de prestación de servicio de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.” (Sentencia T-159-06)

(…)Tal posición ha pasado del plano del obiter dicta, a constituirse en la ratio decidendi que sustenta la procedencia de la acción de tutela y la protección del derecho a la salud en forma directa, como ya se dijo, sin atender al concepto de conexidad con un derecho fundamental. (…)

Estamos entonces ante una línea jurisprudencial, que después de concienzudos estudios ha logrado establecer que el derecho a la salud se considera fundamental, ya que el mismo integra el conjunto necesario para poder llevar y disfrutar plenamente de una vida íntegra y armónica […]” (Destacado fuera de texto).

Teniendo en cuenta que la salud tiene una estrecha relación con el derecho a la vida y el principio de la dignidad humana, por su vínculo con las condiciones materiales de existencia y por su condición de garante de la integridad física y moral de las personas, el legislador mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015 elevó al rango de fundamental el derecho a la salud, y en su artículo 2º dispuso que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable que “comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas”.

También se precisó en la referida norma que, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional

El artículo 48 de la Constitución Política establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio e irrenunciable, que se prestará a todos los habitantes del territorio nacional, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y estará sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que la Ley establezca.

En desarrollo de este mandato constitucional, se expidió la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, que dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social, contenido en esa normativa, no se aplicaría a los miembros de la Fuerza Pública, por tratarse de un régimen especial, que tiene algunas particularidades concretas. Al respecto, el inciso primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 dispone:

“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.”

El régimen del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional se encuentra regulado principalmente en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000.

Respecto a la función de la Dirección de Sanidad Militar en el referido subsistema de salud, la Corte Constitucional en la sentenciaT-540 de 2002, indicó:

“[…] La Ley 100 de 1993 establece que el Sistema General de Seguridad Social contenido en dicha ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (artículo 279). Por esta razón, el Legislador expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual reestructuró el Sistema de Salud y dictó otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en la que en su artículo 9º consagra:

“Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto será el administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares”

Por consiguiente, si bien en términos prácticos puede decirse que la Dirección General de Sanidad Militar, por las funciones que cumple, entre las cuales está la de “Dirigir la operación y funcionamiento del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares” (artículo 10, literal a) de la Ley 352 de 1997), puede compararse con una Empresa o Entidad Promotora de Salud de la que trata el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, cuya función básica es la de “organizar, y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados...”, lo cierto es que la Dirección General de Sanidad Militar es un organismo que pertenece a un sistema de salud especial y por ello, no puede ser catalogada como Empresa Promotora de Salud (EPS) y debe regirse, entonces, por las normas de ese sistema especial que la creó[…]”.

Al analizar la Ley 352 de 1997, en específico los artículos 23 a 29, y el Decreto 1795 de 2000 en sus artículos 27 a 35, se distingue el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial y los Planes Complementarios. Los segundos son financiados en su totalidad por el afiliado o beneficiario, porque en principio no deben ser asumidos de forma obligatoria por el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

En virtud de lo anterior, en el régimen de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial, es el equivalente al Plan Obligatorio de Salud que existe en el Sistema General (Ley 100 de 1993 y normas complementarias), razón por la cual sólo se deben suministrar y asumir los costos de los tratamientos que se encuentren en el mencionado Plan de Servicios, a contrario sensu, lo que no se encuentre en éste, en principio debe ser financiado por la persona interesada.

Inaplicación excepcional de las reglas que regula el POS y los Planes de Beneficios del sistema de salud, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente y uniforme al establecer que le corresponde al juez de tutela determinar si la aplicación exegética de la normatividad que regula el POS en cuanto a aquellos servicios, medicamentos y elementos no incluidos conlleva a una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social; en ese escenario, el juez de tutela debe inaplicar en el caso concreto dicha reglamentación con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales que podrían verse vulnerados. Esta situación permite conceder el suministro del medicamento o el elemento solicitado, o llevar a cabo el procedimiento o servicio requerido por el paciente.

Lo anterior, también se aplica cuando se trata del suministro de elementos o servicios que se estiman esenciales para “preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas de quien los requiere con urgencia y, en este sentido, permiten el efectivo ejercicio de los demás derechos fundamentales.”. Ello a pesar de que carezcan en estricto sentido de la calidad de medicamento o atención en salud.

De manera que, el goce efectivo del derecho fundamental a la salud no se refiere únicamente a la garantía de medicamentos y procedimientos considerados científicamente como vitales, sino que también incluye el acceso a aquellos elementos y servicios necesarios para que el ser humano pueda mantener una normalidad orgánica funcional, tanto física como mental. Esta concepción del derecho a la salud hace explícita su relación con el principio de dignidad humana; de acuerdo con el que, se debe “garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales.

Entre los insumos, elementos, tratamientos y servicios médicos NO POS, se cuentan los pañales desechables, insumos de aseo y cuidado para la piel, sillas de ruedas, camas hospitalarias, servicio de transporte y servicio de enfermería. Así las cosas:

“(…) La jurisprudencia constitucional ha considerado que si bien estos no corresponden en estricto sentido al concepto de servicios médicos, sin duda constituyen elementos indispensables para garantizar que las personas que se ven sometidas a ciertos padecimientos que los requieran, puedan llevar una vida en condiciones dignas.”

Así las cosas, la decisión de las EPS o cualquier entidad prestadora del servicio de salud de negar el suministro de elementos como pañales, ensures, sillas de rueda, entre otros, desconoce la conexidad que existe entre el derecho fundamental a la salud y la vida digna.

Los argumentos expuestos con base en los que el juez de tutela decide inaplicar en un caso concreto la normatividad que regula el POS, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, son congruentes con el principio de integralidad que debe orientar la garantía del derecho fundamental a la salud. Este establece que:

“(…) Las personas vinculadas al Sistema General de Salud independiente del régimen al que pertenezcan, tienen el derecho a que las EPS les garantice un servicio de salud adecuado, es decir, que satisfaga las necesidades de los usuarios en las diferentes fases, desde la promoción y prevención de enfermedades, hasta el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y con la posterior recuperación; por lo que debe incluir todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el médico tratante considere necesario para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones dignidad.” (Negrilla fuera de texto)

El principio de integralidad se manifiesta en tres facetas diferentes del goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En primer lugar, la fase preventiva está dirigida a satisfacer servicios médicos que eviten la producción de una enfermedad, interviniendo directamente en sus causas. En segundo lugar, la fase curativa se materializa en el acceso de medicamentos, servicios y tratamientos que permitan curar la patología padecida. Y, en tercer lugar, la fase mitigadora, que está dirigida a aliviar y paliar las dolencias físicas y psicológicas de una enfermedad. “Lo anterior resalta que el derecho a la salud además de auxilios fisiológicos incluye la garantía del bienestar de ámbitos sociales, emocionales y psicológicos.”

Así pues, para la Corte Constitucional la integralidad del derecho a la salud se refiere a la garantía de todas las medidas consideradas necesarias para “el pleno restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionada a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud.”

En este orden, el juez de tutela de acuerdo al caso concreto puede inaplicar de manera excepcional la normatividad que regula el POS para proteger los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, siempre que se cumplan los presupuestos que la jurisprudencia constitucional ha establecido en casos análogos para ordenar el reconocimiento del suministro de insumos y servicios médicos NO POS.

Los criterios que ha fijado la jurisprudencia constitucional para determinar si es procedente ordenar servicios de salud excluidos del POS son los siguiente:“(i) la falta del tratamiento vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad física de quien lo requiere; (ii) ese tratamiento no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el POS; (iii) el interesado no puede directamente costear el tratamiento ni las sumas que la E.P.S. se encuentra autorizada legalmente a cobrar y no puede acceder al tratamiento por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el tratamiento ha sido prescrito por un médico adscrito a la E.P.S. de quien se está solicitando el tratamiento.”

El tercer criterio hace referencia a la incapacidad económica del interesado para costear directamente el tratamiento y a la falta de un plan alternativo al POS del que pueda obtener el beneficio requerido con necesidad. En el evento que se acredite que este criterio se cumple le corresponde al Estado asumir el costo del insumo o servicio.

Es importante precisar que el principio de solidaridad también supone que cuando la familia del solicitante, primera red de apoyo de los individuos, cuente con la posibilidad de sufragar los costos del insumo o servicio requerido, corresponde a esta en primer lugar ofrecer ese respaldo. En caso que la familia también carezca de capacidad económica, entonces sí recae sobre el Estado la obligación de asumir el costo correspondiente.

La jurisprudencia constitucional sobre las reglas probatorias vigentes para que el juez valore la capacidad económica del accionante ha evolucionado. En un primer momento, la SU-819 de 1999 dispuso que el solicitante debía demostrarle al juez de tutela su falta de recursos económicos para acceder a los insumos o servicios médicos que no están incluidos en el POS. Luego, en sentencias posteriores, la Corte cambió la subregla y dispuso que basta con que el accionante alegue la falta de recursos económicos para sufragar el costo de lo necesitado; y, que corresponde a la EPS desvirtuar esta afirmación. Al respecto la sentencia T- 113 de 2002 sostuvo:

“(…) En lo que hace a la observación hecha por los jueces de instancia en cuanto a la inexistencia de la prueba de incapacidad económica de los demandantes, es del caso reiterar la línea jurisprudencial de esta Corte, conforme a la cual si el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o del procedimiento excluido del POS, le corresponde a la parte demandada controvertir y probar lo contrario, so pena de que con la mera afirmación del actor se tenga por acreditada dicha incapacidad. Lo cual es así por cuanto en esta hipótesis el dicho del extremo demandante constituye una negación indefinida que es imposible de probar por quien la aduce, corriendo entonces la carga de la prueba en cabeza del extremo demandado cuando quiera desvirtuar tal afirmación.”. (Negrilla fuera de texto)

Lo anterior permite concluir que cuando el accionante alegue carencia de recursos económicos para acceder al insumo o servicio médico requerido, le corresponde a la entidad prestadora del servicio de salud desvirtuar esa afirmación, pues: (i) se trata de una negación indefinida que invierte la carga de la prueba y (ii) se presume la buena fe del solicitante. La Corte Constitucional en sentencia T-752 de 2012 sostuvo que:

“(…) Las negaciones indefinidas, en virtud del artículo 21 del Decreto 2591 de 1991 son prueba suficiente de la falta de capacidad, cuando la parte accionada no se pronuncia en contrario, y lo prueba. Esta es una garantía que caracteriza la informalidad de la acción tutela, no se exigen como en otras jurisdicciones pruebas concretas para demostrar la presunta vulneración de un derecho. Pero esta garantía, que es también una herramienta de decisión sobre la capacidad económica, no es implementada por los jueces constitucionales.”

Caso concreto

La señora Victoria González Afanador actuando como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, plantea la vulneración de los derechos a la vida en condiciones dignas y justas, igualdad, dignidad humana, salud y seguridad social de su representado, porque la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander le negó la entrega de una cama hospitalaria, los pañales desechables talla L, los guantes desechables y los tapabocas, que requiere para la atención y cuidado de los padecimientos que tiene el actor.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala destaca los elementos probatorios allegados al expediente de tutela, de los cuales se puede establecer lo siguiente:

El señor Príncipe Pabón Vanegas tiene 78 años de edad y es beneficiario del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que recibe una pensión por invalidez de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Historia clínica del señor Príncipe Pabón Vanegas en la que consta que padece de hipertensión arterial – HTA, con antecedente de enfermedad cerebro vascular - ECV, a partir de la cual ha presentado los siguientes síntomas: “SINDROME CONVULSIVO*QUIRURGICOS: CRANEOTOMÍA* FARMACOLOGICOS: RIVOTRIL*EPAMIN*LOSARTAN* SEC NEUROLOGICAS SEVERAS POR TCE HACE 40 AÑOS OXIGENOREQUIRIENTE*QUIEN CURSA CON SEPSIS DE ORIGEN URINARIO EN MANEJO CON PIPERACILINA TAZOBACTAM. FUE VALORADO POR UCI DADO SU GRAN DETERIORO CLINICO, QUIENES CONSIDERAN PACIENTE NO CANDIDATO A MANIOBRAS INVASIVAS DADO ESTADO NEUROLOGICO DE BASE (…), lo que ha ocasionado que permanezca en cama gran parte del día y dependa de una tercera persona para realizar sus necesidades básicas.

Orden de servicios de 21 de marzo de 2017 por medio de la cual el especialista tratante prescribió una “cama hospitalaria en alquiler por 6 meses” a favor de Príncipe Pabón Vanegas justificando su necesidad a través de concepto favorable emitido por el Comité Técnico Científico de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el cual se advierte que no existe procedimiento alternativo dentro del plan de beneficios, que justifique su no utilización.

Orden de servicios de 3 de septiembre de 2016, por medio de la cual el médico tratante prescribió “Panal desechable talla L – 3 cambios por dia, guantes desechables talla m - # 2 cajas y tapaboca caja # 1”

Copia de las facturas de venta Nº 2276, 2389, 2459,2536,2633, 2736, 2842, 2953, 3072, 3185, 3270, 3366, 3445, y 3533 en las que consta que la señora Victoria González pagó $170.000 por concepto de alquiler de cama hospitalaria a la empresa denominada “Ayudas Médicas en Casa”, desde el mes de mayo de 2016 hasta el mes de julio de 2017.

La parte actora informó en el escrito de tutela, que mensualmente incurre en el gasto de $300.000 a $400.000, para comprar pañales desechables talla L, que requiere el señor Príncipe Pabón Vanegas para cambios de 3 a 4 veces en el día.

La agente oficiosa también afirmó que el único ingreso que recibe su hogar, es la mesada pensional que se le paga al señor Príncipe Pabón Vanegas, por concepto de pensión de invalidez y que no cuenta con más recursos económicos, dado que no trabaja pues debe cuidar a su esposo permanentemente, por lo que los gastos médicos en los que incurre le implican una disminución de los ingresos que no le permite atender las necesidades básicas.

La parte actora manifestó que a pesar de haberle solicitado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander los insumos requeridos para la atención del señor Príncipe Pabón Vanegas, la Entidad negó su petición.

De acuerdo con los hechos acreditados en el expediente de tutela, se observa que el señor Príncipe Pabón Vanegas es una persona de 78 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y síndrome convulsivo que ha afectado sus funciones neurológicas, por lo que se encuentra disminuido físicamente permaneciendo en cama la mayor parte del día, siendo dependiente de una tercera personal para realizar sus necesidades básicas.

Así mismo se observa que el médico tratante no solo ordenó el alquiler de una cama hospitalaria para el paciente, sino que además prescribió el suministro de pañales desechables talla L, para 3 cambios al día, guantes desechables talla m y tapabocas.

Aunque la entidad accionada en el informe de tutela adujo que le ha entregado al accionante guantes y tapabocas, de las pruebas obrantes en el expedientes se observa que solo en los meses de marzo, mayo y septiembre entregó tales elementos, por lo que se advierte que el suministro no ha sido constante, afectando la atención del paciente y dejando el costo de estos insumos a cargo del actor.

En cuanto a la cama hospitalaria se evidencia que la señora Victoria González Afanador desde mayo de 2016 ha venido pagando la suma de $170.000 por concepto de alquiler del insumo a la empresa “Ayudas Médicas en Casa”, acreditando que dicho gasto lo ha hecho de forma particular y no con ayuda de la autoridad de sanidad de la Policía Nacional, lo cual impacta considerablemente los ingresos que recibe el hogar.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que los insumos médicos pretendidos por el accionante (cama hospitalaria, pañales desechables, guantes y tapabocas) fueron ordenados por el médico tratante, los cuales son necesarios para la atención en salud que requiere el paciente y no se pueden reemplazar por insumos alternativos, pero la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander no se los ha suministrado, argumentando que no se encuentran incluidos dentro del plan de beneficios o en el manual de procedimientos, insumos y medicamentos, por lo que estimó que era un deber de la familia bajo el principio de solidaridad, garantizar los recursos económicos para asumir los costos de los elementos requeridos.

Al respecto, es importante señalar que si bien la Corte Constitucional ha señalado que bajo el principio de solidaridad, la familia es la primera red de apoyo de las personas, esto procede en la medida en que el núcleo familiar cuente con los recursos para asumir el costo del insumo o servicio requerido, pues en el evento que la familia carezca de capacidad económica o se afecte su mínimo vital, sufragando dichos gastos, el Estado debe asumir esa obligación.

Cabe agregar, que a juicio de la jurisprudencia Constitucional basta con la afirmación que haga la parte actora sobre la ausencia de recursos económicos, para que el Estado asuma el costo de los elementos médicos, por lo que en este evento se invierte la carga de la prueba y la entidad prestadora de salud deberá desvirtuar tal afirmación.

En el presente asunto, se observa que la agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas afirmó que su hogar depende económicamente de la pensión que recibe el accionante, pues ella no trabaja dado que debe cuidar permanentemente del paciente, por lo que sus ingresos no son suficientes para costear los gastos de manutención y elementos médicos que requiere el actor.

Dada esta situación, le correspondía a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional acreditar que los ingresos económicos que recibe el señor Príncipe Pabón Vanegas son suficientes para costear los elementos médicos que requiere, sin afectar su mínimo vital y calidad de vida, sin embargo, la Entidad en el informe allegado a este trámite constitucional se limitó a manifestar que el actor recibe una mesada pensional, pero no especificó el monto y las deducciones que tiene a cargo, para establecer el ingreso neto que se le traslada al actor y si el mismo alcanza para asumir el pago de unos elementos médicos, sin afectar el mínimo vital del hogar.

Así las cosas, la Sala considera que la negativa de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional de Santander de proveer los elementos e insumos ordenados por el médico tratante, del señor Príncipe Pabón Vanegas, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, salud y seguridad social, pues se trata de una persona de la tercera edad, disminuido físicamente, que por su estado de salud se encuentra en un estado de indefensión y debilidad manifiesta que lo hace sujeto de especial protección constitucional, por lo que el Estado debe proveer todos los medios necesarios para garantizarle una adecuada calidad de vida.

Respecto de los sujetos de especial protección, la Corte Constitucional en sentencia T – 736 de 2013, señaló lo siguiente:

“(…) Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente.

Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados. (…)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

De otra parte, en lo que respecta al servicio de transporte de ambulancia medicalizada, se advierte que en el expediente de tutela no obra orden médica que justifique la prestación del servicio, por tal razón, la Sala comparte la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander en la decisión impugnada de ordenarle a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que programe y realice, a través del especialista tratante, valoración médica al señor Príncipe Pabón Vanegas, con el fin de determinar la pertinencia del servicio de “transporte en ambulancia medicalizada para asistir a las citas de control y urgencias”, como lo requiere la parte actora, dado que el paciente según lo informó la accionada recibe atención medica domiciliaria, sin embargo, en el evento que el médico tratante considere procedente, la Entidad deberá realizar los trámites necesarios para autorizar y garantizar el servicio sin dilaciones, como lo dispuesto el Tribunal.

Ahora, en lo relacionado con la solicitud de recobro al FOSYGA, por la prestación de los servicios de salud no incluidos en el POS, la Sala manifiesta que tal petición resulta improcedente para las Direcciones de Sanidad del Ejército y de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluyó del sistema general de seguridad social en salud a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, y en consecuencia, no es aplicable el cobro ante el FOSYGA por los tratamientos médicos suministrados o los sobrecostos en que deba incurrir para la prestación de los servicios de salud a sus afiliados; pues las Direcciones de Sanidad cuentan con la posibilidad de acudir al fondo de cuenta de la Policía Nacional, de conformidad con la Ley 352 de 1997 y el Decreto 1795 de 2000, que estructuraron el sistema de salud especial examinado. Por lo expuesto, la Sala considera que no le asiste razón a la accionada de solicitar el recobro al FOSYGA por los elementos que debe suministrar.

III DECISIÓN

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Victoria González Afanador actuando como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, contra la Nación – Ministerio de Defensa –Dirección de Sanidad de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander – Clínica Regional del Oriente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió al amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Victoria González Afanador actuando como agente oficiosa del señor Príncipe Pabón Vanegas, contra la Nación – Ministerio de Defensa –Dirección de Sanidad de Sanidad de la Policía Nacional – Seccional Santander – Clínica Regional del Oriente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 1 - 4
Folio 58
Folios 59 - 64
Folio 65 - 67
Folios 86 - 89
Folios 76 - 80
Folio 92 - 94
Sentencia T-1036 de 2000, M. P. Sentencia T-195 de 2011. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. El artículo 1 de la ley en cita establece que: “La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”. Por su parte, el artículo 2 dispone: “El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. // Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.”
“Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
“Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. Entre la jurisprudencia constitucional que ha inaplicado la reglamentación del POS por considerarla como una amenaza a derechos fundamentales se cuentan las sentencias: SU-480 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-236 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz; T-560 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-409 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-406 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1081 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1325 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1019 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-069 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-692 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; T-802 de 2014; Jorge Iván Palacio Palacio; T-131 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica; T-429 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. En reiteración de las sentencias T-454 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-566 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-022 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-091 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-481 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, T-842 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-594 de 2013. Corte
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; Dichos requisitos jurisprudenciales han sido ponderados por esta Corporación en las siguientes sentencias: SU-480 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-236 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz., T-283 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz; T-560 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-406 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-1325 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-683 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-760 de 2008; M.P. Manuel José Cepeda; T-017 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas T-054 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos; T-160 de 2014; Nilson Pinilla Pinilla; T-249 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería. Esta subregla fue reiterada por en la Sentencia T-906 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-447 de 2002 y T-1019 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Sobre las negaciones indefinidas, esta Corporación en sentencia del T-906 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1153 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-1167 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-965 de 200, M.P. clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, T-752 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. Folio 24 - 25
Folio 37 - 53
Folio 23
Folio 26 - 27
Folio 21
Folios 5 - 18
Folios 72 – 74 Orden de servicios por tapabocas y guantes entregados a la señora Victoria Gonzalez Afanador, los meses de marzo, mayo y septiembre de 2017. Corte Constitucional, Sentencia T – 171 de 2016
Sentencia T-282 de 2008 M.P., Mauricio Gonzáles Cuervo
Sentencia T-495 de 2010 M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia T – 736 de 17 de octubre de 2013, M.P. Alberto Rojas Rios. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de tutela de 10 de marzo de 2016, radicado Nº. 11001-03-15-000-2015-02687-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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