Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00984-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2018-00984-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2018-00984-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2018-00984-02 (1621-2026)
Demandante: Yolanda Villarreal Amaya
Demandada: Nación - Procuraduría General de la Nación
Temas: Improcedencia de considerar la bonificación por compensación
como factor salarial para el cálculo de las cesantías. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Yolanda Villarreal Amaya instauró demanda2 contra la Nación -
Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio 002597 del 5 de abril de 2018, por medio del
cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de las cesantías
causadas entre el 2000 y el 2017, teniendo en cuenta el carácter salarial de la
Bonificación por compensación.
3. Que se inaplique la expresión «solo» contenida en el inciso segundo del artículo
1 del Decreto 610 de 1998, en lo que respecta al postulado de no tener tal
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, objeto del
presente proceso.
2 Documento denominado «001 folios 01-52» contenido en SAMAI, otros despachos.
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emolumento como factor salarial para el cálculo de las cesantías.
4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene «la liquidación anual de
cesantías de los servidores públicos, tomando para el efecto como base el salario
promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los últimos tres (3)
meses de cada año, y si el salario es variable tomando como base el promedio de
lo devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si este fuere menor de un
año».
5. Que se condene a la parte accionada a reconocer las cesantías causadas entre
el 1 de enero del 2000 y hasta el 2017, teniendo en cuenta «el 100% de la
denominada Bonificación por Compensación devengada por ella, hasta que se
efectúe el pago de la diferencia entre lo liquidado por concepto de cesantías, en
esos años, y lo que debe liquidarse respecto de los mismos, de conformidad con el
inciso primero del Artículo 1º del Decreto 610 de 1.998», sumas que deberán ser
debidamente indexadas.
6. Que la demandada dé cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
7. Que ha prestado sus servicios a la Procuraduría General de la Nación en el cargo
de Procuradora 16 Judicial II Administrativa de Bucaramanga desde el 1 de enero
del 2000.
8. El 23 de agosto de 2017 solicitó el pago de las diferencias por la reliquidación de
sus cesantías con inclusión de la bonificación por compensación como factor
salarial. Sin embargo, la entidad demandada negó lo reclamado mediante el acto
administrativo reprochado al asegurar que tales conceptos solo hacen parte del IBC
del Sistema General de Seguridad Social.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Consideró vulnerados: los artículos 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 27 del
Decreto 3118 de 1968; 14 y 143 del CST; 1 literal b) y 2 literal a) de la Ley 4ª de
1992; 1 inciso 2, y 2 y 3 del Decreto 610 de 1998.
10. Afirmó que constituye salario, no solo la remuneración ordinaria, fija o variable,
sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
o retribución directa del servicio. De ahí que, en su criterio, la bonificación por
compensación es un verdadero factor que influye en la liquidación de las cesantías.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 18 de septiembre de 2025 fue admitida la demanda3. La entidad accionada4
aseveró que el acto acusado se emitió de conformidad con la Constitución y la ley.
Asimismo, que durante el tiempo en que la demandante ocupó el cargo de
procuradora le fueron pagados los salarios y prestaciones que previó la ley.
Particularmente, las cesantías se liquidaron de acuerdo con lo previsto en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978. En ese sentido, aseveró que el mismo Decreto 610
de 1998 prevé que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial
para efectos pensionales.
12. Propuso las excepciones: i) inexistencia del derecho pretendido y ii) genérica o
innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
13. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 5 de junio de
2026 negó las pretensiones de la demanda.
14. Explicó que si bien el Consejo de Estado6, ha sostenido que la bonificación por
compensación se fija como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los
magistrados de altas cortes, y por lo tanto su cuantía depende de la base utilizada
para el cálculo de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, reconocida a dichos funcionarios, dentro de la cual las cesantías han
sido reconocidas como ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por
tanto, consideradas como factor de liquidación de esta prima. También lo es que
ello no implica que aquella bonificación constituya factor salarial para efectos de
determinar las cesantías, pues el Decreto 610 de 1998 previó de forma expresa que
solo lo será para establecer las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.
15. Encontró probado que la demandante se desempeña como procuradora 16
Judicial II y que, desde el 1 de diciembre de 2000 ha percibido la bonificación por
compensación. No obstante, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto 610 de 1998 en armonía con la jurisprudencia7 desarrollada sobre aquella
prestación por parte del órgano de cierre de la jurisdicción, concluyó que la misma
no constituye factor salarial para liquidar las cesantías. Añadió que inaplicar la
expresión «solo» implicaría desconocer la voluntad del legislador y ampliar
3 Índice 49 de SAMAI, otros despachos
4 Índice 56 de SAMAI, otros despachos.
5 Índice 67 de SAMAI, otros despachos.
6 Para el efecto, citó:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-
25-000-2010-00246-02 (0845-2015).
7 Para el efecto citó la sentencia del 10 de junio de 2008, radicación 11001-03-27-000-2006-00020-00. Así como
la sentencia de la Corte Constitucional C-244 de 2013.
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indebidamente el alcance salarial de la bonificación.
RECURSO DE APELACIÓN
16. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de
que la bonificación por compensación tiene carácter salarial de conformidad con lo
expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 18 de mayo de 2016, bajo el
radicado: 250002325000201000246-02. Expresamente, indicó que «la presente
solicitud se trata de una reclamación de inclusión en la liquidación anual de cesantías
correspondientes a los años 2000 hasta el año 2017 y anualidades siguientes, del 100% de
la denominada Bonificación por Compensación».
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 28 de julio de 2026 se admitió el recurso de apelación9, las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
18. La Sala debe determinar si la bonificación por compensación es o no factor
salarial para el cálculo de las prestaciones sociales de la reclamante, en particular
de las cesantías.
Marco normativo y jurisprudencial
Sobre la bonificación por compensación
19. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese momento
aquellos percibían apenas el 46% de la remuneración de estos últimos.
20. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de los
funcionarios destinatarios del decreto, iniciando en 1999 con un reconocimiento
equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las altas cortes y
alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma dispuso una nivelación
progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo devengado por estos
últimos, precisando, en el inciso 2.° del artículo 1.° que el emolumento solo
8 Índice 69 SAMAI, otros despachos.
9 Índice 4 de SAMAI.
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constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes.
Resolución del caso concreto
21. De acuerdo con los argumentos de apelación, el objeto de discusión en el
presente caso se circunscribe a determinar si la bonificación por compensación
constituye factor salarial para liquidar las cesantías.
22. Sobre el particular, lo cierto es que este haber laboral constituye factor salarial
únicamente para efectos pensionales, pues así lo señala de manera expresa el
inciso 2.° del artículo 1.° del Decreto 610 de 1998 que prevé lo siguiente: «La
Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes (…)», al igual que el
inciso 3.° del artículo 1.° del Decreto 4040 de 2004 respecto de la bonificación de
gestión judicial.
23. Por tal motivo, se reitera lo manifestado por esta corporación en sentencia de
unificación del 12 de mayo de 202210 al concluir que, tanto el legislador en ejercicio
de su libertad de configuración legislativa, como el Gobierno nacional en su
configuración reglamentaria, tienen la facultad de regular el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, así como de decidir qué emolumentos
constituyen factor salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales y cuáles no,
potestad que no vulnera derechos de los trabajadores pues no existe una obligación
constitucional que exija que todos los ingresos deban ser tenidos en cuenta como
base para dichos ingresos laborales.
24. Lo anterior se ajusta por analogía a la postura adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-279 de 1996, en la cual se declaró exequible la
expresión «sin carácter salarial» contenida en los artículos 14 y 15 de la Ley 4.ª de
1992, pues si bien se trata de otro haber laboral, se consideró de manera general
que esta clase de disposiciones restrictivas no desconocen derechos laborales,
pues ninguna norma que aumente la remuneración de los trabajadores puede
considerarse contraria a la protección laboral, y en todo caso, el legislador cuenta
con un margen de configuración para determinar qué conceptos integran el salario
y para desarrollar su definición. Además, concluyó que excluir esta clase de
emolumentos de la base para liquidar prestaciones no les quita su naturaleza
remuneratoria ni vulnera compromisos internacionales del Estado colombiano.
25. Con base en lo expuesto se concluye que, tal como lo señaló el juez de
instancia, la bonificación por compensación no constituye factor salarial para liquidar
las cesantías, sino solo para efectos pensionales. Sin que ello de manera alguna
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 12 de mayo de 2022. Exp. 05001-33-33-
000-2013-01009-01(2263-2018).
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implique el desconocimiento de los derechos de la demandante. De manera que se
confirmará la sentencia apelada.
26. Ahora, en lo que se refiere a la decisión del 18 de mayo de 2016, proferida por
esta corporación bajo el radicado: 250002325000201000246 02, la Sala estima
pertinente aclarar que, contrario a lo expuesto por la recurrente, en esta decisión no
se aseveró que la bonificación por compensación constituyera factor salarial para
las prestaciones sociales, en concreto, para las cesantías, por el contrario, en ella
se indicó la forma cómo debía calcularse la bonificación por compensación, teniendo
en consideración la prima especial del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que perciben
los magistrados de alta corte.
27. Ciertamente, dicha bonificación se fija como un porcentaje de lo que por todo
concepto reciben los magistrados de altas cortes, por lo que su cuantía también
depende de la base utilizada para el cálculo de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, reconocida a dichos funcionarios. A
su vez, esta prima se liquida con fundamento en la equiparación de la totalidad de
los emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales las cesantías
han sido reconocidas11 como ingresos laborales anuales de carácter permanente,
que deben tenerse en cuenta para determinar el monto de la referida prima. Sin que
por ello sea viable concluir que la bonificación constituye factor salarial para
determinar las cesantías, en tanto que, se repite, el Decreto 610 de 1998 previó que
solo lo será para efectos pensionales.
De la condena en costas
28. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
29. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-
000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
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30. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
31. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia en contra de la parte
demandante, por cuanto no se accedió a los argumentos de apelación, lo que
implica que ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el cinco (05) de junio de dos mil
veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.
Segundo. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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