Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2018-00262-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00262-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA
CERRADA
TESIS: NO SE ACREDITÓ LA AMENAZA O VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS. POR EL CONTRARIO, SE
DEMOSTRÓ QUE LA OPERACIÓN DEL HELIPUERTO CUENTA CON
PERMISO DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO VIGENTE OTORGADO
POR LA AEROCIVIL, EL CUAL HA SIDO RENOVADO EN DISTINTAS
OPORTUNIDADES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
TÉCNICOS, OPERACIONALES Y DE SEGURIDAD PREVISTOS EN LA
REGULACIÓN AERONÁUTICA APLICABLE.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE
UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los
coadyuvantes de la parte actora1 contra la sentencia de 23 de mayo
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2.
1 Los señores Carmenza Badillo Chaparro, Santiago Sánchez, Claudia Sofia Mantilla Gómez,
William Bergsneider Gómez, Carmen Teresa Gómez, Martha Isabel González, María Isabel
Galvis Gutiérrez, Dora Reyes Sierra y Claudia Marcela González Picón.
2 En adelante Tribunal.
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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA RUITOQUE
CONDOMINIO, actuando a través de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la
Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de
19983, presentó demanda contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL4, el MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA5, el ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA6 y las sociedades
SOCARIN LTDA. y TRAIR S.A.S, con el fin de obtener la protección
de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano,
al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante AEROCIVIL.
5 En adelante CDMB.
6 En adelante AMB.
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I.2. Hechos
Precisó que es una Unidad Inmobiliaria Cerrada sin ánimo de lucro,
creada a la luz de la Ley 675 de 3 de agosto de 20017, ubicada en
los municipios de Piedecuesta y Floridablanca, integrada por 30
conjuntos residenciales, 1.277 unidades de vivienda, un club,
unidades de comercio y un hotel, en un área aproximada de 200
hectáreas.
Aseguró que, sin consultar a la comunidad y en contravía de su
debido proceso e ignorando la prevalencia del interés general sobre
el particular, la AEROCIVIL expidió la Resolución núm. 05233 de 14
de octubre de 2014 a través de la cual permitió el desarrollo de
vuelos promocionales desde el Hotel Punta Diamante Business &
Premium Resort8 por parte de la compañía de transporte aéreo
TRAIR S.A.S., lo que ha aumentado de manera considerable las
operaciones aéreas, generando un flujo constante y continuo de
personas y aeronaves sobre áreas comunes de la unidad residencial,
sin que exista un plan estratégico de seguridad ni un sistema de
gestión del riesgo en caso de emergencias o desastres.
7 Por medio de la cual se expide el Régimen de Propiedad Horizontal.
8 En adelante Hotel Punta Diamante.
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Indicó que, por lo anterior, se ha generado un entorno de
intranquilidad y zozobra entre los habitantes de las 1.277 unidades
de vivienda, debido al ruido excesivo percibido en tierra e
inseguridad que produce el hecho de estarse efectuando sobrevuelos
de manera regular por debajo de los 300 metros y sin que la empresa
operadora del helicóptero cuente con la capacidad económica de
reparación por los daños que se llegaren a ocasionar.
Señaló que el 16 de febrero de 2016, presentó derecho de petición
ante la AEROCIVIL que, mediante respuesta de 3 de marzo de ese
año, de manera incompleta y evasiva, se limitó a afirmar que el
helipuerto tiene autorización para su funcionamiento desde el 1o. de
enero de 2015 sin que se hubiere presentado queja alguna y,
además, le recomendó solicitar a las autoridades locales estudiar la
posibilidad de reubicarlo.
Puso de presente que no existe control policivo o de las entidades de
control y vigilancia del Estado sobre el flujo de personas que ingresan
a la Unidad y, aseguró que el 30 de mayo de 2016, se practicaron
sobrevuelos rasantes del helicóptero de matrícula HK 4653 sobre
todo el condominio, generando incomodidad y contaminación
auditiva, sin que mediara ninguna autorización previa por parte de
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los órganos de administración de la Unidad Inmobiliaria Cerrada,
violando así los protocolos de seguridad establecidos.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó como pretensiones principales, las
siguientes:
“[…] 1. Que se declare mediante sentencia de obligatorio
cumplimiento, la cancelación de la licencia de operación y
funcionamiento del Helipuerto denominado Hotel Ruitoque u Hotel
Punta Diamante, ubicado dentro de los predios de la Unidad
Inmobiliaria Cerrada, y en las coordenadas que anuncia la misma
licencia otorgada por la AERONÁUTICA CIVIL, toda vez que se violó el
debido proceso, ya que en ningún momento se consultó a la
comunidad, debiendo primar el interés general sobre el particular, ya
que esto se traduce en la "falta de viabilidad ambiental, jurídica y
urbanística", y "la afectación a lo más básico de la supervivencia", en
aras de la conservación del orden público en consideración a los
habitantes de RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA
CERRADA, ubicada en los municipios de Piedecuesta y Floridablanca,
y su zona de influencia, y garantizar la pacífica convivencia ciudadana,
la vida, la salubridad, tranquilidad ciudadanas, y en la medida de la
competencia funcional a todos y a cada uno de los demandados,
quienes con excepción de SOCARIN LTDA. y TRAIR S.A.S., están
investidos de autoridad encargadas de velar por el cumplimiento de
las normas atinentes a la protección del ambiente, y prevención y
conservación de los derechos constitucionales de interés general y
colectivos, y con el propósito que se prevenga y se corrija la causa de
la molestia y perturbación que se les ocasiona a la ciudadanía, y en
especial a sus residentes, ejerzan el debido control y en cumplimiento
de la normatividad constitucional y legal existente, hacer que cese la
perturbación causada:
1.1. Por la licencia y funcionamiento del Helipuerto denominado
HOTEL RUITOQUE, u HOTEL PUNTA DIAMANTE establecido en su área
de influencia, quienes mantienen de manera regular por la operación
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de helicóptero(s), produciendo contaminación auditiva y sonora y, en
consecuencia, se cumpla con la normatividad aplicables al presente
asunto, con el fin de proteger los derechos colectivos INTIMIDAD
PERSONAL, GOCE DE UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL MEDIO
AMBIENTE Y DEL ESPACIO PUBLICO, que, para el caso en particular,
no es otro que el de las zonas comunes que hacen y forman parte de
la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA.
1.2. La omisión, y permisividad y el no cumplimiento estricto de las
funciones asignadas por la ley a los integrantes de la parte
demandada, y vinculados, que se traduce en la falta de control, se
genera contaminación auditiva y sonora.
1.3. Con la finalidad de lograr la recuperación inmediata y el
restablecimiento de los derechos colectivos violados, y se haga
cumplir con la normatividad contenida en las normas amplias y
reiterativamente citadas y los reglamentos aeronáuticos colombianos
(RAC), y las demás normas concordantes y aplicables al presente
asunto, con el fin de proteger los derechos colectivos INTIMIDAD
PERSONAL, PRIVACIDAD, GOCE DE UN AMBIENTE SANO, GOCE DEL
MEDIO AMBIENTE Y DEL ESPACIO PUBLICO que, para el caso en
particular, no es otro que el de las zonas comunes que hacen y forman
parte de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA, Y QUE VIENE SIENDO
AFECTADOS POR LA VIOLACIÓN PERMANENTE […]”.
Como pretensiones subsidiarias, pidió lo siguiente:
“[…] 2. Que así mismo, por parte de las autoridades demandadas, se
ejerza control sobre el ruido que se traduce en contaminación auditiva
y sonora, generado por:
2.1. Las actividades del denominado HELIPUERTO del Hotel PUNTA
DIAMANTE, relacionado en el numeral anterior, en violación a los
Intereses de las personas, como la tranquilidad y la convivencia
ciudadana y la paz que debe reinar entre los vecinos del sector y en
especial a los residentes de RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD
INMOBILIARIA CERRADA, y su zona de influencia.
2.2. Sobre la operación del referido HELIPUERTO, pues su omisión
causa violación a los Intereses de las personas, como la tranquilidad
y la convivencia ciudadana y la paz que debe reinar entre los vecinos
del sector y en especial a los residentes de RUITOQUE CONDOMINIO
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA.
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3. Que los representantes legales de la Corporación para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, y del Área Metropolitana de
Bucaramanga AMB, y de la AERONAUTICA CIVIL, y el Alcalde del
Municipio de Piedecuesta a través de la Secretaria de desarrollo social,
o quien haga las veces de autoridad ambiental, ejerzan de manera
permanente, el debido control sobre los niveles de ruido originados
en la operatividad del Helipuerto referido, realizando
permanentemente mediciones y evalúen los posibles impactos
específicos sobre la población asentada en RUITOQUE CONDOMINIO
UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA., con la finalidad de verificar que
cumplan con los parámetros establecidos en la Ley 140 de 1994, y
ejerzan todas sus facultades coercitivas y apliquen todas las medidas
sancionatorias y correctivas necesarias y efectivas.
4. Que el SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, de igual forma, o
por quien haga sus veces, y como autoridad competente le haga el
seguimiento permanente requerido al funcionamiento y operación del
Helipuerto denominado hotel Ruitoque u HOTEL PUNTA DIAMANTE, y
consecuencia de manera permanente, esto se realice la respectiva
Inspección, analizando el nivel en decibeles que produzca este equipo
aeronáutico.
5. Que así mismo, se le ordene a la SECRETARIA DESARROLLO
SOCIAL DE PIEDECUESTA, a la Corporación para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga CDMB, y/o el Área Metropolitana de
Bucaramanga, AMB, a realizar de manera permanente operativos
necesarios con el propósito de dar protección al medio ambiente y se
ejerza control para que cese la perturbación generada por la actividad
tendiente a prevenir.
6. Se declare por medio de providencia la Violación a los Intereses de
las personas, como la tranquilidad y la paz, sancionando o cumpliendo
con las respectivas correcciones a que dan lugar por incumplimiento
de la norma y se les conmine a proteger los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, al medio ambiente y al del espacio público
que, para el caso en particular, no es otro que el de las zonas comunes
que hacen y forman parte de la UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA y,
en consecuencia, los derechos a la tranquilidad, a la intimidad, a la
dignidad humana, a la convivencia pacífica, el desarrollo normal de la
vida de las personas ante la ley, la utilización, recuperación y
protección del espacio público, derecho al medio ambiente sano
vulnerado por la contaminación auditiva y sonora, teniendo en cuenta
que existen derechos o intereses colectivos amenazados o
vulnerados, cuya protección y defensa ha sido omitida por la
Autoridad Municipal (Art. 9° de la Ley 472 de 1.998).
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7. Se corrija la falta de prevención de los riesgos que esta operación
implica y la carencia de planes estructurales de riesgo, en su calidad
de operadora (sic), y se establezca de manera inmediata un sistema
de gestión en caso de emergencias o desastres, control, inspección y
vigilancia, que se genera a la comunidad de residentes de la
copropiedad, por permisividad de las autoridades acá demandadas,
ya por acción u omisión, toda vez que no existe un plan estratégico
de seguridad, equipos de bomberos, ambulancias, etc., y no exista
intranquilidad, zozobra, por esa carencia y, además, por desconocer
si la empresa operadora del helicóptero cuenta con capacidad
económica para la reparación que se llegasen a ocasionar por daños.
8. En aras de salvaguardar y preservar los derechos colectivos
ampliamente enumerados, solicito respetuosamente se ordene la
cancelación del permiso de operación al helipuerto ampliamente
referido, por incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para
garantizar la seguridad de las operaciones aéreas de conformidad con
lo establecido en el artículo 1822 del código de comercio, en los
reglamentos aeronáuticos y disposiciones concordantes o cuando el
explotador incurra en alguna de las causales señaladas en el numeral
14.2.3.14. de los citados reglamentos, cuando el propietario o
explotador permitan el empleo indebido del helipuerto. […]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1. El AMB se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
como excepciones la «Falta de legitimación en la causa por pasiva»,
«Falta de competencia funcional» e «Inexistencia de vulneración de
derecho colectivo».
Afirmó que no tiene competencia frente al control y vigilancia de
emisiones sonoras ni las actividades comerciales aeronáuticas, lo
cual, en el caso de los residentes del Condominio Ruitoque Unidad
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Inmobiliaria Cerrada, le corresponde al MUNICIPIO por intermedio
de sus Secretarías de Ambiente o Salud y a la Policía Nacional,
quienes deberán adoptar las medidas administrativas necesarias
para restablecer los niveles mínimos de sonido en el sector.
Aseguró que, con fundamento en los literales j) y k) del artículo 6° de la
Ley 1625 de 29 de abril de 20139, su competencia está supeditada a
ejercer las funciones de autoridad ambiental en el perímetro urbano de
cada uno de los municipios que la conforman y, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199310, los artículos
42 y 68 del Decreto 948 de 1995 y la Resolución 627 de 7 de abril de
200611, la responsabilidad del control a emisiones de ruido le corresponde
a los municipios y distritos en relación con la prevención y control de la
contaminación del aire, a través de sus alcaldes o de los organismos del
orden municipal a los que éstos las deleguen, con sujeción a la ley, los
reglamentos y las normas ambientales superiores.
9 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas
Metropolitanas.
10 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.
11 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”.
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Manifestó que tampoco es la encargada funcionalmente de garantizar a
la comunidad que la empresa aeronáutica TRAIR SAS., la sociedad
SOCARIN LTDA. y el Hotel Punta Diamante guarden los niveles mínimos
de emisión de ruido y, menos aún, de realizar mediciones al interior de
viviendas de particulares o en las operaciones de vuelo de los helicópteros
en las zonas de campos de Golf, pues sus competencias están
enmarcadas en el «RUIDO AMBIENTAL» con la obligación de desarrollar
mapas de ruido ambiente, donde las variables y la metodología está
plenamente encuadrada en un marco jurídico diferente a la inmisión
puntual que producen las actividades comerciales o, en este caso, las
operaciones aéreas reguladas por la AEROCIVIL.
I.4.2. La AEROCIVIL afirmó que no fue requerida conforme lo exige el
artículo 144 del CPACA, pues si bien en la demanda la parte actora
manifestó que ha presentado derechos de petición, en estos se
requirieron temas distintos a la adopción de medidas de protección a los
derechos colectivos que aquí se pretenden proteger.
Adujo que no es la competente para ejercer funciones de autoridad
ambiental en los municipios, ni para dirimir conflictos de convivencia
al interior de una unidad residencial.
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Refirió que, en cumplimiento de sus funciones, expidió las
resoluciones núms. 5233 de 14 de octubre de 2014 y 03176 de 11
de octubre de 2017, por medio de las cuales concedió y renovó el
permiso de operación al helipuerto privado «Hotel Ruitoque», el cual
fue solicitado por el señor LUIS EDUARDO CASTILLO,
representante legal de la sociedad SOCARIN LTDA., quien acreditó
la propiedad de los bienes como lo exige el artículo 5.3.6.5.1 del
Reglamento Aeronáutico Colombiano -RAC12-, parte 5.
Resaltó que dicha concesión estuvo precedida de la revisión de los
demás requisitos contenidos en el RAC, especialmente, los previstos
en las partes 5 y 14, así como en la respectiva inspección técnica en
la que se pudo determinar que la solicitud cumplió con todos los
requerimientos operativos y, en consecuencia, procedía la
expedición del permiso.
Explicó que no resulta procedente cancelar el permiso otorgado a la
sociedad SOCARIN LTDA. con fundamento en el ruido ocasionado
por su operación, como lo ha solicitado en reiteradas ocasiones la
12 En adelante RAC.
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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA
parte actora, por cuanto no se ha demostrado un actuar contrario a
las disposiciones contenidas en los artículos 1818 y 1817 del Código
de Comercio y el artículo 14.2.4 del RAC.
Aseguró que no es la responsable de la vulneración de los derechos
colectivos alegada por el accionante y le corresponde a la sociedad
operadora y a la aerolínea la operación del mencionado helipuerto y,
por ende, los temas relacionados con los ruidos ocasionados por la
operación área al interior del perímetro que conforma la unidad
residencial.
Estimó que debe decretarse que no existe violación del derecho
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, toda vez que las zonas comunes de una
propiedad inmobiliaria -condominio, unidad residencial, edificio,
conjunto residencial-, son de propiedad privada y no espacio público.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de la demanda y
declarar probadas las excepciones de «Falta de legitimación en la
causa por pasiva» e «Inexistencia de vulneración de los derechos
colectivos», así como la «Falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad contenido en el artículo 144 del CPACA».
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I.4.3. La sociedad SOCARIN LTDA. solicitó rechazar la demanda
porque no existe material probatorio que permita deducir daño
alguno a la colectividad que amerite una protección de los derechos
colectivos invocados y, además, por no cumplir el requisito de
procedibilidad atinente al agotamiento de las reclamaciones ante la
Oficina de Gestión de Riesgo Municipal, autoridad administrativa
responsable de los hechos propuestos.
Afirmó que la acción popular no está instituida para el amparo de los
derechos a la vida, a la tranquilidad, a la intimidad, a la dignidad
humana, a la convivencia pacífica y al desarrollo normal de la vida
de las personas invocados en la demanda, por cuanto los mismos
son derechos fundamentales.
Calificó como desacertado invocar la protección del espacio público,
debido a que no se pueden confundir las zonas comunes de la
copropiedad con el espacio público, razón por la que, a su juicio, en
el presente caso el único derecho plausible de protección es el
correspondiente al medio ambiente sano presuntamente afectado
por contaminación sonora y auditiva.
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Advirtió que lo pretendido por la parte actora es cuestionar la
legalidad de los actos administrativos que otorgaron los permisos
para lo cual existe otro medio de defensa judicial.
Señaló que los hechos y fundamentos de derecho que soportan la
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos
consisten en la enunciación de una serie de normas de carácter
general, sin que medie prueba técnica alguna que de cuenta de su
transgresión.
Propuso, por lo anterior, las excepciones que denominó «No
vulneración de derechos colectivos por parte de la Aeronáutica Civil
y demás vinculados», «Improcedencia de la acción popular -
inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual contra los
derechos colectivos» e «Insuficiencia probatoria - carga probatoria
en cabeza del accionante».
I.4.4. La sociedad TRAIR S.A.S. propuso como excepciones la
«Inepta demanda por carencia de objeto», «Inexistencia del daño»
e «Inexistencia de la prueba del daño».
Indicó que siempre ha desempeñado el ejercicio de sus actividades de
conformidad con los reglamentos que la ley y la AEROCIVIL determinan,
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sin que exista prueba que demuestre su incumplimiento o el del operador
del helipuerto, pues, desde la concesión de la primera licencia, las
actividades de promoción de servicios turísticos y operaciones aéreas se
han desarrollado sin ninguna clase de contratiempos o sanciones.
Sostuvo que el helipuerto se encuentra ubicado en el predio del Hotel
Punta Diamante, el cual es privado e independiente y está identificado
con folio de matrícula inmobiliaria núm. 314-46334, y no dentro de los
predios de la Unidad Inmobiliaria Cerrada como se afirmó en la demanda.
Concluyó que no se aportaron pruebas que acrediten la existencia del
daño o peligro alegado, pues la demanda se basó en simples rumores y
aseveraciones subjetivas.
I.4.5. El Municipio de Piedecuesta manifestó que el actor no acreditó
el cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en los artículos
144 y 161 del CPACA, en lo que le respecta.
Aseguró que le corresponde a la CDMB y al AMB, como autoridades
ambientales, atender las pretensiones subsidiarias relativas al control de
las emisiones sonoras, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Social no
posee competencia alguna en la vigilancia y control del impacto sonoro,
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la tranquilidad y el disfrute de un ambiente sano o la protección de
derechos colectivos inherentes a la medición, vigilancia y control de las
fuentes sonoras.
Precisó que no tiene facultad para suspender o cancelar el permiso o
licencia de operación, máxime si se tiene en cuenta que no se ha
informado a la Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo la
presunta contaminación ambiental y tampoco reposa en la Inspección de
Policía Urbana de Piedecuesta ningún asunto relacionado con quejas
presentadas por la comunidad de Ruitoque Condominio Unidad
Inmobiliaria Cerrada.
Propuso como excepciones la “Falta de legitimación en la causa por
pasiva” e “Inexistencia del daño”.
I.4.6. La CDMB manifestó que no ha participado, ni por acción ni por
omisión, en la vulneración de los derechos colectivos invocados y tampoco
hay prueba que dé cuenta de ello.
Solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues el listado de funciones previsto en la Ley 99
de 1993 no establece ninguna que tenga relación con la autorización
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para el funcionamiento de actividades de transporte aéreo, ni con el
seguimiento, prevención y control que deba ejercerse sobre este tipo
de actividades.
I.4.7. El municipio de Floridablanca13 se opuso a su vinculación
al proceso y propuso como excepción la “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”, toda vez que no tiene conocimiento de los hechos
y manifestaciones realizadas por los accionantes, pues el helipuerto
del Hotel Punta Diamante se ubica es en la jurisdicción del municipio
de Piedecuesta, quien es el competente para realizar el control de
las emisiones de ruido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99
de 1993, los artículos 42 y 68 del Decreto 948 de 1995 y la
Resolución 627 de 2006.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 23 de
octubre de 2019, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes.
13 Vinculado al proceso mediante auto admisorio de 18 de julio de 2018.
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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, mediante sentencia de 23 de mayo de 2025, denegó
las pretensiones de la demanda porque no se demostró vulneración
ni amenaza actual, grave o concreta de los derechos e intereses
colectivos invocados como vulnerados; por el contrario, se acreditó
que el helipuerto contaba con autorización de operación vigente
otorgada por la AEROCIVIL y con la adopción de protocolos de
atención de emergencias, incluyendo la obligación de mantener
canales de comunicación directa con organismos de socorro.
Precisó que el helipuerto "Hotel Ruitoque" se encuentra ubicado en
una plataforma de pavimento rígido en el techo del Hotel Punta
Diamante, el cual, según el material probatorio recaudado, cuenta
con permiso de operación y funcionamiento otorgado a la sociedad
SOCARIN LTDA., expedido por la AEROCIVIL mediante Resolución
núm. 5233 de 14 de octubre de 2014 y que, por demás, ha sido
objeto de renovación mediante resoluciones núms. 03176 de 11 de
octubre de 2017 y 01420 de 18 de julio de 2023, este último por el
término de cinco años.
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Señaló que dichos actos administrativos gozan de presunción de
legalidad pues cumplen con lo dispuesto en el RAC, que regula las
condiciones técnicas, de seguridad, zonas libres de obstáculos y
demás exigencias; Sin embargo, destacó que para ello la
AEROCIVIL no realiza medición de ruido y no se trata de una
actividad sujeta a licenciamiento ambiental.
Se refirió a las pruebas allegadas al proceso frente a la fuente
generadora de ruido, de las cuales concluyó que si bien se allegaron
fotografías, videos que registran la operación del helicóptero, así
como declaraciones testimoniales que dan cuenta de las molestias
auditivas y dificultades de comunicación durante las maniobras de
despegue y aterrizaje, lo cierto es que dichos elementos probatorios
carecen de una medición técnica del ruido que permita verificar
objetivamente su intensidad y contrastarla con los límites máximos
permitidos según la normativa aplicable, razón por la que no
resultaba posible verificar si existía una transgresión de los
estándares regulados para emisiones sonoras en el contexto de la
actividad aérea.
Igualmente, resaltó que, con la contestación de la demanda, el AMB
aportó el informe técnico realizado el 1o. de agosto de 2018, en el
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que se indicó que, según la medición, el ruido en el Hotel Punta Diamante
con operación de la aeronave no supera los niveles máximos permitidos
que establece la Resolución 627 de 7 de abril de 2006, identificando como
principales fuentes de ruido los generados en la zona de restaurantes y
bares, equipos de calefacción, ruido de vehículos y de personas, amén de
que tampoco obra prueba técnica en el expediente que acredite la
realización de operaciones aéreas en horario nocturno, circunstancia que
restringe el análisis a la franja diurna evaluada.
Consideró que, por lo anterior, no se encontraba acreditada la presunta
afectación a los derechos e intereses colectivos por contaminación
auditiva, toda vez que la medición técnica del ruido atribuible al helipuerto
cumple con los límites permitidos.
Precisó que, en el presente caso, no se evidenciaba una afectación real,
grave o actual del derecho colectivo al uso del espacio público ni una
ocupación persistente o institucional del mismo por parte de los
operadores del helipuerto, pues no se demostró que el sobrevuelo de las
aeronaves haya causado afectación directa a elementos arquitectónicos
o funcionales propios del espacio público y, en relación con el aterrizaje
no autorizado ocurrido en el campo de golf -zona también privada y
restringida-, resaltó que este dio lugar a actuaciones administrativas por
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parte de la AEROCIVIL encaminadas a investigar la conducta del piloto
involucrado, hecho aislado que, por sí mismo, no configura una vulneración
estructural o persistente del derecho colectivo.
Finalmente, puso de presente que tampoco se encuentra acreditada la
presunta afectación al derecho colectivo a la seguridad y salubridad
públicas, debido a que si bien los declarantes expresaron percepciones
subjetivas de temor por el sobrevuelo de aeronaves y manifestaron
preocupación por el ingreso de personas al Hotel Punta Diamante sin
control aparente desde las porterías de acceso al conjunto residencial, no
se allegó prueba que permita concluir que tales situaciones comprometan
condiciones estructurales de seguridad para la comunidad, ni que se haya
generado un riesgo sanitario, epidemiológico o de afectación directa a la
salubridad pública.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El grupo de coadyuvantes de la parte actora, a través de apoderado,
solicitaron revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar,
amparar los derechos e intereses colectivos invocados.
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Indicaron que el a quo no tuvo en cuenta ni les dio la credibilidad
necesaria a los testimonios de los residentes, debido a que, pese a
que se aportaron videos, fotografías e informes periodísticos
acompañados en su debida oportunidad procesal, la decisión se basó
únicamente en los actos administrativos expedidos por la
AEROCIVIL y en los Informes Técnicos del año 2018 que, en su
sentir, no obedecen a la afectación real y actual, máxime si no se
practicaron pruebas o se realizó una inspección judicial que le
permitiera esclarecer la veracidad de los hechos como se solicitó en
las medidas cautelares que fueron denegadas.
Afirmaron que aun cuando la decisión se fundamentó en la
legitimidad de los actos administrativos expedidos, los mismos
pueden ser revocados por el juez constitucional cuando se advierte
alguna irregularidad, como ocurre en el presente caso, pues, a su
juicio, se encuentra demostrado que la operación del helipuerto
dentro del Condominio Ruitoque vulnera los derechos e intereses
colectivos de la comunidad residente.
Insistieron en que si bien la empresa demandada SOCARIN LTDA.
obtuvo los permisos a través de actos administrativos válidos, el juez
popular omitió su deber legal y constitucional de investigar y
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determinar que, en efecto, sí existe una grave vulneración de los
derechos e intereses colectivos de los adultos mayores, niños y
personas en situación de discapacidad que, a altas horas de la noche
y en las primeras horas del día, son sorprendidos con ruidos
estruendosos que no permiten la paz y tranquilidad normal que debe
existir en su lugar de residencia.
Alegaron que no se puede considerar que el ruido se emite
únicamente sobre el Hotel Punta Diamante porque es allí donde
despegan y aterrizan los helicópteros, debido a que es de
conocimiento público que las aeronaves sobrevuelan la totalidad del
condominio residencial, ya que tienen conexión con el Aeropuerto
Palonegro en el municipio de Lebrija y aledaños.
Adujeron que el Hotel Punta Diamante obtuvo el permiso de
funcionamiento en el año 2015, esto es, posteriormente a la creación
del condominio residencial, situación que no tuvo en cuenta la
AEROCIVIL al expedir los actos administrativos de operación del
helipuerto, razón por la que debió realizarse una debida ponderación
de la primacía del interés general sobre el interés particular previsto
en la Constitución.
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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La CDMB solicitó confirmar en su totalidad la sentencia de
primera instancia, debido a que no se acreditó vulneración alguna
de los derechos colectivos invocados por la parte actora, pues no
tiene competencia sobre la operación ni el control del ruido generado
por helipuertos o aeronaves autorizadas por la AEROCIVIL, pues no
constituye una fuente fija de emisión sonora regulada por la
normativa ambiental.
Indicó que si bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de
1993, el control del ruido producido por helipuertos autorizados por
las entidades de nivel nacional no hace parte de sus funciones,
realizó monitoreo de emisión de ruido del Hotel Punta Diamante
entre el 30 de mayo y el 1o. de junio de 2024, respecto de lo cual
expuso que:
“[…] Para ello se realizaron lecturas en dos (2) puntos de emisión de
ruido, los cuales se ubicaron como se indica en la Tabla 5.2 y la Figura
5.1 del presente informe. Los resultados se obtuvieron por los
procedimientos establecidos en la Res. 0627/2006 de MAVDT (Hoy
MADS), tomando mediciones de emisión de ruido en horarios diurno
y nocturno en la jornada laboral. Los resultados de emisión de ruido
en el helipuerto se ejecutaron sin operación de aeronaves. Los
resultados de emisión de ruido en horario diurno calculados con L90,
indicaron que todas las lecturas cumplieron con el límite permisible
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establecido para el Subsector B (Zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo habitacional, hotelería y
hospedajes.) de 65 dB (A)), presentando niveles de emisión de ruido
inferiores a 62,1 +/- 2,3 dB(A). En el horario nocturno los resultados
de emisión de ruido calculados con L90 realizados en el hotel Punta
Diamante, fueron comparados con el Subsector B (Zonas
residenciales o exclusivamente destinadas para desarrollo
habitacional, hotelería y hospedajes) de 55 dB (A), cumpliendo con
dicho límite. Cabe destacar que durante las mediciones diurnas y
nocturnas de la jornada laboral se percibió el ruido de fuentes
externas cerca de los puntos receptores de interés como: ruido de
fauna (Aves, insectos) y circulación de vehículos externos […]”.
Señaló que, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el
Tribunal valoró debidamente el material probatorio concluyendo
que no se demostró un daño ambiental verificable ni una amenaza
cierta a los derechos colectivos, por lo que fue la parte actora quien
no cumplió con la carga probatoria de acreditar la presunta
vulneración.
IV.2. El MUNICIPIO afirmó que, contrario a lo afirmado por los
recurrentes, el análisis probatorio realizado en la sentencia apelada
se soportó en estudios técnicos recientes que el a quo valoró con
rigurosidad, así como las obligaciones constitucionales y legales de
los accionados.
Puso de presente que el rol del juez popular no implica suplir la carga
probatoria de los demandantes prevista en la Ley 472 de 1998 y el
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artículo 88 de la Constitución Política, quienes debían acompañar sus
manifestaciones de pruebas técnicas y documentales que
acreditaran la existencia de una afectación colectiva concreta, grave
y actual, de conformidad con lo exigido por la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público no presentó concepto.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
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VI.2.- Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos expuestos por la parte
recurrente, la Sala considera que los problemas jurídicos a resolver
consisten en determinar que:
1-. ¿Es procedente que el juez popular examine la eventual
afectación de los derechos e intereses colectivos invocados frente a
los actos administrativos expedidos por la AEROCIVIL que
autorizan la operación del helipuerto en el Hotel Punta Diamante? y;
2-. ¿Si el material probatorio obrante en el expediente permite tener
por acreditada la amenaza y/o vulneración actual de los derechos e
intereses colectivos invocados por el impacto sonoro y riesgo que
genera la operación de dicho helipuerto?
VI.2.1.- De la procedencia de la acción popular para estudiar
la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados frente a los actos administrativos expedidos por la
AEROCIVIL
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Como fundamento del recurso de apelación, la parte actora sostuvo
que a través de la acción popular el juez constitucional puede dejar
sin efecto actos administrativos cuando advierta alguna
irregularidad, como, a su juicio, ocurre en el presente asunto, pues
insisten en que la concesión del permiso de operación del helipuerto
en el Hotel Punta Diamante vulnera los derechos e intereses
colectivos de la comunidad que reside en Ruitoque Condominio.
Para resolver este primer problema jurídico, la Sala pone de
manifiesto que en sentencia de 21 de julio de 202314, esta Sección
se refirió a la posibilidad que tiene el juez popular de analizar la
legalidad y/o validez de los actos administrativos y de los contratos.
Para el efecto, destacó que el artículo 144 del CPACA prevé un límite
a las facultades del juez popular para restituir las cosas al estado
anterior a la vulneración de los derechos colectivos, que es la
prohibición de anular los actos administrativos y contratos estatales.
Asimismo, de la norma en comento destacó dos reglas jurídicas a
saber: i) que sí es posible promover una acción popular contra actos
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de julio de 2023, número único
de radicación: 44001-23-40-000-2020-00019-01. C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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administrativos y contratos estatales cuando éstos vulneren los
derechos colectivos y; ii) la prohibición de anularlos, lo que no
excluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer
cesar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos.
Sin embargo, en dicha oportunidad se advirtió que al interior de la
Corporación subsisten dos interpretaciones del inciso segundo del
artículo 144 del CPACA, a saber: i) que la limitación de la norma solo
afecta la facultad de declarar la nulidad de actos y contratos, por lo
que el juez popular conserva la competencia para examinar su
legalidad y/o validez y, en consecuencia, adoptar medidas distintas
a su nulidad, aunque las consecuencias sean similares, como es el
caso de dejar sin efecto el acto o contrato; y ii) la prohibición de
anular actos y contratos también excluye la posibilidad de que el juez
popular efectúe un juicio de legalidad y/o validez de los mismos,
toda vez que la limitación de la norma ibidem no puede ser
desconocida por el juez a través de figuras jurídicas que en sus
efectos jurídicos se asemejan a los de la nulidad del acto o del
contrato, cuya postura persigue la finalidad de evitar que la acción
popular desplace los medios de control de nulidad y de controversias
contractuales y, por tanto, que el juez constitucional actúe como juez
de legalidad del acto o contrato.
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Asimismo, se precisó que la postura que ha acogido esta Sección es
que de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 144, inciso
2°, del CPACA, mediante la acción popular no es posible declarar la
nulidad de los contratos y de los actos administrativos, así como
tampoco discutir asuntos relacionados con la validez de los contratos
o la legalidad de los actos, pues ello conduciría a una eventual
declaratoria de nulidad que está proscrita por el legislador en este
tipo de acciones.
Sin perjuicio de lo anterior, con excepción de la anulación del acto o
contrato, si el juez de la acción popular encuentra que el acto
administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, puede
adoptar las medidas necesarias para que cese dicha vulneración15.
Así las cosas, como quedó visto, la presente acción no resulta
procedente para entrar a decidir sobre la legalidad de los actos
administrativos por medio de los cuales la AEROCIVIL le otorgó a
la sociedad SOCARIN LTDA. permiso de operación y
funcionamiento del helipuerto en el Hotel Punta Diamante. No
15 Dicha tesis también fue reitera por la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2023
(Expediente núm. 25000 23 41 000 2014 00593 02. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López)
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obstante, ello no implica que no se pueda estudiar si con la ejecución
de dichos actos se transgreden los derechos colectivos invocados,
razón por la que la Sala estudiará el segundo problema jurídico.
VI.2.2.- De la amenaza y/o vulneración actual de los
derechos e intereses colectivos alegados por el impacto
sonoro y riesgo que genera la operación de dicho helipuerto
Los recurrentes sustentaron la presunta vulneración de sus derechos
en las afectaciones sufridas por los residentes del Condominio
Ruitoque, entre ellos, adultos mayores, niños y personas en
situación de discapacidad, quienes a altas horas de la noche y en las
primeras horas del día son sorprendidos con ruidos estruendosos que
no permiten la paz y tranquilidad normal que debe existir en su lugar
de vivienda.
El Tribunal, en la providencia objeto de recurso, consideró que no se
demostró vulneración ni amenaza actual, grave o concreta de los
derechos e intereses colectivos invocados como vulnerados y, por el
contrario, se acreditó que el helipuerto cuenta con autorización de
operación vigente otorgada por la AEROCIVIL y con la adopción de
protocolos de atención a emergencias, incluyendo la obligación de
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mantener canales de comunicación directa con organismos de
socorro.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los
medios de prueba obrantes en el expediente para resolver el
problema jurídico que se planteó en este asunto16.
• Resolución núm. 05233 de 14 de octubre de 2014,
expedida por el subdirector general de la AEROCIVIL, “Por la cual
se concede permiso de operación al Helipuerto denominado HOTEL
RUITOQUE en el Departamento de Santander”, por solicitud de la
Sociedad SOCARIN LTDA., por el término de 3 años. En su numeral
4 se dispuso que el permiso podrá ser suspendido o cancelado si el
helipuerto deja de reunir los requisitos mínimos exigidos para
garantizar la seguridad en las operaciones aéreas de conformidad
con lo establecido en el artículo 1822 del C.C. y en el RAC.
• Resolución núm. 03176 de 11 de octubre de 2017, “Por
la cual se Renueva el permiso de operación del Helipuerto
16 Las pruebas se encuentran en el índice 212 del expediente digital 00, obrante en SAMAI.
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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA
denominado HOTEL RUITOQUE en el Departamento de Santander”,
por el término de 3 años.
• Resolución núm. 01420 de 18 de julio de 2023, “Por la
cual se Renueva el permiso de operación del Helipuerto denominado
HOTEL RUITOQUE en el Departamento de Santander”, por el término
de 5 años.
• Respuesta al derecho de petición presentado por el señor
Henry López Pinzón el 3 de marzo de 2016, suscrita por el director
de Servicios de Navegación Aérea de la AEROCIVIL, quien indicó
que el helipuerto presenta operaciones desde el 1o. de enero de
2015, sin que se registre que se hayan presentado quejas.
• Respuesta al derecho de petición presentado por el señor
Henry López Pinzón el 4 de mayo de 2016, suscrita por el director
de Servicios de Navegación Aérea de la AEROCIVIL, en la que se
informó que el helipuerto ubicado en el Hotel Punta Diamante cumple
con las normas establecidas en RAC, razón por lo que se autorizó el
permiso de operación. Asimismo, indicó que, en caso de molestias
por el ruido de la aeronave, la autoridad ambiental, previa
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Actora: RUITOQUE CONDOMINIO UNIDAD INMOBILIARIA CERRADA
investigación y medición de niveles de ruidos, recomendará el
traslado.
• Reporte de 4 de junio de 2011, en el que el Gerente Ruitoque
Golf Country Club puso de presente que: “[…] el día lunes 30 de
mayo de 2016 a las 12:00 del mediodía, cuando el helicóptero del
Hotel Punta diamante aterrizó en nuestro campo de golf en el fairway
del hoyo 18, sin ninguna autorización […]”.
• Escrito de 30 de mayo de 2016 dirigido al gerente del Hotel
Punta Diamante, mediante el cual la sociedad TRAIR S.A.S. ofreció
disculpas por el aterrizaje sin autorización de un helicóptero en el
campo de golf e indicó que se tomarían las medidas correctivas
necesarias.
• Respuesta de 1o. de julio de 2016 suscrita por el secretario de
Seguridad Aérea de la AEROCIVIL ante la petición presentada por
el administrador de Ruitoque Condominio, dentro de la cual se indicó
que revisadas las bases de datos de la entidad se estableció que:
“[…] el helipuerto “Hotel Ruitoque o Punta Diamante” tiene permiso
de operación otorgado mediante Resolución No. 05233 de 2014,
asimismo se determinó que el helicóptero HK 4653 cuenta con
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certificado de aeronavegabilidad vigente. También se verificó que el
piloto Alejandro Augusto Blandón Peláez cuenta con licencia PCH 650
vigente […]”. Además, se informó que se remitió la queja al Grupo
de Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas por los
hechos ocurridos el 30 de mayo de 2016.
• En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de febrero de 2021, se
recepcionaron los siguientes testimonios:
“[…] William Bergsneider Gómez. De profesión Administrador de
Empresas. Residente de Ruitoque Condominio desde hace 18 años,
declara no tener relación con las partes en conflicto. Señala que el
Hotel Punta Diamante empezó a operar vuelos en helicóptero como
atracción turística, manifiesta que los vuelos irrumpen la tranquilidad
y el descanso de la comunidad, al percibirse un ruido que califica como
insoportable. Manifiesta haber registrado en un solo día 22 vuelos,
dice que los vuelos van entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Expresó
preocupación por la seguridad, al no haber control de las personas
que llegan en los helicópteros y por distintos aterrizajes que se han
realizado en el campo de golf, describe que se siente vigilado desde
el aire al estar la línea de aterrizaje frente a su vivienda.
Dora Reyes Sierra. Economista, residente desde hace
aproximadamente seis (6) años en el conjunto Horizonte, ubicado en
Ruitoque Condominio. La declarante no manifiesta tener vínculo
alguno con las partes procesales. Informó que su lugar de residencia
se encuentra a una distancia aproximada de 200 metros del Hotel
Punta Diamante, y que desde hace tres o cuatro años ha percibido
una afectación progresiva a la tranquilidad del entorno, originada por
los vuelos frecuentes de helicópteros que inician desde las 6:00 a. m.
y se extienden, en algunos casos, hasta las 3:00 o 4:00 p. m. Señala
haber identificado un promedio diario de entre seis (6) y ocho (8)
sobrevuelos, cuyos niveles de ruido, según su percepción,
interrumpen las actividades cotidianas dentro de su vivienda.
Adicionalmente, indica que en ocasiones las aeronaves vuelan a baja
altura, generando temor en la comunidad, y refiere haber escuchado
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que se han encontrado residuos de ACPM en el campo de golf, e
incluso que se han realizado aterrizajes en dicho lugar.
Carmen Teresa Gómez. Médica y habitante del conjunto Pradera.
Señala preocupación por afectación al derecho a la intimidad y
seguridad por el sobrevuelo constante del helicóptero sobre su
propiedad, así como el ingreso de personas por el Hotel sin registro
en las porterías de seguridad de la Unidad Residencial Condominio.
Describe que los vuelos son usuales los fines de semana en el horario
comprendido entre 8 a 10 de la mañana. Y destaca como
consecuencia de la operación aérea cansancio acústico de quienes
rodean el helipuerto. Refiere que la unidad es de predominante uso
residencial.
Santiago Sánchez Vesga. Ingeniero Civil habitante del conjunto
Horizonte y coadyuvante. Relata la existencia de ruido constante es
especial los fines de semana por causa del sobrevuelo constante y
maniobras de despegue y aterrizaje en el Hotel de cinco pisos de
altura que se encuentra a 300-400 metros de distancia de su
domicilio. Refiere que en su momento Didier Tavera, mientras ejerció
como Gobernador de Santander realizaba uso del servicio de
helipuerto para desplazamientos en horarios de 6 a 7 de la noche.
[…]”.
• Acta de Visita Técnica núm. 4346 de 1o. de agosto de
2018, realizada por el AMB, en la que se indicó que el personal de
la Subdirección Ambiental de Inspección y Vigilancia de la calidad del
aire de la entidad adelantó dos estudios de ruido de la siguiente
manera:
“[…] 1. Un monitoreo de Ruido Ambiental frente al Hotel Punta
Diamante según los procedimientos y métodos de la Resolución No.
627 de 2006.
2. Un monitoreo de ruido de inmisión al interior del conjunto de la
Aldea Comercial, donde se realizan dos mediciones: a). Sin presencia
de la fuente generadora de la afectación sonométrica. b). Con
presencia de la fuente con aterrizaje y despegue de conformidad con
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los procedimientos de medición señalados en la resolución No. 8321
de 1983 […]”.
• Informe Técnico de 1o. de agosto de 2018, realizado por
el AMB, dentro del cual se reportaron los resultados de medición
diurna realizada en la Aldea Comercial del sector Ruitoque, así:
“[…]Toma 2. Toma de muestra Ruido de Inmisión. Sin
presencia de la fuente generadora de ruido operando
(Helicóptero)
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En dicho informe, se expuso como conclusiones de la visita, lo
siguiente:
“[…] Se advierte que para un sector comercial el estándar máximo
permisible de presión sonora es de 70 dB(A) para horario diurno de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 8321 de 1983.
El nivel de ruido promedio descrito en la tabla No. 5 (69.66 dB),
cumple con el estándar máximo permisible para el sector comercial
en horario diurno, descrito en el artículo 17 de la Resolución.
Se aclara además que teniendo en cuenta la naturaleza intermitente
de la fuente, no fue posible garantizar el intervalo de tiempo de
medida de quince (15) minutos, según lo señalado en el artículo 18
ibidem […]”.
• Manual del Helipuerto Hotel Ruitoque Piedecuesta
Santander en el que se describen las características físicas del
helipuerto, la restricción y eliminación de obstáculos, las ayudas
visuales, las condiciones operacionales, entre otros. En dicho
documento se advierte que:
“[…] El helipuerto RUITOQUE está ubicado sobre la terraza del hotel
Ruitoque ubicado en el complejo residencial del mismo nombre
localizado en la ciudad de Piedecuesta - Santander, a 15,330 metros
al Sur-Este de la pista del aeropuerto Internacional Palonegro sobre
las siguientes coordenadas Geográficas medidas por el sistema WGS-
84.
Al hotel Ruitoque y el helipuerto se puede acceder vía terrestre desde
la ciudad de Bucaramanga por varias vías en pavimento flexible y su
acceso está controlado por la seguridad del complejo residencial, por
lo tanto, es necesario coordinar previamente el ingreso del personal
de pasajeros y demás que se requieran en la operación aérea.
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Toda operación que se pretenda realizar desde y hacia el helipuerto
RUITOQUE, debe ser autorizada por la oficina de información
aeronáutica AIS del aeropuerto PALONEGRO y coordinada el
explotador del helipuerto.
El aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, cuenta con el servicio de
Información Aeronáutica, dentro de los cuales se incluye el
diligenciamiento de los planes de vuelo a los usuarios que operen en
dicho Terminal. Una vez dado al servicio el Helipuerto de RUITOQUE,
se establecerá una carta de acuerdo operacional entre esta el
explotador del helipuerto y la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con el fin de definir el protocolo de diligenciamiento
y recepción de planes de vuelo de los helicópteros que operen en el
helipuerto. Para tal fin se debe disponer de una oficina operativa
responsable de hacer el enlace con la oficina de información
aeronáutica dotada de los elementos mínimos tales como línea
telefónica, fax, formularios de plan vuelo, manual AIP.
• El Piloto al mando de la aeronave, indagará si se están aplicando
procedimientos en Palonegro o existe alguna otra restricción que al
movimiento del tránsito en los alrededores que pudiera demorar o
afectar su despegue; de igual manera podría sintonizar la información
ATIS disponible para este terminal, en donde escucharán toda la
información meteorológica y operativa importante para su vuelo.
• El piloto al mando efectuará contacto con la Torre Palonegro antes
de iniciar los motores con el fin de que esta dependencia de control
verifique que se ha recibido el plan de vuelo y planifique el despegue.
• Todo tipo de operación deberá cumplir con lo establecido en el AIP
de Colombia, y en las Circulares AIC y notificaciones Notam Vigentes
para la operación en Palonegro […]”.
• Informe IA-24-IF-081 realizado por el Laboratorio
Ambiental INDUANALISIS, dentro del cual se detallan dos
mediciones en dos puntos de emisión de ruido entre el 30 de mayo
y 1o. de junio de 2024, en horario diurno y nocturno en el Hotel
Punta Diamante, en el que se indicó que:
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“[…] Las principales fuentes de ruido identificadas por la actividad
evaluada fueron:
• Zona de restaurante y bares.
• Ruido de equipos de calefacción.
Las principales fuentes de ruido externas que se identificaron como
posibles aspectos ambientales ya existentes en la zona fueron:
• Ruido de vehículos (carros, motos, buses, volquetas)
• Ruidos de fauna (aves, grillos, ranas)
• Ruido de perros ladrando
• Ruido de personas hablando
El monitoreo fue realizado por INDUANALISIS S.A.S., usando los
métodos aprobados por el IDEAM, bajo la Resolución de acreditación
1755 de 2023 12-26, basados en la metodología y los ajustes que
indica la Resolución 0627 de 2006 del MAVDT (hoy MADS), también
la norma técnica ISO 1996. Del cual se citan los siguientes apartes:
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[…]”.
De cara al material probatorio relacionado en precedencia, la Sala
advierte que el helipuerto "Hotel Ruitoque" se encuentra ubicado en
una plataforma de pavimento rígido en el techo del Hotel Punta
Diamante Business & Premium Resort Coordenadas Geográficas
Long. 73°04'57.202" W; Lat. 07°01'21.5" N, siendo un predio
privado identificado con folio de Matricula inmobiliaria núm. 314-
46334.
Asimismo, está acreditado que los vuelos realizados en el
mencionado helipuerto son de carácter comercial y operados por la
sociedad TRAIR S.A.S. la cual está dedicada al transporte aéreo.
De conformidad con los documentos aportados, se observa que
mediante Resolución núm. 5233 de 14 de octubre de 2014, la
AEROCIVIL le otorgó a la sociedad SOCARIN LTDA. permiso de
operación y funcionamiento del helipuerto "Hotel Ruitoque",
concesión que ha sido renovada mediante las resoluciones núms.
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03176 de 11 de octubre de 2017 y 01420 de 18 de julio de 2023,
esta última por el término de cinco años.
En los informes rendidos, la AEROCIVIL asegura que la autorización
otorgada a través de los actos administrativos se sustentó en el
cumplimiento de los requisitos de construcción y operación de
helipuertos contenidos en el RAC; no obstante, los recurrentes
insisten en que la operación y funcionamiento del helipuerto "Hotel
Ruitoque" vulnera sus derechos colectivos por el impacto sonoro y
riesgo que genera en los residentes de Ruitoque Condominio.
Al respecto, se tiene que los helipuertos no requieren licencia
ambiental17 y están regulados por normativas aeronáuticas
específicas que establecen que pueden construirse y operar, siempre
que cumplan con los estrictos estándares de seguridad aérea y
tengan el permiso correspondiente según el RAC 14.
Asimismo, conforme al numeral 14.2.3.12., la AEROCIVIL está en
la obligación de vigilar permanentemente que los helipuertos
17 Ello, en atención a que dicha actividad no se encuentra enlistada en el artículo
2.2.2.3.2.3. del decreto 1076 de 2015, el cual prevé los proyectos, obras o actividades que
requieren del licenciamiento ambiental por parte de la autoridad ambiental.
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cumplan con los reglamentos, a efectos de garantizar la seguridad
de las operaciones aéreas y, de ser el caso, modificar, suspender o
cancelar el permiso de operación correspondiente.
Ahora, la reglamentación aeronáutica aplicable en materia de ruido
está contenida en los RAC 4, 36, 91, 121, 135 y 216, la cual busca
garantizar la seguridad y la eficiencia, junto con un nivel óptimo de
ruido en las operaciones aéreas. Específicamente, en relación con los
helicópteros, el RAC 36 estableció los parámetros que debe
comprender el respectivo método de evaluación acústica:
“[…] 41. Helicópteros
Este método de evaluación del ruido comprende:
(1) Condiciones de ensayo y medición para la homologación en
cuanto al ruido;
(2) Medición del ruido de aviones y helicópteros percibido en tierra;
(3) Cálculo del nivel efectivo del ruido percibido a partir de los datos
de ruido medidos; y
(4) Notificación de los datos a las autoridades encargadas de la
homologación y corrección de los datos medidos. […]”.
De otra parte, cabe señalar que si bien el helipuerto del Hotel Punta
Diamante no constituye por sí mismo una fuente emisora de ruido
permanente en los términos de una instalación industrial o comercial
de funcionamiento continuo al ser una fuente móvil, sí se configura
como un punto fijo de operación aérea en el cual se ejecutan de
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forma habitual maniobras de aproximación, aterrizaje y despegue de
aeronaves tipo helicóptero.
En ese sentido, aun cuando la Resolución 627 de 2006 no reguló
expresamente el ruido generado en los helipuertos, se debe
entender que la operación de estos sí está sujeta a las disposiciones
contenidas en dicha normativa que, en últimas, busca controlar las
emisiones sonoras en todo el territorio nacional, para lo cual
establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido
ambiental, diferenciados por tipo de zona y horario.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que en el Informe Técnico
de 1o. de agosto de 2018 realizado por el AMB, se aplicaron los
procedimientos previstos en la Resolución núm. 627 de 2006 y se
presentó el resultado del monitoreo de inmisión sonora realizado al
interior del conjunto Aldea Comercial, en el cual se efectuaron dos
mediciones, la primera: sin presencia de la fuente emisora, arrojó
un nivel de 52.2 dB y, la segunda: durante las maniobras de
aterrizaje y despegue, registró un promedio de 69.66 dB,
concluyendo que dicho valor se encuentra dentro del límite máximo
permitido de 70 dB para zonas de uso comercial en horario diurno,
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conforme a lo dispuesto en la Resolución núm. 8321 de 4 de agosto
de 198318, expedida por el Ministerio de Salud.
Igualmente, obra en el expediente el Informe IA-24-IF-081 realizado
por el Laboratorio Ambiental INDUANALISIS, basado en la
metodología y los ajustes que indica la Resolución núm. 0627 de
2006, dentro del cual se detallan dos mediciones en dos puntos de
emisión de ruido entre el 30 de mayo y 1o. de junio de 2024, en
horario diurno y nocturno en el Hotel Punta Diamante, determinando
que en ambos horarios se cumplieron los límites permisibles
establecidos.
De lo expuesto, la Sala advierte que, tal como lo consideró el
Tribunal, la parte actora no logró acreditar la existencia de una
amenaza o vulneración cierta, actual y grave de los derechos e
intereses colectivos invocados, derivada del impacto sonoro o de los
riesgos asociados a la operación del helipuerto objeto de
controversia.
18 “Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud
y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos”.
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En efecto, si bien al expediente se allegaron fotografías, videos que
registran las maniobras de despegue y aterrizaje de helicópteros, así
como las declaraciones de varios residentes del Condominio
Ruitoque, dichos elementos únicamente evidencian la percepción de
molestias auditivas y dificultades momentáneas de comunicación
durante la operación del helipuerto. No obstante, carecen de la
entidad demostrativa suficiente para establecer, de manera objetiva,
que tales circunstancias hayan generado afectaciones concretas a la
salud, la integridad o los bienes de los residentes, o que constituyan
una amenaza real a los derechos colectivos cuya protección se
pretende.
Por el contrario, la Sala observa que sí se encuentra debidamente
acreditado en el expediente que el helipuerto objeto de controversia
cuenta con permiso de operación y funcionamiento vigente otorgado
por la AEROCIVIL, el cual ha sido renovado en distintas
oportunidades, previo cumplimiento de los requisitos técnicos,
operacionales y de seguridad previstos en la regulación aeronáutica
aplicable.
Asimismo, se encuentra demostrado que la infraestructura dispone
de los protocolos y medidas de protección exigidos para la atención
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de emergencias, dentro de los cuales se incluye la disponibilidad de
mecanismos de comunicación directa con los organismos de socorro
y cuerpos de bomberos de la zona.
De igual manera, obra en el expediente el informe técnico de
medición de ruido realizado por la autoridad ambiental competente,
cuyas conclusiones indican que los niveles sonoros atribuibles a la
operación del helipuerto no superan los máximos permisibles
establecidos en la normativa vigente y en el que se identificaron
otras fuentes de ruido presentes en el sector, ajenas al
funcionamiento del mismo, por lo que la vulneración alegada no
logró probarse.
En consecuencia, a juicio de la Sala, le asistió razón al Tribunal al
denegar las pretensiones de la demanda, razón la que se confirmará
la sentencia de 23 de mayo de 2025, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
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Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de
unificación proferida el 6 de agosto de 201919 por la Sala de Decisión
Especial núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en
esta instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba
sobre su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de mayo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las
consideraciones.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial
27, sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.:
Rocío Araújo Oñate.
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Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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