Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00598-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2018-00598-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00598-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00598-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Tema: Reliquidación pensión especial de jubilación Decreto 929 de
1976, régimen de transición de Ley 100 de 1993, ingreso base
de liquidación (IBL)2, precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 8 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Pedro Ariza Tapias presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)3, en
orden a que se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones i) RDP 41252 del
31 de octubre de 2017, por medio de la cual el subdirector de derechos pensionales
de la UGPP le negó la reliquidación de la pensión de jubilación en consideración a
la totalidad de factores de salario que devengó en el último semestre de servicios
1 En lo que sigue UGPP.
2 En adelante IBL.
3 En lo sucesivo CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
en la Contraloría General de la República, en concreto la prima de navidad; ii) RDP
46549 del 12 de diciembre de 2009; y iii) 48649 del 29 de ese mes y año, a través
de las cuales dicho funcionario y el director de pensiones del ente de previsión social
confirmaron el acto inicial al resolver los recursos de reposición y apelación
interpuestos en su contra.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó:
i) la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último semestre de labores en la Contraloría General
de la República (1° de abril a 30 de septiembre de 2013), en especial la prima de
navidad; ii) el pago de los intereses moratorios según el artículo 192 del CPACA; iii)
la actualización de las sumas que resultaran de la reliquidación anterior; y vi) la
condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• A través de la Resolución RDP 41677 del 9 de septiembre de 2013, la UGPP le
reconoció a Pedro Ariza Tapias la pensión de jubilación de conformidad con lo
previsto en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976. La cuantía de la prestación resultó
en $3.612.808, efectiva a partir del 1° de julio de 2013, pero condicionada al retiro
del servicio para su disfrute.
• Mediante la Resolución RDP 41252 del 31 de octubre de 2017, la UGPP le negó
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de los factores salariales
devengados en el último semestre de servicios en la Contraloría General de la
República, acto administrativo que fue confirmado, al resolver los recursos de
reposición y apelación interpuestos en su contra, a través de las resoluciones RDP
46549 del 12 de diciembre de 2017 y RDP 48649 del 29 de diciembre de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 27 del
Decreto 3135 de 1986; 73 del Decreto 1848 de 1969; 45 del Decreto 1045 de 1978;
y 21, 36 y 150 de la Ley 100 de 1993; y los decretos 929 de 1976; 1042 de 1978;
720 de 1978; y 1160 de 1989.
En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:
4 Folios 91 a 108.
2
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
Los actos administrativos acusados vulneran la ley y fueron expedidos con
infracción directa de las normas en las cuales han debido fundarse, toda vez que
desconocieron que su pensión de jubilación, según el régimen de la Contraloría
General de la República previsto en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el cual
ha debido aplicarse en su totalidad, debió liquidarse con el promedio de todos los
emolumentos de salario devengados en el último semestre, esto es, en el lapso
comprendido entre el 1° de abril y el 30 de septiembre de 2013; no obstante, el
reconocimiento que obtuvo no incluyó la prima de navidad, la cual fue percibida en
ese periodo.
1.2. Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones5 con fundamento en las
siguientes consideraciones:
• La aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a sus beneficiarios
únicamente comprende los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo establecidos con base en la norma anterior, es decir, el IBL no hace parte
del beneficio de la transición. En consecuencia, la base de liquidación de la pensión
que así deba reconocerse se define con fundamento en los artículos 36, inciso 3, o
21 de tal normativa, según sea el caso, y los factores taxativos del Decreto 1158 de
1994 objeto de cotización, dentro de los cuales no se encuentra la prima de navidad.
• Así las cosas, no es posible acceder a la solicitud de reliquidación de la pensión
de jubilación tomando para el efecto el promedio de los factores salariales
devengados en el último semestre de servicios, conforme se pretende.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia proferida el 8 de
octubre de 20216 negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su
decisión señaló lo siguiente:
• No es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados durante los últimos 6 meses de servicios
(1° de abril al 30 de septiembre de 2013), puesto que la liquidación de las pensiones
reconocidas según el Decreto 929 de 1976, en virtud del régimen de transición de
5 Folios 170 a 183.
6 Samai, índice 2, documento ED_ONEDRIVE_20220506(.zip) Nro Actua 2, carpeta 680012333000-
2018-00598-00 (NR) - EN H.C.E, archivo 19. 2018-598-00 - SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA.pdf.
3
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
la Ley 100 de 1993, se debe realizar con el promedio de los salarios cotizados
durante los 10 años anteriores al retiro del servicio, tal y como lo consideró la
Sección Segunda del Consejo en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
dentro del proceso con radicado 05001-23-33-000-2012-00572-01.
• La condena en costas es procedente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con el numeral 1 del artículo 365 del Código
General del Proceso (CGP)7.
1.4. El recurso de apelación
Pedro Ariza Tapias interpuso recurso de apelación8 con fundamento en los
siguientes argumentos:
El a quo desconoció que la pensión de jubilación debe ser liquidada de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el cual establece el régimen
especial de la Contraloría General de la República, es decir con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último semestre de servicios (1° de abril al
30 de septiembre de 2013), periodo en el que percibió, además de los emolumentos
ya incluidos para ese fin, la prima de navidad.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Conforme con el numeral 3 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
Consisten en determinar ¿cuál es el IBL de las pensiones reconocidas en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 929 de 1976 para quienes son beneficiarios del régimen
7 En lo que sigue CGP.
8 Samai, índice 2, documento ED_ONEDRIVE_20220506(.zip) Nro Actua 2, carpeta 680012333000-
2018-00598-00 (NR) - EN H.C.E, archivo 23. 2018-598-00 Apelaciòn (Pedro Ariza Tapias vs UGPP-
Rad 680012333000-2018-00598-00).pdf.
4
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
de transición de la Ley 100 de 1993?, y una vez dilucidado lo anterior, establecer si
¿comprende todos los factores de salario devengados durante el último semestre
de servicio y su forma de liquidación, en especial lo correspondiente a la prima de
navidad?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la
República
A través del artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el gobierno nacional reguló las
prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República
de la siguiente manera:
«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a los
55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio
continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los
cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General de la
República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio
de los salarios devengados durante el último semestre».
Así las cosas, tendrían derecho a esta pensión los servidores de la Contraloría
General de la República que acreditaran la edad de 55 años si son hombres, o 50
si son mujeres, y 20 años de servicios, continuos o discontinuos, de los cuales, por
lo menos 10 lo hayan sido en esa entidad.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 929 de 1976, si el tiempo
de servicio en la Contraloría General de la República hubiera sido inferior a 10 años,
la prestación se liquidaría en la forma señalada para los empleados públicos de la
Rama Ejecutiva.
En cuanto a la liquidación de estas pensiones, además del periodo de los últimos 6
meses para el IBL, el artículo 9 del aludido decreto ordenó que se excluyeran los
viáticos, a menos que tuviesen el carácter de permanentes y de que se hubieran
recibido durante un lapso continuo de 6 meses o mayor.
En el nuevo contexto de sostenibilidad financiera y en consideración a la importancia
de los aportes pensionales para el financiamiento de la pensión, en el artículo 6 de
la norma en estudio se dispuso que sus beneficiarios contribuyeran para sostener
Cajanal con los siguientes aportes:
«1.- Un tercio del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota de afiliación.
5
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
2.- Un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota
periódica ordinaria.
3.- Un tercio por una sola vez, de todo aumento que reciban en su sueldo básico.
4.- Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e
invalidez, para quienes gocen de esta prestación.
5.- Hasta un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual, cuando se trate de las
prestaciones a que se refiere el artículo 5o. del presente Decreto».
En relación con los emolumentos que componen los ingresos de estos servidores,
el artículo 23 del Decreto 929 de 1976 concedió el derecho al pago de una
bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de 5 años
cumplidos en la institución.
Ahora bien, en lo que se refiere a la base de liquidación pensional el artículo 17 del
Decreto 929 de 1976 previó que «(e)n cuanto no se oponga el texto y finalidad del
presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican y
adicionan, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República».
Así, entonces, se hicieron extensivas a los empleados de la Contraloría General de
la República las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y demás normas
complementarias, en concreto lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por el cual
se fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden
nacional, en cuyo artículo 45 estableció que para efectos del reconocimiento y pago
del auxilio de cesantías y de las pensiones, en la liquidación se tendrán en cuenta
los siguientes factores de salario:
«a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores
al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968».
6
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
Posteriormente, el Decreto 720 del 20 de abril de 19789, que fijó el régimen salarial
para los servidores de la Contraloría General de la República, en su artículo 40
señaló, entre otros factores de salario, los siguientes:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los
diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de
descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica
d). La prima de servicio anual
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio».
2.2.2. Ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen pensional
de la Contraloría General de la República por virtud de la transición dispuesta
en la Ley 100 de 1993
Mediante la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin
es garantizar un amparo para las contingencias provenientes de la vejez, la invalidez
y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos adquiridos o
expectativas legítimas de quienes reunían ciertos requisitos al momento de la
entrada en vigencia de la citada norma, en el artículo 36 ibidem se previó un régimen
de transición, en el cual se estableció que:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».
9«Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos
empleos y se dictan otras disposiciones».
7
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el
trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes requisitos:
i) 35 años de edad si es mujer, o 40 años si es hombre o iii) 15 años o más de
servicios cotizados. Es decir, es suficiente reunir uno solo de estos para gozar de
esa expectativa legítima.
En lo que tiene que ver con el IBL de las pensiones reconocidas a los beneficiarios
del régimen pensional especial de la Contraloría General de la República por virtud
de lo dispuesto en la aludida transición prevista en la Ley 100 de 1993, esta Sección,
en consideración a las orientaciones de la Corte Constitucional y de la Sala Plena
del Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación CE-SUJ-SII-020-2020
del 11 de junio de 202010, estableció la siguiente regla:
«107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36
de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en
el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
Lo anterior, al concluir que «luego de analizar el conjunto de normas salariales y
prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la República, encuentra que
en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones para pensión solo afectan a los factores
que expresamente señaló el reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues
antes de tal norma, la base de cotización la constituía la asignación básica. En otros
términos, ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal sector
dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada».
De acuerdo con la regla fijada por la Sección Segunda, el problema planteado se
resuelve en el sentido de que el IBL de las pensiones reconocidas en virtud del
Decreto 929 de 1976 a los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. En cuanto a los factores, se atienden las previsiones del Decreto 1158
de 1994, en consonancia con el principio de sostenibilidad fiscal desarrollado por el
Acto Legislativo 01 de 2005. Estas personas se pensionan con los requisitos de
edad y tiempo de servicio previstos en la norma especial mencionada.
Esto, en atención a las diferencias interpretativas que la norma transicional
provocaba en los operadores judiciales y las autoridades administrativas, por lo que
la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió, a través de la sentencia de
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, expediente
05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
8
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
unificación CE-SUJ-S2-020-2011, que el alcance de la regla relacionada con la base
de liquidación de las pensiones reconocidas a los ex servidores públicos de la
Contraloría General de la República conforme con el Decreto 929 de 1976, en virtud
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es que sus efectos
son vinculantes: «(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de
los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y
Consejo de Estado, y los futuros que se presenten».
Dicha sentencia constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución
de casos fáctica y jurídicamente iguales12. Por lo tanto, no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los
conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.
2.3. Caso concreto
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Pedro Ariza Tapias nació el 15 de agosto de 195013 y laboró en la Contraloría
General de la República entre el 6 de enero de 1987 al 7 de diciembre de 1992 y
del 15 de abril de 1993 al 30 de septiembre de 2013. Durante el primer periodo tuvo
una interrupción de 25 días comprendidos entre el 17 de noviembre y el 11 de
diciembre de 198714.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, expediente
05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
12 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones […]».
13 Según la cédula de ciudadanía visible a folio 81.
14 De conformidad con el certificado de historia laboral del 10 de febrero de 2017, expedido por la
gerencia de talento humano de la Contraloría General de la República, visible a folio 21.
9
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
• Entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2013, devengó sueldo, bonificaciones
por servicios y especial, indemnización vacaciones y las primas de vacaciones, de
servicios y de navidad15.
• A través de Resolución RDP 41677 del 9 de septiembre de 2013 16, la UGPP le
reconoció pensión de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa
de retorno previstos en el Decreto 929 de 1976, al ser beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, con el 75% del promedio de los factores salariales
percibidos en el último semestre de servicios (1º de enero a 30 de junio de 2013),
tales como: asignación básica, bonificación por servicios prestados, quinquenio y
las primas de servicios y de vacaciones. La cuantía de la prestación resultó en
$3.612.808, a partir del 1º de julio de 2013; sin embargo, quedó condicionada al
retiro del servicio para su disfrute, el cual se efectuó el 30 de septiembre de 2013
mediante la Resolución 2533 del 18 de septiembre de 201317, expedida por la
Contraloría General de la República.
• La UGPP mediante la Resolución RDP 41252 del 31 de octubre de 201718 le negó
la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de emolumentos de
salario percibidos en el último semestre de servicios en la Contraloría General de la
República, acto administrativo que fue confirmado al resolver los recursos de
reposición y apelación interpuestos en su contra, a través de las resoluciones RDP
46549 de diciembre 12 de 201719 y RDP 48649 del 29 de diciembre de 201720,
respectivamente.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, es necesario señalar que en
relación con el IBL de las pensiones reconocidas a los beneficiarios del régimen de
la Contraloría General de la República previsto en el Decreto 929 de 1976, en virtud
de la transición de la Ley 100 de 1993, a través de la sentencia de unificación CE-
SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 202021, la Sección Segunda del Consejo de
Estado estableció como regla la siguiente:
«107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36
15 Según el certificado de sueldos y factores salariales del 10 de febrero de 2017, suscrito por el
director de gestión de talento humano de la Contraloría General de la República, visible a folio 20.
16 Folios 30 y 31.
17 Folio 83.
18 Folios 2 y 3.
19 Folios 6 a 9.
20 Folios 11 a 13.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
10
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada en
el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que el reconocimiento de la pensión
del demandante, en consideración al beneficio de transición de la Ley 100 de 1993,
no se ajustó al ordenamiento jurídico, porque para la determinación del IBL se tuvo
en cuenta, en cuanto a periodo, el promedio de lo devengado en el último semestre
de servicio y no el previsto en el inciso 3 del artículo 36 o el del artículo 21 de la
mencionada ley, según el caso, para las pensiones reconocidas en virtud del
Decreto 929 de 1976, «(p)or el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de
los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares».
Ahora, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales relacionados con la
materia, en el IBL pensional se deberán incluir los factores que efectivamente fueron
objeto de cotización de acuerdo con los enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
En este orden se tiene lo siguiente:
Factores de salario - base De lo devengado por el Factores salariales incluidos en
de cotización – servidores demandante durante el último el IBL que sirvieron de base
públicos incorporados al semestre de servicio22 para liquidar la pensión del
sistema general de demandante
pensiones – Decreto 1158
de 1994
• La asignación básica - Asignación básica - Asignación básica
mensual - Bonificación por servicios - Bonificación por servicios
• La bonificación por - Prima de servicios - Prima de servicios
servicios prestados - Prima de vacaciones - Prima de vacaciones
• La prima técnica, cuando - Prima de navidad - Quinquenio
sea factor de salario - Bonificación especial
• Las primas de antigüedad, - Indemnización vacaciones
ascensional y de
capacitación cuando sean
factor de salario
• La remuneración por
trabajo dominical o festivo
• La remuneración por
trabajo suplementario o de
horas extras, o realizado en
jornada nocturna
• Los gastos de
representación
Con fundamento en lo anterior, encuentra la Sala que la interpretación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20
del 11 de junio de 2020, en materia de IBL de las pensiones reconocidas con los
22 Según certificación expedida por la Contraloría General de la República el 10 de febrero de 2017,
folio 20.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, no fue acogida por la UGPP para otorgar la pensión al demandante, porque
para calcularlo tuvo en cuenta factores diferentes de los que efectivamente fueron
objeto de cotización de acuerdo con los enlistados en el Decreto 1158 de 1994,
motivo por el cual la liquidación de la prestación no se ajustó a tal derrotero
jurisprudencial.
Así entonces, se tiene que la pensión del demandante fue liquidada con una regla
distinta de la aquí explicada, esto es, con el periodo y factores propios de la norma
especial, con lo cual desconoció que estos elementos no fueron amparados por el
régimen de transición.
En efecto, el periodo que tuvo en cuenta la UGPP para liquidar la pensión de
jubilación del actor fue el comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2013,
aunque los últimos 6 meses de servicios de aquel fueron del 1º de abril al 30 de
septiembre de ese año. En todo caso, la pensión debió ser calculada según el inciso
3 del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, esto es,
sobre el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el
derecho o el cotizado durante todo el tiempo, cuando falten menos de 10 años, o el
de los 10 últimos años anteriores al reconocimiento, cuando faltaren más de 10
años.
Empero, en consideración al principio de «interés en la pretensión u oposición, para la
sentencia de fondo o mérito», con fundamento en el cual, en materia laboral, esta
Corporación23 ha considerado que a través del ejercicio del medio de control el
demandante busca satisfacer un derecho que le represente una mejora frente a lo
inicialmente reconocido, o dicho en otros términos, obtener un beneficio, en
condiciones normales; de manera que en aquellos casos en los que no media
demanda de reconvención el resultado de su proceso no puede conllevar
consecuencias que alteren el estado de las cosas a como se encontraban antes de
iniciar la demanda, es decir, el juez no puede hacer más gravosa la situación en la
que se encontraba el demandante y que lo motivó a acudir a la jurisdicción con el
fin de acceder a un derecho del cual se considera es acreedor.
Por las anteriores razones la Sala se relevará de analizar lo relacionado con la
aplicación del último semestre de servicios y la inclusión de factores adicionales a
los previstos en el Decreto 1158 de 1994 para conformar el IBL de la pensión de
Pedro Ariza Tapias.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado
11001-03-25-000-2013-01223-00, M.P. César Palomino Cortés
12
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
Así las cosas, no le asiste razón al demandante frente a su pretensión de obtener
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los
factores de salario que percibió en el último semestre de servicios, como lo
determinó el a quo, en atención a lo dispuesto por el Consejo de Estado respecto
del alcance de la regla relacionada con la base de liquidación de las pensiones
reconocidas a los ex servidores de la Contraloría General de la República conforme
con el Decreto 929 de 1976, en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pues en particular, la prima de navidad no está contenida en el
Decreto 1158 de 1994.
Con fundamento en lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma24.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
24En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
13
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará en ordinal segundo de la sentencia apelada
que condenó en costas a la parte demandante y se abstendrá de hacerlo en esta
instancia.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no procede la reliquidación
pensional en consideración a un IBL conformado con la totalidad de los factores
devengados en el último semestre de servicios en la Contraloría General de la
República, como lo determinó el a quo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 8 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en tanto condenó en costas
a Pedro Ariza Tapias, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 8 de octubre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por Pedro Ariza Tapias contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
conforme a lo expuesto en esta providencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
14
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00598-02 (2199-2022)
Demandante: Pedro Ariza Tapias
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.