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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00222-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Revocar la sentencia proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En su lugar: Segundo.- Anular los siguientes actos administrativos: 1. Decisión de primera instancia proferida por la Inspección General, Área Asuntos Internos, Grupo Especial de Investigación, el 30 de enero de 2017, mediante la cual se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el termino de 10 años al señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes; y 2. Decisión disciplinaria de 5 de julio de 2017, emitida por el Despacho del director general de la Policía Nacional, que confirmó la decisión inicial. Tercero.- A título de restablecimiento del derecho, Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional a: i) reintegrar al actor en el cargo que ostentaba al momento de su retiro; y ii) reconocer y pagarle a Ricardo Alfonso Flórez Reyes los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro. El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor se ajustará de conformidad con la fórmula y parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. Oficiar a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional para que registre esta decisión en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia, proceda a efectuar la correspondiente desanotación de la sanción impuesta. Quinto.- Dar cumplimiento a este fallo en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sexto.- Negar las demás pretensiones de la demanda. 45 Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022) Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros Séptimo.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la entidad demandada, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00222-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Temas: Disciplinario

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),
por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Ricardo Alfonso Flórez Reyes, Lucía Irene Torres
Chanaga, Ana Milena Fernández Castillo, Orlando Flórez Badillo y Gloria Esperanza
Reyes González formularon demanda, en orden a que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos: i) decisión disciplinaria de 30 de enero de 2017,

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

emitida, en primera instancia, por la Inspección General, Área de Asuntos Internos,
Grupo Especial de Investigación, por medio de la cual se declaró responsable
disciplinariamente y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad para
desempeñar cargos públicos por el término de 10 años; ii) decisión disciplinaria de
5 de julio de 2017, proferida por el Despacho del director general de la Policía
Nacional que confirmó la decisión inicial; y iii) Resolución 03818 de 10 de agosto de
2017, proferida por el director general de la Policía Nacional, a través de la cual se
ejecutó la sanción disciplinaria.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar su reintegro a un cargo igual y/o superior al que se encontraba
desempeñando al momento de su retiro; ii) condenar a la entidad demandada a
reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde
que se ejecutó la decisión disciplinaria y hasta cuando sea reintegrado, así como
los perjuicios morales a los que fue sometido él y su familia; iii) declarar que no
existió solución de continuidad; iv) desanotar del sistema de antecedentes
disciplinarios, la sanción impuesta; v) ordenar la actualización de las sumas que
resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y vi) condenar
al pago de los intereses moratorios, en atención a lo consagrado en el artículo 192
ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de los demandantes señaló los
siguientes:

i) El 1.º de noviembre de 2002, el señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes se vinculó
laboralmente a la Policía Nacional. Su último grado, fue el de subintendente.

ii) Al momento de su retiro, se desempeñaba en el cargo de hombre de protección
del Grupo de Protección a personas e instalaciones MEBUC de la Policía

2

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Metropolitana de Bucaramanga. Su labor fue excelente, por cuanto nunca tuvo un
llamado de atención.

iii) En el mes de enero de 2015, el centro cibernético policial informó que miembros
de la Policía Nacional habían participado en un grupo de Facebook llamado «por la
dignidad del subalterno y el respeto de los derechos laborales», promoviendo el
cese de actividades de la Institución. El mensaje del señor Ricardo Alfonso Flórez
Reyes, fue el siguiente:

El gobierno a raíz del anuncio del cese de actividades por parte del Inpec llegaron a
un acuerdo con los sindicatos y cuándo se llegará a un acuerdo con la PONAL… será
que nos toca también hacer anuncios de cese de actividades o algo parecido, para
que reconozcan nuestros derechos… Como las pensiones los ascensos y la
nivelación salarial que sólo cobijo a unos pocos, que será que nos tocará hacer?
Quizá un cese de actividades? Se las dejo hay (sic)?

iv) Con base en lo anterior, la Policía Nacional inició investigación disciplinaria en
su contra, la cual culminó con la decisión disciplinaria de 30 de enero de 2017,
emitida, en primera instancia, por la Inspección General, Área Asuntos Internos,
Grupo Especial de Investigación que declaró responsable disciplinariamente al
señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes, en su condición de subintendente, por haber
incurrido en la falta gravísima consagrada en el artículo 34 numeral 5.º de la Ley
1015 de 2006, a título de dolo; sancionándolo con destitución e inhabilidad general
para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.

v) Contra dicho acto, el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 5 de julio de 2017, por el Despacho del director general de la Policía
Nacional, confirmando la decisión inicial.

vi) El 10 de agosto de 2017, por Resolución 03818, el director general de la Policía
Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Como tales, se señalaron los artículos 29 de la Constitución Política; 2, 6, 25, 29,
125 y 137 del CPACA; y, 54 de la Ley 1015 de 2006.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de los demandantes expuso
los siguientes argumentos:

i) Se vulneró el derecho al debido proceso, en la medida en que no se tuvo en cuenta
que los operadores disciplinarios que emitieron las decisiones disciplinarias
cuestionadas, no eran competentes.

ii) El material probatorio obrante dentro del expediente no se valoró en debida forma,
en tanto que se acreditó que no fue él quien escribió el referido mensaje de datos
en su Facebook, sino que fue su compañera permanente.

iii) Aunado a ello, las pruebas no son suficientes para acreditar la falta endilgada,
en tanto el comentario fue en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

iv) Se desconoció que de demostrarse su conducta, ésta, igualmente, no vulneró
ningún deber funcional, en tanto que el servicio de la Policía Nacional no se vio
afectado en momento alguno.

v) No es cierto, como lo afirmaron los operadores disciplinarios, que hubiera recibido
orientación sobre la prevención al uniformado en el correcto uso de las redes
sociales y que, además, insiste, él no fue el autor de dicho contenido.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de las demandas, por las razones que
se expresan a continuación:1

1 Folios 309 a 317.

4

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

i) La falta disciplinaria que le fue endilgada al actor se hizo bajo el principio de
legalidad y proporcionalidad, por cuanto se ajustó a los supuestos fácticos, la
normativa y jurisprudencia aplicable. Al respecto, sostuvo que la falta fue adecuada
y se determinó con base en las pruebas allegadas y debidamente valoradas.

ii) No se vulneró el derecho al debido proceso, en tanto que al disciplinado se le
brindaron las garantías procesales pertinentes, permitiéndole ejercer su derecho a la
defensa.

iii) Las pruebas obrantes dentro del expediente disciplinario se analizaron
conjuntamente, las cuales desvirtuaron la presunción de inocencia y dieron cuenta
de que el demandante sí promovió el cese de actividades en la institución policial.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 26 de noviembre
de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en
estos términos:2

i) Teniendo en cuenta que la primera instancia en el proceso disciplinario fue
conocida por el inspector general de la Policía Nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo 54 parágrafo 1.º de la Ley 1015 de 2006, la autoridad
policial competente para conocer la segunda instancia del proceso era el director
general de la Policía Nacional, como en efecto ocurrió, razón por la cual no se
configuró una falta de competencia.

ii) En cuanto al argumento del actor relacionado con que fue su compañera
permanente quien escribió el mensaje en Facebook, se observa que la declaración
rendida no da certeza de dicha afirmación, al contrario, permite determinar que el
actor fue quien lo escribió, al ser el perfil de su propiedad.

2 Folios 630 a 639.

5

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

iii) Al ser el demandante un miembro activo de la Policía Nacional y ser esta una
institución encargada de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, no puede
aceptarse del demandante un comportamiento que insinué o pretenda promover un
cese de actividades en la entidad, máxime si se tiene en cuenta que el comentario
se realizó en un grupo creado por miembros de la institución.

iv) Es claro que el comportamiento del señor Flórez Reyes se encuentra inmerso en
el verbo rector de la conducta investigada, al promover el cese de actividades en la
institución empleando un medio masivo de comunicación como son las redes
sociales, conducta que resulta contraria a derecho y de la cual el accionante conocía
sus consecuencias, toda vez que el subintendente contaba con una experiencia
policial de más de 11 años de servicio y con una capacitación suficiente que le
permitía conocer, saber y entender que este tipo de comentarios eran constitutivos
de falta disciplinaria.

1.4. El recurso de apelación

Ricardo Alfonso Flórez Reyes, por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación3 y lo sustentó así:

i) El tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que de llegarse a acreditar que
el disciplinado realizó el comentario en su Facebook, esto se realizó bajo el derecho
a la libertad de expresión, sin que en momento alguno hubiera promovido el cese
de actividades en la institución, razón por la cual no se configuró la falta imputada.

ii) No se valoró correctamente la declaración de la señora Ana Milena Fernández
Castillo, compañera permanente del investigado, quien sostuvo que fue ella quien
escribió el comentario en el Facebook del policial.

3 Folios 648 a 659.

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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

iii) Por otra parte, los hechos no tienen relación con la vulneración de un deber
funcional, por cuanto con dicho comentario en momento alguno se suspendió la
prestación del servicio ni se generó un daño a la institución policial.

iv) Se configuró la falta de competencia, por cuanto los operadores disciplinarios
que emitieron las decisiones disciplinarias cuestionadas no tenían la facultad para
ello.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con los artículos 243 y 247, numerales 3, 4, 5 y 6 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, último que fue
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y teniendo en cuenta que no
hubo solicitud de pruebas en el recurso de apelación, se prescindió de la etapa de
alegatos de conclusión.

1.6. Concepto del ministerio público.

Guardó silencio.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición de los actos administrativos
acusados, la entidad demandada incurrió en vulneración del derecho al debido
proceso, por cuanto, primero, se configuró una falta de competencia; segundo, no
se acreditó la ocurrencia de la falta disciplinaria endilgada; y, tercero, con su
conducta, no se afectó deber funcional alguno.

7

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

2.2. Marco normativo

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del
Estado, «servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

En su artículo 6 se establece que los servidores públicos son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución Política y las leyes, y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Ahora, dentro de las garantías del derecho al debido proceso consagrado en el
artículo 29 de la Carta Política se encuentran las relacionadas a que «Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio (…) Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de
un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento;
a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho».

Por otra parte, debe resaltarse que el artículo 209 ibidem dispone como principios
de la función administrativa, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

En relación con la Policía Nacional, el artículo 218 ibidem dispone que esta
Institución es un «cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la

8

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes
de Colombia convivan en paz», y respecto a sus miembros, señala dicha disposición
que la «Ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».

En atención a lo anterior, el 7 de febrero de 2006, se expidió la Ley 1015 de 2006,
por medio de la cual se profirió el nuevo régimen disciplinario para la Policía
Nacional, dentro de la cual se señalan como sus destinatarios, el personal
uniformado escalafonado y los auxiliares de Policía que estén prestando servicio
militar en la Institución Policial.

El artículo 3 ibidem dispone que el personal destinatario de esta ley, será
investigado y sancionado por conductas que se encuentren descritas como faltas
disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización.

Ahora, respecto al derecho al debido proceso, el artículo 5 ibidem, dispone que «El
personal destinatario de este régimen será investigado conforme a las leyes
preexistentes a la falta disciplinaria que se le endilga, ante funcionario con
atribuciones disciplinarias previamente establecido y observando las garantías
contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en la ley.
La finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho
sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y
garantías debidos a las personas que en él intervienen».

Frente a la resolución de la duda y el principio de presunción de inocencia, los
artículos 6 y 7, respectivamente de dicha normativa, disponen:

Artículo 6°. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado o disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
Artículo 7°. El destinatario de esta ley a quien se le atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo
ejecutoriado.

9

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Por su parte, la Ley 734 de 2002 en relación con el principio de presunción de
inocencia, consagra en su artículo 9 que «a quien se atribuya una falta disciplinaria
se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo
ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del
investigado cuando no haya modo de eliminarla».

El artículo 20 ibidem en cuanto a la interpretación de la Ley disciplinaria, señala que
«En la interpretación y aplicación de la Ley disciplinaria el funcionario competente
debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la
efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material y el
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él
intervienen».

Ahora, en cuanto a las pruebas, el Código Disciplinario Único señaló en su artículo
128, que toda decisión proferida dentro de la actuación disciplinaria debe fundarse
en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier
sujeto procesal o de manera oficiosa, correspondiéndole la carga de la prueba al
Estado.

Frente a la oponibilidad de los medios probatorios, el artículo 138 de dicha normativa,
dispone que los sujetos procesales puedan controvertir las pruebas a partir del
momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.3.1. En relación con la vinculación laboral del demandante

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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

De acuerdo con el extracto de hoja de vida, el 1.º de abril de 2003, el señor Ricardo
Alfonso Flórez Reyes, se vinculó laboralmente al nivel ejecutivo en el cargo de
patrullero.4

2.3.2. En relación con la actuación disciplinaria

El 15 de enero de 2015, el Grupo Técnico de Investigaciones Disciplinarias
Especiales dio apertura de indagación preliminar en contra de personal por
establecer, en atención a la noticia periodística emitida en la página web del canal
de noticias RCN y a una publicación en Facebook donde se comprometía el
comportamiento de los uniformados adscritos a la institución.5

El 16 de enero de 2015, el funcionario comisionado del Grupo Técnico de
investigaciones Disciplinarias Especiales le solicitó al jefe del Centro Cibernético, lo
siguiente:6

… Me permito solicitar a mi coronel ordene a quien corresponda a llegar a la oficina…
El aseguramiento adecuado de los medios de prueba e identificación de los posibles
funcionarios implicados en la publicación y comentarios realizados al “video de
Palomino se suma a la polémica por pensiones en la policía” publicado en los medios
de comunicación el día 15 de enero de 2015 y páginas de redes sociales, sobre la
alocución realizada por el señor director general de la policía nacional de colombianos
en las instalaciones de la escuela de su oficiales y miembros del nivel del ejército, de
la siguiente manera:
1. Búsqueda en la página web en diferentes medios noticiosos, redes sociales como
Facebook, Twitter y demás donde obre información relacionada con el video objeto
de la presente indagación, estableciendo comentarios despectivos que atenten contra
el buen nombre e imagen institucional relacionados con la alocución del señor director
de la policía nacional; puntualmente verificar en el grupo denominado “dignidad del
subalterno de la página Facebook.
2. Identificar o establecer si los comentarios relacionados en el punto anterior tienen
relación con funcionarios de la policía nacional, estableciendo la identificación de los
mismos.

En la misma fecha, mediante Oficio S-2015-002652, el jefe del Centro Cibernético
Especial, informó que «la difusión en Facebook a la que se hace alusión se realizó

44 Folios 151 y 512 del cuaderno de antecedentes administrativos.
5 Folios 7 a 9 del cuaderno de antecedentes administrativos.
6 Folios 13 y 14 del cuaderno de antecedentes administrativos.

11

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

a través del grupo que tiene por nombre “por la dignidad del subalterno y el respeto
a los derechos laborales”… Cuyo perfil administrador en la Red social Facebook
figura bajo el nombre “Efra Espinosa Parra”».7

El 20 de febrero de 2015, a través de Oficio S-2015-09000, el jefe del Centro
Cibernético Especial, señaló lo siguiente:8

Respetuosamente me permito informar a mi general, la novedad observada en la Red
social Facebook a través de labores de monitoreo en fuentes abiertas de información
cuya consulta es pública, lo que señala que dicha información es accesible a cualquier
persona, donde se encuentran comentarios incentivando a paro o se cede actividades
a los miembros de la Policía Nacional publicadas en el grupo “por la dignidad del
subalterno y el respeto a los derechos laborales”
(…)
Comentario perfil Ricardo Flórez Reyes
10 de enero a las 15:59
El gobierno a raíz del anuncio de cese de actividades por parte del Inpec llegaron a
un acuerdo con los sindicatos… Y cuándo se llegará a un acuerdo con la PONAL…
será que nos toca también a nosotros hacer anuncios de cese de actividades o algo
parecido… Para que reconozcan nuestros derechos… Como las pensiones, los
ascensos y la nivelación salarial que sólo cobijo a unos pocos… Qué será lo que nos
tocará hacer? Quizá un cese de actividades…? Se las dejo ahí…
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El anterior comentario fue observado en una publicación en la biografía del grupo de
Facebook “por la dignidad del subalterno y el respeto a los derechos laborales” bajo
la URL… posteriormente se logra establecer que el perfil de Facebook bajo el nombre
Ricardo Flores Reyes y quien realiza los comentarios, Al dar clic en el nombre del
perfil corresponde al link con las siguientes características (…)
De esta manera al observar las imágenes del perfil antes descrito, se observó una
persona que porta en algunas fotos prendas alusivas a la policía nacional…

Analizando los datos públicos de cada uno de los perfiles en la Red social Facebook,
encontrando datos biográficos y haciendo una búsqueda a manera de consulta en la
base de datos de la herramienta correlación y análisis, filtrando los criterios de
búsqueda encontrados en el análisis de los perfiles en Facebook como por ejemplo
ocupación, si es miembro de la institución, grado, ubicación, grupos a los que es
miembro, nombres de familiares, imágenes, se logra establecer la siguiente
información relacionada con los perfiles:
(…)
Perfil Información
Ricardo Flórez Reyes Nombre Ricardo Alfonso
Flórez Reyes
https://www.facebook.com/ricardo.florezreyes Cedula de (…)
ciudadanía

7 Folios 15 a 17 del cuaderno de antecedentes administrativos.
8 Folios 91 a 95 del cuaderno de antecedentes administrativos.

12

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Grado Subintendente
Unidad MEBUC-DIPRO
Estado Vacaciones

En atención a lo anterior, el 20 de marzo de 2015, el Grupo Técnico de
Investigaciones Disciplinarias Especiales dio apertura de investigación disciplinaria
en contra de, entro otros, el señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes, en su condición
de subintendente, y decretó la práctica de pruebas.9

El 26 de julio de 2015, se dejó constancia secretarial de que se imprimieron los
lineamientos para el correcto uso y administración de las redes sociales, instructivo
023 de 4 de octubre de 2012, dentro del cual se señaló:10

Lineamientos para el correcto uso y administración de las redes sociales

(…)
Los usuarios de estas redes cumplen hoy un rol fundamental, pues cuentan con la
posibilidad de expresar libremente, de una manera positiva o negativa sobre infinidad
de temas y ahí es donde quienes tienen el poder de influenciar deben trabajar de
manera consciente en cómo dirigir sus audiencias hacía su objetivo principal.
(…)
Parámetros establecidos para la contextualización de los miembros de la
institución sobre las redes sociales, su interacción, participación y gestión de
la comunicación

La responsabilidad de postear O publicar contenidos en las redes sociales
institucionales es de la oficina de comunicaciones estratégicas, cuyo insumo lo
proporcionarán los grupos de comunicaciones estratégicas de las diferentes unidades
del país, previa aprobación del grupo de medios digitales.
(…)
Ser consciente que si bien la participación o actuación en estas plataformas se hace
de manera personal, se está representando a una de las instituciones que más
reconocimiento tiene en el imaginario colectivo, por lo que las interacciones que se
realicen deben estar en marcadas dentro del más absoluto respeto y discreción.
Hay una gran diferencia al hablar “el nombre de la institución” y hablar “acerca de la
institución”, razón por la cual se hace necesario tener claridad sobre estos aspectos,
máxime si en la foto de perfil la persona aparece con traje de uniforme.
Atender las normas de comportamiento con respecto a la intimidad y la vida privada
de las personas, sin quebrantar la responsabilidad que le asiste a todos los
integrantes de la institución en el cuidado y protección de la imagen y el buen nombre
de la policía nacional, para evitar hechos bochornosos que empañen su identidad a
través de las redes sociales y que potencialmente pueden repercutir en

9 Folios 109 a 115 del cuaderno de antecedentes administrativos.
10 Folios 209 a 214 del cuaderno de antecedentes administrativos.

13

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00222-01 (3945-2022)
Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

investigaciones disciplinarias establecidas en la Ley 1015 o penales según los
hechos.
(…)
Abstenerse de hacer comentarios negativos contra la institución, si algún uniformado
tiene una petición, queja o sugerencia, debe hacerlo por los canales internos
establecidos por la policía nacional.

El 10 de noviembre de 2015, el Grupo Técnico de Investigaciones Disciplinarias
Especiales formuló pliego de cargos en contra de, entre otros, el señor Ricardo
Alfonso Flórez Reyes, en su condición de subintendente, así:11

(…)
Tiempo: conducta realizada el 10 de enero de 2015, fecha en la cual se registra el
comentario.
Modo: corresponde a las presuntas irregularidades presentadas por parte del
institucional, al registrar en el grupo de la red social Facebook, denominado “Por la
dignidad del subalterno y el respeto a los derechos laborales”, quien al parecer publicó
mensajes de datos, en el que comunica contenidos incentivando al paro o cese de
actividades a los miembros de la Policía Nacional.
Lugar: hecho ocurrido en ámbito de ciberespacio, desarrollado en el uso de las
nuevas tecnologías, que se han convertido en un escenario significativo, ante el cual
se desenvuelven algunas relaciones humanas; cuyo lugar en el que ocurrieron los
hechos materia de investigación, estaría conformado en la red social Facebook, en el
grupo denominado “por la dignidad del subalterno y el respeto a los derechos
laborales” bajo el perfil “Ricardo Flórez Reyes” (…) es allí en donde desarrolló las
diferentes actividades, desde un espectro virtual; pero materializado en el mundo
exterior generando consecuencias y actividad, siendo este su lugar tangible donde se
configura el tipo disciplinario, en el que se pueda realizar desde un concepto de
totalidad O absolutismo, entendiendo este como un vasto campo de universalidad
tangible a las sensopercepción y a los estados vitales del ser humano, como aquel
ser de la entelequia encargado de transfor su entorno y su espacio a través de los
medios tecnológicos, como resultado de la transformación y constante evolución de
la capacidad humana, en sus deseos de perfeccionar las comunicaciones.
(…)
Ley 1015 de 2006. Artículo 34. Faltas gravísimas. Numeral cinco. Realizar, promover
o permitir actividades tendientes a paralizar total o parcialmente la prestación del
servicio que corresponde a la institución.
Ante la adecuación como imputación fáctica y subsiguiente las condiciones en que al
parecer se genera la ilicitud sustancial de su comportamiento, correspondiendo a la
imputación jurídica y teniendo ese verbo rector de promover, que se infiere iniciar o
impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro, siendo así que el investigado
como servidor público perteneciente a la policía nacional, se le está permitido
únicamente lo dispuesto en la constitución y la ley, debiendo propender por el logro
del objetivo principal para el cual fue nombrado, esto es, servir al Estado y la
comunidad en general, pero el investigado, el señor superintendente Ricardo Alfonso
Flores Reyes, al parecer público mensaje de datos mediante el cual comunica por

11 Folios 238 a 327 del cuaderno de antecedentes administrativos.

14

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

medios electrónicos, contenido incentivando al paro o 60 actividades a los miembros
de la policía nacional, en la Red social Facebook, en el grupo denominado “por la
dignidad del subalterno y el respeto a los derechos laborales” bajo el nombre "Ricardo
Flores Reyes", circunstancia que le era prohibida por su condición de empleado
público, con el comportamiento desplegado por el aquí disciplinado, al parecer, contra
vino el artículo 34. Faltas gravísimas en su numeral cinco, de la ley 1015 de 2006, al
parecer con el comentario realizado, promovió actividades tendientes a paralizar total
o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución, así: el
gobierno ha traído el anuncio de 60 actividades por parte del Intal parecer, contra vino
el artículo 34. Faltas gravísimas en su numeral cinco, de la ley 1015 de 2006, al
parecer con el comentario realizado, promovió actividades tendientes a paralizar total
o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución, así: el
gobierno ha traído el anuncio del cese de actividades por parte del Inpec llegaron a
un acuerdo con los sindicatos… Y cuando se llegar a un acuerdo con la PONAL…
será que nos toca también a nosotros hacer anuncios de cese de actividades o algo
parecido… Para que reconozcan nuestros derechos… Como las pensiones, los
ascensos y la nivelación salarial que sólo cobijo a unos pocos… Qué será lo que nos
tocará hacer? Quizá un cese de las actividades…? Se las dejo ahí….
(…)
Forma de culpabilidad
(…)
El investigado, su intendente Ricardo Alfonso Flores Reyes, bajo el perfil de la Red
social Facebook “Ricardo Flores Reyes”… Al momento de unirse al grupo en dicha
Red social “por la dignidad del subalterno y el respeto a los derechos laborales”
plasmó su voluntad al manifestado de manera pública el mensaje, con la presunta
finalidad de promover actividades tendientes a paralizar parcialmente la prestación
del servicio que corresponde a la institución.

Asimismo es al parecer evidente la voluntariedad Y presunta intencionalidad de
incurrir en los comportamientos descritos, que son lesivos al parecer la disciplina
institucional, porque se vulnera la esencia de la ley, de las normas dadas para hacer
un correcto uso de las redes sociales, según las previsiones probatorias, el señor
investigado, dispuso su decisión personal para al parecer actuar de manera contraria
a la función policial, lo ilícito de la norma y el alejamiento de circunstancias que
justificar a su comportamiento por lo que se prevé al parecer y se infiere
presuntamente que el hecho de utilizar las redes sociales Facebook, para crear
mensajes electrónicos de datos por intermedio del grupo en mención, presuntamente
con el fin de promover actividades tendientes a paralizar parcialmente la prestación
del servicio que corresponde a la institución, todo ello, en contravía al parecer de su
deber funcional, como activo en la institución Policía Nacional.

El 14 de noviembre de 2015, el señor Flórez Reyes, a través de apoderado judicial,
presentó sus descargos.12

12 Folios 379 a 394 del cuaderno de antecedentes administrativos.

15

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El 2 de marzo de 2016, el subintendente Ricardo Alfonso Flórez Reyes rindió su
versión libre, dentro de la cual afirmó:13

1. Como lo manifestó mi apoderado en los descargos presentados en tiempo, en la
época de los hechos yo ya estaba haciendo vida en común con Ana Milena Fernández
Castillo, con quien aún convivo y procreamos a mi único menor hijo (…)
3. Para la época de los hechos, es decir cuando ocurrió el comportamiento por el cual
se me está disciplinando yo estaba desempeñándome como escolta del doctor Carlos
Roberto Ávila, alcalde del municipio de Floridablanca, por lo que dadas las calidades
del personaje bajo mi cuidado y protección no tenía constante acceso a redes sociales
vía Internet, ni siquiera por el celular, pues atendía fielmente mis obligaciones, mucho
menos el seguimiento de grupos y muros de familiares y amigos, si acaso los fines de
semana y en cortos lapsos.
4. En el momento en que se hace la publicación por la cual estoy siendo investigado,
el acceso a mi cuenta personal de Facebook no era restringido ni en mi celular ni en
el computador de la casa en que convivo con mi compañera Ana Milena Fernández
Castillo, la sesión estaba constantemente abierta, no sólo a ella, sino a quien usar el
computador, el cual tenía también acceso mi cuñado, Juan Carlos Fernández Castillo
quien nos frecuenta y accede sin ningún problema (…)

El 29 de junio de 2016, el subteniente Jhovan Esteban Moreno Rodríguez, presentó
su declaración, dentro de la cual sostuvo:14

(…) preguntado. Conforme a lo expuesto en el oficio… De 23 de enero de 2015,
indique al despacho si hay certeza de que fue desde el perfil de Facebook a nombre
de Ricardo Alfonso Flores del que se hizo la siguiente publicación en el grupo de
Facebook denominado “por la dignidad del subalterno y el respeto a los derechos
laborales cierro comillas…Contestó. Dichos comentarios si fue realizado en el grupo
“por la dignidad del subalterno y el respeto a los derechos laborales”, por el perfil
“Ricardo Flores Reyes” encontrándose preservado en un CDI anexo a dicho informe.
Preguntado. Conforme a lo expuesto en el oficio… De 23 de enero de 2015, indique
al despacho si hay certeza de que fue personalmente en la ca disciplinado, su
intendente Ricardo Alfonso Flores quien hizo la siguiente publicación en el grupo de
Facebook… Contestó. Dentro de las políticas de uso quien administra un perfil es
responsable de las publicaciones que allí se realizan, como comentarios, fotos,
imágenes y contenidos. una vez analizado los datos públicos del perfil “Ricardo Flores
Reyes” como lo son: nombre, grado, insignias y demás información que allí se publica
y que de manera pública pueden inducir razonablemente a que su perfil sea
administrado por el señor Ricardo Alfonso Flores Reyes.

El 19 de julio de 2016, la señora Ana Milena Fernández Castillo rindió su
declaración, dentro de la cual adujo:15

13 Folios 625 y 626 del cuaderno de antecedentes administrativos.
14 Folios 726 a 731 del cuaderno de antecedentes administrativos.
15 Folios 784 a 786 del cuaderno de antecedentes administrativos.

16

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Preguntado. Informe al despacho si usted tiene de la cuenta de la red social Facebook
con el nombre Ricardo Flores Reyes, en caso afirmativo indique al despacho porque
la conoce y a quien pertenece dicha cuenta. Contestó. Claro que la conozco
pertenece a Ricardo mi esposo. Preguntado. Aclara el despacho si usted ha utilizado
la cuenta conocida con el nombre Ricardo Alfonso Flores Reyes en caso afirmativo
indique en qué situaciones realizó dicho acceso a dicha cuenta. Contestó. Yo utilizo
la cuenta desde que nosotros estamos conviviendo, o sea yo tengo las cuentas
personales de él y él tiene las mías, yo entro a mirar a ver con quién habla y
chismosear el Facebook, alguna vez hice un comentario a una muchacha que le
escribió algo muy personal y entre esos comentarios yo hice uno, porque había un
grupo llamado por la dignidad del subalterno, había un comentario del Inpec, se me
hizo fácil contestar ya que yo me vi afectada o me tocó a mí, por la condición
económica de nosotros yo hice un comentario, no pensé que eso lo afectaba a él, a
mi esposo Ricardo. Preguntado. En el pliego de cargos se cita lo siguiente, “el
gobierno a raíz del anuncio del cese de actividades por parte del Inpec llegaron a un
acuerdo con los sindicatos: cuando llegara a un acuerdo con la Ponal… será que nos
toca hacer a nosotros hacer un anuncio de cese de actividades o algo parecido…
Para que reconozcan nuestros derechos como las pensiones, ascensos y nivelación
salarial que sólo cobijo algunos pocos… Qué será lo que nos tocará hacer, quizá un
cese de actividades” en relación con ello indica el despacho si ese comentario lo
realizó usted. Contestó. Si yo hice el comentario ya que como le explicaba antes
nosotros, el sueldo de él es muy bajo tenemos muchas obligaciones con los niños y
el lugar, entonces se me hizo fácil en ese momento opinar o decir lo que sentía, sin
pensar que de pronto eso le fuera causar toda esta cantidad de problemas.
Preguntado. Indique al despacho a través de qué medio tecnológico usted tenía
acceso a la red social del señor Ricardo Flores. Contestó. Bueno a través del celular
más que todo, pero también cuando tenía el computador portátil de la casa, teníamos
conocimiento de las claves de las redes sociales. Preguntado. Indique al despacho
se le indicó a su compañero el señor Ricardo Alfonso de dichos comentarios
realizados por usted desde la cuenta personal de Facebook, referentes de los
aspectos que tienen que ver con la institución policial. Contestó. Yo no, siempre que
yo hacía algún comentario yo no le decía, alguna vez él me hizo las preguntas y yo
había escrito algo y yo le contesté que no había hecho ningún comentario y menos
de la institución… Preguntado. De acuerdo a su respuesta anterior y cuando usted
hace referencia a que hizo un comentario de la Red social Facebook, consistente
en… Indique al despacho a qué se refería exactamente a reconocer las pensiones.
Contestó. En eso no hice tanto énfasis en las pensiones era para completar el
comentario, igual no tengo mucho conocimiento de eso y lo poco que conozco es que
el tiempo para llegar a la pensión ha subido creo que cinco años no tengo muy claro,
aló que me refería a que le reconocieran todo, más que todo un aumento de sueldo.
Ya que el trabajo es pesado porque nosotros casi no tenemos mucho tiempo para
compartir con la familia. Demasiado tiempo de trabajo. Preguntado. De acuerdo a su
comentario en Facebook, indique al despacho cuál fue el acuerdo con los sindicatos
del Inpec. Contestó. Inpec pues ellos incitaron a los funcionarios a hacer un cese de
actividades no sé a ellos les mejoraron las condiciones salariales, eso fue lo que yo
vi en las noticias, no sé.

El 30 de enero de 2017, la Inspección General, Área Asuntos Internos, Grupo
Especial de Investigación, en primera instancia, declaró responsable

17

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disciplinariamente a, entre otros, el señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes, en su
condición de subintendente, por haber incurrido en la falta gravísima consagrada en
el artículo 34 numeral 5.º de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo; sancionándolo
con destitución e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 10 años.16

Contra el anterior acto, el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto el 5 de julio de 2017, por el Despacho del director general de la Policía
Nacional, confirmando la decisión inicial.17

El 10 de agosto de 2017, mediante Resolución 03818, el director general de la
Policía Nacional ejecutó la sanción disciplinaria impuesta.18

2.5. Caso concreto – Análisis de la Sala

2.5.1. Análisis integral de la actuación disciplinaria, dentro del proceso
contencioso administrativo

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene como finalidad
restaurar el ordenamiento jurídico transgredido con ocasión de la expedición de un
acto administrativo que quebranta las normas legales o constitucionales con la
consecuente decisión de restablecer el derecho vulnerado. Esta competencia ha de
estar en consonancia con la previsión contenida en el artículo 103 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala como
objeto de esta jurisdicción la efectividad de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley y la preservación del orden jurídico e impone la observancia de
los principios constituciones y del derecho procesal.

16 Folios 950 a 1227 del cuaderno de antecedentes administrativos.
17 Folios 1521 a 1587 del cuaderno de antecedentes administrativos.
18 Folios 1588 y 1599 del cuaderno de antecedentes administrativos.

18

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La anterior previsión encuentra sustento constitucional en los artículos 1, 2, 4, 29,
228 y 230, normas contentivas de principios y valores que imponen su acatamiento
como presupuesto de legitimidad institucional y legalidad de los actos jurídicos que
sus representantes profieren. De modo que toda manifestación de voluntad estatal
conecta indiscutiblemente con la nueva realidad del Estado que no sólo ha de ser
percibido en su papel de represor y vigilante, sino en su sentido más significativo de
garante y constructor de aquellas realidades que tienen como propósito el bienestar
del individuo como fin en sí mismo.

Por ello, el papel del juzgador no puede quedar relegado al de simple verificador,
condicionado por los formalismos que imponen restringir su ámbito de razonamiento
a los términos de una demanda o de los mismos actos, frente a los cuales no es
dable simplemente declarar su conformidad o disonancia con el ordenamiento
jurídico, con la posibilidad de que la decisión de la controversia jurídica resulte
insuficiente para los fines mismos de la justicia. El salto cualitativo que imprimió al
juzgador la Constitución de 1991, permite anteponer el análisis pleno, integral del
caso.

Sobre este tema, esta Subsección en sentencia de 26 de marzo de 2014, con
ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren razonó en los siguientes
términos:

3.4. Alcance del control judicial frente a procesos disciplinarios.

El control que ejerce la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos
administrativos disciplinarios proferidos por la Administración Pública o por la
Procuraduría General de la Nación es un control pleno e integral, que se efectúa
a la luz de las disposiciones de la Constitución Política como un todo y de la ley en
la medida en que sea aplicable, y que no se encuentra restringido ni por aquello que
se plantee expresamente en la demanda, por ende no serán de recibo las
interpretaciones restrictivas que limiten la función disciplinaria a simplemente
garantizar el pleno apego con el orden jurídico como garantía de legitimidad de estas
potestades públicas.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de
derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.) y de primacía
normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (art. 4, C.P.),
implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del

19

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ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la
jurisdicción contencioso-administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En
efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales
establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces
sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias
atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque
garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos
si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.

Esta postura judicial supone evidentemente una rectificación a la posición doctrinal
y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, en cuyo alero las atribuciones del
juez contencioso-administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la
protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes
recurren a la justicia, que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio
de jurisdicción rogada en lo contencioso-administrativo. Este cambio,
constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un
pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda -
Subsección B de esta Corporación, y dando aplicación directa a los mandatos de
la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades
garantistas del juez contencioso-administrativo en materia de control de las
decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el
principio de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura
jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto
obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por
materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos
establecidos en la Constitución.19

Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción
contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene
un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo
cual este control judicial contencioso-administrativo no puede ser objeto de
interpretaciones que restrinjan su alcance.

El planteamiento indicado resulta confirmado por la amplísima jurisprudencia de la
Corte Constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela, en la cual se
ha explícitamente afirmado que las acciones ante la jurisdicción contenciosa -en
nulidad o nulidad y restablecimiento- son, los medios judiciales idóneos para proteger
los derechos fundamentales de quienes estén sujetos a un proceso disciplinario. En
efecto, la Corte Constitucional en jurisprudencia repetitiva ha explicado que los actos
de la procuraduría son actos administrativos sujetos a control judicial por la
jurisdicción contenciosa, regla que ha sido aplicada en incontables oportunidades
para examinar la procedencia de la acción de tutela en casos concretos, en los que
se ha concluido que ante la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela
se hace improcedente salvo casos de perjuicio irremediable -que por regla general
no se configuran con las decisiones sancionatorias de la procuraduría-. Se puede
consultar a este respecto la sentencia T-1190 de 2004, en la cual la Corte afirmó que
el juez de tutela no puede vaciar de competencias la jurisdicción contencioso-

19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación No. 76001-23-31-000-2000-02501-01(1146-05).
Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. consejera ponente:
Bertha Lucía Ramírez de Páez.

20

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administrativa, encargada de verificar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Procuraduría en ejercicio de sus potestades disciplinarias. La lógica
jurídica aplicada por la Corte Constitucional al declarar improcedentes acciones de
tutela por ser idóneos los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho para
ventilar las pretensiones de anulación de decisiones disciplinarias por violación de la
Constitución, es la misma lógica jurídica que sustenta el ejercicio de un control más
que meramente formal por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre estos
actos administrativos.
(…)

Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación, dejó sentado que el control de legalidad de actos de carácter
sancionatorio como los proferidos en el marco de una actuación disciplinaria,
conlleva, entre otras cosas, el estudio encaminado a verificar que dentro del trámite
correspondiente se hubieran observado las garantías constitucionales que le
asisten al sujeto disciplinado y, en general, comporta un control judicial integral. Dijo
la Sala:

«b) EI control judicial integral de la decisión disciplinaria. Criterios de unificación. El
control que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos
administrativos disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo
contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su
lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se
realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales.
(…)
Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es
plena, sin "deferencia especial" respecto de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un
procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo
restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria
hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por
el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo
es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control
judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El
juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»20

20 Sentencia proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez (E), referencia:
110010325000201 100316 00 Núm. interno: 1210-11, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

21

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta
controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente
trascrita.

2.5.2. Violación del derecho al debido proceso

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002, disponen que
el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter
administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y con observancia
de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional respecto al mencionado derecho, ha manifestado que en
materia disciplinaria las actuaciones deben estar acordes a este, en garantía de un
orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el
control de la potestad estatal disciplinaria21.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el «conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este

21 Sentencia C-708 de 22 de septiembre de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

22

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derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas»22.

Frente a lo anterior, el demandante sostuvo que se le vulneró el derecho al debido
proceso, por cuanto, primero, los operadores disciplinarios que emitieron los actos
administrativos cuestionados no eran competentes para el efecto; segundo, no se
configuró la falta endilgada, por cuanto el comentario expuesto en su red social se
realizó bajo el marco del derecho a la libre expresión, aunado al hecho de que no
fue él directamente quien lo realizó: y, tercero, con su conducta no se vulneró ningún
deber funcional.

2.5.2.1. De la falta de competencia

El artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece como causales de nulidad de todo acto administrativo, las
siguientes: «Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas
en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación,
o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió».

22 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.

23

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Respecto a la competencia, la doctrina la ha definido como «el conjunto de
facultades, de poderes y de atribuciones que corresponden a un determinado
órgano en relación con los demás»23 «Potestad, aptitud habilidad, idoneidad,
disposición, etc que pueda tener una autoridad administrativa para ejercer
determinada función. En derecho administrativo colombiano, la autoridad
genéricamente designada debe estar revestida de las atribuciones necesarias
cuando cumpla funciones administrativas, de lo contrario los actos administrativos
que ella expida estarán viciados de ‘incompetencia’»24

2.5.2.1.1. De la competencia para adelantar investigaciones disciplinarias

De conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional, la finalidad del
control disciplinario es garantizar que la función pública sea llevada a cabo en
beneficio de la comunidad y para proteger los derechos y libertades de los
asociados25. Dicha potestad es ejercida tanto por la Procuraduría General de la
Nación, como por las Personerías y por las entidades a través de las oficinas de
control disciplinario. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 734 de 2002, dispone:

Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario
preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y
Municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del
Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus
dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales, es la
jurisdicción disciplinaria.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la
comisión de la falta. (Negrilla fuera de texto).

En atención a esta norma, la acción disciplinaria se lleva a cabo, preferentemente,
por la Procuraduría General de la Nación a través de un control externo por parte
del procurador general de la nación, los procuradores delegados, regionales y
provinciales, conforme a sus competencias establecidas en el Decreto 262 de 2000.

23 García Trevijano Fos, José Antonio. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Madrid. Editorial

Revista Derecho Privado 1970
24 Arnanz, Rafael A. De la competencia administrativa. Madrid. Editorial Montezorro, 1967.
25 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-417 de 1993, C-251 de 1994, C-427 de 1994.

24

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De igual forma, esta facultad punitiva del Estado también puede ser ejercida por
cada entidad pública, para lo cual debe contar con una oficina de control interno
disciplinario encargada de conocer de los trámites disciplinarios iniciados en contra
los servidores públicos de sus dependencias; y por las Personerías Municipales y
Distritales.

Ahora bien, la competencia en materia disciplinaria para la Policía Nacional, se
determina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1015 de
200626, por la calidad del sujeto disciplinable, el territorio donde se cometió la falta,
el factor funcional y el factor de conexidad.

Frente a cada una de ellas, los artículos 48, 49 y 50, respectivamente, prevén:
«corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional enunciados (…) de esta ley,
disciplinar al personal de la Institución»; «es competente el funcionario de la Policía
Nacional con atribuciones disciplinarias del territorio donde se realizó la conducta y
en los casos de omisión, donde debió realizarse la acción»; y «cuando un
uniformado de la Institución cometa varias faltas disciplinarias conexas, se
investigarán y decidirán en un solo proceso».

A su vez, el artículo 54 ibidem enlista las autoridades con atribuciones disciplinarias,
a quienes se le asigna competencia para conocer las faltas del personal uniformado
de la Institución Policial, de acuerdo con las siguientes reglas:

ARTÍCULO 54. AUTORIDADES CON ATRIBUCIONES DISCIPLINARIAS. Para
ejercer la atribución disciplinaria se requiere ostentar grado de Oficial en servicio
activo. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para conocer e imponer las
sanciones previstas en esta ley, las siguientes:

1. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por el Inspector General.

2. INSPECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.

En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Inspectores Delegados.

26 «Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional».

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En Primera Instancia de las faltas cometidas por:

a) Oficiales Superiores;

b) Personal en comisión en el exterior;

c) Personal en comisión en organismos adscritos o vinculados a la Administración
Pública;

d) Jefes de Oficinas Asesoras de la Dirección General de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 1o. Podrá iniciar, asumir, proseguir, remitir o fallar cualquier actuación
disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad policial señalada en esta
ley, cuando por su trascendencia afecte gravemente el prestigio e imagen
institucional.

PARÁGRAFO 2o. Sin perjuicio de su atribución disciplinaria, el Inspector General
ejercerá vigilancia, control y seguimiento de las actuaciones disciplinarias.

3. INSPECTORES DELEGADOS.

a) En Segunda Instancia de las decisiones proferidas por los Jefes de Oficinas de
Control Disciplinario Interno de su jurisdicción;

b) En Primera Instancia de las faltas cometidas por los Oficiales Subalternos en su
jurisdicción.

4. JEFE DE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA DIRECCION
GENERAL.

En Primera Instancia de las faltas cometidas en la ciudad de Bogotá, D. C., por el
personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, y Auxiliares de Policía, que labore
en la Dirección General, Subdirección General, Inspección General, Direcciones y
Oficinas Asesoras.

5. JEFES DE OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE POLICIAS
METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTOS DE POLICIA.

En Primera Instancia de las faltas cometidas en su jurisdicción, por el personal del
Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares de Policía, y Estudiantes de las
Seccionales de Formación de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO. La Oficina de Control Disciplinario Interno de Comando de Policía
Metropolitana organizada por Departamentos, conocerá en Primera Instancia de las
faltas cometidas por el personal del Nivel Ejecutivo, Suboficiales, Agentes, Auxiliares
de Policía, y Estudiantes de las Seccionales de Formación de la Policía Nacional,
adscrito al respectivo Comando de Metropolitana.

De acuerdo al material probatorio obrante dentro del expediente, se observa que el
señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes pertenecía al nivel ejecutivo de la Policía

26

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Nacional27 y, por lo tanto, en principio, el funcionario competente para adelantar la
investigación en primera instancia era el jefe de la Oficina de Control Disciplinario
Interno de la Policía Metropolitana y departamento de Policía de donde sucedieron
los hechos, conforme a lo expuesto en el numeral 5.º del artículo 54 de la Ley 1015
de 2006.

No obstante lo anterior, el parágrafo primero del numeral 2.º de la misma norma,
dispone que el inspector general puede iniciar, asumir o proseguir, remitir o fallar
cualquier actuación disciplinaria, cuya atribución esté asignada a otra autoridad
policial señalada en la norma, cuando por su trascendencia afecte gravemente el
prestigio e imagen institucional, situación que se presentó en este caso, siendo esta
la razón para que el inspector general, Área Disciplinaria, Grupo Técnico de
Investigaciones Disciplinarias Especiales conociera en primera instancia el asunto.

En ese orden de ideas, la competencia para investigar y disciplinar al señor Flórez
Reyes, en primera instancia, sí podía recaer en la Inspección General de la Policía
Nacional.

Ahora, en lo que respecta a la segunda instancia, la misma disposición citada señala
en el numeral 1.° que corresponde al director general, en segunda instancia,
conocer las decisiones proferidas por el inspector general.

En conclusión, el inspector general y el director general de la Policía Nacional eran
los funcionarios competentes para adelantar el proceso disciplinario seguido en
contra del subintendente Ricardo Alfonso Flórez Reyes, motivo por el cual este
cargo no está llamado a prosperar.

2.5.2.2. De la tipicidad en materia disciplinaria

El artículo 4 de la Ley 734 de 2002, dispone que «el servidor público y el particular
en los casos previstos en este código solo serán investigados y sancionados

27 De conformidad con lo establecido en el artículo 5.º del Decreto 1791 de 2000.

27

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disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley
vigente al momento de su realización», siendo esta la consagración legal que impone
la realización de un proceso de subsunción típica en cada proceso disciplinario, que
implica que el operador determine expresamente en cada caso si el comportamiento
investigado, según como haya sido demostrado, se adecua efectivamente a la
descripción típica establecida en la ley que se va a aplicar.

Por su parte, el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha
establecido en cuanto a este principio en materia disciplinaria, que28:

En esa medida, el proceso de subsunción típica de la conducta de quien es sometido
a un proceso administrativo disciplinario constituye uno de los componentes de la
legalidad de las actuaciones de la autoridad disciplinante. Sólo luego de haber surtido
de manera expresa y detallada dicho proceso de razonamiento lógico-jurídico en el
texto mismo de la decisión disciplinaria, podrá llegarse a la conclusión de que la
conducta investigada es típica. La subsunción típica se vincula así directamente, en
tanto componente necesario, al principio de tipicidad en el derecho disciplinario. Es,
más aún, un proceso de naturaleza técnica que los operadores disciplinarios han de
desplegar con el mayor rigor jurídico, ya que en ello se juega el ejercicio efectivo de
los derechos fundamentales procesales y sustantivos del procesado; por lo mismo,
presupone que la legislación sancionadora que se invoca haya sido debidamente
interpretada en todos sus componentes de conformidad con los distintos métodos
hermenéuticos que operan en el sistema colombiano, y que las pruebas que obran en
el proceso demuestren en forma contundente la ocurrencia de los hechos y la
culpabilidad individual del procesado.

En materia disciplinaria, el proceso de subsunción típica de la conducta del procesado
tiene ciertas especificidades que le diferencian del proceso de subsunción típica que
realizan los jueces penales. Según ha explicado la Corte Constitucional, en virtud de
la admisibilidad del uso, en el ámbito disciplinario, de tipos abiertos y conceptos
jurídicos indeterminados, el fallador disciplinario cuenta con un margen más amplio
para realizar el proceso de subsunción típica – margen que se activa, se infiere
necesariamente, cuando se está ante un tipo abierto o un concepto indeterminado, y
que consiste esencialmente en que la autoridad disciplinaria puede –y debe- acudir a
una interpretación sistemática de las normas invocadas para efectos de realizar la
adecuación típica. En palabras de la Corte Constitucional, esta diferencia entre el
derecho penal y el derecho disciplinario «se deriva de la admisión de los tipos en
blanco o abiertos y de los conceptos jurídicos indeterminados en materia disciplinaria,
[y] hace referencia a la amplitud hermenéutica con que cuenta el operador
disciplinario al momento de interpretar y aplicar la norma disciplinaria. // Así las cosas,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que el investigador disciplinario dispone
de un campo más amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o
no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes. En este mismo
sentido, esta Corte ha señalado en múltiples oportunidades que en materia

28 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 26 de marzo de 2014,

expediente No. 0263-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

28

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disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de
adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción
de las faltas disciplinarias debe ser objeto de complementación o determinación a
partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan
deberes, mandatos y prohibiciones»29.

2.5.2.2.1. Sistema probatorio en el régimen disciplinario de la Policía Nacional

La Constitución Política en los artículos 217 inciso 230, y 21831 otorgó al legislador
la facultad para establecer un régimen especial de carácter disciplinario aplicable a
los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). En
atención a lo anterior y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional32 el legislador
expidió la Ley 1015 de 2006, Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, en cuyos
artículos 16 y 58 señaló en cuanto al procedimiento y régimen probatorio, lo
siguiente:

Artículo 16. Contradicción. Quien fuere objeto de investigación tendrá derecho a
conocer las diligencias que se practiquen, a controvertirlas y a solicitar la práctica
de pruebas, tanto en la Indagación Preliminar como en la Investigación Disciplinaria.

Artículo 58. Procedimiento. El procedimiento aplicable a los destinatarios de la
presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo
modifiquen o adicionen.

De acuerdo con las anteriores disposiciones y atendiendo a la sentencia C-712 de
2001 de la Corte Constitucional, en materia disciplinaria el régimen probatorio de la
policía nacional se rige por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único – Ley 734
de 2002.

En cuanto a las pruebas y su práctica, el Código Disciplinario Único dispone en los

29 Corte Constitucional, sentencia C-030 de 2012, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Constitución política, artículo 217. (…). La Ley determinará el sistema de reemplazos en las
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen
especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
31 Constitución política, artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. (…). La ley determinará

su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
32 La Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001 declaró inexequible la reglamentación sobre

los aspectos procesales y probatorios definidos en el Libro Segundo del Decreto Ley 1798 de 2000
– antiguo Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, toda vez que el ejecutivo no podía por medio
de facultades extraordinarias dictar un procedimiento especial y diferente al previsto en el Código
Disciplinario Único.

29

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artículos 132, petición y rechazo de pruebas; 133, práctica de pruebas por
comisionado; 138, oportunidad para controvertir la prueba; y 144, apreciación
integral de las pruebas, así:

Artículo 132. Petición y rechazo de pruebas. Los sujetos procesales pueden aportar
y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán
rechazadas las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán
las practicadas ilegalmente.

Artículo 133. Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario competente podrá
comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior
categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.

Artículo 138. Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos procesales podrán
controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación
disciplinaria.

Artículo 141. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse
conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En toda decisión
motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que ésta se
fundamenta.

De dichas disposiciones se concluye que: 1) el sujeto procesal investigado tiene el
derecho a solicitar la práctica de pruebas, el cual está supeditado al escrutinio que
la autoridad disciplinaria realice sobre la conducencia, oportunidad y pertinencia; 2)
para la práctica de las pruebas el funcionario investigador puede comisionar a
funcionarios de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales bajo
la condición de que esos sean de igual o inferior categoría; 3) las pruebas
practicadas pueden ser controvertidas por el disciplinado en cualquier momento de
la actuación disciplinaria; y 4) las pruebas deben apreciarse en conjunto conforme
a las reglas de la sana critica.

Ahora bien, en cuanto a la sana crítica esta Subsección33 ha señalado, que «como
criterio de valoración probatoria, está edificada con los criterios de la lógica, el uso
de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la experiencia. Respecto de la lógica,
podemos destacar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. En
cuanto a la ciencia y la técnica, ello está asociado con las opiniones, estudios y
dictámenes de los expertos en determinadas materias. A su vez, las reglas de la

33 En sentencia de 14 de mayo de 2020, radicación N.º 4094-2018.

30

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experiencia pueden ser individuales y colectivas, como también pueden ser
construidas por conocimientos públicos y privados.34 Una regla de la experiencia
plena es la que tiene en cuenta tanto lo colectivo como lo público. 35 Estas pueden
acreditarse por cualquier fuente de conocimiento, sin que sea necesario una prueba
o cierta formalidad.36».

Así las cosas, si bien no existe una tarifa legal para decir cómo debe acreditarse un
hecho o circunstancia, los razonamientos probatorios pueden apoyarse en
diferentes medios de convicción que lleven al convencimiento sobre algo que
ocurrió, lo cual requiere un proceso racional, ponderado, objetivo, revestido de
ecuanimidad y rectitud de juicio.

En este asunto, la Inspección General, Área Disciplinaria, Grupo Técnico de
Investigaciones Disciplinarias al momento de formular pliego de cargos, sostuvo que
el señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes incurrió en la falta gravísima dispuesta en el
artículo 34 numeral 5.º de la Ley 1015 de 2006, que prevé «Realizar, promover o
permitir actividades tendientes a paralizar total o parcialmente la prestación del
servicio que corresponde a la Institución.».

De acuerdo con lo mencionado, los elementos básicos de la conducta típica
descritos en la falta imputada a la parte actora, son: 1) tres verbos rectores,
consistentes en realizar, promover o permitir; y, 2) actividades tendientes a paralizar
total o parcialmente la prestación del servicio que corresponde a la institución.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define promover, como
«impulsar el desarrollo o la realización de algo» y paralizar, como «detener,
entorpecer, impedir la acción o movimiento de algo».

34 Coloma Correa, Rodrigo; y Agüero San Juan, Claudio. LÓGICA, CIENCIA Y EXPERIENCIA EN

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Revista Chilena de Derecho, vol. 41, n.º 2, pp. 673 – 703. 2014.
35 Ibidem.
36 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Librería ediciones del Profesional LTDA.

Décima sexta edición. Bogotá. 2008. Pp. 96 y 97.

31

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Por otra parte, de conformidad con la Corte Constitucional, la Policía Nacional es un
cuerpo armado permanente de naturaleza civil cuyo fin primordial es el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz.37

En consideración a ello, la Policía Nacional cumple una función dentro de un Estado
Social de Derecho, en atención a su labor de mantener las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas38.

El artículo 219 de la Constitución Política, señala que «La Fuerza Pública no es
deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir
peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad
del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no
podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni
intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos».

Así las cosas, si bien la Constitución garantiza el derecho a la huelga de los
trabajadores y la conformación de sindicatos, ello se encuentra prohibido para los
miembros de la Fuerza Pública.

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante dentro del expediente
y la falta imputada al señor Flórez Reyes, la Sala encuentra lo siguiente:

(I) En enero de 2015, un miembro de la Policía Nacional, el subintendente Efraín
Espinosa Parra, creó un grupo en la red social Facebook denominado «por la
dignidad del subalterno y el respeto de los derechos laborales».

(II) El 10 de enero de 2015, en esa misma red social, el subintendente Ricardo
Alfonso Flórez Reyes realizó el siguiente comentario, dentro del grupo antes
señalado:

37 Artículo 218 de la Constitución Política de 1991.
38 C- 492 de 1992, C-179 de 2007.

32

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El gobierno a raíz del anuncio de cese de actividades por parte del Inpec llegaron a
un acuerdo con los sindicatos… Y cuándo se llegará a un acuerdo con la PONAL…
será que nos toca también a nosotros hacer anuncios de cese de actividades o algo
parecido… Para que reconozcan nuestros derechos… Como las pensiones, los
ascensos y la nivelación salarial que sólo cobijo a unos pocos… Qué será lo que nos
tocará hacer? Quizá un cese de actividades…? Se las dejo hay (sic)…

(III) Luego de que el grupo cibernético de la Policía Nacional determinara que el
comentario anterior, efectivamente, fue realizado desde el perfil personal de
Facebook del señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes, la Inspección General, Área
Disciplinaria, Grupo Técnico de Investigaciones Disciplinarias Especiales al
momento de emitir pliego de cargos en su contra y la decisión disciplinaria de
primera instancia, la cual fue confirmada por el Despacho del director general de la
Policía Nacional, consideró que el disciplinado, con su conducta, promovió
actividades tendientes a paralizar parcialmente la prestación del servicio.

(IV) Ahora bien, la Sala, al analizar el comentario del subintendente, considera que
este obedece a una opinión personal sobre una situación laboral dentro de la Policía
Nacional y que en consecuencia, se encuentra dentro del ámbito de su derecho a
la libertad de expresión. Para el efecto, es importante señalar lo siguiente:

El artículo 20 de la Constitución Política, establece dentro de las libertades
fundamentales la libertad de expresión, que comprende la garantía de toda persona
de expresar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones, así como informar
y recibir información veraz e imparcial y fundar medios masivos de comunicación.

Esta misma garantía hace parte del derecho internacional de los derechos humanos
integrado al bloque de constitucionalidad. En tal sentido, el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda
personal a la libertad de pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones
de fronteras.39

39 «Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

33

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Por su parte, respecto al derecho a la libertad de expresión, la Corte Constitucional
ha sostenido lo siguiente:40

Esta conclusión es reflejada por la jurisprudencia constitucional. En la sentencia T-
391 de 2007, antes citada,[44] se puso de presente cómo la libertad de expresión es
necesaria para la autorrealización personal del individuo. Esto bajo el criterio básico
que solo cuando se está en capacidad de manifestar libremente las opiniones y recibir
las de otros, es posible desarrollarse intelectual y espiritualmente y, por lo mismo,
lograr la dignidad propia del sujeto autónomo por el cual propugna el Estado
Constitucional. Para la Corte, “la comunicación es un aspecto integral del derecho de
cada individuo al desarrollo y la realización personales. Esta perspectiva subraya la
importancia que tiene el proceso expresivo para el individuo, en el sentido de
promover la autonomía individual, la expresión de la propia identidad y la
autorrealización personal; se asume que las restricciones sobre lo que una persona
puede decir, escribir, ver, oír o leer, inhiben el crecimiento de su personalidad y
coartan el control que ejerce sobre su propio razonamiento, y que a menos que las
personas puedan expresar sus creencias y actitudes a través de discusiones abiertas
y en respuesta a las críticas y al intercambio con otras, no podrán desarrollarse
intelectual y espiritualmente. Se enfatiza, dentro de esta óptica, que la expresión tiene
un valor intrínseco afirmativo de la libertad individual, la autonomía y la realización
personal, tanto para los hablantes como para los escuchas individuales. La libertad
de expresión constituye, desde este punto de vista, un medio que permite a los
individuos desarrollar sus facultades, por lo cual se enfatiza su carácter de derecho
fundamental de la persona. La Corte Constitucional también ha adoptado esta
perspectiva en múltiples oportunidades, resaltando que la libertad de expresión,
además de ser medular para los sistemas democráticos, tiene un valor intrínseco en
tanto derecho fundamental por su importancia para la dignificación de la
persona: “…en la medida en que tanto información e ideas son elementos necesarios
para la definición, y realización social de los distintos proyectos de vida individuales,

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo
objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional».
40 C-452 de 2016.

34

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resulta claro que constituye un ingrediente esencial para el respeto de la dignidad
humana”.[45]”

19. Con base en estas consideraciones y de cara al problema jurídico materia
de la presente decisión, la Corte advierte que las restricciones al derecho a la
libertad de expresión deben cumplir con un juicio estricto de constitucionalidad
y, además, responder a los criterios identificados en las normas que integran el
bloque de constitucionalidad. Tales criterios, recuerda la Sala, están sometidos
a reserva de ley, deben cumplir con un juicio estricto de constitucionalidad y
están enfocados a (i) la protección de los derechos de los demás; (ii) la
necesidad de proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la
moral públicas.

Para el asunto analizado, cuando el discurso no tenga ninguna de estas
connotaciones hacia terceros, hará parte del núcleo esencial de la libertad de
expresión y, por ende, no podrá ser sometido a limitaciones o sanciones desde
el Estado. (Negrilla fuera de texto).

Aunado a lo anterior, dicha Corporación sostiene que para los miembros de la
Fuerza Pública el derecho a la libertad de expresión tiene unas restricciones, esto
es, cuando se afecta el adecuado funcionamiento de la institución policial y cuando
un miembro formula expresiones injuriosas y calumniosas contra la institución,
servidores públicos o particulares, pues, estas imputaciones inciden
desfavorablemente en la actividad de la preservación de la seguridad y convivencia
ciudadana y, en consecuencia, deslegitiman la acción de la Policía Nacional, por
desviarla de su función para convertir a sus miembros en debates ajenos a la
actividad prevista en el artículo 218 de la Constitución Política. «Con todo, sin
importar el mecanismo que se adopte para expresar la opinión, en toda
circunstancia deberá evaluarse si la actuación del uniformado tiene la virtualidad de
afectar el deber funcional, en tanto condición indispensable para la conformación
del ilícito disciplinario. En caso que este requisito no pueda probarse, en modo
alguno podrá concluirse la existencia de una falta objeto del ejercicio del ius
puniendi».41

Ahora bien, de cara a la evolución constante en las comunicaciones, resulta
importante destacar que las nuevas dinámicas de interacción social hacen que el
derecho a la libertad de expresión evolucione.

41 Ibidem.

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Así, la Corte Constitucional, de cara al escenario especial de interacción de derecho
a través de internet, ha señalado lo siguiente:42

Si bien redes sociales como Facebook implican un mayor riesgo de vulnerabilidad de
derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la imagen, no quiere decir
que el uso de dichas plataformas implique una cesión de tales garantías y, en
consecuencia, la libre y arbitraria utilización de los datos, ya sea videos, fotos y
estados, entre otras, ni tampoco la publicación de cualquier tipo de mensaje, dado
que, como se ha venido reiterando, la protección y límites de la libertad de expresión
por medios de alto impacto también aplican a medios virtuales.43
(…)
En consecuencia, lo publicado en redes sociales está amparado por la libertad de
expresión, pero también está sujeto a los límites por lo que algunas publicaciones no
se encuentran bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los
instrumentos internacionales que la consagran. Así, se activa un límite a la libertad de
expresión cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni
siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una
intención dañina o insultante respecto del hecho que se quiere comunicar.

En ese orden de ideas, es dable concluir, respecto al comentario del actor en su
perfil de la red social de Facebook, lo siguiente:

En primer lugar, que éste, se insiste, se encuentra dentro del ámbito de su derecho
a la libertad de expresión, entendido este como la posibilidad de difundir o divulgar,
a través de cualquier medio de comunicación, las propias ideas, opiniones y
pensamientos.

En segundo lugar, que no afectó de manera alguna el adecuado funcionamiento
de la institución policial ni formuló expresiones injuriosas o calumniosas contra la
institución, servidores públicos o particulares, sobrepasando así los límites del
derecho fundamental en mención, por cuanto de su contenido no es dable concluir
que su finalidad era promover actividades para paralizar la prestación del servicio
sino que obedeció a una manifestación de su opinión frente a situaciones que lo
estaban afectando, pues, por su redacción, más que una pregunta retórica que lleva
implícita una respuesta, expresó cierta ironía, es decir, fue un comentario crítico
que invitaba a la reflexión.

42 SU-420 de 2019.
43 T-050 de 2016.

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En tercer y último lugar, que no se observa de manera alguna una potencial
convocatoria a un cese de actividades o paro, pues no hay concertación, fecha
cierta, distribución de tareas, actos de convencimiento etc, que permitan inferir que
su comportamiento no fuera más que expresar una inconformidad, aunado al hecho
de que el operador disciplinario no señaló una prueba adicional con base en la cual
se permitiera establecer, con certeza, la comisión de la falta gravísima endilgada
contenida en el artículo 34 numeral 5.º de la Ley 1015 de 2006.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la entidad demandada vulneró el
derecho al debido proceso del actor por atipicidad de la conducta, en atención a que
no se demostró la comisión de la falta disciplinaria estudiada.

Aunado a ello, la Policía Nacional vulneró el principio de presunción de inocencia,
el cual además de estar regulado en el Código Único Disciplinario, encuentra pleno
reconocimiento en el artículo 29 de la Constitución Política, según el cual toda
persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente
culpable. «En consonancia con esta garantía constitucional y en atención a que el
debido proceso también se predica de las actuaciones adelantadas por autoridades
administrativas, el legislador dispuso su aplicación en materia disciplinaria y así lo
consagró en el artículo 9 del CDU44, de manera que sólo es posible declarar la
responsabilidad del sujeto disciplinable cuando se tenga certeza absoluta de que
incurrió, a título de dolo o culpa, en una conducta tipificada como falta disciplinaria.
Por esto el artículo 14245 del mismo estatuto señala que no podrá dictarse fallo
sancionatorio sin que exista la certeza sobre la existencia de la falta y la
responsabilidad del investigado.»46

44 Artículo 9. Presunción de inocencia.- A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume

inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo
de eliminarla.
45 Artículo 142. Prueba para sancionar.- No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el

proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado.
46 Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado de 18 de febrero de 2014, radicación No.

25000234200020130687101, consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala.

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Lo anterior, en tanto que para sancionar a una persona en materia disciplinaria no
debe existir duda alguna, sino la certeza en su comisión, y la contundencia de la
prueba que se pretende hacer valer en la configuración de los elementos típicos
constitutivos de la falta, dadas las consecuencias que se desprenden de la
imputación de esta norma y lo que implica en la vida laboral de un servidor.

La jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a este principio ha sostenido que
«se trata de una presunción iuris tantum que ofrece la garantía al disciplinado de no
ser objeto de sanción alguna hasta tanto no se den los presupuestos legales
previstos para ello». Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional47, ha
considerado que la presunción sólo puede ser desvirtuada cuando se establezca
que la conducta que originó la investigación es disciplinable, que la ocurrencia de
esta se encuentre debidamente acreditada y, finalmente, que el autor y responsable
sea el investigado.

Así entonces, este principio, tanto constitucional como legal, se desconoce cuando
se impone una sanción y: i) la conducta no es considerada en la Ley como una falta
disciplinaria; ii) no se encuentra acreditada probatoriamente; o iii) no fue cometida
por el investigado.

En el asunto sometido a consideración, como se mencionó, no se acreditaron por el
juzgador disciplinario, siendo esta su obligación en consideración a lo consagrado
en el artículo 128 de la Ley 734 de 200248, los requisitos para que la conducta fuera
considerada como una falta gravísima, circunstancia que hace que se haya incurrido
en atipicidad de la conducta vulnerando con ello el derecho al debido proceso y el
principio de presunción de inocencia, motivo por el cual, no es dable analizar los
demás cargos expuestos en el recurso de apelación.

47 Sentencia T-696 de 2009.
48 Necesidad y carga de la prueba: Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse

en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal
o en forma oficiosa. La carga de la prueba le corresponde al Estado.

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

4. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,49
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

5. Conclusión

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Por las razones expuestas, los actos expedidos en ejercicio de la potestad
disciplinaria, objeto de controversia en esta litis, fueron expedidos con violación al
principio de tipicidad de la falta disciplinaria y, en consecuencia, vulneración del
derecho al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, por lo que la
Sala procede a revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, declarar la nulidad de las decisiones disciplinarias de
30 de enero de 2017 y 5 de julio del mismo año, proferidas por la Inspección
General, Área de Asuntos Internos, Grupo Especial de Investigación y el Despacho
del director general de la Policía Nacional, respectivamente, a través de las cuales
el actor fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 10
años.

6. Del restablecimiento del derecho

El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo permite estatuir disposiciones nuevas a cambio de las acusadas y
modificar o reformar estas. Dispone la norma:

La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda
y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales
que se apliquen.

En ese contexto, el legislador facultó al juez para reformar las decisiones acusadas
o estatuir nuevas en su reemplazo y, en consecuencia, en el caso bajo estudio,
nada impide a la Sala anular la sanción impuesta en sede administrativa, la cual,
como quedó expuesto, vulneró el derecho al debido proceso y fue
desproporcionada.

Así las cosas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138 del CPACA, y con lo
pedido en la demanda y lo probado en el proceso, se ordenará a la Policía Nacional
que, a título de restablecimiento del derecho, proceda a:

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i) reintegrar al señor Ricardo Alfonso Flórez Reyes al cargo que estaba
desempeñando en el momento en que se ejecutó la sanción disciplinaria; y

ii) reconocer y pagar los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de
percibir por el accionante con ocasión de las sanciones disciplinarias impuestas por
dicha entidad, desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro.

Lo anterior repercute en la garantía de los derechos pensionales de conformidad
con lo establecido en la ley, los cuales también deberán ser protegidos y respetados
en este caso concreto.

Las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad
con el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia, dando
aplicación a la siguiente fórmula:

R= Rh x IPC Final
IPC Inicial

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es lo dejado de percibir por el actor por concepto de sueldos, prestaciones y
demás conceptos, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y prestacional teniendo
en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.

Ahora bien, debe resaltarse que la Corte Constitucional en la sentencia SU 556 de
2014 estableció frente al reintegro y devolución de salarios y prestaciones dejadas

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de percibir como consecuencia de la nulidad de un acto de retiro del servicio de un
nombramiento provisional en un cargo de carrera, que a título de reparación del
daño no procedería el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir
hasta que sea efectivo el reintegro, sino que solo debería ordenarse el pago de
lo efectivamente dejado de recibir por el servidor, en calidad de indemnización de
la que se descuentan todos los montos que «haya percibido como retribución por
su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente
o independiente». Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

De manera preliminar, se refirió al deber de motivación de los actos administrativos y
a la estabilidad laboral relativa del servidor público nombrado en provisionalidad en
un cargo de carrera, luego de lo cual se pronunció sobre los efectos de la nulidad del
acto de retiro sin motivación del funcionario vinculado en provisionalidad. Sobre este
último aspecto, indicó que cuando se produce la desvinculación de un servidor público
nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, sin que se motive el respectivo
acto de retiro, se desconocen los principios constitucionales de igualdad y del mérito
en el acceso a la función pública, y se afectan los derechos al debido proceso y a la
estabilidad laboral relativa.

Luego de hacer un recuento jurisprudencial sobre la materia, encontró la necesidad
de limitar la orden de protección que se venía otorgando, relativa a que el pago de los
salarios y prestaciones solo procedería hasta cuando el respectivo cargo hubiere sido
provisto mediante el sistema de concurso de méritos. Lo anterior, porque la figura de
la provisionalidad, por definición legal, inhibe que a la persona nombrada en un cargo
de carrera se le cree una expectativa legítima de permanencia indefinida en el mismo.

Por esa razón, estimó que no resultaba apropiado asumir que la cuantificación de la
indemnización se hiciera a partir de la ficción de que el servidor público hubiera
permanecido vinculado al cargo durante todo el lapso del proceso, prestando el
servicio y recibiendo un salario. A su juicio, “ello no solo es contrario a la realidad,
sino que implica un reconocimiento que excede, incluso, el término máximo que
permite la ley para este tipo de nombramientos”.

No obstante lo anterior, considera la Sala que, en este asunto, no resulta aplicable
el precedente de la Corte Constitucional referido, pues si bien esa Corporación ha
determinado que en lugar del reconocimiento de los salarios y prestaciones sociales
se debe reconocer una indemnización en atención a los términos antes
mencionados, este análisis se ha hecho respecto a una de las causales de retiro
establecidas en la Ley, esto es, la declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento en provisionalidad, sin que hasta el momento se haya estudiado la
causal de retiro de la destitución como consecuencia de un proceso disciplinario,
que además implica una inhabilidad para el desempeño de funciones públicas.

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Adicionalmente, no procederán los descuentos de las sumas de dinero que el actor
hubiere recibido en el evento de que haya tenido otra u otras vinculaciones
laborales en el sector privado, por cuanto ello vulneraría el derecho al trabajo y no
tiene fundamento constitucional ni legal.

Por otra parte, se oficiará a la División de Registro y Control de la Procuraduría
General de la Nación y la Policía Nacional para que registre esta decisión en el
Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en
consecuencia, proceda a efectuar la correspondiente desanotación de la sanción
impuesta.

6.1. De los perjuicios morales causados con la expedición del acto
administrativo sancionatorio.

A juicio del actor las decisiones disciplinarias cuestionadas le causaron un daño
moral, con ocasión del retiro del servicio de la Policía Nacional.

Respecto a la potestad disciplinaria, esta Subsección ha manifestado que
«constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la
misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador,
cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar
la materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, el respeto
por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del
Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las
autoridades»50.

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado en cuanto a la potestad
disciplinaria, que «permite asegurar la realización de los fines del Estado, al
otorgarle a las autoridades administrativas la facultad de imponer una sanción o
castigo ante el incumplimiento de las normas jurídicas que exige un determinado

50 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de 21 de noviembre de 2013,

No. Interno. 0649-2011, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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comportamiento a los particulares o a los servidores públicos, a fin de preservar el
mantenimiento del orden jurídico como principio fundante de la organización
estatal».51

Ahora bien, el legislador consagró un régimen disciplinario el cual se encuentra
dispuesto en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006 que es aplicable a los
servidores públicos y miembros de la Policía Nacional, que en caso de ser
incumplido, el Estado, en virtud de la potestad disciplinaria, tiene la facultad de
iniciar las actuaciones administrativas que considere pertinentes tendientes a
establecer las faltas cometidas en ejercicio de sus funciones, así como su
responsabilidad.

Así las cosas, la sanción disciplinaria que se le imputa a un servidor público es el
resultado de una decisión administrativa luego de haber dado trámite a un
procedimiento dentro del cual el investigado tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa y contradicción.

Dicha sanción, si bien, en principio, impide el acceso a cargos públicos y a devengar
un salario, también lo es que no vulnera el derecho al trabajo, en tanto que dicha
limitación se presenta solamente en la esfera del empleo público, razón por la cual
no podría decirse que toda decisión disciplinaria conlleva a la materialización de
perjuicios materiales y morales.

En este asunto, los perjuicios morales solicitados no es dable reconocerlos en tanto
que no se acreditan con material probatorio alguno, en relación con haber sufrido
algún tipo de dolor, congoja, angustia, la tristeza o aflicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la república y por autoridad de la ley,

51 Sentencia C-818 de 2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.

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F A L L A:

Primero.- Revocar la sentencia proferida el veintiséis (26) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Ricardo Alfonso
Flórez Reyes contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En su lugar:

Segundo.- Anular los siguientes actos administrativos: 1. Decisión de primera
instancia proferida por la Inspección General, Área Asuntos Internos, Grupo
Especial de Investigación, el 30 de enero de 2017, mediante la cual se impuso
sanción de destitución e inhabilidad general por el termino de 10 años al señor
Ricardo Alfonso Flórez Reyes; y 2. Decisión disciplinaria de 5 de julio de 2017,
emitida por el Despacho del director general de la Policía Nacional, que confirmó la
decisión inicial.

Tercero.- A título de restablecimiento del derecho, Condenar a la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional a: i) reintegrar al actor en el cargo que ostentaba al
momento de su retiro; y ii) reconocer y pagarle a Ricardo Alfonso Flórez Reyes los
sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha
del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro. El pago de los salarios y demás
prestaciones que resulten a favor del actor se ajustará de conformidad con la
fórmula y parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Oficiar a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la
Nación y a la Policía Nacional para que registre esta decisión en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones e inhabilidades, SIRI, y, en consecuencia,
proceda a efectuar la correspondiente desanotación de la sanción impuesta.

Quinto.- Dar cumplimiento a este fallo en los términos del artículo 192 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sexto.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

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Demandante: Ricardo Alfonso Flórez Reyes y otros

Séptimo.- No condenar en costas, de segunda instancia, a la entidad demandada,
de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

Octavo. - Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 186 del CPACA.

GMSM

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