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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00762-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2018-00762-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales quinto, sexto, décimo y décimo primero de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal 66 Cfr. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00411- 01 (AP) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de enero de 2021, expediente nro. 68001-23-33-000-2019-00250-01(AP). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 67 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 68 “[…] Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho[…]”. El artículo 3.° se establece que cuando la demanda no contenga pretensiones de índole pecuniario, o cuando se trate de la segunda instancia, de recursos, de incidentes o asuntos similares, las tarifas se establecen en salarios mínimos Según lo dispuesto por el parágrafo 1.° de esta norma, son pretensiones de dicha índole aquellas en las que se pide la simple declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, entre otras. El artículo 5.° del mismo Acuerdo, fija las tarifas de las agencias en derecho de conformidad con la instancia, en tal sentido, prevé que en los procesos sin cuantía o sin pretensiones pecuniarias de primera instancia el reconocimiento de las agencias en derecho oscila entre 1 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y, en los de segunda instancia de idénticas características, entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 44 Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01 Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: “[…] QUINTO: ORDENAR al municipio de Bucaramanga y a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que adelanten las acciones técnicas, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2018-00762-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER
Demandada: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. E.S.P.
Vinculados: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, ACUEDUCTO
METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER, CORPORACIÓN AUTÓNOMA PARA LA DEFENSA
DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Coadyuvantes: ANGIE MARCELA ORTIZ BARRIOS Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de
Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.,
contra la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Defensoría del Pueblo Regional Santander demandó en ejercicio de la acción
popular a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., con el
propósito de obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales h), l) y n) del artículo 4.° de la Ley 472 de 5 de agosto de 19981.

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se reconozca que el demandado EMPRESA PUBLICA (sic) DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. EMPAS DE BUCARAMANGA, está
vulnerando los derechos colectivos: A los intereses de los consumidores y usuarios,
con la negación al acceso a una infraestructura de servicios públicos domiciliarios
eficientes, no obstante facturar y cobrar por un servicio NO PRESTADO, pues no
garantizan a la comunidad de la COMUNA 10 DEL SECTOR LUZ DE SALVACIÓN
del municipio de Bucaramanga, una red de alcantarillado, que sustente el cobro y

1
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […]
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
[…] n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”.

2

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

facturación de este servicio. De igual manera el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, garantizando su prestación eficiente y
oportuna; y previsión de desastres técnicamente previsibles.

SEGUNDA: Que se reconozca que el demandado EMPRESA PUBLICA (sic) DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. EMPAS DE BUCARAMANGA, está
vulnerando los derechos colectivos: A los intereses de los consumidores y usuarios,
con la negación al acceso a una infraestructura de servicios públicos domiciliarios
eficientes, no obstante facturar y cobrar por un servicio NO PRESTADO, pues no
garantizan a la comunidad de la COMUNA 10 DEL SECTOR LUZ DE SALVACIÓN
del municipio de Bucaramanga, una red de alcantarillado, que sustente el cobro y
facturación de este servicio.

De igual manera el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, garantizando su prestación eficiente y oportuna; y previsión de
desastres técnicamente previsibles.

Viabilidad y conducto para el reembolso o inversión por parte del EMPAS en la
infraestructura de alcantarillado, de los dineros recaudados sin haber prestado el
servicio público de alcantarillado.

TERCERA: Se ordene realizar inspección ocular, a las tuberías, (redes) de acceso a
este servicio, con el fin de verificar su estado, su estructura, tiempo aproximado de
instalación, y recursos usados para la compra e instalación de las mismas, las cuales
son artesanales con total inversión por parte de la comunidad; y puede haber un
estudio de la situación actual de estas aguas.

CUARTA: Que se ordene el reembolso de los cobros no debidos aquí referidos, o en
su defecto que se invierta en obras relacionadas con el alcantarillado u obras de
interés para la comunidad.

QUINTA: Si hubiere oposición, condénese en costas a la parte demandada, a favor
del fondo de ley en favor de la DEFENSORIA (sic) DEL PUEBLO, en forma solidaria.
[…]”2. (Negrilla y subrayado del texto)

3. Como fundamento fáctico, la parte demandante informó que en la comuna 10
del municipio de Bucaramanga, se encuentra el sector denominado Luz de
Salvación, en el cual, la comunidad construyó redes de alcantarillado de manera
artesanal.

4. Explicó que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP
(EMPAS) factura y cobra el servicio de alcantarillado desde el año 2016 a 400
familias, pese a que la empresa solamente instaló los pozos y colectores.

5. Indicó que los miembros de la comunidad elevaron varias peticiones a la
EMPAS, para que evaluara esta problemática que desconoce los derechos de los
consumidores, por el cobro y pago de lo no debido.

6. Señaló que la Secretaría de Infraestructura del departamento de Santander,
mediante comunicación de 28 de diciembre de 2017, precisó que la construcción
del alcantarillado en el sector Luz de Salvación, se incluyó en el Plan de Desarrollo
Departamental dentro del programa de agua potable y saneamiento básico.

2
Cfr. Índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “5ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”.

3

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

7. Añadió que la Dirección de Planeación y Proyectos del Acueducto Metropolitano
de Bucaramanga S.A., mediante comunicado de 1.º de septiembre de 2017 informó
a la comunidad que EMPAS es la entidad encargada de la prestación del servicio
de alcantarillado.

8. Afirmó que el 19 de febrero de 2018 EMPAS S.A. ESP, en respuesta a las
quejas por el cobro del servicio de alcantarillado, manifestó que “[…] aplicada una
prueba de anilina de color rojo en una casa del sector, se evidenció que estos
predios están conectados al sistema de alcantarillado […] motivo por el cual, no es
factible exonerarlos del cobro del servicio […]”.

9. Indicó que, mediante comunicado de 3 de mayo de 2018, EMPAS S.A. ESP
reiteró que no era viable la exoneración del cobro del servicio de alcantarillado, por
cuanto, “[…] la descarga final de aguas residuales de los barrios es entregada a la
infraestructura operada por la empresa y dichos cobros hacen parte de la inversión
que debe hacer la misma para el mantenimiento de las redes […]”.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 18 de septiembre de
20183, admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la
demandada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara
la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público y a la
ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de
la comunidad.

11. Por auto de 28 de marzo de 20194 se denegó la medida cautelar solicitada,
consistente en la suspensión de los cobros del servicio de alcantarillado en el sector
objeto de análisis.

12. Mediante decisión de 10 de junio de 20195, el a quo vinculó al Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. y al municipio de Bucaramanga.

13. El Tribunal Administrativo de Santander en providencia de 8 de octubre de
20196, ordenó la vinculación del Departamento de Santander y declaró fallida la
audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se
formuló proyecto de pacto de cumplimiento.

14.El a quo mediante auto de 18 de noviembre de 20207, vinculó al proceso a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB).

3
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “016AutoAdmite.pdf”
4
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “002Cuaderno Medida Cautelar”, documento denominado “008AutoNiegaMedidaCautelar.pdf”
5
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “025AutoVinculaDemandados.pdf”
6
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “038 ActaAudienciaPactoCumplimiento.pdf”
7
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “061 AutoOrdenaVinculaciónCDMB.pdf”.

4

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

15. Mediante memorial de 3 de abril de 20248, los señores Angie Marcela Ortiz
Barrios, Samael Dukley Trujillo Campos, Adolinda Sanabria, Flor María García, Ana
Virginia Mosquera, Margarita Salazar Gómez, Cecilia Gómez Vega, Sandy Sulay
Castellanos Ramírez, Martha Ester Barrios Pinzón, Manuel Jesús Carvajal, María
Aurora Lozano Prada, Janneth Villamizar Suárez y Sandra Patricia Barrios Pinzón
en su calidad de habitantes del barrio luz de salvación I, presentaron a través de
apoderado judicial solicitud de coadyuvancia.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.

16. EMPAS S.A. ESP, en escrito de 6 de noviembre de 20189, se opuso a las
pretensiones de la demanda y alegó que no quebrantó ningún derecho colectivo.
Aclaró que la creación de la empresa en el año 2006 obedeció a una decisión del
Consejo de Estado, en la que ordenó a la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la separación de la prestación del servicio
de alcantarillado, de la función de regulación ambiental.

17. Manifestó que EMPAS S.A. ESP se encarga de la prestación del servicio de
alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en las
zonas que no presentan restricciones. Sin embargo, el asentamiento Luz de
Salvación I se encuentra por fuera del perímetro en donde opera, por lo que la
prestación del servicio de alcantarillado corresponde al municipio de Bucaramanga.

18. Indicó que la comunidad conectó las tuberías de aguas residuales al colector de
las quebradas La Chiquita y La Cuellar. Esa infraestructura colapsó en algunos
sectores por las conexiones irregulares que la comunidad ha generado.

19. Informó que se celebraron 3 convenios con los presidentes de la Junta de
Acción Comunal del sector para prestar el servicio de alcantarillado a la comunidad
y, por ello, no era viable reembolsar los costos facturados por la prestación del
servicio. Esa empresa presta el servicio en la condición especial de pila pública,
definida como la fuente de agua instalada por la persona prestadora del servicio de
acueducto de manera provisional para el abastecimiento colectivo en zonas que no
cuentan con la red local, siempre que las condiciones técnicas y económicas
impidan la instalación de redes domiciliarias.

20. Consideró que, si bien las redes de alcantarillado son artesanales y fueron
construidas por los residentes del asentamiento, no transgredió los derechos
colectivos porque: (i) el cobro del servicio corresponde a la captación, transporte y
disposición final de las aguas residuales; y (ii) el municipio es responsable de
garantizar la prestación del servicio de alcantarillado dado que se trata de una
población ubicada en zona de alto riesgo.

8
Cfr. índice 165, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander.
9
índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-00”,
subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “017 ContestaciónDemandaEMPAS.pdf”.

5

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

21. Finalmente, propuso las excepciones de: (i) “[…] Ausencia de responsabilidad
de EMPAS S.A. en la supuesta vulneración de derechos colectivos invocados […]”
y (ii) “[…] Cumplimiento legal de EMPAS S.A., en el cobro de facturación, por
encontrarse la tubería conectada a un colector maestro existente operado por la
entidad […]”.

I.3.2. Municipio de Bucaramanga

22. El municipio de Bucaramanga, mediante escrito de 30 de julio de 201910, solicitó
la desestimación de las pretensiones de la demanda, al considerar que esa
autoridad no vulneró o amenazó los derechos colectivos.

23. Señaló que la comunidad construyó el sistema de alcantarillado del
asentamiento Luz de Salvación I, el cual cuenta con mangueras, tubos, cajas de
inspección y sistema de descarga final en la canalización de la quebrada La
Chiquita. Mientras que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP
construyó el colector.

24. Indicó que no era viable “[…] dar concepto técnico sobre el estado actual del
sistema de alcantarillado existente, toda vez que […] las tuberías y las cajas de
inspección en su gran mayoría van enterradas […]”.

25. Aclaró que, en aplicación del Decreto 3050 de 27 de diciembre de 2013 11 y la
Ley 142 de 11 de julio de 199412, la empresa prestadora de servicios públicos debe
asegurar la infraestructura y la prestación del servicio de alcantarillado, teniendo en
cuenta que el sector de Luz de Salvación es un barrio legalizado de acuerdo a la
Resolución 0511 del 22 de julio de 2015.

26.Finalmente, propuso las excepciones de: (i) “[…] Falta de legitimación en la
causa por pasiva […]”; e (ii) “[…] Improcedencia de la acción popular. […]”.

I.3.3. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.

27. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, mediante memorial de
2 de agosto de 201913, sostuvo que esa entidad no amenazó o vulneró ningún
derecho colectivo. Precisó que en la demanda no existen fundamentos fácticos o
jurídicos que permitan establecer su responsabilidad.

28. Afirmó que la demanda no refiere a la indebida prestación del servicio de
acueducto, ni identifica acciones u omisiones de la empresa de acueducto que
vulneren los derechos colectivos, y tampoco incluye hechos relacionados con las

10
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “032 Contestación Demanda Mpio Bucaramanga.pdf”.
11
“[…] Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado […]”.
12
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
13
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “031 ContestacionDemandaAMB.pdf”.

6

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

competencias de esa empresa. Por el contrario, recauda la tarifa del servicio de
alcantarillado, con ocasión del convenio de facturación conjunta 02 de 2006 suscrito
con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP.

29. Planteó que suministra el servicio de agua potable al asentamiento Luz de
Salvación I, mediante la instalación provisional de tres pilas públicas con códigos de
suscripción: (i) 283014 medidor ubicado en el asentamiento (sin dirección), cuyo
suscriptor es la JAC Luz de Salvación; (ii) 195593 medidor ubicado en la carrera 20
calle 117, cuyo suscriptor es la Asociación Luz de Salvación; y (iii) 183062 medidor
ubicado en la carrera 19 # 122, cuyo suscriptor es la JAC Luz de Salvación.

30. Aclaró que, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de
1994, no es responsable de las acciones u omisiones del prestador del servicio de
alcantarillado.

31. Por último, solicitó declarar probadas las excepciones de: (i) “[…] No vulneración
de los derechos alegados por la accionante […]” y (ii) “[…] Falta de legitimación en
la causa por pasiva […]”.

I.3.4. Departamento de Santander

32. El departamento de Santander en escrito de 1.º de julio de 202014, se opuso a
la prosperidad de las pretensiones porque carecen de fundamentos de hecho y
derecho. Precisó que las autoridades municipales tienen el deber de garantizar la
prestación de los servicios públicos en su jurisdicción, ya sea directamente o a
través de una empresa autorizada, conforme a la Ley 142 de 1994.

33. Indicó que, de acuerdo con las competencias asignadas legalmente, las
entidades responsables que deben atender la prestación del servicio de
alcantarillado son el municipio de Bucaramanga y la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. ESP.

34. Señaló que el departamento de Santander únicamente cumple funciones de
intermediación, planificación y coordinación entre el Gobierno Nacional y los
municipios de su jurisdicción. Igualmente, tiene funciones administrativas
complementarias a la gestión local de los municipios.

35. Planteó que el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luz de
Salvación del municipio de Bucaramanga, radicó ante la Secretaría de
Infraestructura departamental el proyecto “Construcción alcantarillado sanitario
barrio Luz de Salvación parte alta y baja municipio de Bucaramanga, Santander”, el
cual se devolvió para corrección el 2 de abril de 2019 y hasta la fecha no cuenta con
información adicional.

14
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “054 ContestacionDepartamentoSantander.pdf”.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

36. Manifestó que los prestadores de servicios públicos dentro del área del
perímetro urbano deben expedir la certificación de viabilidad y disponibilidad
inmediata de los servicios cuando sean solicitados por parte de los urbanizadores,
para establecer las condiciones técnicas de conexión y suministro del servicio.

37. Finalmente, propuso las excepciones denominadas: (i) “[…] falta de legitimación
en la causa por pasiva […]”; y (ii) “[…] improcedencia de la acción popular por
inexistencia de acciones u omisiones del ente territorial que conlleven a endilgar su
responsabilidad […]”.

I.3.5. Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB

38. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en
escrito de 17 de diciembre de 202015, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al considerar que no era responsable de la presunta vulneración de los derechos
colectivos, y que las entidades con competencias legales en la materia tenían que
comparecer al proceso.

39. Planteó que, según las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas
Regionales por la Ley 99 de 22 de diciembre de 199316, esas autoridades no
ejecutan obras de alcantarillado, ni prestan ese servicio público. Por tanto, una
orden en esa materia implicaría exceder las competencias de la entidad.

40. Indicó que la CDMB solo asesora y acompaña a las autoridades municipales en
temas ambientales, pero ello no implica que tenga el deber de construir obras, o
cobrar y reembolsar los costos facturados por la prestación de servicios públicos
domiciliarios. En consecuencia, solicitó declarar probada la excepción de “[…] falta
de legitimación en la causa por pasiva […]”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

41. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 23 de mayo de
202417, amparó los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, los derechos de los consumidores y usuarios, y
el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, cuya
transgresión atribuyó a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.
E.S.P. – EMPAS, al municipio de Bucaramanga, al departamento de Santander y a
la CDMB.

42. En primer lugar, el tribunal desarrolló el marco normativo y jurisprudencial
relacionado con los derechos colectivos invocados, la prestación de los servicios

15
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “65 Contestacion Demanda CDMB.pdf”.
16
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones […]”.
17
Cfr. Índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf)
NroActua 2”.

8

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

públicos domiciliarios y las competencias de los municipios en la materia previstas
en las Leyes 136 de 2 de junio de 199418 y 388 de 18 de julio de 199719.

43. Indicó que el Decreto 302 de 25 de febrero de 200020 reguló los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, otorgando a los municipios la competencia
para construir, ampliar, rehabilitar y mejorar esa infraestructura, como garante de la
prestación del servicio.

44. Recordó que los departamentos deben apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos que operan en su
jurisdicción o a los municipios que asumieron la prestación directa, de conformidad
con la Ley 1176 de 27 de diciembre de 200721.

45. Consideró que el barrio Luz de Salvación I se sitúa en el sur occidente de la
ciudad de Bucaramanga, en un sector que presenta alta vulnerabilidad frente a los
fenómenos de remoción en masa. Ese asentamiento “[…] fue legalizado y
regularizado urbanísticamente por parte del Municipio de Bucaramanga con la
expedición de la Resolución No. 0511 del 22 de julio de 2015. Acto administrativo
que le otorga un tratamiento del suelo como urbano, con mejoramiento integral para
actividad residencial con actividad económica […]”.

46. Señaló que el consorcio EDARFIS, al momento de la legalización del barrio,
realizó un estudio sobre el nivel de amenaza y riesgo por deslizamientos e
inundaciones, en cuyo marco definió las obras necesarias para la mitigación del
riesgo. Esa consultoría garantizó “[…] que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y
velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del
medio ambiente y la prevención de desastres […]”.

47. Puso de presente que, según EMPAS, no se puede construir una infraestructura
adecuada de alcantarillado porque el asentamiento está en una zona de ladera,
expuesta a riesgos de deslizamientos e inundaciones. El barrio Luz de Salvación I
cuenta con servicio de acueducto mediante una pila pública, y de alcantarillado de
forma artesanal, conectado al interceptor sanitario La Chiquita operado por EMPAS
S.A. ESP.

48. Señaló que esa empresa suscribió un convenio de prestación del servicio
público de alcantarillado en condiciones especiales con los presidentes de las
Juntas de Acción Comunal, “[…] en ellos se reconoce que el barrio Luz de Salvación
I se conectó a las redes públicas de alcantarillado de la Empresa […] de manera
irregular usando el servicio de captación, transporte y disposición final de las aguas
residuales domésticas […] a cambio de un valor que se le pagará a la EMPAS […]”.

18
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
19
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
20
“[…] Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado […]”.
21
“[…] Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.

9

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

49. Encontró acreditado que la Secretaría de Infraestructura del municipio de
Bucaramanga mediante oficio de 18 de noviembre de 2016 comunicó a esa
empresa que se daban las condiciones para avanzar “[…] en el mejoramiento de las
redes de alcantarillado de los sectores en mención y de esta forma atender las
necesidades de la comunidad […]”.

50. Advirtió que la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga el 25 de julio de
2019 realizó una visita de inspección en la que concluyó que no podía “[…]
determinar con precisión cuales tramos de la red de conducción construida por la
comunidad, entregan a la Quebrada y cuales al colector del EMPAS […]”, y que era
“[…] necesario realizar estudios de auscultación de la tubería y cajas existentes
[…]”, para establecer el estado del sistema de alcantarillado.

51. El tribunal reconoció que esa problemática surgió desde la construcción
irregular de las viviendas por parte de la comunidad, por la falta de estudios técnicos
urbanísticos y de infraestructura de servicios públicos. Sin embargo, no consideró
procedente el reembolso del dinero pagado por el servicio, teniendo en cuenta que
ese cobro financia las actividades de “[…] captación, transporte y disposición final
que se hace mediante el interceptor La Chiquita […]”, y evita la descarga directa a
la quebrada del mismo nombre.

52. En consecuencia, el tribunal resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. ACEPTÁSE (sic) la solicitud de coadyuvancia elevada por los
señores Angie Marcela Ortiz Barrios, Samael Dukley Trujillo Campos, Adolinda
Sanabria, Flor María García, Ana Virginia Mosquera, Margarita Salazar Gómez,
Cecilia Gómez Vega, Sandy Sulay Castellanos Ramírez, Martha Ester Barrios Pinzón,
Manuel Jesús Carvajal, María Aurora Lozano Prada, Janneth Villamizar Suárez y
Sandra Patricia Barrios Pinzón en su calidad de habitantes del barrio Luz de Salvación
I, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga – AMB,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación por
pasiva propuesta por el Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander
y la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
CDMB, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO. CONCEDER la protección de los derechos e intereses colectivos al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, los derechos de
consumidores y usuarios, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente de los habitantes del barrio Luz de Salvación I de
Bucaramanga, por lo expuesto en la parte motivada (sic) de esta sentencia.

QUINTO. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, en caso de no haberlo hecho y en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice un
censo y estudio técnico en el que se determinen los siguientes puntos:

• El número total de habitantes de barrio Luz de Salvación I.
• El número de personas que habitan en cada una de las viviendas.

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• La determinación del nivel de riesgo, de conformidad con las normas
constitucionales, legales y reglamentarias, en la que se encuentra cada una de las
familias y viviendas, teniendo en cuenta la ubicación de las mismas en los distintos
sectores del barrio.
• La situación específica de cada familia y vivienda en relación con la disposición de
residuos líquidos y sólidos, en especial, de las aguas grises y residuales.

SEXTO. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga y la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS, en el marco de las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de cada una, que, dentro de los doce (12)
meses siguientes a la realización del censo, inicie y culmine los estudios técnicos
pertinentes en los cuales se determinen las opciones de intervención, detallando la
medida correspondiente a las circunstancias de cada vivienda, haciendo uso de la
información obtenida del censo, que permita garantizar técnicamente la prestación
del servicio público de alcantarillado en el barrio Luz de Salvación I, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

De conformidad con los resultados arrojados por los estudios técnicos, en el evento
de ser procedente, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al término dichos (sic)
estudios, el Municipio de Bucaramanga deberá adelantar las gestiones
administrativas para la apropiación de los recursos que permitan la ejecución de las
obras que posibiliten la prestación del servicio público de alcantarillado en el barrio
Luz de Salvación I, objeto de discusión en la presente acción popular, se reitera, con
la claridad de que esta orden solamente cobija aquellos predios y viviendas en que el
estudio técnico y análisis correspondiente haya concluido sobre la viabilidad de la
prestación del servicio público de alcantarillado.

SÉPTIMO. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, en el evento en que sea
técnicamente procedente, dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, se ejecuten las obras que hayan sido definidas en los correspondientes
estudios técnicos con el objeto de garantizar la prestación del servicio público de
alcantarillado.

OCTAVO. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, una vez culminados el
censo y estudios técnicos anteriormente ordenados, en el evento de ser procedente
inicie los trámites correspondientes para efectos de la reubicar (sic) las familias y
habitantes del barrio Luz de Salvación I cuyas viviendas se encuentren en zona donde
el estudio técnico haya arrojado la imposibilidad de prestación del servicio de
alcantarillado, a un lugar donde se garantice la adecuada prestación de los servicios
públicos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la reubicación sería necesaria para casos en que
los estudios hayan advertido circunstancias como, por ejemplo y entre otros: i)
imposibilidad de prestación del servicio público; ii) infraestructura necesaria para la
prestación del servicio público de alcantarillado no garantiza estándares de seguridad;
iii) imposibilidad derivada de la ubicación de las viviendas, conforme al estudio, en
zona de riesgo alto no mitigable; e iv) imposibilidad de legalización del predio.
Reubicación que deberá garantizarse en el término de 12 meses.

NOVENO. ORDENAR al Municipio de Bucaramanga que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y de manera inmediata,
adopten (sic) las medidas necesarias, incluso aquellas derivadas del ejercicio de la
función de policía, orientadas a evitar que nuevas familiar (sic) se ubiquen en las
viviendas que conforme al estudio técnico se haya (sic) arrojado la imposibilidad de
prestación del servicio de alcantarillado.

DÉCIMO. ORDENAR la conformación del Comité de Verificación integrado por un
delegado de la Defensoría del Pueblo – Regional Santander -, un representante de la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS, un
representante del municipio de Bucaramanga, un representante del Departamento de

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Santander, y un representante de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga – CDMB con el propósito de que realicen seguimiento
y adopten las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la presente
sentencia.

DÉCIMO PRIMERO. CONDENAR en costas al municipio de Bucaramanga y la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS en partes
iguales a favor de la Defensoría del Pueblo. Su liquidación se hará por intermedio de
la Secretaría de esta Corporación, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo
366 ibidem.

DÉCIMO SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO TERCERO. SE RECONOCE PERSONERÍA para actuar a la abogada Eyni
Patricia Aponte Duarte portadora de la tarjeta profesional No. 159.571 del C.S. de la
J, como apoderada de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.
– EMPAS […].

DÉCIMO CUARTO. SE RECONOCE PERSONERÍA para actuar a la abogada Diana
Marcela Suarez Fajardo portadora de la tarjeta profesional No. 151.419 del C.S. de la
J, como apoderada del municipio de Bucaramanga […].

DÉCIMO QUINTO. SE RECONOCE PERSONERÍA para actuar a la abogada Yuandi
Alexandra Figueroa García portadora de la tarjeta profesional No. 307.656 del C.S.
de la J, como apoderada de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga […].

DÉCIMO SEXTO. SE RECONOCE PERSONERÍA para actuar a la abogada Ivón
Tatiana Santander Silva portadora de la tarjeta profesional No. 202.087 del C.S. de la
J, como apoderada del Departamento de Santander […].

DÉCIMO SÉTIMO. (sic) ENVÍESE copia de la sentencia a la Defensoría del Pueblo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO OCTAVO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE (sic) las
diligencias, previas las constancias y anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI
[…]”22. (Negrilla del texto)

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP, mediante
escrito de 29 de mayo de 202423, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, por cuanto las órdenes adoptadas contrarían las pruebas que obran en el
proceso, conforme a las cuales el barrio Luz de Salvación se encuentra en un sitio
de alto riesgo que no reúne las características técnicas para el funcionamiento de
un sistema de alcantarillado.

53. Explicó que esa empresa se encarga de prestar el servicio público domiciliario
de alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, para los
sectores que se encuentren dentro del perímetro de servicio y que cumplan con los
requisitos de viabilidad exigidos en las normas aplicables.

22
Cfr. Índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf)
NroActua 2”.
23
Cfr. Índice 174, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, documento denominado
“265_MemorialWeb_Recurso-EMPASCONCEPTOTECNI(.pdf) NroActua 174”.

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54. Señaló que, según el parágrafo 2.° del artículo 7.° de la Resolución CRA 688
de 24 de junio de 201424, al municipio le corresponde garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en las áreas en las que
ningún prestador suministra esos servicios.

55. Agregó que “[…] de conformidad con lo establecido por los Decretos 3050 de
2013, 302 de 2000 reglamentario de la Ley 142 de 1994 y modificado parcialmente
por el Decreto 229 de 2002 y compilados por el Decreto 1077 de 2015 […]”, uno de
los requisitos para la disponibilidad del servicio es estar ubicado dentro del
perímetro de servicio.

56. En consecuencia, argumentó que el municipio de Bucaramanga debe cumplir
con la orden de realizar los estudios técnicos necesarios para la conexión de
cualquier tipo de alcantarillado, utilizando recursos propios o del Sistema General
de Participaciones.

57. Manifestó que: (i) el barrio Luz de Salvación tiene un alcantarillado artesanal
construido por sus habitantes; (ii) la empresa no ha recibido infraestructura de
alcantarillado del municipio, ya que la zona es una ladera marginal sin formalización
de servicios públicos; (iii) el colector maestro interceptor de la quebrada La Chiquilla,
no contempló en el sistema de drenaje estas cargas adicionales, por lo que las
conexiones no autorizadas llevaron al colapso de la red por incapacidad e
inestabilidad estructural; (iv) el desarrollo de esos asentamientos no obedeció a un
proceso de urbanismo planificado, lo que genera alto riesgo para la infraestructura
de servicios públicos; y (v) el régimen de los servicios públicos encomienda el
manejo de las redes a la empresa y a los usuarios.

58. Señaló que el control y protección del espacio público y la vigilancia del
desarrollo urbanístico es una competencia exclusiva del municipio. En
consecuencia, “[…] es responsabilidad de la administración municipal determinar si
los predios allí asentados son objeto de reubicación, o si por el contrario, entraran
(sic) en proceso de consolidación, para lo cual de darse tal situación, deberá prever
el municipio no solo el desarrollo de las obras de construcción de infraestructura de
servicios públicos, sino también los trabajos de estabilización del sector, de ser
requeridos […]”. Explicó que la administración cuenta con los métodos de
financiamiento necesario para cumplir con las órdenes de amparo.

59. Explicó que la descarga de las aguas residuales en el interceptor de la quebrada
La Chiquilla evita la contaminación de las fuentes hídricas, y se opuso a la condena
en costas de la primera instancia, ya que no vulneró los derechos colectivos.

III.2. El Municipio de Bucaramanga, por memorial radicado el 29 de mayo de
202425, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar que

24
“[…] Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana […].”
25
Cfr. Índice 173, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, documento denominado
“264_MemorialWeb_Recurso-apelacion29maypdf(.pdf) NroActua 173”.

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el ente territorial no es responsable de los hechos que dieron origen a la acción, y
tampoco tiene competencia para efectuar las obras ordenadas.

60. Expuso que es improcedente técnica, jurídica y financieramente realizar
intervenciones en el sector en materia de alcantarillado y no tiene competencia para
adelantar la reubicación de familias en el asentamiento Luz de Salvación I, como
quiera que dicha función se encuentra a cargo del Instituto de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (INVISBU).

61. Consideró que “[…] el asentamiento Luz de Salvación I del Municipio de
Bucaramanga, se encuentra en el perímetro urbano de la ciudad, y por ende, de
conformidad con lo contemplado en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, al
encontrarse el sector dentro del perímetro de servicio de la empresa EMPAS S.A,
es encargada de la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado […]”.

62. Aclaró que la EMPAS S.A. ESP, como prestadora del servicio público de
alcantarillado, cuenta con autonomía administrativa y presupuestal, por lo cual está
legitimada para atender la problemática.

63. Agregó que la empresa citada cuenta con la infraestructura y competencia
técnica necesaria para garantizar el eficaz suministro de los servicios de
alcantarillado, revisión de proyectos, autorización de servicios, construcción o
reposición de acometidas y alquiler de maquinaria.

64. Advirtió que “[…] EMPAS como prestadora de servicio público de Alcantarillado
está facultada […] para revisar las instalaciones, exigir las adecuaciones y
reparaciones que estime necesarias para la correcta utilización del servicio […]”, y
que la “[…] omisión del suscriptor o usuario para corregir las fallas que se presenten
en sus instalaciones internas de alcantarillado, es causal de suspensión de los
servicios de acueducto y alcantarillado […]”.

65.Precisó que las redes del barrio fueron construidas como redes internas, por lo
que los residentes del sector deben efectuar su mantenimiento con la asesoría y
apoyo de EMPAS S.A. ESP, que cobra el servicio.

66. Finalmente, se opuso a la condena en costas, al considerar que su actuar
procesal se ajustó a derecho.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

67. Mediante auto de 18 de junio de 202426, el Tribunal Administrativo de Santander
concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación interpuestos por el
municipio de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
S.A. E.S.P., contra la sentencia de 23 de mayo de 2024.

26
Cfr. Índice 176 del expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, documento denominado “270Auto Concede
Re_20180076200AutoConce(.pdf) NroActua 176”.

14

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68. Esta autoridad judicial, a través de auto de 16 de septiembre de 202427, admitió
los recursos, y se pronunció sobre las pruebas solicitadas en segunda instancia.

69. Mediante auto de 13 de noviembre de 202428, se corrió traslado a los sujetos
procesales para que presentaran sus escritos de alegatos de conclusión en esta
instancia. Igualmente, se informó al Ministerio Público sobre la oportunidad para
presentar su concepto dentro del trámite procesal.

70. Mediante memorial de 25 de noviembre de 202429, la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander - EMPAS S.A. ESP, insistió en los planteamientos
del recurso de apelación, indicando que el a quo no tuvo en cuenta las condiciones
geográficas del sector, como una zona de alto riesgo que no han sido atendidas por
el municipio de Bucaramanga. Igualmente precisó que ha prestado el servicio de
alcantarillado bajo las condiciones que generen la menor afectación a los
habitantes.

71. En escrito allegado el 25 de noviembre de 202430, el Departamento de
Santander reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Igualmente expuso que, en virtud de los principios de complementariedad de la
acción municipal, coordinación e intermediación entre la Nación y los municipios, es
viable cofinanciar proyectos de prestación de servicios públicos. No obstante,
señaló que en el Banco de Proyectos no se encuentra información sobre algún
proyecto de alcantarillado para el sector Luz de Salvación I.

72. El 26 de noviembre de 202431, la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, resaltó que no ha vulnerado o
amenazado ningún derecho colectivo, y que no tiene competencias para atender la
problemática planteada en materia de prestación de servicios públicos.

73. Mediante memorial de 27 de noviembre de 202432, el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A., consideró que debía confirmarse la decisión
de primera instancia respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva, al
no encontrar responsabilidad en la presunta vulneración a los derechos colectivos.

74. Por escrito de 28 de noviembre de 202433, el municipio de Bucaramanga
reiteró los argumentos del recurso de apelación, aclarando que no es responsable
de la construcción o administración de las redes del servicio de alcantarillado del
asentamiento Luz de Salvación I, por lo cual no debe adelantar ningún tipo de
gestión o inversión para su adecuación. Adicionalmente, solicitó que se
desestimaran las costas y agencias en derecho planteadas por el demandante.

27
Cfr. índice 7 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
“13Autoqueadmite_AP201876201DEFENSORP(.pdf) NroActua 7”.
28
Cfr. índice 18 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
“26Autoquecorre_APA20180076201DEFENS(.pdf) NroActua 18”.
29
Cfr. índice 23 expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “29_MemorialWeb_Alegatos-
RAD201876201Al(.pdf) NroActua 23“
30
Ibidem, índice 24 documento denominado “30_MemorialWeb_AlegatosdeconclusiOnyconstanciadeenviO(.pdf) NroActua
24”.
31
Ibidem, índice 25 documento denominado “31_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATODEFENSORIAD(.pdf) NroActua 25”.
32
Ibidem índice 26 documento denominado “32_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSambsegunda(.pdf) NroActua 26”.
33
Ibidem índice 27 documento denominado “35_MemorialWeb_DESCORROTRASLADO-ALEGATOSDECONCLUSION(.pdf)
NroActua 27”.

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75. El agente del Ministerio Público, guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

76. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201134 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
de 201935, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el
marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

77. La Defensoría del Pueblo Regional Santander atribuyó a la Empresa Pública
de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., la transgresión de los derechos
colectivos previstos en los literales h), l) y n) del artículo 4.° de la Ley 472, debido al
cobro del servicio de alcantarillado realizado a los residentes del sector Luz de
Salvación I del municipio de Bucaramanga, pese a que esa comunidad construyó
las redes de alcantarillado.

78. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Santander, autoridad judicial que, tras vincular al municipio de
Bucaramanga, al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP, al
departamento de Santander y a la CDMB; amparó los derechos colectivos al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, los derechos
de los consumidores y usuarios, y el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente.

79. El a quo ordenó al municipio de Bucaramanga que realizara un censo sobre el
nivel de riesgo y la población del sector, así como un estudio técnico sobre la
viabilidad de la prestación del servicio de alcantarillado en el barrio Luz de Salvación
I. También ordenó al municipio apropiar los recursos necesarios, ejecutar las
respectivas obras y reubicar las viviendas en donde no sea posible prestar el
servicio. Además, ordenó a EMPAS S.A. ESP que participara en la elaboración del
estudio de viabilidad técnica de la prestación del servicio.

80. El municipio de Bucaramanga y EMPAS S.A. ESP presentaron recursos de
apelación contra la sentencia de primera instancia. En la alzada plantearon que el
tribunal de primera instancia desconoció las competencias de cada una de las
entidades para el efectivo cumplimiento de las órdenes adoptadas en la materia,
teniendo en cuenta las características propias del sector Luz de Salvación I. El

34
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
35
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado[…]”.

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municipio agregó que no es la entidad encargada de adelantar las acciones de
reubicación. Además, ambas entidades se opusieron a la condena en costas.

V.3. Análisis del caso concreto

81. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: (i) el régimen jurídico
de la prestación del servicio de alcantarillado en asentamientos subnormales y en
zonas de difícil gestión; (ii) la responsabilidad de EMPAS S.A. ESP y del municipio
de Bucaramanga en el caso concreto; (iii) los argumentos que cuestionan la
pertinencia de las órdenes de amparo; y (iv) la procedencia de la condena en costas.

V.3.1. El régimen jurídico de la prestación del servicio de alcantarillado en
asentamientos subnormales y zonas de difícil gestión

82. El numeral 14.23 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio de
alcantarillado como […] la recolección municipal de residuos, principalmente
líquidos, por medio de tuberías y conductos […]”. Ese servicio incluye las
actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales
residuos.

83. Para su prestación, la Ley 142, el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201536 y la
Resolución 0330 de 8 de junio de 201737, definieron los estándares que garantizan
la continuidad, la calidad y confiabilidad de la infraestructura de alcantarillado, y
establecieron los derechos y obligaciones de los usuarios.

84. Según lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 142 de 1994, y en los artículos
3.°, 4.° y 5.° del Decreto 1842 de 22 de julio de 199138, aplicables por la remisión
prevista en el artículo 9 de la Ley 142, toda persona o grupo de personas tiene
derecho a solicitar y obtener la prestación del servicio de alcantarillado, por el hecho
de habitar en el domicilio respectivo. Sin embargo, el artículo 3.° del Decreto 1842
reconoció que la empresa prestadora no estará obligada a extender la cobertura en
caso de inconveniencia técnica y/o cuando el sector no se encuentra dentro del
programa de inversiones. Concretamente, el usuario potencial debe acreditar las
condiciones establecidas en el artículo 2.3.1.3.2.2.639 del Decreto 1077 de 2015.

36
Modificado por el artículo 1 del Decreto 1471 de 12 de noviembre de 2021.
37
“[…] Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009 […]”.
38
“[…] Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Público Domiciliarios […]”.
39
“[…] Artículo 2.3.1.3.2.2.6. Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de acueducto
y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de
1997.
2. Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir.
3. Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado
requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble.
4. Estar conectado al sistema público de alcantarillada, (sic) cuando se pretenda la conexión al servicio de acueducto, salvo
lo establecido en el inciso final del artículo 2.3.1.3.2.1.3 de este decreto.
5. Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la
autoridad ambiental competente, cuando, no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de acueducto no existe red de
alcantarillado en la zona del inmueble.
6. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos y derivados del petróleo deberán
contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias
lleguen al sistema público de alcantarillado.

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85. Ahora bien, existen sectores donde los usuarios no pueden cumplir con los
estándares técnicos establecidos, lo que impide la prestación del servicio público de
alcantarillado conforme a los parámetros de eficiencia, cobertura y calidad previstos
en la Ley 142 de 1994.

86. Para corregir esa problemática, el artículo 33 del Decreto 302 de 2000,
compilado actualmente en el artículo 2.3.1.3.2.7.1.30 del Decreto 1077 de 26 de
mayo de 201540, señaló que: “[…] a solicitud de la respectiva Junta de Acción
Comunal o Entidad Asociativa legalmente constituida, la entidad prestadora de los
servicios públicos instalará pilas públicas para atender las necesidades de
asentamientos subnormales, sin urbanizador responsable y distante de una red
local de acueducto […]”.

87. Respecto del costo de instalación de la “[…] dotación, medidor, mantenimiento
y consumo de la pila pública, así como el drenaje de sus aguas […]”, el artículo 34
del Decreto 302, compilado en el artículo 2.3.1.3.2.7.1.31, señaló que la respectiva
junta de acción comunal o entidad asociativa asumiría esos valores.

88. Para tales propósitos, se definió un asentamiento subnormal, así:

“[…] ARTÍCULO 2.3.1.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente
decreto, Adóptense las siguientes definiciones: […]
13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de servicios públicos
domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la
estructura formal urbana. […]”. (Decreto 302 de 2000, artículo 3, Modificado por el
Decreto 229 de 2002, artículo 1). (Negrilla fuera del texto).

89. Posteriormente, el artículo 1841 de la Ley 1753 de 9 de junio de 201542 autorizó
al Gobierno Nacional para que estableciera las condiciones para la prestación de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo dentro del suelo urbano
de un municipio o distrito, mediante la definición de esquemas diferenciales en áreas
de difícil gestión, zonas de difícil acceso y áreas de prestación en las cuales por las
condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia,
cobertura y calidad establecidos en la Ley 142.

7. La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá realizarse previo el cumplimiento de las
normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios públicos.
8. Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por
condiciones técnicas locales. Los tanques de almacenamiento deberán disponer de los elementos necesarios para evitar los
desperdicios y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad.
9. En edificaciones de tres (3) o más pisos, contar con los sistemas necesarios para permitir la utilización eficiente de los
servicios.[…]”.
40
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. […]"
41
“[…] ARTÍCULO 18. Condiciones especiales de prestación de servicio en zonas de difícil acceso. El Gobierno nacional
definirá esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas
de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan
alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley.
La Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) desarrollará la regulación necesaria para esquemas
diferenciales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo previstos en el presente artículo […]”.
42
“[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” […]”.

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90. Esa labor se adelantó a través del Decreto 1272 de 28 de julio de 2017 43 que
adicionó el Decreto 1077. Dicha reglamentación aplica, entre otros actores, a las
personas prestadoras de los servicios públicos de alcantarillado, a los usuarios y a
las entidades territoriales.

91. El artículo 2.3.7.2.2.1.1. del Decreto 1077 definió las áreas de difícil gestión
como “[…] aquellas áreas dentro del suelo urbano de un municipio o distrito que
reciben un tratamiento de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento
territorial; o hayan sido objeto o sean susceptibles de legalización urbanística; en
donde no se pueden alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o calidad para
la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, en los
plazos y condiciones establecidas en la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el efecto, la prestación de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo se podrá realizar en las
condiciones diferenciales establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. de esta
subsección […]”.

92. Para aplicar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión, el artículo
2.3.7.2.2.1.2 del Decreto 1077 señaló que la persona prestadora deberá cumplir con
una serie de requisitos, los cuales reportará en el Sistema Único de Información
(SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

93. Entre esos requisitos se destaca: (i) las condiciones en que se prestarán los
servicios públicos; (ii) la certificación del municipio que señale las áreas de difícil
gestión que serán objeto de procesos de mejoramiento integral o de legalización
urbanística; (iii) el convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad
territorial, donde se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del
esquema diferencial, acorde con las medidas adoptadas en el municipio para la
legalización urbanística o mejoramiento integral; y (iv) el plazo de aplicación del
esquema diferencial y la justificación del mismo.

94. El mismo artículo aclaró que, “[…] cuando exista un contrato de operación y se
proyecte la aplicación de un esquema diferencial en donde se comprometan
recursos públicos, se deberán realizar las modificaciones que se requieran al
contrato de operación existente donde se incorporen las metas establecidas en el
plan de gestión señalado en el artículo 2.3.7.2.2.1.8. de la presente subsección […]”.

95. Según el artículo 2.3.7.2.2.1.6 del Decreto 1077, la persona prestadora de los
servicios públicos que opere en un área de difícil gestión podrá sujetarse a las
siguientes condiciones diferenciales, en materia de alcantarillado:

“[…] ARTÍCULO 2.3.7.2.2.1.6. (…)

1. Servicio de acueducto y alcantarillado:

43
“[…] Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta
parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales
por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad ,establecidos en la ley.
[…]”

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1.1. Servicio provisional. El servicio de acueducto podrá prestarse de manera
provisional mediante pilas públicas como lo contempla el presente decreto u otra
alternativa que tenga viabilidad técnica y sostenibilidad económica de acuerdo con la
definición que la ley señala sobre estos servicios. En todo caso, la operación y
mantenimiento, así como de la calidad del agua, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 1575 de 2007, su desarrollo o aquella norma que lo modifique, adicione o
sustituya, será responsabilidad de la persona prestadora hasta el punto de entrega,
siendo responsabilidad del suscriptor de ese punto en adelante adoptar las medidas
necesarias para mantener la calidad del agua.

En el diseño y construcción de redes provisionales para el suministro de agua
potable y manejo de aguas residuales domésticas, en áreas de difícil gestión, se
podrán emplear parámetros técnicos diferentes a los establecidos en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, siempre
y cuando se cuente con los soportes técnicos de la alternativa a desarrollar. En
este caso la responsabilidad sobre el funcionamiento de las redes provisionales será
del propietario.

Las redes instaladas por la comunidad, que no hayan sido entregadas a la
persona prestadora, conforme al procedimiento establecido en el presente
decreto, estarán a cargo y bajo la responsabilidad del suscriptor colectivo o
individual, según el caso.

El sistema definitivo deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

La prestación del servicio de acueducto mediante pilas públicas se sujetará a lo
dispuesto en los artículos 2.3.1.3.2.7.1.30., 2.3.1.3.2.7.1.31. y 2.3.1.3.2.7.1.32 del
presente decreto. […]”. (Negrilla fuera del texto).

96. El artículo 2.3.7.2.2.1.8 del Decreto 1077 agregó que la persona prestadora
debe establecer un plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores,
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las
condiciones diferenciales definidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. Dicho plan deberá
contener como mínimo el plan de obras e inversiones y, el plan de aseguramiento
de la prestación de los servicios públicos para el cumplimiento de los estándares
aplicables.

97. En ese escenario, de conformidad con el artículo 2.3.7.2.2.1.9 del Decreto 1077,
“[…] los municipios, distritos y departamentos, acorde con su obligación
constitucional y legal, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración
e implementación de las acciones derivadas de los planes de gestión en áreas de
difícil gestión y apoyarán técnica y financieramente los proyectos para mejorar la
prestación de dichos servicios públicos. Estos proyectos se incluirán en el Plan de
Inversiones del Plan de Desarrollo del municipio o distrito de que trata la Ley 152 de
1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la persona prestadora
[…]”.

98. Además, bajo este esquema diferencial, el suscriptor es responsable del
mantenimiento de las redes que construyó y no entregó a la persona prestadora, en
los términos del artículo 2.3.7.2.2.1.11 del Decreto 1077.

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99. De la normativa supra, la Sala concluye que, por regla general, el servicio
público de alcantarillado se presta conforme a los estándares de calidad y
continuidad previstos en la Ley 142, en los lugares en donde los usuarios cumplen
con las condiciones técnicas requeridas para tal propósito.

100. Sin embargo, en los sectores catalogados como asentamientos subnormales
que no están integrados totalmente a la estructura formal urbana del municipio, las
juntas de acción comunal podrán solicitar la prestación del servicio de acueducto a
través de la modalidad de pila pública, asumiendo los costos de “[…] dotación,
medidor, mantenimiento y consumo de la pila pública, así como el drenaje de sus
aguas […]”.

101. Mientras que en las áreas del suelo urbano de un municipio que reciben un
tratamiento de mejoramiento integral en el POT, o que son susceptibles de
legalización urbanística pero que aún no es posible alcanzar los estándares de
eficiencia, cobertura o calidad para la prestación del servicio de alcantarillado
definidos en la Ley 142, de conformidad con la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1272
de 2017, será necesario implementar un esquema diferencial de prestación del
servicio de alcantarillado.

102. En las zonas de difícil acceso, el uso de redes provisionales atiende a un
enfoque de responsabilidades compartidas entre prestadores, municipios y
suscriptores. Para su implementación, los municipios deben suscribir con los
prestadores de servicio un convenio en el que definirán las modificaciones del
contrato de operación existente, a efectos de incorporar las metas establecidas en
el plan de gestión. El ente territorial además prestará apoyo técnico y financiero para
implementar estas acciones a través del plan de desarrollo.

103. En este esquema, la responsabilidad del mantenimiento de redes no entregadas
a los prestadores recae en los suscriptores según lo establecido en el artículo
2.3.7.2.2.1.11 del Decreto 1077.

V.3.2. La responsabilidad de EMPAS S.A. E.S.P. y del municipio de
Bucaramanga en el caso concreto

104. El principal argumento de defensa de ambas entidades apelantes consistió en
responsabilizarse mutuamente por la transgresión de los derechos colectivos. La
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP explicó que el municipio
de Bucaramanga debe garantizar la prestación del servicio de alcantarillado en las
áreas que no se encuentran dentro de su perímetro de prestación, como ocurre en
el caso concreto. El municipio adujo que EMPAS S.A. ESP, como encargada del
servicio de alcantarillado, tiene la infraestructura y competencia necesarias para
atender el problema, incluyendo la revisión y mantenimiento de redes.

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105.Para resolver estos planteamientos, se pone de presente que a través del
Acuerdo 002 de 13 de febrero de 201344, se actualizó la división político-
administrativa del municipio de Bucaramanga. En dicha oportunidad respecto de la
zona denominada Luz de Salvación I se determinó que pertenece a la comuna 10,
en el siguiente sentido:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar para su debido reconocimiento territorial la
división Política Administrativa del Municipio de Bucaramanga, con el fin de mejorar
la prestación de los Servicios y asegurar la participación de la Ciudadanía en el
manejo de los asunto (sic) públicos. El área urbana del Municipio de Bucaramanga
está conformada por Diecisiete (17) comunas y el área rural por tres (3)
Corregimientos, definiendo denominación, conformación , límites y atribuciones. […]

ASENTAMIENTOS O
DENOMINACIÓN BARRIOS QUE BARRIOS
ÁREA Ha
DE LA COMUNA HACEN PARTE INCOMPLETOS QUE
HACEN PARTE
[…] COMUNA 10 […] 11. Luz de
• 260,94 Ha
PROVENSA Salvación I

[…] Parágrafo: Las zonas antes denominadas asentamientos, que a partir de
este acuerdo se clasifican como barrios, deben surtir los procesos de
mejoramiento integral de barrios y/o regularización urbanística, que vinculen
programas de generación de espacio público, dotación de equipamientos
comunitarios, prevención y mitigación de riesgos y disminución de impactos
sobre el medio natural. Además de lo anterior deberá adelantarse el
saneamiento de la propiedad inmobiliaria y la titulación de predios.

Dicha clasificación y reconocimiento territorial no implica legalización
urbanística.

[…] ARTÍCULO CUARTO: Atribuciones. En cada una de las comunas o
corregimientos habrá una Junta Administradora Local cuya conformación, elección,
periodo, calidades, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, funciones,
reglamento interno y demás aspectos, se sujetarán a lo previsto en los artículos 120
y siguientes de la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y demás
normas que las modifiquen, adicionen y sustituyan. […]”. (Negrillas fuera del texto).

106.Al año siguiente, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga,
adoptado mediante Acuerdo 011 de 21 de mayo de 201445, definió el tratamiento
urbanístico de los sectores identificados para mejoramiento integral, así:

“[…] Artículo 198°. Definición de tratamientos urbanísticos. Los tratamientos
urbanísticos orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio,
atendiendo las características físicas de cada zona y su función dentro del modelo
territorial, a partir de la cual se establecen las normas urbanísticas que definen un
manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo urbano y de expansión
urbana.

Para el municipio de Bucaramanga se definen los siguientes tratamientos
urbanísticos:
1. Desarrollo.
2. Consolidación.

44
“[…] Por medio del cual se actualiza la división política administrativa del municipio de Bucaramanga en comunas y
corregimientos y se adoptan otras disposiciones […].”
45
“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACIÓN DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2014 - 2027.”

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3. Renovación urbana
4. Mejoramiento integral.
5 Conservación

De acuerdo con las características de las diferentes áreas de aplicación, los
tratamientos presentan las siguientes modalidades:

[…] CAPÍTULO 4°. TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL.
Artículo 221°, Definición de tratamiento de mejoramiento Integral y
modalidades. Se aplica en sectores cuyo proceso de desarrollo es incompleto en lo
referente a disponibilidad de infraestructuras de servicios públicos, e inadecuado en
cuanto a su organización espacial, espacio público, vías, transporte y equipamientos.
Por ende, las acciones y actuaciones urbanísticas están orientadas a mejorar la
calidad y condiciones de vida de sus habitantes. El tratamiento de mejoramiento
integral comprende dos (2) modalidades:

1. Mejoramiento integral complementario (TMI-1). Aplica a sectores
desarrollados que requieren mejorar las condiciones de acceso, espacio
público, dotación de equipamientos e infraestructuras viales y de servicios
públicos y el mejoramiento o adecuación de las deficiencias del proceso
constructivo de las edificaciones.

2. Mejoramiento integral de reordenamiento (TMI-2). Aplica a sectores de
desarrollo incompleto y/o informal que requieren acciones encaminadas a
corregir deficiencias urbanísticas y que apunten a construir y/o cualificar el
espacio público, los equipamientos y as infraestructuras viales y de servicios
públicos, las condiciones de habitabilidad, el reconocimiento de las
edificaciones, el mejoramiento de las viviendas y su reforzamiento estructural.
En caso de requerirse se aplica la legalización o regularización urbanística como
instrumento de planificación para las zonas con este tratamiento, procedimiento
mediante el cual la administración municipal reconoce con fundamento en estudios
técnicos, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano o barrio,
aprueba pianos urbanísticos, regulariza y expide la reglamentación urbanística, con
el fin de integrarlo a la estructura urbana de la ciudad.

Parágrafo 1. En las áreas con tratamiento de mejoramiento integral en la
modalidad de reordenamiento en las cuales se hayan realizado o se realicen
estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, será precisada la norma por la
Secretarla de Planeación para determinar su regularización urbanística,
condiciones de ocupación de la zona y edificabilidad, de acuerdo con los
resultados de dichos estudios y las acciones de mitigación y prevención del
riesgo establecidas en estos. Estas normas se incorporaran a la reglamentación
vigente mediante resolución expedido por la Secretaria de Planeación municipal.

Parágrafo 3. En las áreas con tratamiento de mejoramiento integral en cualquiera de
sus modalidades, se deben implementar acciones y actuaciones urbanísticas

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orientadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes. En los predios
ubicados en dichas áreas y cuyos propietarios cuenten con los respectivos títulos de
propiedad, sin perjuicio de la zona con restricciones a la ocupación en la que se
encuentren, los titulares de los derechos reales pueden acceder al subsidio que se
otorga para mejorar la vivienda, hacerla más habitable y para realizar reparaciones
locativas en los términos definidos en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya, así:
4. Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas,
sanitarias, eléctricas. […]

6. Carencia o vejez de redes eléctricas, de acueducto, de redes secundarias y
acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente con el fin de reducir la vulnerabilidad de la edificación se podrá
realizar el reforzamiento estructural de la misma, con el objeto de corregir las fallas
de la estructura de la vivienda, defectos en la cimentación, vigas, columnas, entrepiso,
muros, entre otros, sin que se permita la ampliación del área construida, ya que su
finalidad es salvaguardar la vida de las personas que se encuentran en esas
edificaciones.

Para su ejecución se debe tramitar la licencia de reforzamiento estructural ante
cualquier Curador Urbano, sin perjuicio de la zona con restricciones a la ocupación
en la que se encuentren por tratarse de procesos de mejoramiento integral y gestión
del riesgo. […]” (Negrillas fuera del texto).

107. En el proceso se demostró que, a través de la Resolución 0511 de 22 de julio
de 201546, se estableció el tratamiento de la categoría del suelo como mejoramiento
integral complementario (TMI-1) del barrio Luz de Salvación I, en los siguientes
términos:

“[…] Resolución 0511 de 22 de julio de 2015

[…] El área demarcada dentro del polígono en el plano urbanístico, que delimita
el asentamiento humano Luz de Salvación corresponde al área de legalización
del barrio y sólo se legalizarán los lotes que estén construidos dentro de los
81.686.12 M2. El área restante no hace parte de la legalización.

[…] RESUELVE

ARTÍCULO 1º. LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN. Declárese legalizado y
regularizado urbanísticamente el asentamiento humano y considérese como
barrio Luz de Salvación I. Lote de terreno ubicado en la comuna 10, identificado en
el catastro con el número 010404220076000 y con Matrícula Inmobiliaria 300-267694,
el cual conforma un área de 81.686.12 M2, cuyos linderos se encuentran consignados
en la Escritura Pública No. 3617 de 29 de Julio de 2003 de la Notaria (sic) Tercera de
Bucaramanga.

[…] ARTÍCULO 15º: CATEGORÍAS GENERALES DE USO. De conformidad con el
modelo de ocupación definido en el Plan de ordenamiento territorial para la ciudad de
Bucaramanga, en el área de planificación las categorías generales de uso del suelo
urbano son:
Suelo: Urbano
Tratamiento : Mejoramiento Integral TMI-1 Complementario
Área de Actividad: Residencial con Actividad Económica […]

46
“[…] Por la cual se legaliza y se regulariza urbanística el asentamiento humano Luz de Salvación I […]”.
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “032 Contestación Demanda Mpio Bucaramanga.pdf”,
folios 12 y ss.

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ARTÍCULO 16° El Estudio Detallado de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de
Remoción en Masa e Inundación (EDARFRI) realizado por el Consorcio EDARFIS
para los predios localizados en el barrio Luz de Salvación I perteneciente a la comuna
10 del Municipio de Bucaramanga e identificado con el número predial
010404220076000, presenta un análisis de las condiciones actuales del predio en
términos de su geología y geotecnia, con el fin de identificar el nivel de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación. Como resultado, se
definieron unas obras de mitigación del riesgo con el fin de garantizar las
condiciones de estabilidad, funcionabilidad y habitabilidad de las viviendas
existentes, las cuales son: (…)

ARTÍCULO 17°. DEL CONCEPTO DE HABITABILIDAD. Para efectos de la presente
Resolución, se entiende como habitabilidad el conjunto de condiciones de
asentamiento y alojamiento humano, específicas y espaciales, dadas para
satisfacer las necesidades humanas de habitación, seguridad, salubridad,
descanso, privacidad e integración en la vivienda y de accesibilidad a los sistemas
estructurantes urbanos que posibilitan el desarrollo humano y social.

ARTÍCULO 18°. DEL RECONOCIMIENTO. Para efectos de la presente Resolución
se entiende por reconocimiento el acto administrativo del curador urbano mediante el
cual se declara la existencia de las edificaciones construidas con anterioridad a la
vigencia de la presente Resolución y que se ajusten a las especificaciones normativas
contenidas en ésta.

PARAGRAFO (sic): Los actos de reconocimientos de existencia de edificaciones
deberán realizarse en un plazo no mayor a treinta y seis meses (36), constados
a partir de la fecha de resolución de legalización, conforme al estudio
urbanístico, los reconocimientos de obra se regirán por la dicha normativa
establecida en el presente acto.

PARAGRAFO (sic) 2: No procederá el reconocimiento de edificaciones o la parte de
ellas que se encuentren localizadas en suelos de protección, retiros a líneas de alta
tensión o áreas que estén destinadas por el proyecto urbano para la conformación del
sistema de espacio público.
[…]” (Negrilla fuera del texto).

108. La resolución de legalización del barrio Luz de Salvación I autorizó un uso de
suelo urbano. Esa decisión se soportó en un estudio de riesgo por fenómenos de
remoción en masa e inundación del Consorcio EDARFIS, que determinó las obras
necesarias para mitigar el riesgo y garantizar la estabilidad y habitabilidad de las
viviendas.

109. En el documento denominado “[…] Estudio detallado de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación de los
asentamientos Luz de Salvación 1 y 2, Brisas de Provenza, Balcones del Sur, Brisas
del Palmar, Granjas de Reagan, Punta Paraíso, Villas del Nogal, Brisas del Paraíso,
Viveros de Provenza, Villa Real, Cristal Alto y Granjas de Provenza del municipio
de Bucaramanga […]” (sin fecha), EDARFIS explicó lo siguiente:

“[…] Dentro del cual se realiza un análisis multidisciplinar en cuanto a la geología,
geotecnia, estructuras e hidrología concluyendo en dicho estudio que el 95.30% de
su área corresponde a una categorización de amenaza ALTA. Sobre el barrio Luz
de Salvación I se clasifica como de amenaza alta y media por fenómenos de
remoción en masa según la imagen:

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• El estudio de vulnerabilidad estructural presenta como conclusión final y principal la
presencia de vulnerabilidad muy alta en un 58% de las edificaciones levantadas,
al remitirnos a la estadística de los parámetros de ubicación de la edificación y
cimentación de la misma […] Sin embargo, no se debe limitar la fiscalización a
las nuevas construcciones únicamente, debe estudiarse la posibilidad de
generar conjuntamente con los propietarios de las edificaciones que no
cumplan los requerimientos normativos estrategias para el mejoramiento de la
calidad de dichas edificaciones, promoviendo así una especie de rehabilitación
o reforzamiento estructural para lograr mitigarla vulnerabilidad de dichos
predios generada por su mala configuración estructural.

[…] las grandes cargas gravitacionales ejercidas por las edificaciones llevan al
talud a estar en riesgo continuo de falla, por tal razón, se convierte en un tema
de principal relevancia la construcción de obras de mitigación en los sitios más
vulnerables de la zona en estudio los cuales son los taludes sobre los cuales
se encuentra un porcentaje mayor de las edificaciones que componen los
barrios en estudio.

• El desarrollo urbanístico de la zona es precario, se debe buscar la forma de
componer características propias de una urbanización, en este momento se
construye sin respetar ningún tipo de estas normas lo cual genera una posible
superpoblación y por ende un requerimiento de servicios públicos que puede
no estar contemplado para tanta población, de igual forma todos los servicios
básicos entre otros las aguas servidas las cuales si no son correctamente
dirigidas y servidas se pueden convertir en un causal de alto riesgo para el
movimiento del talud y por consiguiente alta vulnerabilidad estructural para
cualquier sistema resistente que se encuentre sobre el mismo.[…]”. (Negrilla
fuera del texto).

110. A partir de lo anterior, la Secretaría de Planeación municipal de Bucaramanga,
mediante certificado de 5 de septiembre de 201747, precisó la clasificación del suelo
urbano del barrio Luz de Salvación 1, de conformidad con el POT 2014-2017
adoptado mediante Acuerdo 011 de 2014, en el siguiente sentido:

“[…] Que los Asentamientos Humanos: “Luz de Salvación 1 y 2”, según el Plan de
Ordenamiento del Municipio de Bucaramanga POT 2014-2027, el cual fue adoptado
mediante Acuerdo 011 de 2014 por el consejo municipal no se encuentra en el Área
de manejo especial Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI).

47
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”.

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En virtud de lo antes expuesto se definen las normas aplicables al predio solicitado.
“… Artículo 19º. Clases de suelo del Municipio de Bucaramanga. El presente Plan de
Ordenamiento Territorial clasifica el territorio del municipio y define el perímetro para
las clases de suelo urbano, rural y de expansión urbana. Establece a su vez dentro
de estas clases la categoría de protección, y en el suelo rural establece las categorías
de desarrollo restringido y de desarrollo o producción, así:

1. Suelo urbano. El suelo urbano está constituido por las áreas del municipio
destinadas a usos urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de
energía acueducto y alcantarillado. De manera especial y para el sector de Chimitá
por considerarse un desarrollo incompleto, se considera urbano y se permite resolver

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la prestación del servicio de alcantarillado mediante sistemas de manejo
autosuficiente, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes relacionadas con
la materia y la Ley 142 de 1984 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya,
posibilitándose su urbanización y edificación.

Para las intervenciones en el suelo urbano se deben tener en la cuenta (sic) las
condiciones establecidas por la zonificación con restricciones a la ocupación
determinadas en el presente Acuerdo, los resultados de los estudios
posteriores que determinen zonas específicas de amenaza y riesgo, y las zonas
de reserva para la Infraestructura de servicios públicos domiciliarios.
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

111. Del material probatorio supra, la Sala evidencia que el barrio Luz de Salvación
I se encuentran legalizado e incluido a la zona urbana del municipio de
Bucaramanga, con el tratamiento de mejoramiento integral de conformidad con el
POT, es decir, es un sector cuyo proceso de desarrollo es incompleto en lo referente
a disponibilidad de infraestructura de servicios públicos, e inadecuado en cuanto a
su organización espacial, espacio público, vías, transporte y equipamientos, pero
que pertenece al área urbana del municipio de Bucaramanga.

112. Nótese entonces que el barrio Luz de Salvación I cumple con el principal
supuesto fáctico exigido en la normatividad para la conformación de un esquema
diferencial de prestación del servicio de alcantarillado como "área de difícil gestión",
al ser un sector urbano en proceso de mejoramiento integral, en el que técnicamente
no es posible suministrar ese servicio con los estándares de calidad, cobertura y
eficiencia previstos en la Ley 142.

113. Sin embargo, no se acreditó que EMPAS S.A. ESP y el municipio cumplieran
con todos los requisitos reglados en los artículos 2.3.7.2.2.1.1 al 2.3.7.2.2.1.11 del
Decreto 1077 para tal propósito, especialmente el reporte del esquema en el
Sistema Único de Información (SUI), la suscripción de un convenio entre la persona
prestadora y la entidad territorial, donde se determinen las obligaciones de las
partes en la aplicación del esquema diferencial, y la formulación de un plan de
gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y
fuentes de financiación.

114. Únicamente se demostró que EMPAS S.A. ESP, y el presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio Luz de Salvación del municipio de Bucaramanga,
celebraron el 14 y 18 de agosto de 2015 y el 4 de octubre de 201748, unos convenios
para la prestación del servicio de alcantarillado, en los que se plasmaron los
siguientes compromisos y obligaciones:

“[…] Entre los suscritos […] Gerente General, de la EMPRESA PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A., […] y el señor […]
Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luz de Salvación del Municipio
de Bucaramanga […] en calidad de representante de la Comunidad del Sector
Luz de Salvación del Municipio de Bucaramanga, quien para efectos del
presente CONVENIO, se denominara (sic) EL BENEFICIARIO hemos acordado
celebrar el presente convenio, previas las siguientes consideraciones: […] 7)
Que de acuerdo con los preceptos constitucionales y fines estatales EMPAS S.A.,

48
Ibidem.

28

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, le
asiste el interés de establecer e implementar medidas para satisfacer las
necesidades primarias a los individuos bajo situaciones de vulnerabilidad y por
ende darle en condiciones especiales a esta clase de población el acceso de
manera provisional al servicio público domiciliario de alcantarillado. 8) Que EL
BENEFICIARIO es el representante ante la comunidad del Sector Luz de Salvación
del Municipio de Bucaramanga. 9) Que EL BENEFICIARIO, se encontró conectado
a las redes públicas de alcantarillado de EMPAS S.A. de manera irregular
utilizando el servicio de captación, transporte y disposición final de las aguas
residuales domésticas y solicita esta clase de servicio en condiciones
especiales. 10) Que EL BENEFICIARIO ha solicitado a la Empresa la
disponibilidad del servicio de alcantarillado y por no cumplir con alguna(s) de
las exigencias de la Ley 142 de 1994 y el Decreto 302 de 2000, no le fue aprobada
su totalidad. 11) Que EL BENEFICIARIO, en razón a su necesidad básica de obtener
el servicio, solicitó a EMPAS S.A., suscribir un Convenio PARA LA PRESTACION
PROVISIONAL DEL SERVICIO PUBLICO (sic) DE ALCANTARILLADO EN
CONDICIONES ESPECIALES, hasta tanto desaparezcan las circunstancias que
impiden al BENEFICIARIO que sea un usuario activo de la Empresa. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

115. Los citados convenios establecieron la obligación de EMPAS S.A. ESP de
prestar el servicio de alcantarillado de manera provisional, y la correspondiente
contraprestación económica por parte de los beneficiarios, incluido el pago de cinco
(5) meses anteriores a la suscripción del acuerdo, así:

“[…] Las partes proceden a plasmar su voluntad en el presente acuerdo que se regirá
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: Se
prestará provisional (sic) del servicio público de alcantarillado en condiciones
especiales, a cambio de un precio en dinero que se le pagará a la EMPAS S.A.
y a cargo del BENEFICIARIO. CLÁUSULA SEGUNDA: CALIDAD DEL
BENEFICIARIO: El Beneficiario puede ostentar alguna de las siguientes calidades:
Ser Propietario, Tenedor, Poseedor Irregular y/o Arrendatario. CLÁUSULA
TERCERA: VINCULACION Y/O INCLUSION (sic): Dichos usuarios se identificarán y
se atenderán en la Coordinación de Gestión Comercial de EMPAS S.A., para realizar
el procedimiento correspondiente de su incorporación como usuarios regularizados.
PARAGRAFO: Por tratarse de usuarios en condiciones especiales, aunado a su
condición socioeconómica EMPAS S.A, no cobrará derechos de conexión.
CLÁUSULA CUARTA: FACTURACIÓN: La Coordinación de Gestión Comercial
de EMPAS S.A. controlará la facturación y el recaudo del servicio a través de su
Facturación conjunta con el AMB. PARÁGRAFO: Las facturas se entregarán
mensualmente cualquier día y hora a cualquier usuario que se encuentre en el
predio. Lo anterior con el fin de efectuar el pago dentro de la fecha límite
estipulada en la factura para evitar corte del servicio. CLÁUSULA QUINTA: A)
OBLIGACIONES BENEFICIARIO: 1) Pagar mensualmente el valor del servicio,
conforme a la factura, respecto del consumo que arroje la lectura del medidor
provisional, según su ubicación y uso. 2) EL BENEFICIARIO, deberá cancelar a
EMPAS S.A., lo correspondiente a 5 meses atrás, por servicio no facturado,
respecto del aforo que arroja el primer mes de consumo, o conforme el
consumo promedio establecido por la Empresa, según lo acuerden las partes.
(Artículo 150 de la Ley 142 de 1994. Este pago solo aplica para beneficiarios que
se encuentren conectados de manera irregular). 3) Responder por la custodia,
cuidado e integridad de las redes 4) Abstenerse de descargar al sistema de
alcantarillado, sustancias prohibidas o no permitidas por la empresa; el uso y destino
del servicio, esto es mantener destinación para la cual fue convenida entre las partes.
5) Hacer buen uso del servicio, de forma racional y responsable. 6) Permitir la lectura
de los medidores y sus revisiones continuas. 7) Abstenerse de efectuar conexiones
sin autorizaciones de EMPAS S.A. 8) Abstenerse de retirar, adulterar o romper los
sellos instalados en el aparato de medida. 9) No efectuar acciones que entorpezcan

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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el correcto funcionamiento del medidor. 10) Llevar a cabo las gestiones y trámites
correspondientes a entidades competentes con el fin de formalizar su condición
actual. […]”. (Negrillas fuera del texto).

116.Los convenios establecieron las condiciones para la prestación del servicio de
alcantarillado por parte de EMPAS S.A. ESP, precisando que su gestión consistía
en captar y transportar las aguas residuales domésticas del beneficiario desde un
pozo de inspección determinado hasta su descarga final, veamos:

“[…] CLAUSULA (sic) SEXTA: CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO: EMPAS S.A. le prestará el servicio de alcantarillado al BENEFICIARIO
bajo las siguientes condiciones:

A) EMPAS S.A., captará y transportará las aguas residuales domésticas del
beneficiario desde un pozo de inspección determinado hasta su descarga final.

B) EMPAS S.A. no responderá por fallas que se puedan originar por falta de
capacidad de las redes existentes como consecuencia de las conexiones
provisionales de los beneficiarios.

C) EMPAS S.A. no realizará reparaciones, reposiciones o mantenimiento de las
redes, mangueras y conexiones realizadas provisionalmente por la comunidad,
constructor y/o urbanizador.

3) (sic) EMPAS S.A. Solo realizará labores de reparación, reposición y
mantenimiento a la infraestructura de redes construidas o recibidas por la
Empresa.

D) DOTACIÓN: El servicio que se presta será destinado exclusivamente para atender
necesidades de saneamiento básico de las aguas residuales domésticas del
beneficiario en las condiciones especiales del presente convenio.

E) EMPAS S.A., no diseñará, ni construirá redes locales, domiciliarias ni redes
internas a los beneficiarios por lo tanto las fallas de dichas redes no serán
responsabilidad de EMPAS S.A. […]”. (Negrilla fuera del texto).

117. Para la gestión del cobro del servicio de alcantarillado, los convenios
mencionaron el acuerdo de facturación conjunta suscrito entre el Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP (AMB) y EMPAS S.A. ESP49.

118. Adicionalmente,se acreditó que desde el año 2016 el municipio de
Bucaramanga y EMPAS S.A. ESP, no han actuado de forma coordinada y
corresponsable en la solución de la problemática, a pesar de que detentan
competencias conjuntas en la materia.

119. EMPAS S.A. ESP, mediante oficios OF-SC-CSC-12157 y OF-SC-CSC-12173
de 2 de noviembre de 2016, OF-SC-CSC-010162 y OF-SC-CSC-010163 de 14 de
julio de 2017, indicó que no podía asumir la prestación del servicio de alcantarillado
en el barrio Luz de Salvación I del municipio de Bucaramanga, por las siguientes
razones:

49
El citado acuerdo núm. 02 fue suscrito el 3 de febrero de 2006, inicialmente entre el AMB S.A. ESP y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, cuyo objeto es la facturación conjunta de los servicios
de alcantarillado y acueducto, que incluye el “[…] registro de suscriptores, liquidación de tarifas, impresión y distribución de
factura, recaudo, recuperación de la cartera, modificación por novedades, generación de informes y demás actividades
complementarias […]”. El citado convenio fue cedido a la EMPAS S.A. ESP, como consta en acta de 20 de diciembre de
2006.

30

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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“[…] EMPAS S.A. se encarga de la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado en el perímetro urbano de los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca y Girón, para aquellos sectores que se encuentren dentro del perímetro
de servicio de la empresa y que no presenten restricción alguna dentro del Plan de
ordenamiento Municipal (POT), como son las zonas de escarpa, aislamiento de
cauces y quebradas, zonas de riesgo por deslizamiento, DMI entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior y entendiéndose que existe un estudio detallado
de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación
(EDARFRI) realizado por el Consorcio ADARFRIS para los predios localizados
en el Barrio Luz de Salvación I, con identificación catastral N°01-045-0422-0076-
000. Como resultado de este estudio se definieron obras de mitigación del
riesgo con el fin de garantizar las condiciones de estabilidad, funcionalidad y
habitabilidad en las viviendas existentes, se requiere, que el municipio
certifique la implementación y existencia de las obras para mitigación del riesgo
recomendadas por el EDARFIS y demás estudios de riesgos que se den a lugar
de acuerdo al POT, Una certificación de la clasificación de riesgo para las áreas
donde se encuentran las 541 viviendas objeto de la solicitud. […]

[…] Una certificación de las obra realizadas para cambiar la clasificación de
riesgo para las áreas donde se encuentran las 449 viviendas objeto de la
solicitud […]”. (Negrilla fuera del texto).

120. También se acreditó que la Secretaría de Infraestructura municipal de
Bucaramanga mediante comunicación de 18 de noviembre de 2016 50, solicitó a la
EMPAS S.A. ESP, la reposición y/o construcción de las redes de alcantarillado de
los barrios Luz de Salvación I y Buenos Aires. En esa oportunidad, la autoridad
municipal manifestó a la empresa de servicio público que era su competencia el
mejoramiento de la infraestructura para la efectiva prestación del servicio de
alcantarillado, en el siguiente sentido:

“[…] En atención a lo manifestado en los comunicados del asunto, donde se pretende
hacer notar que EMPAS S.A. E.S.P. como entidad prestadora del servicio público de
alcantarillado en el municipio de Bucaramanga, no es competente en la atención de
la construcción y/o mejoramiento de redes de alcantarillado en los barrios Luz de
Salvación y Buenos Aires, porque supuestamente son asentamientos subnormales
sin legalizar y por qué las redes existentes construidas por la comunidad (Buenos
Aires) no hacen parte del sistema de alcantarillado administrado y operado por
EMPAS, así como también que donde no existen redes de alcantarillado (Luz de
Salvación), no se encuentra dentro del perímetro de supuesta competencia de
EMPAS, se informa lo siguiente:

Mediante Acuerdo Municipal No. 002 del 12/02/2013 (anexo copia), por medio de
la cual se actualiza la división política administrativa del municipio de
Bucaramanga, los entonces asentamientos Luz de Salvación de la comuna No.
10 y Buenos Aires de la comuna No. 14, se les da clasificación y reconocimiento
territorial como barrios, los cuales deben surtir los procesos de mejoramiento
integral, quedando pendiente la legalización urbanística (ver parágrafo del
artículo tercero) […]

Mediante Acuerdo Municipal No. 011 del 2014 “Plan de Ordenamiento Territorial”, en
su cartografía se puede obtener que los hoy barrios sin legalizar Luz de Salvación y
Buenos Aires, presentan tratamiento urbanístico de mejoramiento integral 2, y el

50
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “017 ContestaciónDemandaEMPAS.pdf”, folios 151 y ss.

31

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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artículo No. 221, numeral 2 del mencionado POT, establece que para el mejoramiento
integral de reordenamiento (TMI-2), como es el caso de los barrios en mención,
aplica a sectores de desarrollo incompleto y/o informal que requieren acciones
encaminadas a corregir deficiencias urbanística y que apunten construir y/o
cualificar el espacio público, los equipamientos, y las infraestructuras viales y
de servicios públicos presentan tratamiento urbanístico de mejoramiento
integral 2, y el artículo N° 221, numeral 2 del mencionado POT, establece que
para el mejoramiento integral de reordenamiento (TMI-2), como es el caso de
los barrios en mención, aplica a sectores de desarrollo incompleto y/o informal
que requieren acciones encaminadas a corregir deficiencias urbanísticas y que
apunten construir y/o cualificar el espacio público, los equipamientos, y las
infraestructuras viales y de servicios públicos.

De conformidad con lo anterior, se dan las condiciones para que EMPAS como
entidad pública prestadora de servicios públicos, que recauda y administra los
recursos provenientes de la tarifa del servicio público de alcantarillado, avance en el
mejoramiento de las redes de alcantarillado de los sectores en mención y de esta
forma atender las necesidades de la comunidad que allí reside, obviamente
dependiendo de la disponibilidad presupuestal con que cuenten; motivo por el cual se
debe dar una respuesta de fondo sin evasivas a los peticionarios. […]”. (Negrillas
fuera del texto).

121. Se probó que la alcaldía de Bucaramanga remitió a la EMPAS S.A. ESP,
mediante oficio 6901 de 12 de septiembre de 201751, la documentación relacionada
con el proceso de certificación del punto de agua para el asentamiento Luz de
Salvación, incluyendo: (i) la representación legal vigente de la Junta de Acción
Comunal (Resolución 160 de 30 de junio de 2016); (ii) la cédula del representante
legal; y (iii) un censo de 399 familias pertenecientes a la comunidad.

122. En el expediente se encuentra el concepto técnico de EMPAS S.A. ESP,
derivado de una visita realizada al sector Luz de Salvación I el 23 de octubre de
201852, con el fin de aclarar las circunstancias particulares del sector, en cuanto a
la prestación del servicio de alcantarillado. En el citado concepto se evidenció:

“[…] 1.5. ANTECEDENTES
El sector de Luz de Salvación, corresponde a un sector desarrollado mediante un
proceso de autoconstrucción en la Comuna 11 Sur, el cual se encuentra incluido en
los sectores cuya denominación ha cambiado de asentamiento a barrios mediante
Acuerdo 002 del 13 de Febrero de 2013 expedida por el Municipio de Bucaramanga,
"por medio del cual se actualiza la división política y administrativa del Municipio de
Bucaramanga en comunas y corregimientos y se adoptan otras disposiciones"; no
obstante el referido Acuerdo es claro en establecer que los sectores cuya
denominación cambió a barrio "deben surtir los procesos de mejoramiento integral de
barrios y/o regularización urbanística, que vinculen programas de generación de
espacio público, dotación de equipamientos comunitarios, prevención y mitigación de
riesgos y disminución de impactos sobre el medio natural. Adicionalmente de lo
anterior deberá adelantarse el saneamiento de la propiedad inmobiliaria y la titulación
de predios”.

Por otra parte, y considerando que para aquellas zonas que habilita el POT y que se
encuentran dentro del perímetro de servicio de alcantarillado, el Decreto 302 de 2000,
229 de 2002, 3050 de 2013 los cuales reglamentan la Ley 142 de 1994 y el Decreto
Único Reglamentario 1077 de 2015, en materia de prestación de los servicios públicos

51
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “017 ContestaciónDemandaEMPAS.pdf”, folio 177.
52
Ibidem.

32

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecen las Condiciones de acceso a
los servicios así:

[…] El barrio Luz de Salvación, pese al cambio de denominación realizado por
el Acuerdo Municipal, se encuentra localizado en una zona de ladera o marginal
a corrientes; siendo evidente las claras condiciones de riesgo ante fenómenos
de remoción en masa e inundación respectivamente, lo que no ha permitido la
formalización de los servicios públicos, tal es el caso que el sector cuenta con
abastecimiento de agua potable mediante pila pública, la cual es evacuada por
medio de un alcantarillado construido artesanalmente, realizando descargas al
sistema de alcantarillado operado y administrado por EMPAS S.A., denominado
Interceptor Sanitario La Chiquita, por lo que se concluye que el sector
mencionado si está siendo beneficiado por el servicio público de alcantarillado,
ya que las aguas residuales del sector, están siendo captadas y transportando
por el sistema público de alcantarillado, no obstante y por la condición irregular
que aún ostenta, sus redes no pueden ser objeto de recibo por parte de EMPAS
S.A.

2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS
EMPAS S.A. viene atendiendo las solicitudes (PQRS), de la comunidad relacionadas
con problemas en la red pública, las cuales han sufrido grandes afectaciones por las
conexiones irregulares que se han dado por parte de la comunidad que han generado
incluso, el colapso de la red en algunos sectores, obligando a su reposición.

De igual forma en algunos tramos, se han construido sobre el sistema público,
imposibilitando las labores propias de mantenimiento.

En ese entendido y considerando que si bien las redes locales del barrio Luz de
Salvación, no son operadas por EMPAS S.A., el cobro que se realiza por el
servicio de alcantarillado, corresponde a la captación, transporte y disposición
final que se hace, mediante el interceptor la Chiquita, el cual evita la descarga
directa a la Quebrada que lleva su mismo nombre, con las implicaciones
ambientales que esto conllevaría, siendo claro entonces que no existe
vulnerabilidad alguna por el cobro que se realiza.

3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA
a. En la actualidad el barrio Luz de Salvador (sic), se encuentran por fuera del
perímetro de servicio de alcantarillado administrado y operado por EMPAS S.A.
De acuerdo con lo anterior, los suelos donde se localizan no fueron
establecidos como de vocación urbana tipo residencial; encontrándose en
zonas de ladera o marginales a corrientes; evidenciando claras condiciones de
riesgo ante fenómenos de remoción en masa e inundación, respectivamente.

b. El colector maestro existente, Interceptor Quebrada La Chiquita, no contempló
inicialmente en su sistema de drenaje a ninguno de los sectores en proceso de
incorporación; por lo cual en estos últimos años las conexiones no autorizadas o
fraudulentas, llevaron al colapso de la red, por incapacidad y estabilidad estructural,
creada por la comunidad que agrupa a todos los asentamientos de la zona, incluido
el barrio Luz de Salvación, haciéndose necesario en pasadas vigencias, la reposición
de gran parte del sistema.

[…] Es importante señalar que la falta de control urbanístico, trae como
consecuencia que el asentamiento humano denominado Luz de Salvación del
Municipio de Girón, no posea diseño de alcantarillado aprobado por EMPAS
S.A., siendo competencia del ente municipal (Alcaldía) en control y protección
del espacio público, así como el desarrollo de las funciones propias del control
urbano. El artículo 366 de nuestra carta magna contempla: “la realización de las
acciones tendientes al desalojo y reubicación en una vivienda digna, así como
el control de permisos y construcciones del municipio”, son atribuciones
propias del control urbano de competencia exclusiva del ente municipal de

33

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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acuerdo a lo establecido en el decreto 1469 de 2010 expedido el 30 de abril de
2010, por lo tanto, no es responsabilidad de la administración municipal
determinar su (sic) los predios allí asentados son objeto de reubicación, o su
(sic) por el contrario, entraran (sic) en proceso de consolidación, para lo cual y
de darse tal situación, deberá prever el municipio no sólo el desarrollo de las
obras de construcción de infraestructura de servicios públicos, sino también
los trabajos de estabilización del sector, de ser requeridos.

En ese orden de ideas, es claro que la problemática de zona, va más allá del cobro
que se realiza por concepto de alcantarillado al barrio Luz de Salvación, el cual se
realiza por la descarga que de las aguas residuales se hace al interceptor Quebrada
Chiquita, el cual hace parte de la infraestructura pública administrada y operada por
EMPAS S.A., así como a la canalización de la quebrada, la cual es realizada dos
veces al año, actividades que son parte del programa de mantenimiento preventivo
que adelanta la empresa.

EMPAS S.A., al permitir la conexión al sistema público de alcantarillado de
manera irregular, se hace como solución sanitaria, para evitar de esta manera
la contaminación de la fuente hídrica con los problemas de salubridad que
traería para la comunidad.

Por otra parte, es oportuno aclarar que, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES
LOCALES DE UN BARRIO, SECTOR O COMUNIDAD, NO ES
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, por el
contrario. las mismas deben ser construidas por el urbanizador o propietario
del predio y entregadas a la Empresa para su operación y mantenimiento según
lo establecido en el Art. 3. numeral 8 […]”. (Negrillas fuera del texto).

123. En el informe técnico se concluyó:

“[…] La solución a esta limitante o problemática, iría enfocada en un
reordenamiento urbanístico in situ, es decir sector, siendo así que se haga una
relocalización del barrio, toda vez que está en una zona de alto riesgo, zona de
escarpa, tendiente a deslizamiento y fenómenos de remoción en masa, lo cual
debe ser liderado por la oficina de planeación municipal, con un enfoque
importante predial y de socialización hacia la comunidad asentada, definido
claramente por estudios de consolidación y mejoramiento integral, que
involucre la inclusión de los espacios para la proyección de potenciales obras
de servicio público y optimización de los existentes, y de esta manera se pueda
dar la inclusión dentro del perímetro de servicio, del barrio luz de salvación y el
recibo de la redes locales con el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la normativa vigente, pudiendo de esta manera incorporarse su operación
y mantenimiento dentro de los programas establecidos por la empresa, para
aquellas redes que han cumplido los requisitos y han sido entregadas para su
operación.

Así las cosas, no es procedente la exoneración del cobro del servicio de alcantarillado,
por las razones anteriormente expuesta (sic) […]”. (Negrillas fuera del texto).

124. La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga allegó informe de visita
técnica de fecha 25 de julio de 201953, sobre el estado del alcantarillado del sector
Luz de Salvación Etapa I, en el que concluyó:

53
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “032 Contestación Demanda Mpio Bucaramanga.pdf”,
folios 8 y ss.

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“[…] ANÁLISIS DE VIABILIDAD (CONCLUSIÓN): Se rinde el informe técnico
conforme a simple inspección visual en sitio y atendiendo lo solicitado por el despacho
de la Secretaría de Infraestructura en cuanto a que se rinda concepto técnico en el
cual se determine el estado actual del alcantarillado ubicado en el sector Luz de
Salvación Etapa 1 de Bucaramanga […]

De conformidad con inspección visual de algunas peatonales del barrio y con
información obtenida en el sitio con diferentes personas, el sistema de alcantarillado
existente fue construido por la misma comunidad, tanto las domiciliarias en
mangueras y tubos, como la red de conducción mediante mangueras, tubos y cajas
de inspección, la cual descarga (emisario final) en una parte a la canalización de la
quebrada La Chiquita que pasa por la parte baja del barrio y otra parte al parecer al
colector construido por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS
S.A. E.S.P., paralelo a la Quebrada en mención.

Es de resaltar que con una simple inspección visual no es posible determinar
con precisión cuales tramos de la red de conducción construida por la
comunidad, entregan a la Quebrada y cuales al colector del EMPAS, toda vez
que estas conexiones son subterráneas, o sea no visibles a simple vista.

Se logra evidenciar que la red de conducción que capta las diferentes
domiciliarias de cada vivienda y las entrega al emisario final, no cuenta con
pozos de inspección, sino con cajas de inspección, lo que da a entender que
aún se conserva el sistema que fue construido por la misma comunidad, el cual
no da garantía de optimo (sic) y eficiente funcionamiento, ya que no conto (sic)
con estudios y diseños, y se desconoce el sistema constructivo, así como los
materiales utilizados y los métodos de unión de las tuberías entre sí (empalmes)
y en las entregas a las cajas de inspección; además que tampoco se tiene
conocimiento de cómo fueron construidas estas cajas de inspección.

No es viable dar un concepto técnico certero sobre el estado actual del sistema de
alcantarillado existente, toda vez que como ya se mencionó, las tuberías y cajas de
inspección en su gran mayoría van enterradas (subterráneas), siendo imposible
detallarlas en su interior a simple vista. Para lograr dar un dictamen más real, es
necesario realizar estudios de auscultación de la tubería y cajas existentes, bien sea
con cámaras si es posible o descubriéndolas.

Como información adicional obtenida a través de la Secretaria (sic) de
Planeación, el barrio Luz de Salvación Etapa 1 declarado así en la vigencia 2015,
se encuentra aún en proceso de regularización, dada la complejidad del estado
catastral de los predios que lo componen […]”. (Negrillas fuera del texto).

125. Recientemente, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP
presentó concepto técnico de la visita realizada al sector Luz de Salvación I el 28
de mayo de 202454, con el fin de aclarar las circunstancias particulares del sector,
en cuanto a la prestación del servicio de alcantarillado. En el citado concepto se
evidenció:

“[…]

54
Cfr. índice 174, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, documento denominado “174.
265_MemorialWeb_Recurso-EMPASCONCEPTOTECNI(.pdf) NroActua 174”, folios 10 y ss.

35

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2. SITUACIÓN FÁCTICA
• El sector de luz de Salvación 1, está ubicado en el sur del municipio de Bucaramanga
y es atendido bajo el área de influencia del Distrito 4 de EMPAS S.A.

• Por su topografía y localización geográfica, la totalidad del sector, se encuentra
entregando sus aguas residuales por medio de las redes locales, al interceptor
maestro la Chiquita, infraestructura que fue diseñada y construida, teniendo en cuenta
la totalidad del drenaje del sector, la cual a la fecha es operada y administrada por
EMPAS S.A., y es quien conduce la totalidad de descargas a la Planta de Tratamiento
Río Frío, donde se le da tratamiento y disposición final.

• Desde el área de Operación de Infraestructura de EMPAS S.A. se garantiza la
captación y conducción de los caudales sanitarios del sector de Luz de
Salvación 1 con los mantenimientos periódicos a la infraestructura a cargo de
la Empresa, tanto al interceptor la Chiquita, como a la canalización, así como
también se garantiza el tratamiento final en la PTAR RÍO FRIO.

• Desde el área de Operación de Infraestructura de EMPAS S.A. realizamos atención
a las emergencias reportadas y trabajamos para mitigar el impacto ambiental por las
contaminaciones reportadas, para lo cual ha brindado apoyo a la comunidad con la
captación de aguas residuales que afectaban el terreno natural y a la comunidad del
sector de Luz de Salvación 1 de Bucaramanga, lo cual asegura la prestación del
transporte y tratamiento final de las aguas residuales del sector.

• En ese entendido y considerando que si bien las redes locales del barrio Luz
de Salvación 1 de Bucaramanga, no son operadas por EMPAS S. A. el cobro que
se realiza por el servicio de alcantarillado, corresponde a la captación,
transporte y disposición final que se hace, mediante el interceptor la Chiquita,
el cual evita la descarga directa a la Quebrada que lleva su mismo nombre, con
las implicaciones ambientales a que esto conllevaría.

3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA

El sector de Luz de Salvación 1 de Bucaramanga, corresponde a un sector
desarrollado mediante un proceso de autoconstrucción, el cual se encuentra incluido
en los sectores cuya denominación ha cambiado de asentamiento a barrios mediante
Acuerdo 002 del 13 de febrero de 2013 expedido por el municipio de Bucaramanga,
«por medio del cual se actualiza la división política y administrativa del Municipio de
Bucaramanga en comunas y corregimientos y se adoptan otras disposiciones»; no
obstante el referido Acuerdo es claro en establecer que los sectores cuya
denominación cambió a barrio «deben surtir los procesos de mejoramiento integral de
barrios y/o regularización urbanística, que vinculen programas de generación de
espacio público, dotación de equipamientos comunitarios, prevención y mitigación de
riesgos y disminución de impactos sobre el medio natural. Adicionalmente de lo
anterior deberá adelantarse el saneamiento de la propiedad inmobiliaria y la titulación
de predios.»

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Por otra parte, y considerando que para aquellas zonas que habilita el POT y que se
encuentran dentro del perímetro de servicio de alcantarillado, el Decreto 302 de 2000,
229 de 2002, 3050 de 2013 los cuales reglamentan la Ley 142 de 1994 y el Decreto
Único Reglamentario 1077 de 2015, en materia de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, establecen las Condiciones de acceso a
los servicios así:

[…] El barrio Luz de Salvación, pese al cambio de denominación realizado por el
Acuerdo Municipal, se encuentra localizado en una zona de ladera o marginal a
corrientes; siendo evidente las claras condiciones de riesgo ante fenómenos de
remoción en masa e inundación respectivamente, lo que no ha permitido la
formalización de los servicios públicos, tal es el caso que el sector cuenta con
abastecimiento de agua potable mediante pila pública, la cual es evacuada por medio
de un alcantarillado construido artesanalmente, realizando descargas al sistema de
alcantarillado operado y administrado por EMPAS S. A. denominado Interceptor
Sanitario La Chiquita, por lo que se concluye que el sector mencionado si (sic) está
siendo beneficiado por el servicio público de alcantarillado, toda vez que las aguas
residuales del sector, están siendo captadas y transportadas por el sistema público
de alcantarillado, no obstante y por la condición irregular que aún ostenta, sus redes
no pueden ser objeto de recibo por parte de EMPAS S. A.

Los suelos donde se localiza el barrio Luz de Salvación 1 de Bucaramanga, no
fueron establecidos como de vocación urbana tipo residencial; encontrándose
en zonas de ladera o marginales a corrientes; evidenciando claras condiciones
de riesgo ante fenómenos de remoción en masa e inundación, respectivamente.

(…) Es importante señalar que la falta del control urbanístico, trae como consecuencia
que el asentamiento humano denominado Luz de Salvación 1 del Municipio de
Bucaramanga, no posea diseño de alcantarillado aprobado por EMPAS S. A. siendo
competencia del ente municipal (Alcaldía) el control y protección del espacio público,
así como el desarrollo de las funciones propias del control urbano. […]”. (Negrillas
fuera del texto).

126. Como puede apreciarse, el municipio de Bucaramanga y EMPAS S.A. ESP
desde el año 2016 no han trabajado de manera coordinada, articulada y
complementaria en la resolución de la problemática objeto de análisis.

127. En los comunicados de 2016, 2017 y 2018, la empresa de servicios públicos
alegó que el municipio no implementó las obras de mitigación de riesgos
recomendadas en los estudios técnicos, y que las redes locales construidas por la
comunidad no cumplen con los estándares necesarios.

128. Con fundamento en lo anterior, la empresa ha sostenido que no puede asumir
la prestación del servicio de alcantarillado en el barrio Luz de Salvación I. Sin
embargo, EMPAS continúa captando y transportando las aguas residuales del
sector a través del interceptor sanitario La Chiquita, para garantizar el tratamiento
final en la planta de tratamiento de río Frío, previo cobro de la tarifa correspondiente.

129. Por su parte, el municipio alega que EMPAS no ha acatado los deberes que
detenta respecto del mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado, aun
cuando la Secretaría de Infraestructura del municipio informó a esa empresa que el
barrio Luz de Salvación I es una zona urbana que debe recibir el tratamiento
correspondiente.

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

130. Del material probatorio se desprende que la falta de coordinación y los
problemas técnicos y de riesgo son un obstáculo significativo en el propósito de
garantizar una infraestructura de servicios públicos adecuada en el sector del
debate judicial.

131. La Sala recuerda que, en virtud de lo reglado por los artículos 311 (numerales
1.º, 7.º y 9.º), 356, 365 y 36755 de la Constitución Política, los municipios son
garantes de la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo. La Ley 136 de 1994, en su artículo 3.º, modificado
por el artículo 6.º de la Ley 1551 de 6 de julio de 201256, agregó que esa entidad
territorial, es la llamada a solucionar las necesidades existentes en materia de
servicios públicos. El artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 57,
atribuyó la responsabilidad de construir, ampliar, rehabilitar y mejorar la
infraestructura de los servicios públicos, directamente a los municipios o a través de
terceros.

132. El artículo 8.° de la Ley 388 de 1997 también determinó que los municipios, a
través de la acción urbanística, efectúan el ordenamiento de su territorio, incluyendo
entre estas acciones, la ejecución de obras de infraestructura para los servicios
públicos domiciliarios y los equipamientos públicos.

133. Incluso el artículo 2.3.7.2.2.1.9 del Decreto 1077, recuerda que los municipios y
distritos deben priorizar el apoyo técnico y financiero para estructurar e implementar
acciones derivadas de los planes de gestión en las áreas de difícil gestión. También
deben apoyar técnica y financieramente los proyectos encaminados a mejorar la
prestación de servicios públicos.

134. Cabe agregar que, aun en el evento en que la prestación de esos servicios esté
a cargo de una empresa de servicios públicos, no por ello el municipio puede evadir
su rol de garante del servicio debido a que el ente territorial ejerce un control de
tutela sobre la empresa prestadora58, tal y como lo reconoció esta Sección en las
sentencias de 18 de abril de 201359 y 5 de octubre de 202360.

135. El tratamiento urbanístico de mejoramiento integral es una estrategia de
ordenamiento territorial que permite la transformación ordenada de los
asentamientos informales en Colombia. Sin embargo, el ente territorial debe
considerar que la legalización de los asentamientos informales está directamente
relacionada con la capacidad de la infraestructura de los servicios públicos
domiciliarios.

55
“[…] [l]os servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas
y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen […]”
56
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
57
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
58
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 2 de abril de 2006, C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación
núm. 41001-23-31-000-2003-01062-01.
59
Cfr. Expediente nro. 2010-00672-01. Consejera ponente María Elizabeth García González. 18 de abril de 2013
60
Cfr., Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2023, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón (E),
radicación núm. 17001-23-33-000-2017-00524-01(AP).

38

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136. Por ello, el artículo 2.3.7.2.2.1.2 del Decreto 1077 contempló que el municipio y
la empresa prestadora de servicios públicos, en los escenarios de difícil gestión,
como ocurre en el caso concreto, tenían que suscribir un convenio que garantice el
logro de esos objetivos.

137. La Sala observa que EMPAS S.A. ESP solo puede beneficiarse de las
condiciones especiales previstas para los esquemas diferenciales, previo
cumplimiento de los requisitos señalados en la reglamentación vigente. Estos
esquemas en los términos del artículo 2.3.7.2.2.1.5 del Decreto 1077, se diseñaron
con una vocación provisional para que, a través del respectivo plan, se superen las
condiciones del servicio que dieron origen a la prestación en condiciones
diferenciales. Así, la integración de los asentamientos informales al área urbana en
materia de servicios públicos se desarrolla desde una estrategia de planificación y
gestión eficiente y sostenible del territorio.

138. Sin embargo, la forma en que EMPAS S.A. ESP asumió la prestación
provisional del servicio, a través de los convenios con las juntas de acción comunal,
no responde a lo exigido en la normatividad aplicable. Tampoco da cumplimiento a
la siguiente obligación señalada en el artículo 38 del POT de Bucaramanga:

“[…] Artículo 38°. Acciones a desarrollar en el servicio de alcantarillado. Son acciones
a desarrollar en el sistema de alcantarillado las siguientes: […]

4. Integrar las áreas de desarrollo propuestas por el presente Plan de Ordenamiento
Territorial al sistema actual de alcantarillado y a los proyectos del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) garantizando que no se realicen
vertimientos directos o sin el adecuado tratamiento a las canadas (sic) y cauces de
agua y que se recuperan ambientalmente los sectores que actualmente presentan
vertimientos directos. […]”.

139. Esto significa que el argumento de la empresa, conforme al cual no funge como
prestadora del servicio en el barrio Luz de Salvación I, desconoce los deberes
contractuales derivados de los convenios para la prestación del servicio de
alcantarillado suscritos el 14 y 18 de agosto de 2015 y el 4 de octubre de 2017 con
la Junta de Acción Comunal del barrio Luz de Salvación, así como las
responsabilidades derivadas del Decreto de 2017 que adicionó el Decreto 1077 y
del POT de Bucaramanga.

140. El anterior contexto permite concluir que el municipio de Bucaramanga y la
empresa de servicios públicos domiciliarios apelante detentan responsabilidades
conjuntas en la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado y la
construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de esa infraestructura, en el
marco de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias.

141. De manera que los argumentos estudiados no cuentan con vocación de
prosperidad porque ambas autoridades participaron en la transgresión de los
derechos colectivos objeto de amparo.

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V.3.3. La pertinencia de las órdenes de amparo

142. EMPAS S.A. ESP cuestionó la pertinencia de las órdenes de amparo, al
mencionar en el recurso de apelación que: (i) el barrio Luz de Salvación I se
encuentra en un sitio de alto riesgo que no reúne las características técnicas para
construir un sistema de alcantarillado; (ii) no le compete realizar los estudios
técnicos de viabilidad de la prestación del servicio; (iii) la empresa no ha recibido
infraestructura de alcantarillado del municipio; (iv) el colector maestro interceptor de
la quebrada La Chiquilla no contempló en el sistema de drenaje estas cargas
adicionales y las conexiones no autorizadas llevaron al colapso de la red por
incapacidad e inestabilidad estructural; (v) el desarrollo de esos asentamientos no
obedeció a un proceso de urbanismo planificado; y (vi) la administración municipal
cuenta con los métodos de financiamiento necesario para cumplir con las órdenes
de amparo.

143. El municipio de Bucaramanga tampoco compartió las órdenes porque: (i) el
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga
(INVISBU) se encarga de adelantar la reubicación de familias que residen en zonas
de riesgo alto no mitigable del asentamiento Luz de Salvación I de Bucaramanga; y
(ii) el régimen de los servicios públicos encomienda el manejo de las redes a la
empresa y a los usuarios.

144. Frente a los reparos de la empresa de servicios públicos domiciliarios, la Sala
advierte que, como lo señaló el apelante, las órdenes de amparo no tuvieron en
cuenta la situación fáctica acreditada en el plenario sobre el riesgo existente para la
infraestructura de servicios públicos, el hecho consistente en que las redes
construidas por la comunidad oficialmente no se le entregaron a la empresa de
servicios públicos y los deberes que le asisten al municipio en la planificación
ordenada y sostenible del territorio.

145. Previamente se mencionó que, conforme al artículo 2.3.7.2.2.1.2 del Decreto
1077, antes de implementar un esquema diferencial en áreas de difícil gestión, el
prestador debe cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

“[…] ARTÍCULO 2.3.7.2.2.1.2. Requisitos para aplicar un esquema diferencial en
áreas de difícil gestión. […]

3. Certificación expedida por el Alcalde Municipal o Distrital o por el funcionario
municipal o distrital competente para ello, donde se señalen las áreas de difícil
gestión que serán objeto de procesos de mejoramiento integral o de
legalización urbanística conforme al Plan de Desarrollo Municipal o Distrital y al Plan
de Ordenamiento Territorial, para lo cual deberá contar con el soporte de la
ubicación geográfica.

4. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde
se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema
diferencial, acorde con las medidas adoptadas en el municipio para la
legalización urbanística o mejoramiento integral.

En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado o aseo, esté a cargo del municipio o distrito como prestador directo, y

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no proceda la celebración del convenio, el Alcalde Municipal o Distrital fijará mediante
acto administrativo las condiciones especiales en que se prestará el respectivo
servicio.

Cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un esquema
diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán realizar las
modificaciones que se requieran al contrato de operación existente donde se
incorporen las metas establecidas en el plan de gestión señalado en el artículo
2.3.7.2.2.1.8. de la presente subsección.

(…) 8. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos,
objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. de la presente subsección y
de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la regulación
vigente. […]”. (Negrilla fuera del texto).

146. En el caso concreto se acreditó, a través de los artículos 16 y 18 de la
Resolución 0511 de 22 de julio de 201561, que el municipio identificó las obras de
mitigación de riesgo necesarias para garantizar la estabilidad del barrio Luz de
Salvación I. Además, estableció que en el plazo máximo de 36 meses se efectuaría
el procedimiento de reconocimiento de existencia de edificaciones, que garanticen
las condiciones mínimas de habitabilidad.

147. De la prueba documental se infiere que las viviendas ubicadas en el barrio Luz
de Salvación I se encuentran en riesgo alto y medio “mitigable”. Sin embargo, no se
probó el desarrollo de estas obras correctivas y procedimientos de reconocimiento,
información que el ente territorial debe considerar al expedir el certificado a que
alude el inciso 3.° del artículo 2.3.7.2.2.1.2 del Decreto 1077. Dicha certificación
definirá conforme a las condiciones actuales: (i) cuáles sectores serán susceptibles
de mejoramiento integral con equipamiento para la prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado; y (ii) cuáles viviendas deben ser objeto de reubicación
porque se encuentran en un riesgo alto o medio no mitigable.

148. A partir de esta información EMPAS S.A. ESP y el municipio suscribirán el
convenio que defina las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema
diferencial, acorde con las medidas adoptadas en el municipio para la legalización
urbanística o mejoramiento integral. Y la empresa formulará el plan de gestión en
donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de
financiación para el cumplimiento de las condiciones especiales.

149. Sin estos tres presupuestos, no es posible superar la vulneración de los
derechos colectivos, conforme a las circunstancias fácticas acreditadas en el
plenario.

150. Por lo tanto, la Sala modificará los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, y revocará los ordinales séptimo, octavo y
noveno, para que las instrucciones judiciales respeten el régimen normativo

61
“[…] Por la cual se legaliza y se regulariza urbanística el asentamiento humano Luz de Salvación I […]”.
Cfr. índice 131, expediente digital Tribunal Administrativo de Santander, OneDrive en carpeta “680012333000-2018-00762-
00”, subcarpeta “001Cuaderno Principal”, documento denominado “032 Contestación Demanda Mpio Bucaramanga.pdf”,
folios 12 y ss.

41

Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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relacionado con la implementación de un esquema diferencial de prestación del
servicio de alcantarillado, así como “[…] los principios constitucionales […] [de]
economía, celeridad y eficacia […]”, como lo dispone el artículo 5.° de la Ley 472.

151. Por otra parte, respecto del argumento relacionado con la vinculación del
INVISBU a la acción popular de la referencia62, esta Sección resolvió el mismo
reparo de forma desfavorable en la sentencia de 26 de septiembre de 201963, al
considerar que la Constitución Política de 1991 y la ley otorgaron a los municipios
competencias para adelantar las obras requeridas con el fin de proteger los
derechos e intereses colectivos en los casos de asentamientos humanos propensos
a deslizamientos que generen condiciones insalubres y riesgos de desastres.

152. La Sala prohíja el criterio sostenido en esa oportunidad, según el cual “[…] la
falta de vinculación del INVISBU no es un obstáculo para que el Municipio de
Bucaramanga adelante, por medio de esa entidad, las gestiones administrativas,
técnicas y presupuestales que sean necesarias para cumplir con la orden de
reubicación contenida en el ordinal segundo de la sentencia proferida, en primera
instancia, para lo cual se hace necesario actualizar el inventario de viviendas y
familias afectadas en el sector objeto de análisis que se verá reflejado en la parte
resolutiva de esta providencia. El cumplimiento de esta orden supone que el
Municipio actúe por intermedio de las entidades de carácter municipal o la
dependencia que considere competente, bajo su inmediata dirección, para
garantizar la protección de los derechos colectivos mencionados. […]”.

153. Sin duda alguna, un presupuesto básico para cumplir con el tratamiento
urbanístico de mejoramiento integral es que el municipio adelante las obras
necesarias para la mitigación del riesgo del sector, con el propósito de que
progresivamente se alcancen las metas del plan de gestión del esquema diferencial.
Por ello, si se identifica una vivienda ubicada en un sector cuyo riesgo no sea
mitigable lo procedente es la reubicación, conforme a las obligaciones legales del
ente territorial.

154. La Ley 9ª de 24 de enero de 197964 y la Ley 388 advierten que las autoridades
municipales tienen la obligación de: (i) levantar un inventario de los asentamientos
humanos que presenten alto riesgo para la seguridad o la salud de sus habitantes;
(ii) reubicar a estos habitantes en zonas apropiadas; y (iii) tomar todas las medidas
y precauciones necesarias para que los inmuebles desocupados no vuelvan a ser
usados para vivienda humana. Por lo tanto, se resolverá de forma desfavorable el
primer argumento de impugnación presentado por el municipio de Bucaramanga

155. Finalmente, frente al argumento relacionado con que el régimen de los servicios
públicos encomienda el manejo de las redes a la empresa de servicios públicos

62
El INVISBU es un establecimiento público del orden municipal con personería jurídica, presupuesto propio, patrimonio
independiente, así como con autonomía administrativa y financiera, que tiene como objeto gerenciar las políticas y programas
de vivienda especialmente de los asentamientos humanos y grupos familiares de escasos recursos. Sin embargo, de acuerdo
con el Decreto 0172 de 05 de octubre de 2001 del Municipio de Bucaramanga, ese instituto forma parte de la estructura
administrativa del ente territorial como organismo adscrito.
63
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 26 de septiembre de 2019, radicación
número: 68001-23-33-000-2016-00592-01(AP)
64
"[…] Por la cual se dictan Medidas Sanitarias […]".

42

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domiciliarios y a los usuarios, la Sala advierte que las normas que se invocaron para
justificar esa afirmación no aplican al presente caso por cuanto se darían las
condiciones de aplicación de los esquemas diferenciales.

156. Aun así, según esas normas, el ente territorial, la empresa y los suscriptores
detentan responsabilidades conjuntas y especificas frente a la prestación del
servicio y al mantenimiento de las redes. Por ello, es pertinente modificar los
ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,
así como revocar los ordinales séptimo, octavo y noveno, para que las órdenes se
ajusten a este modelo operativo.

V.3.4. Las costas procesales

157. El municipio de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. ESP indicaron que no se configuraban los requisitos procesales
para la condena en costas, por cuanto su actuar estuvo ajustado a derecho.

158. Sobre este punto, cabe recordar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación en sentencia de 6 de agosto de 201965, unificó
lo relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el
trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

159. Se definió que “[…] el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la
parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones
protectoras de los derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo
361 del Código General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y
gastos procesales como el de las agencias en derecho […]”.

160. La Sala Plena señaló que la condena en costas “[…] incluye las expensas,
gastos y agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya
promovido y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente […]”. Pero se precisó que las expensas y/o gastos procesales se
reconocen cuando estas estén causadas en el proceso y se liquidan en la medida
de su comprobación. Y, para la tasación de las agencias en derecho, se le ordenó
al juez tener en cuenta “[…] la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el apoderado o la parte que litigó personalmente, [entre] otras circunstancias
especiales […]”.

161.Respecto a la condena en costas en asuntos en que el demandante es una
autoridad pública a la que funcionalmente le corresponde la protección de los
derechos e intereses colectivos, esta Sección ha establecido “[…] que la imposición
de la condena en costas obedece a criterios objetivos, en tanto que para su
imposición se debe comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en el

65
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P. Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

43

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artículo 365 del CGP […] aun cuando dentro de las funciones de la entidad pública
beneficiada se encuentre la de incoar acciones populares […]”66.

162. En lo que respecta al reconocimiento de las agencias en derecho en el caso
concreto, la Sala encuentra que: (i) la Defensoría del Pueblo Regional Santander
presentó la demanda, aportó algunas pruebas, estuvo presente en las audiencias
de pacto de cumplimiento y de pruebas, allegó alegaciones en la oportunidad
correspondiente; y que (ii) las pretensiones de amparo prosperaron parcialmente, lo
cual demuestra que las agencias se encuentran causadas a favor del fondo para la
defensa de los derechos e intereses colectivos.

163. Por ello, teniendo en cuenta “[…] la naturaleza, la calidad y la duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad […]”, como lo señala el artículo 366 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201267,
y los artículos 2.°, 3.° y 5.° del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de
201668, el tribunal de primera instancia deberá liquidar las agencias en derecho a
favor del demandante. Sin embargo, la Sala modificará el ordinal décimo primero de
la sentencia de primera instancia, en atención a que no está probada la causación
de gastos procesales.

164. Finalmente, a efectos de garantizar el cumplimiento de las instrucciones
judiciales, se modificará el ordinal decimo de la sentencia de primera instancia para
integrar el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472. Además, no se
condenará en costas en la segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 472 y el numeral 5.º del artículo 365 del Código General del
Proceso, porque no se demostró su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales quinto, sexto, décimo y décimo primero de la
parte resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal

66
Cfr. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón Bogotá, D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00411-
01 (AP) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28 de enero de 2021,
expediente nro. 68001-23-33-000-2019-00250-01(AP). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
67
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
68
“[…] Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho[…]”.
El artículo 3.° se establece que cuando la demanda no contenga pretensiones de índole pecuniario, o cuando se trate de la
segunda instancia, de recursos, de incidentes o asuntos similares, las tarifas se establecen en salarios mínimos Según lo
dispuesto por el parágrafo 1.° de esta norma, son pretensiones de dicha índole aquellas en las que se pide la simple
declaración o ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, entre otras. El artículo 5.° del mismo Acuerdo, fija las tarifas de
las agencias en derecho de conformidad con la instancia, en tal sentido, prevé que en los procesos sin cuantía o sin
pretensiones pecuniarias de primera instancia el reconocimiento de las agencias en derecho oscila entre 1 y 10 salarios
mínimos mensuales legales vigentes. Y, en los de segunda instancia de idénticas características, entre 1 y 6 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
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Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia, los cuales quedarán así:

“[…] QUINTO: ORDENAR al municipio de Bucaramanga y a la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, que adelanten las acciones técnicas,
ambientales, administrativas y presupuestales, requeridas para implementar un
esquema diferencial para la prestación del servicio de alcantarillado, a través de las
siguientes medidas:

5.1. El municipio de Bucaramanga presentará un diagnóstico del nivel de avance en
la implementación de las obras de mitigación del riesgo y de los procedimientos de
reconocimiento de edificaciones, a que aluden los artículos 16 y 18 de la Resolución
0511 de 22 de julio de 2015, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia.

Si el municipio determina que es necesario adelantar estudios detallados, a efectos
de definir las obras necesarias para mitigar el riesgo, o para identificar los sectores
en donde el riesgo sea no mitigable, deberá adelantar esos estudios dentro del
término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia.

5.2. A partir de la presentación de esos resultados, el municipio de Bucaramanga
expedirá la certificación señalada en el inciso 3.° del artículo 2.3.7.2.2.1.2 del Decreto
1077, en el término de quince (15) días.

Además, dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la presentación de los
resultados, el municipio de Bucaramanga y la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P., suscribirán el convenio que determine las obligaciones de las
partes en la aplicación del esquema diferencial, acorde con las medidas adoptadas
en el municipio para la legalización urbanística o mejoramiento integral. Dicho
convenio incluirá acciones en materia de mitigación de riesgo y mejoramiento de
infraestructura, entre otros.

5.3. Una vez suscrito el convenio, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
S.A. E.S.P. elaborará el plan de gestión en el que definirá las metas, indicadores,
plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las
condiciones especiales. Además, cumplirá con los demás requisitos previstos para la
implementación del esquema diferencial.

Dicho plan se implementará en un plazo máximo de tres (3) años contados a partir de
la ejecutoria de esta sentencia. Este plazo podrá ser objeto de modificación por el
tribunal de primera instancia, de forma justificada.

SEXTO: INSTAR a la comunidad residente en el barrio Luz de Salvación I para que
cumpla con los deberes reglamentarios correspondientes una vez se implemente el
esquema diferencial de prestación del servicio de alcantarillado.

[…]

DÉCIMO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Santander, a
través de su magistrado ponente quien lo presidirá; por un representante de la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., por un representante
del municipio de Bucaramanga, por un representante del departamento de Santander,
por un representante de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga – CDMB, y por el agente del Ministerio Público. […]

DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR en costas al municipio de Bucaramanga y a la
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP, a favor del fondo para la

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Radicación núm.: 68001-23-33-000-2018-00762-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander

defensa de los derechos e intereses colectivos, en el concepto de agencias en
derecho […]”.

SEGUNDO: REVOCAR los ordinales séptimo, octavo y noveno de la parte
resolutiva de la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia, la sentencia de 23 de mayo de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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