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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00608-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00608-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, dispone: PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 3042412017000029, del 6 de abril de 2017 y por la Resolución 042362018000001, del 13 de marzo de 2018, solo en relación con la vinculación de MARÍA TERESA RUEDA DE VALDIVIESO, EDUARDO VALDIVIESO e INVERVALD SAS como deudores solidarios de la FUNDACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD – ILDETECSA. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que MARÍA TERESA RUEDA DE VALDIVIESO, EDUARDO VALDIVIESO e INVERVALD SAS no son responsables solidarios por la obligación tributaria determinada a ILDETECSA. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2018-00608-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de noviembre de 2023

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00608-01 (27606)
Demandante: Fundación Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la
Tecnología en Salud – ILDETECSA y otros
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00608-01 (27606)
Demandante: FUNDACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD – ILDETECSA y
OTROS.
Demandado: DIAN

Temas: Renta 2013. Régimen Tributario Especial. Desconocimiento de
renta exenta. Excedente no reinvertido. Egresos no procedentes.
Vinculación deudores solidarios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 18 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda (ordinal primero) e impuso
condena en costas (ordinal segundo).

ANTECEDENTES

Mediante Liquidación Oficial de Revisión nro. 3042412017000029, del 6 de abril de
2017, la DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2013, presentada por
la demandante, para desconocer la renta exenta declarada y gravarla a la tarifa del
20% e imponer sanción por inexactitud del 100%, acto que, tras la interposición del
recurso de reconsideración fue confirmado por la Resolución 042362018000001, del
13 de marzo de 2018.

DEMANDA

FUNDACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO DE LA
TECNOLOGÍA EN SALUD – ILDETECSA (contribuyente) y MARÍA TERESA RUEDA
DE VALDIVIESO, EDUARDO VALDIVIESO e INVERVALD SAS (deudores solidarios),
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formularon
las siguientes pretensiones:

«1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 042412017000029 del 6 de
abril de 2017 mediante la cual la DIAN impuso sanción por inexactitud en los términos
del artículo 647 del Estatuto Tributario Nacional.

2. Declarar la nulidad de la Resolución 042362018000001 del 13 de marzo de 2018 por
medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

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Demandante: Fundación Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la
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3. Se restablezca el derecho y en consecuencia se mantenga la firmeza de la declaración
de renta de 2013 determinando que ILDETECSA no estaba obligado a cancelar impuesto
levantado la sanción por inexactitud.
4. Se restablezca el derecho y en consecuencia se declare que Carlos Alberto Rueda
Bueno, María Teresa Rueda de Valdivieso, Eduardo Valdivieso Rueda e INVERVALD
SAS no son responsables solidarios.

5. Condenar en costas a la parte demandada».

La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:

• Artículo 29 de la Constitución Política.
• Artículos 19, 107, 115, 356, 358, 360, 647, 648, 683, 742, 777 y 788 del Estatuto
Tributario (ET).
• Artículo 264 de la Ley 223 de 1995.
• Artículo 137 del CPACA.
• Artículos 8 y 18 del Decreto 4400 de 2004.
• Artículo 56 del Decreto 2649 de 19493.
• Concepto DIAN 003738 de 2015.
• Concepto Técnico CTCP-2015-00132.

El concepto de la violación se sintetiza así:

1. Falsa motivación. El beneficio neto o excedente fiscal obtenido se invirtió en el
desarrollo de actividades previstas en el objeto social, según lo prueban el acta 008
del 28 de marzo de 2014, de la junta directiva de la fundación y el certificado del revisor
fiscal, con lo cual dicha entidad cumplió la normativa contable y fiscal. En esa medida,
no es procedente que la DIAN haya adicionado el beneficio neto de $17.324.000,
obtenido en el año 2012, como ingreso gravado en el periodo 2013.

De otra parte, los egresos son procedentes porque la DIAN no cuestionó que no
tuvieran relación de causalidad con los ingresos declarados o con el objeto social de
la fundación. Tampoco es cierto que dichos egresos correspondan al beneficio neto o
excedente fiscal del año 2012, como se determinó en los actos demandados, pues
corresponde a excedentes acumulados que no pierden el carácter de renta exenta,
los cuales fueron contabilizados en las cuentas del patrimonio para ser reinvertidos.

2. Improcedencia de la sanción por inexactitud. No procede esta sanción toda vez
que, de acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, existe interpretación razonable
del derecho aplicable y los hechos declarados son completos y verdaderos.

3. Violación al debido proceso. Esta garantía se vulneró porque se vinculó como
responsables solidarios a María Teresa Rueda de Valdivieso, Eduardo Valdivieso
Rueda e INVERVALD SAS, sin determinar las circunstancias y la naturaleza de su
responsabilidad a la luz de los artículos 793 y 794 del ET, que no prevén dicha
solidaridad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

1. Debida motivación de los actos. Procede gravar el beneficio neto del año 2012
($17.324.305) toda vez que no se dispuso mediante acta del órgano directivo que este
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fuera invertido en programas que desarrollan el objeto social de la fundación dentro
del año siguiente a su obtención ni se realizó asignación permanente.

En cuanto a los egresos desconocidos, desde la conciliación fiscal, la actora determinó
su improcedencia fiscal, como lo constató la DIAN al verificar que estos no eran
deducibles a la luz de los artículos 357 del ET y 4 del Decreto 4400 de 2004, lo cual
no fue desvirtuado por la demandante.

2. Procedencia de la sanción por inexactitud. Comoquiera que la actora declaró
rentas improcedentes, de conformidad con los puntos anteriores, incurrió en conducta
inexacta que derivó en un menor impuesto a cargo. No existe diferencia de criterios
frente al derecho aplicable, toda vez que las normas son claras y fueron
suficientemente ilustradas a la contribuyente.

3. Violación al debido proceso al vincular como responsables solidarios. La
vinculación de deudores solidarios estuvo fundamentada en el artículo 794 del ET,
que establece la responsabilidad solidaria de los fundadores por los impuestos de la
fundación, así como en la sentencia C-1201 de 2003, según la cual, los actos de
tributarios deben comunicarse a dichos deudores para que ejerzan el derecho de
defensa.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costa a la parte actora,
por lo siguiente:

1. Procede el desconocimiento de la renta exenta. De acuerdo con las pruebas
aportadas, la actora no dio cumplimiento al RTE, pues no reinvirtió el excedente fiscal
obtenido en el año 2012 en programas que desarrollen su objeto social dentro de la
oportunidad prevista en el artículo 358 del ET, esto es, dentro del año siguiente a su
obtención. Y aunque la demandante hizo ajustes a la contabilidad para mostrar que el
excedente sería invertido en la sede la fundación, ello ocurrió por fuera del referido
término, por lo cual dicho excedente debe estar gravado de conformidad con la
mencionada norma.

De otra parte, la fundación declaró egresos no deducibles fiscalmente de conformidad
con el artículo 358 del ET y el Decreto 4400 de 2004, lo cual no fue desvirtuado por la
contribuyente, siendo que era su deber.

2. Sanción por inexactitud. Se mantiene esta sanción porque la contribuyente
declaró rentas exentas improcedentes producto de registrar egresos igualmente no
procedentes, lo que se refleja en una conducta errónea que deriva en un menor
impuesto o saldo apagar. Además, no existe diferencia de criterios en la interpretación
de la norma aplicable, porque el RTE y el Decreto 4400 de 2004 establecen de manera
precisa los presupuestos y condiciones para que opere la exención del beneficio neto.
Entonces, la actora desconoció y aplicó erróneamente esta normativa, que es
diferente a tener una interpretación distinta, pero razonable, del derecho.

3. Vinculación de deudores solidarios. La vinculación de los deudores se hizo con
fundamento en el artículo 794 del ET, que establece la responsabilidad solidaria de
los demandantes frente al impuesto de la fundación. No hubo violación del debido
proceso porque durante el procedimiento de fiscalización y determinación tributaria se

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garantizó el ejercicio de defensa de estos deudores, notificándoseles cada una de las
actuaciones tributarias.

2. Costas procesales. De conformidad con establecido en el artículo 365 numeral 1
del Código General del Proceso (CGP), se condena en costas a la parte demandante
por ser la vencida.

RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes apelaron la sentencia de primera instancia de la siguiente manera:

1. La renta declarada es exenta. En relación con la adición de ingresos, existió un
indebido entendimiento de la controversia por parte del Tribunal pues centró la
discusión en el acta 007 de marzo de 2013 y no en el acta 008 de marzo de 2014, ya
que el periodo fiscalizado corresponde al año 2013 y no al 2012. En esta última acta
se dispuso que los excedentes fueran invertidos en la nueva sede de la fundación y
se hicieron los correspondientes ajustes contables, certificados por el revisor fiscal de
la actora, con lo cual se dio pleno cumplimiento al RTE, pues, en realidad, la DIAN no
cuestionó que ello no hubiere sido así o que la reinversión del excedente no se realizó.

Por otro lado, en sede administrativa y judicial se confundieron los conceptos de
deducción, egresos y renta exenta, pues se concluyó equivocadamente que se
tomaron como egreso los beneficios netos o excedentes del año 2012, lo cual no
ocurrió. Por el contrario, el valor de la renta exenta declarada y rechazada por la DIAN
corresponde al beneficio neto de años anteriores, que no pierden el carácter de
exentos por el hecho de que su contabilización se haya efectuado en cuentas
equivocadas, pero de todos modos dentro de la cuentas del patrimonio y cuya
reclasificación se efectuó en el año 2016 para fijarles una destinación específica y
cumplir con las exigencias del RTE, máxime cuando la administración no objetó que
dichos excedentes no se hubieren invertido en programas que desarrollen el objeto
social de la fundación.

Por lo anterior, hubo indebida interpretación normativa y probatoria por parte del
Tribunal.

2. Improcedencia de la sanción por inexactitud. En el presente caso se impuso
sanción por inexactitud de forma automática y objetiva, sin diferenciar razones
subjetivas, es decir, relativas a la antijuridicidad del hecho y la imputabilidad de la
conducta. En todo caso, los hechos declarados son completos y verdaderos. Sin
perjuicio de ello, la sanción debe levantarse por interpretación razonable del derecho
aplicable, de acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores.

3. Violación al debido proceso en la vinculación solidaria. Esta garantía se vulneró
dado que la DIAN no determinó en cuál de los supuestos de solidaridad previstos en
los artículos 793 y siguientes del ET quedan comprendidos los fundadores, normas
que, en todo caso, no contemplan tal responsabilidad.

4. No hay lugar a la condena en costas. Al no probarse la causación no hay lugar a
la condena en costas impuesta en primera instancia.

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TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La DIAN se opuso al recurso de apelación, señalando que no hubo una indebida
interpretación normativa del Tribunal ni errónea valoración probatoria; lo que se
advierte es el desacuerdo de la actora con el fallo de primera instancia, que es distinto.
No obstante, dicha providencia estuvo debidamente motivada y se hizo una correcta
valoración probatoria. Por ende, debe confirmarse.

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia de primera instancia, tras considerar
que, del material probatorio analizado por el Tribunal, es evidente que la destinación
del excedente del año 2012 no se hizo en la oportunidad prevista en el literal b) del
artículo 8 del Decreto 4400 de 2008 y en los artículos 358 y 360 del ET y que los
egresos declarados no son procedentes fiscalmente, aspecto sobre el que la
demandante no se preocupó en desvirtuar. Producto de lo anterior, no es procedente
la renta exenta declarada, lo que da lugar, además de su desconocimiento, a la
imposición de la sanción por inexactitud.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
decide: (i) si la actora cumplió los requisitos para acceder a la exención del régimen
tributario especial; (ii) la procedencia de los egresos que rechazó la DIAN para la
determinación del beneficio neto fiscal y la cuota tributaria que calculó. De ser el caso,
se decide, además, sobre la sanción por inexactitud y la responsabilidad solidaria de
María Teresa Rueda de Valdivieso, Eduardo Valdivieso e Invervald SAS por el
impuesto a cargo de la fundación.

La Sala revoca la sentencia apelada y, en su lugar, accede parcialmente a las
pretensiones de la demanda, según el siguiente análisis:

Dentro de las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) integrantes del régimen tributario
especial (RTE) a que hace referencia el artículo 19 del ET1, están las fundaciones,
calidad que tiene la actora, que se hallan sujetas al impuesto sobre la renta y
complementarios sobre el beneficio neto o excedente determinado de conformidad
con el artículo 357 ibidem2, a la tarifa única del 20% (art. 356 del ib.). Ese excedente
puede ser exento «cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a
aquel en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad
meritoria de la entidad», esto es, a actividades de salud, educación, cultura, deporte
aficionado, investigación científica y tecnológica o a programas de desarrollo social,
siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la
comunidad, según lo disponen los artículos 358 y 359 del mismo estatuto.

De igual manera, dispone el artículo 358 del ET que «el beneficio neto o excedente
generado en la no procedencia de los egresos, no será objeto del beneficio de que
trata este artículo», y que «la parte del beneficio neto o excedente que no se invierta

1 Toda referencia a normas legales y reglamentarias que haga la Sala, atenderá al contenido vigente para la época

de los hechos.
2 Artículo 357. determinación del beneficio neto o excedente. Para determinar el beneficio neto o excedente se

tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier
naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de
conformidad con lo dispuesto en este Título, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento
del mismo.
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en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en
el año en que esto ocurra».

Por su parte, el artículo 9 del Decreto Reglamentario 4400 de 2004, que reglamentó
el RTE, estableció para las ESAL la posibilidad de constituir reservas «asignaciones
permanentes» con los excedentes. Según las mencionadas normas, estas reservas
deben registrarse en una cuenta especial como parte del patrimonio de la entidad, con
la finalidad de «realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus
rendimientos permitan el mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las
actividades de su objeto social», siempre y cuando estas sean aprobadas por la
asamblea general o máximo órgano directivo que haga sus veces, antes de presentar
la declaración de renta y complementarios del respectivo periodo gravable, lo cual
«deberá constar en acta, en la [que] se dejará constancia del valor neto o excedente
que se reserva para asignación permanente, el periodo gravable al que corresponde
el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas a desarrollar», no
siendo «de recibo el señalamiento genérico de las actividades a ejecutar, como
tampoco la simple mención del objeto estatutario».

De igual manera, la norma reglamentaria en mención dispone que dicha asignación
deberá invertirse en el año en que se apruebe su destinación diferente, para ser
considerada como ingreso exento. En caso contrario, constituye ingreso gravable a la
tarifa del veinte por ciento (20%), sin que proceda deducción o descuento sobre este
impuesto. En los años gravables siguientes será exento únicamente el valor de los
rendimientos o frutos que produzca la asignación permanente que sean invertidos en
el objeto social conforme con las condiciones establecidas en el referido decreto.

En el caso en estudio, la Sala advierte que la fiscalización de la DIAN se redujo a dos
aspectos puntuales: la adición de ingresos correspondientes a la parte del beneficio
neto del año anterior no reinvertido en el año gravable 2013 y el desconocimiento de
egresos, como se ve a continuación:

1. Adición de ingresos. La DIAN adicionó como ingreso gravado el monto de
$17.324.000 correspondiente a la parte del beneficio neto o excedente contable del
año 2012, no reinvertido en el periodo 2013, aspecto que, en realidad, no fue
desvirtuado por la demandante.

Y aunque la actora sostiene que, por parte del Tribunal «existió un indebido
entendimiento de la controversia al centrar la discusión en el acta 007 de marzo de
2013 y no en el acta 008 de marzo de 2014, [desconociendo] que la declaración que
se está fiscalizando corresponde al año 2013 y no la de 2012», el acta que debía
revisarse para verificar la destinación del beneficio neto a programas que desarrollen
su objeto social, era la del 2012, como en efecto lo hizo la DIAN, justamente porque
el excedente analizado correspondía a ese año.

En esta acta, de la asamblea general ordinaria de los fundadores, no se advierte la
destinación de este excedente o la constitución de la asignación permanente en la
forma como lo exigen las normas del RTE antes citadas. Contrario al entendimiento
de la actora, para esos fines no sirve la certificación de revisor fiscal y el acta 008 del
28 de marzo de 2014, pues estas pruebas se refieren a la destinación del excedente
del año 2013 no a la del periodo 2012, que es el rubro cuestionado.

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En este punto, cabe destacar que esta Corporación ha precisado que «el
contribuyente deberá, previo a la presentación de su declaración de renta, aprobar en
su asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, la destinación de los
excedentes»3, y que, «el requisito de destinación del beneficio neto o excedente
dentro del año siguiente al de su obtención, supone, además de la aprobación de
manera previa por la asamblea general u órgano directivo que haga sus veces, que
se cumpla con su ejecución»4.

Si bien según certificado de revisor fiscal, de 18 de octubre de 2016, en ese año hubo
reclasificación patrimonial de la partida $17.324.000 para llevarla a las cuentas del
patrimonio de asignación específica, esta prueba, además de que no suple el acta del
órgano directivo que es donde debe constar la destinación específica del bien, lo que
reafirma es que la demandante no cumplió con las exigencias para tener como exento
el excedente de $17.324.000 del año 2012.

En efecto, según lo ha precisado la Sala, en asuntos como el analizado, el certificado
de su revisor fiscal no prevalece sobre el acta de la asamblea general de la entidad,
pues la función probatoria de dicho certificado se limita a corroborar la destinación del
excedente aprobado por el órgano directivo, no a sustituirla para suplir las
imprecisiones u omisiones al respecto5.

En esas condiciones, la demandante no desvirtuó la adición de ingresos efectuada
por la DIAN, razón por la cual, como lo decidió el Tribunal, dicho excedente no está
cobijado con la exención tributaria dado que incumplió la normativa del RTE.

2. Egresos no procedentes. En el requerimiento especial, la DIAN propuso el
desconocimiento de egresos no deducibles fiscalmente por $443.233.000,
correspondientes a provisiones ($387.069.000), impuestos ($53.502.000) y GMF
($2.662.000). Lo anterior, tuvo como sustento el hecho de que, desde la conciliación
fiscal, la propia contribuyente los había catalogado como «egresos no procedentes»
y el incumplimiento de los artículos 357, 358 del ET, 4 del Decreto 640 de 2005 y 4
del Decreto 4400 de 2004.

A raíz de las inconformidades planteadas por la actora en la respuesta al
requerimiento especial, en la liquidación oficial revisión la DIAN aceptó como egreso
procedente el monto de $53.502.000, tras verificar que correspondía al IVA pagado
en la adquisición de bienes y servicios, llevado como mayor valor del costo, pero
mantuvo el rechazo de los demás egresos.

La demandante sostiene que «la DIAN en ningún momento ha cuestionado que los
egresos no tengan relación de causalidad con los ingresos declarados o con el objeto
social de la fundación para la vigencia fiscal 2013, toda vez que supone que los
beneficios netos del año 2012 se tomaron como egreso (…) en ningún momento los
egresos se tomaron los excedentes y beneficios netos del año 2012 como está
suponiendo la administración», pues, en realidad corresponde a los excedentes de
años anteriores cuya condición exentos se sigue manteniendo en periodos
posteriores.

3 Sentencias del 5 de diciembre de 2011, exp. 18341, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 22 de abril de

2021, exp. 25002, C.P. Milton Chaves García.
4 Sentencias del 21 de agosto de 2019, exp. 23213, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 22 de abril de 2021,

exp. 25002, C.P. Milton Chaves García.
5 Sentencias del 14 de junio de 2018, exp. 21197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 22 de abril de 2021,

exp. 25002, C.P. Milton Chaves García.
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Sin embargo, como acaba de verse, el rechazo de los egresos no tuvo como causa el
que se hayan tomado como egresos en el 2013, los excedentes del 2012, sino, su
improcedencia fiscal a la luz de los artículos 357, 358 del ET, 4 del Decreto 640 de
2005 y 4 del Decreto 4400 de 2004, que la misma fundación había anticipado desde
la conciliación fiscal.

Particularmente, el artículo 4 del Decreto 4400 de 2004 señala que «en ningún caso
se podrá tratar como egreso procedente el Gravamen a los Movimientos Financieros,
GMF» (parágrafo 1), a la vez que dispone que «se consideran egresos procedentes
aquellos realizados en el respectivo periodo gravable, que tengan relación de
causalidad con los ingresos o con el objeto social, incluidas las inversiones que se
efectúen en cumplimiento del mismo y la adquisición de activos fijos».

Debido a que, en esencia, no son un gasto realizado en los términos del artículo 40
del Decreto 2649 de 1993, la Sala ha precisado que las provisiones no son deducibles
en el impuesto sobre la renta, salvo las «que de forma específica la normatividad
tributaria haya establecido», como las de los artículos 122 y 145 del ET6, lo cual se
aplica para las ESAL7.

Si lo que quiso significar la actora es que las provisiones desconocidas como egreso
correspondían, en realidad, a beneficios netos o excedentes acumulados de ejercicios
anteriores y por ello realizó la reclasificación contable de esta partida a cuentas del
patrimonio de destinación específica, tal situación no quedó lo suficientemente
aclarada y/o explicada. En todo caso, este hecho revelaría el incumplimiento del RTE
previsto en la ley porque no se habrían reinvertido tales rubros en los programas del
objeto social o actividades meritorias como lo dispone el RTE y su decreto
reglamentario, tornándolos en ingresos gravados de conformidad con el artículo 358
del ET.

Teniendo en cuenta lo anterior y a que realmente la demandante no justificó la
procedencia de los restantes egresos rechazados por la DIAN, la Sala niega el cargo
de apelación.

3. Sanción por inexactitud. De acuerdo con el artículo 647 del ET, constituye
inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otros hechos, la
inclusión de exenciones y deducciones inexistentes que deriven en un menor
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional8 y de esta Corporación9, han precisado,
que la imposición de sanciones por infracciones tributarias debe atender a la
concurrencia de la tipificación legal preexistente al acto imputado, la manifestación
evidente del contenido material de antijuridicidad y la culpabilidad de la conducta.

Según lo indicado por la Sección, en casos como el analizado, el contribuyente incurre
en una conducta típica (por ejemplo, incluir deducciones inexistentes o

6 Sentencias del 23 de julio de 2018, exp. 21042. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 18 de febrero de 2021,

exp. 24718, C.P. Milton Chaves García
7 Sentencias del 3 de abril de 2008, exp. 15246, C.P. Héctor J. Romero Díaz y del 2 de marzo de 2016, exp. 19941,

C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
8 Sentencia C-690 de 1996.
9 Sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 20813, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

8
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improcedentes), antijurídica (porque lesiona el recaudo) y culpable (porque la acción
la hizo deliberadamente (con dolo) o por culpa (con imprudencia o negligencia)10.

En este asunto, debido a que la fundación demandante declaró unas exenciones y
deducciones improcedentes, incurrió en dos de los supuestos de la sanción por
inexactitud de que trata el artículo 647 del ET. Sobre el juicio de culpabilidad, en los
actos demandados la DIAN señaló que «carece de asidero la apreciación [del derecho
aplicable] realizada [por la contribuyente], toda vez que las normas tributarias cuya
interpretación y aplicación fue ampliamente expuesta en los actos acusados, son
claras y de fácil aplicación, por lo que el actuar de la fundación constituye un claro
desconocimiento de las normas de derecho aplicable, pues no nos encontramos ante
la presencia de normas confusas, oscuras ni de difícil compresión».

Lo anterior corrobora que la sanción impuesta no es objetiva, toda vez que partió de
la inobservancia del RTE, que establece de forma clara y precisa los supuestos en los
que procede la exención de la renta obtenida por las ESAL, los cuales son de pleno
conocimiento de la demandante como integrante de dicho régimen. Verificado el
supuesto de inexactitud, resulta procedente la imposición de la sanción, que como se
señaló, corresponde al 100% del mayor impuesto determinado.

No resulta cierta la afirmación de la demandante de que los datos reportados en el
denuncio fiscal son todos verdaderos, ya que, como quedó visto, se incluyeron
egresos cuya procedencia fiscal ni siquiera está permitida por la ley, además de que
se incumplieron precisas normas del régimen de tributación especial, en la medida
que la actora no reinvirtió los excedentes del año 2012 en el año siguiente. En ese
orden, no existe diferencia de criterios frente al derecho aplicable, sino el
desconocimiento de la normativa sobre tributación especial. No prospera el cargo.

4. Violación del debido proceso por vinculación de deudores solidarios. En los
actos administrativos demandados, la DIAN determinó la responsabilidad solidaria de
los fundadores por el impuesto fijado a la fundación con fundamento en el artículo 794
del ET, lo cual es cuestionado por estos demandantes, dado que, en su criterio, dicha
norma no se les aplica en la medida en que no establece tal solidaridad.

Frente al cargo de apelación formulado, la Sala parte de precisar que la solidaridad
en materia tributaria es de creación legal11. Es la ley la que determina en qué casos,
bajo qué circunstancias y frente a qué sujetos opera.

En particular, el artículo 794 del ET, norma en la que se sustentó la liquidación oficial
de revisión para hacer surgir la responsabilidad solidaria de los demandantes, alude
a «socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados», y
precisa que estos «responderán solidariamente por los impuestos, actualización e
intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica (…) a prorrata
de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los
hubieren poseído en el respectivo período gravable».

El artículo 794 del ET también dispone que la solidaridad no será aplicable, entre otros,
a los accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a anónimas, señalando,
además, que, en el caso de cooperativas, la solidaridad solo es predicable de los

10 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, exp. 19369, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en fallo

del 11 de junio de 2020, exp. 21640, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11 Así lo ha entendido también la Corte Constitucional en la sentencia C-210 de 2000.

9
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cooperadores que se hayan desempeñado como administradores o gestores de los
negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa. De acuerdo con lo
precisado por la Corte Constitucional, este tratamiento diferencial tiene justificación en
el hecho de que la solidaridad de los socios por los impuestos de la sociedad solo
puede ser aplicable a las sociedades en las que el vínculo intuitu personae es su
característica esencial, esto es, las colectivas, de responsabilidad limitada y
asociaciones de carácter colectivo, en la medida en que socios y asociados tienen una
relación intrínseca de gestión y administración de la sociedad, lo que no ocurre en las
sociedades anónimas o por acciones o, inclusive, en las cooperativas, en las que dicho
vínculo se desdibuja, al punto que la gran mayoría de accionistas o cooperados
virtualmente se encuentran separados de la dirección o administración de la compañía
o ente cooperativo conforme a las reglas fijadas en el CCo y la ley cooperativa). Y, por
lo mismo, no tienen incidencia en el cabal cumplimiento de las distintas obligaciones,
dentro de estas, las tributarias12.

Las fundaciones, al igual que las cooperativas, tiene un fin de utilidad común ausente
de lucro, con la diferencia de que, mientras cooperativas se consideran agrupaciones
de personas13, las primeras son personas jurídicas de naturaleza civil (artículo 633 del
Código Civil), que resultan de la afectación irreversible de un patrimonio o masa de
bienes a un fin de utilidad o beneficencia pública instruida conforme a la voluntad de
su creador o fundador14.

Distinto a las sociedades comerciales, las fundaciones, además de que no tienen
socios o accionistas, tampoco persiguen ánimo de lucro, que es la característica
esencial de la sociedad (artículo 98 del CCo), lo que justifica que la responsabilidad
solidaria desarrollada en el ET se encuentre especialmente dirigida a socios o
accionistas, pues estos se hallan interesados en maximizar los resultados económicos
del ente societario, lo que tiene efectos en materia tributaria.

Es precisamente la ausencia de ánimo de lucro de la fundación, pues se destina un
patrimonio a un fin benéfico, lo que justifica que el artículo 794 del ET no contemple a
los fundadores o creadores de la fundación ni al órgano directivo correspondiente
como responsables solidarios por el pago de impuestos a cargo de la persona jurídica.

Siendo que la responsabilidad solidaria es de orden legal y que por los impuestos a
cargo de la fundación la ley no contempla como responsables solidarios a los
fundadores o a su órgano directivo, la determinación así dispuesta en los actos
demandados respecto de María Teresa Rueda de Valdivieso, Eduardo Valdivieso e
INVERVALD SAS, resulta contraria a derecho.

En ese orden de ideas, previa revocatoria de la sentencia apelada, la Sala declara la
nulidad parcial de los actos demandados, solo en relación con la vinculación de María
Teresa Rueda de Valdivieso, Eduardo Valdivieso e Invervald SAS como deudores
solidarios de la FUNDACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD – ILDETECSA. A título de
12 Sentencia C-210 de 2000.
13 De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 79 de 1988, la cooperativa es un contrato que se celebra por un

número determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado
denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro, en la
cual los cooperados son simultáneamente los aportantes y los gestores.
14 Sobre el particular, pueden consultarse, entre otros, las sentencias del 16 de noviembre de 1983, exp. 3929, C.P.

Roberto Suárez Franco, y del 10 de junio de 2004, exp. 13299, C.P. Elizabeth Whittingham García, así como los
conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 12 de julio de 1994, exp. 620, C.P. Roberto Suárez Franco y
del 20 de junio de 2007, exp. 1829, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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restablecimiento del derecho, declara que María Teresa Rueda de Valdivieso,
Eduardo Valdivieso e Invervald SAS no son responsables solidarios por la obligación
tributaria a cargo de la fundación.

5. Condena en costas. Como consecuencia de revocar la sentencia apelada, se
revoca la condena en costas impuesta a la actora. En su lugar, se niegan las costas
en ambas instancias. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con los
artículos 188 del CPACA y 365 numeral 5 del CGP, cuando se accede parcialmente a
las pretensiones de la demanda, como sucede en este asunto, el juez puede
abstenerse de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
3042412017000029, del 6 de abril de 2017 y por la Resolución 042362018000001, del
13 de marzo de 2018, solo en relación con la vinculación de MARÍA TERESA RUEDA
DE VALDIVIESO, EDUARDO VALDIVIESO e INVERVALD SAS como deudores
solidarios de la FUNDACIÓN INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA EL
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD – ILDETECSA.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que MARÍA
TERESA RUEDA DE VALDIVIESO, EDUARDO VALDIVIESO e INVERVALD SAS no
son responsables solidarios por la obligación tributaria determinada a ILDETECSA.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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