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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01520-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2017-01520-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de este proveído. “(…) QUINTO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar a favor de FREDY ALFONSO JAIMES PLATA, a partir del siete (7) de abril de dos mil doce (2012) -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia delante, hasta que por razón del cargo tenga derecho, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación. Los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún caso, los topes remuneratorios fijados anualmente por el Gobierno Nacional. En adición, el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia. Además, la entidad tendrá en cuenta la aplicación del Decreto 272 de 2021, mediante el cual se reguló la prima especial de servicios como un adicional a la asignación y/o salario básico mensual. SEXTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal de las sumas derivadas de la reliquidación ordenada, causadas con anterioridad al siete (7) de abril de dos mil doce (2012), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia, salvo en lo que respecta a las cesantías, cuya reliquidación y pago debe efectuarse desde el primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009), por tratarse de una prestación imprescriptible mientras subsista la relación laboral, conforme a lo establecido sentencia de unificación jurisprudencial […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2017-01520-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2017-01520-02 (3500-2025)1
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo
sucesivo), con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el
Oficio DESTJ15-1071 del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015), mediante
el cual, el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja negó la

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Expediente digitalizado.
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Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%, y la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica -
sin sustraer el 30% por concepto de prima especial, así como, del acto ficto derivado
del silencio administrativo negativo frente a los recursos interpuestos.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) pagar a favor del señor
Fredy Alonso Jaimes Plata la porción de salario del 30% que “ históricamente ha sido
menguada”, desde el primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009), hasta la

fecha en que ostente el cargo que le genere el beneficio a la prima especial de
servicios; (ii) reliquidar y pagar las prestaciones sociales, causadas desde el
primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009), y hacia futuro, teniendo en
cuenta el 30% que se ha sustraído del salario básico; (iii) reliquidar y pagar las
prestaciones sociales y cesantías del actor, teniendo en cuenta como factor salarial
la prima especial de servicios; (iv) pagar el equivalente a un (1) día de salario por
cada día de mora en el pago de las cesantías causadas en los años 2015-2016, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 244 de 1995; (v) ordenar
que las sumas de dinero que se adeudan sean indexadas en atención a la variación
anual del IPC; (vi) dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos previstos
en el artículo 192 del CPACA; y (vii) condenar en costas a la demandada.

1.2. Los hechos3.

3. Narró que el demandante se vinculó al servicio de la Rama Judicial, en calidad
de juez administrativo, desde el primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009).
Precisó que se desempeñó como juez Décimo (10º) Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja desde la fecha antes indicada, hasta el cinco (5) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016) y que, desde esta última fecha, se trasladó a la ciudad de
Bucaramanga, en donde ostenta el cargo de juez Cuarto (4º) Administrativo.

4. Explicó que, desde el año de mil novecientos noventa y tres (1993), hasta la fecha
de presentación de la demanda, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ha venido pagando a los jueces de la República -y demás servidores beneficiarios-
una prima especial de servicios, sin carácter salarial, equivalente al 30% de la
asignación básica mensual. En esa línea, sostuvo que, durante el tiempo en el que

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Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

el actor ha fungido como juez, al demandante le ha sido “mermado o menguado su salario
mensual en una porción equivalente al 30%, porción que ha sido utilizada para cancelarle la prima
especial de servicios sin carácter salarial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ”.

5. Agregó que, durante el período antedicho, la entidad ha liquidado las prestaciones
sociales sin tener en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios. En
tal virtud, adujo que la accionada, a pesar de tener conocimiento de la sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), ha liquidado y consignado de
forma incompleta las cesantías causadas en el año dos mil catorce (2014), “sin tener
en cuenta la prima especial y la porción del 30% del salario que ha sido mermado (…)”.

6. Manifestó que, el siete (7) de abril de dos mil quince (2015), presentó una petición
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tendiente al reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios, y a la reliquidación de las prestaciones
sociales, solicitud que fue negada mediante el acto administrativo contenido en el
Oficio DESTJ15-1071 del veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015). Advirtió
que, contra dicho acto, interpuso los recursos de reposición y apelación; sin
embargo, los citados medios de impugnación no fueron resueltos, por lo que, según
expresó, se configuró el acto ficto derivado del silencio administrativo negativo.

1.3. Concepto de la violación4.

7. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados -tanto el
acto expreso, como el ficto- infringieron el preámbulo y los artículos 2º, 4º, 13, 25 y
53 de la Constitución Política de Colombia; los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 14 de la Ley
4ª de 1992; y los artículos 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo.

8. Puso de presente que la entidad desconoció lo dispuesto en la sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), mediante la cual, el Consejo de
Estado declaró la nulidad de los decretos que reglamentaron la prima especial de
servicios entre los años 1993-2007. Aseveró que, a partir de dicha decisión, es dable
acudir a la “inaplicación por inconstitucionalidad” de los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional con posterioridad, entre los años 2008-2015, comoquiera que,
en tales actos, se reprodujo el contenido material de las normas que les precedieron.

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Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

9. Puntualizó, con base en el precedente de esta Corporación, que los destinatarios
de la prima especial de servicios fueron obligados a soportar injustificadamente la
merma de sus salarios, a partir de una interpretación errónea de la Ley 4ª de 1992,
y los mandatos superiores, según la cual el 30% del salario básico era la prima
misma, cuando en realidad corresponde a una adición o sobresueldo del salario.
Anotó que, al sustraer de la asignación el 30%, por concepto de prima especial de
servicios, se desconocieron los principios de progresividad y favorabilidad.

1.4. La contestación de la demanda5.

10. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para
lo cual sostuvo que los actos acusados se han expedido en cumplimiento de un
deber legal y en concordancia con las atribuciones constitucionales y legales que le
han sido otorgadas. En términos generales, llamó la atención en que: (i) se
encuentra configurada la caducidad del medio de control; (ii) existe inepta demanda
por falta de requisitos formales y por indebida acumulación de pretensiones; y (iii)
la actuación administrativa se surtió conforme a la normatividad vigente, atendiendo
a los actos que no fueron objeto de suspensión, anulación o modificación alguna.
Sostuvo, además, que no era posible reconocerle carácter salarial a la prima
especial de servicios, pues ello implicaría desconocer los decretos salariales.

11. Explicó que, aunque la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial funge
como ejecutora de los recursos que conforman el Presupuesto General de la Nación
para efectos del pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial, lo cierto es que, para cumplir esa función, se
encuentra supeditada a los decretos que anualmente expide el Gobierno Nacional,
en cumplimiento del mandato derivado del artículo 150.19 Constitucional. Advirtió
que, con ocasión del Decreto 272 de 2021, se reguló la prima especial de servicios.

12. Precisó que, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
y a la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, la prima especial de servicios no
goza de carácter salarial, salvo para efectos pensionales. A su turno, aludió a la
imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos reclamados.

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Índice 00030 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

13. Propuso como excepciones, las siguientes: (i) inexistencia del demandado; (ii)
ineptitud sustantiva de la demanda; (iii) cobro de lo no debido “ligado a no haberse
ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”; (iv) falta de legitimación en la

causa por pasiva; (v) no comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios; (vi) prescripción trienal de los derechos reclamados; (vii) caducidad de
las pretensiones del medio de control; y (viii) la genérica o innominada.

1.5. La sentencia de primera instancia6.

14. Mediante la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco
(2025), la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad
de los actos acusados y, como consecuencia de lo anterior, reconocer el 30% de la
prima especial de servicios como un incremento o adicional al salario básico,
ordenando además la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de
la remuneración mensual, sin sustraer el 30% en comento. Al respecto, dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la causal de impedimento expuesta por el señor
Conjuez FELIPE EDUARDO ECHERRI (sic) GIRALDO para hacer parte de la sala de
conocimiento; conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de “caducidad” y “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, formuladas por la parte demandada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. DESTJ15-1071 del 28 de abril de 2015,
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja - Boyacá,
así como del acto administrativo ficto negativo producto de la falta de respuesta al recurso
de apelación interpuesto contra la resolución anterior, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reliquidar y pagar
las prestaciones sociales devengadas por FREDY ALFONSO JAIMES PLATA, causadas
desde el 07 de abril de 2012 -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta
que por razón del cargo tenga derecho, sobre el 100% de su remuneración mensual, es
decir, teniendo en cuenta para el efecto el 30% que en su momento se había sustraído
erróneamente del salario básico a título de prima especial de servicios; salvo en lo que
respecta a las cesantías, cuya reliquidación y pago debe efectuarse desde el 01 de
septiembre de 2009, por tratarse de una prestación imprescriptible mientras subsista la
relación laboral conforme lo establecido Sentencia de unificación jurisprudencial CE- SUJ004
de 2016.

QUINTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer y pagar
a favor de FREDY ALFONSO JAIMES PLATA, a partir del 07 de abril de 2012 -en virtud del
fenómeno prescriptivo- y hacía adelante hasta que por razón del cargo tenga derecho, la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30%
de la asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico y/o
asignación básica. Se advierte que dicha prima especial sólo constituye factor salarial para

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Índice 00058 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

efectos de pensión de jubilación.

SEXTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal las sumas derivadas de la reliquidación
ordenada, causadas con anterioridad al 07 de abril de 2012, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de esta sentencia; salvo en lo que respecta a las cesantías, cuya
reliquidación y pago debe efectuarse desde el 01 de septiembre de 2009, por tratarse de una
prestación imprescriptible mientras subsista la relación laboral conforme lo establecido
Sentencia de unificación jurisprudencial CE- SUJ004 de 2016.

SÉPTIMO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar de forma indexada las condenas dispuestas en esta
sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA y la fórmula
señalada en la parte motiva.

OCTAVO: Ordenar a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos que
establece el artículo 192 y 195 de la ley 1437 de 2011.

NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: SIN CONDENA en costas de conformidad con la parte motiva (…)”.

15. Para sustentar la decisión, el Tribunal encontró acreditado que: (i) el señor Fredy
Alfonso Jaimes Plata se vinculó a la Rama Judicial -como juez y, más adelante,
como magistrado de tribunal- desde el primero (1º) de septiembre de dos mil nueve
(2009), hasta la fecha, según la respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, mediante Oficio DEAJRHO25-2337 del quince (15) de julio
de dos mil veinticinco (2025); (ii) con base en la respuesta en cita, el A-quo
evidenció que la remuneración mensual del demandante, fijada en los Decretos 874
de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, “ se encontraba compuesta por dos
elementos: el salario básico y una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) de dicha
asignación, la cual era considerada sin carácter salarial”, por lo que advirtió que el referido

emolumento no fue pagado como un incremento o sobresueldo, “sino que se incorporó
dentro del valor total de la remuneración mensual establecida en los decretos ”.

16. El juez de primer grado refirió que al demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%, como un
incremento del salario básico durante los periodos en que ha ejercido como juez -y
magistrado-, sin perjuicio del fenómeno prescriptivo, precisando que dicha prima
únicamente constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación. En
ese sentido, consideró que debía declararse la nulidad de los actos acusados, “en
cuanto quedó demostrado que la demandada no ha cancelado y pagado la prima especial que trata
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a la que tiene derecho como un incremento adicional al salario”.

17. En punto al fenómeno prescriptivo, expuso que, sobre la base de la regla
acogida en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), el

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

término de prescripción trienal debe contarse desde la entrada en vigor de la Ley 4ª
de 1992 que creó la prima especial, y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993. Por ello, indicó que el
derecho al reconocimiento de la referida prima especial de servicios se hizo exigible
para el demandante a partir del primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009),
y, comoquiera que la reclamación en sede administrativa fue presentada el siete (7)
de abril de dos mil quince (2015), se encuentran prescritas las sumas causadas con
anterioridad al siete (7) de abril de dos mil doce (2012), “ salvo en lo que respecta a las
cesantías, cuya reliquidación y pago debe efectuarse desde el 01 de septiembre de 2009, por tratarse
de una prestación imprescriptible mientras subsista la relación laboral conforme lo establecido
Sentencia de unificación jurisprudencial CE- SUJ004 de 2016”.

18. Con respecto al restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada
a: (i) reliquidar y pagar las prestaciones sociales, a partir del siete (7) de abril de dos
mil doce (2012), sobre el 100% de la remuneración mensual, es decir, teniendo en
cuenta para el efecto el 30% que, en su momento, se había sustraído erróneamente
del salario básico a título de prima especial de servicios, salvo en lo que respecta a
las cesantías, cuya reliquidación y pago cobija todo el período de vinculación; y (ii)
a reconocer y pagar, a partir del siete (7) de abril de dos mil doce (2012), y mientras
ostente el cargo que lo haga beneficiario del emolumento bajo examen, “ la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la
asignación básica mensual, entendida como un incremento del salario básico ”.

1.6. El recurso de apelación7.

19. Mediante el memorial del veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025),
la apoderada de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, salvo lo
dispuesto frente a la prescripción, la negativa frente a las pretensiones a las que no
accedió el A-quo, y la condena en costas. En su lugar, pidió negar las súplicas de
la demanda, encaminadas al reconocimiento de la prima especial, en los términos
ordenados, y las consideraciones relativas a las cesantías. En su criterio, el Tribunal
profirió un fallo extra-petita e incurrió en un error al disponer la imprescriptibilidad de
las cesantías.

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Índice 00070 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. Sobre el carácter extra-petita de la providencia, explicó que la orden acogida en
el ordinal quinto de la parte resolutiva no se acompasa con lo solicitado por el actor
en sede administrativa y con lo pretendido en la demanda. A su juicio, la condena
relacionada con el pago del 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario
básico, por concepto de la prima especial de servicios del artículo 14 Ley 4ª de 1992,
sin carácter salarial, no fue solicitada en sede administrativa, ni pedida en el libelo
inicial, circunstancia que comporta la vulneración al debido proceso de la entidad.

21. Censuró que el juez de primer grado haya declarado la imprescriptibilidad de las
cesantías, comoquiera que, según explicó, en la sentencia del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda, se fijó como regla que, para la contabilización de la prescripción del
derecho a reclamar la prima especial de servicios, “se tendrá en cuenta en cada caso, la
fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres
años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969 ”.

Aseveró que dicha providencia no distinguió “entre cuáles prestaciones o no tienen
prescripción para su liquidación, como erradamente se consignó en la sentencia objeto de recurso ”.

Aunado a ello, puso de presente que los actos mediante los cuales se liquidan las
cesantías corresponden a actos de trámite que no fueron objeto de control judicial.

22. En el acápite que denominó “sobre los hechos probados”, reiteró -en esencia-
los argumentos de defensa esgrimidos en el escrito de contestación. Sobre el
particular, alegó que: se encuentra configurada la caducidad del medio de control;
los actos administrativos se expidieron conforme al ordenamiento vigente; sólo a
partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, el Gobierno Nacional varió el monto
de la prima especial de servicios; existe falta de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que al extremo demandado no le corresponde fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial; y, en esa línea, advirtió la falta
de integración del litisconsorcio necesario, al no haberse vinculado al proceso al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Administrativo de
Función Pública y al Departamento Administrativo de Presidencia de la República.
Asimismo, insistió en los medios exceptivos de: cobro de lo no debido y la
imposibilidad presupuestal para reconocer los derechos reclamados por el actor.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia8.

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Índice 00004 del Samai.

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

23. Mediante el auto del veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)9,
el Tribunal Administrativo de Santander – Sala de Conjueces, concedió en el efecto
suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada. Luego, a
través del auto del dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026)10, el consejero
ponente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, modificado en lo
pertinente por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, admitió el recurso de alzada y,
al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para fallo, sin
pronunciamiento del Ministerio Público, ni alegatos de las partes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

24. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de
este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 11 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

25. Corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

(i) ¿La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander profirió
un fallo extra petita, al ordenar, a título de restablecimiento del derecho,
el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30% como un
incremento del 100% de la asignación y/o salario básico, petición que, a
juicio de la demandada, no fue solicitada en sede administrativa?
(ii) ¿El A-quo desconoció lo dispuesto en la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala de

9
Índice 00061 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Índice 00004 del Samai.
11
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Conjueces de la Sección Segunda, al disponer la imprescriptibilidad de
las cesantías, mientras estuviera vigente la vinculación del actor?
(iii) ¿Resulta jurídicamente procedente estudiar, en esta instancia, alguna de
las excepciones propuestas por la entidad demandada, a pesar de haber
sido desestimadas y, de ser así, se encuentran acreditadas?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

26. El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia señala que, le
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas,
ejercer distintas funciones, entre las que se destaca la relacionada en el numeral
19, literal e), ibidem, del siguiente tenor: “dictar las normas generales, y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…) e) fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional
y la Fuerza Pública.” Este esquema se materializa a través de las denominadas leyes

marco, en virtud de las cuales se le reserva al Congreso de la República la
determinación de la política general, y al Ejecutivo, por su parte, la regulación
particular de la materia, así como su aplicación concreta -vía decreto-12.

27. Al respecto, se ha dicho que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades
derivadas del artículo 150.19 Constitucional (distintas a la prerrogativa prevista en
el artículo 189.11 superior), y con observancia de los criterios definidos por el
legislador en la ley marco, asume una potestad reglamentaria especial 13 , con
arreglo a la cual regula una materia, al amparo de un amplio margen de decisión,
restringido por los principios, parámetros y directrices generales que impone el
legislador14. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que, entre la
potestad reglamentaria del ejecutivo, y la extensión de la ley habilitante, existe una
relación inversamente proporcional, puesto que “ante menos cantidad de materia regulada
en la ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria”15.

12
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-465 de 1992.
13
En este sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de septiembre de 2009,
radicación: 2003-0025, reiterada en la sentencia del 8 de junio de 2016, radicación 11001-03-24 000-2009-00241-00, actor:
Luis Fernando Jaramillo Duque.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación: 11001-03- 25-000 2012-00582 00
(2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015), demandantes: Anderson Velásquez Santos, Sandra
Mercedes Vargas Florián y Álvaro Rueda Celis.
15
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-432 de 2004.

11

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28. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la “deslegalización”. Bajo la vigencia de la reforma constitucional de 1968,
materias como las escalas de remuneración eran de reserva legal estricta; sin
embargo, con la Carta de 1991, estos asuntos pasaron a la órbita administrativa
regulada por el ejecutivo16. Como se explica en la sentencia C-402 de 2013, esta
potestad regulatoria habilita al Gobierno Nacional para subrogar o sustituir
legislación anterior con fuerza de ley, incluso la expedida con anterioridad a 1991,
siempre que se someta a los criterios definidos en la ley marco correspondiente.
Así, los decretos expedidos por el Gobierno en desarrollo de una ley marco, no se
entienden como los decretos reglamentarios ordinarios del artículo 189, numeral 11,
sino actos administrativos de carácter general que cumplen un mandato
constitucional directo de completar la ordenación de la materia17.

29. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), señaló que, la razón de asimilar esta
dinámica normativa (es decir, la potestad reglamentaria que subyace a la ley) está
radicada en la necesidad de regular ciertas materias, dentro de ellas, el tema
prestacional y salarial de los servidores públicos, de una manera flexible que permita
responder eficiente y rápidamente a situaciones cambiantes, que se podrían ver
amenazadas por la falta de dinamismo que supone el trámite legislativo18.

30. Con el propósito de materializar el mandato contenido en el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199219, en virtud de la cual, se señalaron los objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los sujetos contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o
denominación; los empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General
de la República; los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2011-00167-00 (0580-11) del 19 de febrero de 2018; C.P. César Palomino Cortés.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia Rad. 25000-23-42-
000-2015-06489-01(0340-20) del 09 de septiembre de 2021; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
19
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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31. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión “régimen salarial”, a la que se a alude, corresponde al
género que comprende todos los derechos laborales, mientras que el “ salario” es
sólo una especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios
o primas que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

32. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional20.

33. Como se anticipó, el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 definió los objetivos y
criterios que el Gobierno debe tener en cuenta para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores antes mencionados, los cuales corresponden a:

“ARTÍCULO 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte
del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las
calidades exigidas para su desempeño;
k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles profesional,
asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales y/o
específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la equidad,
productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de
vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa.”

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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34. A su turno, el artículo 3º de la Ley Marco de la referencia señaló los elementos
estructurales del sistema salarial de los servidores públicos, esto es, los pilares que
lo integran, al indicar que, “(…) el sistema salarial de los servidores públicos estará integrado
por los siguientes elementos: la estructura de los empleos, de conformidad con las funciones que se
deban desarrollar y la escala y tipo de remuneración para cada cargo o categoría de cargos”.

35. Por otra parte, vale la pena destacar que, en el artículo 10º ibidem, la Ley 4ª de
1992 dispuso que, todo régimen salarial o prestacional que se establezca
contraviniendo las disposiciones contenidas en la misma, o en los decretos que dicte
el Gobierno, “carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos ”. Este precepto
reafirma la competencia concurrente entre el legislador y el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en el
entendido que, mientras el Congreso de la República define los objetivos y criterios
generales, el Gobierno regula los aspectos específicos, sin que, a través de dicha
facultad reglamentaria especial, le esté permitido desconocer derechos adquiridos,
desmejorar los salarios y prestaciones sociales, soslayar la carrera administrativa,
o inobservar la política macroeconómica y fiscal del país.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

36. En cumplimiento de la mencionada competencia constitucional, el legislador
expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, en el artículo 14, creó la prima especial de
servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico,
sin carácter salarial», para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores

de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, y para los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

37. Valga recordar que, en ese momento, las condiciones salariales y prestacionales
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en
distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin
embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 del siete (7) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), que instauró un nuevo régimen para quienes se
vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a éste.

14

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38. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial
de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley
476 de 1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
«[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala
salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho
decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima

especial, la cual, fuerza iterar, tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

39. La naturaleza y liquidación de la asignación bajo examen ha sido materia de
estudio por el Consejo de Estado en varias ocasiones. Al respecto, en la sentencia
del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)21, la Sala Plena de Conjueces
de la Sección Segunda declaró la nulidad de distintos artículos contenidos en
decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional de servidores públicos, en
punto a la naturaleza de la prima especial de servicios, al considerar que: “de acuerdo
con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley
estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin
embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª
de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad ”.

40. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima especial
de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando que
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse,
en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los
derechos del trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima
especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a
percibirla como un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 29
de abril de 2014, Rad. Nº. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).

15

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porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.

41. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
al límite del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar, en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente
los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas de la República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso
y un techo.

42. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de

16

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conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala Plena
de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos22: “Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás”. En igual sentido, precisó que23:

“La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en
un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace
exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada
por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto
1848 de 1969”.

43. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)24, el
Consejo de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse
de manera retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, y en los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo
en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de
prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que,
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social
previsto en el artículo 48 constitucional, 25 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

44. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

45. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).
25
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.

17

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102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no
desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación
de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los
principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra26.

46. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, y en la norma
aplicable al caso de autos, se procede a decidir el presente asunto.

2.4. Hechos probados.

47. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) Mediante petición del siete (7) de abril de dos mil quince (2015)27, el apoderado
del demandante le solicito al director seccional de Administración Judicial de
Tunja28: (i) que se reconozca y pague la porción del salario mensual equivalente al
30%, la cual “ha sido menguada de su asignación básica mensual desde el 1º de septiembre de
2009 hasta la fecha”; (ii) que reliquide y pague las prestaciones sociales “causadas desde
el 1º de septiembre de 2009 hasta la fecha y las que en el futuro se generen con ocasión del vínculo
laboral teniendo en cuenta el 30% de salario básico adeudado a causa de la mengua ”; (iii) que

reliquide y pague las prestaciones sociales, desde la fecha antes anotada, teniendo
en cuenta como factor salarial la prima especial de servicios; y (iv) se efectúe el
pago de la sanción moratoria, derivada del retardo en el pago total de las cesantías.

b) En virtud del Oficio DESTJ15-1071 del veintiocho (28) de abril de dos mil quince
(2015) 29 , la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja negó lo
solicitado por el actor, para lo cual sostuvo que: “(…) Se evidencia que por mandato
expreso de la Ley 4ª de 1992, artículo 14, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial ni

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo
de 2026, radicado 15001-23-33-000-2016-00018-02 (2873-2020), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
28
Vale la pena precisar que, aunque la demanda se presentó ante el Distrito Judicial de Boyacá, mediante auto del 6 de
octubre de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá -ad hoc- decidió remitir por competencia territorial al Tribunal
Administrativo de Santander.
29
Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

18

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prestacional, situación reiterada en los distintos decretos aplicables a los servidores de la Rama
Judicial, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para liquidación (sic) y
pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por
servicios prestados, ya que solo se tendrá en cuenta para el sistema general de pensiones y de
seguridad social en salud. Comoquiera que las normas que regulan la prima especial se encuentran
actualmente vigentes y opera sobre ellas su presunción de legalidad mientras no hayan sido anulada
o suspendidas por la jurisdicción, esta Dirección Ejecutiva Seccional tiene la obligación de aplicarlas
cabalmente, para sus (sic) actuaciones queden enmarcadas dentro de los parámetros legales
existentes (…) Finalmente, los valores de los salarios determinados para los cargos existentes en la
Rama Judicial no pueden ser modificados por ninguna autoridad administrativa, toda vez que
cualquier régimen salarial y prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones
contenidas en la Ley 4ª de 1992, o en los decretos dictados por el Gobierno Nacional en el desarrollo
de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos (…)”.

c) Mediante escrito del doce (12) de mayo de dos mil quince (2015)30, el interesado
interpuso recursos de apelación contra el acto administrativo primigenio. De
acuerdo con los elementos de juicio valorados, en el plenario no obra constancia de
alguna decisión con arreglo al cual se resolviera el citado medio de impugnación.

d) Con la contestación de la demanda, se allegó la Certificación DESAJBUCER22-
516 del veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)31, en la cual la
Dirección Seccional de Administración Judicial (Bucaramanga – Santander) hizo
constar que el señor Jaimes Plata registra diferentes vínculos con la seccional,
ostentando, para la fecha de expedición de la certificación, el cargo de juez:

e) Mediante el Oficio DEAJRHO25-2337 del quince (15) de julio de dos mil
veinticinco (2025) 32 , la unidad de talento humano de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial atendió el requerimiento efectuado a través del auto del

30
Índice 00027 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
31
Índice 00030 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
32
Índice 00047 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen. Archivo: 22_MemorialWeb_Otro-
DEAJRHO252337(.pdf) NroActua 47

19

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veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) y, en ese sentido, certificó que:
“Al respecto procede esta Unidad a atender dicha instrucción en el marco de nuestra competencia,
precisando que en el caso que nos ocupa, el accionante, servidor judicial FREDY ALFONSO JAIMES
PLATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.276.101, registró vínculos laborales con la
Rama Judicial – Seccional Tunja del 01 de septiembre de 2009 y hasta el 4 de septiembre de 2016
perteneciendo a la fecha de retiro al régimen salarial y prestacional especial o de los acogidos, tal
como consta en el aplicativo de nómina efinómina”. En punto a la prima especial, adujo:

“Conforme al marco legal antes expuesto, durante los años 1993 a 2020, la prima especial
mensual liquidada a los beneficiarios de esta, dentro de ellos a los jueces de la república, se
calculó tomándola como parte integrante del salario básico que fijaba anualmente cada tabla
de salarios. Para efectos de desagregarla y pagarla mensualmente, se consideraba como
Prima, sin carácter salarial el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Jueces de la República (entre otros cargos), entendiéndose que se debe tomar como base
la remuneración mensual que para el efecto fijó el Gobierno en el Decreto de salarios,
concepto éste que es más amplio, pues comprende la asignación básica, más la prima
especial independientemente que constituya o no salario factor.

Es así como, para el cargo del Juez, dependiendo de la categoría de que se trate, para
establecer el valor de la prima especial mensual ésta será el resultado de dividir por 1.3 la
remuneración mensual consignada en el Decreto para el cargo de Juez.

(…) En la medida en que el legislador estipuló que se considera prima sin carácter salarial
el 30% del salario de algunos cargos, entre ellos el de los jueces, se tiene que la
remuneración mensual que determina el Decreto 874 de 2012 para los Jueces, en sus
diferentes categorías equivale entonces a un 130% (sueldo básico 100% más la prima
especial, el 30%), porcentaje que frente a la nómina de salarios mensual percibida por un
Juez categoría de circuito (como el ostentado en su oportunidad por la accionante en el
proceso de la referencia) lleva a que se le deba descomponer su remuneración mensual
para efectos de cálculo de las primas y demás prestaciones sociales, de los descuentos y
de las retenciones de ley. Este ejercicio arroja los siguientes valores, para los Jueces de
Circuito: Total remuneración mensual Juez de Circuito $5.722.936 de donde: Prima Especial
= 5.722.936 x 30 / 130 $1.320.678. La diferencia corresponde al sueldo básico $4.402.258 ”.

2.5. Análisis del caso concreto.

48. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad del acto
administrativo contenido en el Oficio DESTJ15-1071 del veintiocho (28) de abril de
dos mil quince (2015), expedido por la entidad enjuiciada, y del acto ficto derivado
del silencio administrativo negativo frente a la falta de respuesta del recurso de
apelación interpuesto contra el acto anterior, en virtud de los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un adicional o incremento de la asignación
básica, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre la base
del 100% del sueldo, sin sustraer del mismo el 30% por el referido concepto.

49. Con base en las pruebas que fueron recaudadas, la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de los actos enjuiciados y,

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

como consecuencia de lo anterior, condenó a la demandada a: (i) reliquidar y pagar
las prestaciones sociales, desde el siete (7) de abril de dos mil doce (2012), por
prescripción, y en lo sucesivo mientras ostente el cargo que haga beneficiario del
derecho al actor, sobre el 100% de la remuneración mensual, “teniendo en cuenta el
30% que en su momento se había sustraído erróneamente del salario básico a título de prima
especial de servicios, salvo en lo que respecta a las cesantías, cuya reliquidación y pago debe
efectuarse desde el 1º de septiembre de 2009 ”, por tratarse de una prestación
imprescriptible; y (ii) a reconocer y pagar a su favor, a partir del siete (7) de abril de
dos mil doce (2012), por prescripción y, en lo sucesivo, la prima especial de servicios
del 30%, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, “entendida como un incremento
del salario básico”, sin que la misma ostente carácter salarial, salvo para las cesantías.

En hilo con lo expuesto, el A-quo declaró la prescripción trienal de las sumas
causadas con anterioridad al siete (7) de abril de dos mil doce (2012).

50. Inconforme con la decisión de primera instancia, la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación, con
arreglo al cual solicitó revocar -parcialmente- el fallo impugnado. Para sustentar la
alzada, expuso los siguientes motivos de inconformidad: (i) el A-quo excedió la
órbita decisional al reconocer la prima especial de servicios del 30% como un
incremento del salario o asignación básica del demandante; (ii) se desconoció el
precedente frente a la prima especial de servicios, al disponerse la
imprescriptibilidad de las cesantías mientras subsista la relación laboral; y (iii) las
excepciones propuestas, entre ellas, las de caducidad, falta de legitimación en la
causa por pasiva, cobro de lo no debido, o la alegada imposibilidad presupuestal
para reconocer los derechos reclamados, deben -a juicio de la apelante- prosperar.
Valga anotar que, en lo que toca a la prescripción declarada, y a lo relativo a las
costas procesales, la recurrente solicitó que permaneciera incólume lo resuelto.

51. Para efectos metodológicos, se abordarán los reparos antes expuestos en el
precisó orden en el que fueron relacionados en el recurso de apelación.

2.5.1. Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.

52. De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado
que el señor Fredy Alfonso Jaimes Plata se vinculó a la Rama Judicial, en calidad
de juez administrativo en Tunja, desde el primero (1º) de septiembre de dos mil
nueve (2009). Más adelante, fungió como magistrado del Tribunal Administrativo de

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Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Santander (descongestión) entre el veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce
(2014) y el treinta y uno (31) de diciembre del año en cita, seguido de lo cual volvió
a desempeñar el cargo de juez. Según la Certificación DESAJBUCER22-516 del
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 33 que fue allegada al
plenario, a partir del cinco (5) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y hasta la
fecha, se ha desempeñado como juez cuarto (4º) administrativo de Bucaramanga.

53. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019)34, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige como
un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos
beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, “los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para
los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993 ”.

En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen
derecho, en los términos del precedente, al reconocimiento y pago de las diferencias
que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que la prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.

54. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,
de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión “sin que constituya factor salarial” contenida
en el artítculo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: “el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución ”, por lo

33
Índice 00030 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del
2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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que, “(…) el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional ”.

55. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.

56. En el sub judice, es dable sostener que, durante el período de vinculación del
demandante a la Rama Judicial, en uno de los cargos que generen el mentado
beneficio, y hasta tanto subsista la misma, le asiste el derecho al reconocimiento y
pago del incremento pretendido, esto es, a que se le pague un valor adicional a su
salario básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de
servicios, y a que se reliquiden las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación (sin sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso
mensual), como en efecto lo dispuso el Tribunal Administrativo de Santander.

57. No obstante, observa la Sala que, en criterio de la entidad recurrente, el A-quo
profirió un fallo extra-petita, específicamente, al consignar la orden contenida en el
ordinal quinto de la parte resolutiva de la providencia apelada, pues, según expuso,
el reconocimiento de la prima especial de servicios como un incremento al salario
básico no fue pretendido por el actor, ni solicitado en sede administrativa. Para
abordar este reparo, la Sala acudirá a un parangón entre el objeto de la petición del
siete (7) de abril de dos mil quince (2015) y las pretensiones del libelo inicial.

Solicitudes de la petición Pretensiones de la demanda Lo ordenado por el Tribunal

“1. Se reconozca y pague a mi “(…) 3. Que como consecuencia “(…) QUINTO: CONDENAR a
mandante la porción del salario de las nulidades deprecadas y a título de restablecimiento del
mensual equivalente al 30%, la título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
cual, histórica, inconstitucional e derecho, se condene a la Nación Judicial – Dirección Ejecutiva de
ilegalmente le ha sido – Rama Judicial – Dirección Administración Judicial, si aún
menguada de la asignación Ejecutiva de Administración no lo ha hecho, a reconocer y
básica mensual desde el 1º de Judicial, pagar a mi mandante la pagar a favor de FREDY
septiembre de 2009 hasta la porción de salario mensual ALFONSO JAIMES PLATA, a

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fecha, para pagar con esa equivalente al 30%, la cual partir del 07 de abril de 2012 -en
porción la prima especial de históricamente ha sido virtud del fenómeno prescriptivo-
servicios de que trata el artículo menguada en forma ilegal e y hacía adelante hasta que por
14 de la Ley 4ª de 1992 y que fue inconstitucional, desde el 01 de razón del cargo tenga derecho,
desarrollada desde el año 1993 septiembre de 2009 hasta la la prima especial prevista en el
hasta el 2007 mediante normas fecha (y lo que hacia futuro le artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
que fueron declaradas nulas sigan descontando por el mismo en cuantía equivalente al 30%
mediante sentencia adiada del concepto, mengua o reducción de la asignación básica
29 de abril hogaño, emanada que fue diáfanamente explicada mensual, entendida como un
por (sic) la Sala de Conjueces de en sentencia del 29 de abril de incremento del salario básico y/o
la Sección Segunda del Consejo 2014 arriba referida”. asignación básica. Se advierte
de Estado (…)”. que dicha prima especial sólo
constituye factor salarial para
efectos de pensión de
jubilación”.

58. Al cotejar lo pretendido por el actor, con lo resuelto por el Tribunal, no observa
esta Sala la aludida incongruencia, comoquiera que, tanto la solicitud elevada en
sede administrativa, como las pretensiones de la demanda, se orientan -desde el
punto de vista material- a reclamar la prima especial de servicios del 30%, prevista
en el plurimentado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un incremento del salario
básico, como se entendió en las sentencias del veintinueve (29) de abril de dos mil
catorce (2014), y del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferidas
por la Sala Plena de Conjueces de esta Sección, en las cuales se concibió al
emolumento como una adición y no una disminución de la remuneración básica.

59. No en vano, las solicitudes hacen referencia a “la porción de salario” del 30% que,
desde la vinculación del demandante en un cargo que le otorga el beneficio, se le
ha sustraído de la asignación y/o salario básico, al amparo de una interpretación
errónea de la naturaleza del emolumento. En esa línea, el ordinal quinto del fallo
objeto de apelación reivindica el entendimiento correcto de la prima especial de
servicios y, en tal virtud, ordena su reconocimiento y pago como un sobresueldo,
adición o incremento, y no como una detracción del 100% del ingreso mensual.

60. Por las razones anotadas, el primer reparo planteado en el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada, no está llamado a prosperar.

2.5.2. De la imprescriptibilidad de las cesantías.

61. La recurrente reprochó que el A-quo haya considerado que las cesantías se
erigen como una prestación imprescriptible, pues, en su sentir, la sentencia del dos
(2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), emanada de esta Corporación, fijó
una regla en punto a la contabilización del término prescriptivo, sin distinguir las

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prestaciones sometidas a dicha previsión o a algún tipo de excepción.

62. Previo a resolver el motivo de inconformidad que antecede, la Sala recuerda
que el auxilio de cesantía es una prestación patronal común que deviene en una
obligación de pago por parte del empleador. Al respecto, la Corte Constitucional, en
la sentencia C-027 de 2024, recordó que el auxilio de cesantía tiene como razón de
ser “cubrir el riesgo común que tiene el trabajador con ocasión de su relación laboral de dependencia
y las contingencias que pueden afectar su vida y la de su familia ”, de ahí que, represente un

respaldo económico por la pérdida del empleo que busca garantizar la calidad de
vida del trabajador y la de su familia, así como garantías de estirpe superior.

63. En la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del veinticinco (25) de agosto
de dos mil dieciséis (2016) 35 , la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Colegiatura explicó que, las cesantías fueron consagradas en el literal f) del artículo
12 de la Ley 6ª de 1945 como un derecho de carácter prestacional a favor de los
trabajadores oficiales, que debía ser reconocido por el patrono a razón de un mes
de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por las fracciones de año.
Dicho derecho prestacional fue extendido a todos los asalariados de carácter
permanente al servicio de la Nación, en cualquiera de las ramas del poder público,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 65 de 1946, y se constituyó en
una obligación a cargo del Estado en beneficio de sus empleados.

64. En la citada providencia, la Sección precisó que los empleados que ingresaron
a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de
1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual
que los vinculados con anterioridad, pero que se hubieran acogido al régimen
anualizado y, para efecto de la liquidación y pago de esa prestación, se rigen por lo
que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y demás normas concordantes, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.

65. Asimismo, señaló que se han planteado diferentes tesis relacionadas con la
extinción de las cesantías, así: (i) la primera36, según la cual, mientras la relación

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto
de 2016, Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
36
Sentencia de 9 de mayo de 2013, Expediente 1219-12, actor: Bertilda Vanesa Bernal Higuita, M.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Tesis que igualmente fue planteada, entre otras, en sentencia proferida el 29 de julio de 2010, por la Subsección
A, Rad.: 681-23-15-000-2000-03326-01, número interno: 1065-07, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón y tenida en
cuenta recientemente por la Subsección B, en sentencia del 22 de enero de 2015, Radicación: 080012331000201200388 01,
número interno: 4346-13, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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laboral se encuentre vigente, no se produce la extinción de las mismas, sino que el
término prescriptivo empieza a correr a partir de la ruptura del vínculo laboral; (ii) la
segunda 37 , que señala que se aplica la prescripción extintiva del derecho al
transcurrir tres (3) años sin hacer la reclamación, sin distingo de la terminación de
la relación laboral; y (iii) la tercera38, que apunta a que se trata de un derecho
imprescriptible. Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección sostuvo que:

“(…) Los distintos enfoques sobre la materia, hacen necesaria la definición de una postura
unificada, previo el siguiente análisis:

Las dos primeras tesis, aludidas previamente, suponen la aplicación del término de
prescripción de 3 años, previsto en diferentes disposiciones legales de carácter laboral, no
obstante, ninguna de esas normas consagra el derecho a las cesantías como prestación a
favor del trabajador. El derecho a las cesantías fue creado por el legislador del 46, como un
beneficio sujeto al despido o desvinculación laboral del trabajador y aunque su causación en
principio se condicionó a periodos de 3 años, los parámetros para su reconocimiento siempre
estuvieron directamente relacionados con el retiro del servicio.

La justificación de esa sujeción, está orientada por dos razones fundamentales, la primera
de ellas, porque como su nombre lo indica, tiene relación con el estado “cesante” del
empleado, pues su reconocimiento y pago tiene como finalidad subvencionarlo en el
momento en que se extinga su relación laboral y la segunda de ellas, porque su
reconocimiento se consagró con el régimen de retroactividad, dentro del cual la liquidación
se realizaba con base en el último salario recibido por el trabajador al momento de finiquitar
su vínculo laboral. Y aunque procedían los pagos parciales, la liquidación que se realizaba
para ese efecto no era definitiva, pues solo adquiría este carácter cuando terminaba la
relación laboral, es decir, cuando el empleado quedaba cesante, momento en el cual se
efectuaba la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación.

Una vez reconocido y pagado ese derecho, ingresaba al patrimonio del empleado y por ende,
se trataba de un derecho “imprescriptible”, pues seguía reputándose como titular del mismo
indefinidamente, sin que se pudiera alegar su extinción. Al respecto, valga precisar que
las cesantías constituyen un “ahorro” del trabajador, a ser reclamado al terminar su
relación laboral, con el objeto de cubrir la contingencia de quedar cesante. Al tener
esa naturaleza de ahorro, producto de un emolumento -prestación- causado a su favor
durante ese vínculo, no se puede predicar la prescripción respecto de las sumas que
la componen, así ocurría respecto de las cesantías bajo la modalidad de liquidación
con retroactividad y así ha de predicarse respecto de las mismas, bajo el régimen de
liquidación anualizado” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

66. Con base en lo expuesto, se concluyó que: (i) frente a las cesantías anualizadas,
en el marco de la Ley 50 de 1990, no se aplica el fenómeno de prescripción, puesto
que, la obligación de su consignación en una fecha determinada surge de pleno
derecho, en virtud de lo dispuesto en la ley, que le concede al empleador un término
perentorio para realizar el depósito en el fondo administrador al que esté afiliado el
empleado, de manera que, la omisión en el cumplimiento de ese término no puede
redundar en la afectación de los derechos del empleado; y (ii) cuando se trata de la
consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 6 de diciembre 6 de 2012, Sección Segunda -
Subsección B, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, Exp. 080012331000201000802 01(1093-2012).
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de junio de 2013, Sección Segunda –
Subsección A, Radicación 13001 23 31 000 2002 01405-02, número interno: 0132-10, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno
prescriptivo, “pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el
empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor ”39.

Cesantías anualizadas Cesantías definitivas

No están sometidas el fenómeno prescriptivo Sí están sujetas a la prescripción

67. Las consideraciones expuestas, relacionadas con la imprescriptibilidad de las
cesantías anualizadas -mientras el vínculo permanezca vigente-, y la correlativa
sujeción de las cesantías definitivas al fenómeno en comento, ha sido reiterada por
la Subsección “A” de la Sección Segunda en sentencia del dieciséis (16) de abril de
dos mil veintiséis (2026),40 en la que, analizarse el alcance del restablecimiento del
derecho al discutirse una prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, se aseveró que: “se debe mencionar que el derecho a estas (las cesantías) no prescribe
mientras la relación laboral se encuentre vigente, conforme a lo señalado en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-004-2016 (…)”. No pasa inadvertido que la tesis bajo estudio ha sido

igualmente prohijada por la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia
SL5291-2018 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en la
cual se aseveró que: “(…) de acuerdo con las cesantías, es preciso indicar que de acuerdo con
la doctrina de esta Corporación, durante la vigencia del contrato no opera tal fenómeno extintito de
la obligación, toda vez que dicha prestación se hace exigible a la terminación del vínculo laboral”.

67.1. Fuerza decir que, en reciente sentencia del seis (6) de agosto de dos mil
veintiséis (2026)41, esta Sala de Subsección acogió la tesis antes señalada, al punto
de destacar, frente al precedente de unificación referido supra, que dicho
pronunciamiento no se limitó a acoger, sin más, una de las tres tesis existentes, sino
que, tras analizarlas, construyó una regla propia y más precisa: distinguir según el
tipo de cesantía efectivamente en juego, precisando que las cesantías anualizadas
no están sometidas al fenómeno prescriptivo, siempre que el vínculo permanezca
vigente, mientras que las definitivas sí están sujetas al fenómeno en comento.

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto
de 2016, Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 16 de abril de
2026, Rad. No. 25000 23 42 000 2020 00259 01 (3055-2021), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 6 de agosto
de 2026, Rad. No. 17001-23-33-000-2017-00515-02 (2258-2020), C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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68. Descendiendo al caso de autos, la Sala observa que, en la sentencia del dos (2)
de septiembre de dos mil diecinueve (2019) que invoca la entidad, únicamente se
hizo referencia a la inclusión del auxilio de cesantías en el universo de conceptos
que devengan los congresistas y los magistrados de altas cortes, a efectos de
determinar el techo remuneratorio de los magistrados y demás cargos equivalentes,
pero nada se dijo sobre la imprescriptibilidad de las cesantías, por lo que, dicho
pronunciamiento no desplazó el precedente unificado de esta Sección, proferido el
veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016) 42 . Además, contrario a lo
sostenido por la recurrente, el precedente de unificación no redujo el análisis a la
sanción mora, sino que también se ocupó del auxilio de cesantías per se.

69. Ahora bien, comoquiera que, para la fecha en la que se promovió la presente
demanda e, inclusive, para el momento en el que se expidieron las certificaciones
allegadas al plenario (2022 y 2025), el demandante continuaba vinculado a la Rama
Judicial en el cargo de Juez Cuarto (4º) Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
no era dable que las cesantías quedaran sometidas al fenómeno prescriptivo. En
ese sentido, el Tribunal acertó al exceptuar del cómputo de la prescripción a las
cesantías, comoquiera que, como se dijo supra, no prescriben mientras el vínculo
permanezca vigente, razón por la cual se desestimará el reparo de la entidad.

2.5.3. De las excepciones alegadas por la entidad demandada.

70. En el recurso de apelación, la entidad demandada insistió en las excepciones
propuestas en el escrito de contestación, entre ellas, la de caducidad, inexistencia
del demandado, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva
-e indebida integración del contradictorio-, y la imposibilidad presupuestal para
acceder a los derechos reclamados por el señor Fredy Alfonso Jaimes Plata.

71. Fuerza decir que, mediante proveído del veinte (20) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024)43, la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander
declaró no probadas las excepciones de “inexistencia del demandado, ineptitud de la
demanda, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, y no haberse ordenado
la citación de otras personas que la Ley dispone”. Dicha decisión fue recurrida por la entidad

y, a través del auto del dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)44, se

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto
de 2016, Rad. 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
43
Índice 00035 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
44
Índice 00042 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.

28

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resolvió no reponer la providencia impugnada y rechazar por improcedente el
recurso de apelación que, en subsidio de la reposición, promovió la accionada.

72. En la sentencia de primera instancia, el A-quo declaró no probadas las
excepciones de caducidad y de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Asimismo, se declaró parcialmente probada la excepción de prescripción. Contra el
sentido de tales decisiones, la recurrente no esgrimió reparos concretos dirigidos a
controvertir el fondo del asunto, sino que, por el contrario, se limitó a reiterar los
mismos medios exceptivos que, en su momento, fueron consignados en la
contestación y, de suyo, analizados por el juez de primer grado.

73. En tal sentido, atendiendo al principio de congruencia, y a los límites que impone
-para el juez de segunda instancia- los motivos de inconformidad que, debidamente
sustentados, hayan sido planteados por el apelante único, la Sala no reabrirá la
discusión frente a las excepciones ya resueltas en el marco del proceso.

2.5.4. Precisiones finales sobre el alcance del restablecimiento del derecho.

74. Con el propósito de adecuar el alcance de las órdenes impartidas por el A-quo,
con los lineamientos decantados por esta Sala de Subsección, se modificará el
ordinal quinto de la parte resolutiva del fallo apelado, en aras de precisar, por un
lado, que los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar,
en ningún caso, los topes remuneratorios fijados por el Gobierno Nacional y, por el
otro lado, que el cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se
hayan efectuado pagos por los mismos conceptos reconocidos en esta oportunidad.
Además, se dispondrá que, para los efectos de esta sentencia, la entidad tendrá en
cuenta la aplicación del Decreto 272 de 2021, mediante el cual se reguló la prima
especial de servicios como un adicional a la asignación básica mensual.

75. De igual manera, se modificará el ordinal sexto del resuelve, a efectos de
precisar que, dada la naturaleza irrenunciable e imprescriptible de los aportes
pensionales, la prescripción trienal no cobija tal concepto. En ese sentido, se
ordenará a la entidad demandada a que los aportes a seguridad social en pensiones
se realicen desde la fecha de vinculación al cargo de juez, esto es, desde el primero
(1º) de septiembre de dos mil nueve (2009) y hasta cuando se demuestre la
subsistencia del vínculo que le otorgue el derecho, teniendo en cuenta como ingreso

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Número Interno: 3500-2025
Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
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base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más la adición del 30%
correspondiente a la prima especial de servicios. Dichos aportes serán respecto de
las diferencias derivadas entre lo efectivamente pagado y lo que debió pagarse.

76. Como corolario de lo anterior, la Sala modificará algunos ordinales de la parte
resolutiva de la sentencia apelada y, en lo demás, confirmará el fallo.

2.6. Conclusiones

77. Con fundamento en las pruebas que fueron valoradas razonada, conjunta e
integralmente, y al amparo del marco normativo y jurisprudencial expuesto, la Sala
encuentra que los reparos esgrimidos por la entidad apelante no tienen vocación de
prosperidad, toda vez que: (i) no se acreditó que el juez de primer grado haya
proferido un fallo extra-petita, al haber reconocido la prima especial de servicios
como un adicional al salario y/o asignación básica; (ii) la imprescriptibilidad de las
cesantías, mientras el vínculo permanezca vigente, se acompasa con el precedente
unificado de esta Corporación; (iii) y no hay lugar a reabrir, en esta instancia, la
discusión sobre las excepciones propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala
modificará la sentencia, a efectos de disponer que, en ningún caso, las sumas de
dinero que se reconozcan a favor del demandante podrán exceder los topes
salariales fijados anualmente por el Gobierno Nacional, y que el cumplimiento de la
sentencia está supeditado a que no se hayan efectuado reconocimientos por los
mismos conceptos adoptados en la presente sentencia, así como a la aplicación
Decreto 272 de 2021. Además, se precisará lo relativo a la imprescriptibilidad de los
aportes a pensión, de conformidad con el precedente y la normativa aplicable.

2.7. Condena en costas.

78. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva de la
sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida
por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual,
se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones señaladas en la parte motiva de este proveído.

“(…) QUINTO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, si aún no lo ha hecho, a reconocer
y pagar a favor de FREDY ALFONSO JAIMES PLATA, a partir del siete (7) de abril de dos
mil doce (2012) -en virtud del fenómeno prescriptivo- y hacia delante, hasta que por razón
del cargo tenga derecho, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual, entendida como
un incremento del salario básico y/o asignación básica. Se advierte que dicha prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

Los pagos por concepto de prima especial de servicios no podrán superar, en ningún caso,
los topes remuneratorios fijados anualmente por el Gobierno Nacional. En adición, el
cumplimiento de la sentencia se encuentra supeditado a que no se hayan efectuado pagos
por los mismos conceptos reconocidos en esta providencia. Además, la entidad tendrá en
cuenta la aplicación del Decreto 272 de 2021, mediante el cual se reguló la prima especial
de servicios como un adicional a la asignación y/o salario básico mensual.

SEXTO: DECLÁRARSE la prescripción trienal de las sumas derivadas de la reliquidación
ordenada, causadas con anterioridad al siete (7) de abril de dos mil doce (2012), de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia, salvo en lo que
respecta a las cesantías, cuya reliquidación y pago debe efectuarse desde el primero (1º) de
septiembre de dos mil nueve (2009), por tratarse de una prestación imprescriptible mientras
subsista la relación laboral, conforme a lo establecido sentencia de unificación jurisprudencial
CE-SUJ004 de 2016. El fenómeno prescriptivo tampoco cobija los aportes pensionales, dada
su naturaleza irrenunciable e imprescriptible.

En consecuencia, ordénese a la entidad demandada a que los aportes a seguridad social en
pensiones se realicen desde la fecha de vinculación del actor al cargo de juez, esto es, desde
el primero (1º) de septiembre de dos mil nueve (2009) y hasta cuando se demuestre la
subsistencia del vínculo que le otorgue el derecho, teniendo en cuenta como ingreso base
de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios. Dichos aportes serán respecto de las diferencias derivadas entre lo
efectivamente pagado y lo que debió pagarse.

SEGUNDO. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia del treinta y uno (31) de
octubre de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la motivación.

TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Demandante: Fredy Alfonso Jaimes Plata
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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