Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00280-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2019-00280-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00280-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00280-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: 20 años de servicio en una plaza
nacionalizada o territorial. Subtema 2: vínculo nacional no mutó a territorial por
descentralización de la educación. Subtema 3: no se acreditan los requisitos para el
reconocimiento de la pensión gracia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander1, el 4 de febrero de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al extremo apelante.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Alberto Camargo Díaz solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la
UGPP, entidad que se lo negó con fundamento en que no cumplió los 20 años de
servicio en una plaza departamental, distrital, municipal o nacionalizada, al no ser
posible computar tiempos nacionales y debido a que la descentralización de la
educación no afecta el tipo de vinculación. El demandante aduce que los actos
administrativos expedidos por la UGPP deben ser declarados nulos porque incurrieron
en las causales de nulidad por falsa motivación y por infracción de las normas en que
deberían fundarse, al pasar por alto que en virtud del proceso de descentralización de
la educación su vínculo mutó de nacional a territorial.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Alberto Camargo Díaz radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, el 5 de abril de 20192, en contra de la UGPP, con estas pretensiones:
1
En la sala integrada por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar, como ponente y por Milciades Rodríguez
Quintero y Solange Blanco Villamizar.
2
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 393 del archivo digital.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
i) Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la UGPP que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia: RDP 001259 del 18 de enero de
2017 y RDP 015470 del 17 de abril de 2017.
ii) Como restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP a reconocer a su favor la
pensión gracia de jubilación a partir del 6 de abril de 2016 en cuantía de $2.492.695,38.
iii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar los reajustes del artículo 14 de la Ley 100
de 1993, a ajustar las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC a partir del artículo
187 del CPACA, a dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo
192 del CPACA y a que pague los intereses moratorios como lo autoriza ese mismo
artículo. A su vez, condenar en costas a la UGPP en los términos del artículo 188 del
CPACA3.
2.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
i) Que nació el 9 de diciembre de 1953, por lo cual cumplió 50 años en 2003.
ii) Que fue nombrado a través del Decreto núm. 2341 del 12 de agosto de 1975 por el
gobernador de Santander como director del grupo de escuela, posesionándose en este
cargo el 19 de agosto de 1975, en el cual ejerció hasta el 1 de marzo de 1977 para un
total de 1 año, 6 meses y 11 días, con una vinculación de carácter departamental en
atención al proceso de nacionalización de la educación previsto en la Ley 43 de 1975.
iii) Que el Ministerio de Educación Nacional lo nombró profesor de tiempo completo en
el Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García del municipio del Socorro,
Santander, a través de la Resolución núm. 18816 del 28 de diciembre de 1990, cargo
en el cual se posesionó el 18 de enero de 1991.
iv) Que laboró en este cargo, con un vínculo de carácter nacional hasta el 16 de octubre
de 1997, dado que su vinculación mutó a departamental por mandato de la Ley 60 de
1993, motivo por el cual el tiempo transcurrido, entre el 17 de octubre de 1997, y el 21
de julio de 2016, fue en una vinculación docente de carácter territorial. Por tanto, esta
fracción resulta apta para acceder a la pensión gracia.
v) Que adquirió el estatus pensional el 6 de abril de 2016, cuando cumplió los 20 años
de servicio.
vi) Que el 30 de agosto de 2016 le solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia, sin embargo, esta entidad le negó en las resoluciones RDP 001259 del 18 de
enero de 2017 y RDP 015470 del 17 de abril de 2017 porque el tiempo como docente
nacionalizado solo ascendió a 79 semanas y no se podía tener en cuenta el argumento
de la descentralización de la educación, ya que los recursos con los que se le pagó
provenían de la nación.
3
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, páginas 3 a 67 del archivo digital.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
2.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El actor citó los siguientes artículos: 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288,
356 y 357 de la Constitución política; 3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; 1, 2, 3 y 4 de la
Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 de la Ley 24 de
1947; 4 de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto Reglamentario núm. 1743 de 1966; 1 y 10
de la Ley 43 de 1975; 1, 2, 3, 5 y 6 del Decreto Ley 2277 de 1979; 1 y 15, numeral 2
literal a, de la Ley 91 de 1989; 2, 3, 4, 6,14 y 15 de la Ley 60 de 1993; 42 y 80 del
CPACA; y 14 de la Ley 100 de 1993.
4. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos administrativos
demandados incurrieron en las causales de nulidad por falsa motivación y por
infracción de las normas en que deberían fundarse, por cuanto si bien laboró como
docente nacionalizado, la UGPP dejó de analizar que su vínculo laboral nacional mutó
a departamental a partir del 17 de octubre de 1997, como consecuencia del proceso
de descentralización de la educación.
5. Por estos motivos, cumplió con los requisitos exigidos por la ley para acceder a
la pensión gracia, y destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de forma
unánime, ha reconocido que después de la Ley 60 de 1993 los educadores dejaron de
tener como patrono a la nación, la cual fue reemplazada por los departamentos, los
distritos y los municipios.
2.4. Contestación de la demanda
6. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto el señor Alberto
Camargo Díaz no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia en tanto no
acreditó los 20 años de servicio como docente oficial en una plaza departamental,
distrital, municipal o nacionalizada, sino en una nacional de enero de 1991 a agosto
del 2009.
7. Planteó, como excepciones, la inexistencia de la obligación, el cobro de lo no
debido, la presunción de legalidad de los actos administrativos, la falta de título y
causa, la prescripción, la buena fe y la innominada4.
2.5. Sentencia anticipada de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia anticipada5 el 4 de
febrero de 2022, en la que luego de un análisis de las pruebas aportadas al expediente,
determinó que, aunque el demandante ejerció como docente nacionalizado de agosto
4
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, páginas 483 a 506 del archivo digital.
5
El ponente del Tribunal Administrativo de Santander profirió auto el 5 de mayo de 2021 en el que dispuso que las
excepciones propuestas serían decididas en el fondo del asunto, negó las solicitudes probatorias realizadas por la
UGPP en su contestación ya que las pruebas del expediente eran suficientes para resolver el asunto y tuvo como
pruebas las aportadas con la demanda y la contestación, fijó el litigio e informó que dictaría sentencia anticipada
porque el asunto se enmarcó en lo previsto en el literal a, numeral 1 del artículo 182ª del CPACA. En consecuencia,
les corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión y para que
este último rindiera concepto en el asunto. Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2,
680012333000-2019-00280-00 (Pensión gracia), 32. AUTO RESUELVE EXCEPCIONES Y CORRE TRASLADO -
5 MAYO 2021.pdf.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
de 1975 hasta el 1 de marzo de 1977, el tiempo laborado a partir de 1990 fue de
naturaleza nacional, motivo por el cual no cumplió con el requisito de haber laborado
durante 20 años al servicio nacionalizado o territorial de acuerdo con el artículo 1° de
la Ley 91 de 1989.
9. Para sustentar lo anterior, indicó que el propio demandante aceptó en su
demanda que su nombramiento de 1990 fue nacional, pero aún así pretendía que
estos tiempos se tuvieran como válidos para el reconocimiento de la pensión gracia,
con el argumento de que su vínculo mutó de nacional a territorial desde octubre de
1997, por la descentralización de la educación. De ahí que, el Tribunal aclaró que el
hecho de afirmarse que se descentralizó la educación no eximía al demandante de
probar que la plaza que ocupó era territorial o nacionalizada, de acuerdo con los
lineamientos de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 21
de junio de 2018.
10. Consideró que estos motivos le permitían negar las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la parte demandante en los términos de los artículos 188 del
CPACA; y 365 y 366 del CGP, porque fue vencida en el proceso6.
2.6. Recurso de apelación
11. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
12. En desarrollo de lo anterior, indicó que el Tribunal omitió tener en cuenta que la
plaza que ocupó a partir del 18 de enero de 1991 mutó de nacional a departamental,
con ocasión del proceso de descentralización de la educación.
13. De ahí que, la alteración de su vinculación de nacional a territorial, en el
departamento de Santander, operó por mandato directo del artículo 3 de la Ley 60 de
1993, comoquiera que desde que ocurrió la descentralización, laboró en un plantel y
en una plaza departamental y estuvo en la nómina de esa entidad territorial.
14. Por tanto, el Tribunal estaba obligado a realizar un análisis constitucional y legal
sobre la descentralización de la educación. Dicho análisis le habría permitido
comprobar la existencia de un cambio normativo y determinar que el caso cumplía con
los lineamientos establecidos en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
del Consejo de Estado.
15. De otra parte, expresó que el Tribunal inobservó la normativa y la jurisprudencia
del Consejo de Estado relacionada con la mutación de la naturaleza de los vínculos
laborales docente, con ocasión del proceso de nacionalización de la educación. Y,
adicionalmente, omitió analizar las pruebas aportadas al proceso que eran
determinantes para demostrar que se completaron los requisitos exigidos por las leyes
60 de 1993 y 715 de 2001 para el cambio de naturaleza de su vinculación laboral, lo
cual lo condujo a violar el principio de congruencia, al dejar de pronunciarse sobre la
descentralización de la educación y la incidencia que esta tendría en el caso particular.
6
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 37. SENTENCIA 1 INST PENSION GRACIA - 4 FEB 2022.pdf.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
16. En igual sentido, afirmó que desconocer el proceso de descentralización
conllevó al Tribunal a violar los artículos 1, 285, 286, 287, 356 y 357 de la Constitución
Política, la jurisprudencia constitucional y la Ley 60 de 1993, ya que en virtud de este
proceso las entidades territoriales asumieron el pago de los recursos, ubicaron los
planteles educativos, y las plantas pasaron de ser nacionales o nacionalizadas a
distritales o departamentales.
17. En estos términos, aunque el Ministerio de Educación Nacional lo nombró a
través de la Resolución núm. 18816 del 28 de diciembre de 1990, lo que haría que su
vinculación fuera nacional en los términos del artículo 1° de la Ley 91 de 1989, se
convirtió en docente territorial por virtud de la descentralización de la educación.
18. Sumado a lo anterior, el certificado de tiempos de servicios que expidió la
Secretaría de Educación del departamento de Santander, el 21 de julio de 2016, en su
condición de nominadora, contuvo una falsedad ideológica parcial al catalogar la
totalidad del tiempo ejercido como nacional, aspecto que no fue corregido por el
Tribunal debido a que no efectuó una adecuada valoración de las pruebas incurriendo,
así, en un defecto fáctico.
19. En consecuencia, los servicios que prestó del 18 de enero de 1991 al 16 de
octubre de 1997 fueron de carácter nacional lo que impediría que se tuvieran en cuenta
para el reconocimiento de la pensión gracia, pero esto no era extensible a los períodos
laborados del 17 de octubre de 1997 al 21 de julio de 2016, porque estos sí fueron en
una vinculación territorial.
20. Así las cosas, teniendo en cuenta el periodo laborado de agosto de 1975 hasta
el 1 de marzo de 1977 como docente nacionalizado y, del 17 de octubre de 1997 al 21
de julio de 2016, como territorial, cumplía con los 20 años de servicios exigidos para
ser beneficiario de la pensión gracia.
21. Por último, reparó en que el Tribunal no debió imponer condena en costas en
primera instancia, sin tener en cuenta criterios subjetivos como su posición en la
relación laboral, la confianza legítima y la buena fe predicable de su condición como
docente beneficiario de la pensión gracia. En consecuencia, como no actuó de forma
temeraria o de mala fe, no quedó probada la causación de las costas7.
2.7. Trámite procesal en segunda instancia
22. Mediante auto del 26 de enero de 20238, el despacho ponente requirió al Tribunal
Administrativo de Santander para que allegara la notificación de la sentencia de
primera instancia y, el 2 de mayo de 20249, admitió el recurso de apelación conforme
lo prevé el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021. Determinó que no había lugar a correr traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia, toda vez que las partes no solicitaron la práctica de
pruebas, por lo cual una vez notificado este auto el expediente ingresaría para fallo. A
su vez, requirió a la UGPP para que constituyera un nuevo apoderado en el proceso
de la referencia, toda vez que el abogado renunció al poder conferido.
7
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 40. RECURSO DE APELACIÓN - ALBERTO CAMARGO DIAZ.pdf.
8
Samai, índice 8.
9
Samai, índice 23.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
23. El Ministerio Público rindió el concepto núm. 174 del 24 de junio de 202410, en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda, porque el señor Alberto Camargo Díaz no logró probar el requisito de
haber servido en tiempos nacionalizados o territoriales por 20 años, además de la
mutación de su vínculo nacional a territorial.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
25. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
presentado por la parte actora contra el fallo de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si:
26.¿La plaza que ocupó el señor Alberto Camargo Díaz a partir del 18 de enero de
1991 mutó de nacional a territorial, desde 1997, por virtud del proceso de
descentralización de la educación previsto en las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001?
27. En caso de que la respuesta al problema jurídico planteado sea afirmativa y se
logre constatar que el señor Alberto Camargo Díaz laboró por 20 años de servicios, se
verificará si cumple con los restantes requisitos para ser beneficiario de la pensión
gracia en los términos de la normativa aplicable.
28.Finalmente, se deberá determinar si procede revocar la condena en costas
impuesta en primera instancia.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
29. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
191311, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
30. La Ley 116 de 192812 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
10
Samai, índice 30.
11
Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
12
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
31. Posteriormente, la Ley 37 de 193313 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
32. Por su parte, la Ley 91 de 198914, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
33. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 1015 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
34. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199716, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
13
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional”.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se
les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…)
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la
ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria
oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
35. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201817, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la
regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor
de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980;
haber cumplido cincuenta años de edad; y haberse desempeñado con honradez,
consagración y buena conducta.
36. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas
exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de
los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso
2º de la Ley 24 de 1988).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados18,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas
de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los
educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional y asimismo, este
último, certifica la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y
(ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar (…).
37. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Caso concreto
3.4.1. Primer problema jurídico: prestación de servicios por 20 años en una plaza
nacionalizada o territorial
38. La parte apelante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, toda
vez que los períodos laborados del 17 de octubre de 1997 al 21 de julio de 2016 fueron
con ocasión de una vinculación departamental, por virtud del proceso de
descentralización de la educación previsto en la Ley 60 de 1993.
39. Al respecto, la Sala encuentra demostrado –aspecto que no fue controvertido –
que el señor Alberto Camargo Díaz fue docente nacionalizado del 19 de agosto de
1975 al 1 de marzo de 1977 por nombramiento efectuado a través del Decreto núm.
2341 de 197519 expedido por el gobernador de Santander.
18
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
19
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 155 del archivo digital.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
40. Adicionalmente, que fue nombrado a través de la Resolución núm. 18816 del
28 de diciembre de 1990 como docente en propiedad en el Instituto Técnico Industrial
Monseñor Carlos Ardila Garcia, posesionándose el 18 de enero de 1991, como da
cuenta el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
expedido por la coordinadora de historias laborales de la Secretaría de Educación del
departamento de Santander20 el 21 de julio de 2016.
41. Esta información se corrobora con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Salarios, emitido por la coordinadora del equipo de historias laborales
de la Secretaría de Educación de Santander21 el 31 de mayo de 2016, según el cual
el hoy demandante se desempeñó como docente, con última fecha de ingreso a la
docencia el 18 de enero de 1991, a través de una vinculación nacional, con la cual
fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM).
42. Asimismo, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emanado de la coordinadora de historias laborales de la Secretaría de
Educación del departamento de Santander22 da cuenta que el señor Alberto Camargo
Díaz, a la fecha de expedición del certificado — 21 de julio de 2016 — se encontraba
activo con un régimen de cesantías anual y uno de pensiones nacional.
43. De lo visto, la plaza que ocupó el señor Alberto Camargo Díaz del 18 de enero
de 1991 hasta el 21 de julio de 2016 fue nacional, sin que le asista razón al apelante
cuando sostiene que su nombramiento mutó de nacional a territorial en virtud del
proceso de descentralización de la educación. Dado que, si bien es cierto prestó sus
servicios al departamento de Santander, el fallo de unificación CE-SUJ-SII-11-2018
dispuso que la naturaleza de la plaza docente es lo determinante para el
reconocimiento de la pensión gracia, en los siguientes términos «lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza
a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada»23.
44. De esta forma, la supuesta mutación de su vinculación laboral docente carece
de sustento normativo y respaldo probatorio, ya que, la Resolución núm. 3024 del 11
de agosto de 199724 y el acta de verificación de requisitos y entrega de personal,
bienes y administración del situado fiscal al departamento de Santander, por parte del
Ministerio de Educación Nacional, el 17 de octubre de 199725, acreditan la
incorporación, pero no mutan el nombramiento realizado mediante la Resolución núm.
18816 del 28 de diciembre de 1990.
45. Si se revisa el contenido de estos documentos solo es posible concluir que el
Ministerio de Educación Nacional certificó que el departamento de Santander y el
20
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 183 del archivo digital.
21
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 189 del archivo digital.
22
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, páginas 183 a 187 del archivo digital.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ-01-S2 del 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
24
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, páginas 255 a 259 del archivo digital.
25
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, páginas 209 a 253 del archivo digital.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
municipio de Floridablanca cumplieron con los requisitos que prevén las leyes 60 de
1993 y 715 de 2001 para la prestación del servicio educativo. Y que, en cumplimiento
de lo ordenado se suscribieron las actas respectivas que formalizaron la entrega, en
las que se consignó que para la incorporación de la planta de personal se expidieron
y expedirían determinados actos administrativos respecto de los vinculados.
46. Ahora bien, el fallo de unificación CE-SUJ-SII-11-201826 estableció como regla
para probar la calidad de docente territorial, la que sigue:
Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los
que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar
sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al
cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
47. Así las cosas, aplicadas las reglas de la unificación CE-SUJ-SII-11-2018 al caso
concreto, está acreditado con el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Salarios, que la plaza docente que ocupó el señor Alberto Camargo Díaz fue nacional,
y este hecho no lo desvirtuó la parte actora.
48. Sin embargo, el apelante pretende que se considere que por el simple mandato
legal del artículo 3 de la Ley 60 de 1993 adquirió la naturaleza de docente territorial
una vez surtida la descentralización del servicio educativo, planteamiento que no es
jurídicamente admisible como lo ha reiterado esta subsección al explicar lo siguiente:
[…] Ahora bien, la recurrente alegó que con la descentralización de la educación
dejó de ser una maestra nacional y con ello pasó a formar parte de la planta de
personal del distrito de Bogotá D.C.; al respecto, debe decirse que la
descentralización de la educación no conllevó a que las distintas clases de
maestros hubiesen desaparecido y que, en consecuencia, todos hayan adquirido
el carácter de territoriales27.
En ese sentido, esta Subsección ha reiterado en sendas oportunidades que los
docentes con nombramiento nacional que hayan sido incorporados a las plantas
territoriales en virtud del proceso de descentralización de la educación continúan
con el carácter de nacionales, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional son personal nacional. Además, la nominación es una sola y es
diferente a la incorporación28 […]29.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ-01-S2 del 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
27
«Ver en el mismo sentido las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del
magistrado César Palomino Cortés con radicados 68001-23-33-000-2019-00273-01; 73001-23-33-000-2019-
00122-01; 25000-23-42-000-2018-02378-01; 25000-23-42-000-2018-02547-01; 15001-23-33-000-2018-00683-
01». (Cita textual dentro del texto original).
28
«Sentencia del 25 de agosto en el expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P. César
Palomino Cortés; y del 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022),
citadas en la sentencia del 23 de febrero de 2023 con radicado 41001-23-33-000-2019-00236-01 (1249-2022) y
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.». (Cita textual dentro del texto original).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25
de mayo de 2023, exp. 25000-23-42-000-2018-02469-01. Se transcribe textualmente.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
49. De modo que, si bien es cierto está acreditado que existió un proceso de
descentralización en el departamento de Santander a partir de las pruebas sobre las
cuales el apelante echó de menos una valoración en la primera instancia, no es posible
entender que todos los docentes con una vinculación nacional, como el señor Alberto
Camargo Díaz, adquirieron la connotación de territoriales por mandato directo de la
ley, desapareciendo, así, la categoría de docente nacional; porque esta etapa de la
educación en Colombia no implicó una nueva nominación susceptible de incidir en el
vínculo con el servicio público que ya tenía el docente.
50. Precisamente, aunque la Sala no desconoce el proceso de descentralización de
la educación, la calidad de docente territorial se prueba con la copia de los actos
administrativos o, en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora, de
acuerdo con la regla de unificación establecida en la sentencia CE-SUJ-SII-11-2018.
Por consiguiente, no le asiste razón al apelante cuando afirma que, por virtud de la ley,
las plantas pasaron de ser nacionales o nacionalizadas a distritales o departamentales
y que le bastaba con probar que se cumplieron los requisitos exigidos por las leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, para que su vínculo laboral mutara de nacional a territorial.
51. Por estas razones, no puede validarse que la vinculación del señor Alberto
Camargo Díaz fue territorial porque se incorporó a las plantas docentes del
departamento de Santander conforme a la certificación que recibió la entidad territorial
para operar en el sector educativo, pues si esto se hiciera se desconocerían
pronunciamientos previos de esta corporación, así como las reglas de unificación en
cuanto a la manera de probar la calidad de docente territorial, a partir de las
definiciones de la Ley 91 de 1989.
52. Así las cosas, en este asunto está demostrado que el vínculo laboral del aquí
demandante no mutó de nacional a territorial, ya que a partir de las pruebas aportadas
a este proceso los tiempos de servicios docentes prestados por el demandante, a partir
de su nombramiento en 1990, correspondieron a una vinculación nacional. De suerte
que, no estaría demostrado que ocupó una plaza territorial o nacionalizada del 17 de
octubre de 1997 al 21 de julio de 2016, período en el cual consideró que su vínculo
nacional mutó, lo que imposibilita reconocerle la pensión gracia en los términos del
artículo 1° de la Ley 91 de 1989.
53. Bajo estos supuestos, la sentencia proferida en primera instancia se ajustó a la
normativa y a la jurisprudencia vigente en cuanto a la forma de probar la calidad de
docente territorial, y fue congruente con los pedimentos y lo discutido en el proceso.
De modo que, al no ser posible computar los tiempos servidos por el actor desde 1997
hasta 2016, no se demostró el requisito de haber laborado 20 años al servicio docente
nacionalizado o territorial.
54. En este orden, solo es válido para acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, el tiempo laborado por el señor Alberto Camargo Díaz en calidad de docente
nacionalizado, del 19 de agosto de 1975 al 1 de marzo de 1977, por nombramiento
efectuado a través del Decreto núm. 2341 de 197530 expedido por el gobernador de
Santander, no obstante, este es insuficiente para completar los 20 años de servicios
requeridos.
30
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 155 del archivo digital.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
55. Finalmente, el demandante manifestó que se configura una supuesta falsedad
ideológica en el certificado de tiempos de servicios que expidió la Secretaría de
Educación del departamento de Santander, el 21 de julio de 2016, según el cual su
vinculación docente tuvo un carácter nacional.
56. Al respecto, el Código General del Proceso (CGP), en sus artículos 269 y
subsiguientes, establece las reglas aplicables en materia de tacha de falsedad, al
considerar que «la parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está
suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la
demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia
en que se ordene tenerlo como prueba».
57. Sin embargo, al margen de lo anterior, esta subsección recuerda que la Sala
Plena de lo Contencioso-Administrativo ha sostenido que, para la falsedad ideológica,
a diferencia de la falsedad material, no procede el trámite de la tacha de falsedad
previsto en el CGP como disposición supletiva.
58. De manera que, cuando se alega la configuración de una falsedad ideológica,
la cual atiende a la «la veracidad del contenido del documento, es decir, cuando el
legítimo autor realiza manifestaciones ajenas a la realidad»31, corresponde al juez dar
aplicación al principio de libertad probatoria, esto es, acudir a los restantes medios de
prueba para establecer la veracidad del contenido del documento cuestionado32.
59. A partir de lo anterior, no se puede concluir que el documento señalado por la
parte recurrente adolece de falsedad ideológica, ya que su contenido se valida con el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios expedido por la
coordinadora del equipo de historias laborales de la Secretaría de Educación de
Santander33, con fundamento en el cual se corrobora que el señor Alberto Camargo
Díaz fue docente afiliado con una vinculación nacional, e ingresó por última vez a la
docencia el 18 de enero de 1991.
60. Por estas razones, Alberto Camargo Díaz no acreditó haber laborado 20 años
al servicio docente en una plaza nacionalizada o territorial. De modo que, la Sala esta
relevada para analizar el cumplimiento de los restantes requisitos que le permitirían
acceder al reconocimiento de la pensión gracia reclamada.
3.4.2. Segundo problema jurídico: condena en costas
61. En este punto la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia apelada impuso condena en costas a la parte demandante, sin embargo,
teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se discute esta condena, la
presente providencia acogerá el criterio de interpretación mayoritario34 de la
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019, exp. 11001-
03-15-000-2018-02417-01(PI).
32
Ibidem.
33
Samai, índice 2, ED_DDA_ONEDRIVE_20220929(.zip) NroActua 2, 680012333000-2019-00280-00 (Pensión
gracia), 01. CUADERNO PRINCIPAL .pdf, página 189 del archivo digital.
34
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de ponderación
subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, en
el caso concreto, habrá lugar a revocar dicha condena en atención a que no se advierte
que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite de
las dos instancias. En línea con esto, no habrá lugar a imponer costas en segunda
instancia.
3.5. Conclusión
62. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 4 de febrero de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada por Alberto Camargo
Díaz en contra de la UGPP, por las razones expuestas en esta providencia; y la
revocará en cuanto condenó en costas en primera instancia a la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 4 de febrero de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda, en tanto, se revoca la condena en costas a la parte actora, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en las dos instancias.
TERCERO. Reconocer como apoderado de la UGPP a Omar Trujillo Polania, en su
condición de representante legal de la sociedad Trujillo Polania & Asociados SAS,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.117.507.855 y portador de la tarjeta
profesional número 201.792 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del
poder que obra a índices 28 y 31 de Samai y permítasele el acceso al expediente de
la referencia.
CUARTO. Reconocer como apoderada sustituta de la UGPP a Ana María Londoño
identificada con cédula de ciudadanía número 1.110.582.594 y portadora de la tarjeta
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00280-01 (5226-2022)
Demandante: Alberto Camargo Díaz
Demandado: UGPP
profesional número 354.136 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos del
memorial de sustitución que obra a índices 28 y 31 de Samai, otorgado de conformidad
con los artículos 75 y 77 del CGP.
QUINTO. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
VMP/HDGM
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.