RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2019-00901-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00901-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00901-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR integralmente la sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso instaurado por la señora Eddy Cecilia Pinto Rangel contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - (Fomag), por las razones expuestas en la parte motiva; en su lugar: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 056 del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), por la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional - (Fomag) negó la pensión de jubilación a la demandante. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de jubilación a partir del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), con el 75% de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial, sin que deba acreditar el retiro del servicio docente, conforme a la parte motiva. 21 Número Interno: 4991-2022 Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh. índice final índice inicial La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo 192 del CPACA. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00901-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos mil Veintiséis (2026)

Radicado: 68001-23-33-000-2019-00901-01 (4991-2022)1
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de
1985, (docente vinculado antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003).
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

La señora Eddy Cecilia Pinto Rangel, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No. 056
del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio de la cual le negó
la pensión de jubilación.

1
Expediente electrónico.
2
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 2 a 12.

2

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento, liquidación y pago
de la pensión de jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 91 de
1989; (ii) el pago de todas las sumas que dejó de percibir por concepto de pensión de
jubilación debidamente indexadas; desde que cumplió el estatus de pensionada (55 años
y 20 de servicio), teniendo en cuenta para su liquidación el 75% de todos los factores
salariales durante el año anterior al cumplimiento del estatus, en compatibilidad con el
salario; (iii) reconocer la compatibilidad entre la pensión y el sueldo que cobija a los
docentes con vinculación anterior a la Ley 812 de 2003; (iv) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 CPACA; (v) el pago de los intereses
moratorios causados de conformidad con el artículo 192 del CPACA; (vi) el pago de todas
las mesadas adeudadas, conforme al Índice de Precios al Consumidor y; (vii) se condene
en costas a la demandada.

1.1.2 Hechos

La señora Eddy Cecilia Pinto Rangel, nació el Quince (15) de Agosto de Mil Novecientos
Sesenta y Tres (1963), es decir que, cumplió Cincuenta y Cinco (55) años, el Quince (15)
de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).

Adujo que, laboró como docente al servicio público y, que prestó sus servicios en (i) el
Departamento de Santander, desde el Primero (1°) de Enero de Mil Novecientos Noventa
y Seis (1996) hasta el Treinta y Uno (31) de Enero del Dos Mil (2000); (ii) a la Alcaldía de
Bucaramanga desde el Primero (1°) de Mayo de Dos Mil Tres (2003) hasta el Treinta y
Uno (31) de Diciembre de Dos Mil Tres (2003) y; al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio desde el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Tres (2003) al Dieciocho
(18) de Diciembre siguiente, desde el Seis (06) de Febrero de Dos Mil Cuatro (2004)
hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de Dos Mil Cinco (2005); desde el Veintisiete (27) de
Junio de Dos Mil Cinco (2005) hasta la fecha de presentación de la demanda.

Enfatizó que, ingresó al servicio público de educación antes del Veintisiete (27) de Junio
de Dos Mil Tres (2003), fecha de entrada de la vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir
que, le asiste el derecho pensional, en los términos dispuestos en las Leyes 33 y 62 de
1985 y la Ley 91 de 1989.

Afirmó que, cumplió el estatus pensional, el Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho

3

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

(2018), por lo que, se le debe liquidar su mesada pensional, tomando como base el salario
percibido durante el año inmediatamente anterior, incluyendo la totalidad de los factores
salariales devengados

1.2. Concepto de violación

La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58.
Acto legislativo 01 de 2005.
Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989; 100 de 1993, artículo 279 y; 812 de 2003.
Decretos 2285 de 1955; 224 de 1972; 1042 y 1045 de 1978 y; 2277 de 1979.

Señaló que, la negativa al reconocimiento del derecho pensional constituye una omisión
legal que vulnera el principio de legalidad y puede configurar daño antijurídico conforme
al artículo 90 de la Constitución. Además, indicó que, los docentes vinculados antes del
Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Tres (2003) conservan su régimen especial, y sus
pensiones deben reconocerse conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985, que regulan las
condiciones pensionales previas y más favorables.

Finalmente, adujo que, la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre ellas, la del Quince
(15) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida dentro del expediente con radicado
con radicado 05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), ha reiterado que los docentes
conservan los beneficios pensionales y la compatibilidad entre salario y pensión.

2. Contestación de la demanda3

La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fomag, a través de apoderado judicial,
se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que, la negativa de la pensión
solicitada por la parte actora es legal, pues, la demandante se vinculó como docente
oficial en propiedad en el año 2004 por lo que está sujeta al régimen de la Ley 812 de
2003.

Propuso las excepciones, que denominó: «legalidad de los actos administrativos atacados de

3
Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “ED_20190090100(.zip)”, archivo 10.

4

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

nulidad»; «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico»; y «cobro de lo no debido».

3. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del Once (11) de Marzo de
Dos Mil Veintidós (2022), negó las pretensiones de la demanda, condenando en costas
a la parte demandante.

Como fundamento de la decisión, adujo que, para el Primero (1º) de Abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993,
la demandante contaba con 40 años de edad, toda vez que nació el Quince (15) de
Agosto de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963), y acreditaba 290,71 semanas de
servicios en el sector privado, equivalentes a 5,59 años, según el reporte de semanas
cotizadas expedido por Colpensiones.

Asimismo, indicó que la accionante ha ejercido actividades tanto en el sector privado
como en el público por más de veinte años, dentro de los cuales registra aportes al
FOMAG por más de Dieciséis (16) años en calidad de docente oficial, en virtud de su
afiliación desde el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Tres (2003), precisando que las
cotizaciones previas fueron realizadas ante Colpensiones en el sector privado.

Así las cosas, determinó que, la demandante no es beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes solicitada, toda vez que, al entrar en vigencia dicha normativa
contaba con 40 años de edad y únicamente 5,59 años de servicios, por lo que el
reconocimiento pensional resulta improcedente conforme a lo dispuesto en la Ley 71 de
1988 y el Decreto 2709 de 1994

Finalmente, resaltó que la vinculación a la docencia oficial ocurrió el «04 de marzo de 2003,
esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003», lo que conduce a que el

análisis del reconocimiento pensional deba efectuarse conforme a las disposiciones de
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

4. El recurso de apelación5
4
Actuaciones del Tribunal de origen, índice 00017 de Samai.
5
Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00020 de Samai.

5

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

La señora Eddy Cecilia Pinto Rangel, por intermedio de apoderado judicial, impetró
recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, en procura que se revoque
lo allí decidido y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la alzada, adujo que, el Tribunal aplicó de manera incorrecta el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, los docentes oficiales
no están sometidos a la Ley 100 de 1993 sino a su propio régimen pensional,
fundamentado en la Ley 91 de 1989 y en normas como los Decretos 3135 de 1968 y 1045
de 1978. Asimismo, indicó que, incurrió en error al afirmar que la docente se vinculó
después de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, cuando en realidad su ingreso
ocurrió el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Tres (2003), tres meses antes que dicha ley
comenzara a regir el Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Tres (2003).

En ese sentido, sostuvo que, la actora ingresó al magisterio el Cuatro (4) de Marzo Dos
Mil Tres (2003), es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
concluyendo que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985 y Ley 71
de 1988 para el reconocimiento y liquidación de su pensión de jubilación, es decir, 55
años de edad y 20 años de servicios, en cuantía equivalente al 75% de todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus.

5. Trámite de segunda instancia

Por medio de auto del Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023)6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247
del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó
al Despacho para fallo. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el
Ministerio Público no emitió concepto.

Posteriormente, a través de auto del Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025)7,
el Despacho observó indispensable hacer uso de la facultad oficiosa para esclarecer puntos
oscuros o difusos de la contienda, como lo prevé el inciso segundo del artículo 213 del
CPACA. Por tanto, solicitó a la secretaría de educación municipal de Girón que remitiera: (i)

6
Samai - índice 00005.
7
Samai - índice 00010.

6

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

el expediente administrativo de la señora Eddy Cecilia Pinto Rangel, en el que obre la
totalidad de los actos administrativos de nombramiento y posesión al servicio docente de la
demandante, sea en provisionalidad y/o en propiedad; y, (ii) el formato de la Fiduprevisora
S.A. único actualizado para la expedición de tiempo de servicio para pensión de jubilación
y demás documentos que allí reposen. Asimismo, la remisión no solamente de la actuación
administrativa que dio origen a la Resolución No. 056 del Veintiséis (26) de Marzo de Dos
Mil Diecinueve (2019) que aquí se enjuicia, sino también los posteriores, en caso que
existan, con sus correspondientes antecedentes.

De otra parte, ordenó oficiar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que certifiquen la
situación pensional en la que se encuentra la señora Eddy Cecilia Pinto Rangel y que, en el
evento que tenga reconocida una pensión, solicitó copia del acto administrativo que así lo
establezca.

En ese sentido, la secretaría de educación municipal de Girón, allegó la respuesta
respectiva8. Igualmente, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio9 y la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)10. Luego, se corrió traslado a las
partes y el proceso ingresó al Despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso,
de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32811 del Código General del Proceso
(CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos

8
Samai - índice 00016 y 00017.
9
Samai - índice 00018 y 00019.
10
Samai - índice 00018 y 00021.
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».

7

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde
a la Sala establecer, si se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander,
que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará:

Si a la accionante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
conforme la Ley 33 de 1985, con ocasión del régimen de transición de la Ley 812 de
2003.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Pruebas recaudadas; y 2.3 Caso
concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada con el
75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año» . Posteriormente, sus
derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de
servicio y cumplieran 55 años, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector

8

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 12,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que, la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes”.

12
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.

9

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que, como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que, a través del artículo

8113 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de
incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100
de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que los docentes oficiales

vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de
pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que, “el régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

13
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.

10

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201914,
en la cual, estableció que, para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año15, la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo” 16.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son
beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100
de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81
de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 17. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo
previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las

14
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
15
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
16
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
17
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.

11

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Y de tiempo o semanas: 20
años de servicio con un monto: 75%.con un IBL o Componente temporal del último año
anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la compatibilidad
del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º
de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios, según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y
el monto del que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», contenido en los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado
por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.2. Pruebas recaudadas.

i) Cédula de ciudadanía18 y registro civil19 de Eddy Cecilia Pinto Rangel, que dan cuenta,
que nació el Quince (15) de Agosto de Mil Novecientos Sesenta y Tres (1963).

ii) Certificado de información laboral20 del Dieciocho (18) de Febrero de (2019), en el que
se evidencia que la demandante, trabajó como oficinista III, en la Gobernación de

18
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 17.
19
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 20.
20
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 23.

12

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Santander desde el Doce (12) de Enero de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989)
hasta el Cuatro (4) de Enero del Dos Mil (2000).

iii) Contratos de prestación de servicios suscritos entre la parte actora y el Municipio de
Bucaramanga, para prestar servicios personales apoyando los programas pedagógicos
y académicos de los establecimientos educativos del municipio, así: ii) Contrato No. 33521
del Diecisiete (17) Octubre de Dos Mil Uno (2001) por el término de Dos (2) meses; ii)
Contrato del Treinta (30) de Enero de Dos Mil Dos (2002) 22, con una duración de Cinco
(5) meses y;

iv) Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral del Veintidós (22)
de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019),23 expedido por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio, de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga; que señala que la
accionante prestó sus servicios como docente de secundaria, escalafón 8, nombrada en
provisionalidad desde el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Tres (2003).

21
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», páginas 46 a 47.
22
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», páginas 43 a 44.
23
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 34 a
35.

13

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

v) Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral, consecutivo No.
41 del Dieciocho (18) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019),24 expedido por el Fondo
de Prestaciones del Magisterio, de la Secretaría de Educación Municipal de Girón; que
señala que la demandante prestó sus servicios como docente de primaria, escalafón
3BM, nombrada en propiedad desde el Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Cinco (2005).

vi) Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral del Veintidós (22)
de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019),25 expedido por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio, de la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga; que señala que la

24
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 38 a
39.
25
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 36 a
37.

14

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

demandante prestó sus servicios como docente de primaria, escalafón 2A, en
provisionalidad.

vii) Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) del Cinco (5) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019) 26, que indica que la
actora acreditó 290,71 semanas.

26
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 25.

15

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

viii) Certificado de salarios por parte de la secretaría de educación municipal de Girón
consecutivo No. 4127 del Dieciocho (18) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), donde
se enlista los factores salariales devengados por la actora desde el Primero (1) de Enero
hasta el Treinta (30) Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

ix) Escrito del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)28, a través del cual, la
demandante pidió a la parte accionada, la pensión de jubilación, negada a través de la
Resolución No. 056 del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)29.

x) Certificado de salarios por parte de la secretaría de educación municipal de Girón
consecutivo No.5830 del Once (11) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), donde se
enlista los factores salariales de la accionante desde el Primero (1) de enero hasta el
Treinta y Uno (31) diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017).

2.3. Caso concreto.

En el sub lite se tiene que la demandante, nació el Quince (15) de Agosto de Mil
Novecientos Sesenta y Tres (1963)31, por lo que, cumplió los Cincuenta y Cinco (55) años
de edad, el Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018).

Conforme a las pruebas oportuna y legalmente aportadas al expediente, la señora Eddy
Cecilia Pinto Rangel acreditó los siguientes aportes:

Conforme a la historia laboral emitida por Colpensiones el Cinco (5) de Marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019), la demandante cotizó en el sector privado32, en los siguientes
periodos:

Períodos
TotalDías
Desde Hasta
1/04/00 30/04/00 30
1/05/00 31/08/00 123
1/02/02 28/02/02 28
1/03/02 31/08/02 184

27
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», página 180.
28
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», página 153.
29
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 20.
30
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», páginas 178 a 179.
31
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 17.
32
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 25.

16

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Total: 1 año 365

De los certificados obrantes en el plenario, se evidencia que, la parte demandante
acreditó los siguientes tiempos públicos:

Períodos Total
Empleador Cargo
Desde Hasta Días
Oficinista
Gobernación de Santander33 III 12/01/1989 4/01/2000
4010
Municipio de Bucaramanga34 OPS35 17/10/2001 17/12/2001 62
Municipio de Bucaramanga36 OPS37 30/01/2002 31/01/200238 2
Secretaría de Educación Municipal
Docente 290
de Bucaramanga39 4/03/2003 18/12/200340
Secretaría de Educación Municipal
Docente 481
de Bucaramanga41 6/02/2004 31/05/2005
Secretaría de Educación Municipal
Docente 4798
de Girón42 27/06/2005 15/08/2018
Total: 26 años, 5 meses y 3 días 9643

Para un total laborado y certificado de Veintiséis (26) años, Cinco (5) meses y Tres (3)
días, de tiempos públicos y, Un (1) año de tiempo privado.

Ahora bien, la Sala no realiza el estudio con la Ley 71 de 1988, toda vez que, las
pretensiones están fundamentadas con Leyes 33 y 62 de 1985, así como la Ley 91 de
1989, aunado que, asistiéndole derecho al reconocimiento pensional con ambas normas

33
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 23.
34
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», páginas 46 a 47.
35
Objeto de los contratos: «prestar servicios personales apoyando a los programas pedagógicos y académicos de los
establecimientos educativos del municipio de Bucaramanga. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) desarrollar el objeto
contractual y todos los asuntos; inherentes del mismo, de igual manera, revisar y elaborar la documentación que le sea entregada
para tal efecto. 2) desarrollar de manera independiente las actividades encomendadas […]».
36
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», páginas 43 a 44.
37
Ibid.
38
Solo se tendrá en cuenta hasta este periodo que no presenta superposición con lo certificado por Colpensiones.
39
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 34 a
35.
40
Si bien es cierto, en el certificado de Colpensiones aparecen cotizaciones en los periodos 01/05/2003 al 31/12/2003, tampoco es
menos cierto que, en el formato Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral de la Secretaría de Educación
Municipal ella ya se encontraba vinculada como docente.
41
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 36 a
37.
42
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», páginas 38 a
39.

17

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

(Ley 33 de 198543 y Ley 71 de 198844) y al cumplir el estatus pensional con la edad (55
años), el Quince (15) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), se le aplica la Ley 33 de
1985, que guarda similitud, en su caso por ser mujer, para el reconocimiento pensional,
esto es, edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, máxime, cuando el tiempo público
supera las exigencias previstas en la norma.

En ese sentido, aquellos docentes (oficiales) cuya vinculación sea anterior al Veintisiete
(27) de Junio de Dos Mil Tres (2003) tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación
previstas en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Por su parte, los educadores
que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 9 de la
Ley 797 de 2003).

Así las cosas, dado que, la demandante se vinculó con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
el Cuatro (4) de Marzo de Dos Mil Tres (2003), le resultan aplicables a su situación
pensional, las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y, en ese sentido, al tener más de 55 años
de edad, cumplidos el Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018) y 20 años de
servicios públicos el Diecisiete (17) de Marzo de Dos Mil Doce (2012), tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación, efectiva desde la fecha de adquisición del
estatus jurídico respectivo y liquidada en un monto equivalente al 75% del IBL calculado

43
Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta
y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la
excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso
y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
Parágrafo 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a la pensión de jubilación o vejez, solo se computarán como jornadas
completas de trabajo las de cuatro (4) o más horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no
llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro (4); el resultado que así se
obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.
Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años contínuos o
discontínuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente
Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio,
tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son varones, a una
pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
Parágrafo 3º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión
de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley.
44
Artículo 7 .- A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de
aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho
a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más
si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las
cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.
Decreto 2709 de 1994
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75%
del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

18

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

con el promedio de la asignación básica devengada durante el año anterior a la
adquisición del estatus jurídico pensional.

Vistas así las cosas, le asiste razón a la parte demandante en el recurso de apelación, al
señalar que, el ingreso a la docencia oficial fue antes del Veintisiete (27) de Junio de Dos
Mil Tres (2003), toda vez que, prestó sus servicios en la secretaría de educación del
municipio de Bucaramanga en calidad de docente, y no como equivocadamente lo
concluyó el A-quo, por lo tanto, la accionante tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985.

Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de carácter
imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por los
interesados. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales adeudadas, el
legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan
solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado
la correspondiente reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto
3135 de 196845.

En el caso sub examine y teniendo en consideración el alcance del recurso de alzada
presentado por la parte actora, se tiene que, la demandante adquirió el estatus jurídico
de pensionada el Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), radicó la
correspondiente solicitud de reconocimiento el Seis (6) de Marzo de Dos Mil Diecinueve
(2019) 46, e interpuso la demanda el día Dieciocho (18) de Octubre de Dos Mil Diecinueve
(2019)47, razón por la cual, en la presente oportunidad no se configuró el fenómeno de la
prescripción de mesadas.

La Sala advierte que, si bien el literal g) del artículo 19 de la Ley 4ª de 199248 , se refiere
a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes
oficiales pensionados, no quiere decir que, se excluya de esa prerrogativa a quienes se
jubilen con posterioridad, habida cuenta de que, la norma hace alusión a las disposiciones

45
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ente la autoridad competente
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
46
Índice 002 de Samai, archivo «17RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL49912022RESP(.pdf)», página 153.
47
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «ED_20190090100(.zip)», archivo «01 CUADERNO PRINICIPAL», página 41.
48
«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados».

19

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda
armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón por la cual,
no es dable condicionar la pensión de jubilación de la demandante a la desvinculación
del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de
1989 y demás normas concordantes49.

Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección, en asuntos con
contornos similares ha sido pacífica, al señalar que los maestros oficiales pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad.

Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda, y en consecuencia, se anulará la Resolución No. 056 del Veintiséis (26) de
Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), por medio de cual, la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”,
le negó la pensión de jubilación a la demandante y se ordenará su reconocimiento a partir
del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), con el 75% de los factores
sobre los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en
aplicación de lo consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas posteriores que
creen prestaciones sociales con carácter salarial, sin que deba acreditar el retiro del servicio
docente.

Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la fórmula
según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la
siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse

49
En igual sentido, ver sentencia de esta sala de decisión de (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-
01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.

20

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, se
revocarán las impuestas en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR integralmente la sentencia del Once (11) de Marzo de Dos Mil
Veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso instaurado por la señora Eddy Cecilia Pinto
Rangel contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - (Fomag), por las razones expuestas en la parte
motiva; en su lugar:

DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 056 del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil
Diecinueve (2019), por la cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional - (Fomag)
negó la pensión de jubilación a la demandante.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de jubilación a partir del
Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), con el 75% de los factores sobre
los cuales efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en
aplicación de lo consagrado en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás normas posteriores que
creen prestaciones sociales con carácter salarial, sin que deba acreditar el retiro del servicio
docente, conforme a la parte motiva.

21

Número Interno: 4991-2022
Demandante: Eddy Cecilia Pinto Rangel
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final
índice inicial

La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo
192 del CPACA.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.