Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00187-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00187-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2019-00187-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
Actor: Edison Ludwing Avendaño Gómez
Demandados: Municipio de Floridablanca, Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Concejo Municipal de Floridablanca,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Fiscalía General de la Nación y Mélida Herrera
Ortiz1
Vinculadas: Procuraduría General de la Nación, Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de Bucaramanga, Departamento de Santander y Defensoría del Pueblo2
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Edison
Ludwing Avendaño Gómez contra la sentencia de 16 de marzo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Edison Ludwing Avendaño Gómez presentó demanda3 contra el
Municipio de Floridablanca, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2.
2 Vinculadas mediante auto proferido el 5 de diciembre de 2017. Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial,
SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo denominado:
8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 002. Cuaderno 2. Documento:
folios 400-499. Páginas 23-24.
3 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Páginas 1-17.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
la Meseta de Bucaramanga, el Concejo Municipal de Floridablanca, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Fiscalía General de la Nación y la señora Mélida
Herrera Ortiz en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener
la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano,
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; iii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; iv) a la moralidad administrativa; v) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; y vi) al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] ORDENAR a la parte Demandada a ejecutar las acciones tendientes a evitar
el daño contingente, y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravios
de los derechos e intereses colectivos invocados con la presente acción; para lo
anterior:
ORDENAR al Municipio de Floridablanca quien mediante su Alcalde informe de
las acciones, procesos, o investigaciones que ha impetrado en pro de establecer
las presuntas INFRACCIONES URBANÍSTICAS acaecidas por los hechos
denunciados, y si no existieren, se de inicio en forma pronta y oportuna a las
respectivas diligencias necesarias, así mismo se de traslado y comunique de la
presunta omisión ejercida por el Alcalde al Ministerio Público y Fiscalía General
de la Nación. E igualmente, (sic)
ORDENAR al Municipio de Floridablanca quien mediante su Oficina de
Planeación Municipal informe de las acciones, procesos, y demás que ha
impetrado en pro de asegurar una adecuada, segura, y eficiente proyección y
planeación vial y peatonal del sector urbanizado en las veredas Casiano y Los
Cauchos del Municipio de Floridablanca en las que se ubican las unidades
inmobiliarias denominadas: Condominio Campestre Montearroyo, Galicia
Campestre, Calatrava, Valle de Vaduz, Cibeles, y Balcones de Ruitoque entre
otras; y si es el caso se requiera a cualquiera de ellas al cumplimiento efectivo de
las adecuaciones, y/o construcciones viales y peatonales que debiera realizar de
conformidad al previo acuerdo que se pactara, y/o conviniera con el Municipio de
Floridablanca para la construcción de las edificaciones autorizadas.
ORDENAR al CONSEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA que mediante la
aprobación del POT del Municipio de Floridablanca a efectuar en el año 2017, se
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asegure la salvaguarda de las zonas de protección especial a los recursos
naturales, y para ello se conserven las medidas de restricción y protección
aplicadas a los usos del suelo de los predios y lugares motivos de la presente
litis, y demás zonas de ladera ubicadas en el macizo de los cerros orientales
del Municipio de Floridablanca.
ORDENAR a cualesquiera de la parte Demandada la restitución de las cosas a su
estado anterior […]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. Manifestó que la señora Mélida Herrera Ortiz es vendedora de lotes en el
predio denominado “El Porvenir”, ubicado en la vereda Casiano del Municipio de
Floridablanca, en el cual se dio apertura a la construcción de múltiples vías con el
propósito de dar acceso al proyecto urbanístico que allí se está adelantando. Por
esa razón, desde el año 2014 se ha venido interviniendo la quebrada La Guyana,
en la cual, bajo señalamiento de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga, “[…] parte de la tierra y del material vegetal producto
de la actividad de remoción, estaba siendo depositado en un TALUD, contiguo a
una corriente hídrica, afectando el cauce de la misma […]” (Subrayas dentro del
texto original).
3.2. Adujo que las lluvias presentadas en abril de 2016 produjeron un
desprendimiento en masa de la tierra que había sido arrojada en los años 2014 y
2015 a una cañada, dando cumplimiento a lo expuesto por la autoridad ambiental
cuando el 6 de mayo de 2015 afirmó que “[…] a raíz del movimiento y la caída de
tierra se afectó una cañada, situación que puede generar represamientos ante la
actual época de lluvias y perjudicar a las viviendas aledañas en la vereda […]”.
3.3. Agregó que dicho desprendimiento ocasionó un represamiento y avalancha
de la quebrada Guyana que impactó gravemente las zonas cercanas, poniendo en
riesgo la integridad de los residentes de las viviendas aledañas pese a que la dueña
del predio previamente había recibido una sanción por infracción ambiental.
3.4. Indicó que las autoridades accionadas, en ejercicio de sus funciones de
control y vigilancia, debían investigar; sin embargo, omitieron dicho actuar que
conminara a los responsables retirar la tierra removida o producida por la apertura
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo denominado:
8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno 1. Documento:
folios 2-99. Página 17.
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ilegal de las múltiples vías construidas desde el 2014, generando una afectación a
los derechos e intereses colectivos debido a que el desastre mencionado era
previsible técnicamente y, si bien se impuso una sanción, no se implementó ninguna
acción para volver las cosas a su estado anterior.
3.5. Manifestó que la señora Herrera Ortiz ha construido una urbanización ilegal
y citó una nota periodística del medio Vanguardia Liberal, con fecha de 2 de octubre
de 2016, en la cual se indicó que el predio “El Porvenir” cuenta con 37 hectáreas,
en las cuales no hay permiso de uso de suelos ni licencias de construcción ni de
parcelación.
3.6. Adujo que se ve afectado como propietario del Lote núm. 9, ubicado en el
Condominio Campestre Montearroyo, y copropietario de predios de uso exclusivo
de la copropiedad que colindan con el lote “El Porvenir”, teniendo en cuenta que no
es el único predio en el que la señora Herrera Ortiz procede de la misma forma y a
que “[…] adjudica y ubica al parecer los lotes N° 1, 1A, 2A, y 3A entre otros, en
terrenos que son de mi propiedad y dominio privado, y en terrenos de uso exclusivo
de la Copropiedad que por su ubicación corresponden a la Unidad Privada N° 9 del
Condominio Campestre Montearroyo de la que soy Copropietario […]”.
3.7. Adicionó que, desde el año 2014, la Fiscalía Octava Local de Floridablanca
investiga una presunta usurpación de tierras promovida por instrucciones de la
señora Herrera Ortiz.
3.8. Indicó que la Dirección Territorial Santander del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi no se ha pronunciado, a pesar de haber sido vinculada, y no ha aportado
información respecto al estudio de títulos o los planos que le han remitido para
efectos de corregir la ubicación de predio “El Porvenir” por no corresponder con los
títulos y planos anexos a las escrituras públicas de propiedad de los predios
colindantes: “[…] Lote El Porvenir y Lote N°1, Finca El Porvenir Sector Occidente,
hoy Condominio Campestre Montearroyo, Finca Te Amo, y Finca La Unión Norte
[…]”. Teniendo en cuenta que se están tomando terrenos de dichos predios y, en
ese sentido, se pretende realizar venta de cosa ajena.
3.9. Señaló que las conductas y omisiones de la señora Herrera Ortiz configuran
el delito de urbanización ilegal que, a su vez, afecta el derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes. Igualmente, indicó que se construyeron
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proyectos inmobiliarios como Balcones de Ruitoque, Cibeles y Valle de Vaduz sin
una adecuada planeación en las vías que permitieran la circulación y movilidad
segura de los habitantes del sector.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Floridablanca5 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos6:
4.1. Manifestó que no se han probado los hechos expuestos en el escrito de la
demanda y afirmó estar de acuerdo con que, según el Informe de 30 de agosto de
2016, expedido por la Secretaría de Planeación, había injerencia de los movimientos
de tierra en la avalancha ocasionada en la zona durante los días 12 y 13 de abril,
los cuales causaron desbordamiento de la quebrada Guayana.
4.2. Indicó que la amenaza o vulneración debe ser real y no hipotética, de manera
tal que se perciba con elementos debidamente demostrados. Además, contrario a
lo planteado por el actor, la Dirección de Tránsito del Municipio de Floridablanca
adelantó las medidas necesarias para mantener la seguridad vial de los ciudadanos
que transiten en los sectores objeto del presente proceso.
4.3. Señaló que la administración municipal ha tomado las medidas necesarias
para suspender las actividades que la señora Herrera Ortiz ha realizado y como no
se encuentra probada la amenaza o vulneración, es procedente aducir que las
pretensiones carecen de fundamento fáctico, entendido como inexistencia el hecho
generador del daño.
4.4. Propuso como excepciones las denominadas “inexistencia de vulneración a
derechos colectivos” y “carencia de objeto”.
5. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga7 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con
fundamento en los siguientes argumentos8:
5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Documento: folios 100-199. Páginas 95-100.
7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Documento: folios 100-199. Páginas 31-34.
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5.1. Manifestó que la parte actora tiene la carga de la prueba y recalcó que los
usos del suelo los reglamenta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Floridablanca, no es competencia de la entidad, así como tampoco lo es resolver
sobre la presunta ilegalidad de los lotes ni construir viviendas.
5.2. Indicó que no es responsable por la vulneración o afectación a los derechos
e intereses colectivos y que realizó la investigación correspondiente en ejercicio de
su función como máxima autoridad ambiental, encargada de administrar el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, propendiendo por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
5.3. Presentó la excepción denominada “ilegitimidad de la acción por pasiva”.
6. La Fiscalía General de la Nación9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:
6.1. Manifestó que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos, ni se
acreditó un daño inminente; al contrario, se demostró que, en cumplimiento de sus
deberes y obligaciones, la entidad ha estado investigando el comportamiento
delictivo.
6.2. Indicó que dentro de las competencias constitucionales y legales asignadas
a la entidad no se encuentra ningún aspecto de prevención en materia ambiental,
recursos naturales y/o desastres causados por intervención de los mismos; a menos
que de allí surja una violación a las normas penales.
6.3. Señaló que los hechos objeto de reclamación hacen referencia a actuaciones
realizadas por la señora Mélida Herrera Ortiz, respecto a las cuales la entidad ha
adelantado una serie de trámites.
7. El Concejo del Municipio de Floridablanca11 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos12:
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Documento: folios 2-99. Páginas 80-92 y Documento: folios 100-199. Páginas 35-47.
11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Documento: folios 200-299. Páginas 48-58.
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7.1. Indicó que la parte actora no ha cumplido con la carga probatoria, ni ha
demostrado que exista incumplimiento que pueda pregonarse como causa de
afectación a los derechos e intereses colectivos.
7.2. Manifestó que no se ha probado que haya un propósito indebido en este
caso; por lo tanto, no se configura una afectación al derecho e interés colectivo a la
moralidad administrativa.
7.3. Señaló que ha implementado medidas de salvaguarda a las zonas de
protección especial a los recursos naturales y que la parte accionante no cumplió
con el requisito de procedibilidad debido a que no presentó petición previa al
Concejo ni al Municipio de Floridablanca orientada a que se superara la afectación
alegada.
7.4. Propuso como excepciones las denominadas “inexistencia de la afectación
de los derechos colectivos mencionados”, “inepta demanda” y “ausencia de prueba
de la violación alegada”.
8. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Santander13
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en
los siguientes argumentos14:
8.1. Indicó que no es posible tomar como prueba la nota periodística que el actor
cita en la demanda debido a que dicho documento no se puede hacer valer por sí
mismo.
8.2. Manifestó que no le consta que el proyecto urbanístico del lote El Porvenir
corresponda a una urbanización ilegal, además, que en el proceso no obra un
sustento probatorio que permita acreditar la mencionada vulneración.
8.3. Señaló que en las inscripciones catastrales que reposan en la entidad, el
accionante se encuentra registrado como copropietario dentro del Condominio
Montearroyo; sin embargo, para realizar una corrección de ubicación predial es
necesario iniciar un proceso administrativo de verificación de las inscripciones
catastrales de los predios, la cual aún no se ha solicitado y; por lo tanto, la entidad
no la ha adelantado.
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 001. Cuaderno
1. Documento: folios 200-299. Páginas 84-88.
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8.4. Adujo que no es la entidad competente para acreditar la propiedad privada,
esa es una función que le corresponde a la Superintendencia de Notariado y
Registro, es decir, la información catastral que obra en la entidad tiene fines
únicamente de orden fiscal y de ordenamiento territorial. Así tampoco tiene
competencias de vigilancia ambiental o aprobación de licencias urbanísticas.
8.5. Al respecto argumentó que el efecto jurídico de la inscripción catastral está
relacionado con que “[…] [l]a inscripción en el catastro no constituye título de
dominio, ni sanea los vicios de que adolezca la titulación presentada o la posesión
del interesado, y no puede alegarse como excepción contra el que pretenda tener
mejor derecho a la propiedad o posesión del predio […]", por lo cual, la entidad no
ha incurrido en vulneración a los derechos e intereses colectivos.
8.6. Propuso como excepciones las denominadas “inexistencia de la afectación
de derechos colectivos” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
9. La señora Mélida Herrera Ortiz15 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos16:
9.1. Indicó que hay documentos en la alcaldía del Municipio de Florencia en los
cuales consta que las avalanchas y afectaciones no han sido su responsabilidad
sino se trata de hechos impredecibles y de fuerza mayor.
9.2. Manifestó que el predio “El Porvenir” ha sido comprado por un grupo de
familias con el objeto de construir, una vez haya cumplimiento de las normas
urbanísticas ambientales, una vivienda.
9.3. Señaló que parte de la finca cuenta con la categoría de suelo de expansión
urbana, lo cual permitiría un desarrollo urbanístico, teniendo en cuenta que sobre
ese predio está trazada la vía 4G que conecta los Municipios de Bucaramanga y
Pamplona.
9.4. Adujo que el predio del accionante es una parcela de 1.500 metros,
identificada como Lote núm. 9, el cual colinda con la tierra de su propiedad, e indicó
que el actor pretende adueñarse de una hectárea en el predio colindante, de lo cual
la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento.
15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 002. Cuaderno
2. Documento: folios 303-399. Páginas 43-44.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
Audiencia de pacto de cumplimiento
10. Dentro del proceso identificado con número único de radicación 201700078-
00, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el 15 de noviembre de 201717, sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
11. Dentro del proceso identificado con número único de radicación
680012333000201900187-00, el Tribunal Administrativo de Santander celebró la
audiencia de pacto de cumplimiento el 14 de mayo de 201918, sin que existiera
acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 16 de marzo
de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las
constancias de rigor en el sistema SAMAI […]”19.
Consideraciones del Tribunal
13. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] ¿Se configura en este caso la vulneración de los derechos colectivos alegados
en la demanda, con ocasión del desarrollo de los proyectos urbanísticos legales en
la vereda Casiano del Municipio de Floridablanca, y el consecuente aumento del
flujo vehicular y peatonal sin que cuenten con las vías necesarias para soportarlo,
así como la posible alteración de las condiciones medio ambientales por el POT de
esta entidad territorial? […]”20.
14. Relacionó el trámite procesal que se había adelantado en el presente caso y
destacó que el mismo proceso fue radicado en el Tribunal bajo el número “[…] 2017-
00235-00 […]” y remitido por competencia a los Juzgados Administrativos de
Bucaramanga siendo asignado al Juzgado Primero, quien asumió su estudio bajo
17 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 002. Cuaderno
2. Documento: folios 303-399. Páginas 64-65.
18 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 002. Cuaderno
2. Documento: folios 600-699. Páginas 1-5.
19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_3FALLOPRIMERAINS(.pdf)
NroActua 2. Página 17.
20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_3FALLOPRIMERAINS(.pdf)
NroActua 2. Página 7.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
el número “[…] 2017-00078-00 […]”. Más adelante, el Juzgado profirió auto de 28
de mayo de 2018 declarando la nulidad de todo lo actuado por agotamiento de
jurisdicción y rechazó de plano la demanda.
14.1. En ese sentido, adujo que el auto mencionado supra fue apelado y se
confirmó parcialmente precisando que existía una identidad parcial entre los casos
de las acciones populares identificada con los números “[…] 2017-00500-00 […]” y
“[…] 2017-00078-00 […]”, teniendo en cuenta que en el último proceso habían
puntos de litigio adicionales relacionados con los problemas del desarrollo de
proyectos urbanísticos legales en la vereda Casiano sin contar con las vías
necesarias para soportarlo y la posible alteración de las condiciones ambientales en
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. Ello no incluyó lo referente a la
contaminación de la ronda hídrica de la quebrada La Guayana y al desarrollo de la
urbanización con infracción a la normativa ambiental y urbanística.
14.2. Luego de haber resuelto lo anterior, el proceso regresó al Juzgado Primero,
quien declaró la falta de competencia por contar con la intervención de entidades
de orden nacional y se remitió al Tribunal, en donde se repartió bajo el número de
radicación declarando la configuración del agotamiento de jurisdicción de la acción
popular identificada con radicación “[…] 2019-00187-00 […]”,
15. Señaló que les encuentra razón a las entidades accionadas en cuanto a que
no se les puede endilgar responsabilidad debido a que no hay ninguna acción u
omisión generadora de afectación a los derechos e intereses colectivos.
16. En ese sentido, indicó que las accionadas no tienen competencias ligadas a
funciones de construcción y mantenimiento de vías municipales, así como tampoco
tienen injerencia en la elaboración y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial
en el Municipio de Floridablanca.
17. Agregó que la arquitecta Emma Lizeth Blanco Amaya manifestó en su
testimonio que el primer Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Floridablanca se expidió en el 2001 y se actualizó en el 2018, documento en el cual
sí se introdujo regulación sobre las vías públicas, definiendo perfiles viales que
deberían ser acogidos en los proyectos que se realizaren desde el momento en que
comenzara a regir.
18. Adujo que, en la misma declaración se indicó que, el sector objeto de este
proceso cambió su uso y se catalogó como suelo expansión, además, que los
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suelos se desarrollan a través de planes parciales y en este caso aplica aquel que
solo se delimitó por colores sin tener en cuenta características básicas como el
sistema de gestión vial, además, aclaró que la zona no está desarrollada
completamente y que no hay mayor proliferación de unidades residenciales.
19. El Tribunal señaló que en el Municipio de Floridablanca se tramitaron las
licencias de urbanización correspondientes a los conjuntos residenciales
denominados: Calatrava, Cibeles y Balcones de Ruitoque, cuyo trámite y expedición
correspondió a las Curadurías Urbanas 1 y 2. Las licencias fueron analizadas y se
determinó que se habían adelantado de acuerdo a los lineamientos y requisitos
legales, dentro de los cuales se encuentran las secciones viales de conformidad con
lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial.
20. Aseveró que “[…] las licencias urbanísticas, dentro de las que se encuentran
las de urbanización y construcción que fueron expedidas para los proyectos
residenciales que atañen este asunto, están contenidas en actos administrativos
particulares que gozan de presunción de legalidad, se concluye que los proyectos
presentados por los titulares de las licencias observaron lo concerniente a las vías
vehiculares y peatonales que eran de su competencia [...]”.
21. En ese sentido, se agregó que no es posible atribuir al Municipio las
omisiones expuestas en la demanda en cuanto la aprobación de las licencias
corresponde a los curadores urbanos y tales proyectos urbanísticos carecían de
planeación en el trazado e implementación de vías para la movilidad segura de los
habitantes del sector.
22. El Tribunal precisó que se encontraba demostrada la problemática ambiental
derivada de la intervención del predio “El Porvenir” con la afectación de la quebrada
La Guayana, respecto a lo cual se adelantaron investigaciones ambientales contra
la señora Mélida Herrera Ortiz sin que las mismas hayan tenido origen en el
desarrollo de los condóminos Condominio Campestre Montearroyo, Galicia
Campestre. Calatrava, Valle de Vaduz, Cibeles y Balcones de Ruitoque; sin
embargo, respecto a las vías de los proyectos no obra en el proceso queja alguna
en contra de los titulares de las licencias respectivas.
23. Adujo que el Plan de Ordenamiento del Municipio de Floridablanca 2018-
2030 fue aprobado mediante Acuerdo núm. 035 de 2018, el cual entró en vigencia
desde el 4 de octubre de 2018 y las licencias para los conjuntos: Campestre,
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Montearroyo, Calatrava, Cibeles y Balcones de Ruitoque fueron expedidas antes de
la fecha previamente señalada.
24. Indicó que no se había configurado la situación que temía el accionante
respecto a que se construyera una gran cantidad de proyectos urbanísticos y
hubiera aumento del flujo vehicular y peatonal en la vereda Casiano.
25. Agregó que el accionante no allegó pruebas que demostraran las presuntas
irregularidades en el sistema de vías que se presentaban en los predios en mención
para controvertir lo decidido en cada una de las licencias que fueron aportadas. DE
esa forma, tampoco fue demostrado el riesgo inminente que se estaba presentando
en el sector por las condiciones en materia vial ni en materia ambiental destacando
que para acreditar dichas aseveraciones no es suficiente la cita de los apartes de
noticias que sugirió en la demanda sobre todo porque no hay prueba de dicha
publicación.
26. Destacó que “[…] el accionante no menciona en que fundamenta su
preocupación de que el POT no proteja los recursos naturales del lugar, sin hacer
referencia a cuáles serían dichos recursos y si est[á]n sujetos a una protección
especial […]”.
Recurso de apelación
27. El señor Edison Ludwing Avendaño Gómez21 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
27.1. Señaló que el Tribunal profirió la sentencia, en primera instancia, de forma
tardía teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 37 de la Ley 472, desconociendo
la vulneración a los derechos e intereses colectivos absolviendo de responsabilidad
a quienes deben garantizar el goce al espacio público y la seguridad vial.
27.2. Manifestó que las vías que se solicitan realizar son aquellas de acceso a las
veredas Casiano y Los Cauchos del Municipio de Floridablanca a la autopista de
Piedecuesta – Floridablanca, donde se encuentran ubicados los proyectos
urbanísticos legales en los que reside el accionante.
21 Cfr. índice 81 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 680012333000201700914-00. Archivo
denominado: 63_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 81.
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27.3. Indicó que la sentencia mencionada supra únicamente acogió como prueba
los apartes e intervenciones de los testigos para tomar la decisión, los cuales fueron:
el jefe de la oficina asesora de planeación y el secretario de infraestructura del
Municipio de Floridablanca. Asimismo, señaló que se tuvieron en cuenta los
informes proferidos por las curadurías del Municipio con los cuales se justificó que
los accionados no deban construir vías, intersecciones viales o andenes con base
en la vigencia de las licencias de construcción aprobadas.
27.4. Advirtió que, a pesar que los espacios y áreas de cesión han sido espacio
público es obligación legal y constitucional de la accionada garantizar el goce
efectivo de los derechos e intereses colectivos invocados sin que medien
justificaciones como las aprobadas por el Tribunal respecto a que en la época en
que se expidieron las licencias de construcción no se les imponía a los particulares
constructores o al Municipio garantizar la obra.
27.5. Además, señaló que se omitió vincular a la concesionaria de la autopista
Piedecuesta – Floridablanca, la cual es responsable en intervenir y adecuar el
acceso vial y peatonal seguro de las vías del sector, teniendo en cuenta
providencias como la proferida en el proceso identificado con núm. único de
radicación 730012333000201700482-01. Así como tampoco se vinculó a otros
posibles responsables que fueron señalados en los testimonios recaudados.
27.6. En ese sentido, manifestó que la empresa concesionaria de la autopista
Piedecuesta – Floridablanca, no el Municipio de Floridablanca, es responsable de
la integridad de los usuarios de la vía, teniendo en cuenta que, por un lado, hay
tránsito vehicular y peatonal simultáneamente por una única vía y, por el otro, la
altura y nivel de acceso a la autopista en esas intersecciones constituye un factor
de riesgo en razón al alto flujo de vehículos y la alta velocidad de desplazamiento
de los mismos. Lo anterior, en contravía del Plan Maestro de Movilidad del Área
Metropolitana de Bucaramanga.
27.7. Igualmente, adicionó que la vía a ejecutarse en el sector objeto de la
presente acción popular no tiene contemplada e incluida en su contratación la
construcción de andenes, dicha circunstancia puede que cambie por una
modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial e incrementará
exponencialmente el peligro de los peatones del sector toda vez que será una vía
nacional sin andenes por la cual transitarán vehículos de tráfico pesado junto a los
peatones.
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27.8. Adujo que la arquitecta Emma Lucía Blanco Amaya solicitó un tiempo para
allegar al Despacho los planos urbanísticos de las licencias de construcción de las
urbanizaciones objeto en este proceso; sin embargo, a la fecha no ha allegado dicha
información.
27.9. Manifestó que los informes de los curadores del Municipio de Floridablanca
dan cuenta de responsabilidad compartida, entre los constructores y propietarios de
los predios a quienes les otorgaron licencias, de ejecutar las vías y andenes del
lugar. El Municipio tiene la función de hacer cumplir lo aprobado; sin embargo, a la
fecha no existen andenes en dichas vías y no han sido corregidas las falencias de
la intersección vial de acceso a la autopista Piedecuesta – Floridablanca.
27.10. Adujo que la providencia apelada es restrictiva y discriminatoria debido a
que la decisión fue tomada en ese sentido en tanto el colectivo poblacional que se
verá beneficiado no es considerado como significativo.
27.11. Advirtió que la falta de recursos no es justificación para efectuar las obras
necesarias y los municipios, o demás responsables, deberán apropiar y disponer de
los recursos económicos que se requieran para tal fin.
27.12. Señaló que el Tribunal erró al indicar falta de carga probatoria por parte del
accionante debido a que en los testimonios por él solicitados se advirtió el estado
actual de las vías, intersecciones viales y carencia de andenes en el sector; además,
advirtió que la inspección judicial solicitada en la demanda fue reemplazada de oficio
por un dictamen pericial, el cual no se practicó con la justificación de que era el actor
popular quien debía realizar el cuestionario aun cuando no fue quien solicitó la
prueba y, de conformidad con los artículos 219 de la Ley 1437 y 230 de la Ley 1564,
era deber del magistrado.
27.13. Mencionó que en la acción popular identificada con número de radicación
680012333000201700500-01 se profirió sentencia relacionada con el predio “El
Porvenir” en la cual se acogieron las pretensiones de la demanda, aunque no se
incluyeron los “[…] nuevos infractores urbanísticos y ambientales por hechos que
acontecieron en fecha posterior al citado fallo […] que sí fueron investigados en la
causa popular de la referencia […]” y solo abarcó el predio particular, a diferencia
de la presente que incluye las veredas y vinculó el “[…] ente acusador […]”.
27.14. Solicitó: i) la práctica del dictamen pericial; ii) la realización del cuestionario
por parte del Despacho; iii) se realice un requerimiento al Municipio de Floridablanca
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para que allegue la información correspondiente a los planos de urbanismo que
constituyen las licencias de construcción de los conjuntos y condominios
residenciales señalados a folio 1068 del expediente físico; y iv) vincule a los demás
posibles responsables mencionados previamente.
Actuaciones en segunda instancia
28. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander profirió
auto de 14 de abril de 202322 mediante el cual se concedió el recurso de apelación,
en efecto suspensivo, interpuesto por el señor Edison Ludwing Avendaño Gómez
contra la sentencia proferida, en primera instancia.
29. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto 18 de mayo de
202323 mediante el cual admitió el recurso de apelación presentado por el señor
Edison Ludwing Avendaño Gómez contra la sentencia de 16 de marzo de 2023
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.
30. Posteriormente, el Despacho sustanciador profirió auto de 12 de julio de
202424 mediante el cual negó las solicitudes probatorias presentadas por el
accionante contenidas en el recurso de apelación mencionado supra.
31. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes25,
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201126.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
32. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
22 Cfr. índice 146 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 23_AUTOCONCEDERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 146.
23 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4.
24 Índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 20Auto que niega
_APa201918701EdisonLu(.pdf) NroActua 17.
25 Escrito de 7 de noviembre de 2024.
26 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes; vii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; y viii) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
33. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15028 de
la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera instancia, por
los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
35. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el señor Edison Ludwing Avendaño Gómez en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de 16 de marzo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los artículos 32030 y
32831 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
36. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
27 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
28 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
29 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
30 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
31 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
32 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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de 7 de noviembre de 202433, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).
37. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3 por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se desempeña en el cargo de Procurador Judicial II en
la Procuraduría General de la Nación, entidad vinculada en el proceso de la
referencia […]”.
38. Vistos: i) los artículos 130, numerales 3.° y 4.º; y 13134, numeral 3.°, de la Ley
1437, sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.
39. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 35, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.
40. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
33 Cfr. índice 42 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
34 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
35 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
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administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
41. La Corte Constitucional36 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
42. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:
43. Se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría
General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de
Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0037, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
36 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
37 Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.
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condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).
45. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en una entidad que figura como vinculada, en el
cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional,
corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la
causal de impedimento invocada.
46. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numerales 3.° del artículo 130 de la Ley 1437,
conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al
Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.
Problemas jurídicos
47. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
47.1. Si se encuentra probada o no la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos: i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público y iii) a la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes; en relación con
las vías del acceso a las veredas Casiano y Los Cauchos a la autopista de
Piedecuesta – Floridablanca.
47.2. Si las pruebas analizadas en la sentencia proferida, en primera instancia, son
o no suficientes para determinar la presencia o ausencia de la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos.
48. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 16 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, en primera instancia.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
49. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
50. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
51. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
52. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte accionada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
53. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”38.
54. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01 (AP).
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la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
55. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
56. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198939 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200240; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199841 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 42, sobre el uso y goce del espacio
público.
57. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
39 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
40 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
41 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
42 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
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bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
58. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales
del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las
playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos
vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo […]".
59. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional43 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
60. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
43 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
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61. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
62. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
63. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
64. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación44 […]”.
65. En lo que respecta al andén como un elemento puntual del espacio público,
el artículo 2.° de la Ley 769, lo define como la “[…] franja longitudinal de la vía
urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los
costados de ésta […]”.
66. Sobre el particular, la Sala ha considerado que los municipios deben
garantizar la circulación de los peatones al transitar por los andenes, dado que son
zonas de uso público. Así, ha precisado que: “[…] Es claro que los andenes son
zonas de uso público destinadas al tráfico peatonal, cuyo uso y goce adecuado
están garantizados por el Estado y a nivel territorial le[s] corresponde a los
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García
González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
municipios garantizar la libre y segura circulación peatonal por la respectiva zona,
por lo cual forman parte del derecho colectivo al espacio público […]45”.
67. De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que, a los alcaldes, como
primera autoridad de policía de sus municipios, les corresponde proteger el uso y
goce del espacio público, que incluye la utilización de andenes, en el marco de las
normas constitucionales de los artículos 82 y 315 numeral 1.°, legales –entre otras,
el artículo 5.° de la Ley 9 de 1989– y reglamentarias –como el artículo 5.° del Decreto
1504 de 1998 y el Decreto 1538 de 2005–.
68. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes
69. Visto el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472 sobre el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
70. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de
ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que
estén fuera de su marco normativo […]”46.
71. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 201147,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta, providencia de 25 de marzo de 2010, núm. único de radicación 680012315000200301471-01(AP).
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, NUR: 2005-00901 (AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de abril de 2011,
NUR: 630012331000200400688-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad48; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii)
respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio49; y iv) atención de
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible50.
72. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho en mención
comprende el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven de
guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente,
de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos
sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros51.
73. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
74. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
48 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
49 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
50 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007, radicación número:
630012331000200400243-01(AP). Reiterada por la Sección Primera, en la sentencia de 15 de noviembre de
2019, radicación número: 850012333000201500323-03(AP) y en la sentencia de 19 de junio de 2020, radicación
número: 050012333000201701929-01(AP).
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acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
75. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia52, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
76. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]53”.
Análisis del caso concreto
77. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
78. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la
demanda, luego de considerar que no se evidenció la afectación a la comunidad de
la vereda Casiano del Municipio de Floridablanca debido a que las licencias de
construcción otorgadas a los propietarios de los predios allí ubicados se encuentran
ajustadas al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
52 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 250002327000200190479-01(AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 130012333000201700987-01 (AP). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 15
de mayo de 2014, radicado número 250002324000201000609-01(AP).
53 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
79. Contra esta decisión, el Edison Ludwing Avendaño Gómez interpuso recurso
de apelación que fundamentó en que sí aportó pruebas suficientes para determinar
la vulneración de los derechos e intereses colectivos, que se debió vincular a la
concesionaria y a otras autoridades responsables de la falta de infraestructura vial
en la zona.
Solución a los problemas jurídicos
80. La Sala estudiará la existencia de la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos, así como las competencias de las autoridades recurrentes
con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de dicha
afectación. En ese orden y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se
determinará si la decisión tomada por el Tribunal fue pertinente.
Análisis de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos,
en el caso concreto
81. De acuerdo a lo mencionado respecto al proceso identificado con número de
radicación 680012333000201700500-01 se tiene que el mismo versó sobre asuntos
relacionados con la ocupación de la ronda hídrica de la quebrada La Guayana y
asuntos de urbanización ligados a la protección ambiental de dicho cuerpo hídrico;
en ese sentido, el presente proceso involucra asuntos relacionados con el acceso a
la vereda y el paso a la autopista Piedecuesta – Floridablanca.
82. De acuerdo con el material probatorio obrante en el proceso, la Sala destaca
entre los documentos aportados y practicados el testimonio de la arquitecta Emma
Lizeth Blanco Amaya, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación del Municipio de Floridablanca, explicó la situación que en materia de
suelos se presentaba en el sector conocido como Menzuly, donde se ubican los
proyectos urbanísticos que ocupan este asunto, expresando que ese lugar
anteriormente estaba clasificado como rural y estaba regulado por el “Código de
Urbanismo”, norma bajo la cual se expidieron algunas licencias de parcelación
acorde a la naturaleza de suelo, sin contemplar obligaciones en materia de vías,
debido a que la norma vigente para ese momento no consagraba nada al respecto;
para ese momento lo único que se exigía era la conexión de los proyectos con las
vías públicas, que no requerían condiciones especiales, ni siquiera estar
pavimentadas por ser suelo rural.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
83. Respecto a la ubicación de los predios y la zona bajo estudio se aportaron
los mapas del Municipio de Floridablanca de acuerdo a los Planes de Ordenamiento
Territorial de los años 2001 y 2018, visibles a continuación:
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84. Frente al argumento relacionado con las pruebas aportadas por la Curaduría
Urbana núm. 2 del Municipio de Floridablanca, dicha entidad certificó que “[…] todos
los predios tanto de los CAUCHOS como de VALLE DE VADUZ, hacen parte del
Plan Parcial de Expansión urbana denominado ‘LOS CAUCHOS’ ubicado en el Valle
de Mensuli, del Municipio de Floridablanca adoptado mediante Decreto 0171 del
2009 […]”54.
85. Al respecto, el Decreto núm. 0367 de 21 de septiembre de 202355 resolvió
”[…] [p]rorrogar por diez (10) años más, la vigencia del Decreto Nro. 0171 de 9 de
junio de 2009, por medio del cual se adopta el Plan Parcial de expansión urbana
denominado ‘Los Cauchos’ ubicado en el valle de Mensulí [M]unicipio de
Floridablanca, el cual conservará la norma aplicable a la fecha de su expedición, es
decir el Decreto Municipal No. 087 de 2006, que compendia el contenido de los
Acuerdos Municipales No. 036 de 2001, No. 025 de 2002, y No. 008 de 2005, que
contienen las disposiciones establecidas por el POT del municipio de Floridablanca,
adicionalmente el Decreto Municipal No. 264 de 2006, que adoptó la estructuración
y planeación urbanística general del Valle de Mensulí […]”.
86. Se tiene que en la licencia de construcción otorgada para el predio
denominado “Calatrava”, mediante Resolución núm. 184 de 24 de diciembre de
2004, se permite la “[…] construcción de las áreas comunes del conjunto que
incluyen portería, quiosko juegos, quiosko principal, piscina adultos, piscina niños,
cancha, cancha múltiple, parque y jardín de acceso […]”.
87. Asimismo, la licencia de construcción núm. 0125L-2013, otorgada el 19 de
marzo de 2013 para el predio denominado “Valle de Vaduz”, se permite la
construcción de la “[…] [u]rbanización del predio de 40.000,00 m2, con afectación
vial de 51,98 m2, quedando con área neta urbanizable de de 39948,02 m2, para el
desarrollo de conjunto de viviendas unifamiliares en tres etapas, así: Etapa 1, con
área de 14971,42 m2 que contiene veintidós (22) lotes, entre ellos el Lote 37 para
zona social el conjunto y el Lote 38 para PTAR, portería de acceso y diez (10)
parqueos de visitantes; Etapa 2, con área de 10784,30 m2 que consta de quince
(15) lotes y siete (7) parqueos de visitantes; Etapa 3, con área de 10642,30 m2 y
consta de dieciséis (16) lotes. El Lote 54 está destinado como área de cesión tipo A
54 Cfr. índice 134 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 680012333000201900187-00. Archivo
denominado: 8_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2842022(.zip) NroActua 134. Carpeta: 002. Cuaderno
2. Documento: folios 600 pacto - auto decreta pruebas. Página 67.
55 “por medio del cual se prorroga la vigencia del plan parcial de expansión urbana denominado ‘los cauchos’
ubicado en el Valle de Mensulí - Municipio de Floridablanca, adoptado mediante Decreto 0171 de 2009”.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
de 3550,04 m2 establecido en el plan parcial. En total son cincuenta y cuatro (54)
lotes, diecisiete (17) parqueos de visitantes y áreas comunes de la copropiedad.
Construcción de portería, administración, cuarto de máquinas, subestación y cuarto
de basuras en primer piso, con área construida de 171,84 m2 y una vivienda de dos
pisos con área construida de 283,84 m2 en el Lote A. VALIDO PARA V"B" DE P.H
[…]”.
88. El predio denominado “Balcones de Rultoque” cuenta con la licencia de
construcción núm. 68276-1-12-0083 de 20 de febrero de 2013, en la cual se otorgó
autorización para realizar “[…] [u]rbanización y construcción de la primera etapa del
Conjunto Residencial Balcones de Rultoque, así: Urbanización de la primera etapa
con un área bruta de 5.912,92 m²; afectación vía Los Cauchos de 641,06 m² Montilla
de 195,18 m², para un área útil de 5.076,68 m². y vía La Construcción de 2 niveles
de parqueaderos, y dos torres de 17 pisos y terraza para apartamentos, con un área
total construida de 27.187,00 m², los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Planta sótano 2, ubicada en la cota +965,30 MSNM, para: portería, hall de acceso,
cuarto de basuras, tanque de suministro de agua, cuarto de bombas, subestación
eléctrica, planta eléctrica, 78 parqueaderos para propietarios, 1 parqueadero para
visitantes, 69 depósitos, 2 escaleras de acceso a cada torre una de las cuales da
cumplimiento a lo descrito ito en la norma SR-10 escalera contraincendios, dos
ascensores por torre, circulaciones vehiculares y peatonales, con un área
construida de 3.694,00 m², Planta sótano 1, ubicade en la cota +968,30 MSNM,
para: sala de negocios, oficina de administración, 90 parqueaderos para
propietarios, 4 parqueaderos para visitantes en los que se encuentran dos para
personas con movilidad reducida (discapacitados), 81 depósitos, 2 escaleras de
acceso a cada torre una de las cuales da cumplimiento a lo descrito en la norita
NSR-10 escalera contraincendios, dos ascensores por torre, circulaciones
vehiculares y peatonales, con un área construida de 3.067,00 m². Planta piso 1,
ubicado en la cota +971,70 MSNM, para: 30 parqueaderos para propietarios, 35
parqueaderos para visitantes donde se encuentren 2 para personas con movilidad
reducida (discapacitados), 32 depósitos, 3 apartamentos en la torre 13
apartamentos en la torre 2, 2 escaleras de acceso a cada torre una de las cuales da
cumplimiento a lo descrito en la norma NSR-10 escalera contraincendios, das
ascensores por torre, circulaciones vehiculares y peatonales, con un área
construide de 1.182,00 m². Puntos 2 al 17, ubicadas en las cotas +974,37; 977,04,
979,71; 982,38; 985,05; 987,72; 990,39, 993,06, 995,73, 906.40; 1.001,07,
1.003,74; 1.006,41; 1.009,08; 1,011,75 y 1.014,42 MSNM, para: 6 apartamentos por
piso en la torre 1, apartamentos por piso en la torre 2, 2 escaleras de acceso a cada
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
torre una de las cuales de cumplimiento a lo descrito co la norma NSR-10 escalera
contraincendios, dos ascensores por torre y circulaciones peatonales, un área
construida por planta de 1.184,00 m², para un total de 18.944,00 m² en los 16
niveles. Plante cubiertas, ubicada en la cota 1.017,09 MSNM, para: cuartos de
máquinas de los ascensores, áreas libres en gravilia y ateras, áreas libres en
madera, con un área construida de 82,00 m². Rampa vehicular de acceso a la planta
sótano 3 (acceso vehicular a segunda etapa), ubicada en la cota +951,90 MSNM,
con un área construida de 218,00 m². […]”.
89. Es así también para la licencia de construcción núm. 68276-2-16-0145,
otorgada el 1 de octubre de 2018 para el predio denominado “Cibeles”, en la cual
se permite la “[…] [m]odificación de Proyecto Urbanístico General PUG Santillana,
N° 68276-1-11-0111, Unidad de Gestión 6 - Lote 1, expedido por la Curadur[í]a Uno
Floridablanca arquitecto Jaime Jerez Vanegas. Urbanización en modalidad de
Desarrollo globo de terreno de 43.557,69 m², identificado como Unidad de Gestión
6 Lote 1. Licencia de Construcción en modalidad de Obra Nueva por etapas -
Construcción Primera Etapa Proyecto Cibeles - Vivienda Unifamiliar con un área
construida de 8.199,75 m². […]”.
90. Respecto a las licencias previamente mencionadas es posible determinar
que las indicaciones señaladas en materia vial corresponden a obras por realizar en
terrenos que se encuentran dentro de los linderos de cada predio, es decir, no se
refiere a la pavimentación de vías públicas o adecuación de trayectos viales con
andenes que se encuentren fuera de los límites de sus propiedades.
91. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander, debido a que se expuso que
las licencias de construcción otorgadas para los predios objeto del presente proceso
no tienen la responsabilidad de construir vías de acceso de acuerdo con la vigencia
de la normativa aplicable en el momento de su expedición.
92. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
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Núm. único de radicación: 680012333000201900187-01
Conclusiones de la Sala
93. En suma, la Sala considera que no se encuentra probada la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes o al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, debido a que se cumplieron los presupuestos normativos que
señalaba la expedición de licencias de construcción en los años en que fueron
otorgadas para los predios objeto de esta acción popular ubicados en la vereda
Casiano ubicada en el Municipio de Floridablanca.
94. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 16 de marzo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
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QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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