Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00509-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00509-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00509-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reliquidación de la pensión de vejez del Inpec
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gloria Silva Jiménez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en orden a que se
declarara la nulidad de las siguientes resoluciones:
Acto administrativo A través del cual En cuanto a Total Parcial
1. 29682 del 16 de octubre de Reconoció y ordenó el «monto pensional y no
2002 pago de una pensión por el derecho x
vejez, a partir del 1° de
1 En lo que sigue Ugpp.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
abril de 2002.
2. 6802 del 23 de agosto de Ordenó la reliquidación
2004 de la prestación con la
inclusión del
«sobresueldo» como
factor salarial
3. 05519 del 9 de febrero de Ordenó la reliquidación
2009 de la pensión por nuevos
tiempos.
4. PAP009353 del 17 de Ordenó la reliquidación
agosto de 2010 con la inclusión de la
bonificación por servicios
prestados
5. PAP044502 del 17 de Confirmó en su integridad
marzo de 2011 la Resolución
PAP009353 del 17 de
agosto de 2010 «al omitir la inclusión de
6. UGM008964 del 19 de Ordenó la reliquidación emolumentos
septiembre de 2011 de la pensión por nuevos percibidos en razón de
tiempos. la actividad laboral,
7. RDP006920 del 2 de Ordenó la reliquidación factores económicos y x
agosto de 2012 con la inclusión de los prestaciones
siguientes factores: i) devengados en su
asignación básica; ii) condición de servidor
auxilio de alimentación; público del Inpec»
iii) auxilio de transporte;
iv) prima de navidad; v)
prima de servicios; y vi)
prima de vacaciones
8. RDP023149 del 25 de julio Negó la reliquidación de
de 2014 la prestación
9. RDP026236 del 28 de Confirmó el anterior acto
agosto de 2014
10. RDP036030 del 3 de Ordenó la reliquidación
septiembre de 2015 con la inclusión de la
bonificación por servicios
11. RDP041735 del 3 de Negó la reliquidación de
noviembre de 2017 la prestación
12. RDP003059 del 29 de Confirmó el anterior acto
enero de 2018
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la reliquidación de la pensión de vejez con el 75% del promedio mensual
devengado durante su último año de servicio, « con la inclusión de los emolumentos
salariales de que trata la Ley 6 de 1945, Ley 62 de 1985, el art. 45 del Decreto 1045 de
1978, Decreto 1302 de 1978, como lo son: sueldo básico, sobresueldo, bonificación por
servicios prestados, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones,
prima de servicios, prima de navidad, prima de riesgo, bonificación de recreación, subsidio
de unidad familiar, tal como lo consagra entre otras disposiciones la Ley 6 de 1945, Ley 62
de 1985, el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, sentencia
25000234200020130154101 Sección Segunda del Consejo de Estado, dada la condición
de servidor (a) público (a) que ostentaba» [sic]; ii) el pago de las diferencias
2
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
prestacionales que resultaran de la correcta liquidación «desde la fecha de status quo
del 17 de diciembre de 2001, efectiva a partir del 31 de diciembre de 2011, cuando se
procedió al retiro institucional» [sic] con la debida indexación de acuerdo con el IPC; iii)
el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y siguientes del
CPACA; y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:
3.1. GloriaSilva Jiménez ingresó como dragoneante del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario4 el 18 de diciembre de 1981, es decir que en el año 2001
cumplió 20 años de servicios y adquirió el estatus pensional. Su retiro del servicio
ocurrió el 31 de diciembre de 2011 y el último cargo desempeñado fue el de
«dragoneante, código 4114, grado 11, adscrita al Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de San Gil» [sic].
3.2. Con la Resolución 29682 del 16 de octubre de 2002, la Caja Nacional de
Previsión Social5 le reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación, efectiva a
partir del 1° de abril de 2002, condicionada al retiro definitivo del servicio. Dicha
prestación se liquidó con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos
«8 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/1993» y con los factores
de asignación básica y bonificación por servicios.
3.3. Por medio de la Resolución 6802 del 23 de agosto de 2004, al resolver el recurso
de apelación interpuesto contra el anterior acto, Cajanal reliquidó la prestación con
la inclusión de los sobresueldos devengados.
3.4. En la Resolución 05519 del 9 de febrero de 2009, Cajanal reliquidó la pensión
por inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de abril de 2002 al 30 de diciembre de
2007].
3.5. A través de la ResoluciónPAP009353 del 17 de agosto de 2010, Cajanal
reliquidó la pensión por la inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de enero de
2008 hasta el 30 de diciembre de 2009]. Asimismo, en dicho acto se aclaró que ante
la imposibilidad de identificar el «concepto de otros factores», certificados para los
años 2008 y 2009 «se efectuó la reliquidación únicamente con el valor de la asignación
básica» [sic]. Dicho acto fue confirmado con la Resolución PAPA044502 del 17 de
marzo de 2011, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la interesada.
3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según loe elementos probatorios allegados.
4 En lo que sigue Inpec.
5 En lo sucesivo Cajanal.
3
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
3.6. Mediante la Resolución UGM008964 del 19 de septiembre de 2011, Cajanal
reliquidó la prestación por la inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de julio de
2009 hasta el 30 de marzo de 2011].
3.7. Con la Resolución RDP006920 del 2 de agosto de 2012, la Ugpp reliquidó la
pensión por la inclusión de nuevos tiempos y sobre el 75% de los «salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado o aportado [la] interesad[a] entre el 1° de enero de 2011 y el
30 de diciembre de 2011» [sic], tales como: i) asignación básica mes; ii) auxilios de
alimentación y transporte; y iii) las primas de navidad, servicios y vacaciones.
3.8. Por medio de las resoluciones RDP023149 del 25 de julio de 2014 y RDP026236
del 28 de agosto de esa anualidad, respectivamente, la Ugpp negó la solicitud de
reliquidación de la prestación con la inclusión de la bonificación por servicios
devengada en el último año de servicio. Lo anterior, comoquiera que el certificado
de factores salariales allegado a la actuación administrativa, «no da certeza del valor
correspondiente a dicho factor» [sic].
3.9. En la Resolución RDP036030 del 3 de septiembre de 2015, la Ugpp reliquidó la
pensión con la inclusión de la bonificación de servicios prestados el último año de
servicio.
3.10. A través de la Resolución RDP041735 del 3 de noviembre de 2017, la Ugpp
negó la solicitud de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los
factores percibidos en el último año de servicio, estos son, además de los
reconocidos, la prima de riesgo, subsidio familiar y la bonificación por recreación.
Dicha decisión fue confirmada con la Resolución RDP003059 del 29 de enero de
2018.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 13, 25, 29, 53 y 209 de la
Constitución Política; 21 de la Ley 1848 de 1969; 2 y 3 del Decreto 1302 de 1978;
11, 36, 272, 273, 288 de la Ley 100 de 1993; 3 y 4 del Decreto 446 de 1994; 45 del
Decreto 407 de 1994; 21 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; las leyes 50 y
153 de 1887; 62 de 1985; 32 de 1986; y los decretos 3135 de 1968; 1848 de 1969;
1045 y1302 de 1978; de 1978; y 0113 de 1998.
4.1. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 6:
6Samai del tribunal, índice 51, 91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
4
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4.2. La prestación debió reconocerse de conformidad con los parámetros
establecidos en la Ley 32 de 1986 y con base en los factores establecidos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, e igualmente con aquellos que devengó en
forma habitual como contraprestación del servicio, de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado7.
4.3. Según la «Directiva Ministerial C-204 del 9 de mayo de 1988» se ordenó a todos los
directores y pagadores de las cárceles y penitenciarias del país «efectuar descuentos
del 5% del salario y todos los factores salariales que se encontraban devengando el
personal de custodia y vigilancia carcelaria, como eran: asignación básica, sobresueldo,
prima de antigüedad, prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, viáticos y otros» [sic].
1.2. Contestaciones de la demanda
5. 1.2.1. La Ugpp contestó la demanda y al efecto expuso las razones que se
expresan a continuación8:
5.1. La reliquidación de la prestación se encuentra acorde con el régimen previsto
para los servidores del Inpec, pues los actos demandados fueron expedidos en
estricto cumplimiento de «la Ley 34 de 1986, el Decreto 407 de 1994, el Acto legislativo
01 de 2005 y el Código Contencioso Administrativo» [sic].
5.2. Con la Resolución RDP36030 del 3 de septiembre de 2015, se reliquidó la
prestación de la demandante según lo dispuesto por los decretos 1045 de 1978 y
446 de 1994, esto es «sobre un 75% de lo devengad entre el 01 de enero de 2011 y el
30 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta la asignación básica, auxilio de alimentación,
auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, prima de
servicios, prima de vacaciones, efectiva a partir del 01 de enero de 2012» [sic]
5.3. La prima de riesgo, la bonificación por recreación y el subsidio familiar no fueron
previstos por el legislador «para los miembros de custodia del Inpec y en los casos que
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/01. EXPEDIENTE DIGITAL.pdf; folios 2 al
31.
7 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia proferida el 25 de febrero de
2016, rad. 2000234200220130154101 (4683-2013).
8 Samai del tribunal, índice 51, 91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/09. Memorial del 08.09.2020 Contestación
UGPP.pdf.
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
los establece se indica con claridad que los mismos no constituyen factor salarial» [sic],
razón por la cual «el Inpec no realizó cotizaciones al sistema por esos factores» [sic].
5.4. Propuso las excepciones de i) presunción de legalidad de los actos demandados;
ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de título y causa; iv) cobro de lo no debido;
v) buena fe; vi) prescripción y vii) la innominada o genérica.
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 20 de marzo de
2025 denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas
a la parte vencida. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos
legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente9:
6.1. Si bien inicialmente para el reconocimiento pensional se tuvieron en cuenta los
factores de asignación básica y bonificación por servicios prestados, lo cierto es
que, posteriormente fue incluido el sobresueldo y con la Resolución «009620» [sic]
del 2 de agosto de 2012 la administradora pensional reliquidó la prestación con la
inclusión de los siguientes factores: «asignación básica, auxilio de alimentación, auxilio
de transporte, prima de navidad, prima de servicios, y prima de vacaciones».
6.2. Porexpresa disposición normativa, la prima de riesgo, la bonificación por
recreación y el subsidio de unidad familiar no constituyen factor salarial, por tanto,
no son susceptibles de computarse a la hora de liquidar el monto de la pensión.
1.4. El recurso de apelación
7. Gloria Silva Jiménez interpuso recurso de apelación para señalar que no le asistió
razón al tribunal para negar la inclusión de la prima de riesgo, la bonificación por
recreación y el subsidio de unidad familiar, toda vez que, de conformidad con la
sentencia del 1° de agosto de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado10, dichos factores deben estar incluidos en el IBL de las pensiones a
reconocer a favor de los servidores del Inpec, pues fueron sumas que se percibieron
de forma habitual y periódica11.
9 Samai del tribunal, índice 54; 93Sentenciadepr_07680012333300020180(.pdf) NroActua 54.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia proferida el 1° de agosto de 2013, rad.
44001233100020080015001 (0070-2011)
11 Samai de tribunal, índice 57; 94_MemorialWeb_Recurso-ApelacionRad68001233(.pdf) NroActua
57.
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 12, el
problema jurídico consiste en determinar, ¿si a Gloria Silva Jiménez le asiste el
derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la prima de
riesgo, la bonificación por recreación y el subsidio de unidad familiar, factores
devengados durante el último año de servicio?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Inpec
12. La Ley 32 de 198613 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:
«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria Nacional tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación al cumplir
veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional
sin tener en cuenta su edad».
12 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
13 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
13. Luego, fue expedida la Ley 65 de 199314, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de
seguridad del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.
14. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199415, norma que en su artículo 168 dispuso:
«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren prestando sus
servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán derecho a gozar
de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de
1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en cuenta para estos
efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una pensión
de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo
140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas establecidas
en la Ley 100 de 1993».
15. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del INPEC que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
16. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto riesgo
que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:
«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
14 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
15 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario».
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
17. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»16.
18. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 217, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200318, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el INPEC de
la siguiente manera:
«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
[…]
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de
aquellos administrados por la fuerza pública».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado
20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
18 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
19. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para ser
beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:
«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo
menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la pensión
especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.
Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el Sistema
General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años».
20. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:
«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial,
tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la
Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1819 de la Ley 797 de 2003».
21. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones.
22. i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de agosto
de 200720, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de cotización
especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad
que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
19 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
20 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
23. ii) El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas exigidas
en la Ley 797 de 200321, la pensión de jubilación les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo.
24. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición
de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha
señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la
aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el
particular esta Subsección señaló:
«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige
para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el
señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas […].
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber cumplido
los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho.
Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que
la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente
las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios
21 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
legislativos a través de un régimen de transición»22.
25. iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la interpretación que
ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la norma, este requisito
equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de que es condición
necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un requisito
para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado23:
«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 200324, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas en
cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii) estas
personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como lo
establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000
semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º». [Resalta
la Sala].
26. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al
servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:
«[E]n el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado
por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo
cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe
prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021, radicado
20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
24 Publicación en el Diario Oficial 45.262
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benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales». [Se resalta]
27. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha fecha
se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los
riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo
cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el
Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
28. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:
«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]
29. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.
30. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:
«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200325».
25 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11
se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
31. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del INPEC vinculados antes del 28 de julio de 2003
tienen derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
2.3. Caso concreto
32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
32.1. Gloria Silva Jiménez nació el 15 de abril de 196226 y laboró «en la planta global
del Inpec […] inscrito en carrera penitenciaria» en el cargo de «dragoneante, código 4114,
grado 11» desde el 18 de diciembre de 1981 hasta el 1° de enero de 201227.
32.2. Los aportes a pensiones realizados durante la vinculación legal y reglamentaria
fueron los siguientes28:
Entidad prestacional Desde Hasta
Cajanal 18 de diciembre de 1981 31 de julio de 2009
Iss 1° de agosto de 2009 31 de diciembre de 2011
32.3. Durante el último año de servicio [2011] devengó los siguientes factores: i)
asignación básica mensual; ii) subsidio de alimentación; iii) auxilios de transporte;
iv) subsidio de unidad familiar; v) bonificaciones por recreación y servicios
prestados; y vi) las primas de riesgo, vacaciones, navidad y de servicios29.
32.4. Con la Resolución 29682 del 16 de octubre de 2002, Cajanal le reconoció y
ordenó pagar la pensión de jubilación, efectiva a partir del 1° de abril de 2002,
26 De acuerdo con el registro civil de nacimiento visible samai del tribunal, índice 51,
91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/10. Expediente Administrativo Gloria Silva
Jimenez.rar: EXPTE—GLORIA SILVA JIMENEZ; 4-Registro civil de nacimiento-Causante.pdf.
27 Según el certificado expedido el 16 de septiembre de 2016, por el director de del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, visible en samai del tribunal, índice 51,
91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/01. EXPEDIENTE DIGITAL.pdf; folios 135.
28 Según el certificado de información laboral proferido el 26 de noviembre de 2016 por el subdirector
operativo del Inpec, visible en ibidem, folios 116 al 127.
29 Según los certificados de i) información laboral proferido el 26 de noviembre de 2016 por el
subdirector operativo del Inpec; y ii) valores pagados expedido el 7 de febrero de 2017 por el
coordinador del Grupo de Tesorería del Inpec, visibles en ibidem, folios 116 al 127; y del 128 al 134,
respectivamente.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
condicionada al retiro definitivo del servicio. Dicha prestación se liquidó con el 75%
del promedio de lo devengado durante los últimos «8 años, conforme a lo establecido
en el artículo 36 de la Ley 100/1993» y con los factores de asignación básica y
bonificación por servicios30.
32.5. Por medio de la Resolución 6802 del 23 de agosto de 2004, al resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el anterior acto, Cajanal reliquidó la
prestación con la inclusión de los sobresueldos devengados31.
32.6. En la Resolución 05519 del 9 de febrero de 2009, Cajanal reliquidó la pensión
por inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de abril de 2002 al 30 de diciembre de
2007]32.
32.7. A través de la Resolución PAP009353 del 17 de agosto de 2010 33, Cajanal
reliquidó la pensión por la inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de enero de
2008 hasta el 30 de diciembre de 2009]. Asimismo, en dicho acto se aclaró que ante
la imposibilidad de identificar el «concepto de otros factores», certificados para los
años 2008 y 2009 «se efectuó la reliquidación únicamente con el valor de la asignación
básica» [sic]. Dicho acto fue confirmado con la Resolución PAPA044502 del 17 de
marzo de 201134, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la interesada.
32.8. Mediante la Resolución UGM008964 del 19 de septiembre de 2011, Cajanal
reliquidó la prestación por la inclusión de nuevos tiempos [desde el 1° de julio de
2009 hasta el 30 de marzo de 2011]35.
32.9. Por medio de la Resolución 004838 del 15 de noviembre de 2011, el director
general del Inpec aceptó la renuncia presentada por la demandante al cargo de
«dragoneante código 4114, grado 11 del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad de San Gil, a partir del 1° de enero de 2012»36 [sic].
32.10. Con la Resolución RDP006920 del 2 de agosto de 2012, la Ugpp reliquidó la
pensión por la inclusión de nuevos tiempos y sobre el 75% de los «salarios o rentas
30Ibidem; folios 38 al 42.
31 Ibidem, folios 45 al 49.
32 Ibidem, folios 52 al 57.
33 Ibidem, folios 59 al 64.
34 Ibidem, folios 66 al 68.
35 Ibidem, folios 70 al 75.
36 samai del tribunal, índice 51, 91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/10. Expediente Administrativo Gloria Silva
Jimenez.rar: EXPTE—GLORIA SILVA JIMENEZ; 2501ACTO ADMINISTRATIVO DE RETIRO DEL
SERVICIO OFICIAL-33-2020-07-24_165012.pdf.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
sobre los cuales ha cotizado o aportado [la] interesad[a] entre el 1° de enero de 2011 y el
30 de diciembre de 2011» [sic], tales como: i) asignación básica mes; ii) auxilios de
alimentación y transporte; y iii) las primas de navidad, servicios y vacaciones37.
32.11. Por medio de las resoluciones RDP023149 del 25 de julio de 2014 38 y
RDP026236 del 28 de agosto de esa anualidad39, respectivamente, la Ugpp negó
la solicitud de reliquidación de la prestación con la inclusión de la bonificación por
servicios devengada en el último año de servicio. Lo anterior, comoquiera que el
certificado de factores salariales allegado a la actuación administrativa, «no da
certeza del valor correspondiente a dicho factor» [sic].
32.12. En la Resolución RDP036030 del 3 de septiembre de 2015, la Ugpp reliquidó
la pensión con la inclusión de la bonificación de servicios prestados del último año
de servicio40.
32.13. A través de la Resolución RDP041735 del 3 de noviembre de 2017 41, la Ugpp
negó la solicitud de reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los
factores percibidos en el último año de servicio, estos son, además de los
reconocidos, la prima de riesgo, subsidio familiar y la bonificación por recreación.
Dicha decisión fue confirmada con la Resolución RDP003059 del 29 de enero de
201842.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
33. En el presente asunto el a quo negó las pretensiones de la demanda, porque con
la Resolución 009620 del 2 de agosto de 2012 la Ugpp le había reliquidado en
debida forma la prestación, esto es con la inclusión de los factores previstos en el
Decreto 446 de 1994 y efectivamente devengados por la demandante durante el
último año de servicio.
34. En el recurso de apelación Gloria Silva Jiménez manifestó que la prima de riesgo,
la bonificación por recreación y el subsidio de unidad familiar debían incluirse en el
IBL, toda vez que fueron sumas que se percibieron de forma habitual y periódica.
37 samai del tribunal, índice 51, 91ED_Linkexpedientedigita(.docx) NroActua 51; https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/des02tadminbuc_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/PROCESO
S DES 02 SBV/ACTIVOS/PRIMERA INSTANCIA/ORDINARIOS/NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO/680012333000-2018-00509-00/01. EXPEDIENTE DIGITAL.pdf; folios 78 al
85.
38 Ibidem, folios 88 al 90.
39 Ibidem, folios 91 al 95.
40 Ibidem, folios 96 al 99.
41 Ibidem, folios 101 al 108.
42 Ibidem, folios 110 al 115.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
35. Para resolver el problema jurídico planteado y en consideración de los elementos
de convicción enunciados con anterioridad, es necesario señalar que Gloria Silva
Jiménez nació el 15 de abril de 1962 y laboró en el Inpec desde el 18 de diciembre
de 1981 hasta el 1° de enero de 2012, es decir ingresó con anterioridad a la fecha
en que entró a regir el Decreto 2090 de 2003 [28 de julio de 2003], y acreditó más
de 20 años de servicios en esa entidad.
36. Ahora bien, como se observó, en cumplimiento del artículo 140 de la Ley 100 de
1993, que autorizó al gobierno nacional para la expedición del régimen de los
servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo, se expidió el
Decreto 2090 de 2003, que en su artículo 6 estableció un régimen de transición para
obtener el derecho pensional bajo la norma anterior, que para el caso analizado es
la Ley 32 de 1986.
37. Ciertamente, para obtener el derecho pensional bajo lo previsto en (la) Ley 32 de
1986, en virtud del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003,
se debía acreditar a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, esto es, el 28
de julio de 2003, cuando menos 500 semanas de cotización especial y cumplir en
adición los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo
1843 de la Ley 797 de 2003.
38. En el sub judice, se observó que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto
2090 [28 de julio de 2003], Gloria Silva Jiménez cumplió con el requisito de 500
semanas de cotización. Sin embargo, en relación con el cumplimiento de los
requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal y como se expuso en líneas
anteriores, esta corporación ha establecido que exigirlo resulta desproporcionado y
más gravoso cuando el servidor aspira al reconocimiento en los términos de la
norma anterior, por cuanto conlleva una situación más desventajosa en virtud del
tránsito legislativo y porque ya se benefician de otro régimen de transición
concurrente, razón por la que en el asunto no interesa que la accionante para la
fecha en que entró en vigencia el Sistema de Seguridad Integral de que trata la Ley
100 de 1993, esto es el 1° de abril de 1994, no acreditara 40 años de edad o 15 de
servicios. Máxime, cuando dicha exigencia desapareció con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005.
39. En tal caso, es innecesario realizar un análisis en relación con los requisitos del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que basta con que al 28 de julio de 2003
la demandante hubiera ingresado al Inpec para que el reconocimiento de la pensión
43 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03.
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
de jubilación se hiciera según lo dispuesto en la Ley 32 de 1986, es decir, al cumplir
20 años de servicios, continuos o discontinuos, al servicio de la Guardia Nacional,
sin tener en cuenta su edad.
40. Lo anterior, por cuanto Gloria Silva Jiménez inició labores en el Inpec desde el
18 de diciembre de 1981, esto es antes de la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003 [28 de julio de 2003], con lo que se concluye que cumplía con los supuestos
de la norma para, en virtud del régimen de transición del mencionado decreto,
obtener el derecho pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986 al
cumplimiento de los 20 años de servicios.
41. Así las cosas, el reconocimiento del derecho pensional de la demandante debía
hacerse en las condiciones establecidas en las normas anteriores al Decreto 2090
de 2003, que regulaban las actividades de alto riesgo, vale decir, en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986. Ciertamente, esta disposición
nada estableció en relación con la forma de liquidar esta, por lo que se debe tener
en cuenta que en el artículo 114 ibidem se determinó que, en los aspectos no
previstos en la ley, se aplican las normas vigentes para los empleados públicos
nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.
42. En efecto, respecto de los factores salariales, tal como se indicó antes, deben
incluirse los previstos en el Decreto 446 de 1994, a saber: las primas de navidad
[artículo 2], de vacaciones [artículo 3] y de servicios [artículo 4], los subsidios de
transporte [artículo 13] y de alimentación [artículo 14], y la bonificación por servicios
prestados [artículo 18]44. Por el contrario, no constituyen factor salarial la prima de
riesgo [artículo 11] y el subsidio familiar [artículo 15].
43. Frente a la bonificación por recreación y prima de seguridad, estos no constituyen
factores salariales en atención a que así se estableció en forma taxativa45.
44. Precisamente, en sentencia del 30 de septiembre de 2021, esta Corporación al
resolver una demanda de simple nulidad contra la expresión «sin carácter salarial»
contenida en el artículo 11 del Decreto 446 de 1994, negó la solicitud de nulidad al
considerar que no todo lo que tenga naturaleza salarial debe incluirse para integrar
la base pensional. Al respecto, en esa oportunidad la Corporación consideró lo
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia proferidas el 22 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000
2014 00006 01(4678-14); criterio reiterado en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del
22 de junio de 2023 (3466-2021).
45 La bonificación por recreación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 del Decreto 40
de 1998 y 15 del Decreto 2710 de 2001; la prima de seguridad de acuerdo con el artículo 24 del
Decreto 1029 del 21 de mayo de 2013.
18
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00509-01 (1573-2025)
Demandante: Gloria Silva Jiménez
siguiente46:
«Si bien es cierto que esta corporación en algunas oportunidades ha esgrimido las
anteriores tesis,47 también lo es que una lectura integral y sistemática del ordenamiento
superior y del diseño normativo establecido para la fijación del régimen salarial y
prestacional del sector oficial impide arribar a tales conclusiones.
En efecto, el legislador y el ejecutivo concurren en la determinación del régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos. El primero ejerce dicha facultad mediante una
ley marco, que fija normas, objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el
segundo para concretar dicho régimen.
A su vez, el ejecutivo tiene un mayor margen de acción para desplegar la referida
competencia, pues en la medida en que las normas superiores no regulan la materia de
forma detallada se genera una amplitud que está llamada a ocupar el Gobierno.
Por ende, sería un contrasentido afirmar que el ejecutivo tiene la potestad de crear
emolumentos, pero no puede determinar si tendrán o no incidencia prestacional,
pues la facultad quedaría incompleta y cada vez que establezca una nueva prima,
bonificación o cualquier otro factor se vería obligado a acudir al congreso para que este
defina sobre su impacto en la liquidación de las demás prestaciones.
Igualmente, tal entendimiento desconoce la importancia del ejecutivo en la dirección
general de la economía y las repercusiones que tiene la política salarial oficial para las
finanzas del Estado. En efecto, dicho argumento le quita al Gobierno gran margen de
decisión, al punto que lo obliga a contar con autorización del legislativo para poder
ejercer la potestad reglamentaria en la materia objeto de análisis. A su vez, se pone en
riesgo la necesidad de atender un asunto que es cambiante y que debe evolucionar y
ajustarse en la medida en que lo reclamen las circunstancias en que se desenvuelve el
derecho al trabajo en nuestro país.
[…]
Inclusive, en lo que atañe a las primas, el Consejo de Estado ha explicado que estas son
reconocimientos económicos adicionales para el empleado, es decir, que constituyen un
«agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de
carácter salarial, o como simple bonificación, pero en todo caso con la constante de
representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral».48
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia proferida
el 30 de septiembre de 2021, dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2014-00103-00
(0209-2014).
47 Adicional a las providencias enunciadas por el actor, también pueden consultarse las siguientes:
i) sentencia del 1 de agosto de dos 2013, radicado: 11001-03-25 000-2009-00134-00 (1947-2009);
ii) sentencia del 6 de julio de 2015, radicado: 110010325000201100067-00 (0192-11); iii) sentencia
del 19 de febrero de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-2011).
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicado: 11001-03-25-
000-2007-00098- 00 (1831-07).
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
En este orden de ideas, no resulta acertado sostener que todo aquello que
constituye salario debe tomarse inexorablemente como base para liquidar las
prestaciones sociales; por el contrario, aunque un concepto laboral no tenga tal
incidencia, ello no es razón suficiente para afirmar que se desconoció el derecho al
trabajo, pues esa inferencia solo puede hacerse luego de analizar con detalle la manera
como está configurado el régimen salarial para el sector destinatario del emolumento,
entre otros elementos que permitan determinar si dicha exclusión afecta el núcleo
esencial del derecho en comento.49
[…]
Ahora bien, la Corte Constitucional ha sostenido que no todo lo que tenga naturaleza
salarial debe incluirse para liquidar las prestaciones sociales, con fundamento en los
siguientes razonamientos:50
[…] aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las
prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del
trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que
rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que
determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al
monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados
factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter51
(el subrayado es de esta Corte).
[…]
Igualmente, la Sala Plena del Consejo de Estado ha advertido la posibilidad de que un
factor salarial no haga parte del ingreso base de liquidación de prestaciones sociales
como las pensiones, bajo los siguientes argumentos:52
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
49 Al respecto puede consultarse la Sentencia C-244 de 2013.
50 Sentencia C-279 de 1996.
51 Corte Suprema de Justicia, ponente Hugo Suescún Pujols, “Sentencia del 12 de febrero de 1993”,
exp. No. 5481, Jurisprudencia y Doctrina, T. XXII, No. 256, abril de 1993, P. 294.
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de
2018, radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013). Esta línea se ha mantenido en las
siguientes providencias proferidas por la Sección Segunda de esta corporación, en sus
Subsecciones A y B: i) sentencia del 11 de marzo de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-01885-
01 (3725-17); ii) sentencias del 8 de octubre de 2020, radicados: 25000-23-42-000-2014-01061-02
(2171-19) y 25000-23-42-000-2015-00743-02 (5324-18); iii) sentencia del 10 de septiembre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2015-05313-01 (3736-17); iv) sentencia del 2 de octubre de 2019,
radicado: 08001-23-33-000-2013-90287-01 (4214-15).
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
Las directrices jurisprudenciales antes analizadas en relación con la competencia que
tiene el legislador para indicar que un factor salarial no se tomará como base para liquidar
prestaciones sociales se aplica también al ejecutivo, pues este es quien por regla general
crea las primas, bonificaciones y especifica el contenido del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, con respeto de los derroteros establecidos en
la ley marco». [se resalta].
45. En ese sentido, se encuentra que, si bien a la demandante le asistió el derecho
a que su pensión se liquidara con la inclusión de la asignación básica, el subsidio
de alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación por servicios y las primas
de vacaciones, navidad y servicios, lo cierto es que, tal y como lo concluyó el
Tribunal, la prima de riesgo, la bonificación por recreación y el subsidio de unidad
familiar no son susceptibles de computarse a la hora de liquidar el monto de la
pensión de acuerdo con lo expuesto en precedencia.
46. Portodo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de
la demanda.
2.4. Costas
47. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma53.
50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
51. En el caso concreto, como no se evidenció actuación temeraria o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal, la
Sala no condenará en costas en esta instancia.
3. Conclusión
52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que a Gloria Silva Jiménez
no le asiste el derecho a que su prestación se reliquidara con la inclusión de la prima
de riesgo, la bonificación por recreación y el subsidio de unidad familiar, toda vez
que estos no constituyen factores salariales en atención a que así se estableció en
forma taxativa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Gloria Silva Jiménez contra la Ugpp, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
53En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Gloria Silva Jiménez
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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