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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2018-00339-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2018-00339-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REMITIR EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA que fue propuesto por el INSPECTOR DE POLICÍA OBRA Y ORNATO- TURNO 3 del municipio de Floridablanca, según lo expuesto por dicho funcionario en su oficio de fecha 12/12/2017, ante la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, para que ésta provea al respecto. SEGUNDO: ORDENAR la remisión en copia de los autos de fechas 23/10/2017 y 29/11/2017, el despacho comisorio No. Comisorio No (sic) 113 de fecha 23/10/17,el oficio del 12/12/2017 expedido por el INSPECTOR DE POLICÍA OBRA Y ORNATO – TURNO 3 del municipio de Floridablanca y de esta providencia con destino a la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, a través de la oficina judicial de Bucaramanga, con el fin de que esta Corporación resuelva el conflicto negativo de competencia planteado por la autoridad comisionada […]”. Auto de 26 de enero de 2017 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander por medio del cual resolvió el conflicto negativo de competencia con núm. único de radicación 68001110200020180008100 6. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, decidió: “[…] PRIMERO: DIRIMIR el conflicto de competencia planteado, en el sentido de declarar que el conocimiento de la diligencia de secuestro para la que fue comisionada la Inspección de Policía Obra y Ornato Turno 3 de Floridablanca, corresponde a la misma, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, a la cual la Secretaría remitirá las actuaciones aludidas […]”. 7. Indicó que con fundamento en los artículos 6 y 38 del Código General del Proceso se estableció: i) el deber que tiene el juez de practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales; ii) que de manera excepcional podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente el Código lo autorice a los alcaldes y demás funcionarios de policía. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2018-00339-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / CONCEPTO EMITIDO POR LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Carencia de fuerza vinculante / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS / COMPETENCIA DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA PARA REALIZAR DILIGENCIAS POR COMISIÓN DE LOS JUECES / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

El actor en su escrito de tutela señaló que la parte accionada se apartó del precedente judicial contenido en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los conceptos emanados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento o ejecución y no constituyen precedente judicial (…) El actor en su escrito de tutela consideró que el Tribunal accionado no dio aplicación al parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 para resolver el caso concreto en donde se estableció la regla de prohibición de que los inspectores de Policía no ejercen funciones ni realizan diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, y en se orden de ideas trajo como consecuencia que se le vulnerara su derecho fundamental al debido proceso (…) Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que se plantearon razones jurídicas para la no aplicación al caso concreto del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2006, lo que trajo como consecuencia la aplicación de los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012. Fíjese que la autoridad judicial accionada acudiendo a las figuras de la derogación expresa y tácita y haciendo el respectivo análisis de dichas normas jurídicas, consideró que el legislador a través del artículo 242 de la ley 1801 de 2016 no estableció la derogatoria de los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012, además que se trata de normas de orden público de obligatorio cumplimiento- y en ese orden de ideas, estos artículos están vigentes, pudiendo los jueces comisionar para diligencias de entrega y secuestro de bienes.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 116 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 6 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 37 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 38 / CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA - ARTÍCULO 206

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 68001-23-33-000-2018-00339-01(AC)

Actor: CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ GONZÁLEZ

Demandado: SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Carlos Eduardo Bermúdez González contra el fallo de tutela de 24 de abril de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, porque, a su juicio, el Consejo al proferir la providencia de 26 de enero de 2017, por medio del cual resolvió un conflicto negativo de competencia identificado con el número único de radicación 68001110200020180008100, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Indicó que dentro del marco del proceso ejecutivo que se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca, con radicado núm. 2004-01033, se ordenó que se comisionara al Inspector de Policía de Floridablanca (Santander) para que llevara a cabo una diligencia de secuestro de un bien inmueble ubicado en dicho municipio.

4. Expresó que en calidad de Inspector Tercero de Policía del Municipio de Floridablanca devolvió al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca el despacho comisorio núm. 113 de fecha 23 de octubre de 2017, porque, a su juicio, con fundamento en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado carecía de competencia para realizar la diligencia comisionada.

5. Manifestó que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca por medio del Oficio núm. 0059 de 16 de enero de 2018 dirigido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, señaló lo siguiente:

“[…] Por lo expuesto, el JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, RESUELVE:

PRIMERO: REMITIR EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA que fue propuesto por el INSPECTOR DE POLICÍA OBRA Y ORNATO- TURNO 3 del municipio de Floridablanca, según lo expuesto por dicho funcionario en su oficio de fecha 12/12/2017, ante la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, para que ésta provea al respecto. SEGUNDO: ORDENAR la remisión en copia de los autos de fechas 23/10/2017 y 29/11/2017, el despacho comisorio No. Comisorio No (sic) 113 de fecha 23/10/17,el oficio del 12/12/2017 expedido por el INSPECTOR DE POLICÍA OBRA Y ORNATO – TURNO 3 del municipio de Floridablanca y de esta providencia con destino a la SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER, a través de la oficina judicial de Bucaramanga, con el fin de que esta Corporación resuelva el conflicto negativo de competencia planteado por la autoridad comisionada […]”.

Auto de 26 de enero de 2017 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander por medio del cual resolvió el conflicto negativo de competencia con núm. único de radicación 68001110200020180008100

6. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, decidió:

“[…] PRIMERO: DIRIMIR el conflicto de competencia planteado, en el sentido de declarar que el conocimiento de la diligencia de secuestro para la que fue comisionada la Inspección de Policía Obra y Ornato Turno 3 de Floridablanca, corresponde a la misma, acorde con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, a la cual la Secretaría remitirá las actuaciones aludidas […]”.

7. Indicó que con fundamento en los artículos 6 y 38 del Código General del Proceso se estableció: i) el deber que tiene el juez de practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales; ii) que de manera excepcional podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente el Código lo autorice a los alcaldes y demás funcionarios de policía.

8. Asimismo, indicó que frente al tema la Corte Constitucional estableció que: i) los despachos comisorios son una delegación de funciones judiciales a una autoridad policiva, lo que implica que se trate de una medida proporcional y razonable en los términos del artículo 116 de la Constitución Política de 1991.

9. Finalmente, señaló que no obstante el parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 expresó que los inspectores de policía no ejercerían funciones ni llevarían a cabo diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, es norma posterior y además es contraria a los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso, norma de orden público de obligatorio cumplimiento. Asimismo, indicó que el Código Nacional de Policía y Convivencia no contempló una derogatoria expresa de los artículos 37 y 38 del Código General del proceso.

10. En ese orden de ideas afirmó que:

“[…] Así las cosas, es indiscutible que la ley 1801 de 2016- CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, en su artículo 242, no contempló una derogatoria expresa de los artículos 37 y 38 del Código Nacional de Policía-normas de orden público de obligatorio cumplimiento- y por ello, estos artículos están vigentes hasta tanto no exista consagración expresa del Legislador, pudiendo los jueces comisionar para diligencias de entrega y secuestro de bienes “en cuanto fuere menester”.

De igual forma es pertinente señalar, que la aludida delegación no tiene vocación de permanencia, sino que la misma es ocasional, siempre y cuando exista la necesidad justificada de comisionar a los Alcaldes o Inspectores de Policía.

De acuerdo a lo expuesto, los Inspectores de Policía de Floridablanca, tienen la función de practicar diligencias de entregas y secuestros de bienes por comisión de los jueces, al estar vigentes los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso, cuando exista necesidad del Juez y por una colaboración armónica de las autoridades, lo cual no fue controvertido por el Inspector de Policía de Obra y Omato Turno 3 de Floridablanca, circunstancia que lleva a esta Corporación a adscribir la función judicial contenida en el despacho comisorio que nos ocupa, a este funcionario de Policía […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor, obrando en nombre propio, solicitó en su escrito de tutela:

“[...] PRIMERO: Me permito, honorable Magistrado, solicitarle se sirva declarar improcedente las comisiones de los despachos comisorios con base en los hechos anteriormente narrados.

SEGUNDO: Que se les conmine a los jueces de la República del Municipio de Floridablanca, para que se de aplicación a la ley 1801 del 2016 Art. 206 Parágrafo Primero, y demás normas, conceptos complementarios, para que no se comisione a los Inspectores de Policía, para realizar despachos comisorios […]”:

12. El actor apoyándose en varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional hizo referencia al contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso, para señalar en el caso concreto su vulneración por: i) falta de aplicación del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y ii) desconocimiento del precedente judicial sentado en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Actuación

13. El Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, por auto de 12 de abril de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, concediéndole el término de veinticuatro (24) horas para que rindieran informe sobre el particular.

Informe de la parte accionada

14. El Magistrado Juan Pablo Silva Prada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante escrito aportado el 18 de abril de 2018, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo, en la medida que la providencia fue proferida conforme a derecho y en ese orden de ideas no se configuró una vía de hecho que trajera como consecuencia la vulneración del derecho fundamental del actor. Textualmente, señaló:
“[…] Ahora bien, de igual forma es pertinente señalar, que frente a la competencia de las Inspecciones de Policía, tienen la función de practicar diligencias de embargo, entregas y secuestros de bienes por comisión de los Jueces, al estar vigentes los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso, cuando exista necesidad del Juez y por una colaboración armónica de las autoridades, aunado, a que el conflicto de competencia Rads. 2018-081, se resolvió con pleno apego al ordenamiento jurídico, y debidamente sustentado tal como se puede evidenciar en la providencia proferida al interior del mismo […]”.

La sentencia impugnada

15. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 24 de abril de 2018, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Rechazar por improcedente las pretensiones de la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”

16. Consideró que la presente acción de tutela debía declararse improcedente, sin embargo, no señaló las razones jurídicas de cuáles fueron los requisitos generales de procedibilidad dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales que no se acreditaron en el caso sub examine para llegar a tal conclusión.

17. Al resolver el caso concreto consideró que:

“[…] El asunto en principio tiene relevancia constitucional, por cuanto, el accionante alega vulneración al debido proceso, sin embargo, se avizora dentro del acervo probatorio que, tal y como lo aseveró el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca a folio 52 del informativo, el funcionario comisionado procedió a manifestar que “ Si el juez comitente, no está de acuerdo con lo expuesto, propongo desde ahora la colisión de competencia negativa, ya que los inspectores no somos competente (sic) para adelantar los comisorios “ (…) remitiéndose así las diligencias contentivas en el C.G.P y el artículo 114 de la Ley 270 de 1.996, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

Y para el caso en concreto en efecto el Juzgado reseñado procedió a remitir el conflicto negativo de Competencia, que fue propuesto por el Inspector de Policía Obra y Ornato- Turno 3- del Municipio de Floridablanca a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, quien a su vez profirió providencia de fecha 26 de enero de 2017, llegando a la conclusión en el sentido de declarar que el conocimiento de la diligencia de secuestro para la cual fue comisionado el señor inspector objeto de la causa corresponde a la misma orden proferida por el Juzgado Cuarto referido, por cuanto aduce que la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 242, no contempló una derogatoria expresa de los artículos 37 y 38 del código (sic) Nacional de Policía-normas de orden público de obligatorio cumplimiento, por ello, estos artículos serán vigentes hasta tanto no exista consagración expresa del legislador, pudiendo los jueces comisionar para diligencias de entrega y secuestro de bienes, en cuanto fuere menester-señaló […]”.

18. Concluyó manifestando que el Tribunal accionado obró conforme a derecho amparado en el principio de legalidad al dar aplicación a una normatividad vigente que a la fecha no ha sido derogado por regla alguna.

La impugnación

19. El señor Carlos Eduardo Bermúdez González, impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, solicitando que se accedieran a las pretensiones del amparo.

20. Señaló que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo i) por falta de aplicación del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y) desconocimiento del precedente judicial sentado en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Textualmente, señaló:

“[…] En cuento (sic) a las consideraciones realizadas por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, en lo relacionado con el examen minucioso examen (sic) que realizo (sic) en (sic) honorable magistrado Julio Edisson ramos (sic) Salazar, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela resulta ilógico que se precise en mantener su óptica exegética en cuanto a los requisitos de la acción de tutela mas no en visualizar el daño jurídico que causaría dicha situación que no es de recibo en nuestro ordenamiento jurídico vigente como es la ley 1801 del 2016, y a su vez al concepto realizado por la honorable consejo de estado sala de consulta del servicio civil […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

23. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, al proferir la providencia de 26 de enero de 2017 por medio del cual resolvió el conflicto negativo de competencia con núm. único de radicación 68001110200020180008100, incurrió en defecto sustantivo i) por falta de aplicación del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y ii) desconocimiento del precedente judicial sentado en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

24. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto; v) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

25. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

26. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

27. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

28. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

29. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

34. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

34.1 Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental del señor Carlos Eduardo Bermúdez González al debido proceso.

34.1.1 La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso, y además, ii) el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica y desconocimiento del precedente judicial.

34.1.2 Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

34.2 Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 26 de enero de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

34.3 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales los accionantes puedan lograr la protección del derecho invocado;

34.4 En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.

34.5 El señor Carlos Eduardo Bermúdez González identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

34.6 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

El caso concreto

35. El actor obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por considerar que, a su juicio, la providencia de 26 de enero de 2017, por medio del cual resolvió el conflicto negativo de competencia con núm. único de radicación 68001110200020180008100, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

36. La Sala debe determinar si, en efecto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, incurrió en defecto sustantivo i) por falta de aplicación del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016 y) desconocimiento del precedente judicial sentado en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver el conflicto negativo de competencia con núm. único de radicación 68001110200020180008100.

37. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, ii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

38. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.

39. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado una norma jurídica relevante para la solución del caso concreto.

40. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Negrilla por la Sala)..

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

41. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

42. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

43. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

44. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

45. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

46. En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

47. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

48. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

49. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Análisis del caso en concreto

50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

51. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:

52. El actor en su escrito de tutela menciona la siguiente decisión proferida por el Consejo de Estado:

Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Cargo por desconocimiento del precedente judicial

53. El actor en su escrito de tutela señaló que la parte accionada se apartó del precedente judicial contenido en el Concepto 2332 de 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

54. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que los conceptos emanados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no son de obligatorio cumplimiento o ejecución y no constituyen precedente judicial, teniendo en cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el Consejo de Estado en su función jurisdiccional y no consultiva, tienen fuerza vinculante y pueden llegar a ser considerados como precedentes jurisprudenciales si cumplen los requisitos señalados para tal fin.
55. Dentro del expediente el actor no invocó precedentes jurisprudenciales emanados por el Consejo de Estado o por la Corte Constitucional, que pudieran haber sido desconocidos por parte de la autoridad judicial accionada, para que esta Sección en sede de tutela realizara el respectivo análisis de verificación de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente, para establecer si hubo o no desconocimiento de reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto.
Cargo por falta de aplicación del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016

56. El actor en su escrito de tutela consideró que el Tribunal accionado no dio aplicación al parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 para resolver el caso concreto en donde se estableció la regla de prohibición de que los inspectores de Policía no ejercen funciones ni realizan diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, y en se orden de ideas trajo como consecuencia que se le vulnerara su derecho fundamental al debido proceso.

57. El parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2006 dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: […]”.

[…]

“[…] Parágrafo 1°.Los inspectores de Policía no ejercerán funciones ni realizarán diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo con las normas especiales sobre la materia […]”.

58. Por su parte, el problema jurídico que planteó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, consistía en establecer a que autoridad sea policiva o judicial le corresponde adelantar la diligencia de secuestro ordenada al interior del proceso judicial en cuestión.

59. La autoridad judicial accionada hizo referencia a los artículos 6, 37 y 38 del Código General del Proceso en donde se estableció: i) el deber que tiene el juez de practicar personalmente todas las pruebas y demás actuaciones judiciales; y que además ii) de manera excepcional podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente el Código lo autorice a los alcaldes y demás funcionarios de policía.

60. Al analizar el caso concreto evidenció que existía un conflicto de normas jurídicas en el tiempo entre los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 12 de julio de 2012 y los artículos 206 y 242 de la ley 1801 de 29 de julio de 2016 y en ese orden de ideas indicó que se debía establecer si este última normatividad derogó o no los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012.

61. Para ello, la autoridad accionada aplicó los artículos 71 y 72 de la Ley 57 de 1887 y el artículo 3 de la ley 153 de 15 de agosto de 1887, que disponen lo siguiente respectivamente:

“[…] ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACIÓN. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.

ARTICULO 72. ALCANCE DE LA DEROGACION TÁCITA. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley […]”.

[…]

“[…] Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, ó por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, ó por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia á que la anterior disposición se refería […]”.

62. Con base en lo anteriormente expuesto la autoridad judicial accionada consideró que:
“[…] Con sustento de lo anterior, en la ley 1801 de 2016 se advierte que el legislador no precisó con claridad en el artículo 242 que derogaba la ley 1564 de 2012 en los artículos pertinentes, por el contrario, solo previó que “quedaban derogadas las disposiciones que le fueran contrarias” procediendo seguidamente a señalar con detalle otras normas del ordenamiento jurídico que quedaban derogadas, listado en el cual no contempló artículos del Código General del Proceso. En estas condiciones, la derogación contenida en el artículo 242 citado, es tácita en los referente al Código General del Proceso.
Concluido lo anterior, al examinar el artículo 13 del Código General del Proceso, el legislador previó que las normas de ese estatuto solo podían ser derogadas, modificadas o sustituidas, por autorización expresa del legislador, dada su naturaleza de orden público y de obligatorio cumplimiento. Dice la norma:
Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.
Así las cosas, es indiscutible que la ley 1801 de 2016- CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA, en su artículo 242, no contempló una derogatoria expresa de los artículos 37 y 38 del Código Nacional de Policía-normas de orden público de obligatorio cumplimiento- y por ello, estos artículos están vigentes hasta tanto no exista consagración expresa del Legislador, pudiendo los jueces comisionar para diligencias de entrega y secuestro de bienes “en cuanto fuere menester”.
De igual forma es pertinente señalar, que la aludida delegación no tiene vocación de permanencia, sino que la misma es ocasional, siempre y cuando exista la necesidad justificada de comisionar a los Alcaldes o Inspectores de Policía.
De acuerdo a lo expuesto, los Inspectores de Policía de Floridablanca, tienen la función de practicar diligencias de entregas y secuestros de bienes por comisión de los jueces, al estar vigentes los artículos 37 y 38 del Código General del Proceso, cuando exista necesidad del Juez y por una colaboración armónica de las autoridades, lo cual no fue controvertido por el Inspector de Policía de Obra y Omato Turno 3 de Floridablanca, circunstancia que lleva a esta Corporación a adscribir la función judicial contenida en el despacho comisorio que nos ocupa, a este funcionario de Policía […]”.

63. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez que se plantearon razones jurídicas para la no aplicación al caso concreto del parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2006, lo que trajo como consecuencia la aplicación de los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012.

64. Fíjese que la autoridad judicial accionada acudiendo a las figuras de la derogación expresa y tácita y haciendo el respectivo análisis de dichas normas jurídicas, consideró que el legislador a través del artículo 242 de la ley 1801 de 2016 no estableció la derogatoria de los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012, además que se trata de normas de orden público de obligatorio cumplimiento- y en ese orden de ideas, estos artículos están vigentes, pudiendo los jueces comisionar para diligencias de entrega y secuestro de bienes.

65. Finalmente, la Sala estima necesario indicar que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia consideró que los inspectores de policía al realizar las diligencias comisionadas no ejercen funciones de administración de justicia, sino funciones administrativas para dar efectividad a las órdenes judiciales que sobre la materia se hayan efectuado. Textualmente, señaló:
“[…] Ergo, entendido que los «inspectores de policía» cuando son «comisionados» para la práctica de un «secuestro» o una «diligencia de entrega» no emprenden un laborío distinto al de sencillamente servir de instrumentos de la justicia para materializar las órdenes previamente impartidas por los funcionarios judiciales que así disponen, por lo propio deviene que bajo ninguna óptica puede predicarse que están desarrollando función o diligenciamiento de tenor judicial, sino que simplemente, itérase, lo que allí cumplimentan es el ejercicio de una eminente «función administrativa», por lo que no es plausible predicar que a la luz del canon 206 de la Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia se hallen impedidos para asumir el diligenciamiento de las comisiones que en ese sentido se les impongan los jueces de la República.

2.4.- De ese modo las cosas, como los inspectores de policía en las diligencias ut supra mentadas se desempeñan sencillamente como netos ejecutores de las providencias judiciales, lo cual, se insiste, les anula para adoptar decisión alguna que por supuesto le corresponde emitir sólo al funcionario judicial comitente, es que cumple proceder a la intervención ius fundamental reclamada, según en ello se converge con el tribunal a quo, por lo que pasa a adoptarse el sentido decisorio correspondiente, habida cuenta que el argumento aducido por el Alcalde del Municipio de Palmira no se compadece con la ley y sí, en cambio, se yergue como un infundado obstáculo en la dispensación de la pronta y cumplida justicia que perennemente ha de perseguirse proveer […]”.

66. En las anteriores condiciones, para la configuración del defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sección ya ha dicho:
Se debe recordar que para la estructuración de este defecto es indispensable acreditar que las normas invocadas y desconocidas por los jueces eran las llamadas a resolver el problema jurídico.
Frente al tema, la Corte Constitucional ha consolidado su doctrina jurisprudencial, como se puede evidenciar en los siguientes casos:
“[…] En diversas ocasiones esta Corporación ha señalado que la acción de tutela contra decisiones judiciales procede cuando la autoridad judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso que debe decidir.

7.1.  Un primer paso en esta dirección se encuentra en la sentencia T-573/1997.  En ella, la Corte decide la tutela interpuesta contra una sentencia en la que un juez penal se abstuvo de aplicar la rebaja de penas consagrada en el artículo 374 del Código Penal de la época, sin justificar los motivos de la inaplicación, pese a que el actor cumplía con los requisitos para su otorgamiento.  En esta ocasión señaló que: “(e)n este caso, la vía de hecho la constituyó la omisión en que incurrió el juez  acusado al no hacer consideración alguna sobre la procedencia o improcedencia del artículo  374  el Código Penal. Más aún, cuando no se requería solicitud expresa de la parte procesada para su reconocimiento”.

7.2.  Este pronunciamiento inicial se consolida luego en una serie de sentencias más recientes, en las que se decanta la doctrina del defecto sustantivo por inaplicación de norma claramente aplicable.  Así, en la sentencia T-778/2005, la Corte se pronunció sobre la tutela interpuesta en contra de la providencia judicial que declaró la nulidad de la elección de Ati Seygundiba Quigua como concejala de Bogotá.  En esta ocasión se afirmó la existencia de una violación al debido proceso por defecto sustantivo, toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió la aplicación directa de los artículos 7 y 70 de la constitución, preceptos que imponían efectuar una excepción etnocultural a la norma que establece el requisito de edad para ser concejal de Bogotá, excepción necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho a la identidad cultural.

7.3.  En la sentencia T-485/2006, al resolver la tutela interpuesta en contra de una decisión judicial que desconoce la calidad de trabajador oficial del demandante, la Corte consideró que la sentencia cuestionada adolecía de un defecto sustantivo por cuanto:“(n)o podía la Sala Laboral del Tribunal Superior ignorar lo que preveían las normas legales vigentes que regulan las plantas de personal de las empresas sociales del estado del nivel territorial y concluir de manera contraria a lo que ellas establecen, que los celadores, porteros y vigilantes no eran trabajadores oficiales, puesto que todas ellas clasifican esa labor como una actividad propia de servicios generales, y asignan a dichos trabajadores el carácter de oficiales”.

7.4.  Igualmente, en la sentencia T-657/2006 se resuelve la tutela interpuesta contra una sentencia de segunda instancia, proferida en un proceso ejecutivo de sentencia judicial, en la que se revoca un mandamiento de pago argumentando la falta de personería jurídica de la entidad demandada.  En esta ocasión la Corte concluyó que: “se presentó un defecto sustantivo en el Auto del 27 de mayo de 2004, proferido el Tribunal Superior de Ibagué, toda vez, que el Despacho no dio aplicación al numeral 2 del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia la norma aplicable al caso fue claramente desconocida y no tenida en cuenta por el fallador”.

7.5.  Por su parte, en la sentencia T-966/2006, al examinar un conjunto de decisiones judiciales en las que se negó a varias personas condenadas por sentencia anticipada la aplicación de una norma posterior que consagraba una rebaja de penas mayor por aceptación de cargos a la establecida en las normas vigentes al tiempo de ser condenados, la Corte consideró que tales providencias judiciales incurrían en un defecto sustantivo por inaplicación de la norma penal más favorable […]”.

67. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala la solución que llevó a cabo la autoridad judicial accionada de aplicar los artículos 37 y 38 de la ley 1564 de 2012 en el caso concreto y no el parágrafo primero del artículo 206 de la Ley 1801 de 2006, para efectos de dirimir el conflicto negativo de competencia se hizo de manera razonable y no arbitrario, lo que trajo como consecuencia la no vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor.

Conclusión de la Sala

68. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, i) por medio del cual declaró improcedente el amparo, y en su lugar, ii) se negarán las pretensiones del actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

PRIMERO. REVOCAR, el fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual i) declaró improcedente el amparo y en su lugar ii) NEGAR las pretensiones del actor, con base en las razones jurídicas expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Corte Constitucional, sentencia C-733 de 21 de junio de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Cita las sentencias proferidas por la Corte Constitucional: T-460 de 15 de julio de 19
92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-339 de 1 de agosto de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz, T-1263 de 29 de noviembre de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-572 de 26 de octubre de 1992, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein, T-078 de 10 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-280 de 5 de junio de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 de 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 2 de febrero de 2018, y la presente acción de tutela fue presentada el 2 de marzo de 2018.
.

Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

Ibídem.
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010,M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 18 de mayo de 2004, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, número único de radicación 25000 23 24 000 2003 02447 01
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 6 de abril de2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.”
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
“Derogatorias. El presente Código deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 1355 de 1970, la Ley 1356 de 2009 excepto los artículos 4° y del 218A al 218L; el Decreto número 522 de 1971; la Ley 232 de 1995; el artículo 108 de la Ley 388 de 1997; los artículos 1° y 2° de la Ley 810 de 2003; artículo 12 numeral 2, artículo 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 y 36 del Decreto número 2876 de 1984; artículo 26 y último inciso o párrafo del artículo 10 de la Ley 679 de 2001, en razón a que se aplicará el proceso verbal abreviado establecido en el presente Código; artículos 5°, 6°, 7° y 12 de la Ley 1259 de 2008; Ley 746 de julio 19 de 2002; artículo 24, 29 e inciso final del artículo 31 de la Ley 1335 de 2009; y los artículos 12 y 13 de la Ley140 de 1994.”

“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.
Código Civil.
“Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de diciembre de 2017, M.P Margarita Cabello Blanco, número único de radicación: 76111-22-13-000-2017-00310-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-01407-00 y 11001-03-15-000-2017-01684-00 (acumulados).

Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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