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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00743-01

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2018-00743-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandada: Municipio de Bucaramanga

Tema: relación laboral encubierta – ingeniera industrial . Subtema 1: elementos de
una relación laboral.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Santander el 19 de octubre de 2021, que
negó a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

Mayeny Joya Gutiérrez promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el municipio de Bucaramanga, con el fin de obtener la nulidad
del Oficio SA-0170 de 2 de febrero de 2018, mediante el cual la entidad negó el
reconocimiento de una relación laboral derivada de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes, así como el consecuente restablecimiento del
derecho. La demandante sostuvo que, pese a la apariencia contractual, prestó sus
servicios de manera personal, remunerada y bajo subordinación en la Secretaría de
Planeación Municipal, por lo que solicitó que se declarara la existencia de una
relación laboral encubierta y se ordenara el reconocimiento de las prestaciones
sociales y demás derechos derivados de ella.

Mediante sentencia de 19 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander negó a las pretensiones de la demanda porque no encontró acreditado
el elemento de la subordinación, decisión que fue apelada por la parte demandante,
quien insistió en que el material probatorio demostraba la existencia de una relación
laboral encubierta y solicitó su modificación en los términos del recurso.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia porque, aunque se
acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no se demostró el
elemento de la subordinación. La Sala concluyó que la prueba documental y el
interrogatorio de parte únicamente evidenciaban circunstancias compatibles con la

1

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

coordinación propia de los contratos de prestación de servicios, sin acreditar el
ejercicio efectivo de un poder de dirección, control o disciplina por parte del
municipio. En consecuencia, al no desvirtuarse la autonomía propia del vínculo
contractual, no era posible declarar la existencia de una relación laboral encubierta.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. El 28 de agosto de 2018, Mayeny Joya Gutiérrez, por conducto de apoderado
judicial presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de acuerdo
con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se
exponen1.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio SA-0170 del 2 de febrero de
2018, expedido por el secretario administrativo del municipio de Bucaramanga,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
acreencias laborales reclamadas. Como consecuencia de ello, pidió que se
declarara la existencia de una relación laboral encubierta entre ella y la entidad
demandada del 5 de agosto de 2004 al 22 de diciembre de 2014.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar al municipio de
Bucaramanga a reconocer y pagar las prestaciones sociales ordinarias y las demás
acreencias laborales causadas durante dicho período, junto con los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales que legalmente
correspondían al empleador; ordenar el reembolso de los mayores valores
sufragados por la demandante por concepto de cotizaciones al sistema de
seguridad social; disponer la actualización de las sumas reconocidas conforme al
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, así como el pago de los intereses legales a
que hubiere lugar y el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los
artículos 192 y siguientes de la misma codificación2.

2.1.2. Hechos

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

5. Prestó sus servicios al municipio de Bucaramanga, en la Secretaría de
Planeación, entre el 5 de agosto de 2004 y el 22 de diciembre de 2014.

1
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.
2
Idem

2

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

6. Pese a la denominación de dichos contratos, en la práctica existió una
verdadera relación laboral, pues desempeñó funciones permanentes y propias de
la entidad, bajo las órdenes e instrucciones de los supervisores designados por el
municipio.

7. Desarrolló sus labores en las instalaciones del municipio, con herramientas de
propiedad de la entidad, cumpliendo la jornada laboral establecida para la Oficina
del SISBEN, en igualdad de condiciones con los demás servidores.

8. Los intervalos existentes entre algunos contratos obedecieron únicamente al
tiempo empleado por la administración para suscribir los nuevos vínculos, sin que
ello desvirtuara la continuidad de la prestación del servicio3.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. La parte demandante señaló como vulnerados los artículos 53 y 228 de la
Constitución y el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sostuvo que el
municipio de Bucaramanga desnaturalizó la contratación por prestación de
servicios, pues, aunque formalmente fue vinculada mediante esa modalidad
contractual, en la práctica estuvo sometida a una relación laboral, al desarrollar sus
actividades bajo subordinación, cumpliendo el reglamento de trabajo, el horario
establecido por la entidad y las condiciones logísticas propias de sus instalaciones.
En consecuencia, afirmó que la administración desconoció la verdadera naturaleza
jurídica del vínculo que sostuvo con ella y los derechos laborales que de este se
derivaban.

2.1. Contestación de la demanda

10. El municipio de Bucaramanga se opuso a la prosperidad de las pretensiones.
Sostuvo que la demandante estuvo vinculada exclusivamente mediante contratos
de prestación de servicios celebrados al amparo del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, los cuales fueron ejecutados con autonomía e independencia, sin que se
configurara el elemento de la subordinación. Agregó que la actora nunca ocupó un
empleo de la planta de personal y que las actividades desarrolladas obedecieron al
cumplimiento del objeto contractual. Asimismo, controvirtió el período de vinculación
alegado en la demanda, al afirmar que el primer contrato suscrito con la entidad
inició el 26 de enero de 2006 y no el 5 de agosto de 2004.

11. Como excepciones propuso las denominadas caducidad del medio de control,
inexistencia de la relación laboral, inexistencia de la calidad de empleada pública,
prescripción, compensación y la genérica o innominada.

12. En cuanto a la caducidad, sostuvo que el Oficio SA-0170 fue notificado el 8 de
febrero de 2018, por lo que el término de 4 meses para ejercer el medio de control

3
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.

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Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

vencía el 8 de junio de 2018. Señaló que, aunque ese mismo día la parte
demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, esta fue inadmitida y solo
se subsanó con posterioridad al término concedido por la Procuraduría, de manera
que la diligencia de conciliación se celebró el 23 de agosto de 2018 y la demanda
fue radicada el 28 de agosto de 2018, cuando, a su juicio, el término de caducidad
ya había expirado.

2.2. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de octubre
de 2021, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte
demandante.

14. El tribunal consideró acreditados los elementos de la prestación personal del
servicio y la remuneración; sin embargo, concluyó que no se demostró
la subordinación continuada, por cuanto las instrucciones impartidas a la
demandante correspondían a la necesaria coordinación para la ejecución de los
contratos de prestación de servicios y no al ejercicio del poder subordinante propio
de una relación laboral. Asimismo, advirtió que no existían pruebas suficientes sobre
el cumplimiento de un horario impuesto, el desempeño de funciones equivalentes a
las de los empleados de planta o el ejercicio de un control permanente por parte de
la entidad, razones por las cuales descartó la existencia de una relación laboral
encubierta y negó las pretensiones de la demanda4.

2.3. Recurso de apelación

15. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación. Sostuvo que el tribunal efectuó una valoración incompleta del acervo
probatorio y desconoció los criterios jurisprudenciales para identificar una relación
laboral encubierta. Afirmó que las funciones desarrolladas eran permanentes y
propias de la Oficina del SISBEN, coincidían con las asignadas a cargos de planta
previstos en el manual de funciones del municipio y respondían a necesidades
permanentes de la administración, derivadas de la insuficiencia de personal.

16. Igualmente, señaló que la prueba documental, consistente únicamente en los
contratos, permitía establecer que desempeñó sus actividades bajo subordinación,
pues cumplía las labores en las instalaciones de la entidad, en el horario dispuesto
para la atención al público, siguiendo las instrucciones impartidas por sus superiores
y desarrollando funciones similares a las de los servidores de planta. En
consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda5.

4
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 46, SentenciaNiegaPretensiones.
5
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 48, RecepciónMemorial.

4

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

17. Finalmente señaló que «por razones ajenas a la voluntad de este extremo
procesal, no se pudo allegar ciertas pruebas documentales […], como tampoco la
colaboración de los testigos directos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
en que sucedieron los hechos», pero que del acervo probatorio se evidencia que los
contratos de prestación de servicios encubrieron una verdadera relación laboral.

2.4. Ministerio Público

18. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

19. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

20. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

21. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y la demandante,
quien ejerció sus actividades en la Oficina del SISBEN de la Secretaría de
Planeación, a partir de los contratos de prestación de servicios celebrados con la
Alcaldía de Bucaramanga?

22. En caso de acreditarse la existencia de una relación laboral encubierta entre
las partes, ¿la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y demás acreencias laborales reclamadas o, por el contrario,
dichas pretensiones se encuentran afectadas por el fenómeno de la caducidad?

23. En caso de configurarse la caducidad respecto de las pretensiones
económicas derivadas de la relación laboral, ¿conserva la demandante el derecho
al reconocimiento de las diferencias en los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, teniendo en cuenta la naturaleza imprescriptible de dichas
cotizaciones?

24. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y
subordinación; (3) la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación.

5

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

25. La jurisprudencia unificada de esta corporación6 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

26. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

27. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

28. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»7.

29. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

30. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se

6
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
7
Ibídem.

6

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

31. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»8.

32. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»9.

33. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

«Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

(ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10

(iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».11

8
Idem.
9
Idem.
10
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

7

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.12

En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y
ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.».

34. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

35. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

36. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

8

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

37. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

«(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de
hasta 30 días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente econocida, lo que
permite mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la
prescripción en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30
días hábiles es el que más protege los derechos del trabajador, y por eso se
considera el más adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-
administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para determinar
si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro anterior,
puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la relación
laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación

38. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»13.

39. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202114, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de

13
Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

9

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»15.

40. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

41. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se 1traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,16 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
16
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.

10

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

42. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

43. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»17, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

44. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

45. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»18, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»19.

17
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
18
López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
19
Idem.

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Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

46. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)

47. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

48. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.3. Hechos probados

49. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

50. Mayeny Joya Gutiérrez, suscribió contratos de prestación de servicios con la
Alcaldía de Bucaramanga, como consta en la copia de estos, integrados en el
expediente, conforme se muestra a continuación:

Tabla1. Contratos de prestación de servicios y órdenes de servicio
Contrato de
Interrupción
prestación de Objeto Desde Hasta
(días hábiles)
servicios
Prestar los servicios personales de digitador, en
la Oficina Asesora de Planeación – SISBEN,
respondiendo directamente por la digitación de la
totalidad de las fichas socioeconómicas
475
entregadas diariamente conforme a las normas y 26/01/2006 25/06/2006 36
conceptos establecidos por Planeación Nacional
y en la calidad de la información registradas, y
demás actividades que la coordinación del
SISBEN le asigne.
Prestar los servicios personales en la Oficina de
Planeación, como apoyo al programa del
929 SISBEN atendiendo comunidad, supervisar las 22/08/2006 05/01/2007 9
encuestas y demás actividades que le asigne la
coordinación
Prestar los servicios personales en la Oficina
Asesora de Planeación, como apoyo al programa
del SISBEN en la supervisión del trabajo de
128 22/01/2007 31/05/2007 9
campo, distribución de las cargas de trabajo de
los encuestadores y demás actividades que le
asigne la administración municipal.

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Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

Prestar los servicios personales en la Oficina
Asesora de Planeación, como apoyar programa
del SIBEN en la supervisión del trabajo de
1151 15/06/2007 14/12/2007 40
campo, distribución de las cargas de trabajo de
los encuestadores y demás actividades qué le
asigne la administración municipal.
Prestar los servicios personales en la Oficina
Asesora de Planeación como apoyar programas
del SISBEN en las actividades de la oficina.
Manejo de correspondencia, atendiendo a la
163 14/02/2008 13/07/2008 27
comunidad, manejo de archivo como documental
y demás actividades que le asigne el jefe de la
Oficina Asesora de Planeación relacionadas con
la oficina de SISBEN
Prestar los servicios personales en la Oficina
Asesora de Planeación, como apoyo al programa
del SISBEN en la supervisión del trabajo de
1239 22/008/2008 21/12/2008 23
campo, distribución de las cargas de trabajo de
los encuestadores y demás actividades qué le
asigne la administración municipal
Prestar los servicios técnicos en la Oficina
Asesora de Planeación como apoyo al programa
del SISBEN, en las actividades de oficina, en los
193 27/01/2009 26/06/2009 22
diferentes procesos administrativos del SISBEN
y todas las actividades inherentes al presente
objeto
Prestar los servicios técnicos en la Oficina
Asesora de Planeación como apoyo al programa
1723 del SISBEN, en la supervisión de los procesos 31/07/2009 30/12/2009 18
operativos, desarrollando todas las actividades al
presente objeto
Prestar los servicios personales de apoyo a la
gestión en la Oficina Asesora de Planeación en
el programa del SISBEN, realizando actividades
de planificación y supervisión de los procesos
622 28/01/2010 27/07/2010 22
administrativos y operativos de acuerdo a las
normas y conceptos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación y la
Oficina de SISBEN.

Prestar los servicios personales de apoyo a la
gestión en la Oficina Asesora de Planeación –
Programa SISBEN, en el alistamiento
implementación de las diferentes actividades
2413 30/08/2010 27/02/2011 47
operativas y del sistema, observando las
normas, conceptos e instructivo, establecidos
por Departamento Nacional de Planeación y la
Oficina SISBEN del municipio de Bucaramanga.

Prestar los servicios personales de apoyo a la
gestión en la Secretaría de Planeación –
Programa SISBEN, en la administración y
actualización de la base de datos y apoyando los
1992 diferentes procesos administrativos y operativos, 09/05/2011 21/12/2011 67
observando las normas y conceptos establecidos
por el Departamento Nacional de Planeación y la
Oficina de SISBEN del municipio de
bucaramanga.
Prestar los servicios personales de poyo a la
gestión en la Secretaría de Planeación – Grupo
de Clasificación Socioedonómico y Estadístico,
298 en la administración y actualización y operativos, 28/03/2012 27/07/2012 20
observando las normas concepto establecidos
por el Departamento Nacional de Planeación y la
Oficina SISBEN del municipio de Bucaramanga.
Prestar los servicios personales en la Secretaría
de Planeación - Grupo de Clasificación
1644 Socioeconómica y Estadística, realizando 29/08/2012 28/12/2012 38
actividades de coordinación de los procesos de
digitación y actualización de la base de datos,

13

Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

apoyo operativo y administrativo en los
diferentes procesos de la dependencia, de
acuerdo a los conceptos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación y el
Grupo de Clasificación Socioeconómico
Estadístico.
Prestar los servicios personales en la Secretaría
de Planeación – Grupo de Clasificación
Socioeconómica y Estadística, realizando
actividades de coordinación de los procesos de
digitalización y actualización de la base de datos,
922 apoyo operativo y administrativo en los 25/02/2013 24/09/2013 17
diferentes procesos de la dependencia de
acuerdo a los conceptos establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación y el
Grupo de Clasifcación Socioeconómico y
Estadístico.
Prestar los servicios personales en la Secretaría
de Planeación como apoyo al Grupo de
Clasificación Socioedonómica y Estadísticas
digitando la información recolectada con la
1857 aplicación de la ficha de clasificación 21/10/2013 20/12/2023 20
socioeconómica de acuerdo a las normas y
conceptos establecidos por la coordinación de la
oficina y el Departamento Nacional de
Planeación
Prestar los servicios personales en la Secretaría
de Planeación en el seguimiento de: los registros
1339 23/01/2014 07/12/2014 2
que se hagan desde las curadurías urbanas en
la ventanilla única de construcción y licencias
Prestar los servicios personales en la Secretaría
de Planeación – Grupo de (sic) prestar los
servicios personales en la Secretaría de
Planeación en el seguimiento de los registros
2320 11/12/2014 22/12/2014
que se hagan dede la curadurías urbanas en la
ventanilla única de construcción y las licencias
urtanísticas expedidas en dichas entidades, en el
proceso de conexión electronica
Fuente: Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Santander, radicación 68001233300020180074301,
Folio 55, Expediente OneDrive.

51. El 09 de junio de 2016, la demandante presentó reclamación administrativa
ante el municipio de Bucaramanga, para solicitar el reconocimiento de una relación
laboral entre el 5 de agosto de 2004 al 22 de diciembre de 201420.

52. Mediante Oficio SA-0170 del 2 de febrero de 2018, el Municipio de
Bucaramanga negó a la demandante el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral y el pago de las acreencias laborales reclamadas. Dicho acto fue
remitido por correo certificado el 7 de febrero de 2018 y entregado al apoderado de
la demandante el 8 de febrero siguiente.

53. El 8 de junio de 2018 la parte demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho ante la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente,
mediante auto del 19 de junio de 2018, dicha solicitud fue inadmitida y se concedió
un término para subsanarla. La audiencia de conciliación se celebró el 23 de agosto

20
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.

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Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

del 2018 y fue declarada fallida. Finalmente, la demanda fue presentada el 28 de
agosto de 201821.

• Interrogatorio de parte.

54. Mayeny Joya Gutiérrez manifestó ser ingeniera industrial y señaló que durante
la ejecución de los contratos recibía instrucciones por parte del coordinador del
SISBEN. Indicó que participaba junto con funcionarios de planta, en reuniones para
la organización de jornadas masivas del SISBEN, las cuales se realizaban
aproximadamente cada dos meses, y que las instrucciones para su desarrollo eran
impartidas por el supervisor del contrato.

55. Igualmente, afirmó que cumplía el horario establecido por la entidad; sin
embargo, reconoció que no existía un registro de ingreso y salida a través de
planillas o bitácoras. Manifestó que contaba con soportes relacionados con la
atención al público y con un correo electrónico mediante el cual se le requirió por la
presentación tardía de un informe, pero afirmó que dichos documentos no fueron
aportados al expediente.

56. Finalmente, indicó que el Municipio suministraba los implementos necesarios
para el desarrollo de sus actividades, aunque durante aproximadamente tres años
utilizó una impresora de su propiedad. Afirmó que existía una bitácora que
acreditaba dicha circunstancia, la cual permanecía en poder del municipio, pero que
tampoco anexó al proceso porque ella no la tenía. Asimismo, reiteró que el
supervisor ejercía coordinación sobre las actividades que desarrollaba.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

57. La señora Mayeny Joya Gutiérrez promovió el presente medio de control con
el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio SA-0170 del 2 de febrero de
2018 y, como consecuencia de ello, se reconociera la existencia de una relación
laboral encubierta con el municipio de Bucaramanga durante el período
comprendido entre el 5 de agosto de 2004 y el 22 de diciembre de 2014, junto con
el pago de las prestaciones sociales y demás derechos derivados de dicho vínculo.

58. Mediante sentencia de 19 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien se
encontraban acreditados los elementos de la prestación personal del servicio y la
remuneración, no se demostró la subordinación continuada, razón por la cual
concluyó que no se configuró una relación laboral entre las partes. Inconforme con
dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que
sostuvo, en esencia, que el a quo realizó una valoración incompleta del material

21
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.

15

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Demandado: Municipio de Bucaramanga

probatorio y desconoció los criterios jurisprudenciales para determinar la existencia
de una relación laboral encubierta22.

59. Por su parte, el municipio de Bucaramanga, desde la contestación de la
demanda, propuso la excepción de caducidad del medio de control, al considerar
que la demanda fue presentada por fuera del término previsto en el literal d) del
numeral 2 del artículo 164 de la ley 1437 de 2011. En ese sentido, sostuvo que el
Oficio SA-0170 fue notificado el 8 de febrero de 2018, por lo que el término para
acudir ante esta jurisdicción vencía el 8 de junio siguiente y que la solicitud de
conciliación prejudicial no produjo la suspensión de dicho término, por haber sido
inadmitida y subsanada extemporáneamente.

60. En consecuencia, la Sala abordará, en primer término, el estudio de los
elementos configurativos de la relación laboral alegada por la demandante, pues
únicamente a partir de su eventual acreditación será posible determinar el alcance
de la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada. Ello, en
consideración a que, de establecerse la existencia de una relación laboral
encubierta, las cotizaciones al Sistema General de Pensiones constituyen derechos
imprescriptibles y, por tanto, no resultan afectadas por el fenómeno de la caducidad
del medio de control23.

3.5.1. Valoración probatoria del interrogatorio de parte

61. En el interrogatorio de parte, la demandante manifestó que durante la
ejecución de los contratos recibía instrucciones de la coordinadora del SISBEN,
Lucely Olarte Bautista; que cumplía el horario establecido por la entidad; que el
supervisor coordinaba permanentemente sus actividades y que participaba, junto
con los funcionarios de planta, en jornadas masivas organizadas por la
administración. Asimismo, indicó que existían soportes documentales relacionados
con la atención al público, un correo electrónico mediante el cual fue requerida por
la presentación tardía de un informe y una bitácora que acreditaba el préstamo de
una impresora de su propiedad; no obstante, reconoció que tales documentos no
fueron allegados al expediente, al afirmar que permanecían en poder del municipio.

62. Sobre el particular, la Sala advierte que las manifestaciones efectuadas por la
demandante durante el interrogatorio de parte no constituyen, por sí solas, prueba
suficiente para acreditar las circunstancias en que se ejecutaron los contratos de
prestación de servicios, razón por la cual deben analizarse conjuntamente con los
demás medios de convicción obrantes en el proceso, en especial, con los
expedientes contractuales aportados por la entidad.

63. En efecto, de la revisión de los expedientes contractuales se observa que
obran los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes,

22
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.
23
Ibem

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Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

sus estudios previos, certificados de disponibilidad presupuestal, registros
presupuestales, actas de inicio, certificaciones de cumplimiento, planillas de
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, comprobantes de pago y
las certificaciones contractuales expedidas por el municipio de Bucaramanga.

64. Asimismo, se advierte que las obligaciones pactadas con la demandante
comprendían, actividades de digitación y verificación de información del SISBEN;
instalación y actualización de aplicaciones informáticas; capacitación del personal
en el manejo de los aplicativos; administración y actualización de bases de datos;
mantenimiento de equipos de cómputo; generación de copias de seguridad y
reportes estadísticos; elaboración de indicadores de gestión; manejo de
correspondencia y archivo digital; atención a la comunidad; organización
documental digital; apoyo a los procesos administrativos y operativos; supervisión
del trabajo de campo; distribución de cargas de trabajo; y presentación de informes
periódicos al supervisor.

65. Sin embargo, ninguna de ellas da cuenta de la imposición de un horario de
trabajo, de la existencia de controles de ingreso y salida, de la obligación de solicitar
permisos de llamados de atención, memorandos, correos electrónicos o del ejercicio
de potestades disciplinarias por parte de la entidad, aspectos que la demandante
afirmó durante su interrogatorio.

66. En ese sentido, si bien los expedientes contractuales permiten demostrar la
celebración y ejecución de los contratos de prestación de servicios, y el pago de los
honorarios pactados, no corroboran las afirmaciones realizadas por la demandante
acerca de la existencia de un vínculo de subordinación, pues no contienen
elementos objetivos que permitan establecer que estuvo sometida al poder de
dirección propio de una relación laboral.

67. En consecuencia, la Sala otorgará al interrogatorio de parte el valor probatorio
que le corresponde, apreciándolo en conjunto con los restantes medios de
convicción. En ese orden de ideas, las afirmaciones de la demandante relacionadas
con el cumplimiento de un horario, la existencia de requerimientos escritos, soportes
de atención al público, registros de préstamo de implementos o cualquier otra
circunstancia orientada a demostrar la subordinación no encuentran respaldo en la
prueba documental obrante en el expediente, circunstancia que será tenida en
cuenta al momento de establecer si se configuró o no una relación laboral
encubierta24.

3.5.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta

68. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de

24
Samai, gestión en otros despachos, Tribunal Administrativo de Bucaramanga, radicación
68001233300020180074301, Folio 55, Expediente OneDrive.

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una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

3.5.2.1. Prestación personal del servicio

69. Conforme se expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la prestación personal del servicio supone que las actividades
contratadas sean ejecutadas directamente por quien celebra el contrato, sin que
pueda delegarlas libremente en un tercero. En ese sentido, este elemento se
encuentra acreditado cuando del acervo probatorio se evidencia que la ejecución
de las obligaciones dependía de las condiciones personales, conocimientos o
experiencia del contratista.

70. En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado este elemento. En efecto,
los expedientes contractuales allegados por el municipio de Bucaramanga permiten
establecer que Mayeny Joya Gutiérrez suscribió de manera sucesiva contratos de
prestación de servicios con la Secretaría de Planeación Municipal, los cuales fueron
celebrados en consideración a sus calidades personales y para la ejecución directa
de las actividades allí pactadas.

71. En igual sentido, las certificaciones contractuales, las actas de inicio, las
certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor, los comprobantes de
pago y las planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
evidencian que fue la demandante quien ejecutó los contratos y percibió la
contraprestación económica convenida, sin que obre prueba de que hubiera
delegado su ejecución en un tercero o que la entidad hubiera autorizado la
sustitución de su actividad por otra persona.

72. A ello se suma que, en el interrogatorio de parte, la demandante reconoció
haber ejecutado personalmente las actividades derivadas de los contratos
celebrados con el municipio de Bucaramanga, circunstancia que, además de ser
consistente con la prueba documental obrante en el expediente, no fue objeto de
controversia por la entidad demandada.

73. En consecuencia, la Sala concluye que en el presente asunto se encuentra
plenamente acreditado el elemento de la prestación personal del servicio, por lo que
corresponde analizar si, además de este presupuesto y de la remuneración, se
configuró el elemento de la subordinación, determinante para establecer la
existencia de una relación laboral encubierta.

3.5.2.2. Remuneración

74. En cuanto al elemento de la remuneración, la Sala advierte que también se
encuentra acreditado. En efecto, los contratos de prestación de servicios suscritos

18

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entre la demandante y el municipio de Bucaramanga establecieron el valor de los
honorarios que la entidad se obligó a pagar como contraprestación por la ejecución
de las actividades contratadas.

75. En ese orden, al encontrarse demostrados tanto la prestación personal del
servicio como la remuneración, corresponde a la Sala establecer si también se
configuró el elemento de la subordinación continuada, cuya acreditación resulta
indispensable para desvirtuar la naturaleza civil de los contratos de prestación de
servicios y declarar la existencia de una relación laboral encubierta.

3.5.2.3. Continuada subordinación o dependencia

76. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.

77. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.

78. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

79. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

80. En concordancia con lo anterior, debe precisarse que la subordinación es
aquella «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su empleador
y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del
trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En
efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con

19

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sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores,
sin que a este respecto le asista ningún tipo de independencia»25.

81. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que las pruebas obrantes
en el expediente no permiten desvirtuar la presunción prevista en el artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, según la cual los contratos de prestación de servicios no generan
relación laboral ni prestaciones sociales.

82. En efecto, la demandante sostuvo que durante la ejecución de los contratos
estuvo sometida a subordinación, por cuanto recibía instrucciones de la
coordinadora del SISBEN, cumplía un horario de trabajo, utilizaba los elementos
suministrados por el municipio y desarrollaba sus actividades conjuntamente con
los funcionarios de planta. Sin embargo, tales afirmaciones no encuentran respaldo
suficiente en los demás medios de convicción allegados al proceso.

83. Así, en el interrogatorio de parte manifestó que existían soportes de atención
al público, un correo electrónico mediante el cual se le requirió por la presentación
extemporánea de un informe y una bitácora que acreditaba el préstamo de una
impresora de su propiedad; no obstante, reconoció que ninguno de esos
documentos fue aportado al expediente. En consecuencia, tales afirmaciones
permanecen sustentadas únicamente en su dicho, el cual, por sí solo, resulta
insuficiente para acreditar el ejercicio del poder subordinante por parte de la entidad.

84. De otra parte, los expedientes contractuales contienen los contratos de
prestación de servicios, certificados de disponibilidad presupuestal, registros
presupuestales, actas de inicio, certificaciones de cumplimiento, planillas de aportes
al Sistema General de Seguridad Social Integral, comprobantes de pago y
certificaciones contractuales. No obstante, de su contenido no se desprende que la
demandante estuviera sometida a un horario impuesto, a controles de ingreso o
permanencia, a reglamentos internos de trabajo, a permisos para ausentarse, a
llamados de atención, memorandos, evaluaciones disciplinarias o, en general, al
ejercicio del poder de dirección característico de una relación laboral.

85. Si bien de dichos documentos se evidencia que la ejecución contractual
estuvo sometida a supervisión y que la contratista debía presentar informes de
actividades y cumplir las obligaciones pactadas, tales circunstancias corresponden
al ejercicio de las facultades de coordinación y vigilancia propias de todo contrato
estatal y, por sí mismas, no desvirtúan la autonomía e independencia que
caracteriza el contrato de prestación de servicios.

86. Del mismo modo, el hecho de que la demandante desarrollara sus actividades
en las instalaciones de la entidad utilizara algunos elementos suministrados por la
entidad o participara en reuniones o jornadas organizadas por la Secretaría de
Planeación tampoco constituye un indicio suficiente de subordinación. Tales

25
Ibidem.

20

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Demandado: Municipio de Bucaramanga

circunstancias responden a las condiciones normales de ejecución del objeto
contractual y no evidencian que la administración hubiera ejercido sobre ella un
poder permanente para imponer la forma, el tiempo y el modo en que debía
desarrollar sus labores.

87. En consecuencia, apreciadas en su conjunto las pruebas documentales y el
interrogatorio de parte, la Sala concluye que no se encuentra acreditado el elemento
de la subordinación continuada, pues las circunstancias demostradas en el proceso
evidencian una relación de coordinación y supervisión contractual, mas no el
ejercicio del poder subordinante propio de una relación laboral.

88. Tampoco se desvirtúa con el contenido de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes. En efecto, aunque en algunos de los primeros
vínculos contractuales el objeto se refirió a la prestación de servicios como
digitadora del programa SISBEN, la Sala advierte que dicha denominación no
refleja, por sí sola, las actividades realmente convenidas, pues el verdadero alcance
de la prestación del servicio se encuentra delimitado por las obligaciones
específicas previstas en cada contrato.

89. En ese sentido, la revisión integral de los expedientes contractuales evidencia
que las labores encomendadas a la demandante fueron cambiando de acuerdo con
las necesidades de la Secretaría de Planeación y de la Oficina del SISBEN. Así,
además de algunas actividades relacionadas con la aplicación o digitación de fichas
socioeconómicas en los primeros contratos, se le asignaron funciones de instalación
y actualización de aplicaciones informáticas, administración y depuración de bases
de datos, mantenimiento de equipos de cómputo, generación de copias de
seguridad, elaboración de indicadores e informes estadísticos, manejo de
correspondencia digital y archivo digital, organización documental digital, apoyo a
procesos administrativos, entre otras.

90. Lo anterior permite concluir que la demandante de manera permanente y
constante no desempeñó un rol de encuestadora o digitadora, como lo sostiene en
la demanda y en el recurso de apelación. Por el contrario, las obligaciones
contractuales demuestran que prestó diversos servicios de apoyo técnico, operativo
y administrativo, cuya naturaleza varió durante la ejecución de los distintos contratos
conforme a las necesidades de la administración. En consecuencia, no resulta
acertado inferir la existencia de una relación laboral a partir de la sola denominación
empleada en algunos objetos contractuales, pues es el contenido material de las
obligaciones pactadas el que determina el verdadero alcance del vínculo.

91. De igual manera, ninguna de las obligaciones específicas previstas en los
contratos permite inferir el ejercicio de un poder subordinante por parte del municipio
de Bucaramanga. En efecto, las actividades allí descritas establecen qué debía
ejecutar la contratista y los resultados esperados por la administración, pero no
regulan cómo, cuándo o bajo qué instrucciones permanentes debían desarrollarse,
ni contemplan la imposición de horarios, controles de asistencia, reglamentos

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Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

internos, permisos, memorandos, llamados de atención, potestades disciplinarias o
cualquier otra manifestación del poder de dirección propio de una relación laboral.

92. Incluso, obligaciones como presentar informes periódicos al supervisor,
atender los requerimientos derivados del objeto contractual o desarrollar las
actividades que le fueran asignadas por la administración no pueden analizarse de
manera aislada, sino en armonía con el objeto y las obligaciones específicas
pactadas en cada contrato. En ese sentido, la cláusula general relativa a las «demás
actividades» debe entenderse referida a labores complementarias necesarias para
la adecuada ejecución del objeto contractual, dentro de las facultades de
coordinación, seguimiento y vigilancia que corresponden al supervisor del contrato.

93. En consecuencia, dicha estipulación no constituye, por sí sola, una
manifestación del poder subordinante, máxime cuando en el expediente no obran
pruebas de que, con fundamento en ella, la entidad hubiera impartido órdenes
permanentes sobre el modo, tiempo o lugar de la prestación del servicio, ni ejercido
controles de asistencia, potestades disciplinarias o cualquier otra manifestación
propia de una relación laboral.

94. Finalmente, la Sala destaca que las obligaciones generales pactadas entre las
partes establecieron expresamente que la contratista debía desarrollar con
autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al
mismo, estipulación que resulta plenamente concordante con la naturaleza jurídica
del contrato de prestación de servicios prevista en el artículo 32 de la Ley 80 de
1993. Tal presunción legal no fue desvirtuada mediante las pruebas allegadas al
proceso, razón por la cual no es posible concluir que entre las partes existiera una
relación laboral encubierta.

3.6. Conclusión de la decisión

95. De conformidad con el análisis precedente, la Sala concluye que, si bien se
encuentran acreditados los elementos de la prestación personal del servicio y
la remuneración, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción prevista en
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que las pruebas obrantes en el
expediente no permiten establecer que durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios hubiera estado sometida al poder subordinante propio de
una relación laboral.

96. En efecto, las pruebas documentales demuestran la celebración y ejecución
de los contratos de prestación de servicios, así como el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y el pago de los honorarios pactados; sin embargo, no
acreditan la imposición de un horario, controles de asistencia, reglamentos internos,
potestad disciplinaria o cualquier otra manifestación del poder de dirección
característico de una relación laboral. Por su parte, las afirmaciones realizadas por
la demandante en el interrogatorio de parte relacionadas con tales circunstancias
no encuentran respaldo en otros medios de prueba que obran en el expediente.

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Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

97. En ese contexto, las circunstancias acreditadas en el proceso evidencian una
relación de coordinación y supervisión inherente a la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, mas no el ejercicio de una subordinación continuada en los
términos exigidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y la
jurisprudencia de esta Corporación.

98. En consecuencia, al no acreditarse uno de los elementos esenciales para la
configuración de una relación laboral encubierta, la Sala confirmará la sentencia
proferida el 19 de octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

4. Costas

99. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas. En virtud de lo anterior, se revoca el numeral segundo
de la sentencia apelada, en lo demás, se confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Santander, con las precisiones efectuadas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander del 19 de octubre de 2021, que negó las pretensiones
de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.

Segundo. Revocar el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de octubre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander.

Tercero. Sin condena en costas en ninguna de las dos instancias.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

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Radicación: 68001233300020180074301 (0373-2023)
Demandante: Mayeny Joya Gutiérrez
Demandado: Municipio de Bucaramanga

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Con salvamento de voto
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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