Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00704-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00704-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00704-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00704-02 (6056-2022)
Demandante: Josué Peña Rubiano
Demandada: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación.
Improcedencia de incluir el valor de la asignación básica
percibida en el último año de servicio en un cargo distinto a
docente. Incompatibilidad entre pensión y remuneración como
servidor diferente a maestro oficial. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Josué Peña Rubiano instauró demanda1 en contra de la Nación –
Ministerio de Educación – FOMAG, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de: (i) la Resolución 1926 del 27 de julio de 2016, por
medio de la cual la entidad demandada reliquidó su pensión ordinaria de jubilación
sin inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de
servicio y del (ii) acto presunto derivado de la configuración del silencio
administrativo negativo ante la falta de respuesta a la petición de reliquidación
formulada el 26 de enero de 2018.
1
Ver expediente digital en el índice 42 de SAMAI – Tribunales.
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3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reajustar el monto de la
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios comprendido entre el 12 de enero de 2015 y el 12
de enero de 2016, junto con el pago del correspondiente retroactivo debidamente
indexado.
4. Que las sumas objeto de condena devenguen intereses comerciales y moratorios
de acuerdo con el CPACA y que se disponga el pago de las costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que mediante la Resolución 0785 del 5 de octubre de 2006, la entidad accionada
le reconoció una pensión vitalicia de jubilación por haber laborado como docente
oficial nacionalizado por más de 20 años.
6. Que se desempeñó en comisión no remunerada en el cargo de libre
nombramiento y remoción de líder de programa hasta el 12 de enero de 2016
cuando le fue aceptada su renuncia por medio de la Resolución 0056 de la misma
fecha. Durante este año devengó, además del sueldo básico, la bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de
servicios y prima de navidad.
7. Que a través de la Resolución 1926 del 27 de julio de 2016 se ordenó la
reliquidación de la mencionada prestación por retiro definitivo del servicio, en
cuantía de $2.653.192, incluyendo los siguientes factores: sueldo, sobresueldo,
prima de navidad y prima de vacaciones.
8. Que el 26 de enero de 2018 solicitó a la Secretaría de Educación del Municipio
de Bucaramanga – Fondo de Prestaciones Económicas Sociales del Magisterio la
reliquidación de la pensión de jubilación con inclusión de todos los emolumentos
que percibió al momento de culminar su vínculo oficial, sin obtener respuesta por
parte de la administración.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera vulnerados: los artículos 13, 23, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política; 1°, parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985; 9 de la Ley 71 de 1988; 36 de la Ley
100 de 1993; así como las Leyes Ley 797 de 2003, 4 de 1966 y 91 de 1989.
10. Expresa que las razones de hecho y de derecho que soportan la causal de
nulidad por falsa motivación son claras, en la medida en que la institución encargada
del reconocimiento pensional omitió plenamente el cumplimiento del ordenamiento
jurídico, violando expresamente los derechos adquiridos y consecuencialmente el
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debido proceso consagrado el artículo 29 superior, porque no incluyó todos los
factores salariales en el ingreso de liquidación de la prestación.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda fue admitida el 15 de marzo de 20212 y la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG guardó silencio.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN3
12. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia 18 de agosto de
2022 accedió parcialmente a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad
de los actos demandados y a su vez ordenar la reliquidación de la pensión del actor
incluyendo como factor salarial, además de los ya computados, solamente lo
devengado durante el último año de servicios comprendido entre el 11 de enero de
2015 y el 11 de enero de 2016 por concepto de bonificación mensual del Decreto
1566 de 2014, pero denegando lo propio sobre los demás emolumentos
reclamados.
13. Argumentó que, atendiendo que el reconocimiento pensional se efectúo en el
año 2006, puede inferirse que su vinculación fue con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 813 de 2003, por lo que el régimen aplicable es el previsto en la
Ley 91 de 1989 como docente nacionalizado, de manera que, de acuerdo con el
artículo 2.º de dicha norma, su pensión ordinaria de jubilación se encuentra regulada
por la Ley 33 de 1985.
14. Concluyó que, de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado, los factores que debían
tenerse en cuenta en la base de la liquidación pensional corresponden estrictamente
a los señalados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 frente a los cuales se hubieran
efectuado los aportes.
15. Dijo que por esa razón no le asiste derecho a obtener el reajuste teniendo en
cuenta los conceptos de prima de servicios, prima de navidad, bonificación por
recreación, prima de vacaciones y vacaciones. Lo anterior, por cuanto estos no
constituyen base de liquidación de los aportes y, por tanto, no se puede incluir en la
base de liquidación pensional.
16. Precisó que, en todo caso, en la reliquidación de la pensión se tuvieron en
cuenta los emolumentos de prima de vacaciones y navidad, los cuales no están
incluidos en la Ley 62 de 1985; sin embargo, no es procedente afectar el derecho
2
Ibid.
3
Ver índice 37 de SAMAI – Tribunales.
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del reclamante sobrepasando el objeto del litigio, por cuanto dicho acto conserva su
validez.
17. Al margen de lo anterior, afirmó que el demandante en su último año de servicios
devengó la bonificación mensual, de manera que aquella tenía que incluirse dentro
de la pensión de jubilación, dado que, el Decreto 1566 de 2014 creó este pago como
incremento salarial a favor del personal docente, estableciendo con suficiente
claridad que la misma constituiría factor salarial para todos los efectos legales.
18. Frente a la prescripción añadió que esta no opera, ya que desde la fecha en
que se solicitó el reajuste pensional (26 de enero de 2018) y la presentación de la
demanda ante la jurisdicción (2018) no transcurrieron más de tres años, por lo que
el reajuste objeto de condena debe ser efectivo a partir del día siguiente al del retiro
del servicio ocurrido el 12 de enero de 2016.
RECURSO DE APELACIÓN4
19. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
en el cálculo de su pensión de jubilación no se incluyó la asignación básica percibida
a lo largo el último año de labor oficial docente, y que en este sentido es
desfavorable, atendiendo que el valor pagado en este periodo es superior y
beneficioso.
20. Que lo que se pretende con esta impugnación es que se corrija o incluya en la
reliquidación todo lo pretendido, esto es, que además de lo reconocido por el
despacho, se incluya la asignación básica mensual y demás factores salariales
cancelados en la anualidad previa a la terminación de su relación legal y
reglamentaria.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
21. El 21 de noviembre de 20225 se admitió el recurso de apelación.
22. La parte demandada6 Expresó que conforme a las reglas de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado, no es dable
incluir factores diferentes a los de la Ley 62 de 1985, por lo que deben denegarse
las pretensiones de la parte activa.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
4
Ver índice 41 de SAMAI – Tribunales.
5
Ver índice 5 de SAMAI.
6
Ver índice 4 de SAMAI.
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23. Deberá resolver la Subsección si el demandante tiene derecho a la reliquidación
de su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante el año anterior a su retiro definitivo del servicio, en especial su asignación
básica como empleado público de libre nombramiento y remoción distinto a docente.
Marco normativo y jurisprudencial
24. En atención a que el debate versa sobre el ingreso base de liquidación
pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final de la pensión de los
docentes oficiales, resulta necesario poner de presente la sentencia de unificación
SUJ-014-CE-S2-2019 proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dictada dentro del expediente 68001233300020150056901, a
través de la cual se sentó jurisprudencia frente al IBL en el régimen pensional de los
educadores vinculados al servicio público educativo oficial, afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
25. En la providencia se fijaron las siguientes reglas de unificación sobre el tema
en cuestión:
«[…] i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
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Efectos de la presente decisión
Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-
816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -
autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte
Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de
los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13
y 83 de la Constitución Política7. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica
que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter
vinculante y obligatorio”.
En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación, se
acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo
para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento
se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]» (Subrayado y negrilla del texto
original).
26. En conclusión, la citada sentencia fijó como regla jurisprudencial para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003
(quienes gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985), los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por
tanto, no se puede incluir ningún concepto diferente a estos.
27. En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida
en la sentencia de unificación y la normativa analizada previamente.
Resolución del caso concreto
7
La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en el vértice
de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de la jurisprudencia
nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia
T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de unificación
jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos de cierre, según el
Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales y de examen de validez
constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo
de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237);
y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción
ordinaria (CP art. 235). […]»
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28. El demandante obtuvo por parte del FOMAG el reconocimiento de una pensión
de jubilación por su labor como docente oficial nacionalizado por más de 20 años
de servicio, de conformidad con la Resolución 785 del 5 de octubre de 2006.8
29. De conformidad con la parte motiva del acto demandado, a pesar de comenzar
a disfrutar de la mencionada prestación, el actor continuó en ejercicio de su cargo
como educador por ser compatible tal derecho con el salario propio de su actividad
pedagógica, esto al menos hasta el 8 de noviembre de 2013. Para esa fecha, la
Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga expidió la Resolución 3187 con
la que le otorgó una comisión no remunerada con el fin de que pudiera desempeñar
el empleo administrativo de libre nombramiento y remoción denominado “líder de
programa, código 206, grado 34”, dependiente directamente del despacho del
alcalde.9
30. Posteriormente, con motivo de la terminación de la referida situación
administrativa, con la Resolución 056 del 12 de enero de 2016 se retiró del servicio
de manera definitiva desde ese mismo día.10
31. En virtud de lo anterior, el secretario de educación del municipio de
Bucaramanga, actuando en representación de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la
Resolución 1926 del 27 de julio 201611, reliquidó la pensión vitalicia de jubilación por
terminación de su vínculo legal y reglamentario, en cuantía mensual de $2.653.192
con efectividad desde el 12 de enero de 2016. En dicha resolución quedó
establecido lo siguiente:
32. Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado durante el último año anterior a la fecha de
retiro del servicio del demandante, pero en calidad de docente oficial (del 9 de
noviembre de 2012 al 8 de noviembre de 2013).
33. Que los factores salariales tenidos en cuenta en el IBL pensional fueron los
percibidos durante el referido período cuando ejerció como maestro oficial,
específicamente: el sueldo (asignación básica mensual) equivalente a $2.622.073,
sobresueldo ($524.415), 1/12 prima de navidad ($263.757), y 1/12 prima de
vacaciones ($127.344).
34. Ahora, el apelante a través de petición radicada el 26 de enero de 2018 solicitó
ante la entidad demandada un nuevo reajuste pensional, con el fin de que su
8
Según la Resolución 1926 del 27 de julio de 2016 visible en el expediente digital del índice 42 de SAMAI –
Tribunales.
9
Ver Resolución 0054 del 12 de enero de 2016 con la que se da por terminada una comisión no remunerada al
accionante con efectividad a partir de la misma fecha. Expediente digital del índice 47 de SAMAI – Tribunales.
10
Según la Resolución 1926 del 27 de julio de 2016 visible en el expediente digital del índice 42 de SAMAI –
Tribunales.
11
Ver expediente digital en el índice 42 de SAMAI Tribunales.
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prestación fuera reconocida con base en todos los factores salariales devengados
durante su último año de labor oficial como líder de programa, esto es, entre el 12
de enero de 2015 y el 11 de enero de 2016, lo cual incrementaría el valor de su
derecho a la suma de $5.578.848.12
35. Con fundamento en su recurso, este insiste en que, además de los
emolumentos tenidos en cuenta en el acto demandado y lo ordenado en primera
instancia, se debe reliquidar su pensión en el sentido de aumentar el concepto de
asignación básica al sostener que el promedio de aquella entre 2015 y 2016 fue
mayor que el computado por la entidad accionada.13
36. Sin embargo, como se precisó, a la Sala le corresponde dar aplicación a la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
porque tal como allí se estableció, aquella constituye un precedente vinculante y
obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y que se encuentran
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que no se
haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada14, tal como sucede en el presente
asunto, dado que la providencia apelada no ha quedado ejecutoriada.
37. Al respecto, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen
pensional que rige la situación del actor, esto es, el de la Ley 33 de 1985 por haber
sido vinculado como docente oficial antes del 27 de junio de 2003 cuando entró en
vigencia de la Ley 812 de 2003,15 resulta evidente que, para definir el litigio bajo
estudio se debe acudir a la primera regla jurisprudencial esbozada anteriormente.
38. Al respecto, dicho postulado indica que el IBL de la pensión comprende: i) el
período correspondiente al último año de servicio, anterior a la consolidación del
estatus pensional o del retiro del servicio si es el caso, y ii) los factores que hayan
servido de base para calcular los aportes previstos en el artículo 1° de la Ley 62 de
1985, que corresponden a los siguientes: asignación básica, gastos de
representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
39. Aun así, dicho postulado únicamente se sostiene sobre la base de que su
aplicación está dada para docentes oficiales que hubiesen adquirido el estatus
jurídico pensional o hubiesen terminado su vinculación, pero bajo esa misma calidad
de servidor público eminentemente educativo, no administrativo o de otra clase,
12
Ver petición de la mencionada fecha obrante en el expediente digital.
13
Puntualmente entre enero y diciembre del año 2015, el salario del actor fue de $6.074.667 según el certificado
laboral emitido el 7 de diciembre de 2017 por la Secretaría Administrativa de la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga. Ver expediente digital.
14
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
15
Pues así lo determinó el tribunal de primera instancia y ello no fue materia de apelación por el reclamante ni
por la entidad demandada.
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pues son los maestros quienes tienen un diseño normativo diferencial que incluso
les permitía la compatibilidad entre salario y pensión, tal como lo prevén los artículos
19 de la Ley 4.ª de 1992, 5 del Decreto 224 de 1972 y 279, inciso 2.° de la Ley 100
de 1993.
40. Pese a lo expuesto, el recurrente pretende que se le tenga en cuenta el
promedio de la asignación salarial que percibió entre 2015 y 2016 como empleado
de libre nombramiento y remoción distinto a docente, esto es, como líder de
programa adscrito al despacho de la Alcaldía de Bucaramanga.
41. Tal reclamación resulta improcedente por cuanto al advertirse que el
demandante era pensionado como educador oficial en virtud de la Resolución 785
del 5 de octubre de 2006, se concluye que desde el 8 de noviembre de 2013 cuando
fue designado en comisión no remunerada para ejercer el mentado cargo
administrativo y hasta el 12 de enero de 2016 cuando se terminó su relación legal y
reglamentaria, recibió mesada y remuneración mensual, pero no como maestro
estatal que era lo permitido,16 sino como servidor de libre nombramiento y remoción
con funciones distintas a las educativas.
42. Esto implica que devengó doble asignación del tesoro público para el período
de reliquidación reclamado, lo cual se encuentra prohibido expresamente por el
ordenamiento superior según el artículo 128 constitucional, ya que para esa fecha
no se encontraba en las condiciones excepcionales previstas legalmente como la
del literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de 1992, lo que hizo incompatible e irregular
esa situación jurídica con la que ahora pretende un reajuste pensional.17
43. En vista de lo anterior, tal como lo sostuvo esta corporación en sentencia del 25
de febrero de 2021, «[…] para que exista un derecho adquirido intangible ante nuevas
regulaciones normativas, es indispensable que su causa o fuente haya sido legal, así como
su origen y medio de reconocimiento (acto administrativo), pues de no serlo se atentaría
contra su misma esencia jurídica y en tal sentido los efectos que este produzca redundarían
en una ilegalidad e incluso inconstitucionalidad circular que afectaría otras garantías y
16
Tal como se ha insistido de manera pacífica por parte de esta corporación, por ejemplo, en la sentencia del
14 de mayo de 2025 proferida por esta subsección en el proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-01161-
01 (5798-2024)
17
Esta tesis ya fue sostenida por esta corporación en sentencias del 22 de marzo de 2018 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A, radicación: 25000 23 42 000 2015 02644 01, número interno: 1013-17 en la
que se indicó que: «[…] Como puede concluirse de lo anterior, el cargo que desempeñaba la actora no
corresponde a los señalados en el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979 y las funciones asignadas a este no
tienen la connotación docente, en los términos descritos en el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, lo cual
permite afirmar que no se encuentra dentro de las excepciones a la prohibición de percibir doble asignación del
erario. […]»; así como en providencia del de 16 de agosto de 2017 dictada por la Subsección B, radicación:
25000 23 42 000 2013 06968 01, número interno: 1990-16 en la que se señaló: «[…] En este orden de ideas,
la Sala señala que la función del docente es una labor que históricamente ha sido reconocida por su importancia
frente a la sociedad y la responsabilidad que este tiene con respecto a los educandos, tanto es así que se ha
permitido que tenga la excepción de poder trabajar en la docencia aun recibiendo pensión gracia, precisamente,
para enaltecer la misma, no obstante no se puede confundir la función del docente, con la que realice un
educador en un cargo administrativo. […]».
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00704-02 (6056-2022)
eventualmente principios que prevalecen sobre el interés particular que se hubiese
consolidado de manera irregular. […]»18
44. En esa línea, no es posible que ante una situación jurídica inconstitucional como
la ocurrida en el caso del actor se pueda sustentar un derecho como el de una
reliquidación para incluir a título de factor salarial computable del IBL, un monto por
concepto de asignación básica recibido en un cargo que no era propio de docente,
pues de hacerlo sería tanto como convalidar una irregularidad que va en contra de
una prohibición expresa del ordenamiento superior.
45. Tanto es así que, por esa misma razón, la entidad demandada al momento de
reajustar la pensión por retiro definitivo del servicio, de acuerdo con el acto
demandado, tuvo en cuenta el promedio de la asignación básica devengada durante
su último año, pero como educador (entre el 9 de noviembre de 2012 y el 8 de
noviembre de 2013), lo cual se ajusta plenamente a la normativa y jurisprudencia
aplicable, por lo que en ese sentido el acto conserva su presunción de legalidad.
46. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado al no existir
otra clase de reparos en contra que deban ser abordados en esta instancia.
Condena en costas de segunda instancia
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de febrero de 2021. Radicado: 05001-23-33-000-2015-00329-01 (4417-2017).
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00704-02 (6056-2022)
50. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de agosto de dos
mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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