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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00371-02

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00371-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE 5 «Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento». 6 «Parágrafo transitorio 7. Accederá a la mesada catorce el personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional pensionado en virtud del régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones». 11 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 68001-23-33-000-2018-00371-02 (2034-2023) Demandante: FHV PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor FHV, a favor de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional). Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO. ORDENAR a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Santander adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva de las actuaciones procesales. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00371-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00371-02 (2034-2023)
Demandante: FHV1
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional)

Tema: Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia debido a que el
accionante no acreditó la continuada subordinación ni la
remuneración desde el 1.° de enero de 1992 hasta el 8 de
noviembre de 1994, como tampoco la prestación del servicio
entre tales fechas. Por lo tanto, también se confirma la
decisión de negar las pretensiones consecuentes, entre
ellas el reconocimiento de una pensión de jubilación con
base en el Decreto 1214 de 1990 y el pago de la mesada 14.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

Se precisa que, teniendo en cuenta que la controversia comprende información
de inteligencia militar, se reemplazarán los nombres y apellidos de los sujetos
involucrados por las iniciales correspondientes y se ordenará a la Secretaría de
la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de
Santander adoptar las medidas necesarias para garantizar la reserva de las
actuaciones procesales, de conformidad con los artículos 5 de la Ley 1097 de
2006; 4, 33 y siguientes de la Ley 1621 de 2013; 2.2.3.6.1 del Decreto 1070 de
2015 y el Decreto 1837 de 2007.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
20163131048211 MDN-CGFM-COEJEC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10
del 23 de agosto de 2016, expedido por la Dirección de Personal del Ejército
Nacional, mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral entre el 1.º de enero de 1992 y el 8 de noviembre de 1994,
período durante el cual afirmó haber desarrollado actividades como agente de
inteligencia militar.

1
En atención a la condición de informante del demandante y con el propósito de salvaguardar
su identidad, la Sala lo identificará en esta providencia únicamente mediante sus iniciales.

1
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Bogotá D.C. – Colombia

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Demandante: FHV

2. También solicitó inaplicar, por inconstitucionales, las expresiones «regirá
a partir del 1.º de abril de 1994» y «con excepción de aquel que se vincule a partir
de la vigencia de la presente ley», contenidas en los artículos 151 y 279 de la Ley
100 de 1993, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) reconocer su condición
de miembro de las Fuerzas Militares y, en consecuencia, de beneficiario del
régimen salarial, prestacional y pensional previsto en el Decreto 1214 de 1990;
(ii) declarar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios —o,
en los términos de la demanda, la existencia de una relación laboral— durante el
período comprendido entre el 1.º de enero de 1992 y el 8 de noviembre de 1994;
(iii) ordenar el ajuste de su hoja de servicios para incluir dicho lapso; (iv)
reconocer y pagar la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 del Decreto
1214 de 1990, liquidada con todos los factores correspondientes al último año de
servicio e incluyendo la mesada catorce, por considerar que completó veinte (20)
años de servicio continuo entre el 1.º de enero de 1992 y el 1.º de enero de 2012;
(v) reconocer las cesantías causadas, debidamente indexadas; (vi) reintegrar los
valores descontados por concepto de aportes pensionales, actualizados; (vii)
indemnizar los perjuicios materiales y morales; (viii) condenar en costas a la
entidad demandada; (ix) dar cumplimiento a la sentencia dentro del término legal
o, en su defecto, reconocer los intereses moratorios correspondientes; y (x)
adoptar las condenas extra y ultra petita a que hubiere lugar.

4. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado vulneró normas
superiores2 e incurrió en un defecto sustantivo, porque, aunque su posesión
formal ocurrió el 8 de noviembre de 1994, desde el 1.º de enero de 1992
desarrolló funciones como integrante del sistema de inteligencia militar, en
condición de personal civil al servicio de las Fuerzas Militares. En su criterio, esa
situación imponía aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades y reconocerle el régimen salarial, prestacional y pensional previsto
en los Decretos 1214 de 1990, 1792 de 2000 y 2743 de 2010.

5. Agregó que, aun si se aceptara que su vinculación a las Fuerzas Militares
solo se produjo el 8 de noviembre de 1994, tendría derecho al régimen de
transición previsto en el inciso undécimo y el parágrafo transitorio 2 del artículo
48 de la Constitución Política, en atención a la naturaleza de las labores de
inteligencia que desempeñó. Por esa razón, estimó que le resultaba aplicable el
artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 y no el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

2
Artículos 1, 2, 6, 13, 25, 26, 29, 48, 53, 83, 122 y 189 de la Constitución Política; el Acto
Legislativo 01 de 2005; Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Cultutrales —Protocolo de San Salvador—; los Convenios de Ginebra y sus protocolos
adicionales; el Reglamento Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre;
«Declaración de Derechos y Deberes de los Estados de la Organización de las Naciones Unidas»;
las Leyes aprobatorias 16 de 1972, 171 de 1994 y 319 de 1996; los Decretos 1214 de 1990, 1792
de 2000, 2743 de 2010 y 1070 de 2015. Adicionalmente, trajo a colación la Sentencia C-409 de
1994, el concepto del 25 de noviembre de 2013 expedido por la Dirección de Pensiones y Otras
Prestaciones del Ministerio del Trabajo y el acta del 22 de abril de 2014 del Ministerio de Defensa
Nacional —sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados de dicho ministerio—.
2
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Demandante: FHV

6. Finalmente, afirmó que la actuación de la entidad demandada desconoció
los derechos laborales y prestacionales que le asistían, circunstancia que le
ocasionó un daño antijurídico cuya reparación reclamó mediante este medio de
control.

Contestación de la demanda

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
vinculación del actor comenzó el 8 de noviembre de 1994. Por ello, consideró que
no le resultaba aplicable el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, sino el régimen
previsto en la Ley 100 de 1993, conforme a su artículo 279.

8. Añadió que el demandante no tenía derecho a la mesada catorce, porque
no ostentaba la condición de pensionado y, en todo caso, el Acto Legislativo 01
de 2005 suprimió ese beneficio.

9. Propuso la excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales.

Sentencia apelada

10. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
actor.

11. Señaló que el demandante no tuvo vínculo laboral ni contractual con la
entidad durante el período reclamado, comprendido entre 1992 y 1994. Explicó
que desarrolló actividades de inteligencia como civil, «de manera clandestina y
cubierta», a cambio de subvenciones o recompensas por la información
suministrada, y que presentaba informes periódicos con el propósito de que se
autorizara la continuidad de esa labor.

12. Precisó que las certificaciones relativas a las actividades de inteligencia
realizadas durante ese lapso no acreditaban una vinculación laboral o
contractual. Según indicó, esos documentos fueron expedidos para destacar la
colaboración del actor como «informante particular» y recomendar que
continuara desempeñándola.

13. Concluyó que no se demostró la continuada subordinación, pues no se
acreditó la emisión de órdenes sobre la forma de ejecutar las actividades, el
cumplimiento de horarios, la existencia de llamados de atención o actuaciones
disciplinarias, ni que el demandante hubiera desarrollado sus tareas en
condiciones semejantes a las de un agente de inteligencia formalmente vinculado
con la entidad.

14. Finalmente, explicó que el actor solo adquirió la condición de empleado
público el 8 de noviembre de 1994, esto es, con posterioridad al 1.º de abril de
ese año. Por ello, consideró que no tenía derecho a la pensión de jubilación
prevista en el Decreto 1214 de 1990, pues su régimen pensional era el
establecido en la Ley 100 de 1993.

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Demandante: FHV

Recurso de apelación

15. El actor interpuso recurso de apelación y sostuvo que acreditó la
prestación subordinada del servicio, pues cumplía órdenes diarias impartidas por
funcionarios de la entidad demandada y desarrollaba actividades en condiciones
semejantes a las de un agente de inteligencia vinculado formalmente.

16. Explicó que no recibió llamados de atención, no fue sometido a procesos
disciplinarios ni se le remitieron memorandos sobre horarios o instrucciones
ajenas a las labores de inteligencia, porque ejecutó sus tareas «de manera
juiciosa».

17. Añadió que los testimonios practicados acreditaron tanto la existencia de
la vinculación como las actividades que desarrolló durante el período reclamado.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Por auto del 27 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

19. La entidad accionada solicitó confirmar el fallo apelado, sobre la base de
que (i) no se demostró la existencia de una relación laboral entre el 1.° de enero
de 1992 y el 8 de noviembre de 1994; (ii) el régimen pensional del actor está
previsto en la Ley 100 de 1993, pues se vinculó como empleado público el 8 de
noviembre de 1994; y (iii) aquel no tiene derecho al pago de la mesada 14 debido
a que no tiene el estatus de pensionado.

20. El Ministerio Público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados en el recurso de apelación. Para tal efecto, se
analizará si las pruebas acreditaron que, entre el 1.º de enero de 1992 y el 8 de
noviembre de 1994, el demandante desarrolló sus actividades bajo continuada
subordinación y, por tanto, si procede declarar la desnaturalización del vínculo
con la entidad demandada. En caso afirmativo, se establecerá si tiene derecho a
la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 y al
pago de la mesada catorce.
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Demandante: FHV

Análisis del problema jurídico

23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque el
demandante no acreditó que, durante el período comprendido entre el 1.º de
enero de 1992 y el 8 de noviembre de 1994, hubiera prestado sus servicios de
manera continua, a cambio de una remuneración y bajo continuada
subordinación. En consecuencia, no procede declarar la desnaturalización del
vínculo ni acceder a las pretensiones consecuenciales, entre ellas el
reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 del Decreto
1214 de 1990 y el pago de la mesada catorce.

1. Estudio sobre la existencia de un vínculo de naturaleza laboral

24. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores RRB y
BCJO, de los cuales se destaca lo siguiente:

• El señor RRB manifestó que conoció al demandante porque ambos
desarrollaban actividades de inteligencia para el Ejército Nacional. Indicó
que el actor comenzó a desempeñarse como agente de inteligencia desde
1991 y que, a partir de 1992, empezó a recibir una remuneración mensual,
la cual oscilaba entre $80.000 y $100.000 y variaba según la calificación
obtenida en los conceptos operacionales practicados cada tres meses.

Explicó que los agentes de inteligencia no cumplían un horario fijo, pues
permanecían disponibles «7x24» para ejecutar las misiones que les fueran
asignadas. Señaló que el agente de control distribuía los turnos de
vigilancia, normalmente de dos o cuatro horas, y verificaba que las tareas
se estuvieran desarrollando. Agregó que el capitán Urrea y el sargento
Bejarano definían las labores que debía ejecutar el actor y realizaban
seguimiento a su cumplimiento.

Afirmó que el demandante desarrollaba sus actividades por fuera de las
instalaciones del batallón y reportaba la información obtenida al agente de
control, quien la transmitía a la cadena de mando. También indicó que el
actor podía mantener una actividad económica distinta como parte de su
«fachada», sin dejar de cumplir las labores de inteligencia.

Manifestó que al demandante se le asignó de manera permanente una
motocicleta y, en ocasiones, un vehículo, además de equipos técnicos que
debía devolver una vez concluida cada misión. Igualmente, sostuvo que
en algunas oportunidades recibió la orden de desplazarse a otras ciudades
para desarrollar labores de inteligencia, caso en el cual se le reconocían
viáticos previa presentación de los respectivos soportes.

Finalmente, diferenció la labor de los informantes de la desarrollada por el
demandante. Explicó que los primeros suministraban información
específica a cambio de una recompensa, mientras que el actor
permanecía permanentemente disponible para el desarrollo de
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Demandante: FHV

actividades de inteligencia y operaciones encubiertas. Agregó que no
podía abandonar una misión por decisión propia, pues ello implicaba su
desvinculación, circunstancia que, según afirmó, nunca ocurrió.

• La señora BCJO declaró que conoció al demandante desde enero de
1992, cuando este desarrollaba actividades como agente de inteligencia.
Señaló que los agentes no estaban sujetos a un horario fijo, sino que
cumplían las misiones en los horarios que les correspondieran,
organizados mediante turnos, y recibían una remuneración que oscilaba
entre $100.000 y $150.000, de acuerdo con los resultados obtenidos.

Indicó que los agentes contaban con motocicletas para el desarrollo de
sus actividades; que existía un agente de control encargado de coordinar
y verificar el cumplimiento de las misiones; y que el comandante de la
compañía podía formular llamados de atención. También manifestó que
cada tres meses se elaboraba un concepto operacional sobre el
desempeño de los agentes.

Explicó que las órdenes operacionales provenían de Bogotá, eran
transmitidas al comandante de la compañía y este las distribuía entre el
personal encargado de ejecutarlas. Precisó que el capitán Urrea era el
comandante de la compañía a la cual pertenecía el demandante, que RRB
actuaba como agente de control y que el señor Ruiz Silva era el
comandante del batallón. Finalmente, afirmó que por su despacho pasaron
los documentos relacionados con los estudios de inteligencia que sirvieron
de fundamento para que el actor fuera incorporado como personal civil en
1994.

25. Por otra parte, con la demanda se aportaron las siguientes certificaciones:

Fecha de la Quien
Contenido
certificación certifica
«Con toda atención me permito certificar que el señor
[FHV]…ha venido laborando tiempo completo como
Agente de inteligencia en la compañía de operaciones
1/9/1994 BRS especiales BITE No 2…con un tiempo de servicio de tres
(03) años y cuatro (04) meses en la Institución, tiempo
en la (sic) que ha participado activamente en los
procesos de inteligencia…».
«…CERTIFICO que el señor: [FHV]…ha venido
laborando tiempo completo como AGENTE DE
1/9/1994 RRB INTELIGENCIA en la Compañía de Operaciones
Especiales del BITE No. (sic) 2, desde el mes de Enero
de 1992, hasta la fecha».
«…hago CONSTAR que el señor: [FHV]…ha venido
laborando tiempo completo como AGENTE DE
5/9/1994 BCJO INTEIGENCIA en la Compañía de Operaciones
Especiales BITE No. (sic) 2, desde el mes de Enero de
1992, hasta la fecha».
«[…] CERTIFICO que el señor: [FHV]…ha venido
laborando tiempo completo como AGENTE DE
6/9/1994 GEBR INTELIGENCIA en la Compañía de Operaciones
Especiales del BITE No. (sic) 2, desde el mes de Febrero
de 1992, hasta la fecha».
6
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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00371-02 (2034-2023)
Demandante: FHV

«[…] hago CONSTAR que el señor: [FHV]…ha venido
laborando tiempo completo como AGENTE DE
6/9/1994 MEJO INTELIGENCIA en la Compañía de Operaciones
especiales BITE No.(sic) 2, desde el mes de Enero de
1992, hasta la fecha».

26. En cuanto a los anteriores documentos, se advierten varias limitaciones
que impiden otorgarles el alcance probatorio pretendido.

27. En primer lugar, ninguna de las certificaciones identifica la condición en la
que actuaban sus suscriptores ni permite establecer que hubieran sido expedidas
por funcionarios competentes para certificar tiempos de servicio o por personas
autorizadas para emitir constancias con efectos administrativos. Tampoco
indican la fuente de conocimiento de la información consignada ni los registros
institucionales que la respaldan. En esas condiciones, no es posible concluir que
su contenido provenga de información oficial de la entidad demandada.

28. En segundo lugar, tampoco son uniformes respecto de los extremos
temporales cuya declaración pretende el actor. Mientras algunas afirman que las
actividades comenzaron en enero de 1992, otra señala que iniciaron en febrero
del mismo año y ninguna precisa el día en que habría empezado la prestación
del servicio. Esa circunstancia impide establecer si las actividades se
desarrollaron desde el 1.º de enero de 1992, como se afirmó en la demanda.

29. A ello se suma que en un documento del 4 de noviembre de 2014,
identificado como «historia laboral» y aportado con la demanda, el propio actor
informó a su apoderado que había iniciado las labores de inteligencia en febrero
de 1992. Posteriormente, en el mismo documento, afirmó que ello ocurrió a
finales de 1991. Tales inconsistencias impiden establecer con certeza la fecha de
inicio de las actividades cuya declaración pretende.

30. Tampoco pasa inadvertido que la certificación suscrita por el señor RRB
comprende el período entre enero de 1992 y el 1.º de septiembre de 1994,
mientras que en su declaración testimonial manifestó que solo integró el grupo
de operaciones especiales entre 1991 y 1993, pues posteriormente pasó a dirigir
la compañía de enlace. Esa circunstancia también limita el alcance demostrativo
de la certificación frente a todo el período allí consignado.

31. Los testimonios practicados tampoco permiten superar esas
inconsistencias. El señor RRB manifestó que el actor desarrolló actividades de
inteligencia desde 1991, aunque no precisó la fecha correspondiente. Por su
parte, la señora BCJO indicó que ello ocurrió desde enero de 1992, sin señalar
el día de inicio. En consecuencia, las pruebas únicamente permiten establecer
que el demandante colaboró en actividades de inteligencia antes de su posesión
como empleado público el 8 de noviembre de 1994, mas no determinar con
certeza desde cuándo comenzó esa actividad ni si se desarrolló de manera
continua durante todo el período reclamado.

32. Esa indeterminación resulta relevante porque quien pretende la
declaración de la desnaturalización del vínculo tiene la carga de acreditar los
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extremos temporales durante los cuales afirma haber prestado el servicio bajo
las condiciones propias de una relación laboral. En este caso, las pruebas no
permiten establecer con suficiente certeza que las actividades se hubieran
desarrollado desde el 1.º de enero de 1992 ni que hubieran permanecido
ininterrumpidamente hasta el 7 de noviembre de 1994.

33. En cuanto a la remuneración, el expediente contiene comprobantes que
acreditan el reconocimiento de diferentes sumas entre junio de 1992 y abril de
1994. En particular, obran documentos que registran pagos de $80.000 el 30 de
junio de 1992, por concepto de «informaciones suministradas»; de $100.000
correspondientes a las subvenciones mensuales de octubre y diciembre de 1992;
y otros comprobantes de egreso relacionados con pagos efectuados durante
1993 y 1994.

34. También se aportaron planillas y comprobantes de egreso
correspondientes a diferentes conceptos, entre ellos gastos de funcionamiento,
combustible, arriendo, adquisición de elementos y pagos asociados a actividades
de inteligencia. No obstante, dichos documentos únicamente acreditan pagos
aislados durante algunos meses comprendidos entre junio de 1992 y abril de
1994, sin demostrar una remuneración permanente durante todo el período cuya
declaración se pretende.

35. Además, el pago efectuado el 30 de junio de 1992 fue realizado
expresamente «por concepto de pago de informaciones suministradas»,
circunstancia que coincide con la distinción realizada por el testigo RRB entre los
informantes —quienes recibían recompensas por información específica— y
quienes desarrollaban labores de inteligencia de manera permanente. En
consecuencia, ese documento, por sí solo, no demuestra que el pago
correspondiera al ejercicio de actividades como agente de inteligencia.

36. Valorados conjuntamente los restantes comprobantes con las
declaraciones testimoniales, la Sala entiende que varias de esas sumas
estuvieron relacionadas con las actividades de inteligencia desarrolladas por el
actor y con algunos gastos derivados de ellas. Sin embargo, el material probatorio
únicamente acredita pagos durante parte del período reclamado y no demuestra
que existiera una remuneración continua entre el 1.º de enero de 1992 y el 8 de
noviembre de 1994.

37. Ahora bien, aun si se admitiera que el actor desarrolló actividades de
inteligencia antes de su vinculación formal y recibió algunas contraprestaciones
económicas por ello, tales circunstancias no bastan para declarar la
desnaturalización del vínculo. También era necesario acreditar que dichas
actividades se ejecutaron bajo continuada subordinación, entendida como el
poder jurídico permanente que habilita al empleador para dirigir la actividad del
trabajador, impartir órdenes sobre la forma de ejecución de sus funciones y
ejercer potestades de control y disciplina.

38. Sobre este último elemento, los testimonios describen la existencia de una
estructura operativa propia de las labores de inteligencia. Ambos declarantes
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Demandante: FHV

coincidieron en afirmar que existía un agente de control, que las misiones eran
definidas por el comandante de la compañía, que se organizaban relevos, se
suministraban vehículos y equipos y, en determinadas ocasiones, se reconocían
viáticos para cumplir actividades fuera de la ciudad.

39. Sin embargo, esas circunstancias, apreciadas en su contexto, no permiten
concluir que la entidad hubiera ejercido sobre el actor el poder jurídico
permanente propio de una relación laboral. Las instrucciones descritas por los
testigos estaban dirigidas a coordinar el desarrollo de las operaciones de
inteligencia y a verificar el cumplimiento de los objetivos de cada misión, mas no
a determinar de manera permanente el modo en que el demandante debía
desarrollar su actividad.

40. En efecto, ninguno de los declarantes explicó que la entidad hubiera fijado
el método mediante el cual el actor debía obtener o corroborar la información, ni
describió controles permanentes sobre la forma de ejecutar las labores. Tampoco
dieron cuenta de llamados de atención, procesos disciplinarios, reglamentos
internos o medidas correctivas propias del ejercicio de un poder subordinante.

41. Los propios testimonios indican, además, que el actor no estaba sujeto a
un horario ordinario de trabajo. Según los declarantes, permanecía disponible
para cumplir las misiones que le fueran asignadas y los relevos obedecían a
necesidades propias de las operaciones de inteligencia. Incluso señalaron que
podía desarrollar otras actividades económicas como parte de la «fachada»
necesaria para el éxito de las labores encomendadas, circunstancia difícilmente
compatible con la incorporación estable y exclusiva a la organización
administrativa de la entidad.

42. Tampoco desvirtúa esa conclusión el hecho de que el agente de control
verificara la presencia del actor en el lugar donde informaba estar desarrollando
una misión. Esa comprobación aparece orientada a constatar el cumplimiento de
los objetivos operacionales y la seguridad de las actividades de inteligencia, mas
no al ejercicio de facultades permanentes de dirección sobre la manera en que
el demandante ejecutaba personalmente sus labores.

43. La naturaleza de las actividades cuya declaración pretende el demandante
también constituye un elemento relevante para valorar el material probatorio. Las
labores de inteligencia militar involucran el manejo de información sensible, la
ejecución de operaciones reservadas y el acceso a asuntos directamente
relacionados con la seguridad y defensa nacional. En ese contexto, resulta
razonable esperar que la incorporación permanente de una persona a ese tipo
de funciones se encuentre precedida de procedimientos institucionales de
selección, verificación de antecedentes, estudios de seguridad y demás controles
propios de la administración del personal de inteligencia. Sin embargo, el
expediente no demuestra que el actor hubiera sido sometido a ese tipo de
actuaciones antes de su posesión como empleado público el 8 de noviembre de
1994, circunstancia que refuerza la conclusión según la cual las actividades
desarrolladas con anterioridad no permiten tener por acreditada la
desnaturalización del vínculo en los términos planteados en la demanda.
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Demandante: FHV

44. En consecuencia, la valoración conjunta del material probatorio permite
concluir que el actor acreditó haber desarrollado actividades de inteligencia antes
de su posesión como empleado público y demostró parcialmente la percepción
de algunas sumas de dinero durante ese período. Sin embargo, no probó con la
certeza requerida los extremos temporales de esa actividad, la existencia de una
remuneración continua durante todo el lapso reclamado ni, especialmente, que
la entidad hubiera ejercido sobre él la continuada subordinación necesaria para
declarar la desnaturalización del vínculo.

45. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto negó la
declaración de la desnaturalización del vínculo durante el período comprendido
entre el 1.º de enero de 1992 y el 8 de noviembre de 1994 y, por ende, las
pretensiones consecuenciales relacionadas con el reconocimiento de ese tiempo
para efectos salariales, prestacionales y pensionales.

2. Estudio sobre la pensión de jubilación y la mesada 14

46. Toda vez que el actor se vinculó a la entidad accionada el 8 de noviembre
de 1994, cuando tomó posesión del empleo de agente de inteligencia, grado D3,
su régimen pensional está previsto en la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el
primer inciso del artículo 279 ibidem3; por consiguiente, no tiene derecho a que
se le reconozca una pensión de jubilación con base en el artículo 98 del Decreto
1214 de 1990, pues esta normativa no le resulta aplicable.

47. Tampoco resulta procedente inaplicar por inconstitucional la expresión con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley
contenida en el primer inciso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pues esta
fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-665
de 1996, sobre la base de que no desconocía derechos adquiridos, decisión que
hizo tránsito a cosa juzgada constitucional4.

48. Por otro lado, como el demandante no es beneficiario del régimen
pensional especial del personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa
—Decreto 1214 de 1990—, como se explicó, y ni siquiera tiene la condición de
pensionado, tampoco tiene derecho al reconocimiento y pago de la mesada 14,

3
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente
Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal
regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la
vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas».
4
En dicha providencia se indicó lo siguiente: «Por lo anterior, estima la Corte que el precepto
parcialmente acusado, al excluir del régimen previsto por el Decreto-ley 1214 de 1990 al personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional que se vincule con posterioridad a la vigencia
de la Carta Política de 1991 (sic), no quebranta el ordenamiento superior, pues al hacerlo tuvo
como objetivo fundamental la aplicación para dichos servidores públicos del Sistema Integral de
Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de 1993, respetando los derechos adquiridos del
personal vinculado con anterioridad a la vigencia de esta ley».
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de acuerdo con el inciso 145 y el parágrafo transitorio 76 del artículo 48 de la
Constitución Política, adicionados por los Actos Legislativos 01 de 2005 y 01 de
2024, respectivamente.

49. Por lo expuesto, se confirmará en su integridad la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La condena en costas de segunda instancia

50. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

51. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

52. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

53. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará el fallo apelado,
se impondrán costas a la parte demandante, pues no prosperó su recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

5
«Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto
Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la
pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento».
6
«Parágrafo transitorio 7. Accederá a la mesada catorce el personal civil y no uniformado del
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional pensionado en virtud del régimen especial y
exceptuado del Sistema General de Pensiones».
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Demandante: FHV

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor FHV, a favor
de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional). Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

TERCERO. ORDENAR a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Santander adoptar las medidas necesarias
para garantizar la reserva de las actuaciones procesales.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JMMC

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