Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00785-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2018-00785-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2018-00785-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
15 de septiembre de 2022
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00785-01 (26315)
Demandante: JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00785-01 (26315)
Demandante: JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR
Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Tema: Devolución de pagos en exceso y de lo no debido. Término.
Sujeción a normas nacionales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 4 de septiembre de 20201, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRASE parcialmente nula la Ordenanza 77 de 2014 o Estatuto Tributario
del Departamento de Santander, en sus artículos 160 numeral 3 y 559, solamente en
cuanto se refiere a plazos para solicitar la devolución de lo pagado en exceso o no debido
por concepto de tributos, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de primera instancia, conforme a lo expuesto en
esta providencia.”
DEMANDA
JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR, en ejercicio del medio de control establecido
en el artículo 137 del CPACA, demandó la nulidad parcial de los artículos 160 [3] y 559
de la Ordenanza 077 de 20142, porque fijaron un término de devolución -de seis
meses- arbitrario y caprichoso para pagos en exceso y de lo no debido, distinto del que
para los mismos efectos estableció el ordenamiento nacional, y transgresor de los
principios de igualdad y autonomía de las entidades territoriales.
1
Fls. 73 a 77, c. p. 1
2
Índice 2, Fl. 14
1
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Demandante: JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR
Invocó como normas violadas los artículos 287, 300 y 363 de la Constitución Política;
59 de la Ley 788 de 2002; 2536 del Código Civil; 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997;
11 y 16 del Decreto 2277 de 2012. Sobre el concepto de violación, expuso, en síntesis:
La ordenanza acusada debe aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional y el hecho de que éste no contenga norma expresa sobre el cobro
de lo no debido no le permitía fijar términos de solicitud de devolución a su propio
capricho, pues, en tal caso, se aplica el término previsto en los artículos 2535 y 2536
del código civil para la prescripción de la acción ejecutiva. En ese sentido se ha
pronunciado la línea jurisprudencial actual sobre facultad de las entidades territoriales
para presentación y resolución de solicitudes de devolución de pagos de lo no debido,
en exceso y saldos a favor.
Dicho término de prescripción es de cinco años y fue incorporado en el Decreto 2277
de 2012, de modo que los apartes acusados contravinieron el ordenamiento jurídico
nacional, modificando el marco legal preexistente con el cual deben armonizar, y
desbordaron las facultades constitucionalmente asignadas para el cumplimiento de
sus funciones.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Departamento de Santander se opuso a las pretensiones de la demanda 3,
invocando, a título de excepciones, las que denominó: ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales o indebida acumulación4, presunción de legalidad de los
actos administrativos, principio de autonomía de las entidades territoriales e
inexistencia de los motivos de nulidad, respecto de las cuales señaló:
Los actos administrativos son de obligatorio cumplimiento hasta que las autoridades
jurisdiccionales competentes digan lo contrario, pues se encuentran amparados por la
presunción de que la Administración cumple íntegramente con la legalidad
preestablecida en la expedición del acto, conllevando, a su vez, la ejecutoriedad del
mismo. En ese sentido, invocó jurisprudencia sobre inexistencia, ineficacia y nulidad
de pleno derecho de los actos administrativos en el derecho colombiano.
El demandante no interpretó adecuadamente las normas acusadas pues, a la luz del
principio de autonomía territorial, los departamentos cuentan con la libertad de crear
sus propios tributos y de adaptarlos en sus respectivos territorios, mediante la
regulación de aspectos propios de los impuestos cedidos o administrados.
A la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las entidades territoriales
pueden suprimir o establecer tributos y participar en las rentas nacionales dentro de
los límites de la Constitución y la ley; gozan de autonomía para gestionar sus intereses
dentro de los mismos límites; las asambleas departamentales y los concejos
3
Fls. 34-43, c. p. 1
4
Se declaró no probada por Auto del 17 de julio de 2020 (fls. 66-67, c.p. 1)
2
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Demandante: JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR
municipales pueden votar los tributos, contribuciones y gastos locales de conformidad
con la Constitución y la ley; las protecciones constitucionales a los recursos de las
entidades territoriales no implican que una vez establecido un tributo territorial el
congreso pierda la posibilidad de modificarlo o suprimirlo, y dichas entidades no
pueden ejercer autonomía tributaria ilimitada o absoluta para la determinación de
tributos en sus respectivos territorios.
Legalmente, la autonomía faculta a las entidades territoriales para regular aspectos
de los impuestos cedidos o administrados y, ejerciéndola dentro del marco legal, los
departamentos pueden regular los tributos cedidos, específicamente en lo relacionado
con sus elementos esenciales, que deben mantenerse en la forma dispuesta por la
ley que los crea.
El demandante citó una serie de normas que interpretó subjetivamente, sin encauzar
o enlazar las causales de nulidad, ni cumplir con la confrontación de los actos
acusados frente a preceptos de mayor jerarquía. Así, el concepto de violación carece
de objetividad, por sustentarse en una hipótesis que, aunque susceptible de
comprobación, no es admisible para definir la legalidad parcial de la Ordenanza 077
de 2014, puesto que no contradice los presupuestos legales que la gobiernan ni los
mandatos constitucionales que anteceden a su existencia.
Por lo demás, el demandado formuló la excepción genérica ante hechos probados que
condujeran a reconocerla oficiosamente.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander anuló parcialmente las normas demandadas5,
por estimar que los apartes normativos acusados fueron proferidos con infracción de
las normas en que debían fundarse, dado que los plazos que establecieron para
solicitar la devolución de lo pagado en exceso o lo no debido eran considerablemente
inferiores al que para los mismos efectos estableció el Decreto Nacional 2227 de 2012,
reglamentario del trámite de devoluciones y compensaciones del ET.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandado apeló la sentencia6. Al efecto, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación en relación con el principio de autonomía de las entidades territoriales,
destacando que en virtud de la misma los departamentos y municipios pueden
decretar libremente sus propios tributos y disponer los términos del trámite de la
solicitud de devolución de pagos en exceso o de no lo debido, en los impuestos de
registro y de vehículos y, en general, en los tributos que administran, por virtud del
artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
5
Fls. 73-77, c. p. 1
6
Fls. 79-80, c. p. 1
3
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Encontrándose innecesaria la audiencia de alegaciones, el despacho sustanciador
ordenó correr traslado para alegar por Auto del 9 de mayo de 2022.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El demandante7 pidió que se confirmara la sentencia de primera instancia, porque los
apartes acusados eran producto de una decisión caprichosa y arbitraria de la asamblea
departamental de Santander, con la disposición de términos diferentes y lejanos a los
establecidos en el nivel Nacional; e insistió en que el termino para formular la solicitud
de devolución de pagos en exceso o de lo no debido es el previsto para la prescripción
de la acción ejecutiva.
El demandado no alegó de conclusión.
El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se discute la legalidad de los artículos 160 [3] y 559 de la Ordenanza 077 de 20148,
por la cual se expide el Estatuto Tributario del Departamento de Santander, en cuanto
dispusieron un término de seis meses para solicitar la devolución de los pagos en
exceso y de lo no debido del impuesto de registro, por indebida aplicación de la base
gravable o de uno de los elementos de la obligación tributaria, e igualmente para
solicitar la devolución o compensación de saldos a favor, pagos en exceso y pagos de
lo no debido del impuesto de vehículos.
En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si el principio de
autonomía territorial facultaba a la asamblea departamental de Santander para
disponer el término acusado, de cara al artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
Según la demandante, dicho término no puede ser otro distinto al legalmente previsto
para la acción ejecutiva, de modo que los apartes normativos acusados devienen
ilegales por disponer uno diferente a ese, producto del querer arbitrario del
demandado.
7
Índice 33, fls. 2-3
8
“ARTICULO 160. CAUSALES DE DEVOLUCIÓN. Son causales de devolución: (…)
3. PAGO EN EXCESO Y DE LO NO DEBIDO: Se aplica para los casos diferentes a actos no registrables, y se presenta por una
indebida aplicación de la base gravable o de uno de los elementos de la obligación tributaria. El contribuyente tiene 6 meses a
partir de la fecha de expedición del recibo para solicitar la devolución. (…)”
“ARTÍCULO 559. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR, PAGOS EN
EXCESO Y PAGOS DE LO NO DEBIDO. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse dentro del término para
corregir la declaración del impuesto o la participación disminuyendo el saldo a pagar o aumentando el saldo a favor, salvo para
los casos de impuestos de registro y vehículos automotores, cuyo plazo será, en vehículos, de seis (6) meses después de la
fecha de vencimiento del término para declarar y los términos fijados en el artículo 161 para el impuesto de registro. (…)”
4
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En punto al problema jurídico formulado, se observa que la autonomía territorial es un
principio avistado desde el artículo 1 de la CP, cuyo texto pone de relieve que las
distintas entidades territoriales (departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, así
como regiones y provincias constituidas en términos de la constitución y la ley – art. 286 ibídem)
participan en la consolidación de la unidad nacional, bajo el marco de organización
impuesto por el modelo de centralización política y descentralización administrativa.
Al tenor del artículo 287 del texto constitucional, esa autonomía se otorgó para que
dichas entidades gestionaran sus propios intereses, a través del pleno ejercicio de los
derechos a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les
corresponden, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
Y, a la luz de la Carta Política “la autonomía territorial y la unidad nacional son ampliamente
compatibles, se nutren mutuamente, engloban en diferentes estadios institucionales la misma
comunidad, concurren dialécticamente a la realización de los fines esenciales del Estado, y por tanto,
operan, discurren y se articulan de tal manera que en último término las entidades territoriales sólo
pueden realizarse a través de la unidad nacional, al paso que ésta únicamente puede existir a condición
de que las entidades territoriales desplieguen su poder autonómico en consonancia con los intereses
locales y nacionales.
Son, pues, territorialidad y unidad nacional, elementos teleológicamente inescindibles, ontológicamente
diferenciables a partir de su materialidad geográfica, con unos destinatarios comunes -los habitantes
del país-, y por entero, instancias orgánicas y funcionales de un mismo mecanismo estatal: el de la
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista”9.
Sin embargo, la autonomía territorial como todos los demás principios, derechos e
instituciones existentes dentro de los Estados de derecho debidamente constituidos,
no operan de manera irrestricta sino condicionada al orden jurídico preestablecido por
el mismo constituyente y por la Ley.
En ese sentido, se ha precisado que el concepto de unidad del Estado colombiano no
puede ser utilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogestión de las
entidades territoriales, y a su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede
ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las
competencias naturales de las instancias territoriales centrales10.
Desde esa perspectiva, la jurisprudencia ha precisado que la autonomía territorial no
puede llegar al extremo del autogobierno absoluto, sino que, como en su momento lo
puntualizó el máximo tribunal en lo constitucional, se reduce al poder de dirección
política (capacidad de elegir a los gobernantes locales), administrativa (facultad de manejar los
asuntos territoriales, como la organización de los servicios públicos, la administración de los bienes y la
solución de todos los problemas que surjan en desarrollo de las actividades) y fiscal (potestad para
fijar tributos, participar en las rentas nacionales y administrar recursos) 11; y que la defensa del
contenido esencial de la autonomía no puede hacerse sin consideración al de la unidad
9
Sentencia C-127 del 2002
10
Corte Constitucional, Auto 383 del 2010
11
C-1051 del 2001
5
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nacional, de modo que debe procurarse tanto la debida distribución y delimitación de
las competencias de los niveles territoriales, como su armonía y compatibilidad con las
normas nacionales.
En estricto sentido, las reglas del procedimiento tributario territorial no corresponden a
los conceptos que el artículo 287 del texto constitucional estableció como derechos
representativos de los intereses autogestionables que expresan autonomía política,
administrativa y fiscal, y desde esa perspectiva conceptual, las del orden nacional
tienen perfecta cabida en el orden territorial, pues no corresponden al establecimiento
de tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las entidades
territoriales ni a la participación en rentas nacionales.
Refiriéndose a esa remisión legislativa, en la sentencia C-232 de 1998 se admitió
expresamente que el legislador debía fijar las reglas fundamentales a las que se
sujetaban las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales
cuando establecían tributos, de modo que a aquel le competía señalar las actividades
y materias que podían gravarse, así como los procedimientos de orden fiscal y
tributario, sin que ello implique desconocer o cercenar la autonomía que
constitucionalmente se le confiere a las entidades territoriales.
En ese contexto opera el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que ordenó a los
departamentos y municipios aplicar “los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen
sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados.” Y, así mismo,
aplicar el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás
recursos territoriales, previendo que el monto de las sanciones y el término de la
aplicación de los procedimientos anteriores podía disminuirse y simplificarse acorde
con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas
respecto del monto de los impuestos.
La norma anterior fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-1114 de 2003, en el entendido de que la remisión a las normas nacionales
«es una interferencia razonable del legislador, orientada a promover procedimientos tributarios
equitativos para los administrados y eficaces para la administración y adecuables a las connotaciones
propias de la materia tributaria a cargo de las entidades territoriales».
Asimismo, esta Sección12 ha precisado que las facultades otorgadas para disminuir el
monto de las sanciones y simplificar el término de aplicación de los procedimientos,
aplicables de acuerdo con la naturaleza de los tributos y su proporcionalidad con el
monto de los impuestos, no pueden ejercerse para llenar vacíos legislativos ni
conllevan una limitación injustificada de la autonomía de las entidades territoriales,
precisamente porque el propio constituyente les ordenó ejercer sus competencias
conforme a la Constitución y a la ley13; y, en términos generales, que el legislador
12
Sentencias del 6 de diciembre de 2012, exp. 17596, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 10 de marzo de 2016, exp. 21538,
CP. Jorge Octavio Ramírez; 26 de mayo de 2016, exp. 20792, CP. Martha Teresa Briceño de Valencia; 6 de septiembre de 2017,
exp. 20953; CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; 10 de mayo de 2018, exp. 21489, CP. Milton Chaves García.
13
Sentencia del 18 de octubre de 2018, exp. 23164, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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puede trazar pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales para el
ejercicio de la potestad impositiva territorial por no ser absoluta, siempre que no se
inmiscuya en materias de competencia exclusiva de las entidades territoriales, y que
las entidades territoriales debían ajustar los acuerdos u ordenanzas a las previsiones
del Título V del Estatuto Tributario Nacional, para así lograr la unificación de los
mismos.
Ahora bien, para ese ámbito nacional, los artículos 11 y 16 del Decreto 2277 de 201214,
compilados en el artículo 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 2016, disponen que las
solicitudes devolución y/o compensación por pagos en exceso y de lo no debido, deben
presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en
el artículo 2536 del Código Civil15, es decir, cinco años; igualmente predicable para las
solicitudes presentadas en vigencia del Decreto 1000 de 1997, por cuenta de la línea
jurisprudencial sobre la materia16.
Acorde con lo anterior y toda vez que el demandado se encontraba obligado a atender
las disposiciones anteriormente referidas, por razón de la máxima legal que ordena
aplicar el procedimiento tributario nacional en el ámbito territorial, la Sala concluye que
el término de seis meses previsto en los apartes de las normas departamentales
acusadas deviene ilegal, por oponerse al de cinco años previsto en las normas
nacionales superiores en las que aquellas debieron fundarse, como lo destaca la
sentencia del 13 de mayo de 202117, al señalar que «el artículo 59 de la Ley 788 de 2002,
constituye una norma expresa de reenvío al Estatuto Tributario Nacional, respecto de los procedimientos
establecidos por esa normativa, incluido el procedimiento de devolución (...). De ahí que la aplicación
del término prescriptivo de cinco años del artículo 2536 del CC, dispuesta en el artículo 11 del Decreto
2277 de 2012 -reglamentario del procedimiento de devoluciones y compensaciones del ET- y
actualmente compilado en el artículo 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 2016 para casos de pagos en
exceso o de lo no debido, esté justificada, habida cuenta de que es el plazo prescriptivo para ese tipo
de solicitudes por disposición legal».
En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.
No se condenará en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
14
Por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de gestión de las devoluciones y compensaciones y se dictan otras
disposiciones.
15
Modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002.
16
El Decreto 1000 de 1997 fue derogado por el artículo 27 del Decreto 2277 de 2012. La sentencia del 10 de agosto de 2017,
exp. 21530, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, se refiere a los respectivos precedentes jurisprudenciales (sentencias del 24 de
julio de 2008, exp. 16816, CP. María Inés Ortiz Barbosa; 24 de septiembre de 2008, exp. 16163, CP. María Inés Ortiz Barbosa;
16 de julio de 2009, exp. 16655, CP. Martha Teresa Briceño; 6 de agosto de 2009, exp. 17403, CP. William Giraldo Giraldo; 13
de agosto de 2009, exp. 16569, CP. Martha Teresa Briceño; 3 de septiembre de 2009, exp. 16347, CP. Hugo Bastidas Bárcenas;
5 de noviembre de 2009, exp. 16591, CP. Hugo Bastidas Bárcenas; 11 de noviembre de 2009, exp. 16567, CP. Hugo Bastidas
Bárcenas; 12 de noviembre de 2004, exp. 11604, CP. Juan Ángel Palacio H.; 31 de julio de 2009, exp. 16577, CP. Héctor Romero
Díaz), destacando que el Estatuto Tributario Nacional no regulaba expresamente el término para formular la solicitud de devolución
de pagos en exceso y de lo no debido, para los cuales tampoco podía aplicarse el término de la solicitud de devolución de saldo
a favor, previsto en el 854 ib., por falta del presupuesto material previsto en dicha norma, esto es, la existencia de una declaración
tributaria contentiva del saldo a favor.
17
Exp. 24875, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7
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Demandante: JORGE ALBERTO VERA VILLAMIZAR
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1.- CONFIRMAR la sentencia del 4 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander.
2.- Sin condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
8
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