Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00274-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00274-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00274-01 (6361-2023)
Demandante: María Otilia Martínez de López
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional. La incorporación no cambia la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria. REVOCA Y CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
La señora MARÍA OTILIA MARTÍNEZ DE LÓPEZ instauró demanda en contra de
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 11835 del 5 de abril de 2018;
y (ii) RDP 33579 del 14 de agosto de 2018, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento de la pensión gracia y se desató desfavorablemente el recurso de
apelación interpuesto contra el primer acto administrativo enunciado.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
1 Índice 24 SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander- Documento-01DEMANDAYANEXOS(.pdf)
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pagar a la accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del
promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 5 de febrero
de 2016, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este
concepto.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la señora María Otilia Martínez nació el 12 de julio de 1954.Que en su vida
laboral estuvo vinculada al magisterio inicialmente como maestra del grupo urbano
anexo al Colegio Integral de Ocamonte mediante Decreto 1648 del 13 de junio de
1975 expedido por el gobernador de Santander desde el 18 de julio de 1975 hasta
el 30 de marzo de 1977, para un total de 1 año, 8 meses y 12 días, vinculación que
es de carácter nacionalizada en virtud del proceso previsto en la Ley 43 de 1975.
Posteriormente tuvo una vinculación de carácter nacional como docente de
educación básica desde el 26 de febrero de 1989 hasta el 16 de octubre de 1997
derivada de la Resolución 23734 del 30 de diciembre de 1988 (sic) expedida por el
Ministerio de Educación Nacional. Que fue trasladada a los municipios de San Gil,
y Bucaramanga (este último por Decreto 178 del 22 de diciembre de 1995), donde
ostentó un vínculo nacional hasta el 16 de octubre de 1997.
Luego dicho vinculó muto a territorial por mandato de la ley 60 de 1993, en razón,
que el departamento de Santander fue certificado, según Resolución 3024 del 11
de agosto de 1997 proferida por el MEN, y le fue entregada la educación, con acta
del 17 de octubre de 1997.
Como consecuencia de la descentralización los tiempos de servicios laborados
desde el 17 de octubre de 1997 hasta el 19 de enero de 2003, son de carácter
territorial-departamental y por tanto aptos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
Que el anterior vínculo departamental mutó a municipal por mandato de la Ley 715
de 2001, porque el municipio de Bucaramanga fue certificado según Resolución
2987 del 18 de diciembre de 2002 y del acta del 20 de enero de 2003, mediante las
cuáles, se descentralizó la educación y por tanto, los tiempos desempeñados entre
2 Ibidem.
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el 20 de enero de 2003 y el 19 de septiembre de 2017, son de carácter territorial-
municipal.
Que el 15 de diciembre de 2017, la parte actora solicitó ante Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) el reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad
expidió la Resolución RDP 11835 del 5 de abril de 2018 con la que negó la
prestación.
Que la accionante presentó recurso de apelación contra el anterior acto
administrativo, el cual fue resuelto a través de las Resolución RDP 33579 del 14 de
agosto de 2018 que confirmó la decisión inicial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 15 de mayo de 20193 y notificada a la
UGPP4, quien se opuso a las pretensiones de la demanda manifestó que a la
demandante no le asiste el derecho reclamado, dado que no cuenta con los veinte
años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, teniendo en cuenta que para acceder a la prestación solicitada no es
posible computar tiempos de servicio del orden nacional.
Propuso como excepciones que las denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
cobro de lo no debido, (ii) presunción de legalidad de los actos administrativos, (iv)
falta de título y causa, (v) prescripción y (vi) genérica e innominada.
En auto del 4 de marzo de 20225, conforme al artículo 182 A del CPACA dictó auto
de sentencia anticipada dentro del cual, fijó el litigio estableciendo el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión; efectuó la
incorporación de pruebas y negó las requeridas por la demandada al considerarlas
innecesarias y; corrió traslado para alegatos de conclusión.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 13 de abril de 2023,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante,
al argumentar que la señora María Otilia Martínez de López acreditó una vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con 50 años de edad a
la fecha de la solicitud de la pensión, empero, que en cuanto a lo regulado por la
Ley 114 de 1913 no acreditó la totalidad de los 20 años de servicios en instituciones
educativas del orden territorial.
3 Ibidem – Documento- 7_EXPEDIENTEDIGITAL_03AUTOADMISORIODEMAN(.pdf)
4 Ibidem
5 Índice 20 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
6 Índice 29 ibidem.
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Que tuvo varias vinculaciones de carácter nacionalizado entre el 18 de julio de 1975
y el 2 de mayo de 1977; del 3 de mayo de 1977 al 12 de agosto de 1978, mediante
los Decretos 1648 de 1975 y 966 de 1977 (traslado), nombrada por el gobernador
del departamento de Santander, como maestra de un grupo urbano anexo al
Colegio Integrado de Ocamonte y luego al grupo urbano del municipio de San Gil,
tiempos que son considerados con el carácter de nacionalizado, esto es, (3 años y
22 días).
Sin embargo, que por medio de la Resolución 23734 del 26 de febrero de 1989, el
Ministerio de Educación Nacional, la vinculó como docente del Colegio Cooperativo
de Villanueva, cargo en el cual se desempeñó del 26 de febrero de 1989 al 19 de
septiembre de 2017 (fecha de expedición del certificado), laborando en los
Municipios de San Gil, Bogotá, Socorro y Bucaramanga, es decir que conforme al
acto como a los certificados allegados, ostentó la calidad de nacional.
Que no tiene sustento el argumento que relaciona la demandante según el cual, con
el proceso de descentralización de la educación tanto del departamento de
Santander como del municipio de Bucaramanga, cambiaron el carácter de su
vinculación porque tal situación no genera modificación en la naturaleza de esta, tal
como lo ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado7.
En consecuencia, como la parte actora no demostró una vinculación de 20 años al
servicio de docente territorial, procedió a negar el derecho reclamado. De otra parte,
según el artículo 365.1 del CGP, ordenó la condena en costas por resultar vencida
en el proceso.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, para lo cual sostuvo que, de conformidad con la
normativa aplicable a estos asuntos, así como con los actos administrativos que
dieron cabal ejecución al proceso de descentralización en el departamento de
Santander y la jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto a la descentralización
de la educación, no cabría la menor duda de que el vínculo laboral de la accionante,
si bien en un principio fue nacional, a partir del 17 de octubre de 1997 mutó de
departamental-Santander y luego desde el 20 de enero de 2003 hasta el 19 de
septiembre de 2017, pasó de departamental a municipal- Bucaramanga.
Que en el caso objeto de estudio, existió una sustitución patronal, la cual operó por
mandato de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, proceso a partir del
cual los docentes pasaron de las plantas que asumía la Nación en prestación del
servicio educativo a los planteles departamentales, distritales o municipales sin
7 Sentencia del 19 de enero de 2023. Radicación: 15001- 23-33-000-2019-00241-01 (3000-2021).
8 SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander, visible a índice 32.
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necesidad de un nuevo nombramiento, a quiénes mutó el vínculo laboral que
ostentaban en virtud del mismo proceso de nacionalización.
Que el Certificado de Tiempo de Servicio, analizado por el tribunal «contiene una
falsedad ideológica parcial» al no tener en cuenta que, si bien es cierto los tiempos
laborados entre el 26 de febrero de 1989 y el 16 de octubre de 1997, son nacionales,
también lo es que a partir del 17 de octubre de 1997, se ejecutó el proceso de
descentralización en el departamento de Santander hasta el 19 de enero de 2003 y
a partir de la misma mutó a municipal hasta el 19 de septiembre de 2017, fecha en
que se expidió el certificado de servicios y en la cual se encontraba laborando en la
«circunscripción territorial del Departamento de Santander, específicamente en el Municipio
de Bucaramanga».
Además, incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio
en relación con: (i) la Resolución 3024 del 11 de agosto de 1997 donde el Ministerio
de Educación Nacional, certificó al departamento de Santander; (ii) el acta mediante
el cual el Ministerio de Educación le entregó el servicio educativo al Departamento
de Santander el 17 de octubre de 1997; (iii) la Resolución 2987 del 18 de diciembre
de 2002 mediante la cual, quedó certificado el municipio de Bucaramanga y; (iv) el
acta del 20 de enero de 2003, en la que fue entregada la educación al municipio;
pues con el análisis de éstas, habría concluido que a partir del proceso de
nacionalización de la educación ocupó a partir de estas fechas, tanto plazas de
carácter departamental, como municipal.
Que resultó desacertada la condena en costas, porque el tribunal omitió realizar un
análisis profundo de la situación de la demandante pues no argumentó sobre la
posición de este en la relación laboral y el carácter dominante del patrono frente a
las precarias condiciones de los educadores. Esto sumado a que, tanto en la
Jurisprudencia del Consejo de Estado como en las actuaciones administrativas,
mediante las cuales se analizaba y concedían en algunos casos las pretensiones
tendientes al reconocimiento de la pensión gracia; generaron expectativas en los
docentes y por ello acudían ante la jurisdicción.
Que además debió atender a los principios de confianza legítima y buena fe, porque
no obran pruebas que permitieran demostrar que la solicitud en el reconocimiento
de la pensión gracia, fue temeraria, sin arreglo a los procedimientos previstos en el
ordenamiento jurídico o de mala fe, pues de conformidad con la normativa
administrativa y constitucional, se procedió a la reclamación del derecho; y tampoco
puede determinarse la causación de los honorarios en el plenario, quedando sin
sustento dicha condena.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
De conformidad con el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, una vez admitido el
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recurso9, la parte demandada10 allegó memorial pronunciándose en esta instancia
con el fin de ratificar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
POSICIÓN DE MINISTERIO PUBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.11
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello en el entendido de que tuvo una
incorporación a la planta de personal docente de una entidad territorial en virtud del
proceso de descentralización del servicio educativo.
Para resolver este problema jurídico, la Sala hará referencia a: i) los aspectos
generales de la pensión gracia aplicables al caso concreto, ii) las implicaciones de
la incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación y finalmente, iii) resolverá el caso concreto.
Marco normativo y jurisprudencial
a. Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para
su acceso
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«[l]os maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «[l]os veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
9 Índice 4 de SAMAI.
10 Índice 5 de SAMAI.
11 Según constancia secretarial que obra a índice 10 de SAMAI.
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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»12. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «[c]uando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
12 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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oficiales en los siguientes términos:«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente
Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1°
de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199713 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
14 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,15 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
15 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
b. Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
En atención a la descentralización planteada en la Constitución de 1991, el
Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, que dispuso la desarticulación
del proceso de nacionalización que imperaba para la prestación del servicio
educativo, para que los entes territoriales se encargaran de la cobertura y la calidad
del servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la
Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de
la respectiva entidad territorial. […]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal serían parte de las respectivas
entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en consecuencia, se
debía adelantar un proceso de incorporación, pues los docentes con la condición de
nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o
distritos, y el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que se
incorporaran como a los que se vincularan después, sería el establecido en la Ley
91 de 1989.
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Aunque como se manifestó la intención la intención de la norma era que más
municipios se hicieran cargo de la administración del servicio educativo, la
legislación soló habilitó a los municipios certificados (con una población superior a
100 mil habitantes) para trasladar directamente los recursos relacionados con el
sistema educativo para invertirse con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral
7 del artículo 16 ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o superior
a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la aprobación del
Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas otorgar a estos municipios
autonomía para la prestación del servicio de educación y la asunción de las
obligaciones correspondientes en las mismas condiciones de los distritos.»
De forma posterior y con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país generados por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el
artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a
los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
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Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora nació el 12 de julio de 1954,16 de modo que cumplió
los 50 años el 12 de julio de 2004.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es centro de
debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial.
No obstante, se comenzará con el período en el que la actora discute que, si bien
al inicio tuvo un vínculo nacional, este mutó a nacionalizado con motivo de sendos
procesos de incorporación por la descentralización del servicio educativo en
aplicación de la Ley 60 de 1993, pues dicho interregno es el de mayor duración y
por lo tanto el más relevante en este punto, pues la determinación de su naturaleza
como nacional sería suficiente para poder tener por no cumplido este requisito y por
tanto convalidar la negativa de las pretensiones.
• Del 26 de febrero de 1989 al 19 de septiembre de 201717
Al respecto, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido el 19 de septiembre de 2017 por la Secretaría de Educación del
departamento, la demandante tuvo una vinculación directa y permanente como
docente oficial con el Ministerio de Educación Nacional durante el mencionado
lapso. Incluso, en dicha prueba se precisa que el tipo de relación legal sostenida
durante aquel interregno fue del orden nacional.
Lo cual la misma señora María Otilia Martínez de López reconoce en el hecho cuarto
de la demanda18 y en su recurso de apelación, solo que precisa que ello tuvo lugar
hasta el momento en que fue incorporado a la planta de personal del departamento,
lo cual ocurrió del 17 de octubre de 1997 al 19 de enero de 2003 con carácter
16 índice 24 SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander- Documento-01DEMANDAYANEXOS(.pdf)
17 Se toma la fecha del 19 de septiembre de 2017 por ser en la que se expide el Certificado de Historia Laboral,
donde precisa que para esa fecha continuaba vinculada y, conforme lo advierte la parte actora en los escritos
petitorios y de apelación.
18 «Mi mandante se vinculó como docente de educación Básica, según resolución No. 23734 del 30 de diciembre
de 1988, expedida por el Ministerio de Educación Nacional tomando posesión del cargo de forma legal el día
26 de febrero de 1989, laborando en el Municipio Villanueva, posteriormente fue trasladada al Municipio San
Gil, y al Municipio del Socorro; y finalmente al Municipio de Bucaramanga mediante Decreto No. 178 del 22 de
diciembre de 1995, tomando posesión el 4 de enero de 1996. Con vínculo nacional laboró hasta el día 16 de
Octubre de 1997»
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departamental y que luego mutó a municipal desde el 20 de enero de 2003 hasta el
19 de septiembre de 2017.
Sobre el particular, si bien no se encuentra en el proceso la copia de los actos
administrativos de nombramiento y posesión de la demandante en calidad de
docente desde las aludidas fechas, lo cierto es que la naturaleza de dicha relación
legal y reglamentaria que tenía al momento de la incorporación sí es posible
extraerla y determinarla como nacional en el presente caso, ello a partir de otros
medios probatorios como certificaciones, constancias y su respectiva valoración
bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue
contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 cuando se señaló lo relacionado con la prueba de calidad de docente
territorial, mismas circunstancias que pueden adaptarse al validar la vinculación de
docente nacional o nacionalizado, pues la regla que dispuso permite adaptar otros
medios de prueba para resolver el caso, tal como lo advirtió en la regla que se
relaciona:
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»
Por lo anterior, se tendrán válidos los certificados allegados al plenario, mediante
los cuales precisan que la señora María Otilia Martínez fue vinculada con carácter
nacional, inicialmente en las instituciones a favor del departamento y luego del
municipio, tal como se aprecia de las siguientes imágenes:
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Pues bien, una vez verificado lo anterior, debe recordarse que la Ley 91 de 1989 en
el artículo 1º dejó claro que un docente nacional es aquel nombrado directamente
por el Gobierno Central, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional […]»
Por lo tanto, en el entendido de que probatoriamente se encuentra demostrado y
sustentado en la situación fáctica por parte de la misma señora María Martínez
detentó una vinculación como docente oficial en virtud de un nombramiento
efectuado por el mismo Ministerio de Educación en una plaza propia, es decir, del
orden nacional, se concluye que el lapso comprendido entre el 26 de febrero de
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1989 al 19 de septiembre de 2017 (28 años, 6 meses y 27 días), no podría ser
tenido en cuenta para colmar la exigencia bajo estudio necesaria a fin de acceder
al derecho en litigio, pues este tipo de relación legal y reglamentaria es incompatible
con la finalidad de la prestación conforme a los presupuestos de la Ley 114 de 1913.
Sin perjuicio de lo expuesto, la parte activa en su recurso de apelación sostuvo que
a pesar de que su nombramiento hubiese sido realizado por la Nación, lo cierto es
que la plaza que ocupaba mutó al orden territorial (departamental) desde el 17 de
octubre de 1997 al 19 de enero de 2003, en la medida en que para esa fecha fue
incorporado a la planta de personal educativo del departamento de Santander
conforme el acta de verificación de requisitos y entrega de bienes, personal y
administración de situado fiscal19, expedida en cumplimiento de la Resolución 3024
del 11 de agosto de 199720, pues dicha entidad había sido certificada para prestar
tal servicio en ese territorio por autorización del Ministerio de Educación, ello al
punto de asegurar que la naturaleza de su vínculo cambió al nivel departamental.
Lo mismo adujo al indicar que según el acta de entrega de la administración del
servicio educativo del departamento de Santander al municipio de Bucaramanga,
la referida autoridad entregó el personal docente al municipio por haber sido
autorizado en virtud de la Ley 715 de 2001 para la prestación del servicio educativo
según la viabilidad de la planta de cargos al servicio municipal aprobado por el MEN
a través de la Resolución 2987 del 200221, por lo que la reclamante afirmó que pasó
de ser un docente departamental a uno municipal, condición que aseveró surgió del
20 de enero de 2003 al 19 de septiembre de 2017.
En tal sentido, la demandante argumenta esencialmente que, al margen de haber
detentado una relación legal y reglamentaria del orden nacional, esta solo tuvo lugar
del 26 de febrero de 1989 al 16 de octubre de 1997, pues desde el día siguiente
hasta la fecha de la presentación de la demanda, el servicio prestado fue como
educador territorial, por lo que estimó que tal tiempo de labor oficial sí debía
computarse para consolidar el derecho a la pensión gracia.
No obstante, si bien es cierto que la descentralización educativa en Colombia
conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del servicio y de
dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, no lo es menos
que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación
inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho
proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción como es el caso de la actora.
19 índice 24 SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander- Documento-01DEMANDAYANEXOS(.pdf)
20 Ibidem
21 Ibidem
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Esto halla sustento en virtud del artículo 6° de la Ley 60 de 1993 que planteó lo
siguiente,
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]». Subrayado y negrilla de la
Sala.
De igual forma, resulta adecuado precisar que los efectos de las aludidas
incorporaciones fueron desarrollados en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001,
para lo cual en el mencionado artículo 34 se dispuso que, « los docentes, directivos
docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno
de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.»
En tal sentido, es claro que el fenómeno en comento no es un fundamento válido
para afirmar que en virtud de las denominadas incorporaciones (que no
corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones legales diferentes), los
docentes que desde el principio eran nacionales y continuaron en ejercicio de su
cargo sin solución de continuidad en las plantas de personal de las entidades
territoriales, pueden modificar la naturaleza de su primera y única vinculación con
desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que se configuraron
para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por una autoridad en
ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el Ministerio de
Educación Nacional.22
Lo propio deberá afirmarse para el caso de la demandante, en el que si bien se
observa que tuvo dos incorporaciones a las plantas de personal de distintos entes
territoriales, a saber, una en el departamento de Santander y otra en el municipio
de Bucaramanga, ello en cumplimiento de los artículos 6º de la Ley 60 de 1993, 34
y 38 de la Ley 715 de 2001, respectivamente, lo cierto es que ninguna de estas
generó el cambio en la naturaleza de su relación legal y reglamentaria original
generada con la Nación, pues la plaza ocupada seguía siendo la misma durante los
extremos temporales bajo estudio.
En todo caso, aun si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación el
centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el origen de los recursos
destinados a financiar los pagos de los maestros oficiales no es criterio suficiente
ni indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos, pues
22 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,
Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.
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para el efecto lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento de
la educadora en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así
como la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería
adecuado afirmar que se dio un cambio de relación legal por las anteriores razones,
habida cuenta de que como quedó demostrado en esta causa judicial, esta se dio
por decisión directa de la Nación a través del Ministerio de Educación.
Respecto del cambio patronal al que hace referencia la demandante en el recurso
de alzada, debe señalarse que, en tratándose de las leyes 60 de 1993 y 715 de
2001, el traspaso o entrega del personal a los entes territoriales debía producirse
ineludiblemente mediante un proceso de incorporación, el cual como se dijo antes,
suponía de un lado que, los departamentos, distritos y/o municipios se debían
reajustar su estructura para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro,
que la inclusión del personal en la nueva planta debía tomarse sin solución de
continuidad, esto es, manteniendo el aspecto formal de los empleos, como lo es la
naturaleza de su vinculación.
Por otro lado, la accionante reprocha la ausencia de valoración, por lo cual acusa
al Tribunal de incurrir en la dimensión negativa del defecto fáctico, que se presenta
cuando se omite o ignora la valoración de una prueba determinante. En este
aspecto, la actora identificó documentos ignorados por la Juez, las actas de entrega
de la planta de personal y las respectivas certificaciones que se efectuaron en favor
tanto del departamento de Santander como en el municipio de Bucaramanga.
Así, esta Sala constata que, efectivamente, el tribunal no valoró en su integridad
las distintas documentales anotadas; sin embargo, lo cierto es que en esta instancia
sí se realizó un análisis sobre estas y, teniendo en cuenta la información que en
ellas se registra se llega a la misma conclusión a la cual llegó el a quo, esto es que,
siempre que la vinculación primigenia sea de carácter nacional por provenir del
Ministerio de Educación Nacional y de forma posterior, en virtud de la Ley 60 de
1993 y/o de la Ley 715 de 2001, se dé una incorporación de dicha plaza a una
entidad de carácter territorial, la naturaleza nacional de la vinculación permanecerá
incólume.
Aunado a ello, en lo relativo a que hubo ausencia de un análisis crítico sobre la
información que reposa en la certificación emitida el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral, la Subsección constata que no aportó
prueba que desvirtúe de manera inequívoca el contenido del documento para que
pueda resultar avante el reproche efectuado en esta instancia, por el contrario, la
información allí contenida quedó ratificada con la situación fáctica analizada, por lo
que no procede lo alegado, pues tanto los tiempos allí relacionados como los que
continuó desempeñando como quedó resuelto, fueron de carácter nacional.
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En ese sentido, aunque el fallador de primera instancia omitió la valoración de
algunas de las pruebas señaladas por la recurrente se encuentra que estas
finalmente no tienen incidencia en el sentido de la decisión, pues, no contaban con
la vocación para modificar la naturaleza del vínculo como erradamente lo indicó
motivo por el cual no se considera que se configure el defecto fáctico anotado.
Por lo tanto, al evidenciar que la vinculación más larga y relevante de la
demandante, sostenida desde el 26 de febrero de 1989 al 19 de septiembre de
2017 (28 años, 6 meses y 27 días), no resulta computable para adquirir una
pensión gracia, se concluye que tampoco satisfizo el requisito de acreditar mínimo
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, de manera que este
solo hecho le impide a la actora consolidar el derecho prestacional solicitado.
Ahora, si bien es cierto la señora María Otilia Martínez de López también detentó
un vínculo como maestra oficial entre el 18 de julio de 1975 y el 13 de agosto de
1978, este período no se analizará respecto de la procedencia de su inclusión para
colmar la presente exigencia normativa, por cuanto tal relación legal y
reglamentaria, así hubiese sido de naturaleza nacionalizada o territorial, solo
equivale en tiempo a 3 años y 26 días, los cuales resultan insuficientes para efectos
del reconocimiento de la prerrogativa bajo estudio.
Bajo tal contexto, en el entendido de que la señora María Otilia Martínez no cumplió
este requisito que es esencial para adquirir el beneficio pretendido, resulta inane
verificar los demás preceptos señalados previamente, pues ante este primer análisis
se corrobora la necesidad de negar el reconocimiento de la prestación reclamada,
de manera que se confirmará la providencia apelada.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia.
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que, para la demandante, no se vislumbra una
conducta inapropiada de su parte, por lo que considera debe ser revocada en este
aspecto.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (13 de abril de 2023).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
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si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los
fundamentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación presentados
por la parte demandante, no revisten una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte interesada en su escrito indicó
razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo se revocará la condena en costas impuesta
en primera instancia y a su vez, se dispondrá no condenar en costas en segunda
instancia.
En tal sentido, se revocará parcialmente el fallo apelado, para ordenar que no
procedía la condena en costas de primera instancia a cargo de la accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 13 de abril de 2023
y, en su lugar, se niega la condena en costas en primera instancia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Omar Trujillo Polanía portador
de la tarjeta profesional 201.792 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad
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de representante de la Sociedad TRUJILLO POLANIA & ASOCIADOS S.A.S y
apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante
escritura pública visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Ana María Londoño, portadora
de la tarjeta profesional 354.136 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de la UGPP conforme al poder de sustitución que le fue otorgado visible
en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
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