Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00854-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00854-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00854-01 (0611-2024)
Demandante: Carlos Fernando Mendoza González
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: Pensión especial de vejez.
Decisión: Confirma parcial la sentencia de primera instancia.
La Sala decide los recursos de apelación interpuesto por el demandante y la en-
tidad demandada contra la sentencia de primera instancia del 11 de marzo de
2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Carlos Fernando Mendoza González, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda en contra de la Admi-
nistradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, con el propósito
de que se declare la nulidad de la Resolución No. GNR 312486 del 8 de septiem-
bre de 2014, por medio de la cual la entidad negó el reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez, así como de las Resoluciones No. GNR 109286 del
16 de abril de 2015 y No. VPB 54406 del 28 de julio del mismo año en las que
confirmó la decisión en sede de reposición y apelación.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene el reconoci-
miento y pago indexado de la pensión especial de vejez, efectiva a partir de oc-
tubre de 2013, con inclusión del salario básico y factores salariales sobre los cua-
les cotizó en pensión respecto del promedio de los últimos 10 años. Igualmente,
pretendió el pago (i) retroactivo de la prestación, (ii) de la mesada adicional de
cada diciembre, (iii) de los intereses moratorios y (iv) del reajuste de las mesadas
futuras.
3. Nació el 19 de diciembre de 1957 y prestó sus servicios al sector público
por un total de 1.345,84 semanas discriminadas de la siguiente manera: (i) desde
el 10 de agosto de 1979 hasta el 31 de julio de 1984 en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, (ii) desde el 18 de abril de 1988 hasta el 9 de noviembre del mismo
año en el Instituto de Crédito Territorial y (iii) desde el 11 de noviembre de 1988
hasta el 30 de junio de 2009 en la Procuraduría General de la Nación.
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Demandante: Carlos Fernando Mendoza González
4. Mediante Resolución No. 872201312 del 12 de septiembre de 2013, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá dictaminó una calificación
de pérdida de capacidad laboral del 62.64% estructurada el 6 de mayo de 2013
y de origen laboral con los siguientes porcentajes en sus componentes: una de-
ficiencia del 34.83%, discapacidad por el 7.30% y una minusvalía por el 20.50%.
5. Con ocasión a lo anterior, el 28 de marzo de 2014 solicitó ante Colpensio-
nes el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez. No obstante, a
través de las resoluciones cuya nulidad se ataca en el proceso de referencia, la
entidad administradora negó el reconocimiento pensional bajo el argumento de
que no cumplió con los requisitos estipulados en la norma, particularmente el
porcentaje de deficiencia y el origen común de la PCL.
6. Como concepto de la violación, alegó la vulneración de los artículos 48 y
53 de la Constitución Política, así como el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley
100 de 1993. Como causal de nulidad, argumentó que los actos administrativos
en cuestión fueron expedidos en desconocimiento de las normas en que debían
fundarse. Por un lado, explicó que el 50% de la deficiencia contemplado en el
inciso 1° del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 equivale al 25%
como porcentaje mínimo requerido, por lo que el 34.83% que obtuvo sobre el
componente de deficiencia le permitió superar el 25% exigido por la norma. Por
el otro, señaló que la disposición normativa no distinguió sobre el origen de la
enfermedad, por lo que no era necesario acreditar el origen común de la PCL.
Contestación de la demanda
7. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la de-
manda y solicitó fueran desestimadas. Sostuvo que el dictamen realizado por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá evidenció que la pérdida
de capacidad laboral del demandante fue de origen laboral y no común, incum-
pliendo así con lo establecido en el literal b del numeral 1.1.1. de la Circular In-
terna No. 8 del 2014.
8. Como excepciones de mérito, invocó la inexistencia de la obligación, la
prescripción y la genérica.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pre-
tensiones de la demanda.
10. Con base en las sentencias T-007 de 2009, T-665 de 2013, T-128 de 2015,
T-326 de 2015 y T-462 de 2016 de la Corte Constitucional, examinó las diferen-
cias establecidas por el legislador entre la pensión de invalidez y la pensión es-
pecial de vejez consagrada en el primer inciso del parágrafo 4° del artículo 33 de
la Ley 100 de 1993.
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11. Frente a la primera, explicó que se exoneró al afiliado del cumplimiento del
requisito de edad y, en su lugar, exigió (i) que la pérdida de capacidad laboral no
tuviera origen laboral, (ii) acreditar una cotización mínima de 50 semanas dentro
de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y (iii) una
calificación igual o superior del 50% a título de PCL determinada a partir de la
evaluación conjunta de los componentes de deficiencia, discapacidad y minusva-
lía. En contraste, precisó que para acceder a la pensión especial de vejez se
requería haber cumplido 55 años de edad, acreditar 1.000 semanas de cotización
en cualquier tiempo y contar con una deficiencia calificada en un porcentaje igual
o superior al 50%, sin que se hubiese discriminado el origen de la deficiencia.
12. De manera particular, advirtió que la deficiencia, discapacidad y la minus-
valía como criterios que componen la calificación integral de invalidez tenían un
puntaje máximo que, al ser sumados, daban lugar a determinar el valor total de
la pérdida de capacidad laboral. A saber, 50% por deficiencia, 20% por discapa-
cidad y 30% por minusvalía. En orden a lo anterior, concluyó que “si en el con-
texto de la calificación de la invalidez a la deficiencia de una persona se le asigna
un porcentaje de 25 o más, quiere decirse con ello que reúne la condición exigida
por el artículo 33, parágrafo 4° de la Ley 100 de 1993, de contar con una defi-
ciencia igual o superior del 50%”.
13. El a quo afirmó que el Decreto 917 de 1999, mediante el cual se adoptó el
Manual Único para la Calificación de la Invalidez, y la Circular No. 8 de 2014
expedida por Colpensiones debían interpretarse con el principio del efecto útil de
las normas. En ese sentido, consideró que dicha interpretación debía garantizar
la eficacia del inciso primero del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de
1993, de manera que la pensión especial de vejez produjera sus efectos y no se
desnaturalizara mediante la exigencia de requisitos no previstos por el legislador
14. Al estudiar el caso en concreto, constató que el demandante cumplió con
todos los requisitos de ley para acceder a la prestación: cumplió 55 años el 19 de
diciembre de 2012, cotizó 1.345 semanas entre 1979 y 2009 y fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 62.63% estructurada el 6 de mayo de 2013,
dentro de la cual se obtuvo una deficiencia del 34.83%. Observó que, aunque la
entidad negó el reconocimiento de la pensión con ocasión del origen laboral de
la discapacidad, tal exigencia carecía de sustento legal, por cuanto fue incorpo-
raba mediante el literal b del numeral 1.1.1. de la Circular Interna No. 8 del 2014,
En consecuencia, concluyó que dicha exigencia no resultaba aplicable al caso
concreto, toda vez, que imponía un requisito no previsto en la norma, (ii) contra-
dijo la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional sobre la materia e (iii)
impuso requisitos adicionales a los establecidos por la Constitución y la Ley 100
de 1993.
15. Por lo expuesto declaró la nulidad de las Resoluciones GNR 312486 del 8
de septiembre de 2014, GNR 109286 del 16 de abril de 2015 y VPB 54406 del
28 de julio del mismo año y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión espe-
cial de vejez desde el 5 de octubre de 2015, teniendo en cuenta el salario básico
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y los factores salariales sobre los cuales el demandante realizó aportes, además
de los correspondientes reajustes.
16. Sobre la fecha a partir de la cual regiría el reconocimiento, el a quo explicó
que operó la figura de la prescripción trienal respecto de las mesadas anteriores
al 5 de octubre de 2015, toda vez que la solicitud administrativa fue radicada el
28 de marzo de 2014 y la demanda se presentó el 5 de octubre de 2018. Se
abstuvo de condenar en costas.
17. A través de providencia del 31 de marzo de 2023, el Tribunal adicionó la
sentencia en lo siguiente (i) ordenó el reconocimiento y pago de la mesada adi-
cional de diciembre, según la prescripción decretada y (ii) negó el pago de intere-
ses moratorios como quiera que la jurisprudencia de Consejo de Estado, estos
solo procedían una vez se determinara de forma definitiva la obligación por parte
de la entidad administradora, situación jurídica que solo se consolidó en el caso
en concreto mediante la sentencia de primera instancia y (iii) ordenó el cumpli-
miento de la providencia en los términos de los artículos 189 y siguientes del
CPACA en relación con el método de indexación sobre las sumas reconocidas.
Recursos de apelación
18. Colpensiones: Luego de transcribir el inciso 1° del parágrafo 4° del artículo
33 de la Ley 100 de 19931 para referenciar los requisitos que exige la pensión
especial de vejez, citó la definición de estado de invalidez en los términos del
artículo 38 de la misma legislación2 y los requisitos de la pensión especial por
invalidez dispuestos en la Circular Interna No. 8 del 30 de abril de 20143 expedida
por Colpensiones.
1 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. “PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales
1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial
del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discon-
tinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993”.
2 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. “ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo
se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
3 “PENSION ANTICIPADA POR INVALIDEZ. De acuerdo con lo señalado en la Ley 797 de 2003
los requisitos que deben acreditarse para acceder a esta pensión son[:] Padecer una deficiencia
física, síquica o sensorial del 50% o más: De los tres criterios necesarios para la calificación de
invalidez (deficiencia, minusvalía y discapacidad), la pensión especial exige la concurrencia de
uno solo de ellos, y en un porcentaje igual o superior al 50%, por lo que la deficiencia se convierte
en una condición clave para diferenciar esta prestación de la pensión de invalidez, ya que esta
última exige la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, pérdida
que se determina, se reitera, con la sumatoria de los tres criterios señalados en el Manual Único.
Otro aspecto relevante para distinguir la pensión especial anticipada de la invalidez, radica en
que la primera de las prestaciones, el legislador no señalo cual debería ser el origen de la defi-
ciencia, lo que significa que la misma puede ser consecuencia de cualquier tipo d enfermedad,
accidental o voluntaria. g) No se requiere que la persona sea invalida, y en este sentido lo que se
exige es que el componente de la calificación de invalidez denominado “deficiencia” sea del 50%
h) El origen de la “deficiencia” debe ser de origen común i) Contar con 55 años de edad j) Contar
con 1000 o más semanas cotizadas de forma continua o discontinua en el RPMD k) Ahora bien,
como esta pensión especial se encuentra dentro del Capítulo II, que regula lo concerniente a la
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19. Con base en ello, aseguró que el demandante no cumplió con los requisi-
tos para acceder a la pensión especial, toda vez que el estado de deficiencia por
el cual fue calificado era de origen laboral y no común.
20. Por su parte, el demandante en relación con la declaratoria de prescripción
trienal y la negativa de ordenar el pago de intereses moratorios, alegó que el a
quo tomó de manera incorrecta la fecha de presentación de la demanda, como
quiera que esta había sido radicada el 3 de diciembre de 2015 ante el Juzgado
002 Laboral del Circuito, pero, con ocasión de un conflicto de competencia sus-
citado por el factor jurisdiccional, el asunto fue remitido al Tribunal, en esa me-
dida, aseguró que no transcurrieron más de dos años entre la reclamación admi-
nistrativa y la presentación de la demanda, de ahí que tuviera derecho al recono-
cimiento y pago del retroactivo pensional desde el 1 de octubre de 2013, fecha
en que se retiró del sistema pensional, hasta su inclusión en la nómina pensional.
21. Frente a los intereses, afirmó de manera abstracta que la jurisdicción con-
tencioso-administrativa ha reconocido el derecho y pago de intereses de mora
cuando se demuestra que la prestación fue negada de manera injustificada. No
obstante, en caso de no acceder a esta petición, solicitó de manera subsidiaria
se ordene la indexación de todos los valores que resulten a su favor.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el despacho sustanciador admitió
los recursos de apelación y corrió traslado de estos para que las partes se pro-
nunciaran y el Ministerio Público rindiera concepto.
23. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
pensión de vejez y para ser más precisos, dentro del artículo que señala los requisitos para ob-
tener dicha pensión, se debe tomar en consideración todas y cada una de las semanas cotizadas,
sin importar la fecha de estructuración de la invalidez, en caso de que se presente o del dictamen
de calificación de pérdida de la capacidad laboral l) La fecha de causación y disfrute se regirá por
las mismas reglas que gobiernan la pensión de vejez”.
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25. Le corresponde a la Sala determinar si el señor Carlos Fernando Mendoza
González reúne los requisitos previstos en el inciso primero del parágrafo 4º del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión especial de vejez,
pese a que la deficiencia determinada por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez es de origen laboral. En caso afirmativo, deberá establecerse si el
Tribunal acertó al declarar la prescripción y negar el reconocimiento de intereses
moratorios.
Análisis del problema jurídico
26. Frente al primer problema jurídico, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez
que el legislador no discriminó el tipo de origen de la pérdida de capacidad laboral
como un requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión especial
de vejez prevista en el primer inciso del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100
de 1993.
27. Al crear el Sistema General de Pensiones, el legislador contempló una se-
rie de pensiones de vejez con diferentes requisitos respecto de la pensión de
vejez ordinaria, según la situación de salud del afiliado, sus familiares o las acti-
vidades laborales que aquellos desarrollan. A saber, la pensión especial de vejez
para quienes se encuentren en una situación de deficiencia física, psíquica o
sensorial, la pensión especial para madres o padres con hijos en situación de
discapacidad y la pensión especial por actividades de alto riesgo4.
28. El inciso 1° del parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 prevé la
pensión especial de vejez para quienes padecen de una deficiencia física, psí-
quica o sensorial a partir de requisitos menos exigentes en comparación con
aquellos dispuestos para la pensión ordinaria de vejez y la pensión ordinaria de
invalidez. Frente a la pensión ordinaria de vejez, la pensión de vejez especial no
exige el mismo tiempo de cotización ni el mismo requisito de edad. Mientras que
la primera requiere cumplir 57 años en el caso de las mujeres y 62 años en el
caso de los hombres, la pensión especial de vejez permite acceder de manera
especial a la prestación con tan solo 55 años o más. Igualmente, mientras que la
primera prevé 1.300 semanas de cotización, la segunda reduce dicho monto a
tan solo 1.000 semanas.
29. Mediante el Decreto 917 de 1999, el ordenamiento jurídico adoptó el Ma-
nual Único para la Calificación de Invalidez, aplicable a la determinación de la
pérdida de capacidad laboral cualquiera fuera su origen. Para tal efecto, se esta-
4 Las primeras dos se encuentran en el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, mien-
tras que la tercera en el artículo 140 de la misma legislación.
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bleció un sistema de valoración integral conformado por tres elementos: deficien-
cia, discapacidad y minusvalía5 a los cuales asignó porcentajes máximos de
50%, 20%, y 30%, respectivamente. La ponderación conjunta de estos compo-
nentes permitía establecer el porcentaje total de pérdida de capacidad laboral del
afiliado.
30. Ahora bien, aunque ambas prestaciones guardan relación con afectacio-
nes en la capacidad laboral del afiliado, los parámetros previstos para acceder a
cada una son distintos. En efecto, para la pensión especial de vejez prevista en
el parágrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 interesa exclusivamente el
componente de deficiencia, sobre el cual la norma exige demostrar una afecta-
ción igual o superior al 50% de carácter físico, psíquico o sensorial. Así, bajo la
metodología de valoración del Decreto 917 de 1999, dicho porcentaje equivale a
obtener, al menos, 25 puntos en el componente de deficiencia, pues su puntaje
máximo es de 50 puntos. Por su parte, la pensión de invalidez por riesgo común
requiere una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% con base en
los tres componentes que integran el sistema de valoración de invalidez.
31. Esta distinción resulta de suma importancia, pues la deficiencia constituye
solo uno de los componentes que integran la calificación de la pérdida de capa-
cidad laboral y sobre el cual se funda exclusivamente la pensión especial de ve-
jez. Así, la pensión especial de vejez contempla un supuesto autónomo y, en ese
sentido, menos restrictivo que la pensión de invalidez, al fundarse exclusiva-
mente en el componente de deficiencia y no en el porcentaje global de pérdida
de capacidad laboral, permitiendo entonces que una persona pueda acceder a la
prestación sin alcanzar una PCL del 50%, pero sí bajo una deficiencia equivalente
a, por lo menos, 25 puntos sobre los 50 posibles, siempre y cuando converjan las
demás condiciones legalmente establecidas.
5 Decreto 917 de 1999. Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. “ARTÍCULO 7º. CRITE-
RIOS PARA LA CALIFICACION INTEGRAL DE INVALIDEZ. Para efecto de la calificación integral
de la invalidez se tendrán en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del
ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la
edad, y definidos de la siguiente manera: a) DEFICIENCIA: Se entiende por deficiencia, toda
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pue-
den ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una
anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo
humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exterioriza-
ción de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano. b) DISCA-
PACIDAD: Se entiende por Discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano,
producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y
comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o perma-
nentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la
deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona. c) MINUSVALÍA: Se entiende
por Minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una
deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal
en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se carac-
teriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al
que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja
las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el
individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.
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32. Otros aspectos que permiten diferenciar estas prestaciones económicas
son (i) el origen de la afectación en la capacidad laboral, (ii) el número de sema-
nas de cotización y (iii) el período de cotización de estas últimas. La pensión de
invalidez por riesgo común demanda que la PCL sea a causa, como su nombre
lo dice, de origen no profesional ni provocada intencionalmente, junto con la acre-
ditación de 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez. En contraste, la pensión especial obliga a demos-
trar 1.000 semanas o más de manera continua o discontinua a lo largo de toda la
vida laboral, sin que el legislador hubiese discriminado el origen de la deficiencia
de manera alguna.
33. A efectos de brindar claridad sobre las diferencias entre las prestaciones,
a continuación, se presenta el siguiente esquema de comparación.
Pensión especial de
Pensión de invali-
Pensión de vejez vejez por deficien-
Requisitos dez por riesgo co-
ordinaria cia física, psíquica
mún
o sensorial
57 años en el caso
de las mujeres y 62 No exige una edad
Edad mínima 55 años
años en el caso de mínima
los hombres
Número de sema-
1.300 semanas 50 semanas 1.000 semanas
nas de cotización
En los últimos 3 años
Período en el que
anteriores a la fecha
se debe cumplir A lo largo de toda la A lo largo de toda la
de estructuración de
con el número de vida laboral vida laboral
la pérdida de capaci-
semanas
dad laboral
Requiere el 50% o
más de pérdida de
capacidad laboral Requiere únicamente
Afectación de salud No aplica evaluada a partir de el 50% o más de la
tres elementos: defi- deficiencia6.
ciencia, discapacidad
y minusvalía.
Debe ser de origen
Origen de la afecta- no profesional no No exige ningún tipo
No aplica
ción de salud provocada intencio- de origen.
nalmente.
34. La Corte Suprema de Justicia7 y la Corte Constitucional8 han diferenciado
estas prestaciones de igual manera. La primera de ellas concluyó que la pensión
6 Debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la exigencia legal de
una deficiencia igual o superior al 50 % debe entenderse respecto del valor máximo asignado a
dicho componente dentro del Manual Único de Calificación, de modo que un puntaje igual o su-
perior a 25 puntos satisface dicho requisito.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de casación del 17 de marzo
de 2021, SL1037-2021, radicado No. 80919.
8 Corte Constitucional de Colombia, Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-007 del 16 de enero
de 2009; Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-665 del 24 de septiembre de 2013; Sala Sexta de
Revisión. Sentencia T-128 del 26 de marzo de 2015; Sala Novena de Revisión, Sentencia T-326
del 26 de mayo de 2015; Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del 29 de agosto de 2016.
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especial de vejez fue una modificación innovadora de la Ley 797 de 2003 que
permitió acceder al derecho pensional de vejez, pese a padecer una situación de
salud que impide cumplir con los requisitos de ley de la pensión ordinaria, la se-
gunda explicó que la pensión especial de vejez por deficiencia física, psíquica o
sensorial fue creada como un mecanismo para “asegurar una mayor equidad so-
cial, solidaridad estatal y responsabilidad fiscal, y con ello crear un sistema equi-
tativo para todos los participantes del sistema”, siempre manteniendo una clara
diferencia con respecto de la pensión ordinaria de vejez y la pensión de invalidez
por riesgo común9.
35. En el caso en concreto, conforme las pruebas incorporadas al proceso, se
tiene que el señor Mendoza nació el 19 de diciembre de 195710 y cumplió 55 años
en 2012. Mediante dictamen No. 8722013 del 12 de septiembre de 2013 expe-
dido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá, fue valorado
por pérdida de capacidad laboral y obtuvo el 34.83% de deficiencia11. Igualmente,
a partir del Reporte de Semanas Cotizadas gestionado por Colpensiones12 y los
distintos Certificados de Información Laboral13, el demandante cotizó más de
1.000 semanas a lo largo de su vida laboral.
36. Contrario a lo sostenido por la entidad demandada, el origen de la defi-
ciencia no constituye un requisito para acceder a la pensión especial de vejez,
prevista en el inciso 1º del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En
efecto el artículo 38 ibidem invocado por Colpensiones, regula la pensión de in-
validez por riesgo común y, por tanto, no resulta aplicable a la prestación objeto
de controversia, cuyos requisitos se encuentran específicamente previstos en la
primera de las disposiciones mencionadas. Esta conclusión además coincide con
lo señalado en la Circular Interna No. 8 del 30 de abril de 2014.
37. En esa medida, la Circular a partir de la cual Colpensiones negó el derecho
pensional al demandante admite expresamente que la pensión especial de vejez
no contempló como uno de sus requisitos el que la pérdida de capacidad laboral
provenga de un origen específico, sino que puede ser consecuencia de cualquier
circunstancia.
38. Resuelto de manera afirmativa el primer interrogante, la Sala abordará el
segundo problema jurídico suscitado con ocasión del recurso de apelación pre-
sentado por el demandante. Frente a la declaratoria de prescripción de las me-
sadas pensionales, la Sala modificará la decisión de primera instancia en este
sentido, toda vez que el demandante presentó la demanda dentro de los tres
9 Corte Constitucional de Colombia. Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 del 29 de agosto
de 2016
10 Expediente digital No. 680012333000-2018-00854-00, archivo “2018-00854-00 CUADERNO
1”, folios 3 y 12.
11 Ibidem, folio 20.
12 Expediente digital No. 680012333000-2018-00854-00, archivo “2018-00854-00 CUADERNO
1”, folios 33 – 35.
13 Ibidem, folios 36 – 50.
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años siguientes a la fecha en que solicitó en sede administrativa el reconoci-
miento pensional especial de vejez.
39. Conforme los hechos probados, el señor Mendoza solicitó ante Colpensio-
nes el reconocimiento de la prestación el 28 de marzo de 2014. Mediante la Re-
solución No. GNR 312486 del 8 de septiembre de 2014, notificada el 26 del
mismo mes y año, la entidad administradora negó el derecho. Agotados los re-
cursos de reposición y apelación a través de las Resoluciones No. GNR 109286
del 16 de abril de 2015 y No. VPB 54406 del 28 de julio del mismo año, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento el 3 de diciembre de 2015, proceso que
le fue repartido al Juzgado 002 Laboral del Circuito14.
40. Agotadas varias actuaciones administrativas, el juzgado en comento de-
claró su falta de jurisdicción para conocer del asunto por tratarse de un empleado
público a través del auto del 13 de septiembre de 201815 y remitió el asunto al
Tribunal Administrativo de Santander en oficio No. 2070/2015-00513 del 5 de oc-
tubre del mismo año. Efectuado el nuevo reparto en esa misma fecha16, el expe-
diente le correspondió al despacho del magistrado sustanciador de primera ins-
tancia.
41. De lo expuesto, se advierte que, si bien la reclamación administrativa fue
presentada el 28 de marzo de 2014, por lo que el demandante contaba, en prin-
cipio, hasta el 28 de marzo de 2017 para acudir a la jurisdicción, la demanda fue
radicada oportunamente el 3 de diciembre de 2015. En consecuencia, el hecho
de que el proceso hubiera sido inicialmente tramitado ante el Juzgado 002 Labo-
ral del Circuito y remitido a esta jurisdicción aproximadamente tres años después,
con ocasión de la declaratoria de falta de jurisdicción, no desvirtúa los efectos
jurídicos derivados de la presentación oportuna de la demanda, particularmente
la interrupción del término de prescripción.
42. En otro orden de ideas, tratándose del reconocimiento de los intereses
moratorios, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó el pago
de dichos rubros, en consideración a que su causación ocurre a partir del acto
que concede el derecho, no antes.
43. El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el deber a cargo de las
entidades responsables del pago de pensiones consistente en pagar al pensio-
nado la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efec-
túe el pago, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella. Al
14 Expediente digital No. 680012333000-2018-00854-00, archivo “2018-00854-00 CUADERNO
1”, folio 52.
15 Ibidem, folio 96.
16 Ibidem, folio 101.
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respecto, la jurisprudencia de esta Sala17 ha explicado que se trata de una me-
dida conminatoria encaminada a que, una vez se haya reconocido el derecho
pensional, las entidades previsoras paguen de manera oportuna las mesadas
pensionales.
44. En otras palabras, los intereses moratorios se causan por el retraso en el
pago de las mesadas pensionales, previa la existencia de un acto administrativo
de reconocimiento de la prestación que determine el monto y periodicidad de di-
chos pagos.
45. A diferencia de lo manifestado por el señor Mendoza, el demandante no
tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios reclamados,
como quiera que dl derecho pensional estuvo en discusión hasta el momento en
que el Tribunal Administrativo de Santander dictó y notificó la sentencia de pri-
mera instancia. De ahí que el acto de reconocimiento no fue otro que la providen-
cia apelada, cobrando efectos jurídicos la prestación a partir de dicha oportuni-
dad. Por lo tanto, comoquiera que no se generaron a favor del demandante los
intereses de mora señalados en el mencionado artículo, la Sala procederá a con-
firmar la sentencia de primera instancia sobre este punto en particular.
Condena en costas
46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
47. Con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, la intención del legis-
lador fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiesta-
mente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés pú-
blico; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del dere-
cho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
48. En esa medida, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 6 de mayo de 2021, radicado No. 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599-2018).
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49. En el caso de referencia, no procede la condena en costas en esta instan-
cia, toda vez que el recurso de apelación presentado por el demandante prosperó
de manera parcial, mientras que el de la demandada fue negado de manera ab-
soluta, sin que pueda predicarse que alguna de ellas hubiese sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta ins-
tancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. A partir de las consideraciones de esta providencia, MODIFICAR el
numeral segundo de la sentencia de primera instancia dictada el 11 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Santander en los siguientes términos:
“SEGUNDO. Como restablecimiento del derecho RECONOCER Y PA-
GAR a favor de CARLOS FERNANDO MENDOZA GONZALEZ la pensión
especial de vejez, desde el 28 de marzo de 2014, teniendo en cuenta sa-
lario básico y factores salariales sobre los cuales aportó para pensión, y
los respectivos reajustes a que haya lugar.
Parágrafo Primero. la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO-
NES –COLPENSIONES- reconocerá y pagará a CARLOS FERNANDO
MENDOZA GONZALEZ la mesada adicional de diciembre o mesada 13
en los términos de la norma transcrita desde el 28 de marzo de 2014.
Parágrafo Segundo. Se niega el reconocimiento de los intereses de mora
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por lo expuesto en la
parte motiva.
Parágrafo Tercero. La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO-
NES –COLPENSIONES deberá cumplir la sentencia en los términos pre-
vistos en los artículos 189 y siguientes del CPACA. Para efectos de la ac-
tualización económica o indexación de las sumas reconocidas, se aplicará
la forma prevista en la parte motiva de la presente providencia.
Parágrafo Cuarto. Los intereses a futuro que se causen a partir del reco-
nocimiento pensional serán reconocidos en la forma señalada en los ar-
tículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.”
SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia de primera instancia ape-
lada, conforme a las consideraciones de esta decisión.
TERCERO. Sin costas en esta instancia.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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