Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00887-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00887-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00887-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Reliquidación de la pensión de jubilación, Decreto 546 de
1971. Beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993. Ingreso base de liquidación1. Efectos en el tiempo de
las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de
Estado
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 1º de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Zoraida Gómez Gómez presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad parcial de la Resolución PAP024050 del 29 de octubre de
2010, sólo en cuanto al monto, y la nulidad de las resoluciones RDP 037840 del
3 de octubre, RDP 046076 el 12 de diciembre y RDP 048234 del 27 de diciembre
de 2017, toda vez que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social3 no tuvo en cuenta el IBL
previsto en los decretos 546 de 1971 y 383 de 2013, esto eso con el 75% de la
1
En lo que sigue IBL.
2
En lo sucesivo CPACA.
3
En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
asignación mensual más elevada, devengada durante el último año de servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento y reajuste de la pensión de jubilación con la inclusión
del sueldo básico, prima de antigüedad, auxilio de transporte, incremento del 2.5,
subsidio de alimentación, la doceava de la prima especial de servicios, las primas
navidad y vacaciones, vacaciones, bonificación por actividad judicial ; ii) la
indexación «de la mesada pensional a valor presente desde la fecha de status quo del
30 de septiembre de 1999, efectiva a partir del 01 de enero de 2017 cuando se procedió
al retiro institucional, debiéndose reconocer el pago económico del retroactivo
correspondiente a los haberes económicos dejados de reconocer y percibir con sus
intereses corrientes y moratorios hasta la fecha en que se cumpla la sentencia judicial
que así lo disponga»; iii) «se ordene a la entidad demandada entrar a variar sobre el
monto porcentual reconocido al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio en las actividades citadas sobre todos los
haberes económicos percibidos con ocasión de la actividad laboral desempeñada en el
último año de servicio»; iv) la indexación de los valores reconocidos y las sumas
adeudadas, de conformidad con lo previsto por los artículos 187, 188 y 192 del
CPACA; y v) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Zoraida Gómez Gómez nació el 7 de noviembre de 1948, actualmente cuenta
con más de 70 años. Laboró para el estado por más de 20 años, el último
empleador fue la Rama Judicial, en ejercicio del cargo de secretaria del Juzgado
Promiscuo Municipal de la Paz.
3.2. Así las cosas, adquirió el estatus pensional el 30 de septiembre de 1999,
según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, artículo 36 y en el Decreto 546 de
1971.
3.3. La Caja Nacional de Previsión Social4 le reconoció una pensión de jubilación
por $1’283.883 a partir del 17 de diciembre de 2008, condicionada al retiro
definitivo del servicio, mediante la Resolución PAP 024050 del 29 de octubre de
2010.
3.4. El 1° de enero de 2017 se retiró del servicio, fecha a partir de la cual fue
incluida en nómina de pensionados sin el reajuste del monto previamente
4 En adelante Cajanal.
2
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
reconocido, con los factores devengados entre los años 2009 y 2016, a pesar
haber realizado aportes.
3.5. El 23 de mayo de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la reliquidación,
la Ugpp negó la petición, mediante la Resolución RDP 037840 del 3 de octubre
de 2017. Decisión que fue confirmada mediante las resoluciones RDP 046076
del 12 de diciembre y RDP 048234 del 27 de diciembre de 2017.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los decretos 546 de 1971, 717 de 1978 y 383 de
2013.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente5:
5.1. El reconocimiento pensional fue dispuesto según lo previsto en el Decreto 546
de 1971, pero el IBL fue liquidado en los términos de la Ley 100 de 1993, esto es
con base en lo devengado durante los 10 últimos años con los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1990. Por su parte el «artículo 6 del decreto ley
546 de 1971, creó un régimen especial para los empleados de la RAMA JUDICIAL,
favorable para los empleados que hayan trabajado durante 20 años en forma continua o
discontinua al servicio de la rama judicial sin tener en cuenta su edad, se liquida con el
75% al momento de liquidarse la pensión de jubilación, al solicitante se le debe liquidar
con el 81% de acuerdo al artículo 34 de la ley 100 por haber trabajado y cotizado por
más de 20 años».
5.2. Para la reliquidación de la pensión era correcto aplicar el Decreto 546 de 1971,
respecto de la edad, el tiempo de servicios y monto; sin embargo, en cuanto al
IBL la norma aplicable era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es el 75%
del promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, puesto que
dicho aspecto no estaba sujeto a la transición y, en cuanto a los factores
salariales, la norma vigente era el Decreto 1158 de 1994.
5.3. Loanterior, en atención a lo señalado por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 (0112-09), en la que se dispuso
que para la liquidación de las pensiones debía tenerse en cuenta todos los
factores salariales percibidos en el último año de servicio como retribución por el
trabajo, pues la referencia que a ello hace la norma es enunciativa y no taxativa.
5 Índice 51 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada:
ARCHIVOS EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 51.
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
Asimismo «la sentencia de Unificación SU 230 de 2015, NO PUEDE SER APLICABLE AL
CASO de mi representada en tanto que esta adquirió el derecho con anterioridad a la
comunicación de la misma».
1.2. Contestación de la demanda
6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las
siguientes consideraciones6:
6.1. Conforme con el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a sus
beneficiarios únicamente comprende los requisitos de edad, tiempo de servicio y
monto establecidos con base en la norma anterior, es decir, el IBL no hace parte
del beneficio de la transición. En consecuencia, la base de liquidación de la
pensión que así deba reconocerse se define con fundamento en el artículo 18 de
esa normativa, según sea el caso, y los factores taxativos del Decreto 1158 de
1994 objeto de cotización.
6.2. Así las cosas, no era posible acceder a la solicitud de reliquidación de la
pensión de jubilación con el 75% de la asignación mensual más elevada percibida
en el último año de servicio y con la totalidad de los factores salariales
devengados en ese periodo, conforme se pretende.
6.3. Por último, propuso la excepción de inepta demanda por falta de requisitos de
procedibilidad de agotamiento de la actuación administrativa.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 1° de
agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda y la condena en costas.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, se pronunció en estos términos7:
8.1. La prestación le fue reconocida con el 75% de los factores cotizados entre el
17 de junio de 2003 y el 16 de diciembre de 2008, como el pago estaba
condicionado al retiro del servicio la demandante tenía derecho a la reliquidación;
sin embargo, Zoraida Gómez Gómez alcanzó el estatus pensional el 30 de
6 Índice 51 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada:
ARCHIVOS EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 51.
7 Índice 51 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada:
ARCHIVOS EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 51.
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septiembre de 1999 al completar los 20 años de servicios, es decir que le faltaban
menos de 10 años para consolidar su derecho, entre el 1° de abril de 1994 y el
30 de septiembre de 1999.
8.2. En ese sentido, resultaba aplicable el criterio unificado de la sentencia CE-
SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 2020 [radicado 15001-23-33-000-2016-00630-
01], de manera que le asistía derecho a la reliquidación del IBL con base en los
10 años anteriores al retiro definitivo del servicio y los factores establecidos en
los artículos 1 del Decreto 1158 de 1994,14 de la Ley 4ª de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996, 1 del Decreto 3900 de 2008 y 1 del Decreto
383 de 2013.
8.3. No obstante, «está demostrado que al reconocerle el derecho a la demandante
CAJANAL liquidó su pensión con la inclusión de la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados e incremento del 2.5%, de las cuales solo la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados pueden ser tenidas en cuenta. De igual forma, se
tuvieron en cuenta para efectos de la liquidación los últimos cinco años de servicio y no
los últimos diez […] la Sala considera que reliquidar la prestación conforme a la sentencia
de unificación conllevaría a la modificación de los términos en que se reconoció la
pensión, situación que podría desmejorar la cuantía de la prestación y afectar los
derecho y garantías de orden superior de la accionante».
1.4. El recurso de apelación
8
9. Zoraida Gómez Gómez apeló la decisión de primera instancia y la sustentó así :
9.1. El tribunal de primera instancia pasó por alto el tiempo en el cual se realizaron
aportes desde el 1° de octubre de 1979 y hasta el 23 de noviembre de 2016,
durante 37 años, 1 mes y 22 días, toda vez que «su último año laboral fue el 2016 y
de este ni se tuvo en cuenta ni se realizó la respectiva reliquidación ni ajuste durante
todo el tiempo que se ha solicitado […] Por tal razón su mesada pensional es irrisoria al
estar devengando desde su salida de la rama judicial, un porcentaje calificado y liquidado
ocho (08) antes a lo que actualmente devengaba y que nunca fue reliquidado por la
UGPP aun habiendo sido solicitado por la demandante» [sic]. Además, reiteró lo
manifestado en la demanda y el precedente judicial vigente en ese momento,
añadió que «se cambiaron las reglas de juego después de presentada la demanda y
con ello se desconocen principios constitucionales y procesales […] no es lo mismo
considera este apoderado para alguien que presenta la demanda en ese momento que
para los que ya la habíamos presentado para antes de la Sentencia de Unificación del
Consejo de Estado del 11 de junio de 2020 […] se debió aplicar hacia futuro por parte
8
Índice 99 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
71_MemorialWeb_Recurso-47RECURSOAPELACION(.pdf) NroActua 99.
5
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
del A quo».
9.2. Según las disposiciones previstas en los decretos 546 de 1971, 383 de 2013
y 717 de 1978 debieron incluirse los factores como el sueldo básico, primas de
antigüedad, navidad y vacaciones, auxilio de transporte, incremento del 2.5,
subsidio de alimentación, las doceavas partes de la prima especial de servicios,
vacaciones y la bonificación por actividad judicial, lo anterior en concordancia con
la jurisprudencia del Consejo de Estado [exps. 05001-23-31-000-2010-00458-01
(0710-12) y 23001-23-33-000-2012-00132-01], puesto que fue lo devengado
entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 .
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Mediante auto proferido el 30 de octubre de 2024 fue admitido el recurso de
apelación interpuesto por Zoraida Gómez Gómez9.
11. A través del auto proferido el 28 de febrero de 2025 fue emitido
pronunciamiento de los documentos mencionados por la demandante en el
recurso de apelación y negó la práctica probatoria, al considerar que «si bien es
cierto que en el escrito de apelación hizo mención a oficios expedidos por la Ugpp
también lo es que los documentos ya obran en el plenario. Por tal razón, no serán tenidas
en cuenta como una solicitud probatoria en segunda instancia. Asimismo, se observa
que, durante el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso, ningún sujeto
procesal solicitó la práctica de pruebas».
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12.1. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10,
el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar ¿si le asiste el
derecho a Zoraida Gómez Gómez a la reliquidación del IBL en los términos del
Decreto 546 de 1971?
9 Índice 9 de Samai, actuación denominada: 8Autoqueadmite_53272024Admiterecurs(.pdf)
NroActua 9.
10
Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
6
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. El régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el
Ministerio Público
9. El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció el
«régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares», en su artículo 6 previó los
requisitos que debían acreditar los destinatarios de esa disposición para efectos
de ser beneficiarios de la pensión de jubilación, en los siguientes términos:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que
hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
10. De otra parte, el artículo 12 del Decreto 717 del 20 de abril de 1978 11 se
encargó de desarrollar lo relacionado con los factores salariales con base en los
cuales se debían liquidar las pensiones de los empleados destinatarios del
régimen en mención, frente a lo cual dispuso:
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la
ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo
de comisiones de servicio».
11. Igualmente, el artículo 9 del referido Decreto 546, de manera clara señaló que
para la liquidación de las pensiones de que trata dicha norma no serían incluidos
los viáticos recibidos por el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de
carácter permanente y se hubiese recibido dentro de los últimos tres años,
durante un lapso continuo de seis meses o mayor.
11
«Por el cual se establecen las equivalencias de nomenclatura, clasificación y grado de
remuneración para los empleos señalados en los Decretos-ley 0717 y 0719 de 1978»
7
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
12. A su turno, el artículo 7 de esta normativa frente al tiempo mínimo de servicio
prestado de manera exclusiva a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público, indicó
que: «(s)i el tiempo de servicio exigido en el primer inciso del Artículo anterior se hubiere
prestado en la rama jurisdiccional o en el Ministerio Público en lapso menor de 10 años,
la pensión de jubilación se liquidará en la forma ordinaria establecida para los empleados
de la rama administrativa del Poder Público» (resalta la Sala).
13. En conclusión, el monto de la pensión de los servidores de la Rama Judicial y
del Ministerio Público, beneficiarios del régimen previsto en el Decreto 546 de
1971, comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado
en el último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso.
2.2.2. Ingreso base de liquidación en el régimen pensional previsto en el
Decreto 546 de 1971, de los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993
14. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es
garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez,
la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos
adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la
entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994), se estipuló un
régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las
mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley».
15. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1 de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años o más si es hombre
o iii) 15 años o más de servicios cotizados, es decir, es suficiente reunir uno solo
de estos para gozar del derecho adquirido.
8
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
16. El mencionado régimen de transición no solo aplica para los regímenes que
regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede
para los regímenes especiales, como son los decretos 546 de 1971 referente a
los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público,
929 de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General
de la República, entre otros.
17. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación
unificó la interpretación frente a la forma en la que debía ser liquidada la pensión
de quienes eran beneficiarios de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1996, en el sentido de entender que el ingreso base de liquidación sí hacía parte
del régimen de transición, es decir, que debía ser liquidado conforme con las
disposiciones especiales anteriores. En ese sentido, en sentencia del 4 de agosto
de 201012 esta corporación señaló:
«(…) Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados».
18. Con posterioridad, la Sala Plena de la Corporación, en sentencia del 28 de
agosto de 201813, rectificó la referida interpretación y concluyó que el ingreso
base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
debía aplicarse también a quienes eran beneficiarios del régimen de transición,
es decir, que solo podía aplicarse el régimen anterior en los aspectos
relacionados con la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo.
19. En esa misma línea, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 14, señaló que el
funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que sea
beneficiario del régimen de transición previsto en el mencionado artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, tendría derecho al reconocimiento pensional conforme con las
disposiciones del Decreto 546 de 1971, en los siguientes términos:
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-
23-25-000-2006-07509-01.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto
de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
9
Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
«(…) 4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los
siguientes presupuestos:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial,
tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o
más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del
Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si
es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar
el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo
debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.»
«iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si es hombre;
b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años
lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de
liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según
el caso; es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado
por el DANE, y si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f) con los factores
de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4ª. De 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;
1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de
2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de
magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público».
20. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos del Decreto 546 de 1971, se les aplicarán las disposiciones de esa
norma en cuanto a tiempo de servicio, edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso
base de liquidación será el establecido en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley
100 de 1993, según sea el caso.
21. Finalmente,la Sala Plena de la Sección Segunda precisó que las
consideraciones expuestas en la mencionada decisión de unificación tendrían
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
aplicación retrospectiva y que la regla fijada será vinculante en los asuntos
similares que no contaran con sentencia ejecutoriada al momento de la citada
providencia. Asimismo, advirtió que en caso de presentarse recurso
extraordinario de revisión contra sentencias proferidas con fundamento en tesis
anteriores que sostuvo la corporación, deberá prevalecer el carácter de cosa
juzgada, en tanto no hay lugar a entender que lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley. En ese sentido dispuso:
«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia, tienen
aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que
se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe
sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están
amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables».
22. Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente de la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio
de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.
2.4. Lo probado dentro del proceso
23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
23.1. Zoraida Gómez Gómez nació el 7 de noviembre de 194815 y prestó sus
servicios a la Rama Judicial, de la siguiente manera16:
Entidad Desde Hasta
Juzgado Promiscuo Municipal de
1º de octubre de 1979 24 de agosto de 2003
Pinchote (Santander)
Juzgado Promiscuo Municipal de 25 de septiembre de
25 de agosto de 2003
Pinchote (Santander) 2003
15 Índice 51 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada:
ARCHIVOS EXPEDIENTE DIGITAL(.zip) NroActua 51. Copias de la cédula de ciudadanía y del
registro civil de nacimiento.
16 En virtud de la constancia suscrita por el jefe de recursos humanos de la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Rama Judicial, el 19 de noviembre de 2008.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
Juzgado Promiscuo Municipal de
26 de septiembre de 2003 31 de diciembre de 2005
Pinchote (Santander)
Juzgado Séptimo Penal Municipal de
1° de enero de 2006 1º de febrero de 2007
Bucaramanga (Santander)
Secretaría del Centro de Servicios
Judiciales S.A.P. de Bucaramanga 2 de febrero de 2007 19 de marzo de 2007
(Santander)
Juzgado Promiscuo Municipal de Galán
20 de marzo de 2007 20 de marzo de 2007
(Santander)
Secretaría del Juzgado Promiscuo
21 de marzo de 2007 31 de julio de 2007
Municipal de Galán (Santander)
Juzgado Promiscuo Municipal de Galán
1º de agosto de 2007 9 de septiembre de 2007
(Santander)
19 de noviembre de
Juzgado Promiscuo Municipal de la Paz 2008 [fecha de
10 de septiembre de 2007
(Santander) expedición de la
constancia]
23.2. Mediante la Resolución PAP024050 del 29 de octubre de 2010, el liquidador
de Cajanal le reconoció la pensión de vejez por acreditar los requisitos previstos
en el Decreto 546 de 1971 y en la Ley 100 de 1993, artículo 36 «aplicando un
75.00% sobre el Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los salarios
o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el interesado entre 17 de junio de 2003
y el 16 de diciembre de 2008», condicionado al retiro del servicio.
23.3. A través de constancia, la pagadora de la Dirección Seccional Bucaramanga,
proferida el 16 de marzo de 2017, certificó los pagos realizados a favor de la
demandante entre el 1º de enero y el 22 de noviembre de 2016.
23.4. El14 de junio de 2017, fue solicitada la reliquidación de la pensión y
mediante la Resolución RDP 037840 del 3 de octubre de 2017, la Ugpp negó la
petición. Decisión confirmada por medio de las resoluciones RDP 046076 del 12
de diciembre y RDP 048234 del 27 de diciembre de 2017.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
24. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda,
porque consideró que al reliquidar la prestación en los términos de la sentencia
de unificación proferida por el Consejo de Estado conllevaría a desmejorar los
términos en los cuales fue reconocida la pensión.
25. Zoraida Gómez Gómez solicitó que se revocara la decisión adoptada por el
tribunal de primera instancia, con fundamento en que no se tuvo en cuenta el
tiempo completo laborado, además sobre el cual fueron realizados los aportes,
es decir desde el 1º de octubre de 1979 hasta el 23 de noviembre de 2016, por
37 años, 1 mes y 22 días.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
26. De los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se encuentra que la
competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a declarar la nulidad
de los actos demandados, en cuanto al IBL, toda vez que Cajanal aplicó lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, artículo 36, inciso 3, es decir el 75% del
promedio de lo devengado entre el 17 de junio de 2003 y el 16 de diciembre de
2008 y posteriormente negó la reliquidación con la asignación más alta
devengada durante el último año de servicio.
27. De acuerdo con los elementos de prueba allegados al proceso se encuentra que
la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que para el 1º de abril de 1994, fecha de
entrada en vigencia de esta norma, contaba con 35 años de edad, puesto que
nació el 7 de noviembre de 1958.
28. En este punto, se advierte que la entidad reconoció y liquidó la prestación de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 36 de la Ley 100 de 1993,
según el cual «[e]l ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello»,
esto, porque la demandante adquirió el estatus pensional el 30 de septiembre de
1999, por lo que se encontraba dentro del supuesto previsto en la disposición en
cita, toda vez que en la fecha de entrada en vigencia del sistema le faltaban
menos de 10 años para acreditar la totalidad de los requisitos para la prestación.
29. Es decir, el reconocimiento se efectuó de conformidad con la interpretación
acogida por esta Corporación en sentencia de unificación del 11 de junio de
202017, según la cual, quienes siendo beneficiarios de la transición tuviesen
derecho al reconocimiento pensional en los términos del Decreto 546 de 1971,
se les aplicarán las disposiciones de esa norma en cuanto a tiempo de servicio,
edad y tasa de reemplazo; pero el ingreso base de liquidación será el establecido
en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.
30. Se precisa que contrario a lo expuesto por la apelante, las reglas establecidas
en la referida sentencia de unificación sí rigen su situación pensional, porque
como se explicó en esa oportunidad, estas tienen aplicación retrospectiva y son
vinculantes «(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando
en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado», es decir,
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de
2020, radicación: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
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Radicado: 68001-23-33-000-2018-00887-02 (5327-2024)
Demandante: Zoraida Gómez Gómez
excluyó de su aplicación «los conflictos judiciales ya resueltos» que estaban
amparados por la cosa juzgada, excepción dentro de la que no se encuentra la
demandante.
31. Así las cosas, no se advierte ilegalidad en la forma en la que la entidad de
previsión calculó el ingreso base de liquidación, esto es, con el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el estatus pensional
después de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
32. En cuanto al derecho de la reliquidación, la Sala observa que le asiste razón
a la demandante, comoquiera que el monto reconocido fue calculado con el
tiempo laborado entre los años 2003 y el 2008. Sin embargo, aquella continuó
activa en el servicio hasta el 22 de noviembre de 2016, de manera que la
prestación debió actualizarse, porque los últimos 5 años de servicios no
correspondieron a los estimados en la Resolución PAP 024050 del 29 de octubre
de 2010, sino entre el 2011 y el 2016.
33. Lo anterior, porque a través de la Resolución PAP024050 del 29 de octubre
de 2010, la entidad de previsión le definió la forma en la que sería liquidada la
pensión de jubilación, en ese sentido estableció que el IBL sería determinado de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual
«[e]l ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
34. En ese sentido, en consideración a que se estableció como fecha de
adquisición del estatus pensional el 30 de septiembre de 1999 [5 años después
de la entada en vigor del sistema general de pensiones], la entidad de previsión
concluyó que el ingreso base de liquidación estaría conformado sobre lo cotizado
«entre 17 de junio de 2003 y el 16 de diciembre de 2008»; esto es, tuvo en cuenta los
5 años anteriores.
35. Por lo que, si bien no había lugar a la reliquidación de la prestación con base
en la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año,
sí tenía derecho a la reliquidación por nuevos tiempos de servicio, esto es, con
los 5 años anteriores al retiro del servicio. Puesto que, era acreedora de la
prestación en los términos en que le fue reconocida a través de la Resolución
PAP024050 del 29 de octubre de 2010.
36. El análisis expuesto, ha sido desarrollado por esta Subsección, entre otros en
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
las providencias del 12 de septiembre de 202418 y del 5 de diciembre de 202419
en las que se consideró que si el acto censurado surgió de una decisión propia
de la administración, generó en el ciudadano la confianza legítima de que su
derecho pensional se reconoció y liquidó, lo que impedía desconocer el derecho
que en virtud de ello adquirió.
37. Corolario de lo expuesto, la Sala modificará el ordinal primero de la sentencia
del 1º de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander que negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad de las
resoluciones RDP 037840 del 3 de octubre y RDP 048234 del 27 de diciembre
de 2017 y se confirmará en lo demás.
2.6. Costas
38. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma20.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024,
radicado 17001-23-33-000-2017-00348-01 (5199-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de diciembre de 2024,
radicado 76001-23-33-000-2017-01426-01 (4599-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
20
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1º de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
15
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
41. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
42. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la nulidad de las
resoluciones mediante las cuales fue negada la reliquidación y, como
restablecimiento del derecho se ordenará a la Ugpp reliquidar la prestación en
los términos del acto de reconocimiento. No es procedente la nulidad del acto
administrativo que reconoció la pensión de vejez de la demandada, en tanto que
el reconocimiento efectuado por Cajanal fue otorgado a luz de la posición
jurisprudencial vigente para fecha de la adquisición del estatus jurídico de
pensionada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 1º de agosto de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda presentada por Zoraida Gómez Gómez y, en su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 037840 del 3 de octubre
de 2017, RDP 046076 del 12 de diciembre de 2017 y RDP 048234 del 27 de
diciembre de 2017.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social la reliquidación de la pensión reconocida a Zoraida Gómez
Gómez con el 75% de lo devengado durante los 5 años anteriores al retiro del
servicio, en los términos de la Resolución PAP024050 del 29 de octubre de 2010.
La entidad deberá pagar a la demandante la diferencia entre la suma de las
mesadas pagadas efectivamente y las que resulten de la referida reliquidación.
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Demandante: Zoraida Gómez Gómez
Cuarto. La entidad demandada hará la actualización sobre las sumas
adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del
CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC)
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Quinto. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Sexto. Sin condena en costas en esta instancia.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Octavo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado
en el artículo 192 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
VMT
17
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