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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00688-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00688-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia apelada, en su lugar dispone: Primero. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Revisión nro. 042412017000013 de 22 de marzo de 2017 y la Resolución 992232018000012 del 16 de marzo de 2018, por las cuales la DIAN modificó la declaración de renta del año gravable 2013 presentada por Expoganados Internacional SAS. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, FIJAR como impuesto a cargo el determinado en la liquidación practicada en la parte considerativa de este fallo. 2. Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2018-00688-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

8 de febrero de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00688-01 (27263)
Demandante: Expoganados Internacional SAS
Fallo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00688-01 (27263)
Demandante: EXPOGANADOS INTERNACIONAL SAS y OTROS
Demandado: DIAN

Temas: Renta 2013. Costos de venta. Contabilización de las cuentas en
participación. Utilidad de partícipes. Comisiones por venta. Compra
de ganado. Indicios. Sanción por inexactitud.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 23 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.

ANTECEDENTES

Mediante Liquidación Oficial Revisión 042412017000013 de 22 de marzo de 2017, la
DIAN modificó la declaración de renta de Expoganados Internacional SAS, para
rechazar costos de venta, liquidar un mayor impuesto e imponer sanción por
inexactitud (100% del mayor impuesto determinado) y sancionar al representante legal
y a la revisora fiscal de la referida sociedad, acto que, tras la interposición del recurso
de reconsideración, fue confirmado por Resolución 992232018000012 del 16 de
marzo de 2018.

DEMANDA

EXPOGANADOS INTERNACIONAL SAS (contribuyente), MIGUEL ROBERTO
DULCEY (representante legal) y YOLANDA ARDILA HERRERA (revisora fiscal), en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formularon las siguientes
pretensiones1:

«Primera. Se demanda la nulidad de los siguientes actos administrativos (…):

• Liquidación Oficial nro. 042412017000013 de 22 de marzo de 2017, por medio de
la cual la DIAN modifica la liquidación privada de renta del año 2013.

• Resolución nro. 992232018000012 del 16 de marzo de 2018, notificada
personalmente el día 5 de abril de 2018, por medio de la cual se decide un recurso
de reconsideración, en cuanto hace relación a confirmar la decisión contenida en
la liquidación oficial que modifica la liquidación privada.

1 Fols. 1 y 2 c.p.

1
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Fallo

Segunda. Se restablezca el derecho de mi representada, en le sentido de que, como
consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, se determine que la declaración
privada correspondiente al impuesto de renta del año gravable 2013 de la sociedad ha
quedado en firme y no debe cancelar ninguno de los valores que fueron adicionados y
liquidados en la Liquidación Oficial que modificó la declaración de renta del año 2013, ni
los consignados en el fallo del recurso. Además, se determine que el representante legal
de la sociedad y la revisora fiscal no están obligados a cancelar la sanción impuesta en
una cuantía de $ 110.048.000, a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que la condena
se hace con base en los mayores valores y la sanción de inexactitud determinados en la
liquidación oficial, cuya nulidad se ha declarado.

Tercera. Subsidiariamente, se declare la nulidad parcial de la Liquidación Oficial, en
cuanto hace relación a la sanción por inexactitud.

Cuarta. Se condene a la entidad demandada al pago de las costas del proceso».

La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:

• Artículos 26, 29, 83 y 95 de la Constitución Política.
• Artículos 3 y 42 del CPACA.
• Artículos 107, 363, 617, 618, 683, 684-1, 742, 743, 744 y 745 del Estatuto
Tributario (ET).

El concepto de la violación se sintetiza así2:

1. Procedencia de costos de ventas. Los costos por pagos por utilidades en cuentas
en participación, comisiones por ventas en el exterior, compra de ganado y servicios
de transporte de ganado y otros son procedentes porque se encuentran amparados
en la contabilidad y soportes de índole interno y externo.

En lo que respecta a pagos por utilidades a partícipes en cuentas por
participación, a pesar de que este contrato de colaboración no estuvo contabilizado
en todas las cuentas de orden conforme a la técnica contable y a las exigencias de la
DIAN, debe reconocerse la realidad sobre la forma y aceptar como costo dichos pagos
porque el negocio jurídico existió, los pagos están contabilizados y debidamente
soportados y respecto de tales pagos se practicaron las respectivas retenciones.
Además, el artículo 776 del ET establece la prevalencia de los comprobantes sobre
los asientos contables.

En todo caso, dicha contabilización se hizo de conformidad con el Concepto DIAN
041483 de 2004, según el cual los ingresos, costos y deducciones deben ser
contabilizados en su totalidad por el socio gestor. Dicho reconocimiento no puede
estar afectado por situaciones ajenas a la responsabilidad de la sociedad, como que
21 de los 26 partícipes solo hubieran registrado actividad económica en el RUT en el
2013 o que las registradas no coincidan con la de cuentas en participación, pues no
existe impedimento legal para que se pueda desarrollar una actividad económica
diferente a la informada en los registros tributarios, menos que algunos socios no
hayan declarado renta por el año 2012, pues el año fiscalizado es el 2013, en el que
todos fueron declarantes.

Frente a los costos por pagos a comisionistas del exterior, no puede ser motivo de
rechazo la ausencia de facturas con los requisitos del ET, dado que los extranjeros no
están sometidos a la legislación colombiana, por lo cual, el documento idóneo es el
expedido por el extranjero beneficiario del pago. Dichos pagos son deducibles en la

2 Folios 5 a 44 c.p.

2
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medida en que son necesarios porque sin la gestión de los comisionistas, la venta de
ganado no podría llevarse a cabo o se vería seriamente comprometida.

Igualmente, es improcedente el rechazo de compras de ganado en pie a personas
no inscritas en el RUT, pues las compras están debidamente soportadas en la
contabilidad y en soportes de índole interno y externo, distintos a la factura, puesto
que en este caso los ganaderos (proveedores) no estaban obligados a facturar, de
conformidad con el artículo 1.6.1.4.2 del DUR 1625 de 2016, al pertenecer al régimen
simplificado. De manera que la factura se ve suplida por el documento equivalente
elaborado por el adquirente, que cumple los requisitos del artículo 3 del Decreto 3050
de 1997. Además, la inscripción en el RUT es una obligación formal de los
proveedores y no responsabilidad de la contribuyente. Y tal circunstancia no está
establecida por la ley tributaria como causal de rechazo de costos. En todo caso, tres
de los cinco proveedores tenían RUT y/o NIT, situación no observada por la
administración.

Finalmente, no hay lugar al rechazo de costos por pagos por la adquisición de
servicios de transporte de ganado y otros servicios a tres proveedores ya que el
incumplimiento de obligaciones fiscales (declarar renta y enviar información) por parte
de uno de ellos, la imposibilidad de ubicar a los proveedores en la dirección del RUT
o que estos no contestaran los requerimientos de información son situaciones que
escapan al cuidado y conocimiento de la sociedad demandante.

2. Improcedencia de la sanción por inexactitud. Debe levantarse la sanción por
inexactitud toda vez que se encuentran probados los costos. En todo caso, lo que
sanciona la ley es la inclusión de costos falsos, inexistentes o desfigurados, que es
diferente al rechazo de costos por errores en la contabilidad o al incumplimiento de
obligaciones tributarias de terceros, caso en el cual no debe imponerse sanción,
máxime cuando todos los costos se encuentran debidamente soportados con el
cumplimiento de los requisitos legales.

3. Deben levantarse las sanciones a revisor fiscal y representante legal. La
sanción al representante legal se aplica por omisión de ingresos gravados, doble
contabilidad e inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas
improcedentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes, lo cual no
sucedió y menos que la revisora fiscal haya conocido de las mismas, porque
simplemente estas nunca ocurrieron.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera3:

1. No proceden los costos de ventas. En cuanto a los pagos de utilidades a socios
ocultos en cuentas en participación, debe mantenerse el rechazo por la falta de
registros y soportes contables que den certeza de la realización de la operación. Sin
perjuicio de lo anterior, es improcedente que la actora se lleve como costo la utilidad
de los socios ocultos, toda vez que, de acuerdo con el PUC, la contabilización de este
tipo de negocios exige que el socio gestor y los partícipes ocultos reflejen
íntegramente las utilidades correspondientes en sus respectivas declaraciones, lo cual
no ocurrió. Además, hubo indicios que ponen en duda los costos declarados, como
falta de experiencia de socios ocultos, algunos no son declarantes de renta por el año
2012, se presentan registros tributarios con actividades económicas distintas a la

3 Folios 126 a 156, c.p.

3
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ganadería y los partícipes declararon «valores de ingresos similares a los montos
supuestamente recibidos por las cuentas en participación, pero a su vez [declararon]
gastos, lo cual contradice lo señalado por la actora, de que ella había solicitado los
costos y que trasladó solo la utilidad».

En lo atinente a comisiones por ventas al exterior, si bien la sociedad presentó
algunas notas de contabilidad y las cuentas 529505 y 233520, no hubo facturas ni
explicación de por qué los pagos se hicieron a países diferentes a los de destino de la
exportación. En esas condiciones, no se acreditaron los requisitos previstos en los
artículos 107 y 121 del ET porque las erogaciones no se soportaron, además de que
no quedaron acreditados los requisitos de necesidad, causalidad y proporcionalidad.
Aunque con la demanda se aportaron pruebas que completaron las exhibidas en sede
administrativa, estas no fueron controvertidas por la administración.

Frente a las compras de ganado en pie debe tenerse en cuenta que es una actividad
comercial. Por tanto, se debe expedir factura con el lleno de requisitos del artículo 617
del ET y los proveedores deben estar inscritos en el RUT. Ante la ausencia de estos
documentos, es improcedente el reconocimiento de costos.

En lo que respecta a los pagos por servicios de transporte de ganado y otros
servicios de tres proveedores se verifica que, aunque la demandante aportó la
contabilidad y soportes externos e internos, las operaciones no pudieron confirmarse
frente a uno de tales proveedores ya que los requerimientos de información enviados
fueron devueltos y tampoco hubo «información exógena» reportada por este
proveedor de servicio, siendo que estaba obligado a presentar esa información.
Adicionalmente, este tercero fue omiso en renta. Todos estos indicios permiten
descartar la realidad de las operaciones.

En relación con los dos proveedores restantes, estos no remitieron la información en
los términos requeridos, ya que no estuvo certificada por revisor fiscal y no se les pudo
ubicar en la dirección registrada en el RUT.

2. Sanción por inexactitud. De acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, se
dan los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud porque se
incluyeron costos y deducciones inexistentes.

3. Sanción a representante legal y revisor fiscal. Deben mantenerse las sanciones
impuestas porque se configuró la inclusión de costos y deducciones inexistentes en el
denuncio rentístico presentado por la demandante, supuesto fáctico que se enmarca
en los hechos sancionables previstos en el artículo 658-1 del ET.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por lo siguiente4:

1. No proceden los costos por pago de utilidades en cuentas en participación.
De acuerdo con el Consejo de Estado, en las cuentas en participación, el socio gestor
es el único dueño del negocio (sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 22805, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto), de manera que es en él en quien recaen todos los
efectos jurídicos y económicos del negocio jurídico desarrollado a través de dicha
figura (sentencia 4 de noviembre de 2021), por lo cual declara todos los ingresos,
costos y deducciones, pudiendo, incluso, declarar como costo, la utilidad pagada a los

4 Samai.

4
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partícipes ocultos (sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 22805, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto). Sin embargo, no se trató, como lo plantea la contribuyente,
de un error en la contabilización de las cuentas en participación sin repercusión en el
costo declarado, pues, precisamente ese equivocado tratamiento contable devino en
que únicamente declarara como costo las utilidades pagadas a los partícipes
omitiendo declarar todos los ingresos del negocio, incluidos los asociados a tales
utilidades.

Además, hubo una serie de indicios que respaldan el desconocimiento de costos,
como los siguientes: (i) el 99% de los contratos no fueron autenticados; (ii) 21 de los
26 socios partícipes apenas iniciaron actividades en el año gravable 2013, en asuntos
diferentes a la ganadería; (iii) todos los partícipes aparecían registrados en la Cámara
de Comercio de Cúcuta; (iv) los partícipes no fueron declarantes por el año gravable
2012; (v) los aportes de los partícipes se realizaron en efectivo, con ausencia de
movimientos en las cuentas corrientes bancarias; (vi) los valores declarados
fiscalmente por los partícipes no concuerdan con los aportes y utilidades cancelados
a ellos en virtud de los contratos de participación.

2. Comisiones por ventas al exterior. La contribuyente no aportó factura ni
documento equivalente para soportar los costos por pago de comisiones por ventas
en el exterior. Las notas de contabilidad que registran la contabilización de las
comisiones en las cuentas 529505 contra 233520 no indican los beneficiarios de los
pagos. Además, los giros se realizaron a países diferentes de la ubicación de los
beneficiarios. Así, las deducciones no estuvieron soportadas en los términos del
artículo 771-2 del ET y, por lo mismo, no se demostró el cumplimiento de los requisitos
de necesidad, causalidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del ET.

3. Rechazo de compras de ganado en pie. Es procedente el rechazo de estos costos
dado que, en su mayoría, los presuntos proveedores no estaban inscritos en el RUT
y quienes lo estaban, registraban actividades económicas diferentes a la ganadería.
Adicionalmente, al ser comerciantes, los proveedores estaban obligados a expedir
factura, pero ningún documento de este tipo fue aportado.

4. Rechazo por pago por servicio de transporte de ganado. Aunque se aportaron
la contabilidad y algunos soportes internos y externos, las operaciones no pudieron
confirmarse directamente con los beneficiarios de los pagos porque fue imposible su
ubicación y estos no estaban inscritos como transportadores internacionales
comunitarios. Si bien ello no es imputable a la contribuyente, constituye un indicio en
su contra, que sumado a los demás hallazgos permiten inferir la inexistencia de la
operación económica. Además, uno de los tres proveedores no fue declarante de
renta ni presentó información exógena, a pesar de las cuantiosas sumas que
supuestamente recibió de la actora.

5. Sanción por inexactitud. De acuerdo con lo expuesto en lo puntos anteriores, se
dan los supuestos para la imposición de la sanción por inexactitud porque se
incluyeron costos y deducciones inexistentes.

6. Se mantienen las sanciones al representante legal y revisor fiscal. Estas
sanciones son procedentes porque se configuran los supuestos contenidos en el
artículo 658-1 del ET dadas las irregularidades sancionables, relativas a la inclusión
de deducciones inexistentes ordenadas y/o aprobadas por el representante legal y el
revisor fiscal porque éste no expresó salvedades al respecto.

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7. Se condena en costas. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en
concordancia con lo dispuesto en el numeral 1 artículo 365 del CGP, se condena en
costas a la parte actora, a favor de la entidad demandada, en la medida que, por
secretaría, se demuestre su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante apeló la sentencia de la siguiente manera5:

1. Proceden los costos. La DIAN y el Tribunal hicieron una indebida valoración
probatoria. En lo que respecta a las cuentas en participación, independientemente
de su errónea contabilización, existe prueba del acuerdo de voluntades, del pago de
utilidades, de su contabilización en cuentas diferentes a las de orden, de los soportes
de las operaciones y las retenciones en la fuente practicadas.

Aunque la DIAN exhibió algunos supuestos indicios, en realidad el rechazo de costos
por pago de utilidades en el mencionado negocio no tuvo como causa el
desconocimiento de la operación sino el errado registro contable, bajo el entendido de
que no se utilizaron las cuentas de orden necesarias y obligatorias para la revelación
del negocio. Lo anterior no debe generar el rechazo de los costos, porque, entre otras
cosas, en desarrollo del principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, la
misma ley tributaria establece la predominancia de los soportes sobre los asientos
contables.

De otra parte, las erogaciones por pagos de comisiones fueron necesarias en la
actividad de exportación de ganado, de forma tal que, sin la participación de esas
personas en el exterior, no se hubieran podido concretar los negocios. Se insiste en
que la falta de factura expedida por el beneficiario del pago no es motivo para rechazar
la deducción, por cuanto no existe norma que obligue a esos extranjeros que realizan
su actividad en el exterior, a expedir factura con el cumplimiento de requisitos en
Colombia. No obstante, estos pagos están demostrados con otros documentos
soporte, que dan cuenta de la realización efectiva de la operación de intermediación
cuya canalización se efectuó a través del sistema cambiario. Por tanto, al respecto se
reiteran los demás argumentos de la demanda que establecen la plena procedencia
de la deducción.

De la misma forma, están demostradas las compras de ganado en pie a través de
comprobantes de egreso debidamente firmados, facturas y los cheques girados, entre
otros documentos equivalentes, aspecto sobre el que se reitera la demanda, pues,
como allí se expuso, el incumplimiento de deberes formales de proveedores – como
su inscripción en el RUT – no es imputable a la contribuyente, ya que el adquirente de
bienes o servicios no tiene por qué conocer esa situación. En este caso, es un
contrasentido que la DIAN rechace los costos por compra de ganado, pero al tiempo
mantenga los ingresos asociados por la posterior venta de éste.

Asimismo, se reitera la procedencia de las demás deducciones rechazadas por la
DIAN, relacionadas con servicios de transporte de ganado dado que estas
erogaciones fueron necesarias y tienen relación de causalidad con la actividad
productora de renta, no siendo procedente su rechazo por el hecho de que no pudieran
ser corroboradas con los proveedores de servicios, pues los documentos soporte que
acreditan su existencia fueron puestos a disposición de la autoridad tributaria, como
se expuso en la demanda.

5 Samai.

6
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2. Sanciones impuestas. La sociedad no ha incurrido en conductas inexactas que la
hagan sujeto pasivo de la sanción por inexactitud. Es así porque los actos
administrativos hacen referencia a que las pruebas como facturas, cheques y
documentos equivalentes no son suficientes para probar las operaciones comerciales,
que es diferente a que los costos y deducciones sean inexistentes.

De otra parte, el Tribunal no efectuó un análisis de la conducta del representante legal
y del revisor fiscal a efectos de mantener la sanción impuesta por la DIAN. Solo
verificó las diferencias entre la sociedad y la demandada y dio por cumplida la
infracción, sin más motivación.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La DIAN se opuso a la apelación de la actora, para lo cual reiteró los argumentos de
la contestación de la demanda y de los actos administrativos6.

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia de primera instancia, pues señaló
que la actora no cumplió con su carga probatoria y en ciertos casos no logró desvirtuar
los indicios revelados por la administración7.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
decide si proceden los costos de ventas rechazados por la DIAN en los actos
administrativos, correspondientes a pagos por utilidades en cuentas en participación,
compras de ganado en pie, comisiones por ventas en el exterior y servicio de
transporte de ganado y otros conceptos, para luego, de ser el caso, analizar la
procedencia de la sanción por inexactitud.

Por el contrario, la Sala se abstiene de pronunciarse sobre las sanciones impuestas
al representante legal y a la revisora fiscal de la sociedad demandante toda vez que
la apelación fue interpuesta únicamente por dicha sociedad. En efecto, en el recurso
de alzada se señaló que en «mi condición de apoderado de la sociedad demandante,
procedo, dentro del término legal, a interponer el RECURSO DE APELACIÓN contra
la Sentencia proferida el 23 de agosto del año 2022». Tal intención también quedó
explícita al momento de radicar el recurso ante el Tribunal, puesto que en el correo de
radicación del recurso se señaló que «en calidad de apoderado de la sociedad
EXPOGANADOS INTERNACIONAL, demandante dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que cursa contra la DIAN bajo el
radicado 68001233300020180068800, dentro del término dispuesto para el efecto,
me permito interponer RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia de primera
instancia». Y aunque en el recurso de apelación se advierte la formulación de cargos
contra las sanciones impuestas al representante legal y a la revisora fiscal, la sociedad
apelante no está legitimada para proponer dichos cargos.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala revoca la sentencia apelada y accede
parcialmente a las pretensiones de la demanda, según el siguiente análisis:

1. Costos de ventas por pagos de utilidades a socios inactivos en cuentas en
participación. La DIAN rechazó como costo, las utilidades pagadas a socios ocultos

6 Índice 13, Samai.
7 Índice 15, Samai.

7
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porque la contribuyente «no dio aplicación a lo estipulado por el Decreto 2650 de 1993,
ni a la Circular Externar de la SuperSociedades y su doctrina en relación con el registro
del contrato de las cuentas en participación y de las utilidades, costos y gastos», en
la medida que «no registró estos conceptos contra cuentas de orden».

De acuerdo con el artículo 507 del CCo, el contrato de cuentas en participación tiene
por objeto que dos o más personas, gestor y partícipe oculto o inactivo, tomen «interés
en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de
ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir
con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida), sin que ello
implique la conformación de una nueva persona jurídica (art. 509 ibidem).

Como según el artículo 507 del CCo, el gestor es quien ejecuta bajo su propio nombre
y crédito personal el objeto de la cuenta en participación y, por ende, es el «único
dueño del negocio en las relaciones externas de la participación» (art. 510 ib.), de
acuerdo con las normas generales impositivas vigentes para el periodo gravable en
discusión8, se aceptó por esta Sección que esta parte del contrato refleje en su
denuncio rentístico la integralidad de la operación económica, pues se señaló que los
ingresos, costos y deducciones provenientes de las cuentas en participación debían
ser contabilizados y declarados en su totalidad por el socio gestor, pudiendo éste,
inclusive, tratar como costo, la utilidad pagada al partícipe oculto9.

De otra parte, las cuentas de orden son los registros contables que se presentan al
margen y a continuación del balance general, esto es, después de totalizar los activos,
pasivos y el patrimonio. En estas cuentas se informan hechos de relevancia
económica que no pueden mostrarse dentro del balance porque a la fecha del cierre
del estado financiero, una vez cuantificados los rubros, estos aún no son de propiedad
de la empresa o no han dejado de serlo o no constituyen aún una obligación a cargo
del ente económico10. Por reflejar hechos o circunstancias que pueden afectar la
estructura financiera del ente económico, dichas cuentas deben constar en los
estados financieros y por ello son un elemento constitutivo de estos11.

La técnica contable (PUC, Decreto 2650 de 1993), exige que los contratos de cuentas
en participación sean registrados en las cuentas de orden 1260, 9135, 94 y 2840,
siguiendo la dinámica allí dispuesta, lo cual es ratificado por la doctrina12. Así, los
aportes del gestor y los partícipes deben ser registrados en la cuenta «1260, cuentas
en participación», con abono a la cuenta de efectivo o la que corresponda, según la
naturaleza del activo aportado. Paralelamente, dichos valores deben integrarse a la
cuenta «9135, cuentas en participación», en la que también se contabilizan el valor de
las obligaciones adquiridas y los ingresos obtenidos en la venta de bienes y servicios
en desarrollo del contrato, con contrapartida en la cuenta «94, responsabilidades
contingentes por contra (DB)». Y ante liquidaciones totales o parciales de la
participación, la técnica contable prevé que las utilidades de los partícipes inactivos
sean contabilizadas como un pasivo en la cuenta «2840, cuentas en participación»,

8 El artículo 20 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 18 del ET, previó los efectos tributarios de los

contratos de colaboración empresarial, como el de cuentas en participación.
9 Ver entre otras, las sentencias 27 de agosto de 2020, exp. 22805, C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto; del 4 de

noviembre de 2021, exp. 24444, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 4 de agosto de 2022, exp. 25560, C.P.
Milton Chaves García.
10 Sentencias del 24 de julio de 2003, exp. 13269, C.P. Ligia López Díaz y del 18 de octubre de 2006, exp. 15155,

C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
11 De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2649 de 1993, vigente para la época de los hechos, son elementos de

los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la corrección
monetaria y las cuentas de orden.
12 Circular Externa 115-006 de 2009, de la Superintendencia de Sociedades.

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los cuales se pagan con traslados de la cuenta 9135, en tanto que el gestor «registrará
la parte que le corresponda de las utilidades en la cuenta de ingresos respectiva».

Siguiendo esta lógica, en la sentencia del 4 de noviembre de 202113 esta Sección
señaló que, según la Circular Externa nro. 115-006, del 23 de diciembre de 2009, de
la Superintendencia de Sociedades, para determinar los resultados del negocio, el
gestor debe saldar las cuentas de orden afectadas y distribuir la utilidad entre los
partícipes, afectando las cuentas del ingreso (para las utilidades propias) y las del
pasivo (respecto de las utilidades de los demás partícipes). En esa medida, el partícipe
gestor solo afecta las cuentas de resultado al realizar liquidaciones totales o parciales
del contrato. Si embargo, en el referido fallo, la Sección también señaló que la no
contabilización de las cuentas en participación en cuentas de orden no es óbice para
reconocerle los efectos tributarios a este negocio jurídico cuando su realidad quede
acreditada por otros medios contables y documentales. En dicha oportunidad se
señaló que14:

«(…) aunque la demandante no contabilizó las operaciones derivadas del acuerdo
en cuentas de orden —como ordenaba la técnica contable vigente para la época
de los hechos—, sus estados financieros, los auxiliares de cuentas contables que
aportó, las actas de liquidación de cuentas, la contabilidad del partícipe oculto y el
certificado del revisor fiscal de este dan cuenta de que la erogación en disputa
correspondió efectivamente a la utilidad de su contraparte contractual en el
acuerdo de colaboración empresarial ejecutado durante el año objeto de revisión.
Por consiguiente, a la luz del material probatorio obrante en el expediente,
encuentra la Sala que la demandante sí demostró que la expensa correspondía a
la remuneración del participe oculto en un contrato de cuentas en participación, por
lo que procede su deducción. En definitiva, la Sala avala la deducción en disputa
y prospera el cargo de apelación».

Siguiendo esta misma línea y, a fin de establecer la procedencia de la deducción por
pago de utilidades a favor del partícipe inactivo en cuentas en participación, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:

Según contratos aportados, en el año 2013, Expoganados Internacional SAS, en
calidad de socio gestor, suscribió contrato de cuentas en participación con 26
partícipes, para llevar a cabo «la exportación de carne en canal a la República
Bolivariana de Venezuela, con la participación, promoción y obtención de recursos
financieros propios de las dos partes u originados mediante mecanismos de ingeniería
financiera, usuales en el ámbito bancario nacional e internacional, así como el aporte
de la experiencia, know how y acompañamiento del partícipe». Los acuerdos señalan
que «siempre que el flujo de caja lo permita, periódicamente las partes podrán hacer
liquidaciones parciales de las utilidades de las cuentas en participación. Igualmente,
al terminar el contrato, deberá hacerse la liquidación definitiva del negocio y proceder
al reparto en dinero de las utilidades comunes». Asimismo, se pactó como porcentaje
de utilidad y/o pérdida, el 50% para el gestor y el otro 50% para el partícipe15.

De la contabilidad se advierte que por cada aporte que realizaron los partícipes,
Expoganados elaboró comprobante de ingresos y los contabilizó al «debe» en la
cuenta 110505, caja general, no en la cuenta 1260, cuentas en participación, como
dictaba la técnica contable. Al tiempo, elaboró contrapartida de estos aportes al
«haber» en la cuenta 284010, aportes cuentas en participación y tras la liquidación del

13 Exp. 24444, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14 Ibídem.
15 Folios 683 a 969, c.a.

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contrato, de la que existe prueba, los registros se hicieron al «debe» en la cuenta
284005, cuentas en participación con contrapartida en el «haber» de la cuenta
110505, caja general , según comprobantes de egreso y asientos contables16.

Las operaciones económicas objeto del contrato de cuentas en participación quedaron
identificadas en el requerimiento especial y están amparadas en facturas de venta de
ganado a clientes de Venezuela, operaciones de venta no cuestionadas por la
administración17.

De igual manera, del balance detallado por cuenta se advierte que los ingresos por
estas ventas fueron contabilizados por Expoganados en la cuenta 41351801, ventas
de ganado en pie al exterior, esto es, como ingresos propios18. Sobre este punto, en
el informe final de la investigación que antecedió al requerimiento especial se señaló
que «de las verificaciones no se presentan inconsistencias entre los ingresos
contables y los fiscales»19, por lo cual, como se anticipó, la fiscalización no recayó
sobre los ingresos declarados. Asimismo, se constata de esta prueba que las
utilidades pagadas a los partícipes se registraron en la cuenta 61351815, utilidad socio
partícipe contrato cuentas en participación, es decir, como costo de venta.

Sobre los pagos de utilidades a partícipes, la actora practicó retenciones según
certificaciones aportadas, hecho finalmente reconocido en el acto que decidió el
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, pues en el acto
liquidatorio y en el requerimiento especial se había indicado la omisión de retenciones.

En la liquidación oficial de revisión se señaló que «estas utilidades no pueden afectar
los costos del socio gestor, ya que su registro se debe llevar en cuentas de orden y
trasladar únicamente las utilidades a la cuenta 41, sin afectar en ningún momento los
costos y gastos del socio gestor»20.

Sin embargo, a pesar de que la sociedad demandante no registró el contrato de
cuentas en participación en las cuentas de orden 1260, 9135 con contrapartida en la
cuenta 94, ello no es razón para desconocer la deducción en disputa, dado que este
negocio jurídico, que se contabilizó y declaró como propio, fue reflejado
fidedignamente en los estados financieros de la sociedad, en los auxiliares de cuentas
contables aportadas y en las cuentas de balance. Su existencia, además, quedó
evidenciada en facturas y comprobantes de ingreso y de egreso y en los distintos
asientos contables descritos con anterioridad, entre estos, los de caja, que son
indicativos de las entradas de dinero al ente económico por concepto de aportes de
partícipes, lo cual en ningún momento fue cuestionado por la DIAN.

Así, contrario a lo sostenido por la DIAN, a partir de lo contabilizado por la actora sí es
posible seguir la «trazabilidad» de las cuentas en participación, desde su suscripción
hasta su liquidación, según quedó explicado en precedencia.

De otra parte, la Sala advierte que, luego de negada la deducción por pago de
utilidades a partícipes, la DIAN expuso que «llama la atención» que, según el RUT,
21 de los 26 partícipes solo hubieren iniciado actividades en el año 2013, que todos
ellos registraron actividades distintas a la de cuentas en participación y que 18 de ellos
no hayan declarado renta en el año 2012. En relación con lo declarado por estos

16 Folios 683 a 969 y 1559 a 1782 c.a.
17 Folios 120 a 233 y 1471 c.a.
18 Folios 97 reverso y 98, c.a.
19 Folio 1448, c.a.
20 Folios 61 y 61 reverso, c.p.

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socios en el año 2013, la DIAN señaló que si bien los «ingresos brutos declarados en
algunos casos es igual al liquidado [por cuentas en participación] (…) solicitan gastos
relacionados con dicho concepto, situación que contradice lo indicado por la sociedad
investigada, quien aportó documentos contables mediante los cuales indica que lo
entregado a partícipes es el producto de la utilidad». Es decir, la DIAN sugiere que los
partícipes no podían declarar costos asociados a las utilidades porque fue la sociedad
demandante, en calidad de gestora, quien asumió todos los costos y gastos en el
contrato de cuentas en participación. No obstante, tal aseveración desconoce que el
aporte del partícipe naturalmente es un costo para éste en tanto que se trata de la
inversión, de ahí que deba imputarlo a los ingresos obtenidos con ocasión del contrato
y, en todo caso, ante cualquier inconsistencia en las declaraciones tributarias de los
partícipes, la DIAN tenía la facultad de fiscalización de tales declaraciones.

En lo que respecta a que varios de los partícipes no fueron declarantes en el año 2012,
en criterio de la Sala, tal hecho no es indicio que conduzca al desconocimiento de la
deducción, máxime cuando la fiscalización corresponde al 2013, periodo en el que
todos los partícipes declararon renta, reflejando la totalidad de los ingresos, como
expresamente se reconoce en los actos. Tampoco es indicio en contra de la realidad
de la operación, el hecho de que los partícipes hayan consignado en el RUT,
actividades económicas diferentes a las de cuentas en participación o actividades
ganaderas, pues, como lo ha señalado la Sección «el objeto social y la actividad
económica registrada son datos indicativos que por sí solos no llevan a confirmar ni a
negar la realización del hecho generador»21, por lo que es «la realidad de los negocios
del contribuyente la que debe primar» a la hora de establecer las situaciones sujetas
al tributo22.

En ese orden de ideas, la Sala avala la procedencia del costo en discusión, cuyo
monto asciende a $9.767.846.000, por lo que en ese aspecto prospera el cargo de
apelación.

2. Costos por comisiones por venta al exterior. Según la actora, estos costos, que
en realidad son deducciones, corresponden a pagos a comisionistas por gestiones
para la venta de ganado en Venezuela, deducibles a la luz del artículo 121 del ET.
También alega que los pagos por comisiones están demostrados con documentos
soporte que dan cuenta de la realización efectiva de la operación de intermediación
cuya canalización se efectuó a través del sistema cambiario.

Al decidir el recurso de reconsideración, finalmente la DIAN justificó el
desconocimiento de los costos únicamente en la ausencia de factura o documento
equivalente con los requisitos de los artículos 616, 617 y 771-2 del ET, sin que haya
puesto en duda el cumplimiento de cualquier otro requisito de procedencia de la
erogación.

De acuerdo con el artículo 121 del ET, se «podrán deducir los gastos efectuados en
el exterior, que tengan relación de causalidad con rentas de fuente dentro del país,
siempre y cuando se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado constituye
para su beneficiario renta gravable en Colombia».

En relación con esta disposición, la Corte Constitucional señaló que la compra o venta
de bienes y servicios en el mercado internacional es compleja y exige el dominio de
ciertas materias, como listas de proveedores o clientes, calidad, cantidad y precios de

21 Sentencia del 2 de diciembre de 2021, exp. 23424, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22 Sentencia del 23 de septiembre de 2021, exp. 2

4504, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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bienes, investigación de mercado y determinación de las condiciones de oferta y
demanda, haciendo necesario acudir a comisionistas expertos en el conocimiento
detallado de estas condiciones, quienes con su concurso no solo facilitan estas
transacciones sino que también contribuyen a la consecución de mejores precios
(sentencia C-153 de 2003).

Ahora bien, en general, la procedencia de costos y deducciones está atada a la
existencia de facturas o documentos equivalentes con el cumplimiento de los
requisitos previstos en los artículos 617 y 618 del ET. De acuerdo con el numeral 2
del artículo 5 del Decreto 3050 de 1997, son documentos equivalentes a la factura
«los contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en el país».

En el caso en estudio, se advierte la existencia de contratos de comisión o corretaje
suscritos con las sociedades Sand Creek Investments INC (Panamá), Internacional
Agribusiness Trading LTD (Curazao), Danerol S.A. (Uruguay) y con los ciudadanos
venezolanos Waldo Rujano Mora y Luis Eduardo Herrera, con el objeto de facilitar la
venta de ganado vacuno en pie, carne en canal o en cortes en Venezuela, pactándose
una comisión de entre el 5% y el 8.5% del total de lo facturado de conformidad con el
valor total de las respectivas declaraciones de exportación (DEX).

Igualmente, figuran en el expediente facturas y cuentas de cobro expedidas por los
comisionistas a Expoganados, en la que se identifica la factura de venta de ganado
objeto de comisión y el valor de la comisión23.

Asimismo, se aprecia que, a pesar de la existencia de las facturas o cuentas de cobro
expedidas por los comisionistas, por cada uno de estos documentos la actora elaboró
la correspondiente nota de contabilidad, comisiones que fueron registradas en la
cuenta contable 529505 contra la cuenta 233520, de acuerdo con el balance detallado
por cuentas.

Del mismo modo, figuran en el expediente las autorizaciones formuladas por la actora
a Bancolombia – Comercio Exterior para que se efectúe, desde su cuenta corriente,
el correspondiente «giro [en dólares] por pago de comisiones en intermediación por
venta de exportación de ganado bovino enviado a Venezuela» a los comisionistas en
el exterior identificados en dichas autorizaciones. La transferencia de estas
comisiones está acreditada en las respectivas «declaraciones de cambio por servicio,
transferencia y otros conceptos»; es decir canalizada a través del sistema cambiario.

El pago de comisiones a los intermediarios se encuentra certificado por el revisor fiscal
de la actora. Este documento da cuenta del valor girado, dejándose constancia que
éste fue tomado «fielmente de los libros de contabilidad de Expoganados internacional
SAS, de los documentos legales, soportes internos y las operaciones realizadas de
giros al exterior».

Por último, en el expediente figuran certificaciones expedidas por las sociedades
foráneas y por los extranjeros comisionistas que también dan cuenta de la realización
de las anteriores operaciones.

Siendo que existe documento soporte de las comisiones pagadas al exterior conforme
a las exigencias de los artículos 617 y 618 del ET y 5 del Decreto 3050 de 1997 y que
dicho pago se encuentra respaldado, tanto a nivel contable como a través del sistema
cambiario, la Sala dará prosperidad a la apelación formulada por actora. En

23 Estos documentos pueden verse en los cuadernos de antecedentes administrativos 2, 3. 8, 9 y 10.

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consecuencia, reconoce la procedencia de los costos por pago de comisiones, cuya
cuantía asciende a $5.054.294.928.

3. Rechazo de compras de ganado en pie por ausencia de RUT. Esencialmente la
DIAN desconoció estos costos porque no existen facturas y porque no se demostró la
inscripción en el RUT de los proveedores. Por su parte, la actora alegó que como los
proveedores pertenecían al régimen simplificado, no estaban obligados a expedir
factura o documento equivalente, de conformidad con el literal c) del artículo 177-2 del
ET, por lo que debía aceptarse el documento elaborado por la contribuyente. Que,
además, la inscripción en el RUT de tres de los cinco proveedores rechazados quedó
establecida en la misma liquidación oficial de revisión y, que, de todas maneras, en el
Concepto 029845 de 2006 la DIAN precisó que la falta de inscripción en el RUT no
traía aparejaba el desconocimiento de costos «en razón a que esta circunstancia no
está contemplada en el artículo 771-2 del ET».

El artículo 771-2 del ET, condiciona la procedencia de costos, deducciones e
impuestos descontables a que la operación respectiva encuentre respaldo en una
factura expedida «con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales
b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del estatuto tributario», que aluden a
identificar en dicho documento los apellidos y nombre o razón social y NIT del
vendedor y del adquirente de los bienes, junto con la discriminación del IVA pagado,
llevar un número que corresponda a la numeración consecutiva, fecha de su
expedición, descripción especifica o general sobre los artículos vendidos o los
servicios prestados y el valor total de la operación.

Dicha norma también dispone que tratándose de documentos equivalentes se
deberán cumplir los requisitos contenidos en los referidos literales b), d), e) y g) del
artículo 617 del ET, al tiempo que establece que cuando no exista la obligación de
expedir factura o documento equivalente, el soporte que pruebe la respectiva
transacción deberá cumplir los requisitos mínimos que fije el Gobierno Nacional, esto
es, los establecidos en el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997 que, en esencia, alude
a la necesidad de que se consignen en el documento los apellidos y nombre o razón
social y NIT de la persona o entidad beneficiaria del pago o abono, la fecha de la
transacción, el concepto, el valor de la operación y la discriminación del IVA generado,
para el caso del impuesto sobre las ventas descontable.

Frente al deber de facturar, el artículo 615 del ET dispone que «todas las personas o
entidades que tengan la calidad de comerciantes … deberán expedir factura o
documento equivalente» por «cada una de las operaciones que realicen». En el mismo
sentido lo establece el artículo 616-1 ibidem (vigente para la época de los hechos24)
que señala que la factura de venta se expide «en las operaciones que se realicen con
comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a
consumidores finales».
Por su parte, el artículo 616-2 del ET y su reglamentario, el artículo 2 del Decreto 1001
de 1997 (codificado con algunas modificaciones en el artículo 1.6.1.4.2. del DUR 1625
de 2016) puntualizan los casos en los cuales no se requiere la expedición de factura,
relevando de esa obligación a «los responsables del régimen simplificado».

Por otro lado, de acuerdo con el literal c) el artículo 177-2 ibidem, no son aceptados
como costo o gasto, entre otros, los pagos efectuados a personas naturales no
inscritas en el régimen común, cuando no se demuestre la inscripción del respectivo
vendedor o prestador de servicio en el régimen simplificado, exceptuando de esa

24 Toda referencia normativa que se haga atiende al tenor vigente para la época de los hechos discutidos.

13
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obligación, las operaciones gravadas realizadas con «ganaderos (…) pertenecientes
al régimen simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el
documento equivalente a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437
del Estatuto Tributario».

Ahora bien, en realidad la DIAN no discute que los proveedores de ganado pertenecen
al régimen simplificado. Niega el costo porque «la venta de animales vivos
corresponde a una actividad comercial [sujeta al IVA al tenor del artículo 477 del ET]
lo que genera la obligación de expedir factura conforme a lo señalado en el artículo
615 del ET y por ende la obligación de estar inscrito en el RUT».

No obstante, como acaba de verse, en las operaciones gravadas realizadas con
ganaderos pertenecientes al régimen simplificado, el documento soporte de costos
podrá ser el elaborado por el comprador de los bienes. Además, la falta de
demostración de la inscripción en el régimen simplificado no es causal legal para el
rechazo del costo.

En cuanto a la falta de demostración de la inscripción de los proveedores en el RUT,
la Sala parte de precisar que la misma DIAN en el Concepto 42364 de 2004, invocado
por la actora, señaló «mientras no se reglamente la obligación para los responsables
del régimen simplificado de demostrar ante terceros su inscripción en el RUT, son
procedentes los costos, deducciones e impuestos descontables por operaciones
realizadas con terceros, su el contribuyente que realiza el pago presenta el documento
que le exige el reglamento según el caso, con el lleno de los requisitos legales».

En relación con lo anterior, la Sala precisa que el artículo 506 del ET estableció que
los responsables del régimen simplificado deberán inscribirse en el RUT, que, de
acuerdo con el artículo 555-2 ibidem, es el «mecanismo único para identificar» a
contribuyentes, responsables del régimen común y pertenecientes al régimen
simplificado. Sin embargo, el parágrafo del referido artículo 506 del ET, incorporado
por el artículo 15 de la Ley 863 de 2003, señaló que «estas obligaciones [las del
artículo 506] operarán a partir de la fecha que establezca el reglamento a que se
refiere el artículo 555-2» (reglamentación del RUT), lo cual solo ocurrió con el Decreto
2460 de 2013, publicado el 7 de noviembre de ese mismo año, fecha para cual ya
habían tenido lugar las operaciones económicas con los proveedores rechazados.

Asimismo, se verifica la elaboración del documento soporte por parte de Expoganados
conforme al artículo 3 del Decreto 3050 de 1997, por lo cual la Sala reconoce la
procedencia de estos costos25. En consecuencia, no son válidas las razones de la
DIAN para desconocer los costos de venta por compras a proveedores por
$114.877.900.

4. Costos de venta por pago de servicios transporte de ganado. La DIAN
desconoció estos costos tras desvirtuar la realidad de las operaciones celebradas con
tres proveedores de servicios a través de distintos indicios. Tales proveedores fueron
la sociedad Asistransport SAS y las Cooperativas Comercializadora Agrícola de
Bucaramanga y Multiactiva de Colombia.

Pues bien, el artículo 772 del ET establece que la contabilidad constituye prueba a
favor del contribuyente «siempre que se lleve en debida forma», esto es, cuando
cumple los requisitos previstos en los artículos 773 y 774 del ET, entre estos, el
«mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras» (art. 773 num. 1); (ii)

25
Folios 2388 reverso, c.a 12 y 111, 119 y 126 c.a 1.
14
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«reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural» (art. 774 num 3)
y (iii) «no haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no
estén prohibidos por la ley» (art. 774 num. 4).

Toda vez que la contabilidad revela la esencia o realidad económica de los hechos
económicos que ejecuta el contribuyente, la prueba contable es, por excelencia, la
principal prueba en materia tributaria, pero no la única, toda vez que ésta puede ser
desvirtuada total o parcialmente por la administración tributaria, a través de otros
medios probatorios recopilados en ejercicio de las «amplias facultades de fiscalización
e investigación» a que hace referencia el artículo 684 del ET. De modo que ciertos
hechos económicos de la contabilidad de los que se nutren las declaraciones
tributarias pueden ser reconfigurados, una vez establecida su verdadera esencia y
realidad, a través de los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o
procesales, en cuanto estos sean compatibles con aquellos (art. 742 del ET), sin que
ello implique, como se anotó, desconocer globalmente la contabilidad26.

Una vez reconfigurados los hechos económicos declarados por parte de la
administración tributaria que dan lugar a una nueva determinación tributaria,
corresponde, en consecuencia, al contribuyente desvirtuar las glosas impuestas, para
lo cual puede recurrir a los distintos medios de prueba a que se hizo referencia,
siempre que estos cumplan los postulados del artículo 743 del ET, que al efecto
dispone que «la idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, de
las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes
tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras,
de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de
convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana
crítica»27.

Por ello, aunque la procedencia de costos está supeditada a que estos se soporten
en facturas o documentos equivalentes con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los artículos 617 y 618 del ET (art. 771-2 del ET), la eficacia probatoria
de tales documentos, así como la contabilidad, no es absoluta, comoquiera que, como
se anticipó, la administración puede desvirtuar la operación económica que estas
pruebas entrañan, a través de otros medios de prueba previstos en la ley, por lo
regular, los indicios, que resultan útiles e idóneos a la administración en los casos en
que tales operaciones sean simuladas o inexistentes, dado que, si la operación
económica es inexistente, por obvias razones no existirá evidencia directa que
demuestre su irrealidad28, razón por la cual la demostración de ese hecho deba
someterse a la regla general de libertad probatoria consagrada en el artículo 165 del
Código General del Proceso (CGP) y, en consecuencia, la eficacia de los medios de
convicción aportados para ese fin dependerá «de su mayor o menor conexión con el
hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de
acuerdo con las reglas de la sana crítica» (artículo 743 del ET).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que los actos
administrativos proferidos por la administración en ejercicio de las facultades de que
trata el artículo 684 del ET, cuya motivación fáctica está fundamentada en la existencia
de indicios así construidos, en principio, no tendrían por qué estar viciados de nulidad
considerando el medio de prueba empleado para llegar a las conclusiones que

26 Sentencias del 30 de junio de 2022, exp. 25997 y del 29 de junio de 2023, exp. 26683 C.P. Milton Chaves García.
27 Ibídem.
28 Sentencias del 5 de agosto de 2021, exp. 22478, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 29 de junio de 2023,

exp. 26683 C.P. Milton Chaves García.

15
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formula29. En tal evento, atendiendo al principio general de la carga de la prueba
contenido en el artículo 167 del CGP, corresponde al sujeto pasivo demostrar los
aspectos negativos de la base imponible (costos, gastos, impuestos descontables),
pues es quien los invoca a su favor30, con la exhibición, desde luego, de nuevas
pruebas que respalden la realidad de la operación económica o través de la
demostración de que la calificación de los hechos realizada por la
administración es equivocada o contraria a la realidad31.

En aplicación de la anterior línea jurisprudencial, la Sala pasa a verificar si en el caso
en estudio se encuentran debidamente acreditadas las operaciones cuya existencia
se debate.

En relación con la sociedad Asistransport SAS, se advierte que la DIAN no pudo
corroborar con este proveedor de servicios la realidad de la operación, puesto que, a
pesar de que distintos requerimientos de información fueron enviados a la dirección
registrada en el RUT estos fueron devueltos y la sociedad no pudo ser ubicada por
ningún otro medio32, situación explícitamente reconocida por la sociedad
demandante, pues en el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación
oficial de revisión, sostuvo que «es consciente de que la administración de impuestos
realizó las gestiones necesarias para ubicación del contribuyente, pero estas mismas
gestiones las hicimos nosotros, sin obtener resultados positivos»33, lo cual, en criterio
de la Sala, no resulta verosímil, pues no es comprensible que la sociedad celebre
operaciones económicas de la magnitud discutida (por $3.527.717.180), sin siquiera
tener rastro de la otra parte de la relación jurídica, cuando, en la práctica comercial, la
confianza y el conocimiento de la otra parte es factor clave para llevar a término los
negocios y el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Además, una sociedad que recibe ingresos de un solo cliente por la cuantía anotada,
cuando menos tiene un domicilio físico y una infraestructura necesaria para prestar
los servicios ofrecidos: el de transporte de ganado, lo cual no pudo ser corroborado
por la DIAN, como tampoco por la actora.

De igual manera, se advierte que este tercero no presentó información exógena
estando obligada a ello. Y no declaró renta por el año 2013, a pesar de que
aparentemente en ese año recibió ingresos de Expoganados por $3.527.717.180, por
los supuestos servicios de trasporte de ganado.

Si bien, como lo señala la demandante, ella no es responsable por el cumplimiento de
obligaciones formales y sustanciales de terceros, estos hechos sí constituyen indicios
que, valorados juntamente con otros, llevan a confirmar el rechazo de las operaciones
económicas declaradas.

En este caso, la sociedad demandante insiste en la existencia de facturas y en su
contabilidad para reclamar los costos, pero, habiéndose demeritado tales pruebas,
dicha sociedad tenía la obligación de exhibir nuevas pruebas que desvirtuaran tales
indicios o demostrar la errada calificación de los hechos realizada por la DIAN, lo cual
no sucedió. En consecuencia, se mantiene el rechazo de costos efectuado por la DIAN
frente a este proveedor por $3.527.717.180.

29 Cfr. exp. 24827.
30 Sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 21852, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 29 de junio de 2023,

exp. 26683 C.P. Milton Chaves García.
31 Cfr. exp. 24827.
32 Folios1117 y 1131 c.a.
33 Folio 2495 reverso, c.a.

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Fallo

En lo que respecta a la Cooperativa Comercializadora Agrícola de Bucaramanga,
se advierte el rechazo de los costos por servicios prestados ($7.841.250.000), debido
a que, si bien este ente dio respuesta al requerimiento de información, tan solo remitió
una relación de facturas sin los respectivos soportes y no allegó la certificación de
revisor fiscal o contador solicitada. Además, no se pudo ubicar a la cooperativa en la
dirección informada en el RUT en visita realizada el 30 de junio de 2016.

En el requerimiento de información de 27 de enero de 2016 a que hace referencia la
DIAN, se solicitó lo siguiente34:

“De conformidad con las facultades previstas en el art. 8 y 9 del Decreto 2245 de 2011 y
el numeral 5 y parágrafo del artículo 6 de la Resolución 9 de 2008 de la DIAN, de manera
atenta solicito se sirva expedir certificación firmada por revisor fiscal o contador público
según el caso, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional y certificación de
antecedentes, sobre las transacciones comerciales realizadas durante el año 2013 con la
sociedad EXPOGANADOS NTERNACIONAL SAS NIT. 900.387.802-6, especificando los
siguientes datos:

• Número de la factura de venta, concepto de la transacción, cantidad, fecha y valor.
• Valor total de la transacción.
• Forma de pago: en el caso de consignación o cheque favor indicar el número, banco
y la cuenta utilizada.”

La cooperativa dio respuesta al anterior requerimiento relacionando la precisa
información solicitada, sin anexar soportes, puesto que no fueron solicitados. Sin
embargo, la información no fue remitida mediante certificación de revisor fiscal o
contador público, como lo había solicitado la autoridad tributaria, sino que fue firmada
por el liquidador de la cooperativa en calidad de representante legal35.

En esta respuesta, pueden identificarse los cheques con los cuales se pagaron los
servicios prestados por la cooperativa a la demandante, información también enviada
por Expoganados identificando cada uno de los cheques girados a la Cooperativa
Comercializadora de Bucaramanga, los cuales fueron verificados por la DIAN con
Bancolombia36, sin hallar inconsistencia, razón por la cual no se advierte en la
liquidación oficial de revisión la formulación de reparo alguno en ese sentido. Es decir,
la DIAN no pone en duda la existencia del pago a través del sistema bancario de los
servicios prestados por la cooperativa en mención, siendo éste, entonces, un hecho
debidamente probado.

Aunque, de forma general, la DIAN señaló que los tres proveedores rechazados no
declararon renta por el año gravable 2013, esta cooperativa sí lo hizo, declarando
ingresos brutos operacionales por $28.587.184.00037 y en la consulta realizada por la
demandada en el sistema MUISCA, se advierte el reporte de realización de
operaciones económicas de esta cooperativa con terceros por valores aproximados a
los declarados38.

De igual manera, en la fiscalización, la DIAN pudo corroborar la existencia de facturas
de venta relacionadas por la Cooperativa Comercializadora Agrícola de Bucaramanga

34 Folio 1149 c.a.
35 Folios 1152 a 1154 c.a.
36 Folios 1360 y 1361, 1508 a 1511 c.a.
37 Folio 1155 c.a.
38 Folios 1180 y 1181 c.a.

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Fallo

en la respuesta al requerimiento de información y su debida contabilización, lo cual no
fue objeto de reparo.

Además, el revisor fiscal de la sociedad demandante certificó las operaciones
económicas celebradas con la cooperativa, en los siguientes términos39:

«Revisados los libros de contabilidad se certifica que por la vigencia fiscal 2013, se
realizaron operaciones con la COOPERATIVA COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA DE
BUCARAMANGA, identificada con Nit 900.267.386-9, por concepto de servicio de
transporte de ganado bovino en pie, la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Mcte. ($7
481.250.000) y suministro de alimento por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS Mcte. ($288.900.000).

La anterior información fue tomada fielmente de los libros de contabilidad de
EXPOGANADOS INTERNACIONAL SAS, de los documentos legales, soportes internos
(…)».

Por último, se advierte que, por acta nro. 21 de 8 de enero de 2015, la asamblea
extraordinaria de asociados dispuso la aprobación de la cuenta final de liquidación de
la cooperativa, la cual fue inscrita en el registro mercantil, el 2 de febrero del mismo
año40.

De acuerdo con el anterior recuento fáctico y probatorio, la Sala estima procedente el
reconocimiento de costos por pago de servicios de transporte ganado a la Cooperativa
Comercializadora Agrícola de Bucaramanga, pues la falta de ubicación en el domicilio
informado en el RUT no es razón suficiente rechazar los costos, máxime si se tiene
en cuenta que, para cuando la DIAN realizó la verificación in situ (30 de junio de 2016),
la cooperativa ya no existía, dado que había sido liquidada desde el 2 de febrero de
2015, según acaba de verse. Tampoco puede serlo por el hecho de que la información
remitida no haya sido certificada por el revisor fiscal o contador de la cooperativa, pues
es entendible que, al haber sido liquidada, dicha entidad ya no disponía de revisor
fiscal ni contador y, en todo caso, la veracidad de la información relacionada en la
respuesta ofrecida pudo ser verificada por la DIAN.

Así, no son suficientes los dos indicios tomados por la DIAN para el rechazo de las
operaciones económicas celebradas por la actora con Cooperativa Comercializadora
Agrícola de Bucaramanga. En consecuencia, se reconocen los costos no aceptados
por la DIAN, los cuales ascienden a $7.841.250.000.

Finalmente, en relación con la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de
Colombia se constata que la DIAN rechazó los costos porque la información remitida
por este ente en respuesta al requerimiento de información no estuvo certificada por
revisor fiscal o contador de la cooperativa, sino por el representante legal, calidad que,
en todo caso, no se acreditó mediante documento idóneo. Además, la DIAN adujo que
no fue posible la ubicación de este tercero.

Sobre el particular, se advierte que, en requerimiento de información de 27 de enero
de 2016, la DIAN solicitó a la anterior cooperativa idéntica información que la pedida
a la Cooperativa Comercializadora Agrícola de Bucaramanga41.

39 Folio 1831 c.a.
40 Folio 1184 c.a.
41 Folio 1192 c.a.

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Fallo

El 5 de mayo de 2016, la cooperativa dio respuesta a dicho requerimiento, a través
del representante legal, relacionando concepto, factura, fecha de la operación y valor,
pero no identificó la forma de pago, es decir, la información no estuvo certificada por
el revisor fiscal o contador de la cooperativa. No se adjuntaron soportes porque no
fueron solicitados. El valor total de lo informado asciende a $1.245.670.280, que
coincide con el solicitado como costo por la actora42.

No obstante, las anteriores operaciones también estuvieron demostradas mediante
certificación de septiembre de 2016, rendida por el contador de la cooperativa en
mención, oportunidad en la cual adjuntó fotocopia de la tarjeta profesional y
certificación de antecedentes, expedida por la Junta Central de Contadores, en la que
se refiere que este profesional «no registra antecedentes disciplinarios». En la
certificación, el contador solicita a la DIAN «tener en cuenta que la cooperativa cambió
de representación legal y domicilio por lo tanto no se encuentra en el domicilio que
tenía registrado en el RUT». Por tanto, aportó el certificado de existencia y
representación legal y el RUT actualizados, en los que se verifica el cambio de
domicilio43.

En expediente administrativo figura igualmente certificación del revisor fiscal de la
sociedad demandante que da cuenta de lo siguiente44:

«Revisados los libros de contabilidad se certifica que por la vigencia fiscal 2013, se
realizaron operaciones con la COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIALIZADORA
DE COLOMBIA, identificada con Nit 900.519.109-8, por los siguientes conceptos:

• Servicio de transporte de ganado bovino en pie, la suma de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS Mcte. ($491.800.000)

• Servicio de clasificación y pesada de ganado la suma de CIENTO TREINTA Y
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS Mcte. ($133.442.400).

• Suministro de alimento la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS Mcte.
($620.427.880)».

La anterior información fue tomada fielmente de los libros de contabilidad de
EXPOGANADOS INTERNACIONAL SAS, de los documentos legales, soportes internos
y las operaciones realizadas de giros al exterior.

Se constata, de igual forma, que la cooperativa en cuestión declaró renta por el año
gravable 2013, denunciando ingresos brutos por $23.364.013.00045.

Así pues, en criterio de la Sala, los dos indicios tomados por la DIAN para desconocer
las compras no son suficientes, pues, aunque inicialmente la respuesta al
requerimiento ordinario de información no fue remitida por el revisor fiscal o contador
de la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de Colombia, como fue requerido por
la DIAN, posteriormente esta misma información fue certificada por el contador de la
cooperativa. Y el hecho de que la DIAN no haya podido ubicar a esta cooperativa se
debe a que había cambiado recientemente de domicilio. En consecuencia, se
reconocen los costos no aceptados por la DIAN, por $1.245.670.280.

42 Folios 163 y 164 c.a.
43 Folios 1833 a 1841 c.a.
44 Folio 1893 c.a.
45 Folio 192 c.a.

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Demandante: Expoganados Internacional SAS
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5. Sanción por inexactitud. Frente a la glosa que se mantiene, de acuerdo con el
artículo 647 del ET, constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias,
entre otros hechos, la inclusión de deducciones inexistentes que deriven en un menor
impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.

En este caso se da el supuesto sancionado por la norma, pues, en relación con la
sociedad Asistransport SAS, quedó establecida la irrealidad de las operaciones
(inexistencia de costos), hecho que la actora no pudo desvirtuar, de modo que no
prospera el cargo de apelación.

En suma, de acuerdo con las determinaciones adoptadas en precedencia, la Sala
revoca la sentencia apelada para declarar la nulidad parcial de los actos demandados
y a título de restablecimiento del derecho, practica la siguiente liquidación:

R. Concepto Liquidación Liquidación oficial Liquidación CE
privada de revisión
30 Total gastos de nómina 142.389.000 142.389.000 142.389.000
31 Aportes al sistema de seguridad social 24.149.000 24.149.000 24.149.000
32 Aportes al SENA, ICBF, cajas de 5.577.000 5.577.000 5.577.000
compensación
33 Efectivo, bancos, ctas bancos, invers. 442.110.000 442.110.000 442.110.000
Inmob., ctas cobrar
34 Acciones y aportes (soc. anónimas, 0 0 0
limitadas, asimladas)
35 Cuentas por cobrar clientes 28.340.276.000 28.340.276.000 28.340.276.000
36 Inventarios 0 0 0
37 Total gastos de nómina 613.367.000 613.367.000 613.367.000
38 Otros activos 356.960.000 356.960.000 356.960.000
39 Total patrimonio bruto 29.752.713.000 29.752.713.000 29.752.713.000
40 Pasivos 27.990.817.000 27.990.817.000 27.990.817.000
41 Total patrimonio líquido/líquido negativo 1.761.896.000 1.761.896.000 1.761.896.000
42 Ingresos brutos operacionales 122.685.250.000 122.685.250.000 122.685.250.000
43 Ingresos brutos no operacionales 1.907.983.000 1.907.983.000 1.907.983.000
44 Intereses y rendimientos financieros 128.450.000 128.450.000 128.450.000
45 Total ingresos brutos 124.721.683.000 124.721.683.000 124.721.683.000
46 Devoluciones, descuentos y rebajas 53.912.000 53.912.000 53.912.000
47 Ingresos no constitutivos de renta ni 0 0 0
ganancia ocasional
48 Total ingresos netos 124.667.771.000 124.667.771.000 124.667.771.000
49 Costos de venta (para sistema 115.050.559.000 87.973.781.000 111.522.842.000
permanente)
50 Otros costos (incl costo act pec y otros dist 0 0 0
de los ant)
51 Total costos 115.050.559.000 87.973.781.000 111.522.842.000
52 Gastos operacionales de administración 860.919.000 860.919.000 860.919.000
53 gastos operacionales de ventas 5.726.174.000 5.726.174.000 5.726.174.000
54 Deducción inversiones en activos fijos 0 0 0
55 Otras deduc (serv públicos, fletes, seguros, 1.127.673.000 1.127.673.000 1.127.673.000
imp., etc)
56 Total deducciones 7.714.766.000 7.714.766.000 7.714.766.000
57 Renta líquida del ejercicio 1.902.446.000 28.979.224.000 5.430.163.000
58 o pérdida líquida del ejercicio 0 0 0
59 Compensaciones 0 0 0
60 Renta líquida 1.902.446.000 28.979.224.000 5.430.163.000
61 Renta presuntiva 30.182.000 30.182.000 30.182.000
62 Rentas exentas 0 0 0
63 Rentas gravables 0 0 0
64 Renta líquida gravable 1.902.446.000 28.979.224.000 5.430.163.000
65 Ingresos por ganancias ocasionales 0 0 0
66 Costos y deducciones por ganancias 0 0 0
ocasionales
67 Ganancia ocasionales no gravadas y 0 0 0
exentas
68 Ganancia ocasional gravable 0 0 0
69 Impuesto sobre la renta gravable 475.611.000 7.244.806.000 1.357.541.000
20
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Fallo

70 Descuentos tributarios 0 -
71 Impuesto neto de renta 475.611.000 7.244.806.000 1.357.541.000
72 Impuesto de ganancias ocasionales 0 0 0
73 Impuesto de remesas 0 0 0
74 Total impuesto a cargo 475.611.000 7.244.806.000 1.357.541.000
75 Anticipo por el año gravable 217.506.000 217.506.000 217.506.000
76 Saldo a favor sin sol dev o comp per fis ant 0 0 0
77 Autorretenciones 0 0 0
78 Otras retenciones 22.835.000 22.835.000 22.835.000
79 Total retenciones año gravable 22.835.000 22.835.000 22.835.000
80 Anticipo renta por el año gravable siguiente 289.690.000 289.690.000 289.690.000
81 Saldo a pagar por impuesto 524.960.000 7.294.155.000 1.406.890.000
82 Sanciones - 6.769.195.000 881.930.000
83 Total saldo a pagar 524.960.000 14.063.350.000 2.288.820.000
84 o Total saldo a favor 0 0 0

Explicación de la sanción por inexactitud:

Concepto Valor
Saldo a pagar determinado $1.406.890.000
Menos saldo a pagar declarado $524.960.000
Base sanción $881.930.000
Porcentaje 100%
Sanción determinada $881.930.000

Por último, se mantienen las sanciones impuestas al representante legal y al revisor
fiscal, (artículo 658-1 del ET) que para el 2013 fueron tasadas dando aplicación al
límite de los 4.100 UVT ($110.048.100), cifra que resulta más benigna que el 20% de
la sanción por inexactitud impuesta a la actora, aplicada con el principio de
favorabilidad ($176.386.000).

6. Condena en costas. De conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365
numeral 5 del CGP, no procede la condena en costas en las dos instancias. Lo
anterior, por cuanto si se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda,
como sucede en este asunto, el juez puede abstenerse de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada, en su lugar dispone:

Primero. DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial Revisión nro.
042412017000013 de 22 de marzo de 2017 y la Resolución 992232018000012 del 16
de marzo de 2018, por las cuales la DIAN modificó la declaración de renta del año
gravable 2013 presentada por Expoganados Internacional SAS.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, FIJAR como impuesto a cargo el
determinado en la liquidación practicada en la parte considerativa de este fallo.

2. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
21
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Demandante: Expoganados Internacional SAS
Fallo

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

22
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