Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00568-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2018-00568-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE
DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, DADO QUE SE
CONFIGURARON LOS PRESUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 5 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander1, a través de la cual se declaró
probada la excepción de cosa juzgada.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
La señora CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA, en ejercicio de
la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,
desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, presentó
demanda ante el Tribunal contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA – CDMB, el ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA – AMB, el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA3, la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, el
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, la
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA,
la SOCIEDAD INMOBILIARIA Y SUBROGACIONES
FINANCIERAS S.A.S., la URBANIZACIÓN DAVID PUYANA –
URBANAS S.A. y el señor LUIS EDUARDO CASTILLO PÉREZ4,
tendiente a obtener la protección de los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, y la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 En adelante el MUNICIPIO.
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El cual fue vinculado por el Tribunal en calidad de curador mediante auto de 16 de julio de 2018.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
I.2. Hechos
La actora sostuvo que en cercanías de la unidad privada Ruitoque
Condominio, esto es, en el kilómetro 7 de la vía Bucaramanga,
Piedecuesta, está ubicado un lote de terreno identificado con el
número predial 06-00-0012-0009-000 y la matrícula inmobiliaria
314-30482, el cual hace parte de la unidad inmobiliaria número 314-
30482 de propiedad de la Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras
S.A.S.
Indicó que la sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras
S.A.S., en reiteradas oportunidades realizó movimientos de tierra
“los cuales han conllevado la remoción de la vegetación in natura en
las cercanías de los nacimientos de agua que existen dentro de su
predio, desconociendo el propietario sus obligaciones legales y
constitucionales frente a la protección de los nacimientos de agua”.
Adujo que los trabajos de construcción efectuados por la sociedad
Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S., o su propietario, el
señor Luis Eduardo Castillo Pérez, desconocieron lo previsto en el
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
artículo 2º del Decreto núm. 1449 de 19775, en relación con las
obligaciones de conservación, protección y aprovechamiento de
aguas por parte de los propietarios de predios.
Destacó que las autoridades ambientales, a pesar de tener
conocimiento de la existencia de los acuíferos o nacimientos de agua
de las quebradas El Cafeto, La Ruitoca y El Indio, no declararon la
zona como “áreas de reserva forestal protectora, para la
conservación y preservación del agua”, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1º de la Ley 79 de 19866
Señaló que la CDMB estaba informada de las afectaciones
ambientales causadas como lo evidencia el auto núm. 1078-12, pues,
en este, dicha autoridad ordena una medida preventiva y la apertura
de una de investigación con fundamento en que la INMOBILIARIA
había realizado, mediante el empleo de maquinaria pesada,
movimientos de tierra sobre la zona de aislamiento de la quebrada,
eliminando la cobertura vegetal protectora y setos de bambú
establecidos en el costado oriental del predio.
5
“Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número
135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974”.
6 “Por la cual se prevé a la conservación de agua y se dictan otras disposiciones”.
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Señaló que la sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras
S.A.S., o su propietario, el señor Luis Eduardo Castillo Pérez, tenían
pleno conocimiento de la existencia de las fuentes hídricas en el
terreno donde desarrollaban sus actividades, pues en la escritura
pública del inmueble “LOS ARROYOS” se mencionaron.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
“[…] PRIMERA: DECLARE a la Corporación Autónoma Regional para
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Área Metropolitana
de Bucaramanga (AMB), Municipio de Piedecuesta, Policía
Metropolitana de Bucaramanga, Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la
Sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S. y la
Urbanización David Puyana – URBANAS S.A.- y los que dentro del
proceso resulten vinculados como responsables por acción u omisión
de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, la seguridad y salubridad pública, a la existencia del equilibrio
ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración o sustitución y los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
SEGUNDA: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Área Metropolitana
de Bucaramanga (AMB), Municipio de Piedecuesta, Policía
Metropolitana de Bucaramanga, Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a la
Sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S. y la
Urbanización David Puyana – URBANAS S.A.- que se revoquen las
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licencias y permisos otorgados que no guarden relación con los
criterios expuestos por la Autoridad Ambiental y se dé inicio a los
procesos sancionatorios a que den lugar, realizando (sic) las
entidades a reparación por los daños ambientales causados a favor
de los recursos naturales que se buscan proteger con la presente
acción.
TERCERA: ORDENAR al señor LUIS EDUARDO CASTILLO PÉREZ y/o
INMOBILIARIA SUBROGACIONES FINANCIERAS S.A.S. y a
URBANIZACIÓN DAVID PUYANA – URBANAS S.A.- como medida que
permita conservar las fuentes hídricas presentes en el predio
identificado con el número predial 06-00-0012-0009-000 y matrícula
inmobiliaria 314-30482, dar cumplimiento a lo (sic) en el artículo 3
del Decreto 1449 de 1977, y se conserven la margen de treinta (30)
metros de franja protectora alrededor de los nacimientos de agua
existentes en el predio en mención, a fin de evitar el deterioro de
estas fuentes o su desaparecimiento a futuro y la recuperación de las
zonas que han sido afectadas actualmente por las obras que han
realizado.
CUARTA: Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 1986,
se DECLARE la zona del lote denominado LOS ARROYOS como área
de reserva forestal protectora, para la conservación y preservación
del agua toda vez que dentro de dicho lote se cuenta con gran
cantidad de ecosistemas estratégicos (nacimientos de agua), los
cuales abastecen a las comunidades del sector; garantizando de esta
forma la calidad y cantidad del recurso hídrico.
QUINTA: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA
LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) y al ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (AMB) como entidades
competentes, la inclusión en los mapas hídricos de los nacimientos El
Cafeto y El Indio existentes en el predio identificado con el número
predial 06-00-0012-0009-000 y matrícula inmobiliaria 314-30482.
SÉPTIMO (SIC): ORDENAR la conformación de un comité para la
verificación del cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones
que se señalen en su sentencia; el cual se encuentra integrado por
miembros del Ministerio Público, las autoridades ambientales
competentes, comunidad del sector de Ruitoque Condominio y la
Corporación Santander Por la Naturaleza […]”.
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I.4. DEFENSA
I.4.1. El AMB señaló que dentro del proceso 2016-00257,
tramitado ante el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga,
se formularon las mismas pretensiones del de la referencia, las
cuales estaban relacionadas con su función de vigilancia y control
ambiental.
Sostuvo que en la diligencia de inspección judicial que se realizó
dentro del proceso 2016-00257, el propietario del predio objeto del
proceso hizo entrega de un estudio en el que no se advertía la
existencia de un acuífero o nacimiento de agua en dicho lugar.
Agregó que debían realizarse pruebas técnicas por parte de peritos
calificados en hidrología para determinar la existencia o no de
nacimientos de agua en predios privados, los cuales debían ser
sufragados por los propietarios.
Propuso como excepciones: i) pleito pendiente, ii) inexistencia de
vulneración del derecho colectivo por parte de la autoridad ambiental
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urbana y iii) cumplimiento de las funciones legales que eximen de
responsabilidad.
I.4.2. La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICÍA NACIONAL sostuvo que no vulneró ningún derecho
colectivo ni fue renuente en el cumplimiento de sus funciones, por lo
que solicitó negar las pretensiones formuladas en su contra.
Indicó que las conductas vulneradoras que provengan de los
particulares son asunto de las autoridades competentes en el marco
de un proceso administrativo sancionatorio, máxime si cumplió con
su labor de hacer presencia en el sitio de los hechos y ordenar la
cesación de labores.
I.4.3. El MADS estimó que no existen presupuestos fácticos o
jurídicos que soporten su vinculación al proceso.
Sostuvo, respecto de sus competencias, que el asunto sub examine
escapa de sus funciones previstas en el Decreto Ley 3570 de 2011,
según el cual le corresponde fijar las políticas ambientales a nivel
nacional y no su ejecución, cuyo asunto está en cabeza de las
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corporaciones autónomas regionales, pues son la máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción según lo prevé el artículo 33
de la Ley 99 de 1993.
Propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, ii) ausencia de nexo causal, iii) ausencia de daño contingente,
peligro, amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y iv)
hecho de un tercero.
I.4.4. El MUNICIPIO adujo que el 17 de octubre de 2012, a través
de la Oficina Asesora de Planeación, autorizó un movimiento de tierra
en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 314-
30482, de conformidad con lo previsto en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.
Destacó que la anterior autorización tuvo como fundamento los
estudios realizados por un ingeniero para efectuar los movimientos
de tierra, además de que “dentro del mismo acto administrativo, se
estableció al solicitante el deber de requerir a la CDMB los
lineamientos ambientales generales para la realización de
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movimientos de tierra establecidos en la Resolución No. 1273 de
fecha 6 de julio de 2011 de la CDMB y adicional a ello, tiene que
realizar las obras de mitigación que la CDMB le exija”.
Indicó que el 19 de diciembre de 2016, en el marco de la acción
popular radicada con el núm. 2016-00257, promovida por los mismos
hechos, el Juez Décimo Administrativo Oral de Bucaramanga realizó
una inspección judicial al sitio en comento, en compañía de
funcionarios de su Oficina de Planeación y otras autoridades de
control, en la que decretó una medida cautelar con fundamento en
que:
“[…] el presunto hecho generador no se encuentra ajeno a lo
observado en la diligencia, toda vez que se confrontó un paisaje ajeno
a la existencia de la vegetación, bambúes y árboles frondosos, sino
que por el contrario se encontraron rastrojos y bajos por el sector.
Sin embargo, dentro de dicha diligencia se logró escuchar ciertas
corrientes de agua al pasar dentro del terreno denominado los
Arroyos y se pudo observar la densidad del humedal.
Conforme a lo anterior, el Juzgado Décimo Administrativo encontró
posible la existencia de fuentes hídricas denominadas nacimientos de
acuíferos en el área del Lote Los Arroyos y zonas aledañas al mismo.
Así mismo, consideró que las afirmaciones referentes a la existencia
de obras de construcción que implican intervención sobre la zona
vegetal aledaña a los acuíferos y endurecimiento de las mismas con
la utilización de maquinaria y elementos que producen menoscabo al
medio ambiente que se pretenden proteger, fueron suficientes
pruebas para decretar una medida provisional preventiva en pro de
garantizar una protección al medio ambiente […]”.
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Señaló que la parte actora incumplió con la carga de la prueba que
le correspondía, pues no acreditó la vulneración alegada.
Finalmente, solicitó declarar el agotamiento de jurisdicción para
evitar la coexistencia de dos procesos en trámite por los mismos
hechos, objeto y causa.
I.4.5. La CDMB sostuvo que, mediante la Resolución núm. 001008
de 14 de octubre de 2015, le impuso una sanción ambiental a la
sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S. al advertir
movimientos de tierra y eliminación de bambú en el costado oriental
del predio objeto del proceso.
Solicitó denegar las pretensiones que se formularon en su contra,
pues, a su juicio, actuó en el marco de sus competencias al iniciar
procesos sancionatorios contra la sociedad Inmobiliaria y
Subrogaciones Financieras S.A.S. “por intervención de la ruta de
aislamiento de la quebrada registrada con el código 206-03 (La
Ruitoca) con ocasión a las obras civiles desarrolladas en la ejecución
del proyecto urbanístico establecido en el predio ubicado en el
Condominio Ruitoque Golf Country Club (colindante por el costado
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sur – oriental con el predio Monte Alto), situado en el km 8 vía
Autopista Floridablanca, Municipio de Piedecuesta. Y por
incumplimiento debido a la eliminación de setos de bambú que se
encontraban establecidos en el costado oriental del predio colindante
al Conjunto Residencial el Laguito”.
Relacionó las actuaciones adelantadas con motivo de las obras que
realizó la sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S.,
para concluir que adoptó las necesarias para la recuperación del área
y saneamiento del medio ambiente, además del aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación de recursos naturales.
I.4.6. La sociedad INMOBILIARIA Y SUBROGACIONES
FINANCIERAS S.A.S. adujo que era un error pretender relacionar
las actividades desarrolladas en el predio “Los Arroyos”, con lo
sucedido en el proyecto “Valle de las Rocas”, el cual en su etapa de
construcción fue objeto de un proceso sancionatorio ambiental que
“terminó con una sanción pecuniaria y la imposición de unas
obligaciones ambientales a la constructora URBANAS por
afectaciones a las quebradas el CAFETO y la RUITOCA”.
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De igual forma, señaló lo siguiente:
“[…] no se configuran los elementos fácticos, jurídicos y ambientales
para la aplicación de lo pretendido por la parte actora, teniendo en
cuenta que el área del predio se encuentra en suelo URBANO, en un
sector que ha tenido un alto grado de desarrollo en la construcción de
viviendas, y además no existe prueba técnica que evidencia (sic) el
nacimiento de agua (manantial) y tampoco se reúnen las condiciones
ambientales para ser catalogado como un ecosistema estratégico,
asimilable a un páramo o humedal […]”.
Cuestionó que por los mismos hechos expuestos en la demanda se
tramiten simultáneamente dos acciones populares, teniendo en
cuenta que existían mecanismos de seguimiento y control, como el
previsto para las autoridades ambientales en la Ley 1333 de 2009,
al igual que los procesos de control urbanístico en cabeza de las
oficinas de planeación municipal y las curadurías.
Indicó que tenía derecho a obtener las licencias urbanísticas y
permisos ambientales para poder desarrollar el predio “Los Arroyos”,
en las mismas condiciones en que se desarrolló todo el condominio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, declaró
probada la excepción de cosa juzgada al encontrar que en la
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sentencia de 24 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, en el expediente
radicado bajo el núm. 68001-33-33-010-2016-00257-00, se
cumplían los presupuestos previstos en el artículo 303 del Código
General del Proceso.
Explicó que la acción popular de la referencia y la que se tramitó en
el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga versaban sobre el mismo objeto, se fundaban en la
misma causa y tenían identidad de partes.
Señaló, en ese sentido, lo siguiente:
“[…] Concluye la Sala, que se encuentran materializados los
elementos de la cosa juzgada, así:
i) identidad de causa petendi y objeto entre los dos procesos,
puesto que, ambos persiguen que, cese la presunta afectación al
medio ambiente con ocasión de los trabajos de construcción
adelantados en el predio de Unidad Inmobiliaria 314-30482,
por parte del señor Luis Eduardo Castillo Pérez y/o
Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S. Se afirma en
las dos acciones populares impetradas, que la ejecución del citado
proyecto de construcción vulnera los derechos colectivos consagrados
en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, en tanto,
afecta las zonas hídricas no delimitadas, pero ubicadas dentro del
inmueble identificado con número predial 06-00-0012-0009-000 y
matricula inmobiliaria nro. 314-30482; razón por la cual se busca su
protección.
ii) Identidad de partes, haciendo notar que, aunque no existe
identidad plena en las entidades demandadas y/o vinculadas, ello no
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es óbice, dado que, el requisito de identidad subjetiva no define el
agotamiento, tal y como lo enseña el H. Consejo de Estado en auto
del 28.02.2019, radicado No. 50-001-23-33-000-2016-00567-
01(AP)A, según el cual, el requisito de identidad subjetiva se deja de
lado para centrarse en el aspecto objetivo de la controversia.
(…)
5. La sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento y el
auto que la corrige, se encuentra debidamente ejecutoriada.
En efecto, la sentencia que aprueba el pacto se notifica, según SAMAI,
el 25 de enero de 2023, quedando notificada el 30 mismo mes y año.
(Art.8 de la Ley 2213 de 2022, aplicable al caso por remisión expresa
del artículo 37 de Ley 472 de 1998) […]”.
Concluyó que la sentencia que aprobó el pacto de cumplimiento
dentro del proceso núm. 68001-33-33-010-2016-00257-00 daba
lugar a la prohibición de resolver de fondo el asunto de la referencia,
habida cuenta que el mismo ya se decidió mediante sentencia en
firme, lo que imponía, en cumplimiento de los principios de
economía, celeridad y eficiencia que rigen la función judicial, la
declaración de la excepción de cosa juzgada.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La actora adujo que no se configuraron los requisitos para declarar
probada la excepción de cosa juzgada, pues las pretensiones de la
presente acción popular y la que tramitó el Juzgado Décimo
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Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga no eran las
mismas.
Afirmó que no hubo pronunciamiento respecto de la totalidad de las
pretensiones formuladas en el proceso, por lo que no se configuraban
los presupuestos de que trata el 35 de la Ley 472 de 1998, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 303 del Código General del
Proceso.
Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia del Tribunal y, en su
lugar, pronunciarse de fondo respecto de la totalidad de las
pretensiones formuladas dentro del proceso.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La CDMB sostuvo que no le asistía razón a la actora al indicar que el
Tribunal incurrió en un error al analizar la configuración de la cosa
juzgada, pues, por el contrario, este efectuó un estudio juicioso
respecto de los criterios para su configuración.
Se refirió a las razones por las cuales estima que se configuró la cosa
juzgada.
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Señaló que el recurso de apelación, sin desarrollar otro argumento
adicional, se limitó a indicar que se hace claridad que no hubo
pronunciamiento de la totalidad de las pretensiones de la acción y
que, por ende, no se dan los presupuestos del artículo 35 de la Ley
472, en armonía con lo dispuesto en el artículo 332 del CPC (recogido
en el artículo 303 del Código General del Proceso).
Precisó que la recurrente copió y pegó los cuadros comparativos de
pretensiones entre uno y otro proceso, sin alegar o desarrollar una
argumentación jurídica que demuestre la supuesta inconsistencia
entre la causa petendi de los dos procesos para la no procedencia de
la cosa juzgada.
V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
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La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Caso concreto
Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala considera
que el problema jurídico a resolver radica en determinar si se
configuró la excepción de cosa juzgada respecto de la acción popular
que tramitó el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, bajo el radicado núm. 6800-13-33-3010-2016-
00257-00.
De la cosa juzgada
Para resolver, la Sala precisa que la cosa juzgada fue definida en el
artículo 303 del Código General del Proceso –CGP -, en los siguientes
términos:
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de
cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas
para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la
cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de
revisión […]”.
De la disposición en comento se desprenden tres requisitos para la
configuración de la cosa juzgada, a saber: que (i) el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto; (ii) se funde en la misma causa que el
anterior; y (iii) entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes.
En consecuencia, dado que el problema jurídico radica en determinar
si se configuró la excepción de cosa juzgada, la Sala analizará si se
configuran los presupuestos para su declaratoria
En cuanto al objeto:
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
Acción popular 2016-002577 Acción popular 2018-00568
Protección de los derechos Protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente colectivos al goce de un ambiente
sano, y la existencia del equilibrio sano, y la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial protección de áreas de especial
importancia ecológica, de los importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente. restauración del medio ambiente.
Del análisis de las acciones populares núm. 68001-33-33-010-2016-
00257-00 y 68001-23-33-000-2018-00568-01, la Sala advierte que
tienen el mismo objeto, esto es, la protección de los derechos
colectivos antes citados, respecto de los cuales se aduce, en ambos
procesos, que fueron vulnerados con motivo de las actividades que
adelantó el propietario del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria núm. 314-30482, pues desconocían las obligaciones de
7
Es de precisar que la demanda inicialmente se presentó como una acción de tutela.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
conservación, protección y aprovechamiento de aguas por parte de
los propietarios de predios.
En cuanto a la causa:
Acción popular 2016-00257 Acción popular 2018-00568
Dentro del centro poblado especial En cercanías de la unidad privada
denominado Ruitoque Condominio, Ruitoque Condominio, esto es, en el
ubicado entre los municipios de kilómetro 7 de la vía Bucaramanga,
Floridablanca y Piedecuesta, se Piedecuesta, está ubicado un lote
encuentra un lote de terreno de de terreno identificado con la
propiedad del señor Luis Eduardo matrícula inmobiliaria 314-30482,
Castillo Pérez y/o Inmobiliaria y de propiedad de la Inmobiliaria y
Subrogaciones Financieras S.A.S., Subrogaciones Financieras S.A.S.,
identificado con la matrícula quien realizó obras en el predio sin
inmobiliaria 314-30482, en el que tener en cuenta las obligaciones
se pretende remover la vegetación legales y constitucionales que le
in natura de los nacimientos de asistía frente a la protección de los
agua que existen dentro de su nacimientos de agua.
predio, desconocimiento los
derechos ambientales de
protección de nacimientos de agua.
El señor Luis Eduardo Castillo Pérez La sociedad Inmobiliaria y
y/o Inmobiliaria y Subrogaciones Subrogaciones Financieras S.A.S.,
Financieras S.A.S, pretende o su propietario, el señor Luis
construir en una zona altamente Eduardo Castillo Pérez, tenían
conocida como zona de recarga pleno conocimiento de la existencia
hídrica y es primordialmente una de de las fuentes hídricas en el terreno
las afectaciones que realiza con las donde desarrollaban sus
obras de movimientos de tierra, actividades, pues en la escritura
endurecimiento del terreno con pública del inmueble “LOS
cemento, sin el debido seguimiento ARROYOS” se mencionaron.
y delimitación de las áreas de
protección, que permitan
establecer el aislamiento de los
acuíferos o nacimientos de agua de
las quebradas “El Cafeto, La
Ruitoca y El Indio”.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
Es inconcebible que “la autoridad Las autoridades ambientales, a
ambiental o entre las dos pesar de tener conocimiento de la
autoridades ambientales no puedan existencia de los acuíferos o
establecer el perímetro de nacimientos de agua de las
protección de los nacimientos de quebradas El Cafeto, La Ruitoca y El
agua, solo proceden que una que Indio, no declararon la zona como
evalúen los aspectos técnicos y “áreas de reserva forestal
jurídicos procederán a emitir un protectora, para la conservación y
concepto integral de las preservación del agua”, de
condiciones actuales de la conformidad con lo previsto en el
problemática, pero nunca hicieron artículo 1 de la Ley 79 de 1986 “por
caso del principio de precaución la cual se prevee a la conservación
inserto en la LEY 99 de 1993 ni del de agua y se dictan otras
principio de rigor subsidiario para disposiciones”.
declarar la zona, como área de
protección según lo indica el literal
a y b del artículo 1 de la Ley 79 de
1986 (sic)”.
Visto lo anterior, la Sala considera las acciones populares núm.
680013333010-2016-00257-00 y 680012333000-2018-00568-01 se
refieren a las actividades realizadas por la sociedad Inmobiliaria y
Subrogaciones Financieras S.A.S. en el inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 314-30482, las cuales amenazaban un
ecosistema de afluentes hídricos o nacimientos de agua.
En este punto, es de precisar que a pesar de la escasa argumentación
que se expuso en el recurso de apelación para controvertir las
conclusiones a las que llegó el Tribunal respecto de la configuración
de la cosa juzgada, lo que se tiene es que la actora estima que dichos
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
requisitos no se cumplen a cabalidad, dado que en la acción popular
de la referencia no se resolvieron en su integridad todas las
pretensiones que se formularon en el presente medio de control, por
lo que conviene hacer referencia a las pretensiones de ambos
procesos, así:
Acción popular 2016-00257 Acción popular 2018-00568
“[…] le ORDENE a las autoridades “[…] PRIMERA: DECLARE a la
accionadas INMEDIATAMENTE que Corporación Autónoma Regional
declaren la protección de los para la Defensa de la Meseta de
nacimientos ubicados dentro del Bucaramanga (CDMB), Área
Lote de terreno denominado LOS Metropolitana de Bucaramanga
ARROYOS, con matrícula (AMB), Municipio de Piedecuesta,
inmobiliaria No. 314-30482 ubicado Policía Metropolitana de
dentro del Condominio Ruitoque del Bucaramanga, Ministerio del
Municipio de Piedecuesta, de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
propiedad de la sociedad Autoridad Nacional de Licencias
inmobiliaria y Subrogaciones Ambientales (ANLA), a la Sociedad
Financieras S.A.S. de la siguiente Inmobiliaria y Subrogaciones
forma: Financieras S.A.S. y la Urbanización
David Puyana – URBANAS S.A.- y
1) Que suspenda inmediatamente los que dentro del proceso resulten
toda actividad dentro del sitio vinculados como responsables por
denominado LOS ARROYOS, acción u omisión de la vulneración
ubicado dentro de Ruitoque de los derechos colectivos al goce
Condominio de propiedad de Luis de un ambiente sano, la seguridad
Eduardo Castillo Pérez y/o y salubridad pública, a la existencia
Inmobiliaria Subrogaciones del equilibrio ecológico y al manejo
Financieras S.A.S., ubicado en la y aprovechamiento racional de los
mesa de Ruitoque en jurisdicción recursos naturales para garantizar
del Municipio de Piedecuesta, con su desarrollo sostenible,
matrícula inmobiliaria 314-30482 y conservación, restauración o
cédula catastral 06-00-0012-0009- sustitución y los demás intereses
000 hasta tanto no se declare el de la comunidad relacionados con
área total de aislamiento de los la preservación y restauración del
nacimientos de agua dentro del medio ambiente.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
referido lote y los lotes
circunvecinos que también hacen SEGUNDA: ORDENAR a la
parte de este sistema de acuíferos, Corporación Autónoma Regional
con el fin de no dañar el aislamiento para la Defensa de la Meseta de
o la zona de recarga hídrica de las Bucaramanga (CDMB), Área
fuentes de agua. Metropolitana de Bucaramanga
(AMB), Municipio de Piedecuesta,
2) Solicito a su señoría ORDENE a Policía Metropolitana de
las autoridades ambientales Bucaramanga, Ministerio del
declarar y aplicar el principio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
precaución ambiental contenido Autoridad Nacional de Licencias
bajo la Ley 99 de 1993 y bajo los Ambientales (ANLA), a la Sociedad
parámetros de la Constitución Inmobiliaria y Subrogaciones
Nacional en sentencia T-154 de Financieras S.A.S. y la Urbanización
2013. Del mismo modo, solicito la David Puyana – URBANAS S.A.- que
suspensión de todas las obras, el se revoquen las licencias y
endurecimiento del terreno, el permisos otorgados que no
vertimiento del cemento, la guarden relación con los criterios
excavación de canales que puedan expuestos por la Autoridad
afectar la escorrentía de las aguas Ambiental y se dé inicio a los
y en general toda obra que procesos sancionatorios a que den
modifique la topografía y la lugar, realizando (sic) las entidades
hidrografía existente dentro del lote a reparación por los daños
de terreno denominado Los Arroyos ambientales causados a favor de
Ubicado en la Mesa de Puitoque en los recursos naturales que se
jurisdicción del Municipio de buscan proteger con la presente
Piedecuesta con matrícula acción.
inmobiliaria 314-30482 y cédula
catastral 06-00-0012-0009-000. TERCERA: ORDENAR al señor LUIS
EDUARDO CASTILLO PÉREZ y/o
3. Que se proceda a delimitar el INMOBILIARIA SUBROGACIONES
sitio de recarga hídrica y el sitio de FINANCIERAS S.A.S. y a
los nacimientos bajo el principio de URBANIZACIÓN DAVID PUYANA –
rigor subsidiario, es decir URBANAS S.A.- como medida que
imperando la norma de carácter permita conservar las fuentes
general, sobre la norma de carácter hídricas presentes en el predio
especial. En otras palabras, la identificado con el número predial
mayor conveniencia para los 06-00-0012-0009-000 y matrícula
nacimientos de agua, desde el inmobiliaria 314-30482, dar
punto de vista de hacer más amplia cumplimiento a lo (sic) en el
la zona de aislamiento de no artículo 3 del Decreto 1449 de
intervención, con fundamento en la 1977, y se conserven la margen de
Ley 1541 de 1978, Ley 79 de 1986, treinta (30) metros de franja
Ley 99 de 1993 y Decreto 1640 de protectora alrededor de los
2012, que priman sobre el PBOT de nacimientos de agua existentes en
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
Piedecuesta (Acuerdo 028 de el predio en mención, a fin de evitar
2003), por ser una norma de el deterioro de estas fuentes o su
carácter especial, que no trae un desaparecimiento a futuro y la
aparte referente a los nacimientos recuperación de las zonas que han
de agua dentro de la zona Ruitoque sido afectadas actualmente por las
Condominio. Es claro que aquí se obras que han realizado.
puede deducir que hay una norma
en blanco, toda vez que solo CUARTA: Qué de conformidad a lo
menciona en los artículos 92 y 207, dispuesto en la Ley 79 de 1986, se
pero en lo referente a la ficha DECLARE la zona del lote
normativa de Ruitoque Condominio denominado LOS ARROYOS como
(sic) Artículo 230 no menciona área de reserva forestal protectora,
sobre las áreas forestales de para la conservación y preservación
protección de los nacimientos. En del agua toda vez que dentro de
consecuencia y por el principio de dicho lote se cuenta con gran
rigor subsidiario se pueden acoger cantidad de ecosistemas
las normas anteriormente citadas, estratégicos (nacimientos de
bajo el cumplimiento del artículo 79 agua), los cuales abastecen a las
de la Constitución Nacional (…). comunidades del sector;
garantizando de esta forma la
4. Que se declare la zona del lote calidad y cantidad del recurso
LOS ARROYOS como zona de hídrico.
reserva forestal, bajo la óptica de la
Ley 79 de 1986, toda vez que en la QUINTA: ORDENAR a la
misma convergen gran cantidad de CORPORACIÓN AUTÓNOMA
nacimientos o acuíferos REGIONAL PARA LA DEFENSA DE
superficiales que abastecen de LA MESETA DE BUCARAMANGA
agua en su recurrido a las (CDMB) y al ÁREA
comunidades vecinas de Ruitoque METROPOLITANA DE
Condominio, a las Veredas de la BUCARAMANGA (AMB) como
Meseta de Ruitoque y Ruitoque entidades competentes, la inclusión
bajo. en los mapas hídricos de los
nacimientos El Cafeto y El Indio
5. Que se dé cumplimiento a los existentes en el predio identificado
mapas existentes sobre el lote y los con el número predial 06-00-0012-
mapas hídricos que demuestran la 0009-000 y matrícula inmobiliaria
existencia de los nacimientos, con 314-30482.
el fin de que la CDMB y AMB
reconozca de una vez por toda (sic) SÉPTIMO (SIC): ORDENAR la
la existencia de los nacimientos de conformación de un comité para la
agua contenidos en la escritura No. verificación del cumplimiento de las
502 del 20 de febrero de 2012, obligaciones y recomendaciones
ejerciendo los actos administrativos que se señalen en su sentencia; el
necesarios para que no suceda a cual se encuentra integrado por
futuro lo que ocurrió con la miembros del Ministerio Público, las
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
constructora URBANAS S.A. autoridades ambientales
(Proceso sancionatorio SA-116- competentes, comunidad del sector
2010 y SA-0027-2011) quienes en de Ruitoque Condominio y la
su afán de lucro, dañaron los Corporación Santander Por la
nacimientos de la quebrada Ruitoca Naturaleza […]”.
y desviaron su cause hacia el lote
conocido como los Arroyos, para
disimular el daño ambiental
causado, vendiendo inclusive áreas
de aislamiento de las quebradas y
de los nacimientos, como lotes de
terreno para construir casas dentro
del conjunto Valle de Rocas, una
vez estando en firme la decisión
sancionatoria, irresponsablemente
fue reducida drásticamente en
favor del afectante ambiental.
6) Que se ordene a la CDMB, AMB,
POLICÍA AMBIENTAL, Secretaría de
Planeación de Piedecuesta a
realizar las acciones
administrativas necesarias para
realizar una modificación de las
áreas de aislamiento de las zonas
conocidas como nacimientos de
agua o acuíferos dentro de
Ruitoque Condominio, con el fin de
proteger las aguas que circundan
en la cabecera de la montaña
denominada hoy como Condominio
Ruitoque […]”.
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que las pretensiones
que se formularon dentro de las acciones populares en estudio tienen
como fundamento la misma causa, esto es, las actividades realizadas
por la sociedad Inmobiliaria y Subrogaciones Financieras S.A.S. en el
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 314-
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
30482 y que afectan los derechos colectivos invocados dentro de los
referidos procesos.
En ese sentido, la Sala considera que aun cuando las pretensiones
de ambos procesos no son exactamente las mismas, sí tienen como
fundamento la misma causa, por lo que el reparo expuesto por la
actora no está llamado a prosperar, pues lo debatido en este proceso
respecto de la protección de los derechos colectivos invocados fue
objeto de decisión y protección dentro de la acción popular que
tramitó el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga.
En efecto, en el proceso con radicado 680013333010-2016-00257-
00, se profirió sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento el 24
de enero de 2023, en la que se resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. APROBAR el pacto de cumplimiento suscrito en
audiencia especial realizada el 21 de noviembre de 2022, el cual
es del siguiente tenor:
“1) Reconocer la existencia de una zona hídrica ubicada dentro
del predio LOS ARROYOS, no categorizada, la cual será delimitada
de acuerdo con la georreferenciación que se determine con la
orientación de la autoridad ambiental. Esto sin perjuicio del
respeto del principio de precaución.
2) El propietario del inmueble LOS ARROYOS se compromete a
conservar la zona hídrica que había en el numeral 1) del presente
memorial con una ronda protectora de 15 metros en la zona de
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los bambúes y junto con las autoridades ambientales se
comprometen a conservar y brindar el cuidado y protección a
dicho aislamiento de modo que no se adelanten obras de
construcción en el área delimitada y se preserven los bambúes”.
SEGUNDO. ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
realice la delimitación correspondiente de la corriente hídrica con
código 206-03 denominada corriente Innominada, existente en el
predio los arroyos, identificado con el número predial 06-00-
0012-0009-00 y matrícula inmobiliaria 314-30482, de propiedad
de INMOBILIARIA Y SUBROGACIONES FINANCIERAS S.A.S de
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y lo acordado
en el presente asunto, correspondiéndole a la CDMB vigilar el
cumplimiento de lo dispuesto, para lo cual se dará cumplimiento
a la cota establecida en el POT del municipio de Piedecuesta,
determinada en 15 metros.
TERCERO: PUBLICAR la parte resolutiva de esta sentencia, a
costas de los entes demandados, en un diario de amplia
circulación nacional (Art. 27 inciso final, ley 472 de la Ley 472 de
1998).
CUARTO. CONFORMAR un comité de verificación del
cumplimiento de la sentencia, conforme a los artículos 27 y 34 de
la Ley 472 de 1998, integrado por las partes, el Municipio de
Piedecuesta, la CDMB, la Personería Municipal de Piedecuesta, y
el agente del Ministerio Público delegada ante este Despacho. En
consecuencia, alléguesele copia del presente fallo. Con la
observación que al cabo de dos (2) meses contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la presente providencia, deberá rendir un
informe al Despacho referente al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el municipio de Piedecuesta
(delimitación zona de protección).
QUINTO. DECLARAR que no hay lugar a condena en costas.
SEXTO. ENVIAR por secretaría copia de la demanda, del auto
admisorio y del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, para los
efectos del artículo 80 de la ley 472 de 1998 […]”.
En cuanto a los sujetos procesales:
Identidad de parte actora:
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Número único de radicación: 68001-23-33-000-2018-00568-01
Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
Sobre este aspecto, la Sala precisa que la coincidencia de la parte
actora no es relevante para establecer la identidad de parte8, habida
cuenta que por tratarse de una acción popular, cualquier persona
podrá acudir a este medio de control para obtener la protección de
los derechos colectivos conculcados, de manera que en el asunto sub
examine resulta inane determinar si las acciones en estudio fueron
interpuestas por actores diferentes.
Identidad de parte demandada
En los referidos procesos intervienen las siguientes partes
demandadas:
Acción popular 2016-00257 Acción popular 2018-00568
• Corporación Autónoma Regional - Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB. Bucaramanga – CDMB
• Área Metropolitana De - Área Metropolitana De
Bucaramanga – AMB. Bucaramanga – AMB.
• Municipio de Piedecuesta. - Municipio de Piedecuesta
• Policía Ambiental adscrita a la - Ministerio de Defensa - Policía
Policía Metropolitana de Nacional – Policía Metropolitana de
Bucaramanga. Bucaramanga
8
Ver providencias de 20 de febrero de 2014 (Expediente núm. 15001233300020130014902, consejera
ponente María Elizabeth García González) y 26 de noviembre de 2015 (Expediente núm. 17001 23 33
000 2013 00313 02, consejero ponente Guillermo Vargas Ayala).
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• Sociedad Inmobiliaria y - Sociedad Inmobiliaria y
Subrogaciones Financieras S.A.S. Subrogaciones Financieras S.A.S.
• Luis Eduardo Castillo Pérez. - Luis Eduardo Castillo Pérez
• Personería de Bucaramanga. - Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
• Urbanización David Puyana –
Urbanas S.A.
Visto lo anterior, la Sala advierte que las autoridades accionadas
dentro de la presente acción popular también actuaron dentro de la
acción popular 68001-33-33-010-2016-00257-00, por lo que se
advierte el cumplimiento del citado requisito, a pesar de que, como
quedó visto, en la acción popular de la referencia figuran entidades
adicionales.
Al respecto, esta Sección consideró en un caso de similar lo
siguiente9:
“[…] Al respecto, es del caso tener en cuenta que la Sala ha precisado
que en materia de acciones populares la excepción de cosa juzgada
respecto de las partes, aunque estas no sean idénticas en el cotejo,
lo relevante es que tanto los responsables de la vulneración y la
comunidad titular del derecho o el grupo determinado o determinable
sean los mismos. Así lo sostuvo la Sala en providencia 12 de junio de
2008 (Expediente nro. 2005-90013-01(AP), Consejero ponente:
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta):
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre
de 2017, Expedientes acumulados: 73001-23-33-000-2013-00072-01 y 73001-23-33-006- 2014-
00197-00, CP. María Elizabeth García González.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
“[…] Entonces, en materia de acciones populares, la excepción de cosa
juzgada respecto de las partes ocurre aunque ellas no sean idénticas
en los procesos que se cotejan, pues lo relevante es que los
responsables por la afectación al derecho colectivo invocado sean los
mismos, y que no obstante la calidad difusa de la comunidad titular del
derecho, el grupo -determinado o determinable- afectado con la
amenaza o vulneración de los derechos colectivos comprometidos,
también sea el mismo […]” […]”.
Por lo anterior, a juicio de la Sala, le asistió razón al Tribunal al
considerar que se configuraron los requisitos para declarar probada
la cosa juzgada, razón por la que se confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
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Actora: CAMILA ANDREA BOHÓRQUEZ RUEDA
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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