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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las consideraciones. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. 19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial 27, sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.: Rocío Araújo Oñate. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00262-01 Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00262-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA
CERRADA

TESIS: NO SE ACREDITÓ LA AMENAZA O VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS. POR EL CONTRARIO, SE
DEMOSTRÓ QUE LA OPERACIÓN DEL HELIPUERTO CUENTA CON
PERMISO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO VIGENTE OTORGADO
POR LA AEROCIVIL, EL CUAL HA SIDO RENOVADO EN DISTINTAS
OPORTUNIDADES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
TÉCNICOS, OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD PREVISTOS EN LA
REGULACIÓN AERONÁUTICA APLICABLE.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE
UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los

coadyuvantes de la parte actora1 contra la sentencia de 23 de mayo

de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2.

1 Los señores Carmenza Badillo Chaparro, Santiago Sánchez, Claudia Sofia Mantilla Gómez,

William Bergsneider Gómez, Carmen Teresa Gómez, Martha Isabel González, María Isabel
Galvis Gutiérrez, Dora Reyes Sierra y Claudia Marcela González Picón.
2 En adelante Tribunal.

2

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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA RUITOQUE

CONDOMINIO, actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la

Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de

19983, presentó demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL4, el MUNICIPIO DE

PIEDECUESTA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA5, el ÁREA

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA6 y las sociedades

SOCARIN LTDA. y TRAIR S.A.S, con el fin de obtener la protección

de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano,

al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de

uso público.

3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante AEROCIVIL.
5 En adelante CDMB.
6 En adelante AMB.

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I.2. Hechos

Precisó que es una Unidad Inmobiliaria Cerrada sin ánimo de lucro,

creada a la luz de la Ley 675 de 3 de agosto de 20017, ubicada en

los municipios de Piedecuesta y Floridablanca, integrada por 30

conjuntos residenciales, 1.277 unidades de vivienda, un club,

unidades de comercio y un hotel, en un área aproximada de 200

hectáreas.

Aseguró que, sin consultar a la comunidad y en contravía de su

debido proceso e ignorando la prevalencia del interés general sobre

el particular, la AEROCIVIL expidió la Resolución núm. 05233 de 14

de octubre de 2014 a través de la cual permitió el desarrollo de

vuelos promocionales desde el Hotel Punta Diamante Business &

Premium Resort8 por parte de la compañía de transporte aéreo

TRAIR S.A.S., lo que ha aumentado de manera considerable las

operaciones aéreas, generando un flujo constante y continuo de

personas y aeronaves sobre áreas comunes de la unidad residencial,

sin que exista un plan estratégico de seguridad ni un sistema de

gestión del riesgo en caso de emergencias o desastres.

7 Por medio de la cual se expide el Régimen de Propiedad Horizontal.
8 En adelante Hotel Punta Diamante.

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Indicó que, por lo anterior, se ha generado un entorno de

intranquilidad y zozobra entre los habitantes de las 1.277 unidades

de vivienda, debido al ruido excesivo percibido en tierra e

inseguridad que produce el hecho de estarse efectuando sobrevuelos

de manera regular por debajo de los 300 metros y sin que la empresa

operadora del helicóptero cuente con la capacidad económica de

reparación por los daños que se llegaren a ocasionar.

Señaló que el 16 de febrero de 2016, presentó derecho de petición

ante la AEROCIVIL que, mediante respuesta de 3 de marzo de ese

año, de manera incompleta y evasiva, se limitó a afirmar que el

helipuerto tiene autorización para su funcionamiento desde el 1o. de

enero de 2015 sin que se hubiere presentado queja alguna y,

además, le recomendó solicitar a las autoridades locales estudiar la

posibilidad de reubicarlo.

Puso de presente que no existe control policivo o de las entidades de

control y vigilancia del Estado sobre el flujo de personas que ingresan

a la Unidad y, aseguró que el 30 de mayo de 2016, se practicaron

sobrevuelos rasantes del helicóptero de matrícula HK 4653 sobre

todo el condominio, generando incomodidad y contaminación

auditiva, sin que mediara ninguna autorización previa por parte de

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los órganos de administración de la Unidad Inmobiliaria Cerrada,

violando así los protocolos de seguridad establecidos.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó como pretensiones principales, las

siguientes:

“[…] 1. Que se declare mediante sentencia de obligatorio
cumplimiento, la cancelación de la licencia de operación y
funcionamiento del Helipuerto denominado Hotel Ruitoque u Hotel
Punta Diamante, ubicado dentro de los predios de la Unidad
Inmobiliaria Cerrada, y en las coordenadas que anuncia la misma
licencia otorgada por la AERONÁUTICA CIVIL, toda vez que se violó el
debido proceso, ya que en ningún momento se consultó a la
comunidad, debiendo primar el interés general sobre el particular, ya
que esto se traduce en la "falta de viabilidad ambiental, jurídica y
urbanística", y "la afectación a lo más básico de la supervivencia", en
aras de la conservación del orden público en consideración a los
habitantes de RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA
CERRADA, ubicada en los municipios de Piedecuesta y Floridablanca,
y su zona de influencia, y garantizar la pacífica convivencia ciudadana,
la vida, la salubridad, tranquilidad ciudadanas, y en la medida de la
competencia funcional a todos y a cada uno de los demandados,
quienes con excepción de SOCARIN LTDA. y TRAIR S.A.S., están
investidos de autoridad encargadas de velar por el cumplimiento de
las normas atinentes a la protección del ambiente, y prevención y
conservación de los derechos constitucionales de interés general y
colectivos, y con el propósito que se prevenga y se corrija la causa de
la molestia y perturbación que se les ocasiona a la ciudadanía, y en
especial a sus residentes, ejerzan el debido control y en cumplimiento
de la normatividad constitucional y legal existente, hacer que cese la
perturbación causada:

1.1. Por la licencia y funcionamiento del Helipuerto denominado
HOTEL RUITOQUE, u HOTEL PUNTA DIAMANTE establecido en su área
de influencia, quienes mantienen de manera regular por la operación

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de helicóptero(s), produciendo contaminación auditiva y sonora y, en
consecuencia, se cumpla con la normatividad aplicables al presente
asunto, con el fin de proteger los derechos colectivos INTIMIDAD
PERSONAL, GOCE DE UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL MEDIO
AMBIENTE Y DEL ESPACIO PUBLICO, que, para el caso en particular,
no es otro que el de las zonas comunes que hacen y forman parte de
la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA.

1.2. La omisión, y permisividad y el no cumplimiento estricto de las
funciones asignadas por la ley a los integrantes de la parte
demandada, y vinculados, que se traduce en la falta de control, se
genera contaminación auditiva y sonora.

1.3. Con la finalidad de lograr la recuperación inmediata y el
restablecimiento de los derechos colectivos violados, y se haga
cumplir con la normatividad contenida en las normas amplias y
reiterativamente citadas y los reglamentos aeronáuticos colombianos
(RAC), y las demás normas concordantes y aplicables al presente
asunto, con el fin de proteger los derechos colectivos INTIMIDAD
PERSONAL, PRIVACIDAD, GOCE DE UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL
MEDIO AMBIENTE Y DEL ESPACIO PUBLICO que, para el caso en
particular, no es otro que el de las zonas comunes que hacen y forman
parte de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA, Y QUE VIENE SIENDO
AFECTADOS POR LA VIOLACIÓN PERMANENTE […]”.

Como pretensiones subsidiarias, pidió lo siguiente:

“[…] 2. Que así mismo, por parte de las autoridades demandadas, se
ejerza control sobre el ruido que se traduce en contaminación auditiva
y sonora, generado por:

2.1. Las actividades del denominado HELIPUERTO del Hotel PUNTA
DIAMANTE, relacionado en el numeral anterior, en violación a los
Intereses de las personas, como la tranquilidad y la convivencia
ciudadana y la paz que debe reinar entre los vecinos del sector y en
especial a los residentes de RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD
INMOBILIARIA CERRADA, y su zona de influencia.

2.2. Sobre la operación del referido HELIPUERTO, pues su omisión
causa violación a los Intereses de las personas, como la tranquilidad
y la convivencia ciudadana y la paz que debe reinar entre los vecinos
del sector y en especial a los residentes de RUITOQUE CONDOMINIO
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA.

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3. Que los representantes legales de la Corporación para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y del Área Metropolitana de
Bucaramanga AMB, y de la AERONAUTICA CIVIL, y el Alcalde del
Municipio de Piedecuesta a través de la Secretaria de desarrollo social,
o quien haga las veces de autoridad ambiental, ejerzan de manera
permanente, el debido control sobre los niveles de ruido originados
en la operatividad del Helipuerto referido, realizando
permanentemente mediciones y evalúen los posibles impactos
específicos sobre la población asentada en RUITOQUE CONDOMINIO
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA., con la finalidad de verificar que
cumplan con los parámetros establecidos en la Ley 140 de 1994, y
ejerzan todas sus facultades coercitivas y apliquen todas las medidas
sancionatorias y correctivas necesarias y efectivas.

4. Que el SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, de igual forma, o
por quien haga sus veces, y como autoridad competente le haga el
seguimiento permanente requerido al funcionamiento y operación del
Helipuerto denominado hotel Ruitoque u HOTEL PUNTA DIAMANTE, y
consecuencia de manera permanente, esto se realice la respectiva
Inspección, analizando el nivel en decibeles que produzca este equipo
aeronáutico.

5. Que así mismo, se le ordene a la SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL DE PIEDECUESTA, a la Corporación para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB, y/o el Área Metropolitana de
Bucaramanga, AMB, a realizar de manera permanente operativos
necesarios con el propósito de dar protección al medio ambiente y se
ejerza control para que cese la perturbación generada por la actividad
tendiente a prevenir.

6. Se declare por medio de providencia la Violación a los Intereses de
las personas, como la tranquilidad y la paz, sancionando o cumpliendo
con las respectivas correcciones a que dan lugar por incumplimiento
de la norma y se les conmine a proteger los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, al medio ambiente y al del espacio público
que, para el caso en particular, no es otro que el de las zonas comunes
que hacen y forman parte de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA y,
en consecuencia, los derechos a la tranquilidad, a la intimidad, a la
dignidad humana, a la convivencia pacífica, el desarrollo normal de la
vida de las personas ante la ley, la utilización, recuperación y
protección del espacio público, derecho al medio ambiente sano
vulnerado por la contaminación auditiva y sonora, teniendo en cuenta
que existen derechos o intereses colectivos amenazados o
vulnerados, cuya protección y defensa ha sido omitida por la
Autoridad Municipal (Art. 9° de la Ley 472 de 1.998).

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7. Se corrija la falta de prevención de los riesgos que esta operación
implica y la carencia de planes estructurales de riesgo, en su calidad
de operadora (sic), y se establezca de manera inmediata un sistema
de gestión en caso de emergencias o desastres, control, inspección y
vigilancia, que se genera a la comunidad de residentes de la
copropiedad, por permisividad de las autoridades acá demandadas,
ya por acción u omisión, toda vez que no existe un plan estratégico
de seguridad, equipos de bomberos, ambulancias, etc., y no exista
intranquilidad, zozobra, por esa carencia y, además, por desconocer
si la empresa operadora del helicóptero cuenta con capacidad
económica para la reparación que se llegasen a ocasionar por daños.

8. En aras de salvaguardar y preservar los derechos colectivos
ampliamente enumerados, solicito respetuosamente se ordene la
cancelación del permiso de operación al helipuerto ampliamente
referido, por incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para
garantizar la seguridad de las operaciones aéreas de conformidad con
lo establecido en el artículo 1822 del código de comercio, en los
reglamentos aeronáuticos y disposiciones concordantes o cuando el
explotador incurra en alguna de las causales señaladas en el numeral
14.2.3.14. de los citados reglamentos, cuando el propietario o
explotador permitan el empleo indebido del helipuerto. […]”.

I.4. DEFENSA

I.4.1. El AMB se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso

como excepciones la «Falta de legitimación en la causa por pasiva»,

«Falta de competencia funcional» e «Inexistencia de vulneración de

derecho colectivo».

Afirmó que no tiene competencia frente al control y vigilancia de

emisiones sonoras ni las actividades comerciales aeronáuticas, lo

cual, en el caso de los residentes del Condominio Ruitoque Unidad

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Inmobiliaria Cerrada, le corresponde al MUNICIPIO por intermedio

de sus Secretarías de Ambiente o Salud y a la Policía Nacional,

quienes deberán adoptar las medidas administrativas necesarias

para restablecer los niveles mínimos de sonido en el sector.

Aseguró que, con fundamento en los literales j) y k) del artículo 6° de la

Ley 1625 de 29 de abril de 20139, su competencia está supeditada a

ejercer las funciones de autoridad ambiental en el perímetro urbano de

cada uno de los municipios que la conforman y, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199310, los artículos

42 y 68 del Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 7 de abril de

200611, la responsabilidad del control a emisiones de ruido le corresponde

a los municipios y distritos en relación con la prevención y control de la

contaminación del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del

orden municipal a los que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los

reglamentos y las normas ambientales superiores.

9 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas

Metropolitanas.
10 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.
11 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”.

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Manifestó que tampoco es la encargada funcionalmente de garantizar a

la comunidad que la empresa aeronáutica TRAIR SAS., la sociedad

SOCARIN LTDA. y el Hotel Punta Diamante guarden los niveles mínimos

de emisión de ruido y, menos aún, de realizar mediciones al interior de

viviendas de particulares o en las operaciones de vuelo de los helicópteros

en las zonas de campos de Golf, pues sus competencias están

enmarcadas en el «RUIDO AMBIENTAL» con la obligación de desarrollar

mapas de ruido ambiente, donde las variables y la metodología está

plenamente encuadrada en un marco jurídico diferente a la inmisión

puntual que producen las actividades comerciales o, en este caso, las

operaciones aéreas reguladas por la AEROCIVIL.

I.4.2. La AEROCIVIL afirmó que no fue requerida conforme lo exige el

artículo 144 del CPACA, pues si bien en la demanda la parte actora

manifestó que ha presentado derechos de petición, en estos se

requirieron temas distintos a la adopción de medidas de protección a los

derechos colectivos que aquí se pretenden proteger.

Adujo que no es la competente para ejercer funciones de autoridad

ambiental en los municipios, ni para dirimir conflictos de convivencia

al interior de una unidad residencial.

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Refirió que, en cumplimiento de sus funciones, expidió las

resoluciones núms. 5233 de 14 de octubre de 2014 y 03176 de 11

de octubre de 2017, por medio de las cuales concedió y renovó el

permiso de operación al helipuerto privado «Hotel Ruitoque», el cual

fue solicitado por el señor LUIS EDUARDO CASTILLO,

representante legal de la sociedad SOCARIN LTDA., quien acreditó

la propiedad de los bienes como lo exige el artículo 5.3.6.5.1 del

Reglamento Aeronáutico Colombiano -RAC12-, parte 5.

Resaltó que dicha concesión estuvo precedida de la revisión de los

demás requisitos contenidos en el RAC, especialmente, los previstos

en las partes 5 y 14, así como en la respectiva inspección técnica en

la que se pudo determinar que la solicitud cumplió con todos los

requerimientos operativos y, en consecuencia, procedía la

expedición del permiso.

Explicó que no resulta procedente cancelar el permiso otorgado a la

sociedad SOCARIN LTDA. con fundamento en el ruido ocasionado

por su operación, como lo ha solicitado en reiteradas ocasiones la

12 En adelante RAC.

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parte actora, por cuanto no se ha demostrado un actuar contrario a

las disposiciones contenidas en los artículos 1818 y 1817 del Código

de Comercio y el artículo 14.2.4 del RAC.

Aseguró que no es la responsable de la vulneración de los derechos

colectivos alegada por el accionante y le corresponde a la sociedad

operadora y a la aerolínea la operación del mencionado helipuerto y,

por ende, los temas relacionados con los ruidos ocasionados por la

operación área al interior del perímetro que conforma la unidad

residencial.

Estimó que debe decretarse que no existe violación del derecho

colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los

bienes de uso público, toda vez que las zonas comunes de una

propiedad inmobiliaria -condominio, unidad residencial, edificio,

conjunto residencial-, son de propiedad privada y no espacio público.

Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda y

declarar probadas las excepciones de «Falta de legitimación en la

causa por pasiva» e «Inexistencia de vulneración de los derechos

colectivos», así como la «Falta de agotamiento del requisito de

procedibilidad contenido en el artículo 144 del CPACA».

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I.4.3. La sociedad SOCARIN LTDA. solicitó rechazar la demanda

porque no existe material probatorio que permita deducir daño

alguno a la colectividad que amerite una protección de los derechos

colectivos invocados y, además, por no cumplir el requisito de

procedibilidad atinente al agotamiento de las reclamaciones ante la

Oficina de Gestión de Riesgo Municipal, autoridad administrativa

responsable de los hechos propuestos.

Afirmó que la acción popular no está instituida para el amparo de los

derechos a la vida, a la tranquilidad, a la intimidad, a la dignidad

humana, a la convivencia pacífica y al desarrollo normal de la vida

de las personas invocados en la demanda, por cuanto los mismos

son derechos fundamentales.

Calificó como desacertado invocar la protección del espacio público,

debido a que no se pueden confundir las zonas comunes de la

copropiedad con el espacio público, razón por la que, a su juicio, en

el presente caso el único derecho plausible de protección es el

correspondiente al medio ambiente sano presuntamente afectado

por contaminación sonora y auditiva.

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Advirtió que lo pretendido por la parte actora es cuestionar la

legalidad de los actos administrativos que otorgaron los permisos

para lo cual existe otro medio de defensa judicial.

Señaló que los hechos y fundamentos de derecho que soportan la

vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos

consisten en la enunciación de una serie de normas de carácter

general, sin que medie prueba técnica alguna que de cuenta de su

transgresión.

Propuso, por lo anterior, las excepciones que denominó «No

vulneración de derechos colectivos por parte de la Aeronáutica Civil

y demás vinculados», «Improcedencia de la acción popular -

inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual contra los

derechos colectivos» e «Insuficiencia probatoria - carga probatoria

en cabeza del accionante».

I.4.4. La sociedad TRAIR S.A.S. propuso como excepciones la

«Inepta demanda por carencia de objeto», «Inexistencia del daño»

e «Inexistencia de la prueba del daño».

Indicó que siempre ha desempeñado el ejercicio de sus actividades de

conformidad con los reglamentos que la ley y la AEROCIVIL determinan,

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sin que exista prueba que demuestre su incumplimiento o el del operador

del helipuerto, pues, desde la concesión de la primera licencia, las

actividades de promoción de servicios turísticos y operaciones aéreas se

han desarrollado sin ninguna clase de contratiempos o sanciones.

Sostuvo que el helipuerto se encuentra ubicado en el predio del Hotel

Punta Diamante, el cual es privado e independiente y está identificado

con folio de matrícula inmobiliaria núm. 314-46334, y no dentro de los

predios de la Unidad Inmobiliaria Cerrada como se afirmó en la demanda.

Concluyó que no se aportaron pruebas que acrediten la existencia del

daño o peligro alegado, pues la demanda se basó en simples rumores y

aseveraciones subjetivas.

I.4.5. El Municipio de Piedecuesta manifestó que el actor no acreditó

el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en los artículos

144 y 161 del CPACA, en lo que le respecta.

Aseguró que le corresponde a la CDMB y al AMB, como autoridades

ambientales, atender las pretensiones subsidiarias relativas al control de

las emisiones sonoras, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Social no

posee competencia alguna en la vigilancia y control del impacto sonoro,

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la tranquilidad y el disfrute de un ambiente sano o la protección de

derechos colectivos inherentes a la medición, vigilancia y control de las

fuentes sonoras.

Precisó que no tiene facultad para suspender o cancelar el permiso o

licencia de operación, máxime si se tiene en cuenta que no se ha

informado a la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo la

presunta contaminación ambiental y tampoco reposa en la Inspección de

Policía Urbana de Piedecuesta ningún asunto relacionado con quejas

presentadas por la comunidad de Ruitoque Condominio Unidad

Inmobiliaria Cerrada.

Propuso como excepciones la “Falta de legitimación en la causa por

pasiva” e “Inexistencia del daño”.

I.4.6. La CDMB manifestó que no ha participado, ni por acción ni por

omisión, en la vulneración de los derechos colectivos invocados y tampoco

hay prueba que dé cuenta de ello.

Solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la

causa por pasiva, pues el listado de funciones previsto en la Ley 99

de 1993 no establece ninguna que tenga relación con la autorización

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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA

para el funcionamiento de actividades de transporte aéreo, ni con el

seguimiento, prevención y control que deba ejercerse sobre este tipo

de actividades.

I.4.7. El municipio de Floridablanca13 se opuso a su vinculación

al proceso y propuso como excepción la “Falta de legitimación en la

causa por pasiva”, toda vez que no tiene conocimiento de los hechos

y manifestaciones realizadas por los accionantes, pues el helipuerto

del Hotel Punta Diamante se ubica es en la jurisdicción del municipio

de Piedecuesta, quien es el competente para realizar el control de

las emisiones de ruido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99

de 1993, los artículos 42 y 68 del Decreto 948 de 1995 y la

Resolución 627 de 2006.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 23 de

octubre de 2019, la cual se declaró fallida por falta de ánimo

conciliatorio de las partes.

13 Vinculado al proceso mediante auto admisorio de 18 de julio de 2018.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 23 de mayo de 2025, denegó

las pretensiones de la demanda porque no se demostró vulneración

ni amenaza actual, grave o concreta de los derechos e intereses

colectivos invocados como vulnerados; por el contrario, se acreditó

que el helipuerto contaba con autorización de operación vigente

otorgada por la AEROCIVIL y con la adopción de protocolos de

atención de emergencias, incluyendo la obligación de mantener

canales de comunicación directa con organismos de socorro.

Precisó que el helipuerto "Hotel Ruitoque" se encuentra ubicado en

una plataforma de pavimento rígido en el techo del Hotel Punta

Diamante, el cual, según el material probatorio recaudado, cuenta

con permiso de operación y funcionamiento otorgado a la sociedad

SOCARIN LTDA., expedido por la AEROCIVIL mediante Resolución

núm. 5233 de 14 de octubre de 2014 y que, por demás, ha sido

objeto de renovación mediante resoluciones núms. 03176 de 11 de

octubre de 2017 y 01420 de 18 de julio de 2023, este último por el

término de cinco años.

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Señaló que dichos actos administrativos gozan de presunción de

legalidad pues cumplen con lo dispuesto en el RAC, que regula las

condiciones técnicas, de seguridad, zonas libres de obstáculos y

demás exigencias; Sin embargo, destacó que para ello la

AEROCIVIL no realiza medición de ruido y no se trata de una

actividad sujeta a licenciamiento ambiental.

Se refirió a las pruebas allegadas al proceso frente a la fuente

generadora de ruido, de las cuales concluyó que si bien se allegaron

fotografías, videos que registran la operación del helicóptero, así

como declaraciones testimoniales que dan cuenta de las molestias

auditivas y dificultades de comunicación durante las maniobras de

despegue y aterrizaje, lo cierto es que dichos elementos probatorios

carecen de una medición técnica del ruido que permita verificar

objetivamente su intensidad y contrastarla con los límites máximos

permitidos según la normativa aplicable, razón por la que no

resultaba posible verificar si existía una transgresión de los

estándares regulados para emisiones sonoras en el contexto de la

actividad aérea.

Igualmente, resaltó que, con la contestación de la demanda, el AMB

aportó el informe técnico realizado el 1o. de agosto de 2018, en el

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que se indicó que, según la medición, el ruido en el Hotel Punta Diamante

con operación de la aeronave no supera los niveles máximos permitidos

que establece la Resolución 627 de 7 de abril de 2006, identificando como

principales fuentes de ruido los generados en la zona de restaurantes y

bares, equipos de calefacción, ruido de vehículos y de personas, amén de

que tampoco obra prueba técnica en el expediente que acredite la

realización de operaciones aéreas en horario nocturno, circunstancia que

restringe el análisis a la franja diurna evaluada.

Consideró que, por lo anterior, no se encontraba acreditada la presunta

afectación a los derechos e intereses colectivos por contaminación

auditiva, toda vez que la medición técnica del ruido atribuible al helipuerto

cumple con los límites permitidos.

Precisó que, en el presente caso, no se evidenciaba una afectación real,

grave o actual del derecho colectivo al uso del espacio público ni una

ocupación persistente o institucional del mismo por parte de los

operadores del helipuerto, pues no se demostró que el sobrevuelo de las

aeronaves haya causado afectación directa a elementos arquitectónicos

o funcionales propios del espacio público y, en relación con el aterrizaje

no autorizado ocurrido en el campo de golf -zona también privada y

restringida-, resaltó que este dio lugar a actuaciones administrativas por

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parte de la AEROCIVIL encaminadas a investigar la conducta del piloto

involucrado, hecho aislado que, por sí mismo, no configura una vulneración

estructural o persistente del derecho colectivo.

Finalmente, puso de presente que tampoco se encuentra acreditada la

presunta afectación al derecho colectivo a la seguridad y salubridad

públicas, debido a que si bien los declarantes expresaron percepciones

subjetivas de temor por el sobrevuelo de aeronaves y manifestaron

preocupación por el ingreso de personas al Hotel Punta Diamante sin

control aparente desde las porterías de acceso al conjunto residencial, no

se allegó prueba que permita concluir que tales situaciones comprometan

condiciones estructurales de seguridad para la comunidad, ni que se haya

generado un riesgo sanitario, epidemiológico o de afectación directa a la

salubridad pública.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El grupo de coadyuvantes de la parte actora, a través de apoderado,

solicitaron revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar,

amparar los derechos e intereses colectivos invocados.

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Indicaron que el a quo no tuvo en cuenta ni les dio la credibilidad

necesaria a los testimonios de los residentes, debido a que, pese a

que se aportaron videos, fotografías e informes periodísticos

acompañados en su debida oportunidad procesal, la decisión se basó

únicamente en los actos administrativos expedidos por la

AEROCIVIL y en los Informes Técnicos del año 2018 que, en su

sentir, no obedecen a la afectación real y actual, máxime si no se

practicaron pruebas o se realizó una inspección judicial que le

permitiera esclarecer la veracidad de los hechos como se solicitó en

las medidas cautelares que fueron denegadas.

Afirmaron que aun cuando la decisión se fundamentó en la

legitimidad de los actos administrativos expedidos, los mismos

pueden ser revocados por el juez constitucional cuando se advierte

alguna irregularidad, como ocurre en el presente caso, pues, a su

juicio, se encuentra demostrado que la operación del helipuerto

dentro del Condominio Ruitoque vulnera los derechos e intereses

colectivos de la comunidad residente.

Insistieron en que si bien la empresa demandada SOCARIN LTDA.

obtuvo los permisos a través de actos administrativos válidos, el juez

popular omitió su deber legal y constitucional de investigar y

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determinar que, en efecto, sí existe una grave vulneración de los

derechos e intereses colectivos de los adultos mayores, niños y

personas en situación de discapacidad que, a altas horas de la noche

y en las primeras horas del día, son sorprendidos con ruidos

estruendosos que no permiten la paz y tranquilidad normal que debe

existir en su lugar de residencia.

Alegaron que no se puede considerar que el ruido se emite

únicamente sobre el Hotel Punta Diamante porque es allí donde

despegan y aterrizan los helicópteros, debido a que es de

conocimiento público que las aeronaves sobrevuelan la totalidad del

condominio residencial, ya que tienen conexión con el Aeropuerto

Palonegro en el municipio de Lebrija y aledaños.

Adujeron que el Hotel Punta Diamante obtuvo el permiso de

funcionamiento en el año 2015, esto es, posteriormente a la creación

del condominio residencial, situación que no tuvo en cuenta la

AEROCIVIL al expedir los actos administrativos de operación del

helipuerto, razón por la que debió realizarse una debida ponderación

de la primacía del interés general sobre el interés particular previsto

en la Constitución.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. La CDMB solicitó confirmar en su totalidad la sentencia de

primera instancia, debido a que no se acreditó vulneración alguna

de los derechos colectivos invocados por la parte actora, pues no

tiene competencia sobre la operación ni el control del ruido generado

por helipuertos o aeronaves autorizadas por la AEROCIVIL, pues no

constituye una fuente fija de emisión sonora regulada por la

normativa ambiental.

Indicó que si bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de

1993, el control del ruido producido por helipuertos autorizados por

las entidades de nivel nacional no hace parte de sus funciones,

realizó monitoreo de emisión de ruido del Hotel Punta Diamante

entre el 30 de mayo y el 1o. de junio de 2024, respecto de lo cual

expuso que:

“[…] Para ello se realizaron lecturas en dos (2) puntos de emisión de
ruido, los cuales se ubicaron como se indica en la Tabla 5.2 y la Figura
5.1 del presente informe. Los resultados se obtuvieron por los
procedimientos establecidos en la Res. 0627/2006 de MAVDT (Hoy
MADS), tomando mediciones de emisión de ruido en horarios diurno
y nocturno en la jornada laboral. Los resultados de emisión de ruido
en el helipuerto se ejecutaron sin operación de aeronaves. Los
resultados de emisión de ruido en horario diurno calculados con L90,
indicaron que todas las lecturas cumplieron con el límite permisible

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establecido para el Subsector B (Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y
hospedajes.) de 65 dB (A)), presentando niveles de emisión de ruido
inferiores a 62,1 +/- 2,3 dB(A). En el horario nocturno los resultados
de emisión de ruido calculados con L90 realizados en el hotel Punta
Diamante, fueron comparados con el Subsector B (Zonas
residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo
habitacional, hotelería y hospedajes) de 55 dB (A), cumpliendo con
dicho límite. Cabe destacar que durante las mediciones diurnas y
nocturnas de la jornada laboral se percibió el ruido de fuentes
externas cerca de los puntos receptores de interés como: ruido de
fauna (Aves, insectos) y circulación de vehículos externos […]”.

Señaló que, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el

Tribunal valoró debidamente el material probatorio concluyendo

que no se demostró un daño ambiental verificable ni una amenaza

cierta a los derechos colectivos, por lo que fue la parte actora quien

no cumplió con la carga probatoria de acreditar la presunta

vulneración.

IV.2. El MUNICIPIO afirmó que, contrario a lo afirmado por los

recurrentes, el análisis probatorio realizado en la sentencia apelada

se soportó en estudios técnicos recientes que el a quo valoró con

rigurosidad, así como las obligaciones constitucionales y legales de

los accionados.

Puso de presente que el rol del juez popular no implica suplir la carga

probatoria de los demandantes prevista en la Ley 472 de 1998 y el

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artículo 88 de la Constitución Política, quienes debían acompañar sus

manifestaciones de pruebas técnicas y documentales que

acreditaran la existencia de una afectación colectiva concreta, grave

y actual, de conformidad con lo exigido por la jurisprudencia del

Consejo de Estado.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público no presentó concepto.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

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VI.2.- Problemas jurídicos

De conformidad con los argumentos expuestos por la parte

recurrente, la Sala considera que los problemas jurídicos a resolver

consisten en determinar que:

1-. ¿Es procedente que el juez popular examine la eventual

afectación de los derechos e intereses colectivos invocados frente a

los actos administrativos expedidos por la AEROCIVIL que

autorizan la operación del helipuerto en el Hotel Punta Diamante? y;

2-. ¿Si el material probatorio obrante en el expediente permite tener

por acreditada la amenaza y/o vulneración actual de los derechos e

intereses colectivos invocados por el impacto sonoro y riesgo que

genera la operación de dicho helipuerto?

VI.2.1.- De la procedencia de la acción popular para estudiar

la vulneración de los derechos e intereses colectivos

invocados frente a los actos administrativos expedidos por la

AEROCIVIL

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Como fundamento del recurso de apelación, la parte actora sostuvo

que a través de la acción popular el juez constitucional puede dejar

sin efecto actos administrativos cuando advierta alguna

irregularidad, como, a su juicio, ocurre en el presente asunto, pues

insisten en que la concesión del permiso de operación del helipuerto

en el Hotel Punta Diamante vulnera los derechos e intereses

colectivos de la comunidad que reside en Ruitoque Condominio.

Para resolver este primer problema jurídico, la Sala pone de

manifiesto que en sentencia de 21 de julio de 202314, esta Sección

se refirió a la posibilidad que tiene el juez popular de analizar la

legalidad y/o validez de los actos administrativos y de los contratos.

Para el efecto, destacó que el artículo 144 del CPACA prevé un límite

a las facultades del juez popular para restituir las cosas al estado

anterior a la vulneración de los derechos colectivos, que es la

prohibición de anular los actos administrativos y contratos estatales.

Asimismo, de la norma en comento destacó dos reglas jurídicas a

saber: i) que sí es posible promover una acción popular contra actos

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de julio de 2023, número único
de radicación: 44001-23-40-000-2020-00019-01. C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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administrativos y contratos estatales cuando éstos vulneren los

derechos colectivos y; ii) la prohibición de anularlos, lo que no

excluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer

cesar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos.

Sin embargo, en dicha oportunidad se advirtió que al interior de la

Corporación subsisten dos interpretaciones del inciso segundo del

artículo 144 del CPACA, a saber: i) que la limitación de la norma solo

afecta la facultad de declarar la nulidad de actos y contratos, por lo

que el juez popular conserva la competencia para examinar su

legalidad y/o validez y, en consecuencia, adoptar medidas distintas

a su nulidad, aunque las consecuencias sean similares, como es el

caso de dejar sin efecto el acto o contrato; y ii) la prohibición de

anular actos y contratos también excluye la posibilidad de que el juez

popular efectúe un juicio de legalidad y/o validez de los mismos,

toda vez que la limitación de la norma ibidem no puede ser

desconocida por el juez a través de figuras jurídicas que en sus

efectos jurídicos se asemejan a los de la nulidad del acto o del

contrato, cuya postura persigue la finalidad de evitar que la acción

popular desplace los medios de control de nulidad y de controversias

contractuales y, por tanto, que el juez constitucional actúe como juez

de legalidad del acto o contrato.

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Asimismo, se precisó que la postura que ha acogido esta Sección es

que de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 144, inciso

2°, del CPACA, mediante la acción popular no es posible declarar la

nulidad de los contratos y de los actos administrativos, así como

tampoco discutir asuntos relacionados con la validez de los contratos

o la legalidad de los actos, pues ello conduciría a una eventual

declaratoria de nulidad que está proscrita por el legislador en este

tipo de acciones.

Sin perjuicio de lo anterior, con excepción de la anulación del acto o

contrato, si el juez de la acción popular encuentra que el acto

administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, puede

adoptar las medidas necesarias para que cese dicha vulneración15.

Así las cosas, como quedó visto, la presente acción no resulta

procedente para entrar a decidir sobre la legalidad de los actos

administrativos por medio de los cuales la AEROCIVIL le otorgó a

la sociedad SOCARIN LTDA. permiso de operación y

funcionamiento del helipuerto en el Hotel Punta Diamante. No

15 Dicha tesis también fue reitera por la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2023

(Expediente núm. 25000 23 41 000 2014 00593 02. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López)

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obstante, ello no implica que no se pueda estudiar si con la ejecución

de dichos actos se transgreden los derechos colectivos invocados,

razón por la que la Sala estudiará el segundo problema jurídico.

VI.2.2.- De la amenaza y/o vulneración actual de los

derechos e intereses colectivos alegados por el impacto

sonoro y riesgo que genera la operación de dicho helipuerto

Los recurrentes sustentaron la presunta vulneración de sus derechos

en las afectaciones sufridas por los residentes del Condominio

Ruitoque, entre ellos, adultos mayores, niños y personas en

situación de discapacidad, quienes a altas horas de la noche y en las

primeras horas del día son sorprendidos con ruidos estruendosos que

no permiten la paz y tranquilidad normal que debe existir en su lugar

de vivienda.

El Tribunal, en la providencia objeto de recurso, consideró que no se

demostró vulneración ni amenaza actual, grave o concreta de los

derechos e intereses colectivos invocados como vulnerados y, por el

contrario, se acreditó que el helipuerto cuenta con autorización de

operación vigente otorgada por la AEROCIVIL y con la adopción de

protocolos de atención a emergencias, incluyendo la obligación de

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mantener canales de comunicación directa con organismos de

socorro.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los

medios de prueba obrantes en el expediente para resolver el

problema jurídico que se planteó en este asunto16.

• Resolución núm. 05233 de 14 de octubre de 2014,

expedida por el subdirector general de la AEROCIVIL, “Por la cual

se concede permiso de operación al Helipuerto denominado HOTEL

RUITOQUE en el Departamento de Santander”, por solicitud de la

Sociedad SOCARIN LTDA., por el término de 3 años. En su numeral

4 se dispuso que el permiso podrá ser suspendido o cancelado si el

helipuerto deja de reunir los requisitos mínimos exigidos para

garantizar la seguridad en las operaciones aéreas de conformidad

con lo establecido en el artículo 1822 del C.C. y en el RAC.

• Resolución núm. 03176 de 11 de octubre de 2017, “Por

la cual se Renueva el permiso de operación del Helipuerto

16 Las pruebas se encuentran en el índice 212 del expediente digital 00, obrante en SAMAI.

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denominado HOTEL RUITOQUE en el Departamento de Santander”,

por el término de 3 años.

• Resolución núm. 01420 de 18 de julio de 2023, “Por la

cual se Renueva el permiso de operación del Helipuerto denominado

HOTEL RUITOQUE en el Departamento de Santander”, por el término

de 5 años.

• Respuesta al derecho de petición presentado por el señor

Henry López Pinzón el 3 de marzo de 2016, suscrita por el director

de Servicios de Navegación Aérea de la AEROCIVIL, quien indicó

que el helipuerto presenta operaciones desde el 1o. de enero de

2015, sin que se registre que se hayan presentado quejas.

• Respuesta al derecho de petición presentado por el señor

Henry López Pinzón el 4 de mayo de 2016, suscrita por el director

de Servicios de Navegación Aérea de la AEROCIVIL, en la que se

informó que el helipuerto ubicado en el Hotel Punta Diamante cumple

con las normas establecidas en RAC, razón por lo que se autorizó el

permiso de operación. Asimismo, indicó que, en caso de molestias

por el ruido de la aeronave, la autoridad ambiental, previa

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investigación y medición de niveles de ruidos, recomendará el

traslado.

• Reporte de 4 de junio de 2011, en el que el Gerente Ruitoque

Golf Country Club puso de presente que: “[…] el día lunes 30 de

mayo de 2016 a las 12:00 del mediodía, cuando el helicóptero del

Hotel Punta diamante aterrizó en nuestro campo de golf en el fairway

del hoyo 18, sin ninguna autorización […]”.

• Escrito de 30 de mayo de 2016 dirigido al gerente del Hotel

Punta Diamante, mediante el cual la sociedad TRAIR S.A.S. ofreció

disculpas por el aterrizaje sin autorización de un helicóptero en el

campo de golf e indicó que se tomarían las medidas correctivas

necesarias.

• Respuesta de 1o. de julio de 2016 suscrita por el secretario de

Seguridad Aérea de la AEROCIVIL ante la petición presentada por

el administrador de Ruitoque Condominio, dentro de la cual se indicó

que revisadas las bases de datos de la entidad se estableció que:

“[…] el helipuerto “Hotel Ruitoque o Punta Diamante” tiene permiso

de operación otorgado mediante Resolución No. 05233 de 2014,

asimismo se determinó que el helicóptero HK 4653 cuenta con

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certificado de aeronavegabilidad vigente. También se verificó que el

piloto Alejandro Augusto Blandón Peláez cuenta con licencia PCH 650

vigente […]”. Además, se informó que se remitió la queja al Grupo

de Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas por los

hechos ocurridos el 30 de mayo de 2016.

• En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de febrero de 2021, se

recepcionaron los siguientes testimonios:

“[…] William Bergsneider Gómez. De profesión Administrador de
Empresas. Residente de Ruitoque Condominio desde hace 18 años,
declara no tener relación con las partes en conflicto. Señala que el
Hotel Punta Diamante empezó a operar vuelos en helicóptero como
atracción turística, manifiesta que los vuelos irrumpen la tranquilidad
y el descanso de la comunidad, al percibirse un ruido que califica como
insoportable. Manifiesta haber registrado en un solo día 22 vuelos,
dice que los vuelos van entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Expresó
preocupación por la seguridad, al no haber control de las personas
que llegan en los helicópteros y por distintos aterrizajes que se han
realizado en el campo de golf, describe que se siente vigilado desde
el aire al estar la línea de aterrizaje frente a su vivienda.

Dora Reyes Sierra. Economista, residente desde hace
aproximadamente seis (6) años en el conjunto Horizonte, ubicado en
Ruitoque Condominio. La declarante no manifiesta tener vínculo
alguno con las partes procesales. Informó que su lugar de residencia
se encuentra a una distancia aproximada de 200 metros del Hotel
Punta Diamante, y que desde hace tres o cuatro años ha percibido
una afectación progresiva a la tranquilidad del entorno, originada por
los vuelos frecuentes de helicópteros que inician desde las 6:00 a. m.
y se extienden, en algunos casos, hasta las 3:00 o 4:00 p. m. Señala
haber identificado un promedio diario de entre seis (6) y ocho (8)
sobrevuelos, cuyos niveles de ruido, según su percepción,
interrumpen las actividades cotidianas dentro de su vivienda.
Adicionalmente, indica que en ocasiones las aeronaves vuelan a baja
altura, generando temor en la comunidad, y refiere haber escuchado

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que se han encontrado residuos de ACPM en el campo de golf, e
incluso que se han realizado aterrizajes en dicho lugar.

Carmen Teresa Gómez. Médica y habitante del conjunto Pradera.
Señala preocupación por afectación al derecho a la intimidad y
seguridad por el sobrevuelo constante del helicóptero sobre su
propiedad, así como el ingreso de personas por el Hotel sin registro
en las porterías de seguridad de la Unidad Residencial Condominio.
Describe que los vuelos son usuales los fines de semana en el horario
comprendido entre 8 a 10 de la mañana. Y destaca como
consecuencia de la operación aérea cansancio acústico de quienes
rodean el helipuerto. Refiere que la unidad es de predominante uso
residencial.

Santiago Sánchez Vesga. Ingeniero Civil habitante del conjunto
Horizonte y coadyuvante. Relata la existencia de ruido constante es
especial los fines de semana por causa del sobrevuelo constante y
maniobras de despegue y aterrizaje en el Hotel de cinco pisos de
altura que se encuentra a 300-400 metros de distancia de su
domicilio. Refiere que en su momento Didier Tavera, mientras ejerció
como Gobernador de Santander realizaba uso del servicio de
helipuerto para desplazamientos en horarios de 6 a 7 de la noche.
[…]”.

• Acta de Visita Técnica núm. 4346 de 1o. de agosto de

2018, realizada por el AMB, en la que se indicó que el personal de

la Subdirección Ambiental de Inspección y Vigilancia de la calidad del

aire de la entidad adelantó dos estudios de ruido de la siguiente

manera:

“[…] 1. Un monitoreo de Ruido Ambiental frente al Hotel Punta
Diamante según los procedimientos y métodos de la Resolución No.
627 de 2006.

2. Un monitoreo de ruido de inmisión al interior del conjunto de la
Aldea Comercial, donde se realizan dos mediciones: a). Sin presencia
de la fuente generadora de la afectación sonométrica. b). Con
presencia de la fuente con aterrizaje y despegue de conformidad con

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los procedimientos de medición señalados en la resolución No. 8321
de 1983 […]”.

• Informe Técnico de 1o. de agosto de 2018, realizado por

el AMB, dentro del cual se reportaron los resultados de medición

diurna realizada en la Aldea Comercial del sector Ruitoque, así:

“[…]Toma 2. Toma de muestra Ruido de Inmisión. Sin
presencia de la fuente generadora de ruido operando
(Helicóptero)

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En dicho informe, se expuso como conclusiones de la visita, lo

siguiente:

“[…] Se advierte que para un sector comercial el estándar máximo
permisible de presión sonora es de 70 dB(A) para horario diurno de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 8321 de 1983.

El nivel de ruido promedio descrito en la tabla No. 5 (69.66 dB),
cumple con el estándar máximo permisible para el sector comercial
en horario diurno, descrito en el artículo 17 de la Resolución.

Se aclara además que teniendo en cuenta la naturaleza intermitente
de la fuente, no fue posible garantizar el intervalo de tiempo de
medida de quince (15) minutos, según lo señalado en el artículo 18
ibidem […]”.

• Manual del Helipuerto Hotel Ruitoque Piedecuesta

Santander en el que se describen las características físicas del

helipuerto, la restricción y eliminación de obstáculos, las ayudas

visuales, las condiciones operacionales, entre otros. En dicho

documento se advierte que:

“[…] El helipuerto RUITOQUE está ubicado sobre la terraza del hotel
Ruitoque ubicado en el complejo residencial del mismo nombre
localizado en la ciudad de Piedecuesta - Santander, a 15,330 metros
al Sur-Este de la pista del aeropuerto Internacional Palonegro sobre
las siguientes coordenadas Geográficas medidas por el sistema WGS-
84.

Al hotel Ruitoque y el helipuerto se puede acceder vía terrestre desde
la ciudad de Bucaramanga por varias vías en pavimento flexible y su
acceso está controlado por la seguridad del complejo residencial, por
lo tanto, es necesario coordinar previamente el ingreso del personal
de pasajeros y demás que se requieran en la operación aérea.

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Toda operación que se pretenda realizar desde y hacia el helipuerto
RUITOQUE, debe ser autorizada por la oficina de información
aeronáutica AIS del aeropuerto PALONEGRO y coordinada el
explotador del helipuerto.

El aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, cuenta con el servicio de
Información Aeronáutica, dentro de los cuales se incluye el
diligenciamiento de los planes de vuelo a los usuarios que operen en
dicho Terminal. Una vez dado al servicio el Helipuerto de RUITOQUE,
se establecerá una carta de acuerdo operacional entre esta el
explotador del helipuerto y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con el fin de definir el protocolo de diligenciamiento
y recepción de planes de vuelo de los helicópteros que operen en el
helipuerto. Para tal fin se debe disponer de una oficina operativa
responsable de hacer el enlace con la oficina de información
aeronáutica dotada de los elementos mínimos tales como línea
telefónica, fax, formularios de plan vuelo, manual AIP.

• El Piloto al mando de la aeronave, indagará si se están aplicando
procedimientos en Palonegro o existe alguna otra restricción que al
movimiento del tránsito en los alrededores que pudiera demorar o
afectar su despegue; de igual manera podría sintonizar la información
ATIS disponible para este terminal, en donde escucharán toda la
información meteorológica y operativa importante para su vuelo.

• El piloto al mando efectuará contacto con la Torre Palonegro antes
de iniciar los motores con el fin de que esta dependencia de control
verifique que se ha recibido el plan de vuelo y planifique el despegue.

• Todo tipo de operación deberá cumplir con lo establecido en el AIP
de Colombia, y en las Circulares AIC y notificaciones Notam Vigentes
para la operación en Palonegro […]”.

• Informe IA-24-IF-081 realizado por el Laboratorio

Ambiental INDUANALISIS, dentro del cual se detallan dos

mediciones en dos puntos de emisión de ruido entre el 30 de mayo

y 1o. de junio de 2024, en horario diurno y nocturno en el Hotel

Punta Diamante, en el que se indicó que:

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“[…] Las principales fuentes de ruido identificadas por la actividad
evaluada fueron:

• Zona de restaurante y bares.
• Ruido de equipos de calefacción.

Las principales fuentes de ruido externas que se identificaron como
posibles aspectos ambientales ya existentes en la zona fueron:

• Ruido de vehículos (carros, motos, buses, volquetas)
• Ruidos de fauna (aves, grillos, ranas)
• Ruido de perros ladrando
• Ruido de personas hablando

El monitoreo fue realizado por INDUANALISIS S.A.S., usando los
métodos aprobados por el IDEAM, bajo la Resolución de acreditación
1755 de 2023 12-26, basados en la metodología y los ajustes que
indica la Resolución 0627 de 2006 del MAVDT (hoy MADS), también
la norma técnica ISO 1996. Del cual se citan los siguientes apartes:

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[…]”.

De cara al material probatorio relacionado en precedencia, la Sala

advierte que el helipuerto "Hotel Ruitoque" se encuentra ubicado en

una plataforma de pavimento rígido en el techo del Hotel Punta

Diamante Business & Premium Resort Coordenadas Geográficas

Long. 73°04'57.202" W; Lat. 07°01'21.5" N, siendo un predio

privado identificado con folio de Matricula inmobiliaria núm. 314-

46334.

Asimismo, está acreditado que los vuelos realizados en el

mencionado helipuerto son de carácter comercial y operados por la

sociedad TRAIR S.A.S. la cual está dedicada al transporte aéreo.

De conformidad con los documentos aportados, se observa que

mediante Resolución núm. 5233 de 14 de octubre de 2014, la

AEROCIVIL le otorgó a la sociedad SOCARIN LTDA. permiso de

operación y funcionamiento del helipuerto "Hotel Ruitoque",

concesión que ha sido renovada mediante las resoluciones núms.

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03176 de 11 de octubre de 2017 y 01420 de 18 de julio de 2023,

esta última por el término de cinco años.

En los informes rendidos, la AEROCIVIL asegura que la autorización

otorgada a través de los actos administrativos se sustentó en el

cumplimiento de los requisitos de construcción y operación de

helipuertos contenidos en el RAC; no obstante, los recurrentes

insisten en que la operación y funcionamiento del helipuerto "Hotel

Ruitoque" vulnera sus derechos colectivos por el impacto sonoro y

riesgo que genera en los residentes de Ruitoque Condominio.

Al respecto, se tiene que los helipuertos no requieren licencia

ambiental17 y están regulados por normativas aeronáuticas

específicas que establecen que pueden construirse y operar, siempre

que cumplan con los estrictos estándares de seguridad aérea y

tengan el permiso correspondiente según el RAC 14.

Asimismo, conforme al numeral 14.2.3.12., la AEROCIVIL está en

la obligación de vigilar permanentemente que los helipuertos

17 Ello, en atención a que dicha actividad no se encuentra enlistada en el artículo
2.2.2.3.2.3. del decreto 1076 de 2015, el cual prevé los proyectos, obras o actividades que
requieren del licenciamiento ambiental por parte de la autoridad ambiental.

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cumplan con los reglamentos, a efectos de garantizar la seguridad

de las operaciones aéreas y, de ser el caso, modificar, suspender o

cancelar el permiso de operación correspondiente.

Ahora, la reglamentación aeronáutica aplicable en materia de ruido

está contenida en los RAC 4, 36, 91, 121, 135 y 216, la cual busca

garantizar la seguridad y la eficiencia, junto con un nivel óptimo de

ruido en las operaciones aéreas. Específicamente, en relación con los

helicópteros, el RAC 36 estableció los parámetros que debe

comprender el respectivo método de evaluación acústica:

“[…] 41. Helicópteros
Este método de evaluación del ruido comprende:

(1) Condiciones de ensayo y medición para la homologación en
cuanto al ruido;
(2) Medición del ruido de aviones y helicópteros percibido en tierra;
(3) Cálculo del nivel efectivo del ruido percibido a partir de los datos
de ruido medidos; y
(4) Notificación de los datos a las autoridades encargadas de la
homologación y corrección de los datos medidos. […]”.

De otra parte, cabe señalar que si bien el helipuerto del Hotel Punta

Diamante no constituye por sí mismo una fuente emisora de ruido

permanente en los términos de una instalación industrial o comercial

de funcionamiento continuo al ser una fuente móvil, sí se configura

como un punto fijo de operación aérea en el cual se ejecutan de

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forma habitual maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue de

aeronaves tipo helicóptero.

En ese sentido, aun cuando la Resolución 627 de 2006 no reguló

expresamente el ruido generado en los helipuertos, se debe

entender que la operación de estos sí está sujeta a las disposiciones

contenidas en dicha normativa que, en últimas, busca controlar las

emisiones sonoras en todo el territorio nacional, para lo cual

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido

ambiental, diferenciados por tipo de zona y horario.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el Informe Técnico

de 1o. de agosto de 2018 realizado por el AMB, se aplicaron los

procedimientos previstos en la Resolución núm. 627 de 2006 y se

presentó el resultado del monitoreo de inmisión sonora realizado al

interior del conjunto Aldea Comercial, en el cual se efectuaron dos

mediciones, la primera: sin presencia de la fuente emisora, arrojó

un nivel de 52.2 dB y, la segunda: durante las maniobras de

aterrizaje y despegue, registró un promedio de 69.66 dB,

concluyendo que dicho valor se encuentra dentro del límite máximo

permitido de 70 dB para zonas de uso comercial en horario diurno,

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conforme a lo dispuesto en la Resolución núm. 8321 de 4 de agosto

de 198318, expedida por el Ministerio de Salud.

Igualmente, obra en el expediente el Informe IA-24-IF-081 realizado

por el Laboratorio Ambiental INDUANALISIS, basado en la

metodología y los ajustes que indica la Resolución núm. 0627 de

2006, dentro del cual se detallan dos mediciones en dos puntos de

emisión de ruido entre el 30 de mayo y 1o. de junio de 2024, en

horario diurno y nocturno en el Hotel Punta Diamante, determinando

que en ambos horarios se cumplieron los límites permisibles

establecidos.

De lo expuesto, la Sala advierte que, tal como lo consideró el

Tribunal, la parte actora no logró acreditar la existencia de una

amenaza o vulneración cierta, actual y grave de los derechos e

intereses colectivos invocados, derivada del impacto sonoro o de los

riesgos asociados a la operación del helipuerto objeto de

controversia.

18 “Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud

y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”.

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En efecto, si bien al expediente se allegaron fotografías, videos que

registran las maniobras de despegue y aterrizaje de helicópteros, así

como las declaraciones de varios residentes del Condominio

Ruitoque, dichos elementos únicamente evidencian la percepción de

molestias auditivas y dificultades momentáneas de comunicación

durante la operación del helipuerto. No obstante, carecen de la

entidad demostrativa suficiente para establecer, de manera objetiva,

que tales circunstancias hayan generado afectaciones concretas a la

salud, la integridad o los bienes de los residentes, o que constituyan

una amenaza real a los derechos colectivos cuya protección se

pretende.

Por el contrario, la Sala observa que sí se encuentra debidamente

acreditado en el expediente que el helipuerto objeto de controversia

cuenta con permiso de operación y funcionamiento vigente otorgado

por la AEROCIVIL, el cual ha sido renovado en distintas

oportunidades, previo cumplimiento de los requisitos técnicos,

operacionales y de seguridad previstos en la regulación aeronáutica

aplicable.

Asimismo, se encuentra demostrado que la infraestructura dispone

de los protocolos y medidas de protección exigidos para la atención

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de emergencias, dentro de los cuales se incluye la disponibilidad de

mecanismos de comunicación directa con los organismos de socorro

y cuerpos de bomberos de la zona.

De igual manera, obra en el expediente el informe técnico de

medición de ruido realizado por la autoridad ambiental competente,

cuyas conclusiones indican que los niveles sonoros atribuibles a la

operación del helipuerto no superan los máximos permisibles

establecidos en la normativa vigente y en el que se identificaron

otras fuentes de ruido presentes en el sector, ajenas al

funcionamiento del mismo, por lo que la vulneración alegada no

logró probarse.

En consecuencia, a juicio de la Sala, le asistió razón al Tribunal al

denegar las pretensiones de la demanda, razón la que se confirmará

la sentencia de 23 de mayo de 2025, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

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Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de

unificación proferida el 6 de agosto de 201919 por la Sala de Decisión

Especial núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en

esta instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba

sobre su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2025,

proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las

consideraciones.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial

27, sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.:
Rocío Araújo Oñate.

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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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