Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2019-00819-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2019-00819-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 68001-23-33-000-2019-00819-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00819-01 (27471)
Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00819-01 (27471)
Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
Demandado: DIAN
Temas: IVA bimestre 1 de 2014. Inspección tributaria. Suspensión término
de firmeza. Servicio excluido de transporte de pasajeros
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que resolvió1:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, formulada por la sociedad
TRANSPORTES CALDERON S.A., conforme lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia procesal a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión […]».
ANTECEDENTES
El 17 de marzo de 2014, TRANSPORTES CALDERÓN SA, presentó la declaración inicial
de IVA del bimestre 1 de 20142, corregida el 5 de junio de 2015, en la que liquidó un
saldo a pagar de $24.849.0003.
El 20 de abril de 2015, la sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta
por el año gravable 20144.
El 17 de marzo de 2017, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en la investigación adelantada
por el impuesto sobre la renta del año 2014, dictó el auto de inspección tributaria
042382017000075.
El 13 de junio de 2017, por auto de apertura 042382017000542, inició investigación
por el programa «INDICIOS DE INEXACITUD», en relación con la declaración de IVA del
bimestre 1 de 20146.
1
Índice 50 en Samai. Primera instancia.
2
Fl. 15 c.a.
3
Fl. 7 c.a.
4
Fl. 5 c.a.
5
Información tomada del informe final de 13 de julio de 2017. Fl. 151 c.a.
6
Fl. 8 c.a.
1
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
El 14 de julio de 2017, la citada división profirió el Requerimiento Especial
042382017000027, notificado el 15 de julio de 20177, en el que propuso disminuir
ingresos excluidos en $922.303.000, adicionar ingresos por operaciones gravadas en
$6.339.080.000, determinar un mayor impuesto generado y la sanción por inexactitud
en $1.014.253.000 (100 %), para fijar un total saldo a pagar de $2.053.355.0008. La
sociedad dio respuesta a este acto9.
El 8 de junio de 2018, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga profirió la Liquidación Oficial de Revisión
042412018000022, en la cual mantuvo las glosas propuestas en el requerimiento
especial10. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración11.
El 10 de junio de 2019, mediante la Resolución 992232019000076, la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos (E) de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central
de la DIAN, confirmó el acto liquidatorio12.
DEMANDA
TRANSPORTES CALDERÓN SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes13:
«PRETENSIONES
PRIMERA – Que se declare la Nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS - REVISIÓN Nº 042412018000022 del 8 de junio de 2018 proferida por la
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA, mediante la cual modificó la Liquidación
Privada de Impuesto a las Ventas por el periodo bimestral 1 del año gravable 2014, al pasar
de un saldo a pagar de $24.849.000=, a $1.039.102.000=, y se sancionó por inexactitud a
la Sociedad en cuantía de $1.014.253.000=.
SEGUNDO- Que se declare Nulidad de la RESOLUCIÓN Nº 992232019000076 del 10 de
junio de 2019, notificada el 27 de junio de 2019, proferida por la SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN DE RECURSOS JURÍDICOS- DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, por medio del cual se resolvió
el recurso de Reconsideración.
TERCERA -Que se declare que el día 20 de abril de 2017 quedó en firme la declaración de
renta año gravable 2014 presentada el día 20 de abril de 2015 por TRANSPORTES
CALDERÓN S.A., como consecuencia de la ausencia del Requerimiento Especial en Renta
que lo exigen los art. 705 y 714 del E.T.
CUARTA- Que como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del Derecho,
se declare la firmeza de la Liquidación Privada del Impuesto sobre las Ventas del periodo
bimestral 1 del año gravable 2014».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
• Artículo 34 de la Constitución Política
7
Fl. 168 c.a.
8
Fls. 157 a 167 c.a.
9
Fls. 170 a 176 c.a.
10
Fls. 54 a 64 c.p.
11
Fls. 409 a 416 c.a.
12
Fls. 37 a 51 c.p.
13
Fl. 5 c.p.
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• Artículos 476 [2], 647, 648, 683, 705, 705-1, 706, 710, 714, 730, 742, 743 y 746
del Estatuto Tributario
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:
Violación de los artículos 714, 705, 705-1 y 706 del ET por indebida interpretación y
aplicación: El requerimiento especial se notificó extemporáneamente, por cuanto la
firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2014 operó el
20 de abril de 2017. Como no se profirió y notificó requerimiento especial en la
investigación abierta por el impuesto sobre la renta, se materializó la firmeza de dicha
declaración y, en consecuencia, la de IVA del bimestre 1 de 2014. La DIAN aplicó
indebidamente la suspensión del término derivada de la inspección tributaria decretada
en renta pues, para que operara, se requería la expedición de un acto previo, con lo
cual la Administración tomó seis meses para extender el término de firmeza de la
declaración de renta de 2014.
Vulneración de los artículos 710 y 730 del ET: Por la extemporaneidad en la notificación
del requerimiento especial de IVA del bimestre 1 de 2014 (15 de julio de 2017), la DIAN
incurrió en la causal de nulidad del artículo 730 [3] del ET, toda vez que, al notificar la
liquidación de revisión el 13 de junio de 2018, lo hizo extemporáneamente, pues el plazo
para hacerlo vencía el 20 de enero del mismo año.
Violación del artículo 476 [2] del ET por indebida aplicación: La DIAN valoró de manera
subjetiva las pruebas aportadas (soportes contables, contratos y anexos de estos,
certificaciones de personal, facturación, entre otras), cuando consideró que el servicio
público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, prestado por la
sociedad en virtud del subcontrato 166000-SC-1459, era un servicio privado gravado
con el IVA a la tarifa general, en cuanto los usuarios del mismo fueron personas con
características comunes y homogéneas (empleados), y no la comunidad en general.
El 100 % de los ingresos generados y derivados del referido subcontrato
correspondieron a la prestación del servicio de transporte especial en la modalidad de
pasajeros, toda vez que la sociedad está habilitada por el Ministerio de Transporte para
ello, servicio que, conforme a la normativa que rige la materia, es calificado como
servicio público; lo previsto en el artículo 4 del Decreto 0348 de 2015, confirma el
adecuado manejo dado por la actora al servicio contratado como excluido de IVA.
La afirmación de la DIAN, según la cual el incluir en las facturas «con o sin conductor»
lleva a concluir que el servicio es de alquiler, no fue discutida antes de la notificación
del requerimiento especial, razón por la cual se aporta certificación de contador y revisor
fiscal, la cual precisa las tarifas que se cobraron por el servicio prestado y que
concuerdan con el contrato, así como la certificación del director del subcontrato quien
explica la razón de ser de la inclusión de dicho texto en las facturas.
Existe diferencia de criterios entre la actora y la Administración en torno a uno de los
elementos esenciales de la obligación tributaria, como lo es el hecho generador, y las
consecuencias que en responsabilidad de IVA se derivan del mismo; para la sociedad,
el servicio prestado en desarrollo del contrato suscrito con CBI Colombiana SA fue de
transporte público terrestre automotor en la modalidad especial de personas, el cual
contó con la habilitación y autorización de la autoridad de transporte pertinente.
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El contrato suscrito entre la sociedad y CBI Colombiana SA (beneficiaria del servicio) y su
apéndice 1, allegados con la inspección tributaria, definieron el alcance general del
servicio contratado para transportar personal del contratista fuera y dentro de sus
instalaciones, con lo cual se especificó el grupo de personas que requirieron el servicio.
Y en la facturación revisada por el personal del contratista no se incluyó transporte de
personal no autorizado por este, con lo cual se cumplió lo establecido en los artículos
3 y 22 del Decreto 174 de 2001.
No se acepta que la DIAN afirme que la única forma de vinculación de los vehículos a
la empresa prestadora del servicio para la conformación del parque automotor es a
través de contratos de colaboración empresarial, porque el requisito para la prestación
del servicio público es que los vehículos estén matriculados como de servicio público
especial, y habilitados por el Ministerio de Transporte como lo indican los artículos 6 y
22 del Decreto 174 de 2001, lo cual ocurrió.
La facturación de los servicios prestados internamente en la refinería «con o sin
conductor» obedeció a los dos tipos de tarifas establecidas en el contrato según el tipo
de vehículo, y al hecho de que no todos los conductores tenían acceso a las
instalaciones, sin que ello cambiara la naturaleza del servicio como excluido y el cobro
sin IVA en la factura.
Vulneración de los artículos 647 y 648 del ET por indebida aplicación: No hay lugar a
imponer sanción por inexactitud, porque de la confrontación de las cifras declaradas
con la contabilidad se concluye que la sociedad no incurrió en omisión de ingresos; lo
que se presentó fue una diferencia de criterios en la aplicación del artículo 476 [2] del
ET.
Violación de los artículos 34 de la CP y 683 del ET: Los actos acusados son
confiscatorios, por cuanto las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones
administrativas adelantadas por los seis bimestres de 2014 ($27.170.196.000), superan el
patrimonio líquido de la sociedad ($10.985.778.000), lo que la lleva a asumir una carga
desproporcionada, que demuestra la intención de la Administración de despojar a la
sociedad y a sus propietarios de sus derechos reales y personales.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó condenar en costas a la
demandante, con fundamento en lo siguiente:
Propuso las excepciones previas de «inepta demanda por indebido agotamiento de la vía
administrativa e indebida acumulación de pretensiones»14.
Hubo indebido agotamiento de la vía administrativa frente al cargo relativo a la
extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial de IVA del bimestre 1 de
2014, y a la presunta firmeza de la declaración de este período, porque en la respuesta
al requerimiento especial y en el recurso de reconsideración interpuesto contra la
liquidación de revisión, la actora se limitó a discutir la operación con CBI Colombiana
SA, en relación con la exclusión de IVA y la sanción por inexactitud, constituyéndose
en un hecho nuevo que no conoció, vulnerándose su derecho de contradicción y
defensa.
14
Documento 13 expediente digital.
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La pretensión de la demanda, en la que solicita que se declare la firmeza de la
declaración de renta del año gravable 2014, no puede ser decidida en este proceso, ya
que los actos administrativos demandados corresponden a la declaración de IVA del
bimestre 1 de 2014, por lo que, de hacerse un pronunciamiento respecto de dicha
petición, se vulneraría el debido proceso de la Administración.
Inexistencia de vulneración de los artículos 710 y 730 del ET: El término de firmeza de
la declaración de renta del año 2014 se suspendió por 3 meses cuando se expidió y
notificó auto de inspección tributaria; como la firmeza de la declaración de IVA depende
de la firmeza de la declaración de renta del mismo año gravable, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 705-1 ib., la notificación del Requerimiento Especial
042382017000027, efectuada el 15 de julio de 2017, se hizo en términos, sin que se
configurara la firmeza de la declaración de IVA, siendo oportuna la liquidación de
revisión.
Inexistencia de violación del artículo 476 [2] del ET: La liquidación oficial se fundamentó
en el artículo 420 del ET y en los conceptos Unificado 00001 de 2003 y 1548 de 2016,
que establecen que el servicio de transporte público terrestre automotor especial está
gravado con IVA a la tarifa general, en cuanto difiere del transporte público de
pasajeros, en el cual prevalece la libertad de acceso en igualdad de condiciones, el
interés general sobre el particular y el precio que es el autorizado y regulado por el
Estado. Aludió a los conceptos 055481 de 2004, 016676 de 2016 y 019658 de 2017 de
la DIAN, y a la Resolución 004693 de 2009 del Ministerio de Transporte.
De las pruebas obtenidas y allegadas al expediente (documentos contables, anexos
entregados por la sociedad y terceros, la declaración, el contrato suscrito con CBI Colombiana
SA y sus anexos, facturación del mismo, habilitaciones de transporte especial, nómina de
conductores, apéndice del subcontrato 1666000-SC1459, su adición y órdenes de cambio,
relación de vehículos propios, entre otras), se constató que el transporte prestado por la
sociedad no podía ser considerado como público, por suplir solo necesidades
exclusivas del contratista conforme a horarios, frecuencias, rutas y precios
internamente pactados: unos con conductor y otros sin él, peajes, diésel y combustible,
que dan cuenta de un servicio gravado.
Del análisis de las facturas del servicio de transporte «con y sin conductor» y de las
certificaciones de contador y revisor fiscal allegadas, se concluyó que existían
contradicciones sobre el hecho de que las facturas impresas «sin conductor» obedecían
a políticas salariales, y no se comprobó que los destinatarios y finalidad del servicio
correspondieran a los regulados en el artículo 3 del Decreto 174 de 2001.
La habilitación de la sociedad para prestar el servicio público es insuficiente, por cuanto
i) no se demostró que el mismo fuera para el público en general, sino para un grupo
específico; ii) se probó que para la prestación del servicio de transporte se utilizaron
vehículos que no hacían parte del parque automotor de la actora, al amparo de
«convenios de colaboración empresarial», que no tenían dicha naturaleza por ser
prestados directamente por personas naturales y no por empresas, y tampoco se
entregaron al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte,
como lo ordena el artículo 24 del Decreto 174 de 2001.
Se constató que los «contratos de arrendamiento y/o servicio de transporte de vehículo
automotor» correspondían a vehículos de personas naturales afiliadas a otra empresa,
o no registrados en la relación allegada por la sociedad, y los identificados como
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efectuados con vehículos propios no fueron con contratos de colaboración empresarial,
sino con contratos de arriendo que no atienden a lo establecido en el artículo 24 del
Decreto 174 de 2001, por lo que el servicio de transporte no era público y, por ende,
gravado a la tarifa general del 16 %.
Inexistencia de vulneración de los artículos 647 y 648 del ET por indebida aplicación:
Procede la sanción por inexactitud, porque en la declaración de IVA del periodo 1 de
2014, la actora incluyó datos equivocados, en cuando no tenía derecho a la exclusión
invocada, la cual debió registrar como una operación gravada, lo que derivó en un
menor saldo a pagar, sin que se presente diferencia de criterio, sino desconocimiento
del derecho aplicable.
Inexistencia de confiscatoriedad en la expedición de los actos administrativos
demandados: Afirmar que la DIAN no puede adelantar la labor de fiscalización, o que
solo puede modificar declaraciones hasta cierta cuantía contraría la sostenibilidad fiscal
del Estado; si la cuantía del proceso es alta, lo es porque los impuestos omitidos
ascendieron a ese valor, sin ser caprichosa la modificación del tributo y la imposición
de la sanción, puesto que se respetó el principio de legalidad y debido proceso.
Se solicita condenar en costas a la demandante con fundamento en el artículo 188 del
CPACA y los artículos 361, 365 y 366 del CGP. Las agencias en derecho no requieren
prueba, pues se causan por el hecho de comparecer al proceso, y se acreditan con la
gestión realizada por el apoderado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 13 de julio de 2022 se declararon no probadas las excepciones previas
formuladas por la demandada15. Y en providencia del 24 de octubre de 2022 se tuvieron
como pruebas las allegadas con la demanda y su contestación, el litigio se concretó en
establecer la legalidad de los actos acusados, y se dio traslado para alegar de
conclusión16.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Santander, negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la demandante, por lo siguiente17:
Conforme a los artículos 705, 705-1, 706, 707, 708, 710 y 714 del ET, a la
jurisprudencia del Consejo de Estado18, y a las actuaciones del proceso, el
requerimiento especial y la liquidación de revisión de IVA por el bimestre 1 de 2014 se
notificaron oportunamente por la suspensión del término dada por la práctica de la
inspección tributaria, sin que se configurara la firmeza de la declaración privada.
La facultad fiscalizadora de la DIAN le permite adelantar las diligencias necesarias para
la correcta y oportuna determinación de los impuestos, dentro de las que se encuentran
15
Documento 26 expediente digital. Decisión que, recurrida en reposición, fue confirmada por auto del 5 de agosto de 2022.
Documento 29 expediente digital.
16
Documento 30 expediente digital.
17
Índice 50 en Samai. Primera instancia.
18
Sentencia del 5 de agosto de 2021, exp. 22105, CP. Myriam Stella Gutiérrez.
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
las inspecciones tributarias, sin que obre prueba de que estas se utilizaran para
actividades distintas a las contempladas en la norma, o para extender términos
perentorios que se encontraban en ejecución.
Para aplicar la exclusión del IVA del artículo 476 [2] del ET, el servicio de transporte de
pasajeros prestado debe ser de carácter público, y no privado, lo cual se puso de
presente en sentencia del 1 de julio de 202119, que avaló el concepto 1548 de 2016 de
la DIAN, donde señaló que, cuando el servicio de transporte se preste en el ámbito
privado en forma exclusiva, no opera la exclusión.
De las pruebas recaudadas (documentos contables, anexos entregados por la demandante
y terceros, las declaraciones tributarias, el contrato suscrito con CBI Colombiana SA y sus
anexos, la habilitación de trasporte especial, nómina de los conductores, facturas por la
prestación del servicio con y sin conductor, certificaciones del contador y el revisor fiscal,
apéndice del subcontrato 1666000-SC1459, su adición y órdenes de cambio, relación de
vehículos propios, entre otras), puestas en conocimiento de la actora para que ejerciera
su derecho de defensa y contradicción, sin que fueran desvirtuadas, se determinó que
el transporte especial analizado no cumplía los requisitos para ser considerado como
un servicio de transporte público y, por ende, no estaba excluido del IVA.
No se desestimó que los «contratos de arrendamiento y/o servicio de transporte de vehículo
automotor», correspondían a vehículos de personas naturales afiliadas a otra empresa,
o no registrados en la relación allegada por la sociedad, y que los identificados como
vehículos propios no obedecen a una colaboración empresarial, sino a contratos de
arriendo que no atienden a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 174 de 2001.
Al no estar excluida del IVA la prestación del servicio de transporte especial por el
bimestre 1 de 2014, la Administración gravó a la tarifa general los ingresos obtenidos
por la actora en la ejecución del subcontrato 166000-SC1459 suscrito con CBI
Colombiana SA, de acuerdo con el artículo 447 del ET.
La habilitación para prestar el servicio público no hace que dicha actividad sea exenta
del IVA, por cuanto no se demostró que incluyera al público en general, sino al «personal
designado para el transporte por el contratista» y «como personal autorizado por ésta última»,
esto es, a un grupo específico, del cual no se probó generalidad.
El análisis que dio lugar a la expedición de los actos demandados está ajustado a
derecho, en la medida que no se logró acreditar que el servicio de transporte especial
cumpliera las condiciones para clasificarse como servicio de transporte público, y en
esa medida, no le aplica la excepción contemplada en el artículo 476 [2] del ET.
La sanción por inexactitud es procedente, porque se probó la omisión de ingresos
derivada de declarar datos equivocados, cuando no se tenía derecho al tratamiento de
excluido, generándose un menor impuesto a pagar. No hubo diferencia de criterios,
pues los hechos y cifras declarados no fueron veraces y completos y la actora no
acreditó el cumplimiento de los requisitos para que operara la exclusión del IVA.
No se vulneraron los principios de no confiscatoriedad y espíritu de justicia, porque las
obligaciones determinadas se sujetaron a las disposiciones que regulan el régimen
tributario, al igual que la sanción impuesta.
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Exp. 22964, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo siguiente20:
El Tribunal, al decidir que el requerimiento especial y la liquidación de revisión de IVA
del bimestre discutido se notificaron oportunamente y que no se configuró la firmeza
de la declaración privada, violó los artículos 705-1, 706 y 714 del ET, pues no se notificó
el auto de inspección tributaria que suspendiera por tres meses el término para la
notificación del requerimiento especial, la cual debió realizarse a más tardar el 20 de
abril de 2017.
La declaración de IVA del bimestre 1 de 2014 quedó en firme el 20 de abril de 2017,
por cuanto el «auto de apertura» se expidió el 13 de junio de 2017, esto es, vencido el
término para hacerlo contado desde la presentación de la declaración de renta de 2014
(20 de abril de 2015) o desde la fecha de presentación de la corrección de IVA (5 de junio
de 2015). Por ello, al expedirse el requerimiento especial por fuera del término legal (14
de julio de 2017), los actos acusados adolecen de nulidad.
El a quo erró al afirmar que el servicio prestado por la actora no cumplía los requisitos
para ser considerado como servicio de transporte público y, por tanto, excluido de IVA,
acogiendo así la tesis de la DIAN -la cual se apoyó en sentencias del Consejo de Estado
proferidas en los años 2017 y 2021, es decir, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos
objeto del presente proceso que datan del 2014-, toda vez que la sociedad tiene como
objeto la prestación de servicios de transporte especial terrestre de pasajeros y estaba
autorizada por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público
terrestre especial de personas, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional.
El objeto del contrato suscrito en 2014 era el servicio de transporte terrestre de
personas vinculadas a la construcción del complejo petrolero en Mamonal, con
trayectos desde Cartagena a la Zona Industrial y viceversa, en varias rutas y horarios,
así como el transporte del mismo personal dentro de las instalaciones del complejo; la
población que usó el servicio de transporte superaba tres mil pasajeros diarios que se
transportaron en vehículos de servicio público y, en consecuencia, con la garantía de
seguros y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte para este servicio, lo que
no ocurre con el servicio privado. El hecho de que sea un servicio especial no implica
que deje de ser servicio público.
Insistió en los argumentos señalados en la demanda frente a la improcedencia de la
sanción por inexactitud.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del 30 de marzo de 2023, se admitió el recurso de apelación y se concedió el
término establecido en el artículo 247 [4 a 6] del CPACA para que los sujetos procesales
se pronunciaran en relación con el mismo21.
20
Índice 53 en Samai. Primera instancia.
21
Índice 6 en Samai. Mediante escrito radicado el 10 de marzo de 2023, la demandante solicitó aplicar el precedente horizontal
contenido en la sentencia del 16 de febrero de 2023, Exp. 26761, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, actor: Transportes Calderón
SA. Índice 4 en Samai.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00819-01 (27471)
Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
La entidad demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y condenar
en costas a la demandante22, para lo cual reiteró los argumentos de la contestación de
la demanda.
El Ministerio Publico solicitó revocar la sentencia de primera instancia23.
Operó la firmeza de la declaración privada pues la Administración, al practicar dos
inspecciones tributarias, adelantó sin eficacia su actuación como lo demanda el artículo
209 de la CP, vulnerándose el plazo consagrado en el artículo 705 del ET para la
notificación del requerimiento especial y, con ello, el debido proceso.
No se demostró que la actora prestara el servicio público de transporte especial para
estar excluido del IVA, toda vez que, de lo pactado en el contrato con CBI COLOMBIANA
SA, se advirtió que el transporte buscaba satisfacer las necesidades exclusivas de los
trabajadores y contratista de la refinería, por lo que se infiere que se está frente a un
contrato de transporte privado.
No procede la sanción por inexactitud, ya que la DIAN no cuestionó la veracidad de las
cifras declaradas, toda vez que el debate se limitó a establecer si el servicio prestado
por la actora era de naturaleza pública o privada, con lo cual faltó el elemento objetivo
de la sanción, presentándose una interpretación distinta de la norma aplicable.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración
de IVA del bimestre 1 de 2014, presentada por TRANSPORTES CALDERÓN SA.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, apelante
única, se debe determinar si se configuró la firmeza de la declaración de IVA del
bimestre 1 de 2014. Dilucidado lo anterior, se debe establecer si el servicio de
transporte prestado por la actora en el periodo discutido estaba o no excluido de IVA.
Teniendo en cuenta la existencia de un proceso adelantado entre las mismas partes,
en el cual se discutió la legalidad de los actos administrativos que determinaron el
impuesto sobre las ventas por el bimestre 3 de 2014, con identidad fáctica y jurídica a
la planteada en este proceso, la Sala reiterará lo expuesto en dicha providencia24.
Firmeza de la declaración de IVA del bimestre 1 de 2014
El a quo y la Administración consideraron que el requerimiento especial y la liquidación
de revisión se notificaron oportunamente por la suspensión del término originada en la
práctica de inspección tributaria, sin que se configurara la firmeza de la declaración.
Para la recurrente, la referida declaración se encuentra en firme, toda vez que, al no
expedirse requerimiento especial en la investigación adelantada por el impuesto sobre
la renta del año gravable 2014, la inspección tributaria practicada en dicho proceso no
suspendió el término de firmeza de la declaración de IVA.
22
Índice 13 en Samai.
23
Índice 14 en Samai.
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Sentencia del 16 de febrero de 2023, Exp. 26761, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, actor: Transportes Calderón SA.
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
La Ley 223 de 1995, con el fin de que la autoridad tributaria pudiera efectuar la revisión
integral de un período gravable, adicionó el Estatuto Tributario con el artículo 705-1,
para sujetar el término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención en la
fuente, a la firmeza de la declaración de renta del correspondiente período, así:
«Artículo 705-1. Término para notificar el requerimiento en ventas y retención en
la fuente. Adicionado por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995. Los términos para
notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del
impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente, del contribuyente, a que se refieren
los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, serán los mismos que correspondan a su
declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente
año gravable».
Las disposiciones a las cuales remite este precepto especial, regulaban para el año
gravable 2014, el término general de firmeza de dos años, contados a partir del
vencimiento del plazo para declarar o de la presentación de la declaración sí había sido
extemporánea, o desde la fecha de presentación de la solicitud de devolución del saldo
a favor, según correspondiera; término que por expresa previsión legal 25 se suspende
por un lapso de tres meses cuando se practica inspección tributaria de oficio.
Acorde con ello, el término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención en la
fuente es el mismo que le corresponda a la declaración de renta del correspondiente
año gravable, computada cualquier suspensión del término que hubiere operado,
conforme con la ley.
Sobre la sujeción de la firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente a
la de la declaración de renta, se pronunció la Sala en sentencias del 5 de agosto y del
21 de octubre de 202126, así: «el artículo 705-1 del Estatuto Tributario se introdujo en nuestro
ordenamiento con el fin de unificar el término de fiscalización de la declaración de renta
con el de las declaraciones de IVA y retención en la fuente del mismo período gravable sin
consagrar excepción alguna, constituyéndose así en la norma especial, posterior en el
tiempo y en consecuencia de prevalente aplicación respecto de la regla de firmeza de
carácter general prevista en los artículos 705 y 714 ibidem».
Entonces, si se suspende el término para notificar el requerimiento especial respecto
de la declaración de renta por ocurrir alguno de los eventos señalados en el artículo
706 del ET, entre ellos, la práctica de una inspección tributaria de oficio, esto aplicará
para las declaraciones de IVA que coincidan con el respectivo período gravable.
Ahora bien, se advierte que la suspensión del término de firmeza no está supeditada a
que se profiera o no un requerimiento especial, como lo plantea la recurrente, pues así
no lo previó la Ley; la suspensión opera sin importar el resultado de la fiscalización, que
puede ser incluso la decisión de archivar; basta con que ocurra cualquiera de los
supuestos previstos en la ley respecto de la declaración de renta, para que opere la
suspensión de la firmeza, como cuando se practica inspección tributaria de oficio, en
cuyo caso, el término para notificar el requerimiento especial se suspende por tres
meses.
En el sub examine están probados los siguientes hechos:
25
Artículo 706 del Estatuto Tributario
26
Exp. 22105 y 25505, y sentencia del 4 de agosto de 2022. Exp. 26525. CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
• El 17 de marzo de 2014, TRANSPORTES CALDERÓN SA, presentó la declaración
inicial de IVA del bimestre 1 de 201427, corregida el 5 de junio de 2015, en la que liquidó
un saldo a pagar de $24.849.00028.
• El 20 de abril de 2015, la sociedad presentó la declaración del impuesto sobre la renta
por el año gravable 201429.
• El 17 de marzo de 2017, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, en la investigación adelantada
por el impuesto sobre la renta del año 2014, dictó el auto de inspección tributaria
0423820170000730.
• El 13 de junio de 2017, por auto de apertura 042382017000542, inició investigación por
el programa «INDICIOS DE INEXACITUD», en relación con la declaración de IVA del
bimestre 1 de 201431.
• El 14 de julio de 2017, la citada división profirió el Requerimiento Especial
042382017000027, notificado el 15 de julio de 201732, en el que propuso disminuir
ingresos excluidos en $922.303.000, adicionar ingresos por operaciones gravadas en
$6.339.080.000, determinar un mayor impuesto generado y la sanción por inexactitud
(100 %) de $1.014.253.000, para fijar un saldo a pagar de $2.053.355.000033. La
sociedad dio respuesta a este acto34.
Se observa que si bien el término de firmeza de la declaración de renta del año gravable
2014 vencía inicialmente el 20 de abril de 2017, dos años después de la presentación
oportuna de la declaración de renta de 2014, este se amplió por tres meses en virtud
de la inspección tributaria decretada y practicada en el proceso adelantado frente al
impuesto sobre la renta del año 2014, con lo cual, se prorrogó el término hasta el 20 de
julio de 2017, firmeza que, como se anotó, era igualmente aplicable a las declaraciones
de IVA cuyos períodos coincidieran con el citado año gravable.
Dado que el requerimiento especial respecto de la declaración de IVA del bimestre 1
de 2014 se notificó el 15 de julio de 2017, fue oportuno. En consecuencia, no prospera
el cargo de la apelación.
Exclusión de IVA para el servicio público de transporte
El Tribunal avaló la tesis de la DIAN, según la cual, de las pruebas recaudadas en el
proceso (documentos contables, contrato suscrito con CBI Colombiana SA, los certificados del
contador y el revisor fiscal, la nómina, la relación de los vehículos y los contratos de
colaboración empresarial y arrendamiento) se evidencia que el servicio de transporte
prestado por la actora en el periodo discutido era de carácter privado y, por ende,
gravado con el IVA, por considerar que el mismo correspondía a las necesidades
privadas de CBI Colombiana SA.
27
Fl. 11 c.a.
28
Fl. 7 c.a.
29
Fl. 5 c.a.
30
Información tomada del informe final de 13 de julio de 2017. Fl. 151 c.a.
31
Fl. 8 c.a.
32
Fl. 168 c.a.
33
Fls. 157 a 167 c.a.
34
Fls. 170 a 176 c.a.
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Demandante: TRANSPORTES CALDERÓN SA
Para dilucidar el debate jurídico, es menester establecer si el servicio de transporte de
personas prestado por la recurrente se enmarca como un servicio público o un servicio
privado, pues la exclusión del impuesto sobre las ventas solo aplica al primero.
En la Ley 105 de 1993 se regularon los principios y el marco normativo general del
sector transporte. En el artículo 3 Ib.35 se estableció la naturaleza pública del servicio
de transporte público, en condiciones de libertad de acceso. Posteriormente fue
expedida la Ley 336 de 1996, en virtud de la cual se adoptó el Estatuto Nacional de
Transporte, normativa que diferenció los servicios públicos y privados de transporte. A
estos efectos, estableció que en los primeros prevalece el interés general sobre el
particular, al paso que los segundos tienden a satisfacer necesidades de movilización
dentro del ámbito de las actividades exclusivas de personas naturales y/o jurídicas.
La Corte Constitucional, al analizar la precitada Ley 336, profirió la sentencia C-033 de
2014, en la cual ahondó en las diferencias entre los servicios públicos y privados de
transporte36. Los primeros caracterizados porque: i) su objeto es la movilización de
personas o cosas de un lugar a otro, a cambio de una contraprestación pactada
normalmente en dinero; ii) cumplen la función de satisfacer las necesidades de
transporte de la comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre
competencia; iii) implican la prevalencia del interés público sobre el interés particular,
especialmente en relación con la garantía de su prestación, la cual debe ser óptima,
eficiente, continua e ininterrumpida; y iv) constituyen una actividad económica sujeta a
un alto grado de intervención del Estado.
Respecto de los rasgos distintivos de los servicios privados de transporte señaló: i) la
actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular dentro de su
ámbito exclusivamente privado; ii) tiene por objeto la satisfacción de necesidades
propias de la actividad del particular y, por tanto, no se ofrece a la comunidad; y iii)
puede realizarse con vehículos propios. Sin embargo, si se requiere contratar equipos,
debe hacerlo con empresas de transporte público legalmente habilitadas.
En el marco de la Ley 336 de 1996 y de la Ley 105 de 1993, se expidió el Decreto 174
de 2001, aplicable para la época de los hechos, mediante el cual se reglamentó el
«servicio público de transporte terrestre automotor especial».
Dicha norma reiteró la diferenciación efectuada por la Ley 336 de 1996, en torno a la
naturaleza pública y privada del servicio de transporte37 y definió el servicio público de
35
«Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o
cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: (…).
2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE:
La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la
vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.
Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio público de transporte, cuando este no sea prestado por los particulares,
o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el servicio
prestado por las entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares.
Existirá un servicio básico de Transporte accesible a todos los usuarios. Se permitirán de acuerdo con la regulación o normatividad
el transporte de lujo, turísticos y especiales, que no compitan deslealmente con el sistema básico. (…)».
36
Esta diferenciación también se encuentra en el Concepto 1740 de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado. CP. Gustavo Aponte Santos.
37
«Artículo 4. Transporte público. De conformidad con el artículo 3o. de la Ley 105 de 1993, el transporte público es una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de
acceso, calidad y seguridad de los usuarios y sujeto a una contraprestación económica.
Artículo 5. Transporte privado. De acuerdo con el artículo 5o. de la Ley 336 de 1996, transporte privado es aquel que tiende a
satisfacer necesidades de movilización de personas o cosas dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas
naturales o jurídicas.
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transporte terrestre automotor especial como aquel que «se presta bajo la responsabilidad
de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas
(prestadores de servicios turísticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que
para todo evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de
transporte y ese grupo específico de usuarios».
Igualmente, precisó esta norma en su artículo 22 que, el servicio especial solo podía
contratarse con empresas legalmente habilitadas y que sería prestado «bajo las
condiciones estipuladas por las partes».
Tras lo anterior, para efecto del impuesto sobre las ventas, el artículo 476 [2] del
Estatuto Tributario determina como excluido el servicio público terrestre de transporte
de personas, por lo que resulta determinante para el caso bajo análisis definir si el
servicio prestado por la actora calificaba en esta categoría y, en consecuencia, podía
tratarse como excluido.
En los antecedentes administrativos obra el siguiente acervo probatorio:
• Resoluciones 486 de 200138 y 44 de 201739, que habilitaron a TRANSPORTES
CALDERÓN SA para prestar el servicio de transporte público terrestre automotor en la
modalidad de pasajeros especial.
• Copia del subcontrato 166000-SC-1459 de 6 de febrero de 2012 suscrito entre la actora
y CBI Colombiana SA con anexos y apéndices40, que da cuenta de lo siguiente: i) el
objeto del contrato es proporcionar los servicios de transporte terrestre de empleados al
contratista, y acorde con los requerimientos del contratante, podían prestarse servicios
adicionales y ajustar la capacidad requerida de los vehículos y las tarifas cargadas, así
como también era posible establecer nuevas rutas y modificar las existentes, y ii) los
servicios se prestaban con y sin conductor, diésel y peajes. En el numeral 2.0 del Anexo
B referente a las «Condiciones Especiales del Subcontrato», se estipula: «El
subcontratista reconoce que el Contratista y el Cliente tienen un Acuerdo (Contrato
Principal) para la Expansión de la Refinería de Cartagena y que el Subcontratista tiene
su Subcontrato para proporcionar los Servicios de Transporte Terrestre de
Empleados como Subcontratista al Contratista bajo el Contrato Principal».
• Convenios de colaboración empresarial suscritos por la actora41 y empresas habilitadas
para prestar el servicio público de transporte que dan cuenta de que se ponían a
disposición de la demandante vehículos autorizados para prestar el servicio de
transporte terrestre a CBI Colombiana SA y otras empresas en la ciudad de Cartagena,
con pacto de pago por mes vencido.
• Contratos de arrendamiento de vehículo automotor autorizado42 para vincular vehículos
al parque automotor de la sociedad con obligaciones recíprocas y pago pactado de
común acuerdo entre las partes.
Destaca la Sala que, en el marco de la anterior normativa especial en materia de
transporte, y muy específicamente del Decreto 174 de 2001, el servicio de transporte
terrestre automotor especial es una modalidad de transporte terrestre público.
Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte
público legalmente constituidas y debidamente habilitadas».
38
Fls. 100-101 a c.a.
39
Fls. 202 a 205 c.a.
40
Fls. 43 a 57 c.a.
41
Fls. 104 a 112 c.a.
42
Fls. 137 a 145 c.a.
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Bajo la anterior premisa, en la medida que un servicio se enmarque en la definición de
servicio público especial, por cumplir las características previstas para el efecto, tendría
la naturaleza de servicio público. En el caso concreto, se encuentra acreditado que:
• El servicio fue prestado bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y habilitada para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor especial, mediante Resoluciones 486 de 2001 y
44 de 2017, aspecto no discutido.
• El servicio fue prestado a un grupo específico de personas: empleados y
contratistas vinculados a la construcción del complejo petrolero en Mamonal, que
requerían un servicio expreso desde Cartagena a la Zona Industrial y viceversa,
así como dentro de las propias instalaciones del complejo.
Contrario a lo afirmado por la DIAN, el contrato determinaba el grupo específico
de personas beneficiarias del servicio de transporte, pues su objeto era movilizar
trabajadores de la empresa contratante. Es de tener en cuenta que el Decreto
174 de 2001, no establece exigencias particulares para la configuración del
grupo beneficiario del servicio. Basta con que confluyan características
homogéneas o comunes para que surja un «grupo» que, para el caso, estaban
dadas por relaciones laborales y contractuales con la contratante del servicio
(CBI Colombiana SA), lo cual no se ve afectado por el hecho de que
contractualmente se haya señalado que se transportaría el personal «autorizado
y designado» por la contratante.
• El servicio se prestó bajo un contrato escrito celebrado entre la empresa de
transporte y CBI Colombiana S.A, empresa empleadora y/o contratante de los
usuarios del servicio de transporte, con vehículos autorizados para tal efecto.
Por lo anterior, para la Sala el servicio discutido cumplía los requerimientos del Decreto
174 de 2001, enmarcándose así, en la definición de servicio público de transporte
terrestre automotor especial.
No se discute que el servicio fue prestado conforme a horarios, frecuencias, rutas y
precios internamente pactados, y facturado en línea con las instrucciones impartidas
por el contratante (con o sin conductor para distinguir la aplicación o no de condiciones
laborales de la contratante), lo cual no lo desnaturaliza como servicio público especial,
como lo pretende la DIAN, como quiera que fue la propia norma reglamentaria la que
determinó expresamente que el servicio especial de transporte terrestre, debía ser
prestado «bajo las condiciones estipuladas por las partes43».
No comparte la Sala el argumento de la DIAN, respecto de que el transporte terrestre
automotor especial (prestado a personas) no se enmarca como transporte público, bajo
el señalamiento de que en el transporte público prevalece la libertad de acceso en
igualdad de condiciones del público en general, y que el precio es regulado por el
Estado. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la categorización del servicio
especial de transporte terrestre automotor, como servicio público, proviene de la propia
norma que regula la materia -Decreto 174 de 2001-; en segundo lugar, que se trata de
un servicio público que presenta unas particularidades especiales determinadas
igualmente por el reglamento y por último, que respecto de este servicio es predicable
43
Art. D 174 de 2001.
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la libertad de acceso, prueba de esto es el hecho de que cualquier grupo de personas
puede acceder al mismo.
No puede desconocerse el carácter de servicio público al transporte terrestre especial
de personas, por el hecho de que el precio no esté regulado por el Estado o no se sujete
a horarios o rutas predeterminadas, cuando fue el marco regulatorio el que le determinó
características y particularidades especiales y lo categorizó como servicio público.
En criterio de la Sala, resulta suficiente todo lo anterior para reconocer en el caso
sometido a análisis, el carácter de servicio público, sin que esta conclusión se vea
afectada porque el servicio se preste con vehículos de terceros, o en virtud de contratos
de colaboración empresarial y/o de arrendamiento, en tanto la normativa no lo restringe:
inclusive debe destacarse que los antecedentes dan cuenta que los vehículos utilizados
estaban vinculados a empresas habilitadas para prestar el servicio público especial de
transporte. La propia liquidación oficial de revisión lo reconoció expresamente en los
siguientes términos: «si bien se observa de la relación de vehículos propios y con convenio
de colaboración empresarial proyecto CBI año 2014 allegados por la investigada y que obra a
folios 329 A 338, que los vehículos con los cuales se prestó el servicio de transporte en el
Subcontrato 166000-SC-1459, se encuentran vinculados a empresas de transporte
habilitadas para prestar servicio público de transporte especial de pasajeros44». (Se
destaca)
Como se observa, el reparo no versó sobre la habilitación de los vehículos con los
cuales se prestaba el transporte, sino sobre «la forma en que fue realizada la operación no
cumple la condición establecida en el artículo 24 del Decreto 174 de 2001, puesto que esta
norma exige que la operación se realice bajo convenios de colaboración empresarial, a través
de las figuras de consorcio, unión temporal y Asociaciones entre empresas, es decir,
directamente con las empresas habilitadas para la prestación del servicio especial de
transporte, y no contratos de arrendamiento con los propietarios de los vehículos, como operó
en el presente caso».
Lo anterior, no corresponde a lo previsto en el artículo 24 del Decreto 174 de 2001, que
específicamente señala: «Convenios de colaboración empresarial. Con el objeto de posibilitar
una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio,
las empresas de esta modalidad podrán realizar convenios de colaboración empresarial bajo
las figuras del consorcio, unión temporal, o asociación entre empresas, previo concepto de
quien solicita y contrata el servicio. Para este caso la responsabilidad estará exclusivamente en
la empresa de transporte contratante. (…)». (Se resalta).
Como se advierte, la disposición consagra a los contratos de colaboración empresarial
como una alternativa; es potestativo (podrán), no es obligatorio hacerlos, como
equívocamente lo plantea la entidad demandada.
Ahora bien, respecto de los contratos de arrendamiento celebrados por la actora, la
liquidación oficial de revisión da cuenta de dos contratos en concreto45:
• «Contrato de arrendamiento suscrito entre HELI CALDERÓN ACELAS, en calidad de
Gerente suplente de la empresa TRANSPORTES CALDERÓN S.A. y VICTOR MANUEL
ECHEVERRI MONSALVE, (…) del vehículo identificado con la placa TVB 672
SERVICIO PÚBLICO (fls 137 a 139)».
44
Fl. 61 c.p.
45
Fl. 61 c.p.
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«Contrato de arrendamiento suscrito entre HELI CALDERÓN ACELAS, en calidad de
Gerente suplente de la empresa TRANSPORTES CALDERÓN S.A. y FABIÁN
ALEJANDRO BERNAL NOVOA, (…) del vehículo identificado con la placa TVB 617
SERVICIO PÚBLICO (fls. 140 al 142)»
De lo anterior, se observa que los vehículos objeto del contrato de arrendamiento eran
de servicio público.
Lo expuesto evidencia la configuración del servicio público de transporte terrestre
automotor de personas, el cual se enmarcaba, para la época de los hechos, en el
artículo 476 [2] del Estatuto Tributario, como excluido del impuesto sobre las ventas. En
consecuencia, prospera el recurso de apelación.
Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
declarar la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración del impuesto
sobre las ventas del bimestre 1 del año 2014, presentada por la actora.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en derecho), comoquiera
que no se encuentran probadas en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1.- REVOCAR la sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar, se dispone:
«ANULAR la Liquidación Oficial de Revisión 042412018000022 del 8 de junio de 2018,
proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos
y Aduanas de Bucaramanga, y su confirmatoria, la Resolución 992232019000076 del 10
de junio de 2019, expedida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos (E) de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.
A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración de IVA del
bimestre 1 de 2014 presentada por TRANSPORTES CALDERÓN SA».
2.- Sin condena en costas.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La presente
providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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