Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2017-01512-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2017-01512-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2017-01512-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
30 de abril de 2026
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01512-01 (29286)
Demandante: Luis Eduardo Hernández González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de abril dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2017-01512-01 (29286)
Demandante: Luis Eduardo Hernández González
Demandado: DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta del año 2012. Omisión de ingresos. Prima
en la colocación de acciones. Sanción por no suministrar
información. Desconocimiento de costos y deducciones. Sanción por
inexactitud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por ambas partes contra la
sentencia de 7 de febrero de 2019, adicionada mediante sentencia complementaria
del 27 de junio de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander, que
dispuso lo siguiente:
“PRIMERO. DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
El 6 de septiembre de 2013, el señor Luis Eduardo Hernández González presentó la
declaración de renta del año gravable 2012, frente a la cual la DIAN expidió un
emplazamiento para corregir el 3 de julio de 2015, que fue devuelto por correo certificado.
Posteriormente, la DIAN profirió un requerimiento especial en el que propuso modificar la
liquidación privada de renta para adicionar ingresos, rechazar costos, deducciones y
retenciones en la fuente, así como plantear la imposición de sanciones por inexactitud y
por no informar.
Ante la respuesta previa al requerimiento especial, la DIAN expidió la liquidación oficial
de revisión, que modificó la declaración de renta del señor Hernández González en la
forma propuesta.
El contribuyente presentó recurso de reconsideración que fue decidido
desfavorablemente por la DIAN.
1
Ingresó por primera vez al despacho el 6 de septiembre de 2024. SAMAI CE índice 3.
1
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Radicado: 68001-23-33-000-2017-01512-01 (29286)
Demandante: Luis Eduardo Hernández González
Demanda y contestación de la demanda
Luis Eduardo Hernández González, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones2:
1. Declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión 042412016000065 del 17
de julio de 2016 mediante la cual la DIAN impuso sanción por inexactitud en los
términos del artículo 647 del Estatuto Tributario Nacional.
2. Declarar la nulidad de la Resolución 005276 del 24 de julio de 2017 por medio de
la cual se resolvió recurso de reconsideración.
3. Se restablezca el derecho y en consecuencia se mantenga la firmeza de la
declaración de renta de 2012 determinando que LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ no esta (sic) obligado a cancelar impuesto levantando la sanción por
inexactitud y por no informar.
4.Condenar en costas a la parte demandada.
(…)”.
La parte demandante alegó la vulneración de los artículos 6, 29 y 228 de la Constitución
Política (CP); los artículos 26, 36-3, 82, 647, 651, 683, 684 f), 703, 706, 707, 709, 730,
742, 746 y 779 del Estatuto Tributario (ET). Artículo 264 de la Ley 223 de 1995,
artículos 3, 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA); artículos 176 y 260 del Código General del
Proceso; artículo 1 del Decreto Reglamentario 1000 de 1989; artículos 38, 56 y 89
del Decreto 2649 de 1993; Circular 131 de 2005, Resoluciones 11774 de 2005 y 117
de 31 de octubre de 2012.
Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda3 se sustentaron los cargos y en la
contestación4 se ejerció el derecho de contradicción así:
Primer cargo: Trámite irregular y violación del debido proceso por falta de
publicidad del emplazamiento para corregir y del auto de inspección tributaria
1.1. El demandante afirmó que no tuvo conocimiento del emplazamiento para
corregir ni del auto de inspección tributaria, lo cual constituyó una afrenta a su
derecho al debido proceso, pues no pudo ejercer la contradicción y defensa. La razón
es que la DIAN procedió a notificar esos actos preparatorios a través de su página
web, sin que previamente hubiese intentado ubicar al contribuyente de manera
efectiva.
1.2. La DIAN se opuso a la prosperidad del cargo, porque ambos actos
administrativos fueron notificados según lo previsto en los artículos 563, 565 y 568
del ET, esto es siendo remitida una copia de estos por correo a la última dirección
registrada en el RUT del contribuyente; pero, al haberse devuelto por la empresa de
correos por la causal de “no reside/cambio de domicilio”, la Administración quedó
habilitada para publicar el aviso que se realizó a través de la página web de la
entidad.
2 Índice 002, Samai CE.
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Índice 002, Samai CE.
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Índice 002, Samai CE.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
Indicó que no puede admitirse lo planteado por el demandante respecto a que la
Administración tenía la obligación de ubicar al contribuyente en una dirección distinta
de la informada en el RUT. De modo que no tiene asidero al plantear una vulneración
del debido proceso.
Segundo cargo: trámite irregular en la imposición de la sanción por no informar
($368.345.000)
2.1. El demandante aseveró que la DIAN se extralimitó en sus funciones al imponer
la sanción por no informar a través de la liquidación oficial en la que, además, impuso
la sanción por inexactitud. Resaltó que el procedimiento para imponer la sanción por
no suministrar información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 651 del ET,
requiere de la expedición de un pliego de cargos con el respectivo traslado para
pronunciarse dentro del mes siguiente.
No es posible que la sanción por no informar se imponga en una liquidación oficial,
pues debe hacerse mediante resolución independiente, por lo cual se adelantó un
procedimiento irregular.
Asimismo, controvirtió que la sanción resultó desproporcionada cuando se integró la
base por los valores de pasivos, ingresos, costos, deducciones, retenciones, prima
en colocación de acciones, para un total no informado de $7.366.903.000, sin tener
en cuenta que, al momento de proferir el requerimiento especial, la DIAN ya contaba
con la información, lo que hace que la sanción resulte arbitraria y la decisión no se
halle ajustada a criterios de proporcionalidad, máxime cuando no se presentó un
daño cierto que amerite la multa.
2.2. Para la DIAN, el planteamiento del demandante carece de fundamento, porque
el artículo 637 del ET permite que las sanciones sean impuestas en acto
administrativo independiente o en las liquidaciones oficiales, habilitación que no tiene
matiz distinto respecto a la sanción por no suministrar información, pues no hay
norma especial que así lo impida. Por el contrario, con esa facultad, la Administración
materializa los principios de economía, celeridad y eficacia, pues concentra en una
misma actuación administrativa la acción sancionatoria frente a las conductas
infractoras, sin que, en el curso, se presente una vulneración del debido proceso.
Resaltó que a lo largo del trámite se concedieron todas las garantías para que el
contribuyente ejerciese plenamente la defensa y contradicción, inclusive, al
plantearse la sanción con el requerimiento especial se concedió un plazo mayor de
respuesta -3 meses-, al que habilita la expedición de un pliego de cargos -1 mes-.
Asimismo, no puede confundirse que la sanción por no suministrar información y la
de inexactitud tienen origen en hechos distintos, razón por la cual no se consolidó
una sola conducta de la cual se deriven dos sanciones.
Destacó que al dar aplicación al literal b) del artículo 651 del ET para desconocer los
costos y deducciones no se equipara a la conducta de inexactitud, pues en la
liquidación oficial también se rechazaron retenciones y se adicionaron ingresos, lo
que denota situaciones fácticas distintas de las cuales se derivaron hechos
sancionables independientes según lo previsto en los artículos 647 y 651 núm. 1
literal a) del ET, esto es, incluir datos inexactos y no haber presentado la información
en la oportunidad en que le fue solicitada.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
Tercer cargo: Falsa motivación por indebida valoración de los hechos
económicos – prima en colocación de acciones ($1.100.000.000)
3.1. Para el demandante, la decisión de la DIAN consistente en adicionar como ingreso
el valor reportado por el tercero TLC S.A., bajo el concepto de prima en colocación de
acciones en la información exógena correspondiente al año gravable 2012, resulta
improcedente, toda vez que dicho valor no coincide con el certificado de ingresos y
retenciones expedido por la misma sociedad a favor del señor Luis Eduardo Hernández
González.
La explicación del dato reportado es que la DIAN sumó indebidamente la información
reportada por los formatos 1001 “pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas”,
1003 “retenciones en la fuente que le practicaron” y 1016 “pagos o abonos en cuenta y
retenciones practicadas en contratos de mandato o de administración delegada”, cuando
la realidad es que se trata de un mismo concepto de ingresos. De modo que no se
concretó una omisión de ingresos.
El actor adicionó que la DIAN no podía glosar la omisión de ingresos, porque con ello
desconoce que la prima en colocación de acciones es un ingreso no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional, pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 84 del Decreto 2649
de 1993 esa prima corresponde al mayor valor cancelado sobre el valor nominal o el
costo de los aportes, que se contabiliza de manera separada dentro del patrimonio y, a
su vez, el artículo 36-3 del ET, vigente para 2012, se trata de capitalizaciones no gravadas
en cabeza de los socios o accionistas, cuando se contabiliza como superávit no
susceptible de repartirse como dividendo, no se grava en cabeza de la sociedad ni en la
de los socios, tal como lo refuerza el artículo 1 del Decreto 1000 de 1989 y el artículo 38
del Decreto 2649 de 1993 que prevé que los aportes imputables a capital no son ingreso.
Afirmó que la DIAN guardó silencio en sede administrativa frente a los argumentos que
el actor le dio para aclarar que no se incurrió en omisión de ingresos, ni tuvo en cuenta
el Acta 27 de la Asamblea de Accionistas del TLC S.A. donde se autorizó la prima en
colocación de acciones que no se valoró con rigor. Aunado al hecho de que en los actos
demandados la Administración corroboró que la prima no es un ingreso gravado para la
sociedad ni para el accionista; pero, aun así, la adicionó incluso para liquidar la sanción
por inexactitud, al mantener como hecho que se incurrió en omisión de ingresos, pese a
las explicaciones y pruebas aportadas por el contribuyente, lo que demuestra la falsa
motivación de la DIAN.
3.2. La DIAN señaló que el demandante se contradice cuando afirma que los únicos
ingresos que percibió son los que declaró, pero, al mismo tiempo, confirma que sí obtuvo
otros que deben considerarse no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que no
declaró, con lo cual está demostrada la inexactitud de su denuncio de renta del año 2012.
La información sobre la omisión de ingresos de5 $1.336.947.000 se obtuvo, por una parte,
del reporte de terceros y por parte de la sociedad Transportes Líquidos de Colombia TLC
S.A.
En especial, relató que la sociedad TLC reportó en su contabilidad de 2012 unas cuentas
por pagar al señor Luis Eduardo Hernández González por $4.243.863.760 y, con parte
de esa cifra, pagó la suscripción de nuevas acciones autorizadas por la asamblea de
5 Suma que corresponde a la diferencia entre la declaración inicial y el propuesto por la DIAN desde el
requerimiento especial, para el renglón “total ingresos brutos” (folio 262 pdf. del escrito de contestación a
la demanda). De los cuales por parte del demandante solo se discute la cifra de $1.100.000.000
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accionistas, según el Acta 27 del 7 de diciembre de 2012. Ese hecho económico se
concretó mediante el cruce de cuentas del pasivo contra el patrimonio de esa sociedad,
pero, en contraste, no se registró en la contabilidad del contribuyente el ingreso que dio
lugar a dicha inversión. Además, en el expediente administrativo se documentó con el
auxiliar contable del movimiento de terceros que los pasivos a cargo de la sociedad se
cruzaron con el valor que el socio -hoy demandante- adeudaba a su vez por la compra
de nuevas acciones y que la sociedad decidió incrementar su patrimonio para lo cual
indicó a sus accionistas que de los valores adeudados se cancelarían contra las cuentas
3105 “Capital Suscrito y Pagado” y 3205 “Prima en colocación de acciones”, con lo cual
las cuentas 2335/2355/2380 fueron canceladas contra las cuentas 3105/3205.
Ahora, indicó que, para el pago de las acciones, la sociedad tenía registrados valores en
las cuentas de pasivos que adeudaba a los socios, como lo muestran las cuentas
23359504 y 23359505 por valor de $579.223.952 y $111.999.896, respectivamente, para
un total de $691.223.848. El registro de los movimientos parte de débito y su contrapartida
son las cuentas 31051001 Capital Suscrito y 32050501 Prima en colocación de acciones,
a la par que en la cuenta 23809501 registró $80.001 y su cancelación contra las cuentas
3105 y 3205. Del análisis del material recaudado, se concluyó que no están plenamente
declarados los ingresos que le fueron reportados.
No es cierto que los actos adolezcan de falsa motivación porque los ingresos adicionados
sean no constitutivos de renta ni ganancia ocasional según las reglas del artículo 36-3
del ET, puesto que en el acta de asamblea de accionistas de la empresa Transportes
Líquidos de Colombia S.A. se muestra que se suscribieron nuevas acciones que debían
ser pagadas por los socios, mas no se trató de una distribución de utilidades en acciones
o cuotas de interés social, como lo prevé la norma. Tampoco se trató de un ingreso en
cabeza del contribuyente por concepto de prima por colocación de acciones porque quien
recibió dicha prima fue la sociedad al vender nuevas acciones suscritas, pero para los
socios solo se tradujo en un derecho frente a las acciones que adquirieron en la sociedad.
En consecuencia, independientemente de que entre el socio y la sociedad haya ocurrido
un cruce de cuentas, lo cierto es que primero se causó el ingreso para el demandante
(ingreso contra cuenta por cobrar)6 y, posteriormente, se capitalizó la cuenta por cobrar
mediante provisión de las nuevas acciones. Así, la DIAN afirmó que el asunto no gravita
sobre la calidad de la prima por colocación de acciones, sino sobre la omisión del ingreso
previo de $1.336.947.000, que dio origen a la cuenta por cobrar capitalizada. Tal partida
corresponde a $1.244.730.000 por servicios prestados a TLC S.A., de los cuales el
demandante aceptó $1.100.000.000; pero, en su criterio, se trata de un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Sobre tal afirmación, la DIAN sostiene que no tiene el tratamiento fiscal de ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional para el demandante; e, incluso, tampoco lo
tiene para la sociedad, porque de la suma capitalizada una parte se reconoció como
aporte a capital (valor nominal que no es ingreso) y otra parte como prima por colocación
de acciones que, para el momento de los hechos, tenía el carácter de ingreso no gravado,
pero respecto de la sociedad (no del accionista aquí demandante).
Finalmente, negó que haya incurrido en falsa motivación por una indebida interpretación
de los hechos, pues es el mismo demandante quien se contradice cuando, de una parte,
indicó que los únicos ingresos percibidos fueron los que declaró, pero, por la otra, califica
los ingresos omitidos que se le adicionaron como no constitutivos de renta ni ganancia
6 Que para la sociedad debió representar un gasto contra una cuenta por pagar.
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ocasional. Entonces, sí admite la existencia de un ingreso que califica de no gravado y
con ello confirma que lo omitió, pues no lo reportó en su declaración de renta.
Cuarto cargo: Falsa motivación por concluir indebidamente que se omitieron
ingresos por un supuesto incremento patrimonial injustificado ($114.134.000)
1. Para el demandante, la DIAN hizo una valoración errada de los hechos a partir de los
cuales concluyó que hubo un incremento patrimonial injustificado, cuando lo cierto es que
la cifra reportada tiene relación con la prima en colocación de acciones. Si bien al decidir
el recurso de reconsideración la Administración negó que hubiese hecho una
comparación patrimonial, lo cierto es que con las razones que expuso sí da a entender
que afincó la determinación del impuesto a partir de la ocurrencia de la omisión de
ingresos de $114.134.000 con base en ese tipo de comparaciones.
2. La DIAN niega la afirmación del demandante, porque parte de una referencia que se
hizo en el requerimiento especial respecto de la renta por comparación patrimonial; pero,
se trató de un dicho de paso o argumento adicional para reafirmar la omisión de ingresos.
Así, el valor de $114.134.000 no fue incluido como glosa ni llevado a la renta gravable.
De modo que no se incurrió en falsa motivación porque no se trató de una razón
determinante en la decisión que se adoptó.
Quinto cargo: Indebido rechazo del proyecto de corrección de la declaración privada
1. Para el demandante, la DIAN dio prevalencia a las formalidades sobre el derecho
sustancial al insistir en que la prima en colocación de acciones capitalizada conllevó una
omisión de ingresos que debía adicionarse como renta líquida, pese a que se trata de un
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, cuando con la
corrección provocada presentada con ocasión de la respuesta al requerimiento especial,
no aceptó adicionar $1.100.000.000 como renta líquida, pero sí se refirió en la casilla de
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, se subsanó el error formal, como
lo habilita el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, sin necesidad de liquidar sanción.
2. La DIAN descartó la ocurrencia de una falta de motivación porque la liquidación oficial
de revisión y la resolución que decidió el recurso de reconsideración se sustentaron de
manera expresa en que no se acogía el proyecto de corrección presentado con la
respuesta al requerimiento especial. Por otro lado, en lo que respecta a la supuesta
violación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, se tiene demostrado
que el contribuyente confesó ingresos que no había declarado en su denuncio inicial, lo
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 647 del ET, es suficiente para determinar
que su declaración fue inexacta y que la corrección no atendió las reglas del artículo 709
ibidem, porque no incluyó los mayores valores debidos y aceptados, más la sanción
reducida.
Sexto cargo: Violación del debido proceso por indebido rechazo de costos y
deducciones en el trámite de revisión de la declaración con fundamento en el artículo
651 del ET ($2.116.934.000)
1. El demandante cuestionó que la DIAN fundamentara el rechazo de los costos y
deducciones por no haber presentado oportunamente la información que le fue solicitada,
con fundamento en el artículo 651 del ET, pese a que a partir de ese mismo hecho en la
liquidación oficial de revisión se impuso la sanción por no enviar información y la de
inexactitud, situación que desconoce la prerrogativa del non bis in idem.
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De manera que el rechazo de los costos —afirmó— no se debió a una inexactitud o
falsedad de los datos declarados, ni a la falta de cumplimiento de los requisitos de los
artículos 89 y 107 del ET. Refirió que las deducciones por $803.781.000, en su mayoría,
corresponden a servicios de transporte que cumplen con los requisitos de necesidad,
proporcionalidad y relación de causalidad con la actividad productora de renta.
Afirmó que, en el periodo gravable, el contribuyente realizó diferentes actividades
relacionadas con servicios de transporte, prestación de servicios como médico, docencia
universitaria y actividades afines a la ganadería, razón por la cual tiene diferentes fuentes
de ingreso que conllevan la erogación de distintos tipos de costos y gastos imputables,
lo que es legalmente permitido por el artículo 26 del ET. Sin embargo, la DIAN cuestionó
la relación entre las erogaciones y los ingresos para medir la procedencia de costos y
gastos, pese a que la relación de causalidad se exige solo frente a los costos y no así
para las deducciones, pues la relación está vinculada a las actividades productoras y no
necesariamente con los ingresos. No obstante, la DIAN decidió negar las erogaciones sin
analizar los documentos que se allegaron a la actuación administrativa, por lo cual no
había razón objetiva para rechazar esos renglones de la declaración privada.
Subsidiariamente, solicitó que, en gracia de discusión, le sean reconocidos los costos
presuntos, en los términos del artículo 82 del ET. Aspecto que también se pidió en sede
administrativa, pero que no fue concedido y sobre lo cual no se emitió una explicación
suficiente sobre la improcedencia.
2. La DIAN se opone al cargo porque el rechazo de los costos y deducciones fue la
consecuencia de la falta de acreditación de los mismos por parte del contribuyente,
cuando desatendió el requerimiento ordinario del 7 de septiembre de 2015 con el que se
le solicitaron los documentos soportes y que no se entregaron aun después en el trámite
de la actuación administrativa, de ahí que sí resultaba aplicable el artículo 651 del ET que
en su literal a), prevé como consecuencia el desconocimiento de dichos rubros.
De manera que la DIAN no cuestionó la falta de requisitos de los costos y deducciones,
sino la falta de acreditación. La declaración privada incluyó $1.778.100.000 a título de
costos que no fueron soportados; sin embargo, se le reconocieron $464.947.000 a partir
de la información que fue reportada por los terceros, lo que da cuenta del actuar justo de
la Administración Tributaria.
Tampoco se desconoció el principio del non bis in idem porque la aplicación del literal a)
del artículo 651 del ET es la consecuencia de no haber presentado la información
requerida, mientras el artículo 647 ibidem no incluye la sanción por no informar.
Finalmente, no pueden reconocerse los costos presuntos establecidos en el artículo 82
del ET, pues no es posible ante la actitud negligente del contribuyente en el deber de
conservar y aportar los documentos que respalden la depuración de los ingresos anuales
de $4.073.474.000.
Séptimo cargo: aplicación indebida del artículo 647 del ET – Improcedencia de la
sanción de inexactitud ($1.172.152.000)
1. El demandante aseveró que la sanción por inexactitud no resulta procedente porque
se configuró la causal de exoneración de la interpretación razonable sobre el derecho
aplicable en cada uno de los conceptos que fueron objeto de modificación por la DIAN,
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en especial sobre la aplicación del artículo 36-3 del ET para el tratamiento de no gravado
de la prima en colocación de acciones. Aunado al hecho de que los datos incluidos en la
declaración son veraces y completos, con lo cual están acreditados los presupuestos
para la exoneración de la sanción.
2. Para la DIAN, el demandante sí incurrió en los hechos sancionables indicados en el
artículo 647 del ET porque omitió ingresos gravables e incluyó costos, deducciones y
retenciones que deben considerarse inexistentes ante la falta de demostración de la
realidad de esos conceptos, con lo cual obtuvo un menor valor a pagar. Situación que no
se superó ni con la demanda, donde tampoco se aportaron las pruebas que demuestren
los conceptos que fueron base para imponer la sanción por inexactitud.
No es posible acudir a una supuesta diferencia de criterios para perseguir exonerarse de
la sanción por inexactitud, porque simplemente hay un desconocimiento por parte del
demandante del derecho aplicable cuando deliberadamente omitió ingresos bajo una
tesis de que no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional, situación que, en gracia
de discusión, no lo exoneraba de declararlos e hipotéticamente no lo relevaba de la
inexactitud pues de los $1.336.947.000 omitidos, solo da razón de $1.100.000.000 pero
persiste en su omisión por $236.947.000 sobre los que nada aportó ni defendió. Sumado
al hecho de que nada aportó para demostrar los costos, deducciones y retenciones
declarados, todo lo cual no tiene justificación alguna, para que asevere la ocurrencia de
una diferencia de criterios.
Solicitud de condena en costas.
1. La demandante solicitó que se impusiera condena en costas a la parte demandada.
2. La DIAN también solicitó que se condene en costas a su contraparte, en los términos
del artículo 188 del CPACA.
Sentencia apelada y recurso de apelación de las partes
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas7. Frente a
esa decisión, la parte demandante y la DIAN presentaron recurso de apelación. Los
motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada son:
Primer cargo: Trámite irregular y violación al debido proceso por falta de publicidad
del emplazamiento para corregir y el auto de inspección tributaria.
1. El Tribunal consideró que la DIAN garantizó el debido proceso en el trámite
administrativo, toda vez que dio aplicación a lo previsto en los artículos 563, 565 y 568
del ET al haber remitido las notificaciones del emplazamiento para corregir y del auto de
inspección tributaria a la dirección vigente registrada por el contribuyente en el RUT. El
hecho de que hayan sido devueltas por la empresa de correos hizo procedente la
notificación con la fijación del aviso, para ambos actos administrativos. De manera que
no existió una notificación indebida.
2. El demandante insistió en que nunca conoció de los actos preparatorios -
emplazamiento para corregir y auto que ordenó la inspección tributaria- lo que vulneró su
derecho de defensa porque la DIAN no trató de ubicar al contribuyente en una dirección
diferente, sino que optó por hacer una notificación en su página web. Con ello, reprochó
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Índice 32, Samai Tribunal.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
que el Tribunal haya respaldado la postura de la Administración echando de menos que
esa publicación en la página de la entidad no implica que el contribuyente sí se hubiese
enterado efectivamente de la investigación, con lo cual se desconoció el espíritu de
justicia.
Segundo cargo: trámite irregular en la imposición de la sanción por no informar
($368.345.000)
1. Para el Tribunal la DIAN tenía facultad para imponer las sanciones de manera conjunta en el
trámite administrativo de revisión de la declaración de renta del año 2012, porque así lo habilita
el artículo 637 del ET. Además, la consecuencia aplicada por la DIAN por no suministrar la
información requerida de imponer una multa y el desconocimiento de costos, rentas exentas,
deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones se enmarca en los
supuestos del artículo 651 del ET.
2. Por su parte, el demandante reprocha el análisis del Tribunal pues insiste en que no
era posible imponer la sanción por inexactitud y la sanción por no enviar información
mediante el procedimiento de determinación oficial del impuesto sobre la renta de 2012,
porque se derivaron dos efectos de un mismo hecho, cuando a la par que se
desconocieron los costos y deducciones por la aplicación del numeral 2 del artículo 651
del ET, esos mismos costos y deducciones rechazados conllevaron a aplicar la sanción
del artículo 647 del ET, lo que desconoce abiertamente el artículo 29 de la Constitución
Política.
Además, reiteró que el procedimiento para aplicar la sanción por no suministrar
información es autónomo, debe estar precedido de un pliego de cargos y no de
requerimiento especial propio del proceso de revisión en el que se persigue determinar
el impuesto e imponer la sanción por inexactitud, de modo que debe levantarse la
sanción.
Asimismo, indicó que la sanción por no informar se tasó de manera incorrecta y
desproporcional porque tuvo como base de lo no informado los pasivos, ingresos, costos,
deducciones, retenciones, prima en colocación de acciones que totalizó en
$7.366.903.000, pese a que, al momento de proferir el requerimiento especial, la DIAN
ya contaba con toda la información, lo que denota la arbitrariedad e injusticia en que
incurrió. Situación no analizada correctamente en la sentencia de primera instancia que,
además, desconoció las reglas de graduación de sanciones unificadas por la
jurisprudencia del Consejo de Estado -sentencia CE-SUJ-4-010 del 14 de noviembre de
2019- y del artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 que redujo los montos máximos de la
sanción del artículo 651 del ET y los porcentajes aplicables a cada hecho sancionable
que el Tribunal no aplicó, desconociendo el principio de favorabilidad en materia
sancionatoria.
Tercer cargo: Falsa motivación por indebida valoración de los hechos
económicos – prima en colocación de acciones ($1.100.000.000)
1. El Tribunal, confirmó la adición de ingresos omitidos que determinó la DIAN, para
lo cual replicó las razones que expuso el Consejo de Estado al resolver este mismo
cargo en una demanda encauzada por otro de los socios de la empresa TLC S.A.,
en el sentido de que para el año 2012 no se gravó en cabeza de los accionistas la
percepción de una prima en colocación de acciones, pues quienes pagaron esa prima
fueron los socios a la sociedad en calidad de adquirente de nuevas acciones en dicha
empresa, mas no se trató de una distribución hecha a los accionistas, con lo cual
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quien percibió el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional fue TLC S.A.,
mientras que en los socios ocurrió una inversión.
Mismo tratamiento que ocurrió en el caso del aquí demandante, quien incurrió en una
omisión de ingresos derivada del pago que la sociedad le hizo por unos servicios que
él prestó en 2012 y que le adeudaba, los cuales fueron capitalizados con el pago de
la prima en colocación de acciones para adquirir nuevas acciones en la sociedad,
con lo cual se causó un ingreso que no fue declarado y, con ello, la DIAN no incurrió
en falsa motivación ni en desconocimiento del artículo 36-3 del ET.
2. Para la parte demandante, el Tribunal y la DIAN erraron en la valoración de la
información exógena reportada por la sociedad TLC S.A., pues esa adición de ingresos
resulta improcedente porque obedeció al desconocimiento de la prima en colocación de
acciones que tiene el tratamiento de un ingreso no gravado por $1.100.000.000, lo que
denota una desatención de las reglas de la sana crítica al valorar los hechos.
No se tuvo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 84 del Decreto 2649 de 1993, el
mayor valor cancelado sobre el valor nominal o sobre el costo de los aportes constituye
una prima en colocación de acciones no gravada para los socios, como lo dispone el
artículo 36-3 del ET, por tratarse de una capitalización que no se considera distribución
de dividendos. Reiteró que la sociedad recibió un capital del señor Luis Eduardo
Hernández que no genera impuesto sobre la renta, pues tuvo origen en una
compensación entre el accionista y la sociedad, a partir de la cual se transfirieron unas
acciones, lo que denota una restitución de capital de la empresa a sus socios que no
produce un enriquecimiento gravado en los términos del artículo 26 del ET.
Afirmó que del contenido del acta 27 de la Asamblea de Accionistas de TLC S.A., la
certificación del contador y la contabilización de la prima en colocación de acciones se
acredita con suficiencia que la capitalización mediante esa prima no es constitutiva de
renta para la sociedad ni para los socios y, con ello, no se incurrió en omisión de ingresos,
pues la confusión es de la DIAN y no del actor, porque la prima es un aporte más no
capital ni enriquecimiento, a partir de lo cual sí se incurrió en falsa motivación por indebida
valoración fáctica y probatoria.
Refirió que el Tribunal debió tener en cuenta que el concepto de fletes por unas cuentas
por pagar registradas en la cuenta 2335 y el pasivo de TLC S.A pagado contra las cuentas
31051001 capital por suscribir y 3205050, prima en colocación de acciones, son
subcuentas de patrimonio según el Decreto 2649 de 1993- Plan Único de Cuentas-; pero,
por el contrario, se analizaron erróneamente al considerar que el pasivo pagado por la
sociedad, como se registró en una cuenta por pagar de TLC S.A. a Luis Eduardo
Hernández, debió declararse como una cuenta por cobrar por tratarse de un ingreso
gravado por concepto de servicio de transporte, lo cual no es cierto, porque se trató de
una capitalización de ese pasivo que no puede ser gravado. Así, lo propio era mantener
el efecto neutro como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Debió aceptarse el proyecto de corrección incluyendo $1.100.000.000 como ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, dando prevalencia a la verdad real sobre la
formal.
Cuarto cargo: falsa motivación por omisión de ingresos por presunto incremento
patrimonial injustificado
1. El Tribunal no hizo pronunciamiento especial frente a este cargo de la demanda.
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2. El demandante cuestionó que el a quo ignoró este cargo, pues -a su juicio- la DIAN
fundamentó el desconocimiento de la prima en colocación de acciones acaecida, según el
relato que se defiende en la demanda, es la que justifica el incremento patrimonial que la
Administración planteó para tomar como renta gravable por comparación patrimonial de
$114.134.000, pero que al emitir la liquidación de revisión y resolver el recurso de
reconsideración se omitió de pronunciar frente al planteamiento del contribuyente y con ello
concretó una vulneración al debido proceso.
Indicó que, si bien en la Resolución 5276 la DIAN manifestó que la adición se hizo por
ingresos omitidos y no por renta en comparación patrimonial, ello no tiene consonancia con
lo expuesto en el requerimiento especial, al siguiente tenor:
“otra situación que refleja la OMISIÓN DE INGRESOS aquí expuesta, tiene que ver con el
incremento injustificado del patrimonio del contribuyente que se observó al confrontar el
patrimonio declarado en renta del año 2012 frente a 2011 en la suma de ($144.134.000).”
Con lo anterior, insistió en que no podía tomarse como fundamento para la omisión de
ingresos la renta por comparación patrimonial, máxime cuando se ha insistido en que el pago
de la prima en colocación de acciones fue un aporte a la sociedad TLC S.A. y no conllevó la
percepción de una renta gravada en cabeza del demandante.
Quinto cargo: Indebido rechazo del proyecto de corrección de la declaración privada
1. El Tribunal no se pronunció sobre este aspecto.
2. El demandante insistió en que la DIAN al negar la corrección de la declaración privada,
desconoció el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 porque la inclusión de $1.100.000.000 como
ingreso no constitutivo de renta en el renglón 40, fue un acto de transparencia del
contribuyente que no estaba sujeto al pago de sanción porque no conllevaba variar el
impuesto a cargo, por lo cual debió darse prevalencia a lo sustancial frente a lo formal. Con
lo cual, solo se hizo uso de la posibilidad prevista en el artículo 707 del ET
Sexto cargo: Violación del debido proceso por indebido rechazo de costos y
deducciones en el trámite de revisión de la declaración con fundamento en el artículo
651 del ET ($2.116.934.000)
1. El Tribunal no se pronunció frente a este aspecto de la discusión.
2. La parte demandante insistió en que no era posible aplicar el desconocimiento de costos
y deducciones que prevé el artículo 651 del ET en el proceso de determinación oficial de
revisión porque se están derivando de un mismo hecho relacionado con el deber de informar,
el rechazo de conceptos que, a la par, se usaron para establecer la base de la sanción por
inexactitud del artículo 647 del ET, cuando la DIAN no rechazó esos rubros de la declaración
porque fuesen falsos, inexistentes o improcedentes. Así, consideró que se incurre en falsa
motivación por violación directa de la garantía del non bis in idem del artículo 29 de la
Constitución Política.
Además, reiteró que le sean reconocidos los costos y deducciones propios del
desarrollo de sus múltiples actividades económicas (“servicios de transporte, servicios
prestados como médico, docente universitario y actividades afines a la ganadería”), pues
-afirmó- se causaron y probaron que eran completos y veraces, o, en su defecto se
aplique los costos estimados y presuntos que prevé el artículo 82 del ET, que la DIAN
rechazó sin dar mayor explicación.
Séptimo cargo: aplicación indebida del artículo 647 del ET – Improcedencia de la
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sanción de inexactitud ($1.172.152.000)
1. El Tribunal mantuvo la sanción por inexactitud al haberse confirmado las glosas que la
DIAN planteó para desconocer los renglones de la declaración de renta del demandante, en
especial que hubo una omisión de ingresos que no se entiende excusada en una diferencia
de criterios.
2. El actor insistió en que debe exonerarse de la sanción por inexactitud porque su
interpretación razonable del derecho -artículo 36-3 del ET- con la que defendió su causa,
esto es que la omisión de ingresos no sucedió por haber devengado las cifras que imputó la
DIAN no son constitutivas de renta ni ganancia ocasional, ni incluyó valores incompletos o
falsos, porque sus costos y deducciones son procedentes.
De manera que no incurrió en hechos sancionables y la DIAN no desvirtuó la presunción de
veracidad de su declaración de renta y, por ende, debe declararse en firme.
Octavo: Condena en costas
1. El Tribunal no condenó en costas a la parte demandante porque su demanda
tenía fundamentación legal y porque no se encuentran probadas en el expediente,
con fundamento en lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso.
2. La DIAN recurrió8 esta decisión, al estimar que sí debió condenarse en costas a la
demandante por haber sido la parte vencida en el proceso y se cumplen los presupuestos
del ordinal 1 del artículo 365 del CGP. Además, deben reconocerse agencias en derecho
sin necesidad de que se aporten pruebas sobre su causación, por la simple
comparecencia al proceso judicial y la gestión desempeñada por el apoderado, según
las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
3. El demandante solicita que se condene en costas y agencias en derecho a la
demandada en ambas instancias.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
En la oportunidad prevista en el artículo 247 numeral 4° del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, la DIAN se pronunció para oponerse al recurso de
apelación del demandante9, para insistir en que los actos administrativos fueron
debidamente motivados, pues corresponden a la realidad fáctica demostrada en el
expediente administrativo y a la aplicación correcta de las normas aplicables.
Asimismo, indicó que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado sobre la discusión
correspondiente a la adición de ingresos omitidos por los socios de la sociedad TLC S.A.
en el año gravable 2012, en los expedientes 24805, 25262 y 24802, que solicitó sean
considerados para decidir el presente asunto.
Finalmente insistió en que se revoque el ordinal segundo de la sentencia apelada que
negó la condena en costas y agencias en derecho a la parte demandante que resultó
vencida en primera instancia, por lo que pidió se condene en segunda instancia a favor
de la DIAN.
El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en el artículo 247
8
Índice 2, Samai CE.
9
Índice 11, Samai CE.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
numeral 6° del mismo código, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Asuntos objeto de apelación. En los términos de los recursos interpuestos por las
partes, la Sala decide:
1. Si se desconoció el debido proceso por la falta de publicidad por la notificación
por aviso del emplazamiento para corregir y del auto que decretó la inspección
tributaria
2. Si la DIAN incurrió en falsa motivación y desatención de lo previsto en el artículo 36-
3 del ET en la determinación de la presunta omisión de ingresos.
3. Si se adicionaron indebidamente ingresos por el sistema de comparación patrimonial.
4. Si se concretó un trámite irregular en la imposición de la sanción por no
suministrar información.
5. Si se violó el principio del non bis in idem por aplicar el rechazo de los costos y
deducciones por no suministrar información y al mismo tiempo incluir los
conceptos rechazados en la base de la sanción por inexactitud.
6. Si se rechazó de manera injustificada el proyecto de corrección, por desconocimiento
del artículo 43 de la Ley 962 de 2005.
7. Si resultaba improcedente aplicar la sanción por inexactitud, por configurarse el
eximente de la diferencia de criterios.
8. Si era procedente condenar en costas y agencias en derecho, en primera y
segunda instancia, a la parte vencida.
Solución al caso concreto
La DIAN adelantó el proceso administrativo para comprobar la correcta liquidación del
impuesto sobre la renta del señor Luis Eduardo Hernández González del año gravable
2012, a partir de las inconsistencias que le arrojó la información por medios magnéticos
y el certificado de retenciones en la fuente.
En la declaración de renta del año gravable 2012 el demandante indicó como actividad
económica principal la 6042 Transporte Intermunicipal de Carga por Carretera y como
secundarias: 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación y 0141 “Cría de
ganado bovino y bufalino”. Los valores de los renglones principales de la declaración
fueron10:
Renglón Valor
Patrimonio líquido $2.431.339.000
Ingresos Brutos $3.000.371.000
Ingresos netos $2.999.133.000
10
Folio 7 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
Total costos $1.778.100.000
Total deducciones $803.781.000
Renta líquida $417.252.000
Renta líquida gravable $410.288.000
Impuesto y total impuesto $120.677.000
Retenciones $62.352.000
Saldo a pagar $59.936.000
1. Primer cargo: violación al debido proceso en el trámite de previo de
notificación del emplazamiento para corregir y del auto que decretó la inspección
tributaria
La DIAN inició investigación al contribuyente11 y, en desarrollo de esta, el 3 de julio de
2015 emitió un emplazamiento para corregir la declaración de renta del año gravable
2012 para que el contribuyente adicionara ingresos por $1.100.000.000 y disminuyera las
retenciones a $32.370.812, junto con los demás renglones a que hubiese lugar para
reflejar la realidad económica que, de acuerdo con los datos que le fueron reportados por
terceros a la Administración Tributaria, mostraban indicios de inexactitud. Además de los
ajustes, se sugirió la autoliquidación de la sanción por corrección del artículo 644 del
ET12.
Ese emplazamiento fue remitido por correo certificado a la dirección CR 38A 48 17 AP
1201 ED ALTA SERRA en Bucaramanga, que correspondía con la ubicación indicada en
el RUT vigente al momento de la emisión y remisión del emplazamiento para corregir -
julio de 2015-13. No obstante intentarse la notificación a la dirección informada en el RUT,
el 7 de julio de 201514 la empresa de correo devolvió el acto que se pretendió notificar
por la causal “no reside / cambio de domicilio”, razón por la que la DIAN fijó aviso para
notificación en su página web el 21 de julio de 201515.
El 8 de agosto de 2015, la DIAN profirió auto de inspección tributaria y, al igual que con
el emplazamiento para corregir, el acto fue remitido a la dirección registrada. El 14 de
agosto de 2015 la notificación fue devuelta por la empresa de correos con la misma
causal (no reside/cambio de domicilio); razón por la cual la Administración fijó aviso
notificatorio el 24 de agosto de 201516.
Para analizar la legalidad del procedimiento desplegado por la DIAN, las reglas aplicables
para la notificación son las contenidas en los artículos 565 y 568 del ET, vigentes para la
época de los hechos, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de
impuestos. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones
tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones,
liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera
electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de
mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
[…]
Parágrafo 1o. La notificación por correo de las actuaciones de la administración, en materia
tributaria, aduanera o cambiaria se practicará mediante entrega de una copia del acto
correspondiente en la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente
11
Según Auto de Apertura 04238201500175 del 26 de febrero de 2015.
12
Folios 86 a 91 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
13
Folio 78 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
14
Folios 92 y 93 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
15
Folio 94 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
16
Folios 96 a 101 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
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retenedor o declarante en el Registro Único Tributario - RUT. En estos eventos también
procederá la notificación electrónica.
[…]
Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único
Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación
del acto.
[…].
Artículo 568. Notificaciones devueltas por el correo. Los actos administrativos enviados
por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados mediante aviso, con
transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web de la DIAN que
incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y, en todo caso, en
un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se entenderá surtida para
efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo,
pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde el día
hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo
anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección
distinta a la informada en el RUT, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta
dentro del término legal. (Se subraya)
De acuerdo con las normas anteriores, la DIAN está en el deber de efectuar las
notificaciones a través de la red de correos remitiendo el acto a la dirección informada en
el RUT, salvo (i) cuando exista una dirección procesal (artículo 564 del ET) y (ii) en caso
de que el contribuyente actúe por intermedio de un apoderado. Si la devolución del correo
se genera por la remisión a una dirección diferente a la reportada en el RUT, la DIAN está
en la obligación de reintentar la notificación a la dirección informada en dicho registro. En
los demás casos, ante la devolución del correo, la DIAN queda habilitada para acudir a
la notificación mediante publicación en aviso en su página web.
En el presente caso debe observarse de manera previa que, en visita del 9 de junio de
2015, los funcionarios de la DIAN le habían solicitado al contribuyente que debía
actualizar el RUT; pero este no lo realizó, dejando vigente la dirección a la que le fueron
remitidas las notificaciones del emplazamiento para corregir y del auto de inspección
tributaria, en la forma y fechas referidas previamente.
En consecuencia, no puede el demandante deslegitimar la actuación desplegada por la
Administración Tributaria cuando con su propio actuar desatendió el deber de mantener
actualizada su información de ubicación que fue la causa de que no hubiera recibido la
notificación y garantizado la publicidad en mejores condiciones de las que tuvo a través
de la publicación del aviso, pues contrario a lo reprochado, la DIAN no está en la
obligación de ubicarlo en direcciones distintas a las indicadas en el registro oficial que los
contribuyentes están en la obligación de actualizar cada que presenten una variación de
la información consignada17.
Así, no existió un error en la notificación intentada por la DIAN en la dirección registrada
en el RUT, porque esta se remitió a la dirección correcta y de manera que la devolución
del acto automáticamente legitimó a la demandada para acudir a la publicación del aviso
-notificación subsidiaria- como lo dispone el artículo 568 del ET. Al respecto, esta
Sección ha precisado que18:
17 Es deber de los contribuyentes actualizar el Registro Único Tributario – RUT dentro del mes siguiente al hecho que genera la
actualización. El incumplimiento de esta obligación formal es sancionable, en los términos del artículo 658-3 numeral 3 del ET.
18
Sentencia de 9 de febrero de 2023, exp. 26878, C.P. Wilson Ramos Girón.
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“(…) el ordenamiento prescribe una obligación que recae sobre la autoridad de impuestos
y sobre quienes actúen en su nombre, de remitir los actos que precisan ser notificados por
correo a la dirección correcta; y solo cabe notificar por aviso los actos cuando se
acredite que, mediante correo certificado, se intentó sin éxito entregar una copia en
la dirección registrada en el RUT, presupuesto de hecho habilitante que no cobija
yerros en la identificación de la dirección en que se intenta notificar, ni la falta de
diligencia de quienes, como empresa de mensajería, atienden los mandatos de la
Administración (sentencias del 18 de octubre de 2018, exp. 22099, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto; del 15 de octubre de 2020, exp. 24761, CP: Julio Roberto Piza; y del 18 de
marzo de 2021, exp. 24761 CP: ibidem). […]”
De esta forma, la Sala encuentra que la DIAN atendió al trámite de los artículos 565 y
568 del ET, porque para la notificación del emplazamiento para declarar y del auto de
inspección tributaria acudió a la dirección registrada en el RUT del actor y el correo fue
devuelto por causa distinta a dirección errada, lo que la habilitó para acudir a la
notificación por aviso. No prospera el cargo.
Segundo cargo: Trámite irregular en la imposición de la sanción por no
suministrar información de $368.345.000
El demandante plantea que la DIAN desconoció el procedimiento establecido en el
artículo 651 del ET para imponer sanción por no suministrar información, por no haber
emitido pliego de cargos, pues -considera- que no es posible imponer esta sanción en el
trámite de expedición de la liquidación oficial de revisión, porque el procedimiento
sancionatorio es autónomo. Cargo que el Tribunal negó al considerar que el
procedimiento fue válidamente adelantado por la DIAN, toda vez que el artículo 637 del
ET permite la imposición de sanciones en el curso de los procedimientos administrativos
de determinación oficial de impuestos a través de las liquidaciones oficiales.
Para resolver el problema planteado, debe enfatizarse que dentro de las amplias
facultades con que cuenta la administración tributaria para adelantar la verificación
del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, se
prevé la de emitir requerimientos de información, siempre que los datos resulten
necesarios para verificar la situación impositiva. Puntualmente, el artículo 686 del ET
señala que las personas contribuyentes y no contribuyentes deben atender los
requerimientos con las pruebas que hayan sido solicitadas en el curso de las
investigaciones.
Cuando el deber de informar es incumplido porque no se entregaron los documentos,
se entregaron de manera tardía o con errores, es procedente la imposición de la
sanción de que trata el artículo 651 del ET, en la liquidación oficial que se emita en
el procedimiento de determinación en el que se solicitó la información, como lo
habilitan los artículos 637, “las sanciones podrán imponerse mediante resolución
independiente, o en las respectivas liquidaciones oficiales”, y 638 ibidem, “cuando las
sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el
mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial”.
En el caso bajo estudio, en el curso de la investigación desplegada por la DIAN para la
revisión de la declaración de renta del señor Luis Eduardo Hernández González del año
gravable 2012, se expidió requerimiento ordinario de 7 de septiembre de 2015, en el que
se solicitó al actor entregar la siguiente información, dentro de un plazo de 15 días19:
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Folios 202 a 207 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
1. Estados financieros debidamente firmados y anexos de la declaración de renta del año
gravable 2012.
2. Auxiliar de ingresos correspondientes al año gravable 2012.
3. Relación de las liquidaciones mensuales de los fletes por vehículos y el detalle de los
pagos que soporta el ingreso recibido de la empresa Transportes Líquidos de Colombia
TLC S.A., año gravable 2012.
4. Fotocopia de los certificados de retención en la fuente que le practicaron durante el año
gravable 2012.
5. Relación detallada de los documentos que soportan el valor de los costos en la suma
de $1.778.100.000 registrados en la declaración de renta del año gravable 2012,
indicando número de la factura, fecha, identificación del proveedor: nombre, identificación
y valor facturado.
6. Relación detallada de los documentos que soportan los gastos y deducciones por valor
de $803.781.000 registradas en su denuncio rentístico año gravable 2012.
7. Relación detallada de los documentos que sustentan los pasivos vigentes a 31 de
diciembre de 2010 (sic), indicando el nombre del acreedor, su identificación y el valor
adeudado.
8. Documentos que soportan la capitalización de $1.100.000.000 realizada como socio de
TLC S.A.
El requerimiento fue notificado el 9 de septiembre de 201520, pero la información no
fue presentada por el contribuyente. Inclusive, el 14 de octubre de 2015, la DIAN
practicó una visita al hoy demandante en la que nuevamente se solicitó la entrega de
los documentos indicados en el requerimiento de información, pero tampoco fue
entregada, como se deja constancia en el acta de la diligencia, así 21:
“En el momento de la visita no se recibieron los documentos requeridos, el Dr. Luis
Edo. González (sic) no se encuentra y la contadora tampoco. Manifiesta Nayibe
(persona que atendió la visita) que aún no se han encontrado los documentos
solicitados”.
En el punto, debe destacarse que el demandante no controvierte el hecho infractor
por el cual fue sancionado por no suministrar información, ni tampoco la
cuantificación que la DIAN le dio a los datos requeridos, por lo que son aspectos no
sujetos al debate en sede judicial. El reproche se centra únicamente en la formalidad
del trámite para la imposición de la sanción, esto es, en lo que corresponde a no
haberse emitido pliego de cargos y la resolución sancionatoria mediante acto
administrativo independiente, al considerar irregular que se impusiera ocasión de la
liquidación oficial de revisión.
Entonces, se halla demostrado que el contribuyente no presentó la información,
razón por la cual la DIAN le aplicó las consecuencias establecidas en el artículo 651
del ET, vigente para la época, esto es, una multa de hasta el 5% de las sumas no
informadas. La norma disponía:
20
Folio 204 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
21
Folios 229 y 230 pdf. del escrito de contestación a la demanda. Índice 31, Samai Tribunal.
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Artículo 651. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a
suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o
cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente
sanción:
a) Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información
exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.
Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía,
hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del
patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente
anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos,
pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la
información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de
Impuestos.
(…)
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez
notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean
probados plenamente. (Se destaca)
Nótese cómo la misma norma que prevé la sanción por no suministrar información
refiere que esta puede ser impuesta en el curso del proceso de determinación a
través de la liquidación oficial de revisión. Lo que deja sin piso el reproche del actor,
sobre la irregularidad en el trámite administrativo, sin que sea cierto que se le
cercenaron las garantías del debido proceso, pues, inclusive, al expedirse la sanción
en el curso del procedimiento de determinación oficial que inicia con el requerimiento
especial se concede mayor plazo para atender el trámite (3 meses) frente a la
oportunidad que se concede dentro del procedimiento administrativo sancionatorio a
través de la formulación del pliego de cargos (1 mes), lo que trae consigo mejores
condiciones para subsanar la infracción y disminuir la sanción.
Tampoco tiene asidero la afirmación de que el proceso de fiscalización solo permite
la imposición de la sanción por inexactitud, pues también se habilita a la DIAN a
sancionar por hechos irregulares que se susciten o comprueben dentro del trámite
de manera conjunta con la expedición de la liquidación oficial de revisión, siempre
que se cumpla la regla fijada en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de
202022, esto es, que las sanciones guarden coherencia con el procedimiento de
determinación. Ha puntualizado la Sección23, sobre el particular que:
“Las reglas jurisprudenciales sentadas por esta Sección en la Sentencia de Unificación del
3 de septiembre de 2020, en relación con la coherencia que deben guardar las sanciones
impuestas en liquidaciones oficiales con el proceso de determinación, que aplican para
resolver el presente caso, señalan: “1) Las sanciones aplicadas en procesos de
22
Sentencia de Unificación Nro. 2020 CE - SUJ - 4 - 002 del 3 de septiembre de 2020, exp.24264, CP. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
23
Sentencia de 18 de febrero de 2021, exp. 23970, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
18
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
determinación requieren, además del cumplimiento de los supuestos normativos previstos
para su imposición, de la expedición de una liquidación oficial. 2) Las sanciones
establecidas en procesos de determinación deben coincidir con el tributo, período, bases
de cuantificación y monto del gravamen, cuando afecten la base de imposición.”
Como soporte de esas reglas, en ese fallo se reiteró que esta Sección ha precisado que el
procedimiento de determinación oficial de un impuesto es independiente del sancionador,
porque obedecen a hechos diferentes. (Sentencias del 14 de agosto de 2019, exp. 22530,
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 25 de julio de 2019, exp. 21030, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez). No obstante, la independencia que existe en los procedimientos
aludidos, cuando la sanción se impone en liquidación oficial se debe ajustar a las
reglas aplicables a esta última para su procedencia.
Agregó que el artículo 637 del Estatuto Tributario dispone que las sanciones podrán
imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas liquidaciones
oficiales (de revisión o de aforo según el caso). Conforme con esa disposición, las
sanciones impuestas en resolución independiente se rigen por la normativa que regula el
procedimiento sancionatorio, mientras las establecidas en las respectivas
liquidaciones oficiales, se deben ajustar al proceso de determinación.
Y que, en este último caso, la sanción requiere la existencia de un proceso de
determinación que culmine con la expedición de una liquidación oficial que contenga
los requisitos del artículo 712 del Estatuto Tributario , entre los que se encuentran la
determinación del “periodo gravable a que corresponda”, las “bases de cuantificación del
tributo”, el “monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente”, y “la explicación
sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración”. (Se
destaca).
Como con la liquidación oficial de revisión del 17 de julio de 2016, la DIAN
efectivamente determinó el mayor impuesto a cargo del demandante por el año
gravable 2012, cumpliendo así con el objeto del trámite, la sanción impuesta por no
suministrar información sí podía incluirse, tanto porque se halló demostrada la
infracción, como porque se cumplieron las garantías procesales para su imposición
en el proceso de fiscalización que le adelantó la Administración, razón por la cual el
cargo, en su aspecto procedimental, no adolece del desconocimiento del artículo 29
de la Constitución Política.
Aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria
Con el requerimiento especial, la DIAN propuso la sanción por la infracción de no
suministrar información que se tasó con el valor de la información no entregada, así:
Conceptos y valores no informados
Pasivos $623.537.000
Ingresos netos $2.999.133.000
Costos $1.778.100.000
Deducciones $803.781.000
Retenciones $62.352.000
Prima en colocación de acciones $1.100.000.000
Total no informado $7.366.903.000
Sanción 651 ET 5%
Sanción $368.345.150
La multa de $368.345.150 fue tasada e impuesta en la liquidación oficial de revisión
y confirmada con la resolución del 24 de julio de 2017 que decidió el recurso de
reconsideración. Se reitera que el demandante no cuestionó el monto de la multa por
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no suministrar información, pues en su apelación afirmó, de manera indefinida, que
parte de la información solicitada la Administración la tenía para el momento en que
le fue solicitada, pues la obtuvo por otros medios, pero no sustenta algún error en la
cuantificación de los renglones y el total de los rubros que sirvieron de base para la
imposición de la sanción, ni cuáles datos fueron los que estaban en poder de la DIAN,
razón por la cual no hay lugar a variar la base del cálculo.
No obstante, la Sala advierte que la sanción así establecida debe disminuirse por efecto
de la modificación que el legislador introdujo al artículo 651 del ET, mediante la Ley 2277
de 2022, que en su artículo 80 redujo el porcentaje de la sanción por no suministrar
información del 5% al 1%, lo que debe ser aplicado en el presente asunto para hacer
efectivo el principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Lo anterior, porque es un
imperativo constitucional, como ha concluido la Sala en otras ocasiones24:
“[C]onforme lo ha expresado la Sala25, que si bien en el proceso la DIAN es único
apelante, se advierte que «el principio de favorabilidad cuando es aplicable en
materia sancionatoria administrativa constituye un imperativo constitucional
y, por ende, bien puede ser aplicado a solicitud de parte, o de oficio por la
autoridad juzgadora competente».
Así, dado que el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 redujo el porcentaje de la sanción
por enviar la información con errores al 0,7%, procede, de conformidad con el
principio de favorabilidad en materia punitiva (artículo 29 de la Constitución), reducir
la multa que fue impuesta en el acto demandado; y sobre esta calcular el
cumplimiento del pago de la sanción reducida”.
En consecuencia, la sanción definitiva es la siguiente:
Conceptos y valores no informados
Pasivos $623.537.000
Ingresos netos $2.999.133.000
Costos $1.778.100.000
Deducciones $803.781.000
Retenciones $62.352.000
Prima en colocación de acciones $1.100.000.000
Total no informado $7.366.903.000
Sanción 651 ET 1%
Sanción $73.366.903
Como consecuencia de lo anterior, se declarará la nulidad parcial de los actos
administrativos para reducir la multa de la sanción por no suministrar información por
aplicación oficiosa del principio de favorabilidad en la suma de $73.366.903. Ello, sin
perjuicio de las resultas que se deriven del análisis de los demás cargos de la apelación.
Tercer cargo: indebido rechazo del proyecto de corrección y desconocimiento
del artículo 43 de la Ley 962 de 2005.
24 Sentencia del 25 de mayo de 2023, expediente 27205, C.P. Wilson Ramos Girón, reiterada en sentencia del 14 de
septiembre de 2023, expediente 27596 y en sentencia de 3 de agosto de 2023, exp. 27353, ambas con ponencia de la
consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
25 Sentencia del 25 de abril de 2018, Exp. 21906, CP: Milton Chaves García, que reiteró el concepto del Consejo de
Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del 16 de octubre de 2002, Rad. 1454. Sentencia del 21 de febrero de 2019,
Exp. 22182, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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La DIAN planteó desde el requerimiento especial la adición de ingresos omitidos por valor
de $1.100.000.000, en el renglón de ingresos brutos operacionales y, consecuentemente,
que estos debían integrarse a la base gravable de renta del periodo 2012. Asimismo, el
acto previo planteó el desconocimiento de costos y deducciones por valor de
$2.116.934.360; sin embargo, esta última cifra no hace parte de la discusión del cargo
ligado a la falta de aceptación del proyecto de corrección que se limitó al rubro de
ingresos.
En el caso objeto de estudio, la parte actora sostiene que el rechazo del proyecto de
corrección provocada, presentado con ocasión de la respuesta al requerimiento especial,
vulneró el principio de prevalencia del derecho sustancial. Lo anterior, por cuanto —en
su criterio— la autoridad tributaria desconoció la inclusión de los ingresos discutidos y su
tratamiento como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, lo cual impedía la
determinación de un mayor valor del impuesto y de la sanción a su cargo como condición
para corregir la declaración tributaria. Esta postura se apoya en lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 962 de 200526, correspondiente a las correcciones de errores e
inconsistencias en las declaraciones y recibos de pago sin sanción.
Por su parte, la Administración defiende la legalidad y debida motivación de los actos
demandados, al considerar que el rechazo del proyecto de corrección obedeció a que el
contribuyente no demostró que los valores cuestionados tuvieran el efecto tributario
alegado, esto es, el de constituir ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.
En ese contexto, sostuvo que no procedía la corrección solicitada, en tanto no era viable
aceptar el tratamiento fiscal perseguido por el actor. Máxime cuando, a partir de los
distintos medios probatorios recaudados, la DIAN estableció y justificó la adición
determinada en la actuación administrativa.
De lo expuesto se concluye que el actor no discute haber omitido, en el proyecto de
corrección provocada, la inclusión de los rubros adicionados por la Administración ni el
pago de la sanción por inexactitud. Su reproche se limita a que la demandada rechazara
el proyecto al desconocer el tratamiento de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional aplicada a dichos rubros. Argumento con base en el cual pretendía que el
ingreso cuestionado no afectara su carga tributaria, haciendo de paso improcedente la
sanción. En consecuencia, corresponde a la Sala analizar si el rechazo de la corrección
provocada efectuado por la DIAN vulnera los artículos 709 del Estatuto Tributario y 43 de
la Ley 962 de 2005, así como el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal.
Conforme al 709 del Estatuto Tributario, los contribuyentes pueden corregir sus
declaraciones con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, el requerimiento especial
o la liquidación oficial de revisión, para aceptar total o parcialmente las glosas propuestas
y determinar la sanción por inexactitud correspondiente, cuyo pago debe acreditarse ante
la Administración. La jurisprudencia de esta Sección3 ha precisado que estas
correcciones difieren de las voluntarias, pues el contribuyente no tiene libertad para
redefinir el contenido de la declaración, en tanto las modificaciones deben circunscribirse
26
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”
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exclusivamente a las glosas formuladas por la Administración y cumplir los requisitos del
artículo 709 ibidem.
Es por lo anterior que las correcciones provocadas no permiten a los contribuyentes
modificar a su arbitrio los rubros y renglones de manera distinta a los términos en que la
Administración propuso. De ahí que no le era posible al contribuyente neutralizar el
ingreso omitido que detectó la DIAN con la inclusión en el renglón 47 “Ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional” de una cifra de $1.100.000.000. En la
corrección provocada, la demandante ignoró que la cifra glosada como ingresos brutos
operacionales -renglón 42- e ingresos netos -renglón 48- debía derivar en una mayor
base del impuesto de renta. Para el efecto, el demandante introduce un nuevo elemento
no considerado por la DIAN en su acto preparatorio, al corregir su denuncio aduciendo
que es irrelevante la adición del ingreso porque este, de todas maneras, computa como
ingreso no constitutivo de renta. La razón expuesta (inclusión de rubro no referido en el
acto) es suficiente para declarar la legalidad del rechazo de la corrección provocada.
Respecto de la presunta vulneración del artículo 43 de la Ley 962 de 2005, por considerar
que la corrección no debía someterse al rigor del artículo 709 del Estatuto Tributario, en
la medida en que la modificación era neutra, sin incidir en los saldos finales de la
declaración inicial de renta del período gravable 2012, lo que habilitaba la corrección sin
sanción, esta Sala precisa:
De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, las declaraciones tributarias pueden
corregirse sin sanción, de oficio o a solicitud del contribuyente, cuando se adviertan
inconsistencias o errores en el concepto del tributo o en el período gravable, siempre que
la corrección no afecte el impuesto a cargo y que prevalezca la verdad real sobre la
formal.
No obstante, dicha prerrogativa está condicionada a la verificación y aceptación de la
Administración, pues procede únicamente cuando la autoridad detecta de oficio las
inconsistencias o cuando el contribuyente solicita expresamente la modificación de su
liquidación privada. En ambos supuestos se exige una manifestación de voluntad de la
entidad y, sin perjuicio de su facultad de fiscalización, lo que descarta la posibilidad de
que el contribuyente, de manera unilateral, se sustraiga del procedimiento previsto en el
artículo 709 del Estatuto Tributario.
Además, aunque el artículo 43 permite corregir en cualquier tiempo y sin sanción, su
ámbito se restringe a errores formales en el diligenciamiento de los formularios, tales
como equivocaciones en el concepto del tributo, el período gravable, el NIT, la imputación
o errores aritméticos que no incidan en la determinación sustancial del impuesto. En el
caso concreto, dicha disposición no era aplicable, pues la glosa del requerimiento
especial recaía sobre la adición de ingresos gravados, lo que no permite al contribuyente
sustraerse del régimen legalmente aplicable (art. 709 del ET), incorporando, en adición,
un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional –que está en discusión- para
ponerse “formalmente” en el presupuesto de una norma que no le resulta aplicable de
manera natural.
No cabe duda de que lo que viola la supremacía del derecho sustancial sobre el formal
(art. 228 de la Constitución Política) es la apariencia de neutralidad que el contribuyente
pretende darle a la corrección realizada, aduciendo que el ingreso objetado por la DIAN,
de todas maneras, tiene el carácter de ser no constitutivo de renta, cuando –como se
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verá adelante- tal afirmación no se compadece de lo efectivamente probado en el
expediente y de la normatividad aplicable.
En este orden de ideas, al negar la corrección, la DIAN actuó sin desconocer el artículo
43 de la Ley 962 de 2005. Pues la realidad material no encaja en el ámbito de esa
disposición, toda vez que no se trataba de un error de aquellos que permiten ajustarse
de oficio o a solicitud de parte en cualquier tiempo. De igual manera, tampoco se cumplen
los presupuestos del artículo 709 del ET para la aceptación de una corrección provocada.
No prospera el cargo.
Cuarto cargo: falsa motivación y desatención de lo previsto en el artículo 36-3
del ET en la determinación de la presunta omisión de ingresos de
$1.100.000.000
El demandante plantea que no incurrió en omisión de ingresos, pues el valor de
$1.100.000.000 tiene origen en una prima en colocación de acciones y, por ello, se trata
de un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, tal como lo preveía para la
época el artículo 36-3 del ET, así:
Artículo 36-3. La distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su
traslado a la cuenta de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización
del Patrimonio, de la reserva de que trata el artículo 130 y de la prima en colocación de
acciones, es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el caso de las
sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia
ocasional, la distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades que excedan de
la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de conformidad con los
artículos 48 y 49.
Con la capitalización de la reserva de que trata el artículo 130 se entiende cumplida la
obligación de mantenerla como utilidad no distribuible.
Las reservas provenientes de ganancias exentas, o de ingresos no constitutivos de renta o
de ganancia ocasional, o del sistema de ajustes integrales por inflación*, que la sociedad
muestre en su balance de 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable,
podrán ser capitalizadas y su reparto en acciones liberadas será un ingreso no constitutivo
de renta ni de ganancia ocasional para los respectivos socios o accionistas. (Se resalta)
El demandante considera que la DIAN hizo una lectura equivocada de la información
reportada por la sociedad Transportes TLC de la cual era socio, porque se adicionó el
ingreso sin considerar que el tratamiento tributario especial que le corresponde a la cifra
de $1.100.000.000 que -según el demandante- fue el valor pagado por nuevas acciones
emitidas por esa compañía, que adquirió con los recursos obtenidos de la capitalización
de unas cuentas por cobrar que tenía con dicha sociedad, con lo cual se encontraba
dentro del supuesto del artículo 36-3 del ET. Así, sostiene que se trató de un aporte que
aumentó el patrimonio de la sociedad por prima en colocación de acciones.
Para la DIAN y el Tribunal se concretó una omisión de ingresos, toda vez que la
adquisición de las nuevas acciones se hizo a partir de la capitalización de unos pasivos
que la sociedad TLC tenía con el demandante por la prestación de servicios de transporte
que éste hizo a la empresa, mas no por un reparto de utilidades, con lo cual los recursos
que se capitalizaron son los que se glosaron como omitidos, no la prima en colocación
de acciones como lo defiende el contribuyente.
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Sobre este punto, deben separarse dos hechos económicos identificables: (i) la
prestación de un servicio retribuido con un ingreso omitido que dio lugar a una cuenta por
cobrar; y (ii) la capitalización de la cuenta por cobrar, conllevando la emisión de acciones
suscritas con prima. El contribuyente fusiona esos hechos económicos para sobreponer
y resaltar que solo ocurrió una capitalización que conllevó el pago de una prima, que
pretende que sea tratada como no gravada. De esta manera argumenta que no omitió el
ingreso retributivo del servicio prestado, cuyo carácter de gravado es totalmente ajeno a
la capitalización de la cuenta por cobrar correlativa al ingreso.
Establecidos los hechos económicos ocurridos, el tema del tratamiento fiscal de la prima
resulta totalmente irrelevante; sin embargo, para darle respuesta al cargo formulado, esta
Sala precisa que la prima por colocación tiene dos momentos, con regulación específica
y sujeto destinatario concreto. Veamos:
Un primer momento es la configuración de la prima por colocación de acciones, que se
presenta en el momento de la emisión. Ahí, el único sujeto que tiene incremento
patrimonial es la sociedad, pues el accionista simplemente muta un activo por otro. Es
por tal razón que el artículo 36 del ET, vigente para el año 2012, precisaba que “la prima
por colocación de acciones no constituye renta ni ganancia ocasional si se contabiliza como
superávit de capital no susceptible de distribuirse como dividendo. En el año en que se distribuya
total o parcialmente este superávit, los valores distribuidos configuran renta gravable para la
sociedad, sin perjuicio de las normas aplicables a los dividendos.” Así, en el caso bajo análisis,
es claro que quien generó un incremento patrimonial por la capitalización fue la sociedad
y que el monto llevado como superávit por prima pagada tiene el carácter de ingreso no
constitutivo de renta.
En un momento posterior –que no es el caso que se analiza-, puede ocurrir que los
accionistas opten por trasladar la prima a capital al distribuirla como dividendo por
liquidación. Es ahí cuando potencialmente el accionista puede tener un incremento
patrimonial y tiene aplicación lo dispuesto en el artículo 36-3 del ET vigente en 2012.
Como en el sub-lite, el hecho económico se refiere al momento uno: suscripción de
acciones con prima, resulta claro que no es aplicable el artículo 36-3 del ET, alegado
como fundamento por la actora.
Ahora bien, volviendo al asunto real del litigio, el reproche de omisión es porque los
recursos para la adquisición de las acciones, originados en el ingreso por la prestación
de un servicio pendiente de pago (ingreso contra cuenta por cobrar), no fueron
declarados. Lo anterior, con total independencia de que tal ingreso reflejado en la cuenta
por cobrar hubiese sido objeto posterior de una capitalización.
Lo anterior encuentra respaldo en la información reportada por TLC S.A., respecto de las
operaciones realizadas en el año 2012 con el señor Hernández González, de la cual se
obtuvo un total de $4.243.863.762 por prestaciones de servicios que la empresa le
adeudaba al demandante por operaciones ocurridas en el año 2012, que se respaldan
con cuentas de cobro que reposan en el expediente administrativo, suscritas por el
demandante y a cargo de la referida sociedad27. El detalle en el auxiliar por terceros
aportado por la empresa28 se resume así:
27
Folios 61 a 151 del cuaderno de antecedentes administrativos.
28 Folio 172 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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De esa suma, la sociedad capitalizó $1.100.000.000 para el pago de la prima en
colocación de acciones derivada de la adquisición de las nuevas acciones emitidas y
adquiridas por el contribuyente en 2012. Suma que no se incluyó como ingreso en la
declaración de renta del demandante, ni fue objeto de retenciones por parte de la
sociedad TLC S.A., según el reporte obtenido en los medios magnéticos.
A partir de lo anterior, es claro que existió una realización de ingresos en los términos del
artículo 27 del ET -vigente para 2012- pues la cifra que se capitalizó tenía origen en
pasivos que la sociedad causó por operaciones realizadas con el contribuyente -quien
tenía el derecho a exigirlo-, provenientes de servicios prestados en 2012. Por ende, no
hay lugar a dudas de que el demandante tuvo un ingreso causado contra una cuenta por
cobrar que omitió en su declaración de renta. Esto con absoluta prescindencia de que la
cuenta por cobrar se haya capitalizado, recibiendo a cambio acciones liberadas de la
sociedad, según se resume:
A partir de lo anterior, se demuestra que el demandante partió de una lectura errónea de
los hechos económicos, pues el ingreso que se le adicionó como omitido no tiene origen
en una prima en colocación de acciones que se enmarque en el supuesto del artículo 36-
3 del ET vigente para el año 2012. El hecho acontecido fue una capitalización de una
cuenta por cobrar que era la contrapartida de un ingreso omitido. A esta misma
conclusión arribó esta Sección29 al revisar la legalidad de los actos de determinación
oficial del impuesto sobre la renta del año 2012 de otros socios de la empresa TLC S.A.,
así:
“En definitiva, la Sala advierte que la Administración desplegó múltiples medios de prueba
orientados a verificar la realidad de los ingresos declarados por el actor, que le permitió
concluir que existió una omisión de ingresos por prestación de servicios, hecho que no fue
desvirtuado por el demandante. Al respecto, se precisa que el actor aceptó que suscribió
nuevas acciones de la sociedad que reportó los ingresos glosados y las pagó con una
cuenta por cobrar que tenía con esta. Asimismo, obra prueba en el expediente de que al
29 Sentencia del 6 de octubre de 2022, exp. 24802, CP Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Luis Eduardo Hernández González
demandante le ofrecieron 10.000 nuevas acciones de esa compañía, por una inversión de
$1.100.000.000 –correspondiente a $100.00.000 de valor nominal y $1.000.000.000 de
prima en colocación de acciones–, las cuales aceptó y pagó con una cuenta por cobrar a la
misma sociedad en cuantía de $1.100.000.000.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no comparte el argumento del apelante, según
el cual, en la operación descrita realizó un ingreso no constitutivo de renta por la
compra de acciones con prima, ya que uno es el hecho económico por el cual surge
el ingreso –en el caso, la prestación de servicios que originó la cuenta por cobrar– y
otro la capitalización de ese derecho de crédito –hecho económico posterior –.
Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 36-3 del ET, vigente para la época de los hechos,
la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, con cargo a la cuenta
de la prima en colación de acciones registrada como superávit del capital en el patrimonio
de la sociedad emisora, tiene la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional para el respectivo socio. Para la Sala, los ingresos enjuiciados, no cumplen
el supuesto de hecho de la norma citada, ya que la capitalización realizada por el
apelante fue sobre un pasivo a su favor, por lo tanto, dicha operación fungió como
medio de pago de una acreencia cuya contraprestación se vio reflejada con la
adquisición de un mayor número de acciones, transacción que supone la generación
de un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta. (...)”. (Se destaca).
Las conclusiones de la providencia en cita se reiteran en esta ocasión y, como resultado
de lo previamente analizado, se tiene que el cargo de nulidad para desacreditar la omisión
de ingresos determinada por la DIAN no prospera.
Quinto cargo: falsa motivación por plantearse una omisión de ingresos a partir de
un incremento patrimonial injustificado
Sobre este cargo, el apelante sostiene que la DIAN determinó como renta gravable por
comparación patrimonial la suma de $114.134.000, pese a que, en su criterio, no existió
tal incremento. Añade que ni en la Liquidación Oficial ni en la resolución que decidió el
recurso se hizo referencia expresa a dicha glosa, lo que, a su juicio, configura una falta
de motivación que vicia la actuación administrativa. Este reproche no fue objeto de
pronunciamiento por el Tribunal en la sentencia de primera instancia.
Sobre el punto, la Sala advierte que el demandante plantea el cargo por lo que la DIAN
dijo de paso en un aparte del requerimiento especial, así:
“DEL PATRIMONIO:
Evaluado el comportamiento patrimonial del año investigado frente al año anterior, se
determinó renta por comparación patrimonial en la suma de $114.134.000, suma que se
considera Renta gravable a la luz de los artículos 236, 237 y 238 del ET., la cual debe ser
incorporada en el denuncio rentístico objeto de auditoría”. (pág. 10 del requerimiento
especial).
De la revisión del acto previo y de la liquidación oficial de revisión, la Sala advierte que
no tuvo incidencia ni materializó una adición de renta por comparación patrimonial, por lo
cual su indicación en el requerimiento especial solo puede entenderse como un
argumento de refuerzo para denotar otro indicio sobre la omisión de ingresos a partir de
la revisión del patrimonio, pero el valor allí señalado no fue propuesto como glosa, por lo
que no tuvo incidencia económica alguna en el acto previo ni en la liquidación oficial. En
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consecuencia, no tiene la potencia para configurar una falsa motivación que conlleve a
concretar la causal de nulidad, pues ningún efecto tuvo en la determinación oficial del
impuesto a cargo del demandante. Se niega el cargo.
Sexto cargo: violación del debido proceso por indebido rechazo de costos y
deducciones en el trámite de revisión de la declaración con fundamento en el
artículo 651 del ET ($2.116.934.000)
La demandante cuestionó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el indebido rechazo
de los costos y deducciones que la DIAN hizo con fundamento en el artículo 651 del ET,
puntualmente se trata de la consecuencia jurídica incluida en el literal b) de la norma que
dispone:
Artículo 651. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a
suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o
cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente
sanción:
1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida;
(…)
b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos,
impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se
refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y
mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.
(…)
En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la
liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez
notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b) que sean
probados plenamente.
Pues bien, el demandante insiste en que esa consecuencia del desconocimiento de
costos y deducciones no es aplicable en el marco de un proceso de determinación oficial,
aspecto que ya fue analizado por la Sala al analizar el cargo sobre la sanción por no
informar que se impone en la liquidación oficial de revisión, sin necesidad de pliego de
cargos y de expedir una resolución independiente.
Por otro lado, el actor afirmó que no puede aplicarse esa consecuencia jurídica porque
así se vulnera el non bis in idem, pues esos mismos conceptos fueron incluidos en la
base para liquidar la sanción por inexactitud.
En el punto, la Sala advierte que Los literales a) y b) del artículo 651 del ET, en la versión
vigente para la época de los hechos, prevén dos consecuencias jurídicas por el no
suministro de la información requerida, esto es, (i) la multa y (ii) el desconocimiento de
los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y
retenciones, según correspondiera, cuando la información hubiera sido requerida en el marco
de un procedimiento de gestión-tributaria sobre dichos conceptos.
No obstante, la norma también preveía que no se aplicaría la consecuencia del literal b) si el
contribuyente subsanaba la omisión antes de que se notificara la liquidación oficial de revisión
y si la subsanación se hacía con posterioridad a esa notificación, se aceptarían los rubros
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que se demostraran plenamente. Sobre este tema la Sección30 ha precisado que:
“(…) pese a lo expresamente indicado por la norma –cuyo contenido, cabe señalar, se
mantiene en la redacción vigente– la consecuencia señalada en la letra b) de la
disposición citada representa una regla probatoria y no una sanción. Lo anterior en
la medida en que preceptúa la consecuencia jurídica que se activa en el
procedimiento de gestión de los tributos cuando los hechos declarados en favor del
contribuyente y que, aminorarían su carga impositiva, no son demostrados a partir
de la información exigida por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus potestades de
fiscalización; sin perjuicio de lo cual, el contribuyente puede invocar a su favor los
demás elementos de prueba que considere idóneos para enervar la consecuencia
jurídica probatoria atribuida por la no entrega de la información requerida
expresamente (sentencia del 31 de marzo de 2022, exp. 23711, CP: Julio Roberto Piza
Rodríguez31).
3.2- En lo que respecta a la fórmula prevista en el artículo 651 del ET para liberar al
contribuyente de las consecuencias probatorias adversas, la Sala ha establecido que la
subsanación de la omisión previa a la notificación de la liquidación oficial no traerá el
resultado de rechazar los conceptos que se propusieron desconocer. (…). Lo anterior
implica que, junto con la entrega de la información cuya omisión activó la consecuencia
prevista en la letra b) del artículo 651 del ET, recae sobre el contribuyente la carga de probar
los factores glosados mediante los medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles para
acreditar los hechos que la autoridad pretende verificar.
(…)
Esta carga probatoria puede cumplirse incluso en el proceso judicial, conforme a la
jurisprudencia de la Sección Cuarta, que permite aportar y mejorar los medios de prueba
no suministrados ante la Administración, según las oportunidades probatorias judiciales
(entre otras, sentencia del 24 de febrero de 2022, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello)”.
(Se destaca)
Así, es claro para esta Sección que lo dispuesto en el literal b) del artículo 651 del ET no
conlleva la imposición de una sanción propiamente dicha, sino una exigencia probatoria
más enfática, a cargo del contribuyente, de demostrar plenamente los conceptos que
aminoran la base gravable.
En el presente asunto, el demandante no aportó la información ni los elementos
probatorios para superar la consecuencia del desconocimiento de los rubros de costos y
deducciones declarados, los cuales se pidieron mediante el requerimiento ordinario del 7
de septiembre de 2015. Ni en sede administrativa ni con ocasión de la demanda el
contribuyente cumplió con la carga probatoria, lo que habilitó a la DIAN a desconocer los
rubros de costos por $1.313.153.000 y deducciones por $803.781.000.
Ahora, en lo que respecta al non bis in idem debe advertirse que el demandante incurre
en una indebida interpretación, pues el desconocimiento de los costos y deducciones
tuvo origen en el incumplimiento del deber de suministrar información cuando le fue
solicitada por la DIAN y que no superó por mantenerse inactivo frente a la carga
probatoria plena de dichos conceptos, pero no configura una sanción en sí misma. Por el
contrario, la sanción por inexactitud sí prevé como hecho sancionable la inclusión en la
declaración privada de costos y deducciones improcedentes. Así lo ha puntualizado la
Sección32 al considerar:
30
Sentencia del 10 de diciembre de 2025, exp. 26962, CP Wilson Ramos Girón.
31
Reiterada, entre otras, en las sentencias del 18 de agosto de 2022 (exp. 25171 CP: Julio Roberto Piza) y del 04 de mayo de 2023
(exp. 26470, CP: Milton Chaves García).
32
Sentencia del 10 de diciembre de 2025, exp. 26962, CP Wilson Ramos Girón.
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“(…) le corresponde establecer a la Sala si se vulneró la prohibición de non bis in idem al
imponer la sanción por inexactitud sobre el mayor impuesto a cargo que se determinó por
el rechazo de los costos conforme a la letra b) del artículo 651 del ET (entonces vigente) y
si, en todo caso, era improcedente la sanción por inexactitud toda vez que ese hecho no
estaba previsto como conducta sancionable. Finalmente, se establecerá si debía graduarse
la multa por no informar impuesta.
(…) como lo precisó esta Sección en la sentencia del 07 de diciembre de 2023 (exp. 26459,
CP: Wilson Ramos Girón), el principio alegado –se refiere al del non bis in idem-
únicamente se aplica tratándose de la imposición de sanciones, bien sea porque se
sanciona dos veces la misma conducta infractora o porque «después de que ha
terminado conforme a derecho un juicio, posteriormente se abra investigación por el
mismo “hecho” dentro de la misma jurisdicción» (sentencia del 15 de octubre de 2002
citada antes) -se refiere a la sentencia C-870 del 15 de octubre de 2002, exp. D-3987, MP:
Manuel José Cepeda Espinosa-.
En el caso analizado, la imposición de la sanción por inexactitud con base en el mayor
impuesto generado por el rechazo de los costos no transgrede la prohibición de non bis in
idem, dado que el desconocimiento de las expensas se fundamentó en una valoración
conjunta del material probatorio aportado por la demandante. (…) la consecuencia
prevista en la letra b) del artículo 651 ibidem no constituyó el sustento de las glosas
a la declaración revisada, sino la falta de comprobación de las operaciones que
originaron los costos declarados, atribuible al incumplimiento de la carga de la
prueba por parte de la actora.
Contrario a lo señalado por el extremo activo de la litis, esa conducta sí está prevista
en el artículo 647 del ET como punible. En concreto, esa disposición prevé que constituye
inexactitud sancionable la inclusión de costos improcedentes, a menos que concurra alguna
circunstancia constitutiva de un error de apreciación sobre el derecho aplicable (que no
sobre los hechos del caso) que actúe como causal de exoneración punitiva en la medida
en que excluye la conciencia del agente sobre la antijuridicidad de su conducta”. (Se
destaca)
A partir del pronunciamiento anterior que aquí se reitera, es dable concluir que en el
presente asunto no se configura una vulneración al principio del non bis in idem porque,
primero, no se trata de dos sanciones, sino solamente una que es la de inexactitud, toda
vez que el desconocimiento de los costos y deducciones es la consecuencia de la falta
de demostración de esos conceptos tras haber sido requeridos en el curso del
procedimiento administrativo de determinación oficial. El cual, el contribuyente tenía la
posibilidad de superar aportando los documentos idóneos que demostraran plenamente
los montos declarados, inclusive en sede judicial, pese a no haberlos aportado al
vencimiento del plazo para atender el requerimiento de información.
De modo que la primera sí es una sanción derivada de liquidar un menor impuesto por
incluir rubros improcedentes, mientras la segunda deviene del incumplimiento de la carga
probatoria, por lo cual, si bien en el presente asunto tienen relación directa, lo cierto es
que solo conllevó la imposición de una sanción: la de inexactitud, razón por la cual no
prospera el cargo.
Como planteamiento subsidiario, el contribuyente insistió en que deben serle reconocidos
los costos presuntos en los términos del artículo 82 del ET, como mecanismo supletorio.
Sin embargo, ello no es posible porque ese método de estivación indirecta no es aplicable
cuando el contribuyente deliberadamente permanece omiso en el deber de entregar los
medios de prueba de la realización de los costos ni aporta los datos estadísticos
necesarios para la estimación, pues como lo ha puntualizado esta Sección en la sentencia
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del 05 de junio de 2025 (exp. 29037, CP: Wilson Ramos Girón):
“(…) le es exigible a quien pretenda la estimación de cifras que contempla el artículo 82
del ET: (i) haber solicitado un costo, ya sea en una declaración del impuesto o alegándolo
como correlato de los ingresos omitidos por venta de activos que se hayan detectado;
(ii) haber aportado pruebas con las cuales acreditar los hechos
y los montos solicitados; y (iii) pedir, subsidiariamente y de forma sustentada en el
procedimiento de liquidación oficial, la estimación indirecta del costo,
especificando el dato estadístico que correspondería aplicar o el cálculo
económico de las cifras de las «operaciones similares» al caso, para que la
Administración cuente con la oportunidad de considerarlo, aceptarlo, rebatirlo o
ajustarlo. Y, solo si, tras cumplir todo lo anterior, resultara imposible estimar
indirectamente el costo una vez que se compruebe que no existen operaciones
comparables a la de adquisición o conformación del bien, habría lugar a la estimación
objetiva del costo en el 75% del precio de enajenación”.
En ese contexto, no es posible reconocer una estimación de costos en los términos del
artículo 82 del ET a favor del demandante, porque este no desplegó actividad probatoria
tendiente a demostrar las operaciones que los originaron con la documentación pertinente,
no siento entonces este mecanismo una salida al incumplimiento de las cargas probatorias.
No prospera el cargo.
Séptimo cargo: improcedencia de la sanción por inexactitud por configurarse el
eximente de la diferencia de criterios.
El demandante aseveró que la sanción por inexactitud es improcedente porque medió
una diferencia de criterios basada en una interpretación razonable del derecho aplicable,
puntualmente del tratamiento previsto en el artículo 36-3 del ET para la prima en
colocación de acciones que conlleva la percepción de ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional, por lo cual debe levantarse la sanción del artículo 647 del ET.
Tal diferencia de criterios no tiene asidero, pues, como lo advirtió la Sala al decidir el
cargo sobre la omisión de ingresos, el planteamiento jurídico del demandante partió de
una interpretación incorrecta del artículo 36-3 del ET, pues este no era aplicable a la
situación fáctica suscitada con la adquisición de las nuevas acciones y el pago de la prima
en colocación de acciones derivada de esa operación, al hallarse demostrado que la
omisión sí sucedió y tuvo origen en la falta de inclusión de los recursos que el
contribuyente percibió y con los cuales realizó la inversión de la compra de nuevas
acciones, de modo que no tiene cabida una diferencia de criterios.
A juicio de esta Sección33, el error como causal eximente de responsabilidad
sancionatoria se configura cuando el infractor actúa bajo una comprensión equivocada o
un conocimiento falso sobre los elementos normativos del tipo infractor o sobre el alcance
de las normas que regulan el deber de autoliquidar el tributo, de modo que no tiene
conciencia de estar infringiendo el ordenamiento jurídico. En ese sentido, corresponde al
juzgador evaluar si existía una incertidumbre objetiva sobre la identificación, vigencia o
contenido de la norma aplicable que impidiera al sujeto conocer la ilicitud de su conducta.
Tales circunstancias exculpatorias no se cumplen en el presente asunto al haberse
demostrado que el contribuyente si omitió declarar ingresos operaciones sin amparo legal
o interpretativo que a partir del ordenamiento jurídico comporte un error de derecho, toda
33 Sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, CP Julio Roberto Piza Rodríguez.
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vez que el actor aplicó un supuesto normativo (artículo 36-3 del ET) y con ello, una
consecuencia jurídica pese a que su situación fáctica no se enmarcaba racionalmente en
la disposición legal, por lo cual no prospera el cargo.
Finalmente, como la DIAN aplicó el principio de favorabilidad en la resolución que desató
el recurso de reconsideración disminuyendo el porcentaje de la sanción del 160% al
100%, se confirma la sanción impuesta. No prospera el cargo de apelación.
Como corolario de lo analizado, la Sala halló procedente dar aplicación al principio de
favorabilidad en materia sancionatoria respecto de la infracción del literal a) del artículo
651 del ET, por lo cual se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la nulidad parcial de los actos
administrativos y disminuir la sanción por no suministrar información de $368.345.150 a
$73.366.903, correspondiente al 1% de los conceptos y valores no informados.
En todo lo demás, se confirmará la sentencia de primera instancia.
Octavo: Costas
La DIAN apeló la sentencia de primera instancia para solicitar que se revoque el ordinal
segundo en que se negó la condena en costas y agencias en derecho. Ese cargo es
procedente, pues en primera instancia se negaron enteramente las pretensiones del
demandante; sin embargo, solo procede su reconocimiento por concepto de agencias en
derecho, pues no se demostró la ocurrencia de gastos procesales que la DIAN haya
asumido en su defensa.
No así, en lo que corresponde a las agencias en derecho. En esta materia, dado que la
demandante no obtuvo la prosperidad de sus pretensiones y que la DIAN debió acudir al
proceso para la defensa de sus intereses, debió imponerse en primera instancia la
condena al pago de agencias en derecho, conforme a lo dispuesto en el ordinal 4 del
artículo 366 del CGP. Ello sin que fuera necesario acreditar prueba especial alguna sobre
las expensas asociadas a la representación judicial de la entidad, pues tal exigencia solo
corresponde al concepto de costas —es decir, gastos procesales— y no a las agencias
en derecho. Así lo ha precisado esta Sección en oportunidad anterior:
“Respecto de la indemnidad económica de quien triunfó en el litigio, por los gastos de
apoderamiento judicial en que haya incurrido, el ordenamiento procesal se desliga de la
demostración de la existencia de un contrato de prestación de servicios
profesionales y de la cuantía de los honorarios pactados. El alcance de la condena en
costas en este aspecto se restringe al monto que proceda a reconocer a título de «agencias
en derecho», de acuerdo con los artículos 361 y 366 del CGP.
En el precepto del ordinal 4.º de esta última norma, el juez debe reconocer las agencias en
derecho y liquidarlas aplicando las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, en función del tipo de proceso del que se trate y del mayor o menor despliegue
procesal que se haya requerido por parte de quien ganó el pleito. De suerte que, dentro del
marco de decisión que fije el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo, habrán
de graduarse las agencias en derecho procedentes en cada caso, considerando aspectos
propios del proceso que se haya adelantado, como su naturaleza, duración y cuantía, pero,
también, la calidad de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó
personalmente.
Atendiendo a esas prescripciones del CGP, esta Sala tiene claro que el reconocimiento
del segmento de la condena en costas correspondiente a las agencias en derecho no
31
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depende de que se pruebe haber contratado la prestación de servicios de
apoderamiento judicial; y que el monto de esas agencias en derecho no guarda
ninguna relación con la prestación económica a la que tenga derecho el apoderado
de la parte vencedora en el juicio. Por ese motivo, para adoptar en cada proceso una
decisión sobre la procedencia y cuantía de la condena en costas, carece de relevancia
probatoria la demostración sobre la contratación de servicios de procura judicial o de los
honorarios pactados con quien ejerció el apoderamiento (…)”. (Se destaca).
En consecuencia, sí resulta procedente el cargo de apelación encaminado al
reconocimiento de las agencias en derecho a favor de la DIAN en la primera instancia,
toda vez que este concepto no está sujeto a prueba especial ni depende de acreditar los
términos en que se desarrolló la defensa judicial de la parte vencedora.
Entonces, de conformidad con las reglas previstas en los numerales 1° a 8° del artículo
365 del CGP, el artículo 188 del CPACA y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de
noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura34, era procedente la condena
en agencias en derecho a cargo de la parte demandante, al haber sido desestimadas sus
pretensiones. Por lo tanto, se modificará el ordinal segundo de la sentencia apelada, para
condenar a la parte demandante al pago de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a favor de la DIAN, por concepto de agencias en derecho en primera instancia.
Bajo las mismas consideraciones, hay lugar a condenar al pago de agencias en derecho
en segunda instancia, pues el recurso de la demandante resultó impróspero, toda vez
que la nulidad parcial que aquí se declarará fue consecuencia de la aplicación oficiosa
del principio de favorabilidad por parte de la Sala, mas no del éxito de los planteamientos
del demandante recurrente. En contraposición, el recurso de la demandada sí prosperó
y es por ello que se ordena el pago al demandante de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la DIAN, por concepto de agencias en derecho en segunda
instancia. En esta instancia tampoco se hallan probadas expensas procesales que
puedan ser reconocidas, de conformidad con lo previsto artículo 365-8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.
2. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión
042412016000065 del 17 de julio de 2016 y de la Resolución 5276 del 24 de julio de
2014, únicamente, en lo que respecta al monto de la sanción por no suministrar
información, por aplicación del principio de favorabilidad, según lo expuesto en la
parte motiva de este fallo.
3. A título de restablecimiento del derecho se declara que la sanción por no
suministrar información a cargo del demandante asciende a $73.366.903.
4. CONDENAR en primera instancia a la parte demandante al pago de un (1) salario
34 Por el cual se adiciona el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias en
derecho.
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mínimo legal mensual vigente a favor de la DIAN por concepto de agencias en derecho.
Y ABSTENERSE de condenar en costas -gastos procesales-, de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.
5. Condenar en costas de segunda instancia en el componente de agencias en derecho
a la parte demandante en 1 SMMLV, las cuales serán liquidadas por la Secretaría de la
Sección.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva Voto parcial
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
33
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