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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00769-03

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00769-03

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar se dispone: Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en segunda instancia. 4. Reconocer personería a Alberto Neira Rueda como apoderado del demandado conforme al poder conferido (índice 87).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2018-00769-03

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

20 de septiembre de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2018-00769-03 (25391)
Demandante: ESE Hospital Regional de Vélez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00769-03 (25391)
Demandante ESE Hospital Regional de Vélez
Demandado: Departamento de Santander

Temas: Idoneidad de los cargos de apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandado contra la sentencia
del 13 de agosto de 2019, corregida mediante providencia del 29 de junio de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que decidió (índice 77):

Primero. Negar la nulidad del artículo 206.2 de la Ordenanza 077 de 2014 o Estatuto Departamental
de Santander, condicionando esta denegatoria a que el Departamento de Santander – Secretaría de
Hacienda, debe entender que puede recaudar las estampillas departamentales de los contratos,
pagos y anticipos que realizan las ESE solamente con recursos que no provengan, que no tengan
como origen o fuente el Sistema General de Participaciones - Seguridad Social Salud.

Segundo. Confirmar la medida cautelar asumida en los autos, del 22 de mayo de 2019 y del 30 de
julio de 2019, en cuyo parágrafo se afirma que el Departamento de Santander puede recaudar las
estampillas departamentales de los contratos, pagos y anticipos que realizan las ESE con recursos,
repetimos, que no provengan del Sistema General de Participaciones - Seguridad Social Salud.

Tercero. Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA,
concurrió la demandante para solicitar que se declarara la nulidad parcial de los artículos
206 y 210 de la Ordenanza 077 del 23 de diciembre de 2014 y 1.° y 2.° de la Resolución
14898, del 12 de septiembre de 2016, proferidos por la Asamblea y la Secretaría de
Hacienda del Departamento de Santander, respectivamente. Los apartes acusados son
los que a continuación se destacan con subrayas (índice 2):

Artículo 206. Hecho generador – Sistema de Seguridad Social en Salud: Pese a que para cada
estampilla se establece el hecho generador, en relación con el efecto de la derogatoria de la Circular
0064 de 2010, a través de la Circular 007 de 2013, por parte de la Superintendencia de Salud, y la
remisión que esta hace a la Carta Circular del 19 de abril de 2001 del Ministerio de Salud, debe
entenderse en el sentido de aplicar la facultad impositiva de las entidades territoriales respecto de

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 30 de octubre de 2020 (índice 3, esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, dentro del marco señalado por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda en los Oficios 006212 del 02 de marzo de 2011,
016503 del 26 de mayo de 2011, y 020351 del 14 de junio de 2013.

De esta forma los contratos, pagos y anticipos realizados a los proveedores que hacen parte del
Sistema General de Seguridad Social en Salud no están sometidos a estampillas departamentales.
En otros términos, los proveedores que no hagan parte del Sistema de Seguridad Social en Salud,
de acuerdo con lo que al respecto determine el Ministerio de Salud, sí serán objeto de estos tributos.

Sin perjuicio de lo anterior no estarán gravados:

a. Los contratos de aseguramiento de régimen subsidiado.

b. Los contratos de prestación de servicios para la atención de la población pobre no asegurada o
servicios no cubiertos en el POS.

c. Los contratos para la ejecución de las acciones de salud pública colectiva.

d. Los contratos de prestación de servicios que celebren las EPSS con sus prestadores y
proveedores.

e. Los contratos que celebre las PSS con personal profesional, técnico y asistencial de la salud cuyo
objeto sea la prestación de servicios médico-asistenciales.

f. Los contratos que celebre la Secretaría de Salud Departamental, Secretarías de Salud Municipal
y los PSS para la compra de medicamentos y suministros médicos.

g. Los contratos que celebren las entidades con los ejecutores de las acciones dentro del plan de
intervenciones colectivas en salud pública.

Parágrafo: Los hechos generadores que no pueden ser gravados con ningún tributo departamental
previstos en la presente ordenanza, son aquellos en los cuales el origen de los recursos es el
proveniente del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Sistema General de
Participación (SGP) en el componente de salud y las transferencias al sector salud y cuyo fin sea el
de atender a la población del régimen subsidiado o adelantar acciones de salud pública o la atención
a la población pobre no asegurada.

A contrario sensu, los hechos generadores que no cumplan con el origen y el fin anotados
anteriormente serán gravados con las estampillas departamentales.

Artículo 210. Obligados al recaudo y agentes de retención: Son obligados de manera directa a
retener, liquidar y recaudar las estampillas departamentales, todas las entidades de la Administración
pública enunciadas en la Ley 489 de 1998 que sean del nivel departamental y municipal dentro de
la jurisdicción del departamento de Santander, así corno las áreas metropolitanas, las que se
incluyen para efectos de las estampillas exclusivamente, como entidades descentralizadas del orden
departamental a fin de determinar los elementos de la obligación tributaria.

Entre ellas se encuentran las autoridades competentes de la administración departamental,
municipal, tesorerías, entidades descentralizadas, establecimientos públicos, unidades
administrativas especiales con o sin personería jurídica, colegios, hospitales, empresas de servicios
públicos, ya sean públicas o mixtas, la Universidad Industrial de Santander (en relación con la
estampilla Pro UIS), el Instituto Universitario de la Paz y las Unidades Tecnológicas de Santander y
demás entidades designadas o autorizadas que mediante resolución establezca la Secretarla de
Hacienda departamental para tal fin …

Artículo 1. La Secretaría de Hacienda, en uso de sus facultades en materia tributaria Departamental,
establece que las siguientes entidades tienen la obligación de realizar retención y recaudo de las
Estampillas Departamentales:

… La demanda se dirige contra las «Empresas Sociales del Estado y hospitales» departamentales
y municipales identificadas en la Resolución.

Parágrafo: Las Entidades que deseen actuar como retenedoras o recaudadoras de las estampillas

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departamentales, deberán presentar ante la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, una
solicitud suscrita por el representante legal de la Entidad, en la cual manifieste su deseo de ser
Entidad recaudadora. A dicha solicitud debe anexar certificado vigente de existencia y representación
legal y escritura de constitución de la Entidad.

Artículo 2. Obligaciones y procedimientos para declarar: Son obligaciones de las entidades
recaudadoras o retenedoras de las estampillas departamentales las siguientes:

1. Realizar las liquidaciones de las estampillas objeto de la retención a través de la página WEB de
la Gobernación de Santander: www.santander.gov.co.

2. Diligenciar la Declaración Departamental de Estampillas, a través de la página WEB de la
Gobernación de Santander, la cual será generada en forma automática.

3. Presentar la Declaración Departamental de Estampillas, dentro de los quince (15) días calendarios
siguientes al mes de la causación y retención del tributo, el cual es mensual de 1 a 30 de cada mes.

4. Las demás que se señalen mediante acto administrativo …

A efectos de la solicitud de nulidad, la demandante invocó como vulnerados los artículos
48, 49, 151, 288, 338, 356 y 357 de la Constitución; 212 de la Ley 100 de 1993; 47, 68,
91, 96 y 97 de la Ley 715 de 2001; y 17 del Decreto 1281 de 2002; y las Leyes 1122 de
2007 y 1616 de 2013, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 9 a 22):

Señaló que, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución, los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) solo podían destinarse al cumplimiento
de los fines del Sistema. Por tanto, en su criterio, al gravarlos con estampillas las normas
demandadas infringían esa destinación específica constitucional. En concreto, expuso
que, como los recursos de las Empresas Sociales del Estado (ESE) provenían del
SGSSS y de las asignaciones para el sector salud con cargo al Sistema General de
Participaciones (SGP), todos los pagos a proveedores de bienes y servicios efectuados
con cargo a los mismos estaban exonerados de gravámenes. Así, defendió que era
improcedente que los contratistas de esas entidades fueran sujetos pasivos de las
estampillas, dado que el origen de los recursos conllevaba su destinación exclusiva a la
prestación del servicio público de la seguridad social en salud. Por consiguiente,
puntualizó que esa exoneración de gravámenes incluía no solo los pagos asociados a la
prestación de los servicios de salud, sino también los relacionados con el manejo
administrativo, legal o de gestión del Sistema, en la medida en que eran requeridos para
el desarrollo de las actividades misionales de las ESE2.

Por otra parte, sostuvo que el demandado indujo a error a las ESE al designarlas como
agentes retenedores de las estampillas, pues las obligó a darles a los recursos una
destinación distinta a la ordenada por la Constitución, lo que podía conllevar sanciones
disciplinarias para los funcionarios. Con todo, planteó que en la resolución acusada se
ordenó a cada entidad solicitar voluntariamente su registro como agente retenedor de las
estampillas, con lo cual descartó que fuera obligatorio para las ESE que omitían tramitar
esa petición, ya que, lo contrario, implicaría una vulneración a los principios de legalidad
y certeza tributaria.

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 279 a 302). Sostuvo que
reguló los elementos del hecho generador de las estampillas en ejercicio de la potestad
2
Al respecto, citó las sentencias SU-480 del 25 de septiembre de 1997, C-828 del 08 de agosto de 2001 y C-1040 del 05 de noviembre
de 2003 de la Corte Constitucional; y la sentencia del 23 de marzo de 2018, exp. 2011-00142-01 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, CP: Lucy Jeannette Bermúdez.

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tributaria reconocida por la Constitución a los entes territoriales. Al respecto, negó haber
desconocido la destinación específica de los recursos del SGSSS y de las asignaciones
al sector salud con cargo al SGP, pues las disposiciones demandadas previeron como
contribuyentes a los contratistas de las ESE quienes estaban obligados a pagar el tributo
por los pagos o abonos en cuenta que percibieran por los contratos celebrados con esas
entidades. Por ende, sostuvo que el tributo se causaba sobre los ingresos del contratista
y no sobre los recursos con destinación a los servicios de salud. Explicó que el artículo
206 de la Ordenanza 077 de 2014 identificó los negocios jurídicos exonerados del pago
de las estampillas, entre estos, aquellos en los que se ejecutaban los recursos del SGSSS
y de las asignaciones del SGP. Pero aclaró que los pagos por contratos que no estaban
asociados a las actividades misionales de las ESE, como los del orden administrativo, si
generaban las estampillas a cargo de los contratistas.

Por otra parte, precisó que el artículo 210 ibidem designó a las ESE como agentes
retenedores de las estampillas, calidad que no era voluntaria, como lo alegó la actora,
sino que correspondía a una verdadera obligación tributaria. Finalmente, aseguró que, si
no recibiera el pago de las estampillas por la celebración de contratos entre las ESE y los
proveedores de bienes y servicios, tendría un desequilibrio presupuestal que le impediría
cumplir con los programas sociales a los que se destina ese recaudo.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la legalidad condicionada del inciso segundo del artículo 206 de la
Ordenanza 077 de 2014, en el sentido de entender que «los contratos, pagos y anticipos»
realizados por las ESE causan las estampillas, salvo que sean con cargo a los recursos
del SGSSS y a las asignaciones para salud del SGP. En lo demás, negó las pretensiones
de la demanda y prescindió de condenar en costas (ff. 366 a 370).

Basándose en el criterio jurisprudencial fijado por la Sección Quinta de esta Corporación,
en la sentencia del 22 de marzo de 2018 (exp. 2011-00142-01, CP: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez), precisó que, si bien los recursos del SGSSS y las asignaciones
del SGP estaban exoneradas de pago de tributos, las ESE podían someterse a
imposición sobre los recursos propios. Por consiguiente, aclaró que lo relevante era el
origen de los recursos con cargo a los cuales se ejecutaba un contrato sujeto a las
estampillas, de manera que si una ESE suscribía un negocio jurídico con un tercero y
realizaba su pago con los recursos del SGSSS o con las asignaciones a salud del SGP
el acuerdo estaba exonerado de las estampillas. En cambio, si el pago de la prestación
se efectuaba con cargo a otros ingresos estaba sometido al tributo. Explicó que solo de
esa forma se garantizaba la destinación constitucional de los recursos con destino a la
prestación de los servicios de salud, ya que, de lo contrario, los contratistas que no hacían
parte del Subsistema de Salud trasladaban el tributo a las ESE en el precio de los bienes
y servicios.

Finalmente, juzgó que la obligación de practicar retención en la fuente a cargo de las ESE
fue prevista en el artículo 210 de la Ordenanza 077 de 2014, de manera que no era
potestativo, ya que la resolución acusada solo previó el procedimiento para practicarla.

Recurso de apelación

El demandado apeló la decisión del a quo (ff. 373 a 375), para pedir que se corrigiera la
parte resolutoria de la sentencia, pues si bien en la audiencia se indicó que la legalidad
condicionada se refería a la exoneración de las estampillas en los contratos que se
sufragaban con cargo a los recursos del «Sistema General de Participaciones y de

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Seguridad Social Salud», en el acta solo quedó consignada la referencia a los ingresos
del «Sistema General de Seguridad Social en Salud».

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales
(índice 29).

Por su parte, el demandado insistió en los planteamientos de la contestación de la
demanda. En concreto, reiteró que adoptó los elementos del hecho generador de las
estampillas en ejercicio de la potestad tributaria que le reconocía la Constitución y que
las disposiciones acusadas respetaron la destinación de los recursos del SGSSS y de las
asignaciones al sector salud con cargo al SGP, toda vez que preveían como sujetos
pasivos a los contratistas de las ESE, respecto de quienes se causaba el tributo sobre
los pagos o abonos en cuenta que percibían por los contratos celebrados con esas
entidades. Aseguró que el artículo 206 demandado identificó los negocios jurídicos
exonerados del pago de las estampillas, entre estos, aquellos en los que se ejecutaban
recursos del SGSSS y de las asignaciones del SGP. Aclaró que los pagos por contratos
que no estaban asociados a las actividades misionales de las ESE, si generaban
estampillas a cargo de los contratistas. Además, insistió en el desequilibrio presupuestal
que se generaría tras la exoneración de esos contratos de las estampillas. Finalmente,
agregó que el a quo incurrió en una contradicción, pues en otro proceso negó la
suspensión provisional del artículo 206 de la Ordenanza 077 de 2014, con lo cual, en su
criterio, infringió las garantías constitucionales a la igualdad y a la seguridad jurídica
(índice 30).

El ministerio público pidió confirmar la decisión de primera instancia, porque la corrección
solicitada por el demandado en el recurso de apelación la realizó el tribunal mediante
auto del 29 de junio de 2022 (índice 31).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de las normas demandadas, atendiendo al cargo de
apelación formulado por el demandado contra la sentencia de primera instancia que
declaró la legalidad condicionada del inciso segundo del artículo 206 de la Ordenanza
077 de 2014, en el sentido de entender que «los contratos, pagos y anticipos» realizados
por las ESE causan las estampillas, salvo que sean con cargo a los recursos del SGSSS
y a las asignaciones para salud del SGP, caso en el cual se encuentran exonerados de
las mismas.

Análisis del caso

2- Mediante fallo dictado en audiencia del 13 de agosto de 2019, el tribunal, basándose
en el criterio jurisprudencial fijado por la Sección Quinta de esta Corporación, en la
sentencia del 22 de marzo de 2018 (exp. 2011-00142-01, CP: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez), juzgó que el inciso segundo del artículo 206 de la Ordenanza 077 de 2014
desconocía la destinación específica dada por el artículo 48 de la Constitución a los
recursos del SGSSS y las asignaciones del SGP, a menos que se entendiera que solo
se causaban las estampillas en los casos que las ESE pagaban los bienes y servicios
contratados con cargo a ingresos que tuvieran una fuente distinta. Así porque consideró

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que lo relevante para efectos de estos tributos era el origen de los recursos con cargo a
los cuales se ejecutaba un contrato sujeto a las estampillas y no que el contratista haga
parte del Sistema de Seguridad Social (ff. 366 a 370). Por consiguiente, decidió (f. 370):

Primero. Negar la nulidad del artículo 206.2 de la Ordenanza 077 de 2014 o Estatuto Departamental
de Santander, condicionando esta denegatoria a que el Departamento de Santander – Secretaría de
Hacienda, debe entender que puede recaudar las estampillas departamentales de los contratos,
pagos y anticipos que realizan las ESE con recursos que no tengan como origen o fuente el Sistema
General de Seguridad Social Salud.

Segundo. Confirmar la medida cautelar asumida en los autos, del 22 de mayo de 2019 y del 30 de
julio de 2019, en cuyo parágrafo se afirma que el Departamento de Santander puede recaudar las
estampillas departamentales de los contratos, pagos y anticipos que realizan las ESE con recursos,
que no tengan como origen el Sistema General de Seguridad Social Salud.

Tercero: Negar las demás pretensiones.

Cuarto: Sin condena en costas.

El 26 de agosto de 2019, el demandado pidió la corrección de la sentencia que fue dictada
en audiencia, puesto que «se omitió la palabra “de participaciones” al transcribir la parte
resolutiva» (ff. 371 y 372). En esa misma fecha, presentó «recurso de apelación para
solicitar la corrección por error en la transcripción al registra el acto de la audiencia inicial
con fallo en los numerales 1.° y 2.° de la decisión del 13 de agosto de 2019». En concreto,
indicó que, al contrastar la transcripción de la parte resolutoria de la sentencia consignada
en el acta de la audiencia con lo expresamente decidido por el tribunal en esa
oportunidad, se evidenciaba que erró al referirse en los ordinales 1.° y 2.° de la parte
resolutiva al «Sistema General de Seguridad Social Salud», ya que, en realidad, en la
audiencia hizo referencia al «Sistema General de Participaciones – Seguridad Social
Salud» (ff. 373 a 375).

Mediante auto del 11 de septiembre de 2019, el a quo concedió el recurso de apelación
interpuesto por el demandado, porque «del análisis del escrito presentado» juzgó que la
petición «entraña más que una corrección del acta», en la medida en que «sus
apreciaciones corresponde a una discrepancia sobre lo decidido, pues implica sostener
que sí son objeto de gravamen mediante estampillas departamentales los recursos que
no tengan origen en el Sistema General de Participaciones – Seguridad Social, y no del
Sistema General de Seguridad Social en Salud» (f. 378).

No obstante, con auto del 14 de noviembre de 2019 (f. 389), el magistrado sustanciador
ordenó devolver el expediente al tribunal para que se pronunciara sobre la solicitud de
corrección de la sentencia (f. 389). En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 29
de junio de 2022, el a quo accedió a corregir la transcripción de la parte resolutoria de la
sentencia según lo expuesto en la audiencia, conforme se transcribe a continuación:

Primero: Negar la nulidad del art. 206.2 de la Ordenanza 077 de 2014 o Estatuto Departamental de
Santander, condicionando esta denegatoria a que el Departamento de Santander – Secretaría de
Hacienda, debe entender que puede recaudar las estampillas departamentales de los contratos,
pagos y anticipos que realizan las ESE solamente con recursos que no provengan, que no tengan
como origen o fuente el Sistema General de Participaciones - Seguridad Social Salud.

Segundo: Confirmar la medida cautelar asumida en los Autos del 22 de marzo de 2019 y del 30 de
julio de 2019, en cuyo parágrafo se afirma que el Departamento de Santander puede recaudar las
estampillas departamentales de los contratos, pagos y anticipos que realizan las ESE con recursos,
repetimos, que no provengan del Sistema General de Participaciones – Seguridad Social Salud.

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Además, ordenó «enviar el expediente al Consejo de Estado para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra dicha sentencia por el departamento de Santander, que fue
concedido en Auto del 11 de septiembre de 2019» (índice 77).

3- A partir de lo anterior, la Sala verifica que, como lo indicó el ministerio público, en el
recurso de apelación el demandado se limitó a solicitar la corrección de la sentencia de
primera instancia, en cuanto a un error en la transcripción de la parte resolutoria en
contraste con lo decidido en el fallo dictado en audiencia, petición que atendió el tribunal
de forma favorable al demandado mediante el auto del 29 de junio de 2022.

En lo demás, el apelante no planteó cargos concretos contra la decisión del a quo de
declarar la legalidad condicionada del inciso segundo del artículo 206 de la Ordenanza
077 de 2014. Así si bien en los alegatos de conclusión de esta instancia insistió en la
legalidad de esa disposición bajo los mismos argumentos expuestos en la contestación
de la demanda, la Sala tiene vedado referirse a estos, porque el artículo 328 del CGP
preceptúa que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante», limitación que está asociada al principio de
congruencia externa de las providencias (sentencia de esta Sección, del 29 de abril de
2020, exp. 24222, CP: Julio Roberto Piza). En esa medida, la etapa de alegaciones no
es la adecuada para formular cargos de apelación en contra de lo resuelto en la sentencia
de primer grado3, sino que le corresponde al apelante presentar sus argumentos en el
recurso de apelación (sentencias del 06 de noviembre de 2019, exp. 23476, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto y del 05 de mayo de 2022, exp. 25553, CP: Myriam Stella
Gutiérrez Argüello). También porque, en virtud del principio de justicia rogada, el fallador
de segunda instancia únicamente debe estudiar la apelación respecto a la inconformidad
planteada a la sentencia de primer grado (artículos 320 y 322 del CGP). En consecuencia,
dado que el recurrente no planteó oposición al juicio del tribunal sobre la legalidad
condicionada del inciso segundo del artículo 206 de la Ordenanza 077 de 2014, le
corresponde a la Sala confirmar esa decisión.

4- En cambio, la Sala observa que, con fundamento en el artículo 323 del CGP, procede
revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada a través del cual se decidió «confirmar
la medida cautelar asumida en los autos, del 22 de mayo de 2019 y del 30 de julio de
2019 …». Esto toda vez que mediante auto del 04 de diciembre de 2019 (exp. 24831,
CP: Julio Roberto Piza), la Sección revocó esas providencias y decidió «negar la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del inciso segundo del artículo 206 de la
Ordenanza 077 del 23 de diciembre de 2014, expedida por la Asamblea Departamental
de Santander». Entonces, como quiera que la decisión que adoptó el tribunal en el ordinal
segundo de la sentencia apelada contraviene la providencia ejecutoriada de esta Sección
con respecto a la medida cautelar se revocará.

Conclusión

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala revocará el ordinal segundo de la sentencia
de primera instancia, de conformidad con lo decidido por esta Sección mediante auto del
04 de diciembre de 2019 (exp. 24831, CP: Julio Roberto Piza). En lo demás se confirmará
la decisión.

Costas

6- Por último, no se condena en costas, conforme con lo dispuesto en el artículo 188 del

3
Sentencias del 29 de abril de 2020 y 07 de mayo de 2020, exps. 24222 y 23572, CP: Julio Roberto Piza.

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CPACA para aquellos procesos en que se ventile un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

4. Reconocer personería a Alberto Neira Rueda como apoderado del demandado
conforme al poder conferido (índice 87).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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