Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2019-00166-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa- y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - la obligación estatal de protección debe
cumplirse acorde con la capacidad institucional y las condiciones concretas de cada caso,
puesto que ni siquiera un Estado ideal está en la capacidad de mantener total indemnidad
para los ciudadanos y garantizar que no exista circunstancia alguna que pueda menguar
sus derechos, “nadie está obligado a lo imposible” / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN
EN EL DEBER DE PROTECCIÓN - la jurisprudencia ha concluido que una falla en el deber
y servicio de protección puede hallarse probada, cuando: (i) se deja a las personas a
merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, siempre que exista
conocimiento cierto de que los derechos de esas personas vienen siendo desconocidos por
grupos organizados al margen de la ley; (ii) se solicita protección con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; (iii) no se solicita
expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en
consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus
funciones / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN - el
deber de protección que recae sobre las autoridades no reviste un carácter absoluto ni
ilimitado, sino que debe ser analizado bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
disponibilidad de las capacidades técnicas y de personal.
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de la señora
María Eugenia Portilla Castro, causada por miembros desmovilizados de un grupo
armado ilegal.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 17 de octubre de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda presentada
el 22 de febrero de 20191, por los señores María Alejandra y María Fernanda
Jácome Portilla (hijas) y César Antonio Jácome Arias (cónyuge), quien actúa en
nombre propio y en representación de la menor María Daniela Jácome Portilla
(hija), en contra de la Nación -Ministerio de Defensa y los municipios de Duitama
(Boyacá) y Charalá (Santander).
1 Acta individual de reparto visible a folio 31 de expediente digitalizado -índice 45 aplicativo SAMAI Tribunal-.
1
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
2. Las pretensiones y fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se
pronunció el Tribunal fueron, los siguientes.
Pretensiones
3. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial y la
consecuente indemnización de perjuicios morales2 y materiales en la modalidad
de lucro cesante3.
Hechos
4. El 27 de enero de 2017, mientras se movilizaba en su vehículo por la vía que del
municipio de Duitama (Boyacá) conduce al municipio de Charalá (Santander), la
señora María Eugenia Portilla Castro fue víctima de los delitos de hurto, concierto
para delinquir, secuestro y homicidio, por parte de excombatientes de un grupo
armado ilegal. Para ese momento, la referida señora se encontraba laboralmente
activa en una empresa privada y devengaba un salario de $10´000.000, con el cual
contribuía al sostenimiento de su núcleo familiar.
5. Enel marco del proceso penal que se adelantó por su muerte, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Duitama, mediante sentencia del 3 de octubre de
2017, condenó a tres exmilitantes de las FARC como responsables del secuestro y
homicidio agravado -entre otros delitos-, cometidos en contra de la señora Portilla
Castro.
Fundamentos de derecho
6. Según la demanda, el daño es imputable a las demandadas a título de falla del
servicio, por la omisión de sus obligaciones relativas a proteger el patrimonio y la
vida de la población que transita por los municipios en donde ocurrieron los hechos.
Además, porque, a pesar de tener conocimiento del conflicto armado interno del
país, no ejecutaron políticas de protección y de seguridad encaminadas a
salvaguardar la vida e integridad de la víctima4.
La defensa
7. La Nación -Ministerio de Defensa- se opuso a las pretensiones, para lo cual
alegó que la muerte por la cual se pidió indemnización fue cometida por terceros
ajenos a la administración, sin que se hubiera aportado prueba siquiera sumaria
que diera cuenta de que la víctima solicitó medidas de protección y que las
autoridades omitieron responder a ese llamado. Agregó que no se puede exigir un
deber de protección exclusivo para cada ciudadano, pues ello rebasaría la
capacidad operativa del Estado5.
8. El municipio de Duitama alegó la inimputabilidad del daño, pues la vía en la que
ocurrieron los hechos estaba a cargo del INVIAS. Añadió que le correspondía a la
2 En cuantía de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes.
3 En la suma de $2.400’000.000 sin especificar que fuera a favor de alguno de los actores, por lo que se entiende
dividida por igual para todos ellos.
4 Folios 1 al 6 del expediente digitalizado - índice 45 aplicativo SAMAI Tribunal-
5 Folios 50 a 59 del expediente digitalizado - índice 45 aplicativo SAMAI Tribunal-.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
demandante probar la falla del servicio por omisión en el deber de protección, pues
de lo contrario se estructuraría el hecho de un tercero como causal exonerativa de
responsabilidad6.
9. El municipio de Charalá expuso que no se aportó prueba de que la víctima
solicitó una medida de protección especial o que por su condición de funcionaria
representativa de órganos del Estado hubiera requerido de una de ellas. Alegó la
falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la vía en la que ocurrió el deceso
no pertenecía a su jurisdicción y, además, el hecho de un tercero, en tanto fue el
actuar de grupos ilegales lo que determinó el daño7.
Etapa probatoria y alegaciones
10. Concluida la etapa probatoria8 se corrió traslado para alegar de conclusión. La
parte actora insistió en la declaratoria de responsabilidad por la omisión de las
demandadas de prestar seguridad policial o militar en la vía en la que ocurrieron los
hechos, dada la presencia de grupos armados al margen de la ley9.
11. El Ministerio de Defensa recabó en la inimputabilidad del daño. Dijo que las
obligaciones que le corresponden son medio y no de resultado, por lo que no puede
garantizar en términos absolutos la vida e integridad de cada ciudadano. Agregó
que la víctima no recibió amenazas ni elevó una solicitud de protección especial.
En tales condiciones, se evidenció una ruptura del nexo causal por el actuar
determinante de un tercero10.
12. Los municipios demandados guardaron silencio.
13. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda. Consideró
que la parte actora no demostró los elementos que estructuran la responsabilidad
del Estado a partir de la falla del servicio por omisión en el deber de protección. Por
el contrario, se acreditó que el hecho generador del daño era imputable al actuar
exclusivo de terceros. Añadió que el móvil determinador del deceso se apartó del
marco propio del conflicto armado interno, de lo que se seguía que el daño no
guardó relación alguna con el servicio público11.
6 Folios 102 a 110 del expediente digitalizado - índice 45 aplicativo SAMAI Tribunal-.
7 Folios 121 a 148 del expediente digitalizado - índice 45 aplicativo SAMAI Tribunal-.
8 En audiencia del 3 de agosto de 2022 (índice 27 aplicativo SAMAI Tribunal), el a quo decidió sobre las
solicitudes probatorias; así: DEMANDANTE 1. Incorporó las documentales aportadas con la demanda
(registro civiles de nacimiento y de defunción, copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Duitama y certificados de ingresos y vínculo laboral de la señora Portilla Castro). DEMANDADA
Ministerio de Defensa: 1. Incorporó las documentales aportadas con contestación de la demanda (oficios
emitidos por la Quinta Brigada del Ejército Nacional y certificación del alcalde de Charalá); y, 2. Ofició al
Batallón de Artillería José Antonio Galán para que certificara si la víctima solicitó protección al Ejército
Nacional y si en los municipios de Charalá y Duitama se tenía conocimiento de la presencia de insurgentes, así
como las medidas que tomó al respecto. También solicitó certificación sobre las unidades operativas
encargadas de velar por la guardia y protección del sector y si hubo combates u operaciones militares en la
zona. Municipio de Duitama. Ofició al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama, para que allegara
copia auténtica e íntegra del proceso penal seguido por la muerte de la señora María Eugenia Portilla Castro.
Municipio de Charalá 1. Incorporó las documentales aportadas en la contestación de la demanda (Oficio del
26 de agosto de 2019 emitida por el Personero Municipal, Oficio del 22 de agosto de 2019 del Inspector de
Policía, Oficio del 10 de septiembre de 2019 emitido por el Ejército Nacional).
9 Índice 44 aplicativo SAMAI Tribunal.
10 Índice 42 aplicativo SAMAI Tribunal.
11 Índice 46 aplicativo SAMAI Tribunal.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
La decisión del Tribunal
14. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.
Argumentó que el acto violento determinante de la muerte de la señora María
Eugenia Portilla era imprevisible e irresistible para el Estado por haber sido
cometido por terceros ajenos a la administración, sin que previamente la víctima
hubiera advertido que se encontraba en una situación de riesgo y sin que las
circunstancias fácticas que antecedieron a los hechos permitieran prever la
ocurrencia del hecho.
15. Explicó que cuando se trata de la responsabilidad del Estado con fundamento
en un régimen de falla probada del servicio por omisión del deber de protección,
se debe demostrar que el acto violento perpetrado por agentes no estatales era
previsible y resistible para las autoridades, de lo contrario se configuraría una
causa extraña por el hecho de un tercero como eximente de responsabilidad.
16. Aclaró que los supuestos fácticos no se enmarcaban en regímenes objetivos,
por lo que no era pertinente abordar tal estudio.
17. Analizó el material probatorio12 para señalar que: (i) si bien el acto violento fue
perpetrado por personas que tuvieron vínculos con la insurgencia, no se estableció
que se cometiera como consecuencia de tal vínculo o con ocasión del conflicto
armado interno; por el contrario, se acreditó que los autores del crimen pertenecían
a grupos de delincuencia común organizada; (ii) según las certificaciones suscritas
por el Ejército, la Policía y la Personería Municipal, en el sector donde ocurrieron
los hechos o en las jurisdicciones municipales respectivas, no se presentaron
operaciones militares que tuvieran por fin repeler el actuar de grupos violentos o
que pusieran en evidencia su presencia; y, (iii) la víctima no formuló solicitud de
protección ante algún riesgo de amenaza en contra de su vida y no existían
denuncias o información sobre riesgos a los que estuviera expuesta13.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
18. La parte demandante pidió revocar la decisión y acceder a la totalidad de las
pretensiones de la demanda14. Señaló su desacuerdo con la valoración probatoria,
pues un examen conjunto, armónico y coherente de la prueba15, permitía concluir
que la muerte de la víctima era fáctica y jurídicamente imputable a las
demandadas, por su omisión en el cumplimiento del deber constitucional de
protección de la vida, honra e integridad personal de la víctima.
12 Se refirió a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama el 3 de octubre de
2017; las certificaciones expedidas por el Ejército Nacional de 30 de agosto de 2019; el oficio remitido por la
Estación de Policía de Charalá el 26 de agosto anterior y las certificaciones emitidas por la alcaldía de Charalá,
el Inspector de Policía y la Personería Municipal.
13 Índice 53 aplicativo SAMAI Tribunal.
14 Recurso de apelación visible en el índice 57, aplicativo SAMAI Tribunal.
15 No señaló ninguna prueba en concreto y expuso lo siguiente: “Así las cosas es preciso solicitar a la Sala, el
examen conjunto, armónico y coherente, y en aplicación del principio de la sana crítica, de los medios
probatorios allegados al proceso establezca que el daño antijurídico causado con la muerte violenta de María
Eugenia Portilla Castro, fáctica y jurídicamente, a las entidades demandadas, al concretarse los elementos
necesarios para establecer la omisión, la inactividad, y el indebido cumplimiento del deber constitucional de
protección de la vida, integridad personal, honra y seguridad, de quien confiadamente se desplazó por una vía
de orden nacional sin el temor de que fuera por allí donde fuera víctima de secuestro y posterior homicidio en
manos de quienes pertenecían a un grupo al margen de la ley”.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
19. Sostuvo que la prueba demostró que en la vía nacional en la que se movilizaba
la señora Portilla Castro había ausencia total del Estado, situación que permitió
que fuera interceptada por excombatientes de un grupo armado ilegal, quienes la
sometieron a los delitos de hurto, desaparición y posterior asesinato, según lo
reveló el fallo proferido por la justicia penal.
20. Afirmó que la responsabilidad del Estado se configura a partir de la falta de
garantías para la desmovilización y reincorporación de los excombatientes, pues
no se les proporcionaron las condiciones necesarias para que su proceso fuera
exitoso, lo que aumentó el riesgo de pertenecer a la delincuencia común y de
perpetrar actos delictivos como el que cobró la vida de la víctima16.
21. Indicó que conforme a la jurisprudencia, el Estado debe demostrar que adoptó
medidas razonables y proporcionales para evitar el daño, lo que no fue acreditado
por la demandada, de manera que tal omisión dio lugar al daño.
Concepto del Ministerio Público
22. El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada. Señaló que el daño
no era fáctica ni jurídicamente imputable a las demandadas, pues los elementos
de juicio no llevaron a considerar que el Estado era conocedor de una amenaza
particular o específica en contra de la víctima. Tampoco obra prueba de que
existiera un contexto de violencia sistemática que permitiera prever el daño, ni de
existencia de alertas previas sobre un ataque inminente al que estuviera expuesta
la víctima, de allí que el acto delictivo fue imprevisible para las autoridades17.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. Sin
que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso propuesto.
Objeto de la apelación
24. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a
verificar si la valoración probatoria acredita una falla del servicio por omisión de los
deberes de protección, que conlleve la imputación del daño a las demandadas18.
16 Se dijo en el recurso de apelación: “Atendiendo la participación en el hecho delictivo que cobró la vida de
MARIA EUGENIA PORTILLA CASTRO (q.e.p.d.), una mujer trabajadora, de bien y quien aportaba a la sociedad,
en manos de excombatientes de la FARC, la responsabilidad del Estado se configura en la Falta de garantías
para la reincorporación o desmovilización de dichos individuos, toda vez que el Estado no proporcionó las
condiciones necesarias para la reincorporación exitosa de los excombatientes, aumentando el riesgo de que
volvieran a la delincuencia y a cometer actos tan deplorables como lo fue la desaparición forzosa y posterior
homicidio de MARIA EUGENIA PORTILLA CASTRO”.
17 Índice 14 aplicativo SAMAI.
18 No se discute en esta instancia la prueba del hecho de la muerte, la cual se encuentra documentada en el
registro civil de defunción visible a folio 18 del expediente digitalizado -índice 47 aplicativo SAMAI Tribunal-.
Tampoco está en discusión que la referida muerte se produjo en momentos en los que se movilizaba en la
citada vía en su vehículo particular, siendo interceptada por tres sujetos que la retuvieron para solicitar una
gruesa suma de dinero por su rescate, luego de lo cual fue asesinada. Estos hechos fueron confesados por los
autores materiales, quienes reconocieron su actuar delictivo, por lo que fueron condenados por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Duitama, en sentencia del 3 de octubre de 2017 (folios 20 al 30 del expediente
digitalizado).
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Referencia: Reparación directa
25. No será objeto de análisis de esta instancia el supuesto de imputación del daño
fundado en la alegada omisión de las autoridades respecto del deber de
implementar acciones efectivas para garantizar los programas de desmovilización
y reincorporación de excombatientes. Ello, por cuanto se trata de un fundamento
que fue introducido únicamente en el recurso de apelación y no en el libelo
introductorio de la demanda. Efectuar tal estudio implicaría una indebida variación
de la causa petendi y un desconocimiento flagrante del debido proceso de la
contraparte, en la medida en que se le sorprendería con supuestos de imputación
que no fueron objeto de su defensa y medios exceptivos en detrimento del legítimo
derecho que le asiste de controvertir y de aportar pruebas para rebatir los
planteamientos estructurales de la litis19.
26. Por último, se observa que en sus respectivas contestaciones las entidades
territoriales -municipios de Charalá y Duitama- alegaron que el tramo vial en el que
ocurrió el deceso estaba a cargo del INVIAS y que, en consecuencia, no tenían
competencia ni jurisdicción para prestar seguridad en esa zona.
27. La Sala no analizará esos aspectos, en tanto que en la decisión de instancia el
a quo no hizo un estudio diferenciado de la exigencia del deber de protección y
seguridad o de exigibilidad de presencia militar en el punto especifico de la vía en
la que ocurrió el deceso, lo que no fue objeto de confrontación en sede del recurso
de apelación que se analiza.
Deber de protección y responsabilidad estatal por omisión
28. El artículo 2 constitucional señala que las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. En armonía, el artículo 217
prevé que las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional.
29. El referido mandato constituye un parámetro de exigencia cuya omisión activa la
responsabilidad del Estado. Sin embargo, como lo ha dejado claro esta
Corporación, su satisfacción no puede demandarse en términos absolutos e
ilimitados, sino acorde con la capacidad institucional de protección y de las
condiciones concretas de cada caso, puesto que ni siquiera un Estado ideal está
en la capacidad de mantener total indemnidad para los ciudadanos y garantizar que
no exista circunstancia alguna que pueda menguar sus derechos “nadie está
obligado a lo imposible”20, realidad que, de aceptarse, vaciaría las normas de
convivencia ciudadana y de sanción penal.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 24 de octubre de 2016 (expediente:
34.357) C.P. Hernán Andrade Rincón, del 11 de octubre de 2018 (expediente: 42.778), C.P.: Carlos Alberto
Zambrano Barrera, y del 20 de febrero de 2020 (expediente: 54.407) C.P. María Adriana Marín.
20 En sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16
de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado,
pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona
es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación
depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
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Referencia: Reparación directa
30. En esa línea, la jurisprudencia ha concluido21 que una falla en el deber y servicio
de protección puede hallarse probada, cuando: (i) se deja a las personas a merced
de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, siempre que exista
conocimiento cierto de que los derechos de esas personas vienen siendo
desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; (ii) se solicita protección
con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la
persona; (iii) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la
persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios
conocidos que permitieran asegurar que se encontraba amenazada o expuesta a
sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones. En estas
condiciones, aun cuando el comportamiento de un tercero fuera el causante
material del daño, la responsabilidad del Estado se encontraría comprometida por
corresponder a una circunstancia previsible y claramente resistible22.
31. En la mayoría de las hipótesis descritas, la solicitud de protección constituye un
elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, lo que exige
acreditar que éste no ha tomado las medidas pertinentes y el hecho amenazante
se materializa23.
32. Otras hipótesis se refieren a eventos en quela notoriedad pública de la situación
de peligro hacen forzosa la intervención del Estado24, pues en tales condiciones se
activa una posición de garante en relación con la integridad del ciudadano 25; en
estos casos, para que el Estado responda por el incumplimiento de la obligación de
brindar protección y seguridad, se debe establecer que las autoridades tenían
conocimiento de la situación de riesgo o peligro en que se encontraba la víctima,
ya fuera porque el afectado solicitó medidas de protección o porque las
circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones
y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración
para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna,
todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’".
21 Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 2 de junio de 2023
(expediente 59.071) y del 31 de julio de 2024 (expediente: 70.466).
22 De manera unificada, la Sala Plena de esta Sección consideró que: “el concepto de falla del servicio opera
como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la
complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió
de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y
estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron
insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de
garante)40; iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista
era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no
realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió
adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo
objetivamente creada por este” Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de
2017 (expediente: 18.860).
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021 (expediente:
66.925).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2008 (expediente. 16.234): “Ese deber,
general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades
competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la
notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007 (expediente: 16.894): “2.5. En
ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó
una vez el señor Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones
que se presentaban en su contra, principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que aquella
asumió posición de garante frente a la integridad del ciudadano”.
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Referencia: Reparación directa
de seguridad, pues “tal conocimiento es el que posibilita y hace exigible la actuación
y protección de las autoridades” 26.
Caso concreto
33. Anticipa la Sala que confirmará la sentencia objeto de recurso, dado que los
elementos de prueba no demuestran la falla del servicio alegada por la omisión de
adoptar medidas de protección específicas frente a la víctima.
34. Está acreditado que por la muerte de la señora María Eugenia Portilla se inició
una investigación penal en contra de cuatro personas27, quienes se allanaron a los
cargos que les fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, hurto
calificado, secuestro y concierto para delinquir. El proceso concluyó con sentencia
del 3 de octubre de 2017, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Duitama,
que los condenó como coautores responsables de los referidos delitos.
35. En la decisión, el juez penal expuso que el 26 de enero de 2017, mientras la
víctima se movilizaba en su vehículo particular por la vía que comunica a los
municipios de Duitama y Charalá fue interceptada por los procesados quienes la
retuvieron con fines extorsivos y, al no obtener el pago exigido, la asesinaron,
apropiándose además del vehículo y de las pertenencias que llevaba 28.
36. Según lo informado por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército
Nacional, en certificación expedida el 30 de agosto de 2018, se acreditó que las
unidades tácticas respectivas no reportaron tener conocimiento del actuar de
grupos ilegales en la vía donde ocurrió la acción criminal. También informó que
durante los años 2016 y 2017 no se presentaron combates ni se adelantaron
operaciones militares en la zona para contrarrestar el actuar de grupos ilegales.
Asimismo, afirmó que en sus archivos no reposaba solicitud de protección en favor
de la víctima29.
37. Mediante oficio del 29 de agosto de 2019, la alcaldía municipal de Charalá
reportó que en esa dependencia no reposaba información sobre amenazas contra
la vida de la señora María Eugenia Portilla Castro30. En el mismo sentido, a través
de comunicación del 26 de agosto del mismo año, la Personería Municipal de
Charalá certificó que en sus archivos no reposaba evidencia de denuncias sobre
amenazas y que durante los años 2016 y 2017 no se tuvieron reportes de combates
u operaciones militares en la zona31.
38. En comunicación del 28 de agosto de 2019, la Inspección de Policía de Charalá
indicó que no se halló información que diera cuenta de que la señora Portilla Castro
se encontrara amenazada por grupos ilegales y que para el 26 de enero de 2016
no se tuvo conocimiento de la presencia de insurgentes en la jurisdicción de Charalá
– Duitama32.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 1991 (expediente 6296).
27 Tres de ellos admitieron haber militado en un grupo armado ilegal y ser desmovilizados de esa organización.
28 Folios 20 a 29 del expediente digitalizado.
29 Folio 66 del expediente digitalizado.
30 Folio 67 del expediente digitalizado.
31 Folio 68 del expediente digitalizado.
32 Folio 69 del expediente digitalizado.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
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Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
39.En igual sentido, el 26 de agosto de 2019, el Departamento de Policía de
Santander referenció que no encontró ninguna diligencia por parte de la señora
Portilla Castro encaminada a solicitar protección o en la que advirtiera sobre la
existencia de amenazas en su contra33.
40. Por su parte, en oficio del 26 de agosto de 2019, el Comandante de Policía de
Charalá certificó que para la fecha de los hechos no se tenía noticia de la presencia
de grupos al margen de la ley ni operaciones para contrarrestar algún actuar de
aquellos.
41. En respuesta al requerimiento del a quo, mediante oficio del 12 de septiembre
de 2022, el Comando General del Ejército Nacional, Batallón de Infantería No. 5
José Antonio Galán, indicó que según lo informado por la Oficina de Inteligencia y
Derechos Humanos de esa unidad, no se halló información relacionada con una
solicitud de protección por parte de la señora Portilla Castro.
42. En este contexto probatorio la Sala encuentra que el deceso de la señora María
Eugenia Portilla Castro no sobrevino por la omisión en el deber de protección y
seguridad que se le reprochó a la pasiva. Como lo concluyó el a quo, fue el actuar
delincuencial de terceros el que causó el daño, siendo un hecho imprevisible e
irresistible para las autoridades, por lo que el daño no resulta atribuible
jurídicamente al Estado.
43. En lo particular, se encuentra acreditado que no obró una solicitud de protección
en favor de la víctima que le impusiera a las autoridades el deber de atender su
llamado en garantía de salvaguardar su vida, honra o bienes, ni la situación en
contexto permitía advertir que aquélla se encontrara en riesgo inminente de
atentados en su contra.
44. Como lo certifican las autoridades locales y militares, no había presencia activa
de grupos ilegales que apremiara prestar una seguridad especial, amén de que en
la región no se anunciaban acciones violentas o represivas que condujeran a
emprender operaciones militares encaminadas a contrarrestarlas.
45. Es cierto que el ordenamiento le impone al Estado una obligación constitucional
y legal de prevenir razonablemente los riesgos que afecten los derechos
fundamentales de las personas, especialmente cuando se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad, pero ello no podía ser exigible de manera
determinante en este asunto, por cuanto las autoridades no tenían conocimiento de
una condición particular en la que se encontrara la víctima que apremiara actuar en
tal sentido. Como se dejó expuesto, el Estado no puede responder por todo hecho
dañoso ocurrido en su territorio, sino únicamente por aquellos que eran previsibles
de manera concreta y frente a los cuales tenía la capacidad y competencia para
actuar eficazmente.
46. La ausencia de fuerza pública o presencia militar en el tramo vial donde
ocurrieron los hechos no puede considerarse como una omisión imputable al
33 Folio 71 del expediente digitalizado.
9
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
Estado que constituya la causa adecuada del daño, tal como lo reprochó la parte
actora en su apelación, pues el deber de protección que recae sobre las
autoridades no reviste un carácter absoluto ni ilimitado, sino que debe ser analizado
bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y disponibilidad de las capacidades
técnicas y de personal. La exigencia de la presencia de las autoridades de manera
permanente en cada vía del territorio desbordaría la capacidad real de operación
del Estado, sin que pueda ser un criterio suficiente para reprochar una conducta
por la vía del juicio de la reparación.
47. Ante la ausencia de una solicitud de protección o de circunstancias que hicieran
previsible el riesgo, también se constata que no les correspondía a las autoridades
probar que adelantaron medidas eficaces de protección especial para la víctima;
contrario sensu, la parte demandante tenía la carga de probar que las autoridades
conocían de la situación de riesgo en la que se encontraba, pero que no actuaron
para salvaguardar su vida. La prueba demostró que ello no ocurrió así y fue
contundente en evidenciar que la víctima no elevó solicitud de protección por
amenazas o riesgo a su integridad. Por fuerza de las anteriores consideraciones,
se confirmará la sentencia recurrida.
Condena en costas
48.
De conformidad con lo consagrado en el artículo 18834 de la Ley 1437 de 201135,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el procedimiento civil. Cabe enfatizar que esa disposición
contiene una excepción a la regla general de disponer sobre la condena en costas,
en aquellos casos donde “se ventile un interés público”.
49.
El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el
recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”.
50.
A su vez, el numeral 4 del artículo 365 de la norma referida dispone que cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias; asimismo, el
numeral 8 del citado artículo prevé que “solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
51.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-
241 de 2024 ha decidido que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad
por graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado
interno se ventila un interés público, de manera que al tenor de lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA no procede la condena en costas, aun habiendo
34
“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
35
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021 se introdujo una reforma al CPACA, norma procesal que en el inciso final de su
artículo 86 contempló que los recursos interpuestos “se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos”.
Por lo anterior, como en el presente asunto el recurso de apelación se interpuso el 9 de diciembre de 2015, con anterioridad
a la entrada en vigor de la citada Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-, le son aplicables “las leyes vigentes” cuando se
interpuso el recurso, es decir, las disposiciones del CPACA sin las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021.
10
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00166-01 (72.715)
Actor: María Alejandra Portilla Jácome y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa y otros
Referencia: Reparación directa
desestimado la alzada. Entiende la Sala que el criterio indicado por el legislador y
que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija a los demandantes36, de
manera que no procede la condena en costas en la presente instancia.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
36
En este sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 7 de marzo de 2025, radicado 18001-23-33-002-2014-
00069-01 (69.540). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. “Considera esta Sala que el razonamiento de la Corte Constitucional
no puede aplicarse en el sub lite, en el que se condenará en costas al Ejército Nacional -responsable de la muerte de Milton
Andrei Muñoz Cutiva-, toda vez que la citada regla jurisprudencial únicamente resulta aplicable si la condena en costas se
impone en contra de los demandantes -víctimas del conflicto armado- y no de la entidad demandada que, como sucedió en
este proceso, se acreditó que fungió como victimaria; precisamente porque lo que pretendió la Corte Constitucional con el
criterio que adoptó en la SU-241 de 2024, en sus palabras textuales, fue que no se “desincenti[vara] el ejercicio de la acción
de reparación directa de otras víctimas ante el temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”. Cfr.
Sentencia de 21 de marzo de 2025, radicación 13001-23-33-000-2017-01037-01 (70.834). M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
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