Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2017-01365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01365-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2017-01365-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
4 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar
Tema: Reajuste salarial.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 3 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Santander que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Cleotilde Pinzón Celis solicitó que (i) se declarara
que el régimen salarial del personal de la Dirección General de Sanidad del
Ministerio de Defensa era el previsto en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto
3062 de 1997, esto es el que rige para los empleos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional; y (ii) se anulara el Oficio 00917 MDN-CGFM-DGSM-GAL.1.10 del
27 de enero de 2017 expedido por la Dirección General de Sanidad Militar,
1 En adelante CPACA.
42
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la asignación básica
conforme con lo previsto en la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad
demandada a:
2.1. Reconocer, pagar y liquidar la asignación de conformidad con lo señalado
en el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 3062 de 1997, «esto es, aplicando las
asignaciones básicas aplicables para los empleados de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, fijado según los decretos anualmente expedidos [...] que se ubican en el
NIVELTECNICO de conformidad con lo previsto en el MANUAL GENERAL DE
FUNCIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE 2010 contenido en la resolución 0598 de
14 de mayo de 2010» [sic].
2.2. Reclasificarla como mínimo en el grado 18 del nivel técnico en el sistema de
nomenclatura y clasificación del régimen salarial que le es propio, en razón a que
el código 5-1 con el grado 28 no existía para los empleados de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, «pues este nivel jerárquico dentro de aquel sistema de nomenclatura
y clasificación, tan solo [cubrió] hasta el grado 18, y [era] este grado, el que como mínimo
le resulta[ba] más favorable a su condición laboral»; en consecuencia, pagar las
diferencias salariales y prestacionales.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:
3.1. Ha prestado sus servicios desde el 1 de noviembre de 1994. El 1 de octubre
de 2014 fue nombrada en la planta global del Ministerio de Defensa como técnico
de servicios código 5-1 grado 26.
3.2. Se le ha pagado «de manera errónea» la asignación de acuerdo con los
decretos aplicables para el personal civil, cuyo valor era distinto del que se
aplicaba a la Rama Ejecutiva del orden nacional.
3.3. El 16 de septiembre de 2016 solicitó al Ministerio de Defensa, Comando
General, Dirección de Sanidad de las Fuerzas Militares que se reclasificara en el
grado 18 del nivel técnico y, por consiguiente, que se reajustara la asignación
básica en los términos previstos para el personal de la Rama Ejecutiva. No
obstante, a través del acto acusado se negó la petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como normas violadas se citaron, entre otras, los artículos 13 y 53 de la
Constitución Política; y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. En su concepto,
porque:
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
5. Para el año 1975 fue organizado el sistema nacional de salud y se previó de
manera independiente el de las fuerzas militares, para lo cual se crearon distintas
direcciones de sanidad que dependían del comando de cada una.
6. Con el Decreto 1214 de 1990, se estableció el estatuto y régimen prestacional
civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional. Con este, los empleados
públicos del área de sanidad eran beneficiarios de «las pautas» salariales y
prestacionales del sector central, en razón a que no existía disposición normativa
que previera una estructura del sistema de salud diferente de la de pertenecer
directamente a dicha entidad.
7. Con el Decreto 1301 de 1994 se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares como un establecimiento público descentralizado y, conforme con esta
norma, no eran aplicables las disposiciones salariales previstas en el Decreto
1214 de 1990; sin embargo, en el artículo 88 se estableció una excepción
específica respecto del personal vinculado a esta nueva entidad.
8. Posteriormente, fue expedida la Ley 352 de 1997 que ordenó liquidar el
mencionado instituto y, en su lugar, se creó la Dirección General de Sanidad como
una dependencia del Comando General del Ministerio de Defensa, es decir, se
dispuso el retorno de este personal al sector central. Los asuntos salariales de los
empleados incorporados a dicha dirección fueron regulados por los artículos 53,
54 y 56 ibidem y con el Decreto 3062 de 1997 se fijaron las garantías mínimas
para los empleados que «sufrirían la transformación del ente».
9. A las personas vinculadas a la Dirección General de Sanidad no se les ha
reconocido su asignación básica pese a existir norma específica que la reguló.
Esta se ha pagado «con fundamento en los decretos aplicables para el personal civil del
ministerio de defensa, cuando por expresa disposición legal [debían] ser remunerados con
fundamento en los decretos expedidos por el gobierno y aplicables para la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional».
10. Con el Decreto 1792 de 2000 se dispuso un sistema de planta global a efectos
de proveer los cargos dentro de las distintas entidades y dependencias del sector
defensa. No obstante, este solo se materializó a través del Decreto 092 de 2007,
el cual determinó el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
públicos de las entidades que integraban el sector defensa.
11. Al resolver la petición presentada, la entidad adoptó un criterio inequitativo y
discriminatorio, comoquiera que fue voluntad del legislador y del ejecutivo fijar una
remuneración distinta para el personal de sanidad, pese a pertenecer al Ministerio
de Defensa, «de modo que los razonamientos expuestos en el acto acusado no se
ajustan a los mínimos dispuestos por el estatuto del trabajo que ampara el artículo 53
superior, por cuanto en otras condiciones, las asignaciones básicas “especiales” son
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
aceptadas y reconocidas por el Estado, y en esta oportunidad se discrimina al no
reconocer los parámetros fijados en la ley 362/97 y particularmente el decreto 3062 de
1997.»
12. Lo anterior, sumado a que los demás funcionarios del Ministerio de Defensa
percibían la prima de actividad y demás rubros adicionales contenidos en el
Decreto 1214 de 1990, mientras que el personal de sanidad únicamente
devengaba la asignación básica, pero no la fijada para la Rama Ejecutiva, sino
para el personal civil, «variación que difiere notablemente de las garantías laborales que
amparó el decreto 3062 de 1997».
13. (i) Si bien el Decreto 092 de 2007 incluyó al personal de sanidad dentro de la
planta global del ministerio, no reguló ninguno de los conceptos salariales
aplicables; (ii) el personal de la Dirección General de Sanidad, como dependencia
del Comando General, formaba parte del sector central del Ministerio de Defensa,
solo que salarialmente se regía por disposiciones diferentes; y (iii) el salario que
devengaba correspondía al del personal civil y no uniformado, lo cual desconoció
el régimen especial previsto en el Decreto 3062 de 1997 que estableció una
remuneración equivalente a la percibida por el personal de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.
14. En el acto administrativo se adoptó un tratamiento inequitativo y discriminatorio,
por cuanto el ejecutivo fijó una remuneración distinta para el personal de sanidad,
pese a pertenecer al Ministerio de Defensa, es decir que aquellas asignaciones
básicas «especiales» también eran aceptadas y reconocidas por el Estado. Esa
discriminación se concretó porque no se pagó el salario de acuerdo con los
parámetros fijados en la Ley 352 de 1997 y el Decreto 3062 de 1997.
15. La manifestación de la entidad, relacionada con que la Ley 2033 de 2006 y los
Decretos 092 de 2007 y 4783 de 2008 establecieron un nuevo régimen salarial,
era constitutiva de falsa motivación, en razón a que ninguna de esas normas
abordó dicho tema y tampoco derogó las disposiciones normativas antes referidas.
1.2. Contestación de la demanda
16. La Nación, Ministerio de Defensa se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en que el Decreto 4783 de 2008 fijó las escalas
salariales para los empleados púbicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa. Además, el acto administrativo acusado «fue expedido de conformidad con
el ordenamiento legal aplicable a los empleados de la Dirección de Sanidad Militar, de tal
manera que goza de plena legalidad y constitucionalidad, por tener norma especial y
amparada en la propia Constitución».
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
1.3. La sentencia apelada
17. Mediante sentencia proferida el 3 de agosto de 2022, el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió negar las pretensiones de la demanda y
condenar en costas a la parte actora. Para tal efecto, abordó el marco normativo y
jurisprudencial aplicable y resolvió el caso concreto en los siguientes términos:
18. A partir del 27 de octubre de 2009, la asignación básica correspondía a la
fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa, en razón a que en esa fecha se posesionó en el empleo al
que fue incorporada de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial;
además, se respetó la garantía contenida en el numeral 6 del artículo 3 del
Decreto 3062 de 1997 porque hasta el día anterior devengó el salario básico en el
empleo que desempeñaba, esto es técnico operativo código 4080 grado 09, de
conformidad con el régimen salarial fijado para los empleos de la Rama Ejecutiva
del orden nacional.
19.Desde el año 2009 hasta el 2014, cuando se desempeñó el cargo de técnico
de servicios código 5-1 grado 24 «prevista en los decretos salariales de la Rama
Ejecutiva Nacional para el cargo Técnico de Operativo Grado 09, es igual a la asignación
básica de su cargo del nivel técnico, Técnico de Servicios Grado 24 -conforme Resolución
1453 del 25 de septiembre de 2008 “Por la cual se establece la Tabla de Organización de
los empleos de la Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional-Dirección
General de Sanidad (fls. 171-172); asignaciones reguladas en los Decretos de 2009 a
2014 para los empleos públicos de los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional».
20. En ese orden, los decretos del sector defensa conservaron la remuneración de
la solicitante, por lo tanto, no era viable el pago de la asignación con fundamento
en los decretos salariales de la Rama Ejecutiva, pues así lo definió la sentencia de
unificación proferida el 12 de diciembre de 2019 por esta corporación. Ello, por
cuanto el 27 de octubre de 2009 fue incorporada a la nueva planta de personal
civil, se encontraba sometida al régimen salarial fijado para los empleados
públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sin que se
evidenciara la existencia de detrimento alguno en su remuneración.
21. Tampoco era procedente asimilar salarialmente el empleo ocupado al de igual
jerarquía de la Rama Ejecutiva, porque la clasificación estaba dada según la
naturaleza de las funciones del respectivo empleo, así como por los requisitos y
competencias necesarias para su desempeño.
1.4. El recurso de apelación
22.Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
23. La creación de un nuevo sistema de nomenclatura y clasificación de cargos no
podía ser óbice para que la entidad modificara el régimen salarial especial, pues
una cosa era la estructura organizacional del Ministerio de Defensa y otra el
régimen salarial para determinados empleados, como lo sostuvo esta corporación
en las sentencias del 25 de junio de 2015 (3469-13), 10 de septiembre de 2015
(3118-2013), 19 de febrero de 2018 (2417-2015) y 19 de febrero de 2018 (4903-
2015).
24. Mediante la Ley 1033 de 2006, el legislador estableció la carrera
administrativa especial para los empleados públicos no uniformados y, en los
artículos 2 y 3 le fueron otorgadas facultades al ejecutivo para que expidiera los
Decretos 091 y 092 de 2007, en los cuales se salvaguardó el derecho a tener un
régimen salarial especial y se estableció un nuevo sistema de nomenclatura y
clasificación de los cargos, sin que ello pudiera implicar una modificación al
régimen salarial, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-753 de
2008.
25. Interpretar que el artículo 19 del Decreto 092 de 2007 modificó el régimen
salarial resultaba lesivo y desconocedor del principio de progresividad laboral,
pues se contrajo a establecer que serían unificados normativamente los sistemas
de nomenclatura del personal uniformado y del personal civil, pero «nunca pudo
considerar la extinción del régimen salarial especial contenido en la ley 352 y decreto
3062/97, pues de una lectura integrada, el artículo 72 del decreto 091/07 mantuvo
vigentes las disposiciones especiales no reguladas en este par de decretos de 2007, lo
que [hacía] que [resultara] necesario avalar las pretensiones de la demanda, a efectos de
que no se vulner[aran] los derechos fundamentales [...] al debido proceso, y a un trabajo
digno y justo».
26. Si bien el personal de sanidad militar pertenecía a la estructura interna del
Ministerio de Defensa y, por ello, eran aplicables las normas que regían la
administración de personal así como el sistema de nomenclatura y clasificación de
los empleos, no quería decir que también se acudiera a las normas salariales de
los empleados civiles no uniformados porque existía norma posterior y especial,
esto era «el artículo 56 de la ley 352 de 1997 y reiterado mediante el Decreto 3062 en su
artículo 3 numeral 6, salvaguardadas por el artículo 72 del decreto 091 de 2007» [sic].
27. De la lectura del artículo 6 del Decreto 4783 de 2008, se podía establecer que
el ejecutivo conocía que no tenía facultades para modificar regímenes especiales
y, por ello, dispuso que los funcionarios tomarían posesión del cargo en tiempo
posterior y continuarían devengado la misma remuneración mientras «llegara al
nuevo cargo; ósea que desde esta norma la administración SABIA QUE podía
presentarse una variación salarial [...] con ocasión de la nueva incorporación» [sic]; en
consecuencia, no existió derogatoria tácita ni expresa del artículo 56 de la Ley 352
de 1997 ni del artículo 6 del Decreto 3062 de 1997; por tal motivo, el acto
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
administrativo fue expedido con falsa motivación porque tenía derecho a que su
salario se pagara en los términos de los decretos expedidos para la Rama
Ejecutiva del orden nacional.
28. Además, el nivel técnico del sector defensa no era distinto del de la Rama
Ejecutiva porque al confrontar los Decretos 770 de 2005 y 092 de 2007, se podía
establecer que establecían los mismos conceptos de niveles jerárquicos de los
empleos. Asimismo, el reglamento era el instrumento básico para consignar la
descripción general de las funciones de la categoría laboral de los empleados
públicos, «describiendo las que corresponden a cada empleo para su ejercicio, de
manera tal que ningún empleo pueda tener funciones básicas distintas de las señaladas
en el manual general».
29. El cargo que desempeñaba, según la certificación expedida por la entidad,
obedeció a la incorporación a la planta global del Ministerio de Defensa, de
conformidad con las Leyes 909 de 2004 y 1033 de 2006, por lo tanto, su situación
jurídica no sufrió modificación alguna ni se presentó ruptura en la solución de
continuidad, por lo tanto, tampoco se alteró el régimen salarial que le
correspondía, esto es el previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del
orden nacional.
30. El a quo desconoció el precedente jurisprudencial sobre la materia, sustentó la
decisión en normas inexistentes y desconoció lo previsto en la Ley 352 y el
Decreto 3062 de 1997.
1.5. Trámite de la segunda instancia
31. En auto del 24 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, en los términos de la Ley
2080 de 2021.
32. En el término de ejecutoria2, la entidad demandada se pronunció sobre el
recurso de apelación3. En síntesis, manifestó que la actora (i) desconoció las
reglas de unificación establecidas en la sentencia del 12 de diciembre de 2019; (ii)
hizo una interpretación errada de los artículos 88 del Decreto 1301 de 1994, 55 y
56 de la Ley 352 de 1997, y 3 del Decreto 3062 de 1997; (iii) no se encontraba
dentro de los regímenes de transición, por lo tanto, no se podía aplicar el régimen
salarial previsto para la Rama Ejecutiva del orden nacional, en razón a que se
2 El auto fue expedido el 24 de enero de 2023, la notificación se surtió el 1 de febrero de 2023 y el
memorial se radicó el 2 de febrero siguiente.
3 De acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, conforme con el cual, desde «la
notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda
instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes».
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
vinculó en 2002 directamente con la Dirección General de Sanidad Militar.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
33. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
34. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿es procedente el ajuste
de la asignación básica de Cleotilde Pinzón Celis como empleada vinculada en la
Dirección General de Sanidad Militar de acuerdo con el régimen salarial previsto
por el gobierno nacional para la Rama Ejecutiva del orden nacional, con
fundamento en la Ley 352 y el Decreto 3062 de 1997?
35. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la
siguiente estructura expositiva: primero, se abordará el marco normativo del
régimen aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de
Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios
expuestos en la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se
resolverá el caso concreto.
2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.
36. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue
expedido por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 66 de 19894. Este, el personal civil, estaba
conformado por las personas que prestaran sus servicios en el despacho del
ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía
Nacional; por el contrario, no tendrían tal condición, aquellas personas que se
4 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales,
Agentes y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece
el régimen de la vigilancia privada».
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
desempeñaran en los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades
administrativas especiales, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa.
37. Posteriormente, la Ley 100 de 1993 dispuso en su artículo 279 que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincul[ara] a partir de la vigencia de la presente Ley,
[...]». Asimismo, en su artículo 248 facultó al gobierno nacional para que organizara
el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 1214 de 19905.
38. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el
presidente de la República, se estableció la estructura orgánica, objetivos y
funciones del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
[Inssponal]. Respecto de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo
siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía
Nacional, para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos,
horas extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta
clase de servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos
y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial
establecido para la entidad.» [se resalta]
39. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19946, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
5 En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
6 «[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a
partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del
SMP es la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
40. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados públicos y, quienes realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos fue reglamentado de la
siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del Artículo 89. Régimen prestacional del
personal. Los empleados públicos y personal. Los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud trabajadores oficiales del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares y del Instituto para de las Fuerzas Militares y del Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional para efectos de Policía Nacional, quedarán sometidos al
remuneraciones, primas, bonificaciones, régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
viáticos, horas extras y subsidios se relativo a las demás prestaciones sociales
regirán por las normas legales que para se les aplicará el Decreto-ley 2701 de
esta clase de servidores establezca el 1988 y normas que lo modifiquen y
Gobierno Nacional. adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos Parágrafo. En concordancia con lo
y trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley
organismos para efectos de 100 de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares
normas establecidas para el personal civil o al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
hubieren vinculado al Ministerio de
Parágrafo. Los empleados públicos y Defensa Nacional o a la Policía Nacional
trabajadores oficiales, que al entrar en antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993
vigencia el presente Decreto se continuarán cobijados por el Título VI del
encuentren prestando servicios en el Decreto-ley 1214 de 1990.
Ministerio de Defensa Nacional y que
ingresen al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, se someterán al régimen salarial
establecido para la entidad respectiva.
41. Fue con la Ley 352 de 19977 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo
15]; y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares
y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En el artículo 65, derogó «el Decreto
1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24 de enero de 1996, el artículo 35, numeral
5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y
demás disposiciones que le fueran contrarias».
42. Por su parte, el Decreto Reglamentario 3062 de 1997 incluyó las siguientes
garantías para los servidores, así:
i. En materia prestacional: los vinculados «antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen
Prestacional y al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley
100 de 1993, se le aplicará esta disposición [...]».
ii. En materia salarial: «a los empleados públicos y trabajadores oficiales del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de
Personal de Salud que se creen en el Ministerio de Defensa Nacional se les
aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público del Orden Nacional».
43. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 20068, se estableció «un
7
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
8 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
régimen de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas,
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».
44. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de
personal. Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar
y determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
45. Estas facultades, se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
46. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 20079 «por el cual se regula
el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 9210 de la
misma anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y
Clasificación de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa», en los
cuales se dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las
Las plantas de personal que disposiciones contenidas en este decreto son
conforman las entidades del aplicables a los empleos públicos de las entidades
Sector Defensa son globales, sin que conforman el Sector Defensa.
perjuicio de que se encuentren
derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades
conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
9 «[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
10 «[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
reguladas en actos administrativos Artículo 4°. Niveles jerárquicos de los empleos
distintos, como se enuncia a del Sector Defensa. Los empleos públicos del
continuación: Sector Defensa, [...] se clasifican según la
naturaleza general de sus funciones, las
1. Planta de Personal del competencias y los requisitos para su
Ministerio de Defensa Nacional: desempeño, en los siguientes niveles jerárquicos:
Comprende los empleos públicos Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional,
del personal civil y no uniformado Nivel Orientador, Nivel Técnico y Nivel
asignado a la Unidad Gestión Asistencial.
General del Ministerio de Defensa,
Comando General de las Fuerzas Artículo 5°. Nivel Directivo. Comprende los
Militares, Comandos de Fuerza, empleos que tengan asignadas funciones de
Policía Nacional, Dirección dirección general, de formulación de políticas
General de Sanidad Militar, institucionales y de adopción de planes,
Dirección General Marítima, programas y proyectos.
Justicia Penal Militar.
Artículo 6°. Nivel Asesor. Comprende los
2. Planta de Personal de las empleos que tengan asignadas funciones de
Entidades Descentralizadas, asistencia en materias directas o de apoyo con la
Adscritas y Vinculadas: seguridad y defensa, incluida el área misional de
Comprende los empleos públicos salud, así como las de aconsejar y asesorar a la
del personal civil y no uniformado alta dirección del Sector Defensa, y a los
y trabajadores oficiales de las servidores públicos uniformados y no
entidades descentralizadas, uniformados, de las entidades y dependencias
adscritas y vinculadas, en el que conforman el Sector Defensa.
entendido que cada una de ellas
tienen su planta de personal [...]
independiente.
47. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias
de los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación
salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la
nomenclatura y la equivalencia de empleos no afectarían los derechos
prestacionales, sino que continuarían rigiéndose por las disposiciones que
regulaban la materia o por las que las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se
previó que en el decreto que fijara los sueldos para el personal uniformado, se
establecerían «los correspondientes a los empleados civiles no uniformados del sector
defensa, y el porcentaje de aumento [estaría] sujeto como mínimo al señalado para los
servidores públicos del orden nacional».
48. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la
Tabla de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían
las equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200811 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:
11 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados
Públicos del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan
otras disposiciones.»
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en
un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»
49. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no
uniformados del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas,
las fuerzas militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008,
738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308
de 2020, 977 de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.
2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
50. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008 esta corporación en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado César Palomino
Cortés, unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
1. En materia salarial: los empleados públicos
vinculados e incorporados14 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el gobierno nacional para los servidores de los
Entre la vigencia del
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
Decreto 1301 de 199412 y
tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano
de la Ley 352 de 199713.
del nivel descentralizado no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
12 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
13 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
14 Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares.
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
2. En materia de Seguridad Social Integral: el
régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993
para los empleados públicos que se vincularan al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se
les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo
modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
1. En materia salarial: los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del
A partir de la vigencia de Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
la Ley 352 de 1997, los salarial previsto para los empleados de la Rama
empleados públicos que Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo
antes prestaban sus 3 Num.6 Decreto 3062 de 1997).
servicios en el Instituto 2. En materia prestacional: los empleados públicos del
de Salud de las Fuerzas Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados
Militares y que fueron a la planta de personal de Salud del Ministerio de
incorporados a la planta Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de
de salud del Ministerio de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su
Defensa Nacional, dejaron integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
de pertenecer al sector modifiquen o adicionen.
descentralizado.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo
no contemplado en materia prestacional en la Ley 100
de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de
1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
Con la Ley 1033 de 2006 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92
se unificó el régimen de de 200715 se reajustaron las plantas de personal, se
administración de establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
personal que se aplica al con fundamento en la nomenclatura y clasificación
personal civil vinculado a especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles
los Organismos y no uniformados del sector Defensa se empezaron a
Dependencias del Sector pagar con base en la nueva nomenclatura.
Defensa. Por ello, los
empleos públicos del Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
personal civil no vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
uniformado asignados a Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
la Dirección General de debieron continuar percibiendo la remuneración
Sanidad Militar correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
pertenecen a la planta de entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
personal del Ministerio ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
de Defensa Nacional.
15 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
especial para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional16.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor
debió continuar percibiendo la remuneración
correspondiente al empleo que antes desempeñaba,
esto es, según el régimen salarial fijado por el Gobierno
para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público del Orden Nacional17. Efectuada la incorporación
al cargo equivalente en la planta global del Ministerio de
Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la
escala de asignación básica fijada por el gobierno
nacional para los empleados civiles no uniformados del
Ministerio de Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto, se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.5. Análisis de la Sala, caso concreto
51. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
51.1. Cleotilde Pinzón Celis se vinculó al Ministerio de Defensa Nacional el 17 de
diciembre de 1996 en el cargo de técnico operativo, en virtud de la Resolución
1120 del 16 de diciembre de 1996.
51.2. El 9 de diciembre de 1997 tomó posesión en el cargo de técnico operativo
código y grado 4080-09 en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, con la
siguiente observación: «posesión por incorporación de acuerdo con el Decreto No. 2839
de noviembre 26 de 1997».
51.3. El 15 de enero de 1998, se posesionó en el cargo de técnico operativo
código 4082 grado 09 de la planta de salud del Ministerio de Defensa, al servicio
del Ejército Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Ley 352 de
1997.
51.4. El 27 de octubre de 2009, tomó posesión del cargo de técnico de servicios
16 Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
17 Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
código 5-1 grado 24 de la planta de personal de empleados públicos del Ministerio
de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar. Se dejó la siguiente
nota: «esta incorporación no representa cambios en el régimen laboral ni prestacional».
51.5. Mediante la Resolución 1579 del 9 de octubre de 2014 fue nombrada en el
cargo de técnico de servicios código 5-1 grado 26 de la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar. Tomó posesión el 15 de octubre del mismo año.
51.6. El 18 de abril de 2017 solicitó el pago del salario en los términos de los
decretos previstos para la Rama Ejecutiva del orden nacional; sin embargo, en el
acto administrativo se negó la petición.
51.7. El 10 de abril de 2017, se certificó que se le pagaron los siguientes salarios:
Decreto Decreto
de la del Sueldo
Año Código Grado Cargo
Rama sector básico
Ejecutiva defensa
Enero a septiembre:
708 738 3132 09 $1.044.440
técnico operativo
2009
Octubre a diciembre:
708 738 5-1 24 $1.044.440
técnico de servicios
2010 1529 $1.064.801
2011 1049 $1.097.719
2012 843 5-1 24 Técnico de servicios $1.151.286
2013 1020 $1.189.983
190 $1.224.193
2014
190 $1.321.401
2015 1120 5-1 26 Técnico de servicios $1.382.979
2016 238 $1.490.437
52. Ahora bien, la Ley 352 de 1997 derogó el Decreto 1301 de 1994 y creó la
Dirección General de Sanidad Militar, en virtud de la liquidación ordenada del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares; el Decreto 3062 de 1997 estableció, en
materia salarial, que los empleados que se incorporaran a las plantas de personal
de salud que se crearan en el Ministerio de Defensa Nacional se les aplicaría el
régimen salarial que regía a los empleados de la Rama Ejecutiva del orden
Nacional; sin embargo, con la Ley 1033 de 2006 y los Decretos 091 y 092 de 2007
y 4783 de 2008, se unificó el régimen de administración del personal civil del
sector defensa y se modificó la planta de personal de la Dirección General de
Sanidad Militar.
53. De ese modo, aunque se vinculó a la entidad en el año 1994, lo cierto es que,
en el año 2009, fue nombrada en el cargo de técnico de servicios código 5-1
grado 24, cuando ya estaba vigente la Ley 1033 de 2006 y sus decretos
reglamentarios.
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
54. Mediante el Decreto 4783 de 2008 se determinó la planta de personal de
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, de conformidad con el sistema de nomenclatura y clasificación de
empleos previsto en los Decretos 092, 3034, 4803 de 2007 y 2127 de 2008 y uno
de ellos sería el ocupado por la demandante. Esto permite colegir que el cargo
desempeñado hacía parte de la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional y, por tal razón, la asignación básica debía
corresponder a la fijada por el gobierno nacional para los empleados civiles no
uniformados de la entidad.
55. La Sala no pasa por alto que la solicitante también sostuvo que, al momento
de clasificar el cargo de técnico de servicios código 5-1 grado 26, debió considerar
la asignación prevista para el grado 18 del mismo nivel en los empleos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.
56. En la Resolución 1458 de 2008, por la cual se estableció la tabla de
organización de los empleos de la planta de personal del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección de Sanidad Militar, ese cargo era equivalente al de técnico
operativo código 3132 grado 11:
«Artículo 1o. Establecer la Tabla de Organización de los empleos de la
planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación de los
empleos establecida en los Decretos 092, 3034 y 4803 de 2007 y 2127 de
2008, así:
EQUIVALENCIAS DE LOS EMPLEOS
DENOMINACIONES VIGENTES
NOMENCLATURA DECRETOS 092, 3034 Y
NOMENCLATURA DECRETO 2489 DE 2006
4803 DE 2007 Y 2127 DE 2008
Denominación Código Grado Empleos Denominación Código Grado Empleos
Técnico de
apoyo de 5-1 26 39
seguridad y
Técnico
3132 11 258 defensa
operativo
Técnico de 5-1 26 219
servicios
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
Técnico para
apoyo de 5-1 24 33
seguridad y
Técnico
3132 09 107 Defensa
operativo
Técnico de 5-1 24 74
Servicios
[...]»
57.En el escrito introductorio se incluyó un cuadro sobre las diferencias que
consideró adeudadas, así:
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
58. Lo que observa la Sala es que, en efecto, esas diferencias devienen de los
salarios establecidos para aquellos empleados del nivel técnico grado 18 de la
Rama Ejecutiva del orden nacional, cálculo que deviene improcedente porque la
resolución antes citada no estableció la equivalencia con este.
59. A más de lo anterior, de la misma tabla incluida en la demanda, se puede
extraer que, para el momento de la incorporación en el año 2009, no se disminuyó
la asignación básica. Esto quiere decir que, tal como se incluyó en su acta de
posesión, se mantuvieron las condiciones salariales.
60. En un caso de similar contorno, esta Subsección sostuvo lo siguiente18:
«54. En ese sentido estima la Sala que al ser equiparable el cargo de
Técnico de Servicios Código 5-1 Grado 26 al del Nivel Técnico Grado 11 de
los empleos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se torna procedente
realizar la comparación de las asignaciones básicas de dichos empleos
durante los años en que la demandante ha prestado sus servicios en la
entidad demandada a efectos de verificar si ha habido diferencia entre ellas:
Año Decreto Cargo Sector Asignación Decreto Cargo Asignación
Empleados Defensa Básica Empleados Rama Básica
Sector Sector Rama Ejecutiva Empleados
Defensa Defensa Ejecutiva del Rama
del Orden Orden Ejecutiva del
Nacional Nacional Orden
Nacional
2011 1049 Técnico de $1´187.877 1031 Técnico $1´187.877
Servicios Código Grado 11
5-1 Grado 26
2012 843 Técnico de $1´240.971 853 Técnico $1´240.971
Servicios Código Grado 11
5-1 Grado 26
2013 1020 Técnico de $1´283.661 1029 Técnico $1´283.661
Servicios Código Grado 11
5-1 Grado 26
2014 190 Técnico de $1´321.401 199 Técnico $1´321.401
Servicios Código Grado 11
18 Subsección B, sentencia del 28 de enero de 2021, radicación 25000-23-42-000-2016-05919-01
(6178-2018).
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
5-1 Grado 26
2015 1120 Técnico de $1´382.979 1101 Técnico $1´382.979
Servicios Código Grado 11
5-1 Grado 26
2016 238 Técnico de $1´490.437 229 Técnico $1´490.437
Servicios Código Grado 11
5-1 Grado 26
55. A partir de lo analizado resulta evidente para esta Sala, que la
asignación básica de la demandante se ha reajustado anualmente en el
mismo porcentaje que la del empleo equivalente de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, conforme lo establece el artículo primero del Decreto 092 de
2007, lo cual torna en improcedente su pretensión encaminada a obtener el
reconocimiento y pago de la asignación básica aplicable a los empleados de
dicha escala salarial conforme al manual general de empleados públicos de
2010 contenido en la Resolución 0598 del 14 de mayo de 2010 y por ello, se
impone a esta sala de decisión la obligación de confirmar la sentencia
recurrida en cuanto negó las pretensiones de la demanda conforme a las
razones expuestas.»
61. En ese orden, es claro que desde su vinculación a la Dirección General de
Sanidad Militar ha devengado el sueldo básico establecido por el gobierno
nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional conforme con lo ordenado en el Decreto Ley 092 de 2007, que reguló de
manera especial y concreta el tema salarial de dichos empleados. Aunque el
ordinal 6° del artículo 3° del Decreto 3062 de 1997 dispuso la aplicación del
régimen salarial de la rama ejecutiva nacional como garantía para los vinculados
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, lo cierto es que prima lo ordenado
por el señalado Decreto Ley 92 de 2007, norma posterior que, se insiste, regula
de manera especial y concreta el tema salarial de dichos empleados. En
consecuencia, se confirmará la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda.
2.6. Costas de la segunda instancia
1. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso.
2. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201619, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la
19 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per
se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su
liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
3. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.
62. En el sub examine, la Sala no evidencia que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en
costas por esta instancia. Igualmente, se revocará el ordinal segundo de la
sentencia.
2.7. Conclusión
63. Por las razones anotadas, confirmará la sentencia que negó las pretensiones
de la demanda, pues está demostrado que desde su vinculación a la Dirección
General de Sanidad Militar ha devengado el sueldo básico establecido por el
gobierno nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, de conformidad con el Decreto 092 de 2007.
2.8. Reconocimiento de personería
64. Se reconocerá personería para actuar en representación de la parte
demandante al abogado Joaquín Murcia Melo, identificado con cédula de
ciudadanía 1.032.393.414 y tarjeta profesional 406.320 del C.S. de la J., en los
términos del poder de sustitución allegado y suscrito por la profesional del
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01365-01 (5608-2022)
Demandante: Cleotilde Pinzón Celis
derecho, Kelly Andrea Eslava Montes20.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 3 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Cleotilde Pinzón Celis contra el Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar, excepto el ordinal segundo que se revoca. En su lugar, se
dispone: no condenar en costas por la primera instancia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería para actuar en representación de la parte
demandante al abogado Joaquín Murcia Melo, identificado con cédula de
ciudadanía 1.032.393.414 y tarjeta profesional 406.320 del C.S. de la J., en los
términos del poder de sustitución allegado
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
PTH
20 A quien le fue reconocida personería para actuar en auto del 17 de enero de 2018.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.