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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00157-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00157-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Primero: Confirmar la sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto: Luego de las anotaciones y constancias secretariales pertinentes en el expediente y en los registros físicos y digitales a que hubiere lugar, devolver el expediente al tribunal de origen a través de la Secretaría de esta Sección. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. EdelaOssa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00157-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., cuatro (04) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandantes: Silvya Verónica Jaimes Cote
Demandados: Unidades Tecnológicas de Santander1
Tema: Ius variandi

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Demanda2

1.1. Pretensiones

1.En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Silvya
Verónica Jaimes Cote demandó lo siguientes actos administrativos:

(i) Resolución 02-471 del 1 de junio de 2017 por medio de la cual se modificó
la estructura organizacional de las UTS.

(ii) Resolución 0472 del 1 de junio de 2017 por la cual se modificó la escala
salarial de las UTS.

(iii) Resolución 02-473 del 1 de junio de 2017 por la cual se modificó la planta
de empleos de las UTS.

(iv) Resolución 02-496 del 1 de junio de 2017 por la cual se notificó a Silvya
Verónica Jaimes Cote de las funciones señaladas por la Resolución 02-
474 del 1 de junio de 2017 del empleo profesional universitario, nivel
profesional, código 219, grado 07, de la planta global de empleos de la
UTS.

(v) Resolución 02-728 del 9 de agosto de 2017 por la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la demandante en contra de la
Resolución 02-496 del 1 de junio de 2017.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que le fueran reasignadas las
funciones que desempeñaba antes del proceso de restructuración de la planta de

1 En adelante UTS
2 Archivos «008Demanda» y «015ReformaDemanda» del expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

personal, es decir, como se registraba en la Resolución 02-854 del 29 diciembre
de 2015; y que se le indemnizara por los perjuicios morales causados por la suma
de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. La institución educativa de educación superior UTS, por medio de la
Resolución 02-015 del 16 de enero de 20093 dispuso conformar y organizar el
Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno de las Unidades
Tecnológicas de Santander. Puntualmente, en su artículo 1 se dispuso que el
grupo se conformaría por un coordinador y un profesional universitario; mientras
que en su artículo 4 previó las funciones del aludido profesional universitario, así:

«Artículo 1: Conformación. Conformar el Grupo Formal de Trabajo de Control
Disciplinario Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander, integrada por los
siguientes Servidores Público:
El Secretario General, Nivel Directivo, Código 066, quien coordinará el Grupo.
Un (1) profesional universitario Código 219 quien sustanciará los asuntos de resorte
del Grupo comisionados a sus competencias.
Parágrafo. El Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno actuara como
el Grupo al más alto Nivel Jerárquico de tal categoría en la entidad y los funcionarios a
él adscritos cumplirán sus funciones dentro del Grupo, sin perjuicio de las demás
previstas para ellos en el Manual de Funciones.

Artículo 4: Funciones del profesional universitario: Son funciones del Profesional
Universitario, miembro del Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno:
1. Sustanciar y redactar los proyectos de las decisiones que deban tomarse en el
curso de las actuaciones disciplinarias de competencia del Grupo y comisionado por el
Coordinador de Grupo.
2. Sustanciar y redactar los proyectos de asuntos de trámite que deban desarrollarse
en el curso de los casos disciplinarios de su conocimiento por la Comisión del
Coordinador de Grupo.
3. Practicar las pruebas, dentro de la Indagación Preliminar y la Investigación
Disciplinaria y en los procesos verbales.
4. Elaborar proyectos de conceptos que hayan sido solicitados al Grupo y
comisionados para su conocimiento.
5. Llevar los libros disciplinarios correctamente de lo avocado a su conocimiento y al
día, pudiendo apoyarse en medios técnicos.
6. Llevar las estadísticas disciplinarias del Grupo de los avocados a su conocimiento
para el Coordinador de Grupo.
7. Velar por que los procesos disciplinarios se adelanten conforme a los
procedimientos establecidos en la Ley y dentro de los términos otorgados.
8. Conocer de oficio o a petición de parte las quejas, hechos u omisiones y demás
actuaciones de los servidores públicos violatorias del régimen disciplinario.
9. Decretar y practicar las pruebas que sean requeridas dentro de los procesos
disciplinarios a su cargo.
10. Comunicar a la División de Registro y Control y Correspondencia de la
Procuraduría General de la Nación las sanciones penales y disciplinarias, las
inhabilidades que se deriven de las Relaciones contractuales con el Estado, de los
fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las
condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que
desempeñan funciones públicas, en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento
en garantía, para efectos de la expedición del Certificado de Antecedentes.
11. Redactar las decisiones que ordenan la apertura de la investigación, evaluar las
investigaciones disciplinarias, sobre el archivo de la indagación preliminar o

3 Folios 2 a 8 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

investigación, la formulación de cargos, así como las nulidades, prescripción, extinción
de la acción, los recursos y redactar las demás decisiones y providencias que
procedan dentro de la indagación preliminar o investigación disciplinaria de primera o
única instancia a su cargo, de conformidad con la Ley 734 de 2002.
12: Velar por el correcto archivo de los expedientes disciplinarios y su conservación.
13. Recibir, Radicar, tramitar al Coordinador del Grupo y entregar al funcionario
asignado la correspondencia que llegue al Grupo.
14. Mantener bajo normas de seguridad los archivos y expedientes disciplinarios, así
como los libros pertinentes.
15. Radicar y tramitar la correspondencia que salga del Grupo.
16. Colaborar con el Grupo en la atención de las comunidades que se requieran.
17. Colaborar con el Grupo en el manejo de los expedientes y actuaciones del mismo.
18. Mantener los expedientes debidamente legajados y foliados, así como dotados de
carátulas e identificaciones lógicas y verificables.
19. Brindar apoyo al Grupo para la transcripción de diligencias y providencias
disciplinarias.
20.Y demás funciones que le corresponde acorde a sus funciones y competencias,
además de las que le asigne el Coordinador del Grupo. […]»(sic).

3.2. A través de la Resolución 0960 del 30 de marzo de 20124, la UTS conformó la
lista de elegibles para proveer el empleo vacante 47609 «Profesional Universitario –
219 - 7», convocado a través del concurso de méritos identificado como
convocatoria 001 de 2005. La demandante ocupó el segundo puesto de la lista y
fue nombrada en período de prueba mediante Resolución 02-476 del 24 de mayo
de 20125.

3.3. Silvya Verónica Jaimes Cote se posesionó en el empleo de «Profesional
Universitario 219-7» el 4 de junio de 2012, como consta en el acta de posesión 0142
de la fecha6.

3.4. Según certificación emitida el 16 de febrero de 2015 por la Secretaría General
de las UTS7, las funciones del empleo profesional universitario, código 219, grado
07, establecidas en el Acuerdo 01-041 del 10 de diciembre de 2008, eran las
siguientes:

«1. Ejercer la acción disciplinaria aplicando el proceso disciplinario con sujeción a las
disposiciones, facultades, competencias y procedimientos establecidos en la ley.
2. Atender actividades orientadas a la prevención de la comisión de faltas
disciplinarias.
3. Proyectar los fallos de primera instancia en los asuntos de su competencia,
garantizando así el ejercicio de la segunda instancia.
4. Atender requerimientos de las diferentes autoridades con relación a las
indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias que se adelantan en las
Unidades Tecnológicas de Santander.
5. Ejercer vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores de la Institución y
adelantar oficio, por queja o información de terceros, las investigaciones preliminares
o investigaciones disciplinarias.
Preparar los informes para la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado
con los procesos disciplinarios y demás actuaciones inherentes a las funciones
encomendadas.
7. Realizar seguimientos a las investigaciones disciplinarias que se remitan por
competencia a otras instancias.

4 Folios 10 a 11 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
5 Folio 5 del archivo «006AnexosDemanda» del expediente digital
6 Folio 1 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
7 Folio 34 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

8. Adelantar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la conducta Disciplinaria y
Responsabilidades de los Servidores Públicos de sus funciones, así como de los
estudiantes que incurren en faltas estipuladas en el reglamento estudiantil.
9. Fijar procedimientos operativos internos que los procesos disciplinarios se
desarrollen dentro de los principios legales de: economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, y contradicción, buscando así salvaguardar el derecho de
defensa y el debido proceso.
10. Guardar la reserva de los asuntos de su competencia, de conformidad con la ley.
11. Adelantar la custodia y control de los asuntos de su competencia.
12. Ajustar en su integridad a las normas constitutivas de Régimen Disciplinario, los
procesos que de dicha naturaleza adelante, contra los servidores de las Unidades
Tecnológicas de Santander.
13. Las demás que le señalen las disposiciones constitucionales legales y estatutarias
vigentes así como las que no estén atribuidas expresamente a otra autoridad. Las
demás fijadas por la constitución, la ley, los estatutos y los reglamentos.» (sic).

3.5. Mediante la Resolución 02-854 del 29 de diciembre de 20158, proferida por el
Rector de las UTS, se modificó el Manual Específico de Funciones, Competencias
Laborales y Requisitos de la Planta de Personal de la institución educativa. El
empleo de carrera administrativa denominado profesional universitario, código
219, grado 07, adscrito a la Secretaría General, quedó con los siguientes propósito
y funciones:

«
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar Actividades requeridas en el desarrollo de los procesos
disciplinarios, que adelante la institución según la competencia y garantizar el
debido proceso y el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar, las diferentes etapas del proceso, facultades, competencias y
procedimientos establecidos en la ley.
2. Proyectar Fallos de primera instancia en los asuntos de su competencia,
garantizando así el ejercicio de la segunda instancia.
3. Atender requerimientos de las diferentes autoridades con relación a las
indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias que se adelantan
en las Unidades Tecnológicas de Santander.
4. Ejercer vigilancia sobre conducta de los servidores públicos de la
Institución y adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las
indagaciones preliminares o investigaciones disciplinarias que le sean
asignadas.
5. Realizar informes para la Procuraduría General de la Nación, en lo
relacionado con los procesos disciplinarios y demás actuaciones inherentes a
las funciones encomendadas.
6. Realizar seguimiento a las investigaciones disciplinarias que se remitan
por competencia a otras instancias.
7. Adelantar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Conducta
Disciplinaria y Responsabilidades de los Servidores Públicos en el desarrollo
de sus funciones.
8. Adelantar el Sistema de Seguimiento y Evaluación de los estudiantes que
incurren en faltas estipuladas en el reglamento estudiantil.
9. Mantener actualizados los procedimientos internos para que los procesos
disciplinarios se desarrollen dentro de los principios de: Economía, celeridad,
eficiencia, imparcialidad, publicidad y contradicción, buscando así
salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso.
10. Guardar la reserva de los asuntos de su competencia, de conformidad
con la Ley y ejercer la custodia y control de los asuntos de su competencia.
11. Realizar ajuste y los procedimientos que competan al área de trabajo.
12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del
empleo y las fijadas por la constitución la ley, estatutos y reglamentos.

8 Folio 12 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

»

3.6. La Dirección Administrativa de Talento Humano de las UTS presentó una
propuesta para la modificación de la estructura organizacional, planta de personal
y escala salarial de la institución en abril de 2017. El Consejo Directivo de las UTS
aprobó este documento en sesión ordinaria del 2 de mayo de 2017, consignada en
el Acta 0079, y autorizó su implementación a través del Acuerdo 01-017 de la
misma fecha10.

3.7. El Rector de las UTS profirió la Resolución 02-471 del 1 de junio de 201711,
por la cual modificó la estructura organizacional de la institución en atención a los
resultados obtenidos del estudio técnico denominado «Proceso de Modernización y
Rediseño Institucional Fase 1 y 2»12.

3.8. A través de la Resolución 02-472 del 1 de junio de 2017, suscrita por el rector
de las UTS, se modificó la escala salarial de las UTS de acuerdo con la nueva
estructura organizacional. Luego, mediante Resolución 02-473 del 1 de junio de
2017 se modificó la planta de empleos de las UTS.

3.9. Mediante Resolución 02-474 del 1 de junio de 201713 se estableció el nuevo
Manual de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de la Planta de
Personal de las UTS. De conformidad con los artículos 5 y 6 del acto
administrativo, (i) la Dirección Administrativa de Talento Humano debía entregar a
cada funcionario copia de las nuevas funciones y competencias para el respectivo
empleo; y (ii) la resolución regía a partir de su expedición y derogaba las demás
disposiciones que le fueran contrarias. De otro lado, en cuanto al empleo de
carrera administrativa denominado profesional universitario, código 219, grado 07,
se dispuso en el artículo 1º que este no estaba asignado a una dependencia
puntual y que sus propósito y funciones serían las siguientes:

«
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer, analizar, controlar y conceptualizar actividades requeridas para el
desarrollo de procesos institucionales, aplicando conocimientos propios de la
profesión, que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas de la
institución de conformidad con las normas vigentes
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban
adoptarse para el cumplimiento de los objetivos funcionales, planes y
programas de acción y desarrollo de la oficina.
2. Asistir al superior inmediato en la revisión y distribución de los asuntos y
documentos sometidos a su consideración.
3. Tramitar, proyectar y atender y las consultas y derechos de petición sobre
asuntos que sean de su competencia, en forma escrita o verbal a los
usuarios que lo requieran, de acuerdo a la normatividad y procedimientos
Institucionales.
4. Preparar la elaboración de informes de acuerdo a los lineamientos y

9 Visible a folio 260 del archivo «037ContestacionREquerimientoAuto» del expediente digital
10 Visible a folio 272 del archivo «037ContestacionREquerimientoAuto» del expediente digital
11 Folio 37 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
12 archivo «037ContestacionREquerimientoAuto» del expediente digital
13 Visible a folio 24 del archivo «021AnexosContestacionDemanda» del expediente digital y en la

página web https://www.uts.edu.co/sitio/wp-
content/uploads/siplain/resolucion_02_474_junio_1_2017.pdf

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

políticas institucionales, y demás actuaciones inherentes a las funciones
encomendadas.
5. Realizar seguimiento a los conceptos y procesos que se remitan por
competencia a su área de desempeño.
6. Guardar la reserva de los asuntos de su competencia, de conformidad con
la Ley y ejercer la custodia y control de los asuntos de su competencia.
7. Asistir a su superior inmediato en la conceptualización, obtención y
análisis de la información, necesaria para la toma de decisiones y adopción
de planes y programas en las diferentes áreas y grupos de la institución.
8. Realizar análisis y conceptos, con el fin de asistir al superior inmediato, el
desarrollo y cumplimiento de sus funciones y la toma de decisiones en los
asuntos de su competencia.
9. Participar, organizar, coordinar y ejecutar programas, proyectos, planes y
actividades técnicas y administrativas de la institución, conforme a las
instrucciones del superior inmediato, garantizando la correcta aplicación de
normas y procedimientos técnicos y administrativos legales vigentes.
10. Coordinar actividades de evaluación, conceptualización y estudios en
asuntos de competencia de la institución, de acuerdo con los lineamientos
del superior inmediato y los propios de su profesión.
11. Rendir informes periódicos al superior inmediato.
12. Mantener informado al superior inmediato, sobre el desarrollo de las
actividades que se encuentran bajo su responsabilidad.
13. Diseñar y proponer la actualización o modificación de procedimientos que
competan a su área de desempeño.
14. Representar al jefe de la oficina, en reuniones o asuntos relacionados
con procesos jurisdiccionales y administrativos para garantizar la seguridad
jurídica de la Institución, de acuerdo con la normatividad vigente.
15. Ejecutar la correcta aplicación de las disposiciones legales, métodos y
procedimientos que regulan los distintos procesos y situaciones
administrativas de la institución, dentro del marco de las disposiciones
legales vigentes que la regulan
16. Cumplir con las normas y recomendaciones establecidas en el Sistema
Integrado de Gestión SIG, Sistema de Gestión de Calidad y de los
reglamentos internos.
17. Velar por la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los
documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones.
18. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza del
empleo y las fijadas por la constitución la ley, estatutos y reglamentos.
»14

3.10. Mediante Resolución 02-496 del 1 de junio de 2017 el rector de las UTS
ordenó notificar por intermedio de la Dirección Administrativa de Talento Humano
a Silvya Verónica Jaimes Cote de las nuevas funciones asignadas al cargo de
profesional universitario, código 219, grado 07, que desempeñaba en propiedad 15.

3.11. La demandante fue notificada de la Resolución 02-474 del 1 de junio de 2017
por intermedio de su apoderada. Así las cosas, el 13 de junio de 2017 interpuso
recurso de reposición16 contra la decisión y solicitó su revocatoria, al considerar,
en esencia, que hubo un ejercicio arbitrario del ius variandi. Indicó que (i) se
desmejoraron y variaron las funciones esenciales del empleo cuando pasó de
estar adscrito a la Oficina de Control Interno Disciplinario a formar parte de la
planta global de la entidad, (ii) los cambios se hicieron sin tener en cuenta su
comportamiento y rendimiento laboral (iii) las nuevas funciones diferían de
aquellas que fueron ofertadas en la convocatoria 001 de 2005 y que desempeñaba
desde su posesión en el cargo y (iv) no se le informó acerca del proceso de

14 Folio 81 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
15 Folio 83 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
16 Folio 87 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital

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Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

reestructuración y, por lo tanto, no pudo intervenir en este. Finalmente, hubo una
indebida notificación del acto administrativo porque no se realizó personalmente
sino a través de la plataforma institucional.

3.12. El recurso de reposición se resolvió a través de la Resolución 02-728 del 9 de
agosto de 201717. No repuso la decisión al encontrar que no se desmejoraron las
condiciones laborales. Al respecto, se resaltó que fue ubicada en la Oficina de
Control Interno Disciplinario con la finalidad de aprovechar su experiencia, que su
salario no fue desmejorado, no cambió su horario ni fue trasladada de su sitio de
trabajo. Finalmente, en cuanto a la indebida notificación del acto administrativo
indicó que, en atención a lo dispuesto en el CPACA, el medio más eficaz era
hacerla comparecer personalmente ante la Dirección Administrativa de Talento
Humano. Esta decisión se le notificó personalmente el 16 de agosto de 201718.

3.13. De otro lado, el 19 de julio de 201719 Silvya Verónica Jaimes Cote presentó
denuncia por acoso laboral ante la Procuraduría Regional de Santander en contra
de los siguientes servidores de las UTS: rector, secretario general, jefe de la
Oficina de Control Interno Disciplinario y directora administrativa de Talento
Humano. El acoso se originó en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General
de la Nación en septiembre de 2016, relacionada con unas irregularidades que
encontró en una maestría ofertada por uno de los docentes de la institución. A raíz
del acoso laboral sufrió de un decaimiento en el estado de su salud, pues fue
diagnosticada con trastorno depresivo.

3.14. La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, en concepto del
18 de junio de 201820, encontró que las enfermedades de trastorno mixto de
ansiedad y depresión que sufre la demandante son de origen laboral.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Como tales se citaron los artículos 6, 40.7 y125 de la Constitución; 4 del
Decreto 785 de 2005, 46 de la Ley 909 de 2004, 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de
2005, 2.2.12.1, 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, 68 del CPACA,

5. En el concepto de violación señaló que los actos administrativos demandados
fueron expedidos con desviación de poder y desconocimiento de las normas en
que debían fundarse por las siguientes razones:

5.1. Desconocieron el principio constitucional del mérito y el derecho de acceso al
desempeño de funciones y cargos públicos al ubicar el empleo de profesional
universitario, código 219, grado 07, en la planta global de la institución y no
adscribirlo a una dependencia particular, pues no se tuvo en cuenta la naturaleza
general de las funciones del nivel profesional, las necesidades del servicio, ni las
calidades personales de la demandante.

5.2. Para la modernización y rediseño institucional no se tomó en consideración
que la demandante contaba con conocimiento específico que la habilitaba para

17 Folio 100 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
18 Folio 108 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
19 Folio 109 del archivo «004AnexosDemanda» del expediente digital
20 Archivo «014AnexosReformaDemanda» del expediente digital

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ejercer el cargo para el cual concursó, el cual tenía funciones relacionadas con el
ejercicio del control disciplinario y se encontraba adscrito a la Oficina de Control
Interno Disciplinario.

5.3. No se publicaron los estudios técnicos o la justificación del proceso de
modernización que adelantó la institución. En ese sentido, la creación de la Oficina
de Control Interno Disciplinario no fue motivada.

5.4. Se hizo un ejercicio arbitrario del ius variandi que resultó en el
desmejoramiento de sus condiciones laborales, ya que no se tuvo en cuenta su
conocimiento específico ni su desempeño laboral a lo largo del ejercicio del cargo.

5.5. Los cambios afectaron la función pública y su dignidad humana, pues no
obedecieron a criterios de mejoramiento del servicio sino a conductas de acoso
laboral, como retribución por haber denunciado irregularidades en la institución.

5.6. Hubo una indebida notificación porque no se le notificó personalmente de las
Resoluciones 02-474 y 02-496 del 1 de junio de 2017.

2. Contestación de la demanda21

6. Las UTS se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes
argumentos:

6.1. El empleo de profesional universitario, código 219, grado 07, siempre estuvo
adscrito a la planta globalizada de institución.

6.2. La demandante fue incorporada a la nueva planta de personal con la misma
denominación, código, grado y asignación salarial, de conformidad con lo previsto
en el Decreto 734 de 2002. Si bien cambiaron sus funciones, no se le
desmejoraron las condiciones laborales ni se modificaron los requisitos para
desempeñar el empleo.

6.3. El hecho de posesionarse en un empleo de carrera administrativa no significa
que este no pueda ser modificado o, incluso, suprimido, por necesidades del
servicio.

6.4. No se demandó la Resolución 02-474 del 1 de junio de 2017, por la cual se
estableció el nuevo manual de funciones de las UTS y se modificó el perfil del
empleo de profesional universitario, código 219, grado 07. En ese sentido, las
Resoluciones 02-496 del 1 de junio de 2017 y 02-728 del 9 de agosto de 2017 no
podían ser objeto de control judicial porque eran actos de ejecución. En efecto, a
través suyo sólo se notificó a la demandante del nuevo manual de funciones de la
entidad, más no se alteraron las funciones del aludido cargo.

6.5. La reforma de la planta de empleos de las UTS se hizo acorde con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004. Es decir, se contaba con los
estudios técnicos necesarios para justificar la modernización. En estos se analizó
la estructura de la institución y las funciones de las oficinas de la estructura

21 Archivo «020ContestacionDemanda» del expediente digital

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Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

organizacional y se concluyó que la mejor alternativa era tener una estructura más
flexible, que respondiera a las funciones y competencias propias el ente educativo
descentralizado.

6.6. Los estudios técnicos no debían ser publicados, en la medida en que no son
actos administrativos que contengan la voluntad de la administración, ya que no
crean, modifican ni extinguen derechos.

6.7. En relación con la desviación de poder alegada por la demandante, se indicó
que esta era una impresión subjetiva de esta. Al respecto, destacó que el término
«coincidió» utilizado en la demanda no permite establecer una relación de causa y
efecto entre el presunto acoso laboral denunciado por Silvya Verónica Jaimes
Cote y la reestructuración de la entidad. Además, su cargo de carrera no fue el
único que sufrió modificaciones, por lo tanto, no es posible considerar que se trató
de una decisión de carácter personal.

6.8. En razón a que las funciones de Control Interno Disciplinario fueron asignadas
a un Jefe de Oficina de libre nombramiento y remoción, la demandante, al ser
funcionaria de carrera, no podía ser designada en dicho cargo. No obstante, si
podía ser ubicada en esa dependencia bajo la supervisión y mando del Jefe de
Oficina, en aras de hacer un uso eficiente de sus habilidades profesionales.

6.9. Los hechos que dieron lugar al acoso laboral alegado ocurrieron en 2016 y la
reestructuración institucional fue en 2017. Al respecto, se destacó que la
demandante solicitó su reubicación laboral en atención a las recomendaciones de
su psiquiatra, por lo cual fue movida a la Oficina de Infraestructura. Dicha
reubicación fue posible gracias a la modernización de la planta de personal global
realizada.

3. Sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de primera instancia del 7
de marzo de 2022, denegó las pretensiones de la demanda -con condena en costas-
, en virtud de los siguientes argumentos:

7.1. El acto general a través del cual se concretó la decisión de modificar la planta
de personal es la Resolución 02-473 del 1 de junio de 2017, la cual se le notificó a
la demandante mediante la Resolución 02-496 de la misma fecha. El primero de
aquellos, por tratarse de un acto de carácter general fue publicado por las UTS en
su página web y el segundo fue notificado personalmente a ella también en debida
forma. En efecto, el hecho de que no se haya enviado un oficio o una citación
formal a su dirección de residencia y se haya acudido a requerirla verbalmente
para efectos de notificarle la Resolución 02-496 del 1 de junio de 2017 no tiene el
mérito suficiente para viciar la notificación de esa decisión, máxime cuando el
artículo 68 del CPACA establece que esta citación es excepcional

7.2. Los actos administrativos censurados se fundaron en los estudios previos de
que tratan los artículos 44, 45, 46 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo
228 del Decreto Ley 19 de 2012 y los artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de
2005.

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

7.3. La modernización de la planta de personal de las UTS estuvo motivada en las
necesidades del servicio. Se detallaron las razones para implementar los cambios
en las funciones de los cargos, entre los que se encontraba el de profesional
universitario, código 219, grado 07, que desempeñaba la demandante.

7.4. La demandante no aportó prueba alguna que demostrara que lo afirmado en el
concepto que sustentaba la modernización era errado

7.5. No hubo desviación de poder, en tanto no se probó que los cambios de las
funciones del empleo de carrera de profesional universitario, código 219, grado 07,
obedeciera al desmejoramiento del servicio ni a un acoso laboral en su contra. Si
bien hubo una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por acoso
laboral, esta por sí sola no permite evidenciar que haya sido el motivo para el
cambio de funciones de su empleo.

7.6. Las funciones del cargo que desempeñaba sí cambiaron, sin embargo, esta
decisión se realizó en aras de lograr la formalización de la Oficina de Control
Interno Disciplinario, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002,
no para afectarla única y exclusivamente a ella en el ejercicio de su cargo o su
vida profesional.

7.7. No se ejerció de forma arbitraria el ius variandi porque no se le desmejoraron
sus condiciones laborales, en tanto se mantuvo la denominación jerarquía y escala
salarial del cargo. Tampoco hubo una vulneración de sus derechos, en tanto ella
nunca perteneció al nivel directivo y, por lo tanto, no se desempeñó como jefe de
Control Interno Disciplinario.

4. El recurso de apelación22

8. La demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con base en los siguientes argumentos:

8.1. El ius variandi no se ejerció dentro del marco normativo establecido en la CP y
en la sentencia T-043 de 2013 de la Corte Constitucional, porque en el proceso de
modernización no se tuvo en cuenta su rendimiento laboral como profesional
universitaria del grupo de Control Interno Disciplinario.

8.2. Lamodificación de las funciones del cargo desnaturalizó el empleo y
desmejoró sus condiciones laborales, porque «pasó de ser la profesional del grupo de
Control Interno Disciplinario a ser la “secretaria” de la nueva oficina de Control Interno
Disciplinario, creada por el proceso de “modernización” que diseñó la UTS».

8.3. Se desconoció el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 porque el proceso de
modernización y rediseño institucional de las UTS no contó con la aprobación de
la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-.

8.4. La notificación de la resolución de carácter personal fue realizada con
irregularidad. El tribunal no analizó la ritualidad con la que se notificó a la
demandante del cambio de funciones del cargo de carrera que desempañaba.

22 Índice 87 de Samai tribunales y juzgados

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

8.5. Hubo un indebido análisis probatorio porque no se valoraron las pruebas
documentales y testimoniales aportadas por la demandante, que permitían
evidenciar que el acoso laboral que sufrió, en el que se incluye el cambio de
funciones, fue lo que le originó un trastorno mixto de ansiedad y depresión.

8.6. Era clara la relación de causa y efecto entre el acoso, el proceso de
modernización y el detrimento a su salud; pues la desmejora de sus funciones
implicó no sólo una sobrecarga laboral sino una afectación a su dignidad humana.

5. Alegatos de segunda instancia

9. Las partes no se pronunciaron en esta etapa procesal.

6. Concepto del Ministerio Público

10. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. Consideraciones

7. Problemas jurídicos

11. Se circunscriben a establecer:

11.1. ¿Las UTS utilizó de forma arbitraria el ius variandi al modificar las funciones
asignadas al empleo de carrera administrativa denominado profesional
universitario, código 219, grado 07, que desempeñaba Silvya Verónica Jaimes
Cote?

11.2. ¿Puede alegar indebida notificación quien se notifica de un acto administrativo
por conducta concluyente?

8. Estudio y resolución del primer problema jurídico

8.1. El ejercicio del ius variandi

12. Pese a que el concepto de ius variandi no ha sido desarrollado normativamente,
la Corte Constitucional lo ha definido a través de su jurisprudencia como «una de
las manifestaciones del poder subordinante que ejerce el empleador – público o privado-
sobre sus trabajadores. Se concreta cuando el primero (empleador) modifica respecto del
segundo (trabajador) la prestación personal del servicio en lo atinente al lugar, tiempo o
modo del trabajo.»23.

13. Así las cosas, con fundamento en el artículo 53 de la CP y en aras de blindar al
empleado ante posibles actuaciones arbitrarias por parte del empleador, se han
establecido límites al ejercicio del ius variandi. Recientemente, en sentencia T-074
de 2023, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

23 Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2014

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

«(i) El cambio abrupto e inconsulto de funciones, afectando la dignidad, seguridad y
formación profesional del trabajador, "pese a que no exista una desmejora en el salario
o en el horario laboral”. En ese sentido, las empresas deben tratar de concertar los
cambios con sus empleados, y, en caso de adoptar una decisión unilateral, sopesar
sus efectos.

(ii) Cuando se “modifica la sede donde se desarrolla el trabajo”, en ejercicio del ius
variandi locativo, sin tener en cuenta “criterios de antigüedad, cargas empresariales y
derechos adquiridos del trabajador”. La forma como el trabajador organiza su vida
personal, social y familiar, debe ser un criterio relevante respecto a cambios
innecesarios, motivo por el cual este tipo de modificaciones “debe atender las
exigencias técnicas y organizativas”, y también al tipo de cargo, pues los altos
ejecutivos y trabajadores muy calificados podrían tener mayor movilidad. Las plantas
de personal de carácter global y flexible de algunas entidades públicas son
características que también podrían redundar en una mayor discrecionalidad respecto
al traslado de servidores públicos.

(iii) Para modificar las condiciones laborales, el empleador debe consultar, entre otros
aspectos, las circunstancias que afectan al trabajador; la situación familiar; el estado de
salud del empleado y de sus allegados; el lugar y el tiempo de trabajo; las condiciones
salariales; el comportamiento del trabajador durante la relación laboral; y el rendimiento
demostrado.

(iv) Se debe respetar la facultad de ejercer la profesión o el oficio escogido como parte
del núcleo básico del derecho al trabajo, pues este “no se compone solamente del
derecho a la remuneración sino también a la facultad de ejercer la actividad laboral
elegida”. En ese sentido, los trabajadores no pueden ser relegados, ni discriminados.

(v) La modificación del horario laboral desconociendo los momentos dedicados al culto
religioso.

(vi) Se trata de una facultad que debe ser ejercida “dentro de los límites de la
razonabilidad y (…) las necesidades del servicio”.» (Se subraya)

14. En consonancia con lo expuesto, el Consejo de Estado ha precisado que la
administración al ejercer el ius variandi no tiene una potestad absoluta, ya que
«está limitada por los derechos y los principios mínimos laborales consagrados en el
artículo 53 de la carta Política y los derechos de carrera que le asiste [a sus servidores
públicos]» y «ese poder está determinado por las conveniencias razonables y justas que
surgen de las necesidades de la entidad y de todas maneras habrán de preservarse el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador y los principios laborales
fundamentales del artículo 53 de la Constitución Política»24.

15. Ahora bien, para esta Corporación, quien alegue que con el ejercicio del ius
variandi se le vulneraron sus derechos tiene el deber de demostrarlo. Al respecto,
en sentencia del 10 de septiembre de 202025 se indicó:

«[…] de cualquier modo, el trabajador que considere que con las medidas adoptadas
se haya perturbado uno o varios derechos fundamentales tiene el deber de demostrar
tal vulneración, porque la sola enunciación de la perturbación no es suficiente para que
el Juez constitucional u ordinario revoque la medida tomada por el empleador. el
cambio de entidades, de planta de personal y de denominación de cargo, se varíen las
funciones a desarrollar.»

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10

de octubre de 2013. Radicación no. 05001-23-31-000-2004-04860-01(1376-11). C.P. Alfonso
Vargas Rincón
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 10

de septiembre de 2020. Radicación no. 15001-23-31-000-1999-01547-01(0019-14) C.P. César
Palomino Cortés.

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

8.2. Ajuste de las plantas de personal y manuales específicos de funciones y
de requisitos.

16. De conformidad con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, las entidades de la
Rama Ejecutiva del poder público deberán cumplir con los siguientes requisitos
para reformar sus plantas de personal:

«Artículo 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas de
personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos
que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del
Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP-.
El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología para la
elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá ceñirse a los
aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las plantas de personal.
Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.»

8.3. Resolución del primer problema jurídico

17. Las UTS adelantó un proceso de modernización y rediseño institucional, con la
finalidad de modificar su estructura organizacional, planta de personal y escala
salarial.

18. Para el efecto, la Dirección Administrativa de Talento Humano de la institución
presentó una propuesta en la que se analizó detalladamente las condiciones
externas e internas de la universidad, entre las que se destacan sus estados
financieros, los procesos y procedimientos asignados a sus oficinas y la estructura
organizacional en todos sus niveles. Este documento fue aprobado por el Consejo
Directivo de las UTS26, que autorizó su implementación a través del Acuerdo 01-
017 del 2 de mayo de 201727.

19. Así las cosas, se observa que las modificaciones implementadas en la UTS son
de carácter general y se fundaron en un estudio juicioso e imparcial, en tanto se
aplicaron a todos los niveles de la estructura organizacional y afectaron a toda la
planta de personal de la institución, no sólo a la demandante.

20. En ese orden, la Sala encuentra que no le asiste la razón cuando afirma que el
cambio en sus funciones como profesional universitario, código 219, grado 07,
haya sido consecuencia de acoso laboral en su contra.

21. Por consiguiente la universidad ejerció el ius variandi dentro de los límites
constitucionales, en tanto no se presentó un cambio abrupto de funciones que
afectara su dignidad y formación profesional, se mantuvo su horario y salario, no
se modificaron los requisitos para el ejercicio del cargo y, además, estuvo
justificado en las necesidades del servicio. Sumado a ello, se le reubicó en la

26 Visible a folio 260 del archivo «037ContestacionREquerimientoAuto» del expediente digital
27 Visible a folio 272 del archivo «037ContestacionREquerimientoAuto» del expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

nueva Oficina de Control Interno Disciplinario, de tal forma que es claro que se
buscaba aprovechar su experiencia en ese campo.

22. Finalmente, se tiene que el artículo 46 de la Ley 909 de 2004 prevé la
posibilidad de que las entidades públicas reformen sus plantas de personal. Para
ello, deben motivar su decisión en necesidades del servicio o en razones de
modernización y, además, adelantar estudios técnicos que soporten tal
determinación.

23. En el caso concreto, se observa que las UTS cumplió con el aludido
requerimiento, pues se recuerda, el estudio fue aprobado por el Consejo Directivo
de la universidad el 2 de mayo de 2017.

24. Sobre el particular, advierte la Sala que no le asiste la razón a la demandante
cuando alega que estos estudios son inválidos por no contar con la aprobación de
la ESAP. Ello, en la medida en que el referido artículo 46 de la Ley 909 de 2004 no
exige ese requisito. En efecto, la norma dicta que los estudios deberán hacerse
bajo las directrices que dicten el DAFP y la ESAP, más no supedita su validez a
que dichas entidades los aprueben.

9. Estudio y resolución del segundo problema jurídico

9.1. Notificación de actos administrativos.

25. El CPACA previó diferentes formas de notificación de los actos administrativos,
en atención a su naturaleza general o particular.

26. Así las cosas, el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 -previo a las modificaciones
introducidas por la Ley 2080 de 2021- estableció que los actos administrativos de
carácter general debían notificarse en los siguientes términos:

«Artículo 65. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios
mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales,
según el caso.
Las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales
que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos
mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios,
la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen
amplia divulgación.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una
petición de interés general, se comunicarán por cualquier medio eficaz.
En caso de fuerza mayor que impida la publicación en el Diario Oficial, el Gobierno
Nacional podrá disponer que la misma se haga a través de un medio masivo de
comunicación eficaz.
PARÁGRAFO. También deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos de
elección distintos a los de voto popular.»

27. En cuanto a la notificación de los actos administrativos de carácter particular y
concreto, se dispuso que estos deben ser notificados personalmente, y cuando
ello no fuere posible, por aviso:

«Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante
o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y
gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. […].

Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz
de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o
al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la
citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de
dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.

Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al
cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que
se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el
expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra
del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino. […]

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la
fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.»

28. Asu turno, el artículo 72 del CPACA previó la notificación por conducta
concluyente en los siguientes términos:

«Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta
concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada
revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.»

29. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «la conducta concluyente es una
modalidad igualmente válida de notificación de los actos administrativos y se erige en un
mecanismo tendiente a subsanar las omisiones o irregularidades que se hayan
presentado al intentar la comunicación por el mecanismo principal esto es, el personal o
cuando fracasó la notificación por aviso o por edicto»28.

9.2. Resolución del segundo problema jurídico

30. En primer lugar, advierte la Sala que no existió irregularidad alguna en la
notificación de los actos administrativos demandados, como se procede a explicar.

31. En relación con los actos administrativos de carácter general, se observa que
fueron publicados en la página web de las UTS según lo estipulado en el artículo
65 del CPACA.

32. En cuanto a la Resolución 02-496 del 1 de junio de 2017, encuentra la Sala
que, si bien no obra constancia de su notificación, la demandante al interponer el
recurso de reposición en su contra, reveló que conocía de la decisión

28Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 28 de enero de 2021.
Radicación : 76001-23-33-000-2017-00985-01(2109-20)

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

administrativa que modificó las funciones del empleo de carrera que
desempeñaba. Es decir, se notificó por conducta concluyente, con lo cual se
subsanó cualquier irregularidad en la notificación que se hubiera presentado.

33. Finalmente, se observa que la Resolución 02-728 del 9 de agosto de 2017 fue
notificada personalmente a la demandante por intermedio de su apoderada29.

34. Así las cosas, no es cierto que existió una irregularidad en la notificación de los
actos administrativos demandados, pues aquellos de carácter general fueron
publicados en la página web de las UTS; mientras que la Resolución 02-496 del 1
de junio de 2017 se le notificó por conducta concluyente y la Resolución 02-728
del 9 de agosto de 2017 se le notificó personalmente30.

10. Costas

35. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

36. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a diferencia
de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el
arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

37. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

29 Constancia de notificación visible a folio 108 del del archivo «004AnexosDemanda» del
expediente digital
30 Constancia de notificación visible a folio 108 del del archivo «004AnexosDemanda» del

expediente digital

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00157-01 (3489-2022)
Demandante: Silvya Verónica Jaimes Cote

RESUELVE

Primero: Confirmar la sentencia del 7 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto: Luego de las anotaciones y constancias secretariales pertinentes en el
expediente y en los registros físicos y digitales a que hubiere lugar, devolver el
expediente al tribunal de origen a través de la Secretaría de esta Sección.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

EdelaOssa

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