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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00188-01

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00188-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declarar la indebida escogencia del medio de control de reparación directa, la falta de legitimación activa en la causa y la cosa juzgada parcial, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante. TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2019-00188-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: Reparación directa – Daño derivado de la disolución y liquidación de una
corporación mixta constituida con participación de entidades públicas– Daño por no pago
de honorarios a abogada – Defraudación de la prenda general de los acreedores –
Indebida escogencia del medio de control – Falta de legitimación activa en la causa –
Cosa juzgada.

Síntesis del caso: la parte actora reclama la responsabilidad de las entidades demandadas
por la disolución de una corporación creada para la promoción de la ciencia y la
tecnología en distintos centros educativos. En el proceso de liquidación no se realizaron los
cobros de acreencias a favor de la mencionada corporación, con lo cual se disminuyó su
patrimonio y se defraudó la prenda general de los acreedores, entre ellos, la demandante.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 6 de marzo de 2019, Claudia Orejarena Carvajal presentó demanda1,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Universidad Industrial de Santander
(UIS), Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Fundación Colegio UIS
(FUNDEUIS), Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB), Metrogas de Colombia S.A. E.S.P., y el patrimonio
de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán

1 Folios 232 al 259 (demanda) y 272 (subsanación a la demanda) del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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Sarmiento – Incubadora de Empresas- En liquidación (CBE)2, con el fin de
que se accediera a las siguientes pretensiones (se trascribe):

“PRIMERA. Que es ilegal la disolución de la CBE hecha por los demandados
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-; la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER -UIS-; las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER -UTS-; la
FUNDACIÓN FUNDEUIS, METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.; la UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA -UNAB-; la UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA -UPB- ; con presencia y anuencia de Blanca Jeanneth Jaimes
Carvajal, C.C. 63.524.211, última revisora Fiscal de la CBE; Ana María Peña
González, C.C. 63.291.892, última Directora Ejecutiva de CBE; y Carlos Fernando
Acevedo Supelano, C.C. 91.510.253, hoy liquidador de la CBE EN LIQUIDACIÓN,
como personas naturales, por haberse violado normas comerciales, estatutos y
haberse asesorado “negligentemente” a la asamblea en donde se adoptó tal
decisión.
SEGUNDA: Que es ilegal la omisión administrativa del liquidador de la CBE, Carlos
Fernando Acevedo Supelano, y del SENA, la UIS, las UTS, FUNDEUIS, METROGAS
DE COLOMBIA SA ESP, la UNAB, la UPB, y de Blanca Jeanneth Jaimes Carvajal,
de no hacer, pedir que se haga o demandar de y a la UIS la liquidación judicial
de las ecuaciones financieras de los “CONVENIOS ESPECIALES DE
COOPERACIÓN” y “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN” del 01-08-96, 01-08-
01, 01-08-06 y de 17 de mayo de 2012, respectivamente suscritos sucesivamente
entre la CBE y la UIS.”

2. La demandante solicitó la siguiente indemnización:

Perjuicio Beneficiario Monto Fundamento
Daño CBE $2.726.730.102 El monto corresponde al 60%
emergente del valor adeudado por las
demandadas a la CBE
Lucro CBE $1.325.945.224 El monto corresponde al 60%
cesante del interés moratorio de la
anterior suma
Daño Claudia $1.817.820.068 El monto corresponde al 40%
emergente Orejarena del valor adeudado por las
Carvajal demandadas a la CBE
Lucro Claudia $883.963.483 El monto corresponde al 40%
cesante Orejarena del interés moratorio de la
Carvajal anterior suma

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. 1) El 18 de agosto del 1995, las entidades demandadas crearon la
Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento -
Incubadora de Empresas- (en adelante CBE) como una entidad mixta, sin
ánimo de lucro, del sector de ciencia y tecnología. El 21 de diciembre de
1995, la CBE obtuvo personería jurídica y, el 7 de febrero de 1997, fue inscrita
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

5. 2) La CBE y la UIS celebraron varios convenios especiales de cooperación
suscritos el 1 de agosto de 1996, el 1 de agosto de 2001 y el 1 de agosto de
2006, también un convenio marco de cooperación pactado el 17 de mayo
de 2012, los cuales tuvieron por objeto que la CBE ejecutara a favor de la
UIS una parte de su plan educativo institucional. Dichos convenios se

2La CBE inicialmente no fue incluida como demandada. En el escrito de subsanación se precisó que sí era
demandada y en el auto de admisión también se dispuso así.
2

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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pactaron por una suma total aproximada de $4.589.000.000. Las
mencionadas entidades también celebraron un contrato de
arrendamiento, por medio del cual la UIS le rentó a la CBE unas oficinas para
su funcionamiento.

6. 3) La UIS demandó a la CBE por el incumplimiento en el pago de los
cánones de arrendamiento. La CBE suscribió un contrato de prestación de
servicios profesionales con Claudia Orejarena Carvajal, en el cual esta se
comprometió a ejercer la defensa de la CBE en el proceso de restitución de
inmueble arrendado. En el desarrollo del proceso, la abogada alegó que la
UIS le adeudaba a la CBE, por los convenios de cooperación, una suma
mucho mayor que lo adeudado por la CBE a la UIS, por los cánones de
arrendamiento, en ese sentido, propuso una compensación, y el pago del
saldo a favor de la CBE.

7. 4) El 12 de diciembre del 2016, encontrándose el proceso de restitución
de inmueble arrendado en curso, la CBE fue disuelta, por acuerdo de sus
socios, entre ellos, la UIS.

8. 5) Como consecuencia de la disolución de la corporación, el contrato
entre esta y la abogada Claudia Orejarena Carvajal terminó. La abogada
no recibió los honorarios pactados, por ello interpuso una demanda de
controversias contractuales en contra de la CBE en liquidación. La actora
no indicó el resultado de ese proceso.

9. La demandante refirió que la decisión de disolver la corporación violó los
estatutos en relación con la publicación de la convocatoria, la mayoría
exigida para esa decisión, la falta de presentación de los estados
financieros, la falta de informes por parte de la Dirección Ejecutiva de la CBE
que justificaran la recomendación de la disolución de la entidad, además,
las entidades que integraban la CBE, actuaron en favor de su propio interés
y no en beneficio de la corporación. Adujo que el liquidador y los socios
actuaron negligentemente al omitir demandar a la UIS y reclamar los dineros
adeudados. Alegó que la UIS debía pagar lo adeudado a la CBE y así
garantizar el pago de lo adeudado por esta a terceros. Indicó que el daño
se concretó en la disminución del patrimonio de la CBE, lo que a su vez
impidió el pago de sus honorarios. Por último, explicó que está legitimada
para presentar reclamación a favor de la CBE, por los dineros que no ha
recibido por la terminación de su contrato y con el fin de proteger la prenda
general de los acreedores de la mencionada corporación.

1.2. Posición de la parte demandada

2. La UTS3 contestó la demanda. Explicó que la entidad no tuvo injerencia
en la decisión de dar por terminado el contrato de prestación de servicios
profesionales de la demandante, por lo que no resultaba procedente que

3 Folios 352 al 368 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.

3

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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respondiera económicamente por el pago de sus honorarios. Refirió que la
disolución de la CBE no fue ilegal ni existió vicio alguno. Advirtió que los
hechos narrados en la demandan no tenían fundamento y, aun en la
eventualidad de que fueran ciertos, no justificaban el pago de los perjuicios
solicitados. Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la
causa.

3. La UNAB4 y la UPB5 presentaron idénticos escritos de contestación.
Manifestaron que la decisión de disolución de la CBE fue legal, y se justificó
en la difícil situación financiera que enfrentaba la corporación. Señalaron
que el medio de control de reparación directa no era procedente para
atacar la decisión de la asamblea y pretender el pago de honorarios, pues
si la actora advirtió alguna irregularidad en la decisión de disolución, debió
cuestionar la legalidad del acta, de acuerdo con lo previsto en el art 382 del
CGP, y sus honorarios debió reclamarlos un incidente de regulación de
honorarios, o un proceso por incumplimiento de contrato, o en el proceso
liquidatario de la CBE. Explicaron que no se configuraron los presupuestos
para el levantamiento del velo corporativo y que la actora no probó el daño
antijurídico. Propusieron la excepción de falta de jurisdicción y
competencia.

4. La UIS6, al contestar la demanda, indicó que en los convenios celebrados
entre la CBE y la UIS no existía la obligación del pago de los valores señalados
en la demanda. Señaló que la disolución de la CBE fue legal y se sustentó
en informes y balances sobre la inviabilidad de continuar desarrollando su
objeto social. Asimismo, la revocatoria del poder otorgado por la CBE a la
demandante se justificó en la intención de disminuir los gastos de la
corporación. Propuso las excepciones de falta de jurisdicción e inepta
demanda por indebida escogencia de la acción, pues la CBE era una
entidad de derecho privado y la demandante debió impugnar el acto de
la asamblea con el cual estaba en desacuerdo; falta de legitimación pasiva
en la causa, pues la universidad no tenía la obligación de responder con su
propio patrimonio por las deudas de la corporación; falta de legitimación
activa en la causa, porque la demandante no debía reclamar a la UIS
eventuales acreencias a de la CBE. También propuso la inexistencia de
solidaridad entre los socios y la CBE, la inexistencia de fraude en la disolución,
y la inexistencia de la obligación exigida por la actora.

5. La CBE -en liquidación-7 afirmó que la disolución fue legal y por acuerdo
de los socios, por lo cual no era aplicable el régimen de insolvencia
empresarial. Indicó que el cobro de la suma indicada en la demanda no
tenía sustento. Además, la accionante no tenía legitimación para reclamar
el pago de una suma de dinero a favor de la CBE. Señaló que la actora
debió reclamar sus honorarios vía incidente y advirtió que en otro proceso
había pretendido ese pago. Propuso la excepción de falta de jurisdicción o

4 Folios 380 al 406 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
5 Folios 462 al 498 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
6 Folios 545 al 572 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
7 Folios 627 al 650 del del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.

4

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Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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competencia, pues el conocimiento de la impugnación del acto de la
asamblea era competencia de la jurisdicción ordinaria civil.

6. El SENA8 refirió que la disolución de la CBE fue legal y la liquidación de los
mencionados convenios celebrados entre la CBE y la UIS no era deber ni
función del SENA. Explicó que la CBE es una corporación con autonomía y
patrimonio propio, por lo cual las acreencias reclamadas debían ser
pagadas con su patrimonio y no involucraba a sus socios. Señaló que el
daño reclamado no fue causado por esa entidad y, en todo caso no está
probado ni el daño ni los perjuicios. Propuso las excepciones de falta de
jurisdicción y competencia, falta de legitimación pasiva en la causa,
inexistencia de solidaridad con las obligaciones de la corporación,
inexistencia de daño, falta de nexo causal.

7. Metrogas de Colombia S.A.9 advirtió que los perjuicios solicitados no
tenían fundamento, toda vez que, en el contrato firmado por la CBE y la
actora para la representación judicial en el proceso de restitución de
inmueble, se acordaron unos honorarios por valor del 10% de la suma de los
cánones cobrados por la UIS, esto es, aproximadamente $3.000.000. Refirió
que la demandante atacó el contenido de una decisión tomada por el
máximo órgano de una persona jurídica regulada por el derecho privado,
de manera que el asunto era competencia de la jurisdicción ordinaria civil.
Alegó que la disolución fue legal, se cumplieron normas de convocatoria,
de mayorías y el consentimiento fue unánime, además, Metrogas no tenía
ningún incentivo ni interés en la disolución de la corporación.

8. Fundeuis no contestó la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió Sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la
demanda10. El tribunal se apartó del estudio de la legalidad del acto
societario que dispuso la disolución de la CBE y centró el análisis en el daño
por la liquidación de la corporación y la terminación del contrato de
prestación de servicios que la demandante tenía con la entidad.

10. Consideró que no se probó un daño antijurídico. Por un lado, explicó que
la disolución y liquidación de la CBE se ajustó a lo previsto en los estatutos de
la entidad, en la que se consignó expresamente que dicha Corporación se
disolvería por la voluntad expresa de la mayoría de los corporados11, y esa

8 Folios 654 al 692 del del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
9 Folios 700 al 756 del del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
10 Documento “132SentenciaPrimeraInstancia” del expediente digital.
11 El tribunal consideró que la disolución fue legal, ya que, según lo dispuesto en el artículo 29 de los Estatutos, se

cumplió con el requisito de convocatoria, pues la reunión fue programada desde el 30 de noviembre de 2016, con
la finalidad de debatir la propuesta de liquidación; se cumplió con el quórum necesario para decidir, toda vez
que asistieron siete de los diez corporados y el artículo 30 de los Estatutos exigía la presencia del 50% de los
corporados; por último, la decisión de disolución fue adoptada por mayoría, toda vez que, todos los corporados
asistentes votaron de manera favorable.
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Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
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Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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decisión, por si sola, no constituía un fundamento para imputar la
responsabilidad extracontractual de las demandadas. Por otro lado, indicó
que, con independencia de la disolución de la CBE, la demandante podía
reclamar el pago de sus honorarios en el respectivo proceso para el que fue
contratada. Concluyó que no existía prueba alguna de que los asociados
de la CBE incurrieron en actuaciones contrarias a ley en desmedro de los
intereses de la Corporación o de la parte demandante.

1.4. Recurso de apelación

11. La parte actora presentó recurso de apelación12 en el que solicitó se
revocara la Sentencia de primera instancia. Indicó que el tribunal, a pesar
de precisar que no era competente para decidir sobre la legalidad de la
disolución, fundamentó su decisión en que la CBE fue disuelta legalmente y,
por lo tanto, no hubo daño antijurídico. Señaló que la demanda no tenía
como intención cuestionar la legalidad del acto de la asamblea, sino
advertir sobre la mala fe de los socios, el incumplimiento de la mayoría
exigida en los estatutos y la inexistencia de estados financieros actualizados
para la adopción de la decisión.

12. Aclaró que la demanda pretendía que “se declarara que la
indemnización producto de la liquidación de la ecuación financiera de los
convenios UIS - CBE se vio truncada por (i) la disolución irregular de la CBE
como medio para (ii) impedir que ésta le cobrase a la UIS algo más de $4.500
millones de pesos y en consecuencia (iii) que en virtud del artículo 74 .L
1116/2006, se le paguen sesenta por ciento (60%) de la indemnización al CBE
EN LIQUIDACIÓN y cuarenta por ciento (40%) de la indemnización a la
abogada actora, Claudia Orejarena Carvajal”.

13. Adujo que el liquidador de la sociedad le revocó el poder a la abogada
en el proceso de restitución de inmueble arrendado, con la finalidad de que
la propuesta de compensación de obligaciones con la UIS no prosperara,
además, no adelantó los trámites necesarios para la liquidación de los
mencionados convenios. Por último, refirió que la abogada sí se presentó en
el proceso de liquidación de la CBE y que presentó una demanda para el
cobro de sus honorarios, sin hacer mención del resultado trámite de esos
procesos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión – 2.2. La indebida escogencia del
medio de control y la falta de legitimación activa en la causa – 2.3. La cosa juzgada parcial
– 2.4. Condena en costas.

12 Documento “136RecursoApelacion.pdf” del expediente digital.

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Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
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Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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2.1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

14. En este caso, la demandante, Claudia Orejarena Carvajal, alega dos
daños distintos: por una parte, la afectación patrimonial que sufrió la CBE y,
por otra parte, la afectación patrimonial que sufrió ella misma. Esos daños,
en su criterio, derivan de tres hechos generadores: la decisión de disolución
de la CBE, la falta de liquidación de los convenios que generaban pagos a
favor de la corporación y la falta de pago de los servicios prestados como
abogada.

15. El asunto es competencia de esta jurisdicción13. La Sala modificará la
Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, declarará configuradas las excepciones de indebida
escogencia de la acción, falta de legitimación activa en la causa y cosa
juzgada parcial. En efecto, la reparación directa no es el medio adecuado
para reclamar la afectación derivada de la decisión de una asamblea de
una corporación de naturaleza mixta (cuyos porcentajes de participación
pública y privada no fueron acreditados); la demandante no demostró
legitimación activa en la causa para reclamar un daño por el
incumplimiento de convenios de cooperación pactados por la CBE y otras
entidades: no demostró ser la representante legal o tener poder para actuar
en su representación. Finalmente, respecto al daño derivado del no pago
de honorarios pactados en un contrato de prestación de servicios
profesionales, se configura la cosa juzgada, en tanto la parte actora
presentó una demanda de controversias contractuales con esa misma
pretensión en contra de las aquí demandadas, la cual fue resuelta
favorablemente a sus intereses.

2.2. La indebida escogencia del medio de control y la falta de legitimación
activa en a causa.

16. En el expediente está probado que la Corporación Bucaramanga
Emprendedora Luis Carlos Galán Sarmiento – Incubadora de Empresas- se
constituyó el 18 de agosto de 199514 y, por medio de la Resolución No. 1023
de 21 de diciembre de 1995 expedida por la Gobernación de Santander, se
le reconoció personería jurídica15. La CBE se creó como “una asociación
civil, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, organizada bajo las leyes
colombianas, regidas por las normas del Código Civil y demás normas
pertinentes, que nace en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley

13 Con independencia del porcentaje de participación de capital público y privado que tiene la CBE (lo cual no

se probó en el proceso), la actora demandó individualmente a cada uno de sus miembros, de los cuales algunos
de ellos son entidades públicas, de manera que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del CPACA, se trata
de un asunto de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala es competente para
proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en primera
instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer el proceso en primera instancia
por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
14 Acta de constitución. Folios 12 al 16 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
15 Resolución No. 1023 de 21 de diciembre de 1995. Folio 198 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
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Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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29 de 1990”16, con la finalidad de “ser una incubadora de tipo empresarial,
de vocación multisectorial, orientada como instrumento que busca
estimular el espíritu emprendedor e innovador como parte de la cultura
santandereana, apoyando la creación y desarrollo de empresas
productivas y competitivas, sustentadas en su base tecnológica tradicional
y/o de nuevas tecnologías que contribuyan al crecimiento socioeconómico
de la región”17.

17. Está acreditado que el 1 de agosto de 199618, el 1 de agosto de 200119 y
el 1 de agosto de 200620, la CBE y la UIS celebraron convenios especiales de
cooperación que tuvieron por objeto “aunar esfuerzos técnicos,
administrativos, académicos y financieros de mutua colaboración para el
cumplimiento de los objetos para los cuales fueron creadas las dos
entidades”. Asimismo, las entidades celebraron un convenio marco de
cooperación el 1 de agosto de 2001, con la finalidad de “fijar las políticas y
directrices de colaboración para el desarrollo de estudios, evaluaciones,
trabajos de investigación y desarrollo en áreas de interés común, aplicables
a todas las formas de cooperación que suscriban las partes”21.

18. También está probado que, el 27 de mayo de 2015, la CBE contrató a
Claudia Orejarena Carvajal, con el fin de que la abogada ejerciera la
representación judicial de la corporación en un proceso de restitución de
inmueble arrendado, en el que fue demandada por la UIS. En el contrato se
pactó como remuneración: “[e]l diez por ciento (10%) del valor anual de los
últimos cánones cobrados por la UIS o subsidiariamente lo que se convenga
como valor pagado en su totalidad, suma que en ningún caso será inferior
a TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) M/CTE”22.

19. Según certificación expedida el 8 de septiembre de 2012, por el director
ejecutivo de la CBE, para esa fecha, la corporación contaba con 13
miembros: 8 entidades del sector privado (Cámara de Comercio de
Bucaramanga, Gasoriente E.S.P., Coomultrasan Multiactiva, Metrogas S.A.
E.S.P., Fundeuis, UNAB, UPB, Promisión S.A.) y 5 entidades del sector público
(UIS, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, SENA, UTS). El
porcentaje de participación del sector privado correspondía al 43% y el
porcentaje del sector público correspondía con el 57%23. Según el acta de
la asamblea de 12 de diciembre de 2016, los miembros de la corporación se
redujeron a 10 y, por acuerdo de 7 de los 10 corporados la CBE fue
liquidada24. La decisión fue aprobada y ratificada en asamblea de 3 de
marzo de 2017, por 8 de los 10 corporados25. Está claro que, para la fecha
de su disolución la corporación no contaba con igual número de miembros,

16 Estatutos. Folios 420 a la 436 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
17 Ibidem.
18 Folios 118 y 119 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
19 Folios 116 y 117 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
20 Folios 114 y 115 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
21 Folios 120 al 126 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
22 Contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. Folios 220 al 224 del documento
“000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
23 Certificación del director ejecutivo. Folio 6 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
24 Acta No 28 de 12 de diciembre de 2016. Folio 438 al 444 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.
25 Acta No. 29 de 3 de marzo de 2017. Folio 446 al 450 del documento “000ExpedienteDigitalizado.pdf”.

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Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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no obstante, se desconoce el porcentaje de participación pública y privada
para esta última fecha.

20. La demandante, en el recurso de apelación, pese a afirmar que no está
controvirtiendo la legalidad del acto de la asamblea, plantea un conjunto
de argumentos encaminados a cuestionar el consentimiento de sus
miembros y desmentir el cumplimiento de las normas del estatuto de la
corporación, es decir, en el fondo sí cuestiona su legalidad. Al respecto, la
Sala encuentra que ese asunto fue excluido del análisis de este proceso,
desde la resolución de las excepciones previas y la fijación del litigio26 . En
efecto, la reparación directa es el medio para reclamar una reparación
“cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble”27, por
regla general, no es el medio idóneo para reclamar daños derivados de un
acto administrativo28 y, en este caso, ni siquiera se probaron los porcentajes
de participación pública y privada de la corporación, por lo que se
desconoce la naturaleza que tienen sus actos. La Sala, en concordancia
con la fijación del litigio que se realizó desde el inicio del proceso, considera
que la reparación directa no es el medio adecuado para esa reclamación.

21. Por otra parte, la actora pretende una reparación por la no liquidación
de los convenios celebrados entre la UIS y la CBE, lo cual, en su criterio,
disminuyó la prenda general de los acreedores de esta última. Según sus
afirmaciones, el hecho generador consistió en la negligencia del liquidador
de la corporación y de las demandadas, quienes no adelantaron procesos
de liquidación de obligaciones y cobro de dineros que otras entidades le
adeudaban a la CBE y, con ello, causaron un daño consistente en la
afectación del patrimonio de esta. Al respecto, la Sala observa que la
demandante no tiene legitimación activa en la causa, ya que las eventuales
acreencias pertenecerían a la CBE, respecto de quien la demandante no
es su representante legal, no tiene poder para actuar en su nombre y
representación, ni demostró un interés legítimo para reclamar.

26 El tribunal, en el Auto de 2 de mayo de 2023, por medio del cual declaró probada la excepción de inepta

demanda por indebida acumulación de pretensiones y advirtió que “el medio de control de reparación directa
no es el escenario para analizar la legalidad del acto que dispuso la disolución y posterior liquidación de la
Corporación Bucaramanga Emprendedora (…)”. Documento “004AutoResuelveExcepcionesPrevias.docx” del
expediente digital. Asimismo, en Auto de 23 de noviembre de 2022, se prescindió de la realización de la audiencia
inicial y se fijó el litigio en “Determinar si a la señora Claudia Orejarena Carvajal se le causó un daño antijuridico,
como consecuencia de la disolución de la Corporación Bucaramanga Emprende y se le dio por terminado el
contrato de prestación de servicios que tenía con la entidad”. Documento
“013AutoPrescindeAudienciaInicial.docx” del expediente digital.
27 Articulo 140 del CPACA.
28 Al respecto, la corporación ha planteado: “Bajo esta óptica, se debe recordar que, si la causa del daño proviene

de la ilegalidad de una decisión de la administración que crea, modifica o extingue una relación jurídica particular y
concreta, es decir, un acto administrativo, la acción procedente es la nulidad y restablecimiento del derecho. Por el
contrario, si la fuente del daño es, por ejemplo, un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
de un inmueble la acción idónea será la reparación directa, pretensión que, excepcionalmente, procede para
demandar el resarcimiento de perjuicios por un acto administrativo legal, siempre que el fundamento de la acción
resida en razones que revelen el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-26-000-
2010-00255-01(45728).
9

Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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2.3. La cosa juzgada

22. La demandante reclama el pago de los honorarios por la representación
de la CBE en el proceso de restitución de inmueble arrendado. Ese presunto
daño también deriva de un contrato. Tanto así que en la demanda se afirmó
que por esos hechos se presentó una acción de controversias contractuales
adelantada bajo el radicado 68001-23-33-000-2017-00594-00. Asimismo, el
liquidador de la CBE, en informe con fecha 31 de diciembre de 2019, advirtió
sobre el proceso “2017-594” de controversias contractuales adelantado
ante el tribunal por esos honorarios. Al expediente no se aportó el
mencionado proceso. Sin embargo, consultado el Sistema de Gestión
Judicial (SAMAI) se encontró que dicho proceso finalizó con sentencia de 10
de diciembre de 2024, ejecutoriada el 20 de enero de 202529, según lo
previsto en el artículo 302 del CGP30.

23. El artículo 303 del CGP31 prevé que la sentencia ejecutoriada tiene fuerza
de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
se funde en la misma causa y exista identidad de partes. Sobre estos
presupuestos de configuración, resulta sumamente ilustrativas las
consideraciones contenidas en la Sentencia C-741 de 200132 de la Corte
Constitucional, según las cuales (se trascribe):

“Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:
• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente
se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no fueron declarados expresamente.
• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y
la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos,
la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

29 La sentencia fue comunicada a las partes el 15 de enero de 2025 y notificada por estado el 17 de enero de

2025.
30 Artículo 302. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean

impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
31 Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa

juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]
32 En dicha providencia se dispuso: “La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga

a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para
lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica.
De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se
imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e
inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios
judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.
De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios
judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico.”
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada.”

24. En el presente asunto, la demanda de reparación directa fue
presentada por Claudia Orejarena Carvajal y se dirigió en contra de la CBE
en liquidación y cada uno de sus miembros (partes).
25. Las pretensiones estuvieron encaminadas a que se declarara “[q]ue es
ilegal la disolución de la CBE” y “[q]ue es ilegal la omisión administrativa de
[los demandados] de no hacer, pedir que se haga, o demandar a la UIS la
liquidación judicial de las ecuaciones financieras de los convenios
especiales de cooperación y convenio marco de cooperación del 01-08-96,
01-08-01, 01.08-06 y 17 de mayo del 2012, respectivamente suscritos
sucesivamente entre la CBE y la UIS”, en consecuencia se solicitó el pago a
favor de la CBE del 60% de la suma total adeudada por los corporados a la
sociedad, y el pago a favor de la abogada del 40% de esa misma suma, por
la representación judicial que ejerció en favor de la corporación (objeto).

26. El sustento fáctico se centró en narrar la creación y conformación de la
CBE, la celebración de convenios por parte de la corporación y la UIS, el
incumplimiento de un contrato de arrendamiento por parte de la
corporación, la demanda de la UIS en contra de la corporación por ese
incumplimiento, la suscripción de un contrato de prestación de servicios por
parte de la corporación y Claudia Orejarena Carvajal para su
representación judicial en un proceso de restitución de inmueble arrendado,
la liquidación de la corporación y la defraudación de la corporación a
terceros, entre ellos, la abogada por el no pago honorarios pactados
(causa).

27. En el proceso de controversias contractuales33, la demanda fue
presentada por Claudia Orejarena Carvajal y se dirigió en contra del SENA,
la UIS, las UTS, Fundeuis, la UNAB, la UPB, Metrogas S.A. E.S.P., el patrimonio
de la CBE en liquidación, Ana María Peña González (directora ejecutiva de
la CBE), Blanca Jeaneth Jaimes Carvajal (revisora fiscal de la CBE), Carlos
Fernando Acevedo Supelano (liquidador de la CBE) y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado (partes).

28. En la demanda se plantearon como pretensiones: “[q]ue fue y es ilegal
la disolución de la Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos
Galán Sarmiento, Incubadora de Empresas (…)” y “[q]ue [los demandados]
son solidariamente responsables de los perjuicios materiales y morales
irrogados [a la demandante], por haber terminado implícita, unilateral y sin
causa contractual valida, mi contrato de prestación de servicios de
abogada, mandato en procuración, en donde se habían pactado los
emolumentos de manera mixta (cantidades liquidas en dinero y cuota litis
liquidable)”. En consecuencia, solicitó el pago de los emolumentos mixtos

33 El proceso se encuentra digitalizado y disponible para su consulta pública en el Sistema de Gestión Judicial -

SAMAI-, índice No. 97 y siguientes del registro de actuaciones de la primera instancia.
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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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que ascendían a la suma de $461.900.000 y el pago de 50 smlmv por los
perjuicios morales causados (objeto).

29. En la demanda se narraron los hechos concernientes a la creación y
conformación de la CBE; la suscripción por parte de la CBE y Claudia
Orejarena Carvajal de un contrato de prestación de servicios profesionales
para la representación de la corporación en un proceso de restitución de
inmueble arrendado en donde aquella fungía como demandada; el trámite
de dicho proces; la disolución de la entidad, la reclamación de honorarios
por parte de la abogada al liquidador de la corporación y el incidente de
regulación de honorarios que se dio en aquel proceso (causa).

30. En este último proceso, el tribunal, al admitir la demanda, excluyó a los
miembros de la corporación de la controversia y tuvo como demandada a
la CBE en liquidación, además, centró el litigio en el incumplimiento del
contrato de prestación de servicios profesionales y el no pago de honorarios
y excluyó el asunto relacionado con la ilegalidad de la disolución y
liquidación de la CBE, por tratarse de un asunto distinto frente al cual no
procedía la acción contractual.

31. Para la Sala es evidente que se configuró la cosa juzgada parcial. En
primer lugar, hubo identidad de partes, ya que la parte actora, Claudia
Orejarena Carvajal, en ambos casos, demandó a la CBE en liquidación y a
cada uno de sus miembros, y si bien en el proceso contractual el juez excluyó
a los miembros de la corporación de la controversia, ese hecho no altera la
relación procesal propuesta por la demandante. También existió identidad
de objeto, ya que en ambas demandas se pretendió el pago de honorarios
de la abogada. Finalmente, existió identidad de causa, pues los hechos de
ambas demandas se circunscribieron al proceso de liquidación de la
corporación, el contrato de prestación de servicios suscrito entre la
abogada y la corporación en el marco del proceso de restitución de
inmueble arrendado y el impago de los honorarios. Cabe anotar que si bien
en el proceso de reparación directa se señalaron otros hechos con los
cuales se sustentó la presunta defraudación a terceros, esos hechos
sustentas los otros daños analizados en párrafos anteriores. De manera que
la Sala declarará configurada la excepción de cosa juzgada respecto del
daño por el no pago de honorarios.

2.4. Condena en costas

32. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 (numerales 1 y 3) del
CGP, la parte demandante será condenada en costas en esta instancia. El
tribunal de origen liquidará la condena de manera concentrada, según lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP.

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Radicación: 68001-23-33-000-2019-00188-01 (71042)
Demandante: Claudia Orejarena Carvajal
Demandado: Universidad Industrial de Santander y otros
Referencia: Reparación directa
Decisión: Modifica decisión de primera instancia
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda. En su lugar, declarar la indebida escogencia del medio de
control de reparación directa, la falta de legitimación activa en la causa y
la cosa juzgada parcial, según lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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