Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00181-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00181-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00181-01 (0785-2025)
Accionante: Howard Becerra Acelas
Demandado: Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL S.A.
Temas: Sanción disciplinaria de suspensión e inhabilidad especial por
el término de 4 meses.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 5 de diciembre de 2024, a través de la cual el
Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del fallo disciplinario del 28
de noviembre de 2017, mediante el cual la gerencia de Control Interno Disciplinario
de la entidad demandada sancionó al actor con la medida de suspensión e
inhabilidad especial por 4 meses. Así mismo, se pidió la anulación de la decisión del
7 de marzo de 2018, proferida por la presidencia de esa empresa, que en sede de
segunda instancia confirmó la anterior determinación.
3. Como restablecimiento del derecho se exigió el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de recibir, dejar sin efectos el registro de
antecedentes disciplinarios e indemnizar los perjuicios morales padecidos.
4. Hechos. En el año 2016 el actor fue investigado disciplinariamente a partir de
una denuncia anónima en la que se le endilgaron ausencias reiteradas entre 2011
y 2015, tiempo durante el cual habría continuado percibiendo su remuneración. Lo
anterior, a pesar de que en un proceso anterior había sido sancionado por esas
mismas conductas.
5. Por ello, el 19 de octubre de 2016 se abrió indagación preliminar para verificar
posibles irregularidades en el cumplimiento de la jornada laboral y el uso de
recursos asignados. Posteriormente, el 31 de marzo de 2017 se dio apertura a la
investigación disciplinaria por múltiples ausencias injustificadas durante el año 2014
y por el presunto uso indebido de un vehículo oficial. Con base en un acervo
probatorio que el actor cuestionó, el 3 de agosto de 2017 se formuló pliego de cargos
por no permanecer en su sitio de trabajo sin autorización y por utilizar el vehículo
para fines distintos al servicio.
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Demandante: Howard Becerra Acelas
6. Agotadas las etapas procesales y pese a la defensa ejercida, la gerencia de
Control Interno Disciplinario de la empresa demandada lo declaró responsable
mediante fallo del 28 de noviembre de 2017, en el que le impuso la sanción de
suspensión e inhabilidad por 4 meses. Esta decisión fue confirmada el 7 de marzo
de 2018 por la presidencia de Ecopetrol S.A., con base en los mismos argumentos
adoptados en primera instancia.
7. El demandante cuestionó las decisiones por considerar que no hubo una
adecuada valoración probatoria ni un análisis de culpabilidad que sustentara la
imputación dolosa. Indicó, además, que la sanción fue ejecutada el 13 de agosto de
2018 y que esta le generó afectaciones personales.
8. Fundamentos de derecho y concepto de violación. La parte actora estimó
como vulneradas las siguientes normas: artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 21, 25, 29, 39,
104 de la Constitución Política de Colombia; 6.°, 9.°, 13, 16, 18, 19, 23, 28, 33, 128,
129, 143, 163 y 170 de la Ley 734 de 2002.
9. Al sustentar el concepto de violación adujo que las decisiones demandadas
vulneraron su derecho al debido proceso, por cuanto:
10. Desconocieron las finalidades del derecho disciplinario, pues la conducta
imputada no es constitutiva de falta, ya que no tuvo relación directa ni sustancial con
el ejercicio de sus funciones ni con el servicio encomendado. Sostuvo que no puede
existir un reproche de esa estirpe sin la infracción de un deber funcional, y que en
este caso no se identificó ni se probó cuál fue el deber vulnerado.
11. Apoyó su argumento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la
cual el derecho disciplinario busca garantizar el correcto funcionamiento de la
administración pública mediante la exigencia del cumplimiento de los deberes
funcionales, de modo que la ilicitud surge únicamente cuando se afecta de manera
sustancial esa obligación. En ese sentido, adujo que no basta el incumplimiento
formal, sino que debe demostrarse una afectación real al servicio y/o a los fines del
Estado.
12. En consecuencia, solicitó la nulidad de los actos sancionatorios por ausencia de
ilicitud sustancial, al no haberse acreditado la antijuridicidad material de la conducta.
Asimismo, afirmó que, aun si existiera ese incumplimiento, este no tuvo la entidad
suficiente para afectar el deber funcional, lo que inactiva la falta disciplinaria e impide
la imposición de la sanción.
13. Contestación de la demanda. La demandada se opuso a la totalidad de las
pretensiones al considerar que carecen de sustento fáctico y jurídico, y sostuvo que
los actos disciplinarios fueron expedidos conforme a la ley, con la debida
competencia y motivación y respeto por el debido proceso.
14. Afirmó que no se configuró ninguna causal de nulidad prevista en el CPACA,
pues las decisiones de primera y segunda instancia se basaron en una valoración
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integral de las pruebas y en la normativa aplicable, garantizando plenamente el
derecho de defensa.
15. Frente al cargo de violación del debido proceso, señaló que sí existió
incumplimiento de los deberes funcionales, ya que se probó que el demandante se
ausentó injustificadamente de su lugar de trabajo y utilizó indebidamente un vehículo
oficial, conductas directamente relacionadas con sus funciones y tipificadas como
faltas disciplinarias en la Ley 734 de 2002 y el reglamento interno.
16. Asimismo, manifestó que la conducta es sustancialmente ilícita, en tanto afectó
el deber funcional y los principios de la función pública como la moralidad y la
eficiencia, descartando la inexistencia de la antijuridicidad alegada por el actor.
Añadió que no se configuraron las causales de exclusión de responsabilidad y que
la sanción impuesta estuvo debidamente soportada en las pruebas recopiladas.
17. Sentencia de primera instancia1. Es la dictada el 5 de diciembre de 2024, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de
la demanda. Para ello concluyó que:
18. No se demostró la vulneración del derecho al debido proceso, porque la
actuación disciplinaria se adelantó con observancia de todas las etapas y garantías
propias del procedimiento, desde la indagación preliminar hasta la decisión de
segunda instancia. Destacó que el investigado contó con las debidas oportunidades
para ejercer su defensa, controvertir las pruebas y presentar los recursos de ley, por
lo que no se advirtió irregularidad alguna que afectara la validez del trámite.
19. Se probó que el demandante se ausentó injustificadamente de su lugar de trabajo
en múltiples oportunidades durante el año 2014 y que, además, utilizó un vehículo
de la empresa para fines no autorizados. Estas conductas fueron consideradas
directamente relacionadas con sus funciones, en tanto implicaban el incumplimiento
de la jornada laboral y el uso indebido de recursos asignados para el servicio. En ese
sentido, el tribunal descartó el argumento según el cual no existía relación entre la
conducta sancionada y el deber funcional.
20. Respecto de la ilicitud sustancial precisó que no es necesario acreditar un daño
material concreto, sino que basta con demostrar el quebrantamiento injustificado del
deber funcional. En el caso concreto, se estableció que el actor incumplió sus
obligaciones sin justificación válida, con lo que afectó la prestación del servicio y los
principios de la función pública. Además, se evidenció que percibió salarios durante
periodos en los que no ejecutó su labor, lo que refuerza la antijuridicidad de su
conducta.
21. En lo concerniente a la valoración probatoria, el a quo consideró que las pruebas
recaudadas, tales como registros de ingreso y salida, información de GPS,
testimonios y turnos laborales fueron apreciadas de manera conjunta y conforme a
1 Índice 00048 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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las reglas de la sana crítica. Señaló que no era indispensable demostrar el destino
específico de cada salida del vehículo, pues el solo hecho de utilizarlo por fuera de
los fines autorizados ya constituía una infracción disciplinaria.
22. No se configuró la violación del principio de non bis in idem, toda vez que si bien
existía identidad de sujeto y similitud en la conducta, los hechos correspondían a
periodos distintos. Además, en el segundo proceso disciplinario se investigó una
conducta adicional relacionada con el uso indebido del vehículo, lo que impedía
afirmar la existencia de una doble sanción por los mismos hechos.
23. Determinó que no hubo vulneración del debido proceso, pues la conducta del
demandante sí constituyó falta disciplinaria y la sanción impuesta fue legal y
proporcional.
24. Recurso de apelación2. La parte demandante sostuvo que la sentencia
apelada incurrió en errores de valoración probatoria y desconoció los elementos
esenciales del tipo disciplinario, particularmente en relación con el uso del vehículo
oficial.
25. Argumentó que, aunque se probó que salió de las instalaciones de la empresa
con el vehículo asignado, no se acreditó que dichas salidas se hubieran efectuado
con fines distintos a los del servicio. Afirmó que el Tribunal tuvo por demostrado este
aspecto sin soporte probatorio, para lo cual se basó en suposiciones y no en
pruebas ciertas, lo que configuró una indebida motivación.
26. Insistió en que la carga de la prueba era atribuible a la entidad demandada,
quien debió demostrar no solo el uso del vehículo, sino también la finalidad ajena
en su utilización. Sin embargo, únicamente probó los registros de entradas y salidas,
lo cual resulta insuficiente para concluir que el automotor fue empleado para fines
personales o ajenos al servicio.
27. En ese sentido, reprochó que tanto la entidad accionada como el tribunal hayan
construido la responsabilidad a partir de inferencias o indicios, sin prueba directa
que permita alcanzar la certeza de la comisión de la falta más allá de toda duda
razonable.
28. Destacó que los testimonios recaudados evidenciaron que era posible y, en
ocasiones, necesario salir de la refinería durante el turno nocturno para cumplir con
las funciones del servicio, lo que desvirtuó la conclusión de que toda salida
implicaba un uso indebido. Además, señaló que los testigos no tenían conocimiento
directo de las actividades realizadas en ese turno, mientras que otros declarantes
sí indicaron que dichas salidas podían obedecer a necesidades operativas.
29. De igual forma, cuestionó la supuesta falta de autorización para las salidas e
indicó que no existía un procedimiento formal que exigiera autorización escrita ni
2 Índice 00051 y 00052 de la plataforma SAMAI ejusdem.
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registro de las mismas y que, en la práctica, las autorizaciones eran verbales.
Además, resaltó que en el turno nocturno no había supervisor, por lo que los
operadores asumían directamente las responsabilidades del servicio, lo cual
explicaría las salidas del demandante sin que ello implique infracción disciplinaria.
30. Finalmente, invocó el principio de presunción de inocencia y su manifestación
en el in dubio pro disciplinado, y señaló que ante la ausencia de certeza sobre el
uso indebido del vehículo, cualquier duda debía resolverse a favor del investigado.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
31. La admisión de los recursos. Mediante Auto de 10 de abril de 20253 se admitió
la censura presentada por la parte demandante. Dentro de las oportunidades solo
intervino el Agente del Ministerio Público Delegado ante esta corporación, quien
solicitó confirmar la sentencia impugnada4.
32. Control de legalidad5. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
33. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido
recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.6
34. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, corresponde a la Sala determinar si ¿La sentencia de primera instancia
debe ser revocada por qué no se demostró con certeza que el demandante utilizó
el vehículo oficial asignado por la empresa para fines distintos a los del servicio que
le fue encomendado?
35. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
36. El defecto fáctico. Dentro de la labor de todo operador jurídico se encuentra el
análisis crítico frente a las pruebas solicitadas, aportadas y recaudadas y su debido
contraste con los hechos y omisiones invocados en la respectiva actuación. De esta
regla no escapa la actuación disciplinaria, en tanto el artículo 141 del CDU establece
la obligación de su apreciación conforme a las reglas de la sana crítica y la expresión
3 Índice 00004 de la plataforma SAMAI.
4
Índice 00009 ejusdem.
5 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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motivada del peso que en la decisión respectiva se asigna a cada una de ellas.
37. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección7, el defecto fáctico se presenta
cuando el caso es resuelto con base en pruebas inadecuadas y/o cuando la
aplicación del efecto jurídico previsto en una disposición normativa y con base en el
cual se imparte solución a un proceso, carece del respectivo respaldo probatorio.
38. La jurisprudencia ha pregonado que el defecto en cita detenta dos matices, una
negativa y una positiva. La primera de ellas se concreta cuando «[…] el juez se
niega a dar probado un hecho que aparece en el proceso (i) porque ignora o no
valora las pruebas, o (ii) porque, a pesar de poder decretar la prueba, no lo hace
por razones injustificadas»8.
39. Por su parte, la segunda se cristaliza en la medida que «[…] a pesar de que la
prueba sí obra en el proceso, el juez (i) la interpreta erróneamente, al atribuirle la
capacidad de probar un hecho que no aparece en el proceso o al estudiarla de
manera incompleta, (ii) valora pruebas ineptas o ilegales, o (iii) valora pruebas
indebidamente practicadas.»9
40. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que tal defecto debe satisfacer
los requisitos de razonabilidad y trascendencia, esto es, que el error denunciado
«[…] debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener incidencia directa,
trascendencia fundamental o repercusión sustancial en la decisión judicial
adoptada.»10
41. Así entonces, la configuración del defecto fáctico en estudio no solo demanda
la concreción de alguna de las dos dimensiones arriba señaladas, sino que tal
irregularidad tenga una incidencia directa y trascendental en la decisión
cuestionada.
42. La ilicitud sustancial en el proceso disciplinario. Según lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 734 de 200211, el derecho disciplinario detenta una doble
función, pues no solo busca prevenir sino también corregir todas aquellas
conductas que afectan la buena marcha de la administración pública y, de contera,
garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución Política,
la ley y demás instrumentos que integran el ordenamiento jurídico.12
7 Subsección “A”, sentencia de 6 de noviembre de 2012, expediente 11001-03-15-000-2012-01615-00(AC);
Subsección “B”, sentencia de 16 de abril de 2015, expediente 11001-03-15-000-2014-01993-01(AC).
8 Sentencia T-168 de 2025, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera.
9 Ejusdem.
10 Sentencias SU-259 de 2021 y SU-167 de 2024.
11 Que a la letra dice «[l]a sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad
de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar
en el ejercicio de la función pública.»
12 En sentencia C-030 de 2012, la Corte Constitucional expresó «En cuanto al objetivo del derecho disciplinario,
la jurisprudencia constitucional ha destacado que es el de controlar y vigilar el buen desempeño de los
servidores públicos en el ejercicio de la función pública, a través de la regulación de su comportamiento en lo
referente al ejercicio de su cargo o función, “…fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran,
limitando el alcance de sus derechos y funciones, consagrando prohibiciones y previendo un estricto
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, que al ser
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43. De ahí que, para el cumplimiento de esos propósitos surja como deber de todos
los servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones oficiales, el
avenimiento a las obligaciones que sus empleos demandan y el respeto de los
pilares que irrigan la función administrativa.
44. No en vano la Constitución Política prescribe que «[n]o habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento» y que «[n]ingún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben».13
45. Así entonces, cuando se evidencia el incumplimiento de esas obligaciones y/o
la realización de una conducta u omisión que interfiere con el ejercicio adecuado de
la función pública, nace la infracción del deber funcional que reprocha la ley
disciplinaria. Por eso, en el artículo 6.° de la Ley 734 de 2002 se establece que «La
falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».
46. En este escenario, resulta oportuno precisar que la ilicitud sustancial no
requiere para su configuración la vulneración de un bien jurídico tutelado «como
sucede en el derecho penal» o, lo que es lo mismo, que la conducta reprochada
produzca en el plano material un resultado nocivo o dañino frente a ese bien, por
cuanto, en palabras de la Corte Constitucional:
«Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta
disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la
infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen
funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen
de la antijuricidad de la conducta».14
47. En otras palabras, y a diferencia de lo que sucede en el campo del derecho
penal, en el derecho disciplinario solo basta acreditar que con la conducta
reprochada se afectó injustificadamente el ejercicio de la función que constitucional
y legalmente le fue asignada al servidor público y, junto con ella, la buena marcha
de la administración.
48. En consecuencia, la ilicitud sustancial se erige como límite a este derecho
sancionador y, a la vez, como justificante de la falta. Por ejemplo, si la conducta
reprochada no guarda relación con el deber funcional propio del servidor público,
habrá que pregonarse la inexistencia del ilícito disciplinario.
49. En cambio, si se prueba la infracción de los deberes y obligaciones que
funcionalmente se encuentran a cargo del funcionario, contrariando el buen
funcionamiento de la administración pública, se configurará el aludido elemento.
50. El derecho constitucional al debido proceso en las actuaciones
desconocidos, involucran, si es del caso, la existencia de una falta disciplinaria, de sus correspondientes
sanciones y de los procedimientos constituidos para aplicarlas”» (Resalta la Sala)
13 Artículo 122.
14 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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disciplinarias. El artículo 29 superior establece que «[e]l debido proceso se aplicará
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas»; dentro de estas últimas
se encuentra la actuación disciplinaria, en tanto es expresión de esa naturaleza.
51. Así entonces, el aludido principio constitucional demanda la preexistencia de un
conjunto de etapas y garantías para la protección de los derechos y la aplicación
concreta y correcta de la justicia, en todas aquellas actuaciones en las que se
adjudiquen derechos y/o se impongan obligaciones y sanciones, de modo tal que el
ciudadano no se vea sorprendido por la autoridad que dirige ese procedimiento y/o
por los demás intervinientes en el mismo. Sobre el particular, esta Subsección, en
sentencia del 11 de junio de 2020,15 concluyó:
«4.1.1.1 Debido proceso disciplinario - aplicación de la garantía fundamental a la
presunción de inocencia
El debido proceso es un derecho de rango superior que busca la protección de las
garantías que instituye el ordenamiento jurídico a favor de quienes se ven llamados a
hacer parte de una actuación judicial o administrativa. En efecto, el proceso disciplinario
es un trámite de naturaleza administrativa, por lo que las partes que en él intervienen
se encuentran provistas de tales amparos a lo largo de todas sus etapas.
Al respecto, es pertinente señalar que el derecho al debido proceso goza de una
naturaleza dual, la cual se manifiesta en una perspectiva formal y otra, material. La
primera se refiere a las ritualidades legalmente establecidas, como son las etapas que
deben surtirse, los términos que han de cumplirse, las oportunidades de actuación
procesal, entre otras. Por otro lado, su dimensión material alude a las garantías
sustanciales en las que se proyectan esas formalidades, entre las cuales pueden
destacarse el principio de publicidad, la doble instancia, la presunción de inocencia, la
imparcialidad, el non bis in idem y el derecho a contradecir las pruebas, entre muchas
otras».
52. Precisado todo lo anterior, procede la Sala a revolver el interrogante planteado
en acápite anterior.
53. Caso concreto. La resolución del interrogante planteado. ¿La sentencia de
primera instancia debe ser revocada por qué no se demostró con certeza que el
demandante utilizó el vehículo oficial asignado por la empresa para fines distintos a
los del servicio que le fue encomendado?
54. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
55. El 19 de octubre de 2016 la gerencia de Control Disciplinario de Ecopetrol
ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del demandante por
presuntas irregularidades en el cumplimiento de la jornada laboral y el uso indebido
de los recursos, equipos y vehículos asignados para el cumplimiento de sus labores.
56. El 31 de marzo de 2017 se abrió la respectiva investigación disciplinaria. Así
mismo se advierte que por Auto del 3 de agosto de 2017 se formularon al
demandante los siguientes cargos, ambos consistentes en incurrir en las siguientes
15 Expediente con radicado interno 2838-2019, C.P. William Hernández Gómez.
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faltas disciplinarias graves cometidas a título de dolo:
i) No permanecer en su sitio de trabajo durante la jornada laboral, con lo cual
vulneró: a) el régimen de prohibiciones contenido en el numeral 1.° del artículo 35
de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral 11 del artículo 34 ibidem y;
ii) el contrato individual de trabajo y el reglamento interno de trabajo.
ii) Haber utilizado el vehículo asignado al terminal fluvial para fines distintos a los
propios del servicio, con lo cual infringió la prohibición prevista en el numeral 1.° del
artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y la obligación establecida en el numeral 4.° del
artículo 34 ibidem.
57. El 28 de noviembre de 2017 se expidió la decisión disciplinaria de primera
instancia en la que se le declaró disciplinariamente responsable de los cargos
formulados y se le sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 4 meses.
Con tal finalidad, la gerencia de Control Disciplinario de la entidad demandada:
58. Concluyó que las conductas atribuidas al investigado constituyen faltas graves
a título de dolo, conforme a los criterios establecidos en la Ley 734 de 2002. Para
esta calificación, la autoridad disciplinaria tuvo en cuenta el grado de culpabilidad y
las circunstancias en que se cometieron los hechos, especialmente el
aprovechamiento de la confianza depositada en el servidor público. Consideró
demostrado que el demandante, en múltiples ocasiones durante el año 2014, se
ausentó de su lugar de trabajo sin autorización y utilizó indebidamente un vehículo
oficial, aprovechando que laboraba en turnos nocturnos y fines de semana sin
supervisión directa.
59. Resaltó que el investigado actuó de manera consciente y voluntaria, lo que
permitió imputar las conductas a título de dolo. Además, evidenció que sus
superiores desconocían estas actuaciones debido a la confianza que tenían en él,
lo cual fue determinante para la reiteración de las conductas. En cuanto a la
defensa, descartó la solicitud de calificar la falta como leve, al considerar que la
ausencia de perjuicio material no desvirtúa la gravedad de la conducta, ni constituye
un criterio válido para modificar la calificación, conforme a la normativa disciplinaria.
60. Asimismo, indicó que las faltas se encontraban plenamente probadas con el
material recaudado y que no se configuraba ninguna causal de exclusión de
responsabilidad. En consecuencia, procedió a imponer la sanción correspondiente,
atendiendo al principio de proporcionalidad y los criterios legales de graduación de
la sanción.
61. Para determinar la restricción, tuvo en cuenta que se trataba de faltas graves
dolosas, cuya consecuencia legal es la suspensión e inhabilidad especial. Como
criterio de agravación, consideró el conocimiento de la ilicitud de la conducta.
Adicionalmente, al tratarse de dos faltas disciplinarias, se aplicó el incremento
previsto en la ley.
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62. El 7 de marzo de 2018, la presidencia de la entidad confirmó en sede de
apelación la anterior determinación.
63. Pues bien, de cara a lo expresado, la Sala responde que en este asunto no se
evidencia la indebida valoración probatoria invocada en la alzada, por cuanto:
64. Dentro del curso tanto de la indagación preliminar como de la investigación
administrativa se evidenció que:
65. El cargo ocupado por el demandante, correspondiente al de técnico II VIT, tiene
como misión operar los equipos y sistemas de los muelles fluviales y ejecutar las
actividades en campo relacionadas con los programas de transporte.
66. Dentro de sus funciones principales se encuentran la ejecución de operaciones
de cargue y descargue de hidrocarburos, la elaboración de permisos de trabajo, la
inspección de equipos, el reporte de anomalías, el seguimiento a la operación y la
atención de emergencias, garantizando el adecuado funcionamiento de las
instalaciones.
67. De manera complementaria, debe cumplir con las políticas de seguridad, aplicar
la normativa vigente, gestionar la información y atender las funciones asignadas por
su superior.
68. En la copia del contrato de trabajo se advierte que en la cláusula primera se
estableció lo siguiente:
“PRIMERA: EL TRABAJADOR se obliga a prestar personalmente a la EMPRESA y
la incorporar a ella su capacidad normal de trabajo en la atención de todas las
funciones o la ejecución de las labores correspondientes al cargo de Técnico II VIT,
que desempeñará conforme a las normas y reglamentos de LA EMPRESA y de
acuerdo con las instrucciones que la misma imparta observando la atención,
diligencia y cuidados necesarios para asegurar el eficaz resultado del trabajo, que
se cumplirá en Barrancabermeja. Es entendido que EL TRABAJADOR se obliga a
desempeñar cualesquiera otras funciones que se le asignen, relacionadas con los
negocios de LA EMPRESA, que no exijan una técnica especial y diferente, en los
municipios, lugares que se le señalen, y a las entidades, personas jurídicas o
naturales que se le indique, siempre que tales cambios no impliquen disminución en
la categoría y remuneración del TRABAJADOR.”
69. El señor Néstor Daniel Torres Laverde, quien fue superior jerárquico del
demandante y supervisor del área O&M Fluvial, declaró que el departamento
contaba con un vehículo asignado para la operación, el cual era utilizado por el
personal en turno según las necesidades del servicio y era entregado al operador al
inicio de cada turno bajo su responsabilidad. Señaló que, tras una revisión realizada
en marzo de 2014, se detectaron salidas del investigado durante su jornada laboral
mediante registros de tarjeta magnética.
70. Además, indicó que conocía al señor Howard Becerra desde su ingreso a la
empresa en el 2010 y que, como su jefe inmediato, solo tuvo conocimiento de
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ausencias en turno diurno por motivos médicos o familiares, sin precisar fechas. En
cuanto al uso del vehículo, explicó que este estaba destinado a actividades
operativas como desplazamientos internos o a otras dependencias, y que el control
se realizaba a través de reportes, sin un monitoreo directo permanente.
71. Respecto al presunto uso indebido del vehículo, afirmó que los reportes
evidenciaban salidas del investigado en el primer trimestre de 2014, aunque no
precisó el destino o finalidad de las mismas. También señaló que el vehículo se
abastecía dentro de la refinería y que, en algunos casos, el supervisor de día
autorizaba actividades relacionadas con su uso.
72. Finalmente, mencionó que existían actividades como campeonatos, cenas o
reuniones organizadas por el área, algunas realizadas fuera del muelle y en horarios
nocturnos, en las que participaban trabajadores cuando la operación lo permitía.
Asimismo, indicó que no existía un control formal sobre estas actividades ni sobre
autorizaciones escritas para salidas, y que en turno nocturno no siempre había
supervisión directa.
73. Informe rendido por Felipe Garcés Obando, jefe de Departamento O&M Fluvial,
en el que indicó que el señor Howard Becerra Acelas estaba programado para
laborar en los días señalados, conforme al cuadro de turnos aportado, y que debía
presentarse en la oficina de operaciones del Terminal Fluvial de Barrancabermeja,
realizando la entrega y recibo de turno con el técnico correspondiente. Para
ausentarse de su lugar de trabajo, debía solicitar autorización al Supervisor de
Operaciones, incluso en jornadas nocturnas o fines de semana.
74. Indicó que el conocimiento sobre sus presuntas ausencias surgió inicialmente
en 2015, al analizar registros de tarjetas magnéticas frente a los turnos, lo que
evidenció salidas sin autorización. Posteriormente, en 2017, al revisar información
del año 2014, se identificaron posibles ausencias reiteradas en ese periodo
mediante el mismo cruce de datos.
75. En cuanto a sus funciones, se precisó que correspondían a la operación logística
de transferencia de hidrocarburos, supervisión de mantenimiento, elaboración de
permisos de trabajo y control de condiciones de seguridad, actividades que, según
lo informado, fueron cumplidas sin evidenciar afectaciones a la operación ni
desviaciones en los programas.
76. Respecto al impacto de las presuntas ausencias, señaló que la operación no se
vio afectada, aunque se planteó como hipótesis que el investigado pudo delegar
funciones en contratistas, sin que exista evidencia de incidentes o fallas operativas
derivadas de ello.
77. Finalmente, indicó que el vehículo oficial estaba asignado al operador en turno,
incluyendo al investigado en los días correspondientes, y que su uso estaba
permitido dentro de las funciones operativas, incluso con autorización para salir de
la refinería. Asimismo, se aclaró que el vehículo debía abastecerse dentro de las
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instalaciones.
78. Este mismo señor rindió declaración dentro del proceso disciplinario en la que
expresó que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades del demandante
únicamente hasta el año 2017, cuando, a solicitud de la Oficina de Control
Disciplinario se revisaron los registros de ingreso y salida del carné del trabajador y
se confrontaron con los cuadros de turno, lo que permitió evidenciar posibles salidas
no autorizadas. Aclaró que previamente no tenía conocimiento de dichas
situaciones.
79. Indicó que las ausencias solo se consideran autorizadas cuando son aprobadas
por el supervisor o el jefe del departamento por razones justificadas, como asuntos
médicos o personales, y que no existía registro de permisos para las fechas
investigadas. Asimismo, explicó que los técnicos operadores debían solicitar
autorización al supervisor de operaciones para ausentarse, quien además debía
gestionar un reemplazo.
80. También explicó que el vehículo BXK 923 estaba asignado al operador de turno
para actividades propias de la operación, principalmente dentro de la refinería, y
que su uso por fuera de las instalaciones solo podía ser autorizado por él y estaba
restringido al supervisor de operaciones.
81. El declarante destacó que el área operaba de manera continua con turnos de
12 horas y que la ausencia injustificada de un operador podía generar riesgos
operativos, ambientales o de atención de emergencias. No obstante, no reportó
afectaciones concretas derivadas de las conductas investigadas. Finalmente,
expresó que el investigado era un trabajador con buen desempeño, pero reiteró que
todos los funcionarios deben cumplir con las normas y el código de ética de la
empresa.
82. Por su parte, el señor Néstor Daniel Torres Laverde, supervisor en el año 2014,
amplió su declaración dentro del proceso disciplinario. Señaló que conoció la
investigación por presuntas ausencias laborales, pero aclaró que no tuvo
conocimiento de dichas conductas en 2014, sino por hechos similares ocurridos en
el 2015.
83. Indicó que el vehículo asignado (BXK 923) era de uso operativo interno y estaba
a cargo del técnico en turno, sin autorización para salidas externas durante la
jornada. Los permisos para ausentarse eran verbales, de corta duración y
generalmente en turno diurno, pudiendo el supervisor gestionar reemplazos.
84. Explicó que la operación era continua (24 horas), con un técnico por turno de 12
horas y supervisión diurna. Manifestó que el investigado cumplía normalmente con
la recepción y entrega de turnos, respondía comunicaciones y no se registraron
fallas operativas ni quejas en los periodos investigados.
85. Finalmente, resaltó que no tenía forma de verificar presencialmente la
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permanencia del trabajador en turnos nocturnos y que el desempeño laboral del
investigado era adecuado, diligente y oportuno.
86. Se aportó también INSTRUCTIVO PARA ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE
VEHÍCULOS GRUPO A SUMINISTRADOS A TRABAJADORES DE ECOPETROL
S.A., el cual establece las reglas para la administración y custodia de vehículos
alquilados (Grupo A) asignados a los trabajadores de Ecopetrol S.A. como
herramienta de trabajo.
87. Según ese documento, los automotores deben usarse exclusivamente para
funciones laborales, dentro de instalaciones o en actividades propias del cargo,
cumpliendo el manual corporativo. Así mismo, se indica que el funcionario custodio
es el responsable del vehículo y debe: usarlo adecuadamente, recibirlo
formalmente, garantizar su buen estado, permitir su conducción solo a personal
autorizado, solicitar permiso para salidas fuera de áreas u horarios laborales, y
reportar cualquier incidente, daño o anomalía. En caso de accidentes o eventos,
debe asegurarse el respectivo reporte, siendo el custodio el responsable principal
del vehículo asignado.
88. Como se indicó en precedencia, al demandante se le imputaron dos faltas: (i)
ausentarse de sus labores durante la jornada laboral conforme a los turnos
asignados y; (ii) utilizar el vehículo puesto a su disposición para fines distintos al
cumplimiento de sus funciones.
89. Ahora bien, la Sala advierte que la inconformidad planteada en el recurso de
apelación se dirigió esencialmente contra el segundo de los cargos formulados, esto
es, el relacionado con el presunto uso indebido del vehículo oficial, sin cuestionar
de manera concreta ni desarrollar censura específica frente al cargo relativo a las
ausencias injustificadas del lugar de trabajo durante la jornada laboral. En ese
sentido, el recurrente concentró sus reparos en afirmar que no se acreditó que las
salidas realizadas con el vehículo obedecieran a fines ajenos al servicio, pero no
controvirtió de forma autónoma la conclusión disciplinaria consistente en que se
ausentó de su sitio de trabajo sin autorización.
90. Lo anterior resulta relevante, pues aún en gracia de discusión, si llegare a
considerarse insuficiente la demostración del segundo cargo, ello no conduciría
automáticamente a la desaparición de la responsabilidad disciplinaria, en tanto
permanecería incólume el reproche derivado de las ausencias injustificadas
acreditadas dentro de la actuación.
91. Por consiguiente, cualquier análisis orientado a modificar la decisión
sancionatoria exigiría valorar el impacto de dicha circunstancia frente a la
graduación y proporcionalidad de la sanción impuesta, mas no asumir, de manera
automática, la inexistencia total de responsabilidad disciplinaria.
92. Frente a ello, se tiene que la demandada, al estructurar este cargo, consideró
que la conducta del investigado vulneró lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la
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Ley 734 de 2002, en cuanto imponen a todo servidor público el deber de utilizar los
bienes y recursos asignados exclusivamente para los fines del servicio, así como la
prohibición de incumplir los deberes legales y funcionales.
93. En efecto, el uso de los bienes públicos —como lo es el vehículo asignado— se
encuentra estrictamente condicionado a las necesidades propias del cargo y sujeto
a las reglas internas de administración y control.
94. En este sentido, del acervo probatorio recaudado se desprende, contrario a lo
sostenido por el demandante, que el vehículo de placas BXK 923 tenía una
destinación específica como herramienta de trabajo para el desarrollo de las
actividades operativas dentro de la refinería.
95. Así se corrobora tanto en los testimonios recaudados como en el instructivo de
administración y custodia de vehículos, en los cuales se establece que su uso debía
ser exclusivo para el cumplimiento de funciones laborales, y que cualquier
desplazamiento por fuera de las instalaciones o por fuera de los parámetros
ordinarios requería autorización previa del superior. Incluso, si bien se admitió que
en algunos casos las autorizaciones podían otorgarse de manera verbal, lo cierto
es que los supervisores fueron enfáticos en señalar que no autorizaron las salidas
del demandante en las fechas investigadas.
96. Adicionalmente, los testimonios rendidos dentro de la actuación evidencian que
los superiores solo tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades con
posterioridad, al efectuar el cruce entre los registros de ingreso y salida y los cuadros
de turno, circunstancia que refuerza que tales desplazamientos no correspondían a
actividades previamente conocidas, verificadas o avaladas por la cadena de
supervisión.
97. De igual manera, los registros de control de acceso evidencian que el vehículo
salió de las instalaciones en múltiples oportunidades durante jornadas en las que el
actor se encontraba programado en turno, sin que exista respaldo de autorización
ni explicación funcional de tales desplazamientos. Así, la administración acreditó, a
partir de los registros de ingreso y salida, de las declaraciones de los supervisores
y de las reglas internas sobre el uso del automotor, no solo la ocurrencia de las
salidas, sino también la ausencia de autorización funcional para realizarlas.
98. En ese contexto, no se invirtió la carga de la prueba ni se exigió al disciplinado
demostrar su inocencia. Por el contrario, una vez acreditados por la entidad los
hechos constitutivos del cargo y la inexistencia de autorización conocida para las
salidas registradas, correspondía al investigado ofrecer una explicación objetiva,
razonable y verificable que permitiera justificar que dichos desplazamientos
obedecían efectivamente al cumplimiento de actividades propias del servicio. Sin
embargo, el actor se limitó a sostener, de manera hipotética y general, que tales
salidas podían responder a necesidades operativas, sin aportar elementos
concretos que respaldaran esa afirmación respecto de los eventos investigados.
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99. En consecuencia, el hecho probado de que el vehículo institucional salió de las
instalaciones sin autorización durante el horario laboral, en contravía de las reglas
de uso y control establecidas, permite inferir razonablemente que su utilización no
obedeció a fines propios del servicio. Tal inferencia no constituye un supuesto
arbitrario, sino una conclusión lógica derivada de la ausencia de autorización, del
desconocimiento por parte de los superiores y de la falta de justificación del
investigado, lo que configura el uso indebido del bien público.
100. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la entidad demandada sí acreditó
la comisión de la conducta reprochada y, además, que la misma infringió los
deberes funcionales, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la
imposición de la sanción.
101. Dicho lo anterior, resulta pertinente reiterar que, a la luz de lo dispuesto en el
artículo 5° de la Ley 734 de 2002, la ilicitud sustancial —como elemento estructural
de la responsabilidad disciplinaria— comporta la antijuridicidad de la conducta, la
cual se concreta cuando, sin justificación alguna, se afecta el deber funcional
asignado al servidor público.
102. En el presente asunto, el actor alegó la inexistencia de dicho elemento, al
considerar que la conducta atribuida no generó una afectación real al servicio ni
comprometió de manera efectiva sus deberes funcionales. En particular, sostuvo
que no se demostró que las salidas en el vehículo hubiesen ocasionado perjuicio a
la operación, ni que se hubiera interrumpido o alterado el normal desarrollo de las
actividades del terminal fluvial.
103. No obstante, la Sala no comparte tal conclusión. En efecto, la ilicitud sustancial
no exige necesariamente la producción de un daño material o la afectación efectiva
del servicio, sino la vulneración injustificada del deber funcional. En el caso
concreto, el reproche disciplinario se centró en el incumplimiento del deber de
utilizar los bienes asignados —en este caso, el vehículo institucional—
exclusivamente para fines propios del servicio. Como se estableció en el análisis
probatorio precedente, se acreditó que el vehículo salió de las instalaciones sin
autorización durante la jornada laboral, en contravía de las reglas que regulaban su
uso, sin que el actor ofreciera justificación válida de tales desplazamientos.
104. En ese orden, la conducta desplegada comportó una transgresión injustificada
del deber funcional, suficiente para estructurar la ilicitud sustancial, sin que resulte
necesario acreditar una afectación concreta a la operación. Por consiguiente, no se
evidencia una indebida valoración probatoria por parte de la entidad demandada ni
de la autoridad judicial de primera instancia en la configuración de este elemento.
105. En este orden de ideas, y en atención a que los cargos formulados en la alzada
no prosperaron, la Sala confirmará la sentencia apelada.
106. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
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parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
107. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
108. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
109. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2024, a través de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovió el señor Howard Becerra Acelas en contra de la Empresa Colombiana de
Petróleos ECOPETROL S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión
devolver el expediente al tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley y el art. 186 del CPACA.
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