Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00351-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00351-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00351-01 (6584-2022)
Demandante: Ramón Naranjo López
Demandado: Municipio de Bucaramanga
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada
contra la sentencia de primera instancia del 29 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
SJ 043884E del 30 de agosto de 2017, expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 9 de septiembre de 20081 hasta el 26 de agosto de 2015 y el pago de
las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual realizó actividades de
inspección, monitoreo y control de vectores de interés en salud pública, y
encuestador.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor las diferencias salariales y prestacionales2
más la sanción moratoria correspondiente; iii) reintegrar los dineros que le
descontaron por concepto de retención en la fuente; iv) ordenar su afiliación a un
fondo de pensiones y realizar los aportes respectivos u obligar a la entidad
accionada a asumir las cuotas partes pensionales o el cálculo actuarial a que
haya lugar; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de
la Ley 1437 de 2011 (CPACA); y vi) condenar en costas a la parte demandada.
1
En el acápite de pretensiones de la demanda se hizo mencionó como fecha inicial de la contratación el 9
de septiembre de 2009; sin embargo, en el listado de contratos celebrados se señaló que la ejecución del
contrato de prestación de servicios 1489 de 2008 comenzó el 9 de septiembre de 2008. Adicionalmente, en
el escrito de subsanación de la demanda se estimó la cuantía con base en las prestaciones que se habrían
causado desde el 9 de septiembre de 2008 hasta el 26 de agosto de 2015. Por consiguiente, a partir de una
interpretación integral de la demanda se infiere que el demandante reclama el reconocimiento de la relación
laboral encubierta a partir del 9 de septiembre de 2008.
2
En la demanda se hizo referencia a los siguientes conceptos: «auxilios, primas, bonificaciones, subsidios,
dotación de calzado y vestido de labor y vacaciones», «auxilio de cesantía y la sanción moratoria por la no
reserva y/o pago oportuno del mismo» y «los intereses al auxilio de cesantía y la sanción por no pago de
estos».
1
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Demandante: Ramón Naranjo López
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores3, dado que se negó el pago de las diferencias salariales y las
prestacionales sociales a las que tiene derecho, teniendo en cuenta que fue
vinculado a través de contratos de prestación de servicios para realizar
actividades misionales de la entidad, en igualdad de condiciones a los empleados
de planta, bajo continuada subordinación, por lo cual se configuró una verdadera
relación de trabajo.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que el
demandante fue contratado en razón a la inexistencia de personal de planta; y
que sus actividades no fueron continuas, teniendo en cuenta que los objetos
contractuales eran diferentes.
5. Sostuvo que la coordinación de tareas puede incluir el cumplimiento de
horarios, la recepción de instrucciones y la presentación de informes; y que el
actor no demostró la continuada subordinación, ya que gozó de autonomía e
independencia y no acreditó que hubiera recibido órdenes ni ejecutado
actividades iguales a las de los empleados de planta.
6. Propuso la excepción de prescripción extintiva, sobre la base de que hubo
períodos de interrupción y los objetos contractuales fueron diferentes.
Sentencia apelada
7. Mediante sentencia del 29 de abril de 2021, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y le ordenó a la entidad accionada pagarle al demandante las
prestaciones sociales que devenga un empleado de planta que cumpla las
mismas funciones, liquidadas con base en los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.
8. Adicionalmente, declaró la prescripción extintiva de «los conceptos
salariales» causados antes del 23 de agosto de 2012, salvo los aportes a pensión
a cargo de la entidad empleadora; ordenó computar el tiempo de servicio para
efectos pensionales, realizar «los descuentos de ley» e indexar las sumas que
se reconozcan; negó las demás pretensiones; y decidió no imponer condena en
costas.
9. Determinó que se probó la existencia de la relación laboral debido a que
el accionante prestó unos servicios directamente para las Secretarías de
Hacienda y Salud de Bucaramanga, recibió una remuneración y ejecutó sus
tareas bajo subordinación, en tanto cumplía los horarios que le asignaba el
supervisor y coordinador, quien también le impartía órdenes y le aprobaba las
cuentas de cobro.
3
Artículos 1, 2, 25, 29, 39 y 53 de la Constitución Política; 32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993; y 17 y 21
de la Ley 909 de 2004.
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10. Negó i) el reconocimiento de las sanciones moratorias por la falta de
consignación de las cesantías y de pago de las prestaciones sociales, toda vez
que el actor no tenía ni tiene la condición de empleado público; y ii) el reintegro
de los dineros que el demandante sufragó por concepto de pólizas y garantías
de cumplimiento, ya que estas eran exigidas por la ley para ejecutar los contratos.
Recurso de apelación
11. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que el demandante no demostró plenamente los tres
(3) elementos que dan lugar a una relación laboral.
12. Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta los documentos según los cuales
los contratos 507 de 2013, 733 de 2014 y 973 de 2015 no se ejecutaron en las
dependencias o instalaciones de la entidad accionada, pues comprendían
actividades de fumigación y visitas domiciliarias en los barrios de Bucaramanga.
13. Afirmó que el cumplimiento de horarios era necesario para desarrollar las
tareas convenidas, en el marco del principio de coordinación; y que las
actividades adelantadas correspondían a las obligaciones pactadas en los
contratos de prestación de servicios.
14. Destacó que no existe prueba de órdenes, llamados de atención o
requerimientos efectuados por funcionarios de la entidad; y que la subordinación
no se configura por el hecho de que la demandada supervisara los contratos y el
actor presentara informes de ejecución.
15. Adujo que los contratos no fueron continuos, puesto que se cumplieron en
diferentes dependencias y comprendieron objetos disímiles. Además, no se
demostró cuáles de las tareas ejecutadas por el actor correspondían a las
funciones desarrolladas por los empleados de planta.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. Por auto del 15 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
17. Las partes procesales no se pronunciaron sobre el recurso de apelación
en esta fase procesal y el Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
3
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19. La Sala debe definir si se demostró la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios bajo el principio de primacía de la realidad sobre las
formas, a fin de establecer si se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia
de primera instancia.
Análisis del problema jurídico
20. Se revocará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten concluir que el actor haya ejecutado las tareas
convenidas en los contratos de prestación de servicios bajo continuada
subordinación.
21. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, se estima necesario destacar
que el demandante realizó actividades de inspección, monitoreo y control de
vectores de interés en salud pública, y encuestador, vinculado a través de
contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad accionada, así:
Contrato de prestación de Plazo o
Objeto
servicios duración
«Prestar servicios de apoyo para realizar
9/9/2008 al levantamiento de índices inmaduros de Aedes
1489 del 8 de septiembre de 20084
18/12/2008 Aegypti en visitas domiciliarias de las 17
comunas del municipio de Bucaramanga»
«Prestar servicios de apoyo para realizar
levantamiento de índices de inmaduros de
20/2/2009 al
823 del 18 de febrero de 20095 Aedes Aegypti en visitas domiciliarias de las
19/7/2009
diez y siete (sic) comunas del municipio de
Bucaramanga»
«Prestar servicios personales para realizar
3/8/2009 al levantamiento de índices de inmaduros de
1700 del 30 de julio de 20096
17/12/2009 Aedes Aegypti en visitas domiciliarias de las
17 comunas del municipio de Bucaramanga»
«Prestar servicios personales en el desarrollo
de las actividades de monitoreo y control de
28/1/2010 al
0998 del 28 de enero de 20107 vectores de interés en salud pública en
27/7/2010
predios públicos y privados del municipio de
Bucaramanga»
«Prestar servicios personales en el desarrollo
de las actividades de monitoreo y control de
23/4/2012 al
761 del 19 de abril de 20128 vectores de interés en salud pública en
22/8/2012
predios públicos y privados del municipio de
Bucaramanga»
4
Contrato de prestación de servicios 1489 del 8 de septiembre de 2008 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348»,
página 25 del archivo PDF denominado «1489-2008 Ramón Naranjo»); acta de liquidación del 19 de
diciembre de 2008 (ibidem, página 32); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario
administrativo del municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene
el cuaderno principal).
5
Contrato de prestación de servicios 823 del 18 de febrero de 2009 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348»,
página 29 del archivo PDF denominado «823-2009 Ramón Naranjo»); acta de inicio del 20 de febrero de
2009 (ibidem, página 38); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
6
Contrato de prestación de servicios 1700 del 30 de julio de 2009 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348», página
31 del archivo PDF denominado «1700-2009 Ramón Naranjo»); acta de inicio del 3 de agosto de 2009
(ibidem, página 39); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
7
Contrato de prestación de servicios 0998 del 28 de enero de 2010 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348»,
página 35 del archivo PDF denominado «998-2010 Ramón Naranjo»); acta de inicio del 28 de enero de 2010
(ibidem, página 43); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
8
Contrato de prestación de servicios 761 del 19 de abril de 2012 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348», página
36 del archivo PDF denominado «761-2012 Ramón Naranjo»); acta de inicio del 23 de abril de 2012 (ibidem,
página 50); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del municipio de
Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal).
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Demandante: Ramón Naranjo López
«Prestar servicios personales para realizar
9 vigilancia, inspección y control vectorial a los
1844 del 6 de septiembre de 2012 , 12/9/2012 al
sumideros del sistema de recolección de
adición10 y otrosí11 26/12/2012
aguas lluvias en el municipio de
Bucaramanga»
«Prestar servicios personales para realizar
vigilancia, inspección y control vectorial a los
507 del 7 de febrero de 201312 y 11/2/2013 al
sumideros del sistema de recolección de
adición13 20/12/2013
aguas lluvias en el municipio de
Bucaramanga»
«Prestar servicios personales en el desarrollo
de las actividades de monitoreo y control de
733 del 20 de enero de 201414 y 21/1/2014 al
vectores de interés en salud pública en
adición15 5/12/2014
predios públicos y privados del municipio de
Bucaramanga»
«Prestar servicios personales en la Secretaría
de Planeación como apoyo al Grupo de
Clasificación Socioeconómico y Estadístico,
2/3/2015 al
973 del 26 de febrero de 201516 realizando actividades de encuestador de
1/9/2015
acuerdo a las normas y conceptos
establecidos por el Departamento Nacional de
Planeación y la Oficina SISBÉN»
22. Adicionalmente, en primera instancia se recibieron los testimonios de los
señores Leonidas Sabas Díaz Pachón y José Mario Lozada Díaz, de los cuales
se destaca lo siguiente:
i) El señor Leonidas Sabas Díaz Pachón relató que labora en la alcaldía de
Bucaramanga desde 1990, y en 2008 empezó en la Secretaría de Salud
en el área de control y prevención del dengue, donde fue compañero del
actor por varios años; que él (el testigo) también presentó una demanda
contra la entidad accionada, por una causa similar; que el accionante
laboró en el programa de vectores, en el marco del cual realizaba
fumigaciones y trabajaba en horas nocturnas y días sábados, por orden
del secretario de salud, quien impartía esa instrucción a través del técnico
Fabio; que muchas veces no tenían los implementos de trabajo, entonces
debían conseguirlos; y que el secretario de salud les daba órdenes sobre
actividades que no estaban previstas en los contratos.
9
Contrato de prestación de servicios 1844 del 6 de septiembre de 2012 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348»,
página 38 del archivo PDF denominado «1844 – 2012 Ramón Naranjo»); acta de inicio del 12 de septiembre
de 2012 (ibidem, página 47); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo
del municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
10
Adición del 7 de diciembre de 2012 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348» y página 118 del archivo PDF
denominado «1844 – 2012 Ramón Naranjo»).
11
Otrosí del 17 de diciembre de 2012 (índice 2 de SAMAI, «CD FL 348» y página 124 del archivo PDF
denominado «1844 – 2012 Ramón Naranjo»).
12
Contrato de prestación de servicios 507 del 7 de febrero de 2013 (índice 2 de SAMAI, página 41 del
archivo PDF denominado «CTO 507-2013 RAMON NARANJO LOPEZ»); acta de inicio del 11 de febrero de
2013 (ibidem, página 53); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
13
Adición del 30 de septiembre de 2013 (índice 2 de SAMAI, página 215 del archivo PDF denominado «CTO
507-2013 RAMON NARANJO LOPEZ»).
14
Contrato de prestación de servicios 733 del 20 de enero de 2014 (índice 2 de SAMAI, página 44 del archivo
PDF denominado «CTO 733-2014 RAMÓN NARANJO LÓPEZ»); acta de inicio del 21 de enero de 201
(ibidem, página 55); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
municipio de Bucaramanga (índice 2 de SAMAI, página 311 del archivo PDF que contiene el cuaderno
principal).
15
Adición del 5 de agosto de 2014 (índice 2 de SAMAI, página 146 del archivo PDF denominado «CTO 733-
2014 RAMÓN NARANJO LÓPEZ»).
16
Contrato de prestación de servicios 973 del 26 de febrero de 2015 (índice 2 de SAMAI, página 49 del
archivo PDF denominado «CTO 973-2015 RAMÓN NARANJO LÓPEZ»); acta de inicio del 2 de marzo de
2015 (ibidem, página 61); y certificación del 9 de julio de 2019, expedida por el secretario administrativo del
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Señaló que el técnico Fabio supervisaba los contratos, daba el visto bueno
para que les pagaran y les definía los horarios de trabajo; que no había
empleados de planta que tuvieran las mismas funciones; que durante los
períodos de interrupción contractual no realizaban otra actividad, sino que
se endeudaban para solventar sus gastos hasta que les dieran un nuevo
contrato; que la entidad accionada no les informó que no podían realizar
otras actividades en los sectores público y privado mientras ejecutaban los
contratos; que para realizar sus tareas usaban mascarillas, guantes,
protectores de oídos, etc., sobre todo para fumigar, elementos que
conseguían ellos mismos porque la entidad no se los brindaba; que la
programación de actividades la hacía Fabio y él los llevaba a los sitios
donde iban a trabajar; y que cuando no podían asistir a realizar sus tareas
le informaban a Fabio, y un compañero cubría la ausencia, pero no les
hacían descuento de los honorarios.
Precisó que no recuerda que les hubieran realizado llamados de atención;
que cuando empezó el programa de vectores en 2008 había
aproximadamente 10 o 12 contratistas y luego disminuyeron, pero no eran
suficientes; que el programa de vectores era para todo el municipio de
Bucaramanga; que había unas estadísticas sobre los sectores donde
había más dengue, entonces el supervisor los repartía en esos sitios para
realizar las encuestas y luego las fumigaciones; que generalmente
trabajaban desde las 7:30 u 8:00 a. m., hasta las 3:00 p. m., pero el horario
no estaba establecido desde el principio del mes, sino que dependía de
cada actividad, pues terminaban apenas se completaba la tarea, aunque
algunas veces se extendían hasta la noche, pero esto no era frecuente; y
que en ocasiones trabajaron los sábados y domingos y no les daban días
compensatorios.
ii) El señor José Mario Lozada Díaz indicó que fue contratista en la Secretaría
de Salud de Bucaramanga desde el 2 de octubre de 2002 hasta el 25 de
agosto de 2015 y estuvo en los grupos de control de vectores, laboratorio
ambiental y contaminación visual; que también presentó una demanda
contra la entidad accionada, por causa similar; que en el programa de
control de vectores tenían que fumigar en las comunas; que hacían
fumigación entre las 5:00 a. m., y las 9:00 o 10:00 a. m., y en la tarde
hacían visitas domiciliarias; que no tenían un horario establecido,
simplemente trabajaban; y que a ellos los «mandaba» el técnico en control
de vectores Fabio Augusto González y la secretaria de salud, y con esta
última se reunían una (1) vez a la semana para la distribución del trabajo.
Refirió que en más de una ocasión tuvo que ir con el demandante a
trabajar a Piedecuesta, Florida y Girón, en el programa COMBI de la
Organización Panamericana de la Salud; que Fabio era el supervisor, pero
este le entregaba los informes a la secretaria de salud, quien autorizaba
las cuentas de cobro; que no les dieron elementos de trabajo, sino que
ellos tenían que conseguirlos, tales como bragas, máscaras, tableta para
hacer las actas de las casas, etc.; que hacían actividades no previstas en
los contratos, como limpiar el laboratorio ambiental en Campohermoso,
cortar árboles y cortar pasto.
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Aclaró que ellos hacían cursos y tenían diplomas, por lo que sabían cómo
hacer las tareas de fumigación, y la entidad solo los vigilaba; que sus
horarios eran impuestos, ya que les decían a qué hora tenían que estar en
determinado sitio para fumigar; que cuando algún compañero no llegaba
puntual pedía disculpas y justificaba la tardanza, y en casos de ausencia
otro compañero cubría el espacio, pero no les descontaban honorarios;
que todos los que estaban en «la cuadrilla» eran contratistas, salvo Fabio
que «era fijo»; que la mayoría de los cursos los pagaban ellos mismos,
aunque la Secretaría de Salud Departamental también regalaba cursos; y
que «la cuadrilla» estaba integrada por 14 personas, aproximadamente,
pero no eran suficientes.
Frente a la pregunta acerca de si Fabio les determinaba la manera en que
tenían que fumigar, respondió que al iniciar el año les hacían un ejercicio
sobre las nuevas metodologías y practicaban con las motomochilas.
23. En esas condiciones, la prueba documental (contratos e informes de
actividades, principalmente) respaldan la afirmación de la entidad accionada en
el sentido de que el actor celebró contratos de prestación de servicios con objetos
diferentes, a saber: por un lado, los contratos 1489 de 2008, 823 de 2009, 1700
de 2009, 0998 de 2010, 761 de 2012, 1844 de 2012, 507 de 2013 y 733 de 2014
fueron suscritos por la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga y
estuvieron relacionados con actividades de inspección, monitoreo y control de
vectores de interés en salud pública, en el marco de los cuales el demandante
realizó tareas de recaudo de información y fumigación en viviendas e
instituciones públicas y privadas de Bucaramanga. Por otro lado, el contrato 973
de 2015 fue firmado por la Secretaría de Planeación de Bucaramanga y su
propósito fue realizar encuestas ligadas al Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN).
24. Así las cosas, teniendo en cuenta que los contratos fueron onerosos y que
los informes de actividades exponen las tareas que ejecutó el actor, la Sala
estima que la remuneración y la prestación personal del servicio están
acreditadas, con la precisión de que las tareas realizadas no fueron siempre las
mismas, como se explicó.
25. En torno a la continuada subordinación, vale la pena recordar que este
elemento denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador
para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de
órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera
como este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son
propias […] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el
poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el
poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»17.
26. Ahora bien, de acuerdo con una interpretación armónica de los artículos 3,
4 (numerales 1 y 4), 5 (numeral 2) y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los contratistas
y las entidades públicas debe existir una relación de entendimiento y
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
7
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Demandante: Ramón Naranjo López
coordinación que apunte a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual,
lo cual implica para los primeros el deber de acatar algunas directrices que les
impartan las contratantes durante el desarrollo del contrato18 y colaborar para que
lo convenido se cumpla de la mejor manera; para las segundas, el deber de
ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución, lo que les
permite exigir al contratista la correcta realización del objeto pactado y adelantar
las revisiones periódicas de los servicios prestados para verificar que estos se
desarrollen en condiciones de calidad.
27. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes están obligadas a vigilar
permanentemente la ejecución correcta del objeto convenido a través de
supervisores o interventores, quienes tienen a su cargo la labor de hacer
«seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional» a cargo del contratista,
misión en razón de la cual están facultados para solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
28. Dicho eso, quien solicite la declaración de la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios en el marco del principio de primacía de la
realidad sobre las formas debe demostrar la ejecución de las tareas bajo
continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas
recaudadas, la Sala concluye que el accionante no acreditó dicho aspecto por las
siguientes razones:
29. En primer lugar, en relación con los contratos 1489 de 2008, 823 de 2009,
1700 de 2009, 0998 de 2010, 761 de 2012, 1844 de 2012, 507 de 2013 y 733 de
2014, los testimonios indican que el demandante hacía fumigaciones en las
mañanas y visitas de campo en las tardes, con el propósito de controlar vectores
de riesgo para la salud pública, especialmente el mosquito transmisor del
dengue. Adicionalmente, tenía un supervisor que organizaba la distribución de
«la cuadrilla» de trabajo, a quien le presentaba los informes de ejecución de
actividades.
30. La Sala debe precisar que el cumplimiento de horarios de trabajo no es un
hecho que acredite por sí solo la continuada subordinación, pero, en todo caso,
los testimonios permiten entender que realmente no había una jornada impuesta
por la entidad contratante, sino que se trataba de la organización del equipo de
trabajo para cumplir las actividades propias del objeto contractual. En ese
sentido, el testigo José Mario Lozada Díaz precisó que en las mañanas hacían la
fumigación porque el sol disminuía la eficacia del insecticida, por lo que
destinaban la tarde para realizar las visitas a domicilios e instalaciones públicas
y privadas.
31. Así pues, más que un horario establecido e impuesto por la entidad
contratante, realmente se trataba de una dinámica de organización del tiempo
orientada por la naturaleza de las actividades; y ello explica por qué en el
18
Numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993: «2. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse».
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expediente no se encuentran cuadros de turnos o documentos emitidos por la
parte contratante con la finalidad de definir horarios específicos.
32. Por otro lado, aunque los testigos mencionaron que el supervisor del
contrato les impartía órdenes, no explicaron en qué consistían estas, con qué
frecuencia se daban, a través de qué medios, etc., a fin de comprender en qué
medida pudieron haber determinado o no el modo en que el demandante
ejecutaba sus tareas.
33. Si bien el señor José Mario Lozada Díaz indicó que anualmente hacían
prácticas sobre nuevas metodologías y el uso de motomochilas, los informes de
actividades que se encuentran en el expediente solo registran esa circunstancia
una sola vez en el mes de febrero de 2010, en el marco del contrato 0998 de
2010, como una actividad de entrenamiento de la motomochila y de una
«máquina leco», herramientas dispuestas para la ejecución del objeto convenido,
mas no como un método de subordinación que hubiera previsto la entidad con el
propósito de imponerle al actor una determinada forma de cumplir las tareas.
34. Se debe resaltar que los testigos indicaron que los fumigadores tenían
conocimientos técnicos sobre la realización de esta actividad, pues hacían cursos
que pagaban ellos mismos, generalmente, y que para efectuar la contratación
necesitaban aportar la acreditación de esas competencias, lo que permite inferir
que el accionante dominaba la tarea de fumigación desde el punto de vista
técnico, hecho que le restaba a la entidad la posibilidad de incidir en el modo de
ejecución de la actividad.
35. Además, el testigo José Mario Lozada Díaz mencionó que tenían que
realizar tareas que no estaban previstas en los contratos, como por ejemplo
retirar vallas publicitarias y hacer limpieza (corte de pasto, árboles, etc.) del
laboratorio ambiental en Campohermoso; no obstante, la primera situación no se
predicó del demandante, sino de testigo, quien afirmó que hizo parte del equipo
de control de contaminación visual, lo que no ocurrió con el actor. A su turno, no
es del todo claro si la limpieza del laboratorio ambiental estaba incluida en el
objeto de los contratos de prestación de servicios, pues, en principio, el control
de vectores también comprende la salubridad de los lugares que puedan
representar focos de riesgo, y entre las obligaciones específicas del contratista
estaban apoyar y participar en las jornadas que adelantaran las diversas áreas
de la Secretaría de Salud y Ambiente relacionadas con salud pública.
36. Así pues, la Sala concluye que la parte actora no cumplió con la carga de
demostrar la continuada subordinación durante el desarrollo de los contratos de
prestación de servicios 1489 de 2008, 823 de 2009, 1700 de 2009, 0998 de 2010,
761 de 2012, 1844 de 2012, 507 de 2013 y 733 de 2014.
37. En segundo lugar, respecto de la ejecución del contrato 973 de 2015, solo
se tiene la prueba documental integrada por el contrato propiamente y los
informes de ejecución de actividades, pues los testigos no hicieron ninguna
alusión a las tareas del demandante como encuestador de información relevante
para el SISBÉN.
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38. Ante esa circunstancia, la Sala no encuentra ninguna prueba que
demuestre que la entidad accionada haya desdibujado la autonomía del
accionante como contratista encuestador, por medio de la emisión de órdenes e
instrucciones que determinaran el modo de ejecución de las tareas.
39. Sobre el particular, la Sala recuerda que la coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios propende al cumplimiento idóneo del objeto
convenido, razón por la cual puede implicar la emisión de instrucciones del
contratante hacia el contratista, la presentación de informes para supervisar la
ejecución, la asistencia a reuniones, etc., por lo que le correspondía al actor
demostrar cómo el comportamiento de la entidad contratante habría sobrepasado
ese marco de entendimiento hasta comprometer su autonomía, de conformidad
con el artículo 167 del Código General del Proceso19, carga que no se cumplió
satisfactoriamente.
40. En conclusión, como la parte actora no logró acreditar el elemento de la
continuada subordinación, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
La condena en costas de segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante por ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
19
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 21 de febrero de 2019, expediente 54001-23-33-000-2014-00287-01.
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primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 29 de abril de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, NEGAR las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Ramón Naranjo López, a favor del municipio de Bucaramanga (Santander). Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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