Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00918-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00918-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00918-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1 y Municipio de
Floridablanca
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente, Ley
71 de 1988. Sistema General de Seguridad Social creado con la
Ley 100 de 1993. Efectividad de la prestación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Sara Camargo Solano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto de la falta de respuesta a
1
En adelante Fomag.
2
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
la petición presentada el 29 de julio de 2019 por el cual el Fomag le negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley
71 de 1988, esto es con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año
anterior a la adquisición del derecho, a partir del 8 de enero del 2017 «momento en
que cumplió 1000 semanas de cotización, a los 55 años de edad», sin condicionarlo al
retiro del servicio; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de
la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del
fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses
moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; vi) la condena
en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Sara Camargo Solano nació el 8 de enero de 1962.
3.2. Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales3 hoy Colpensiones por 915,71
semanas.
3.3. Fue vinculada como docente oficial el 15 de julio de 2005, y actualmente continúa
desempeñándose en el cargo.
3.4. El 29 de julio de 2019 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes de la Ley 71 de 1988; sin embargo, a través del acto acusado, la entidad
negó tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15 de la Ley 91 de
1989, 6 de la Ley 60 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003;
y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003; y la Ley 115 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:
3
En adelante ISS.
4
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ED_001FOLIOS1112PD», páginas
3 a 12.
2
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
5.1. Se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003 y realizó aportes al antiguo
ISS, por lo que puede beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003 y del artículo 7 de la Ley 71 de 1988; este último es aplicable a todos los
servidores públicos de la rama ejecutiva. Además, desde el 15 de julio de 2005
hasta la presentación de la demanda, se desempeña como docente oficial.
5.2. El reconocimiento de la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 100 de
1993, vulneraría de manera directa las disposiciones establecidas en la
normatividad docente, en especial la Ley 812 de 2003, que permite haber laborado
antes del 2003 para acogerse a las prerrogativas de la Ley 71 de 1988, norma que
exige a los docentes que demuestren una actividad laboral con aportes al ISS antes
del 26 de junio de 2003.
1.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Santander, profirió sentencia el 23 de julio de 2021,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
8.1. Para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
Sara Camargo Solano acreditó 32 años de edad teniendo en cuenta que nació el 8
de enero 1962; y un tiempo de servicio en el sector privado de 376.28 semanas, por
un periodo de 8 años, tal y como consta en el reporte expedido por Colpensiones.
8.2. Durante su vida laboral se ha desempeñado en el sector privado y público por
más de 33 años, de los cuales registra aportes al Fomag por más de 15 como
docente oficial, dada su afiliación desde el 18 de julio de 2005.
8.3. La demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes que reclama, puesto que, al momento de la entrada en
vigencia de dicha norma, únicamente acreditaba 32 años de edad y 8 años de
servicio, razón por la cual su reconocimiento pensional es improcedente a la luz de
la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
5
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «ED_0092019091800RE».
3
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
8.4. Su vinculación a la docencia oficial se produjo en el año 2005, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite afirmar
que el estudio para el reconocimiento de la pensión debe realizarse teniendo en
cuenta las disposiciones contenidas en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
1.4. El recurso de apelación
9. Sara Camargo Solano presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente6:
9.1. Al 8 de enero del 2017 contaba con más de 55 años de edad. Además, laboró
por más de 20 años en entidades públicas y privadas, por ello cuenta con 915.71
semanas aportadas al ISS hoy Colpensiones, equivalente a 17 años, 9 meses y 22
días; los cuales fueron laborados entre el 5 de marzo de 1986 y el 30 de junio del
2005.
9.2. Fue nombrada en provisionalidad desde el 18 de julio de 2005 hasta la
actualidad, y acumuló más de 23 años de servicio. Así las cosas, cumplió con el
requisito señalado en la norma, esto es, 20 años de servicio y 55 de edad, el 8 de
enero de 2017, siendo esta la fecha de su estatus pensional.
9.3. Por remisión directa del artículo 81 de la Ley 812 del 2003, ha de entenderse
que la norma aplicable al caso en concreto es la Ley 71 de 1988, pues está en
concordancia con lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985, las cuales establecen
una pensión equivalente al 75% como ingreso base liquidación, que debe estar
conformada por todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio.
9.4. Si la docente se encontraba laborando con anterioridad al 26 de junio del 2003
y estaba realizado aportes a alguna caja de previsión del sector público o el ISS hoy
Colpensiones, debe respetársele el régimen de transición que contiene el artículo
81 de la Ley 812 del 2003 y, en consecuencia, se debe acudir a la Ley 71 de 1988.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.
6
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «ED_011APELACIONNYRR».
7
Tal y como se indicó en el auto del 20 de mayo de 2022. Índice 6 de Samai.
4
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
11. Sin
embargo, Sara Camargo Solano presentó escrito en el cual reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación8.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia9.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer lo siguiente:
13.1. ¿Sara Camargo Solano es beneficiaria de la transición prevista en el artículo 81
de la Ley 812 de 2003 que permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes
oficiales?
13.2. De ser negativa la respuesta anterior se determinará ¿si es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 o si, por el contrario, le es aplicable el
sistema integral de seguridad social previsto en esa normativa?
8
Índice 11 de Samai.
9
Así se desprende del informe secretarial del 8 de julio de 2022. Índice 12 de Samai.
10
Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
5
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte11. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas12.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción13. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»14. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos15. Está integrado por dos regímenes
11
Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
12
Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
13
El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
14
Preámbulo y artículo 6.
15
Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
6
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200316.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
16
Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
Nacional sustitución de pensiones
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199317 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen
a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas
en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria
o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se
dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos
a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben
demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para
los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen
constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de
un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
17
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
9
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de
1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia
de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993
consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara
que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo
115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de
pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33
de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley
6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones
‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.»
26. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
27. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.2. Interpretación del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989
en concordancia con lo regulado en las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
28. En cuanto a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales,
de conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala considera que es procedente su
aplicación, por las razones que se presentan a continuación y cuyo fundamento es
lo hasta ahora expuesto:
29. La primera razón tiene que ver con la intención que tuvo el legislador al
establecer en el numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los
docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»
la cual permite concluir que la expresión también incluyó el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988. Es así por cuanto en el debate legislativo del proyecto que condujo
a la expedición de la Ley 91 de 1989, al explicar el sentido del artículo 15, señaló:
10
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
«[e]l principio de iniciación prestacional o de régimen único es relativo y se entiende de
la siguiente manera: Todos los maestros colombianos, con excepción de los del nivel
superior o universitario, vinculados a la nación, de conformidad con las leyes vigentes, a
partir del 1 de enero de 1990, quedarán sometidos al sistema prestacional y de cesantías
aplicable a los empleados públicos del orden nacional […] [a]cerca del articulo 15
habría que referirse finalmente a dos aspectos: La Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al
beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los
servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo
permite»18 (se destaca).
30. De la sustentación en cita se infiere que para el legislador era innecesario
«repetir» de forma taxativa las disposiciones de la Ley 71 de 1988 o señalar la
remisión directa a esta dentro del texto de la Ley 91 de 1989, pues consideró que
aquellas se entendían incluidas dentro «del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional» al cual remite la segunda. En ese orden, es inviable
interpretar que al régimen pensional al que se refiere esta última es solo el de la Ley
33 de 1985. Aceptar ello equivaldría a restringir el campo de aplicación que el
legislador quiso darle al enunciado, máxime cuando no especificó, ni en la
exposición de motivos del proyecto de ley ni en su texto, qué parte de la Ley 71 de
1988 era aplicable y cuál no. Por ende, debe deducirse que se refería a toda.
31. Lo anterior concuerda con la segunda razón que permite asegurar que la Ley
71 de 1988 sí gobierna a los docentes por remisión del artículo 15.2 literal b) de la
Ley 91 de 1989. Este otro motivo se refiere a que aquella (incluido su artículo 7) de
manera explícita señaló que regula las pensiones de todos los servidores públicos,
sin excepción. En ese orden, también es un régimen aplicable a los empleados de
carácter nacional, por lo que encaja en el supuesto normativo contenido en la última
ley mencionada que remite para efectos pensionales de los docentes al «régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional». El que la ley se aplique
también a trabajadores particulares no le quita este alcance y descifrarlo de este
modo desconoce su propio campo de reglamentación.
32. Ciertamente, el contenido de la Ley 71 de 1988 modificó las leyes19 que regían a
todos los servidores públicos en lo relacionado con el reajuste de las pensiones, su
monto máximo, las reglas de su sustitución, el momento a partir del cual puede
disfrutarse su pago y el derecho a la reliquidación de quien continuó en el servicio.
Lo anterior significa que sus postulados abarcaron a todos los trabajadores que
encajan en la categoría de servidores públicos.
18
Ponencia para primer debate proyecto de Ley 49 de 1989 Senado «por la cual se crea el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», página 5, Anal 103 del Congreso de la
República del 17 de octubre de 1989.
19
Leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
33. Esto último también se predica del contenido de su artículo 7, puesto que el
nuevo régimen de pensión de jubilación por aportes no lo enfocó a un sector
determinado de los servidores públicos y, por el contrario, los incluyó a todos, al
prescribir que se aplicaría a los «empleados oficiales». Ello se refuerza con lo
explicado en los debates parlamentarios examinados con anterioridad y que dan
cuenta de que la norma buscó beneficiar a todos los trabajadores de los sectores
público y privado. Entonces, si legislador no señaló en la disposición normativa que
una parte de estos sería excluida del beneficio pensional, el intérprete no puede
darle ese alcance, pues del artículo no se desprende regla alguna que así permita
inferirlo.
34. Para la Sala, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales»20 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
35. Si bien la última expresión entre comillas puede dar lugar a la confusión referida,
en su entendimiento armónico con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 debe prevalecer
la interpretación que más garantice los derechos de los docentes en virtud del
principio de favorabilidad en materia laboral, según el cual cuando exista más de
una posible interpretación de una norma debe escogerse aquella que mayor
provecho otorgue al trabajador21. En ese orden, la que más se ajusta a la protección
de su derecho pensional es la que se afirma en esta providencia, pues amplía su
grado de protección pensional. Por consiguiente, debe inferirse que el texto
normativo también remite al artículo 7 de la Ley 71 de 1988.
36. Este último argumento se relaciona directamente con la tercera razón que avala
20
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión
docente» los clasificó en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».
21
«[…]el principio de favorabilidad se utiliza en las situaciones en las que se presenta duda sobre
cuál es la disposición jurídica aplicable al momento de resolver un asunto concreto. La existencia de
este conflicto se da cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al momento de
causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su solución. En virtud del principio de
favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que le represente mayor provecho
al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social (…) Igualmente, puede aplicarse
este principio cuando una norma admite más de una interpretación, caso en el cual siempre habrá
de escogerse aquella que es más favorable al trabajador». Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-
15) CE-SUJ2-010-18.
12
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
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la tesis de aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 a los docentes vinculados con
anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 y que consiste en afirmar que la
ley fijó unos derechos pensionales que no pueden ser desconocidos a ningún
servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11, analizado antes
en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7 por
ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de
1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985,
comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y sustituciones
pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los niveles».
37. En este sentido, se debe destacar que la expresión «derechos mínimos» prevista
en este artículo fijó una base de protección de las garantías pensionales en favor
de todos los servidores públicos que no pueden ser desconocidas a un sector de
estos so pena de afectar su posibilidad de acceder a la pensión, lograr su reajuste
y sustitución. Por consiguiente, dejar de aplicar a los docentes el artículo 7 de la Ley
71 de 1988 suprimiría uno de esos derechos esenciales a los que se refiere el
artículo 11 ibidem, por cuanto se les impediría completar el requisito de aportes o
tiempo de servicios con la acumulación de los prestados en el sector privado y en
el público sin justificación constitucional o legal alguna.
38. Aunque puede afirmarse que ese derecho se garantiza con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que si el docente
cumple con los requisitos allí establecidos, como cualquier servidor público, accede
a los beneficios de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que una exégesis en esa dirección
va en contravía del querer del legislador de darle un tratamiento diferenciado y más
favorable en materia pensional a los docentes oficiales cuya razón de ser radica en
la naturaleza de la labor que desempeñan, que es única y que consiste en enseñar
en los planteles oficiales de educación22.
39. En esa línea, someterlos a que se rijan por el régimen transicional aludido
conlleva los siguientes efectos:
39.1. desconoce que el hecho de ser «docente oficial» otorga por sí mismo el derecho
22
En efecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan
normas sobre el ejercicio de la profesión docente» señala que es docente quien ejerce «[…]la
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación». La Ley 115 de 1994 en su artículo
104 los define como «[…]el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales,
culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad». Y el Decreto 1278 de 2002 Por el cual se
expide el Estatuto de Profesionalización Docente» en el artículo 4 como quienes «[…] desarrollan
labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos
en su proceso enseñanza aprendizaje […]».
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a regirse por el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 porque esta categoría hace parte de
los «empleados oficiales» a los que gobierna, incluidos los «del sector público nacional»
a los que se refiere el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989;
39.2. contradice el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1 del
Acto Legislativo 01 de 2005 que exoneraron de la aplicación de la Ley 100 de 1993
a tales docentes con el único requisito de ser vinculados antes del 27 de junio de
2003 sin supeditarlo al cumplimiento de otros, como puede ser que hubiesen
cotizado de manera exclusiva en el sector público;
39.3. impone a los docentes cargas adicionales para acceder a la pensión por aportes
que el legislador no previó y que pone en riesgo su derecho en caso de no
completarlas; y
39.4. desmejora su monto pensional al someter la pensión a una liquidación con el
IBL previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de
transición excluyó este aspecto como beneficio al aplicar el régimen anterior23.
40. Lo anterior lleva a la cuarta razón que sustenta la tesis de esta providencia y
que hace referencia a que no hay un mandato legal que disponga que los docentes
oficiales deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector
público para que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen
pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral
referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1° de enero de 1981 o del 1° de enero de 1990. En ninguno
de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia
oficial.
41. Si bien el numeral aludido indicó que «cuando se cumplan los requisitos de Ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año», lo cierto es que no especificó que la noma que contenía tales
requisitos era solo la Ley 33 de 1985. Esta expresión debe ser entendida en conjunto
con la que señala a continuación la norma y que reza que «[e]stos pensionados
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional », que,
según se ha expuesto, comprendió también a la Ley 71 de 1988 por quererlo el
legislador y porque se aplica a todos los servidores públicos sin excepción y, por lo
tanto, encaja en el supuesto de ser un régimen aplicable a los empleados del sector
nacional, además de contener los derechos mínimos pensionales en su favor.
23
Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, radicado 52001-23-33-000-2012-00143-0 y C-258 de 2013.
14
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
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42. Así las cosas, el cumplimiento de «los requisitos de Ley» no puede limitarse a los
fijados en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que exige 20 años de servicio en el
sector oficial, por cuanto no es la única ley a la que remite el numeral citado. En
consecuencia, exigir que el docente debió, para ser beneficiario de las disposiciones
del artículo 15.2 literal b) de la Ley 91 de 1989, ejercer durante ese periodo mínimo
la docencia en el sector público es un requerimiento ajeno al entendimiento integral
que debe hacerse de esta norma. Una interpretación en esa dirección se reitera, va
en contravía del principio de favorabilidad al elegirse una comprensión más gravosa
para el docente y, además, se adiciona la norma con un requisito que no fue fijado
por el legislador.
43. Bajo estos parámetros, el artículo 15 numeral 2 literal b), de la Ley 91 de 1989
es aplicable a un docente oficial vinculado a partir del 1° de enero de 1981 hasta
antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), que
acumuló cotizaciones en otros empleos tanto del sector público como del privado,
pues la prerrogativa surge del hecho de ser docente oficial en tales circunstancias
y no existen otros requisitos en la ley para tal efecto.
44. La quinta razón que sustenta la tesis aquí planteada se refiere a que, si bien la
Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por sus reglas
todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en actividades
que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente,
ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones », lo cierto es que
tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a
los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las
leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
45. Ciertamente, si bien la naturaleza de la función docente no se exceptuó
expresamente del régimen general de pensiones ni se les impusieron condiciones
especiales distintas de las de la Ley 33 de 1985, fue el propio legislador el que
permitió que también se rigieran en materia pensional por esta última norma, al
prescribir que esta se aplicaba a todos los empleados oficiales, a través de la Ley
71 de 1988. En ese sentido, se fijó otra salvedad que permitió que los docentes no
se rigieran exclusivamente por la Ley 33 de 1985 y es aquella en la que se pretenda
acumular tiempos privados y públicos de servicio. Afirmar lo contrario conllevaría a
aceptar que ningún empleado público puede ser regido por la Ley 71 de 1988 y que
solo tendrían derecho a ello los que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 exceptuó de
su aplicación, conclusión que desconoce el contenido de la primera ley mencionada.
46. Las cinco razones presentadas permiten concluir que la regulación prevista en
los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
1989 sí permite la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes oficiales, incluido
su artículo 7.
2.2.2. Régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988
47. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes», por la cual se
permitía que las personas que hubieran efectuado cotizaciones durante el tiempo
laborado como empleados públicos y privados pudieran obtener la pensión de
jubilación sumando tiempos del uno y del otro. Lo anterior, respondió a la dificultad
que imponían las normas que se habían expedido con antelación y que regulaban
en forma separada el régimen pensional de cada uno de estos sectores.
48. Así, el artículo 7 de la norma, permitió que la prestación se obtuviera con la suma
de los tiempos de cotización y de servicios de los «empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer».
49. Ahora bien, la Ley 71 fue reglamentada inicialmente por el Decreto 1160 de 1989
y posteriormente por el Decreto 2709 de 1994, que señaló lo siguiente:
«Artículo 6°. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las
excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8°. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».
50. La anterior disposición fue expresamente derogada por el artículo 24 del Decreto
1474 de 199724. Sin embargo, dicha derogatoria fue anulada por esta Sección
mediante la sentencia del 15 de mayo de 201425, por considerar que desconocía la
24
por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748
de 1995 y se dictan otras disposiciones.
25
Sentencia del 15 de mayo de 2014, radicado: 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011),
C.P. Gerardo Arenas Monsalve
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
finalidad del régimen de transición como mecanismo de protección ante el cambio
legislativo. Como argumentos para tal decisión se expusieron los siguientes:
«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se
destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por
aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la
Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía
reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
(inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).
Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no
solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un
régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo
para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una
normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la
facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios
de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen
de transición pensional».
51. Así las cosas, comoquiera que la norma había cobrado vigencia a partir del tal
declaratoria de nulidad, la Sección Segunda consideraba que la regla jurídica para
determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen
de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la
establecida en el referido artículo 6.º del Decreto 2709 de 1994, esto es que se
debía liquidar con el 75 % del salario promedio que había servido de base para los
aportes durante el último año de servicio.
52. El criterio de la corporación era congruente con la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del 4 de agosto de 2010, que señalaba que la liquidación de la
pensión correspondía al 75 % de lo devengado por el trabajador en el último año de
servicio. No obstante, esta postura ha sido recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, con lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201826, a partir de la cual el Consejo de Estado se inclinó por la taxatividad
de los factores de salario y concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas que se benefician de este.
53. Así, a efectos de determinar el IBL de las personas beneficiarias de la transición
prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplica como
régimen anterior la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, se deben
seguir la regla y las subreglas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 proferida por la Sala Plena de la Corporación,es decir, que el IBL
debe establecerse en los términos del inciso 3.º del artículo 36 o del artículo 21 de
26
Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: Sara Camargo Solano
la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo
6.° del Decreto 2709 de 1994.
54. Respecto de la entidad competente para el pago de la pensión de jubilación bajo
el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994
dispuso:
«Artículo 10. Entidad de previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes,
siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido
mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será
reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor
tiempo de aportes.
Parágrafo. Si la entidad de previsión obligada al reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes es la Caja Nacional de Previsión Social, el pago de dicha
prestación lo asumirá el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional a partir de 1995.
Si las entidades de previsión obligadas al reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes son del orden territorial, dicha prestación, en el evento de liquidación de las
mismas, estará a cargo de la entidad que las sustituya en el pago».
55. De acuerdo con lo anterior, la regla especial de competencia para el
reconocimiento y pago de las pensiones de jubilación por aportes recae en la última
entidad de previsión social a la que el trabajador estuvo afiliado, siempre y cuando
el tiempo de vinculación hubiese sido igual o mayor 6 años, continuos o
discontinuos. De lo contrario, dicho reconocimiento corresponderá a la entidad o
fondo en el cual se haya realizado el mayor aporte.
2.2.3. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
56. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron «determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196027, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo28». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197229
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
27
Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
28
Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
29
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
57. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
58. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
59. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó30:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
19
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Demandante: Sara Camargo Solano
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
60. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
60.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: «a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
60.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que «[e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
60.3. El artículo 19 de Ley 344 de 199631 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
61. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
62. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
31
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
20
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
requisitos de un régimen determinado.
63. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
64. Resulta claro entonces que los servidores públicos podrán disfrutar de la pensión
solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; no obstante, la Ley 344 de 1996
dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente.
65. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
21
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Demandante: Sara Camargo Solano
200232 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de jubilación,
vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones docentes o
directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre otros, por
obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
66. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
67. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»33.
68. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
69. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
69.1. Sara Camargo Solano nació el 8 de enero de 1962, según consta en su cédula
de ciudadanía34.
32
«Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
33
Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
34
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ED_001FOLIOS1112PD», página
46.
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Demandante: Sara Camargo Solano
69.2. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
de la Secretaría de Educación del Floridablanca, expedido el 5 de julio de 2019,
prestó sus servicios en esa entidad territorial como docente desde el 18 de julio de
2005, y se encontraba activa a la fecha de expedición del documento35.
69.3. Contaba con 915,71 según el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones,
expedido el 7 de mayo de 201936.
69.4. El 29 de julio de 2019 solicitó al Fomag el reconocimiento de una pensión de
jubilación37.
2.3.2. Análisis sustancial
2.3.2.1. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación. Tiempo de servicio. Sobre el beneficio previsto en la Ley 812 de
2003
70. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Sara Camargo Solano prestó
sus servicios así:
Total tiempo de
Entidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
servicios
5 de marzo de 30 de junio
Colpensiones 915,71 semanas 17 9 20
1986 de 2005
Municipio de
Floridablanca - 18 de julio de 5 de julio 13 años 11 meses 17
Docente 13 11 17
secretaría de 2005 de 2019 días
educación
30 20 37
1 1 /30
31 21 1,23
/12 7
1,8
9
71. De acuerdo con lo anterior, acreditó 31 años, 9 meses y 7 días de tiempo de
servicio. Sin embargo, no cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de
35
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ED_001FOLIOS1112PD», páginas
27 a 35.
36
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf «ED_001FOLIOS1112PD», página
30.
37
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf « ED_001FOLIOS1112PD », páginas
64 a 69.
23
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Demandante: Sara Camargo Solano
la Ley 812 de 2003, por cuanto no estuvo vinculada al servicio público educativo
oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, esto es al 27 de junio
de 2003, de manera que no resultaba beneficiaria del régimen de transición fijado
en ese aparte normativo.
72. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el legislador a través de la Ley 100 de 1993 creó «el sistema de seguridad
social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad
social» el cual se aplicaría a «todos los habitantes del territorio nacional», con excepción
de, entre otros, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, esto es los docentes oficiales.
73. La anterior excepción se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, con la cual los maestros oficiales fueron incorporados al sistema de régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003; sin
embargo, el legislador, con el fin de proteger las expectativas de quienes hasta ese
momento habían prestado sus servicios al magisterio, estableció un régimen de
transición, según el cual, esta reforma solo le sería aplicables a quienes a partir del
27 de junio de 2003 se vincularan al servicio público educativo oficial.
74. El anterior régimen de transición fue reiterado por el constituyente derivado, a
través del Acto legislativo 1 de 2005, al señalar que «[e]l régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» [Se resalta].
75. Así las cosas, se advierte que el querer del legislador y el constituyente derivado
fue incorporar a los docentes oficiales al sistema regulado en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, quienes, hasta ese momento, se encontraban excluidos por
disposición expresa. Por lo que, debe entenderse que el régimen de transición
referido solo estaba dirigido a quienes, antes del 27 de junio de 2003, habían
prestado sus servicios como docentes oficiales.
76. En esa línea, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-014 -
CE-S2 del 25 de abril de 2019, precisó que para efectos de establecer el régimen
prestacional aplicable a los docentes se debía tener en cuenta la fecha de
vinculación al servicio público educativo oficial, en el entendido de que:
i) quienes se hubiesen vinculado con anterioridad al 27 de junio de 2003 [fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812] se les aplicaría aquellas disposiciones que regían
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a los servidores públicos del orden nacional; y ii) quienes se vincularan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812, se les aplicaría el régimen
pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de la edad.
77. Ahora bien, de acuerdo con lo probado en el proceso, se encuentra que la
demandante se vinculó por primera vez como docente oficial el 18 de julio de 2005
y aunque acreditó aportes previos a esta fecha, de acuerdo con los documentos
aportados, estos no tuvieron origen en la prestación del servicio educativo de ese
orden. Así las cosas, le asiste razón al a quo en el sentido de que no acreditó una
vinculación como docente oficial anterior al 27 de junio de 2003, por cuanto, este es
el único requisito establecido por el legislador para ser beneficiario de la transición
de la Ley 812 y como consecuencia pretender el reconocimiento pensional bajo las
disposiciones que le eran aplicables a los servidores públicos del orden nacional
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
78. En el recurso de apelación, la demandante sostuvo que, para beneficiarse de la
mencionada transición, era suficiente acreditar una vinculación o aportes con
anterioridad al límite temporal establecido en la Ley 812 [la fecha de su entrada en
vigencia], sin embargo, omitió que no se trata de cualquier vinculación, sino que
esta fue calificada de manera expresa por el legislador, esto es, debe ser al servicio
público educativo oficial, lo cual no fue acreditado en el sub judice.
2.3.2.2. Sobre la aptitud legal para el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes para los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993
79. Elreconocimiento de la pensión por aportes también procede para los
beneficiarios de la transición de la Ley 100 de 1993, esto es, para quienes de
acuerdo con el artículo 36 «al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados».
80. Sin embargo, la demandante no era beneficiaria de esta transición, puesto que
al 1° de abril de 1994 solo completó 6 años, 10 meses y 27 días de cotizaciones y
tenía 32 años, 2 meses y 24 días de edad. Lo anterior, si se tiene en cuenta que
estos fueron los tiempos cotizados en el sector privado:
Total tiempo de
Empleador Desde Hasta Años Meses Días
servicios
5 de marzo de 30 de noviembre
Coruniversitaria Ltda 8 meses 25 días 0 8 25
1986 de 1986
25
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16 de febrero de 30 de noviembre
9 meses 14 días 0 9 14
1987 de 1987
8 de marzo de 30 de noviembre
8 meses 22 días 0 8 22
1988 de 1988
1 de marzo de 6 de diciembre de
9 meses 5 días 0 9 5
1989 1989
23 de febrero de 30 de noviembre
9 meses 7 días 0 9 7
1990 de 1990
8 de febrero de 1 de diciembre de
9 meses 23 días 0 9 23
1991 1991
16 de agosto de 8 de agosto de
Indesco 11 meses 23 días 0 11 23
1991 1992
4 de diciembre de 28 de febrero de 10 años 2 meses
Durán Trujillo Astol 10 2 24
1992 2003 24 días
1 de marzo de 31 de diciembre de
Municipio de Florida 9 meses 30 días 0 9 30
2000 2000
Colegio Sagrado 1 de marzo de 30 de junio de 2 años 3 meses
2 3 29
Corazón 2003 2005 29 días
12 77 202
6 6 /30
18 83 6,73
/12 22
6,9
11
81. Así las cosas, aun cuando completó más de 18 años de servicios en el sector
privado, al 1° de abril de 1994, no tenía los 15 años exigidos en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, a la demandante no le asiste el derecho a acceder
a la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 71 de 1988, al
no ser beneficiaria del régimen de transición previsto en la referida Ley 100.
2.3.2.3. Verificación de los requisitos previstos del régimen de prima media
82. Si bien la demandante pretendió el reconocimiento pensional con fundamento en
la Ley 71 de 1988, régimen del cual, como se explicó, no era beneficiaria, la Sala
no pasa por alto la obligación de estudiar la solicitud pensional con base en las
disposiciones que le eran aplicables.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
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83. Sobre el particular, esta Corporación38 ha expresado que el juez administrativo
está en el deber de interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y
no simplemente aplicar el principio de justicia rogada lo que es consecuente con el
deber de administrar justicia dispuesto en la Constitución Política, con el principio
de prevalencia del derecho sustancial y con el derecho de acceder a la
administración de justicia39.
84. Si bien, el litigio no giró alrededor de la aplicación del régimen de prima media
creado con la Ley 100 de 1993, lo cierto es que sí se pretendió el reconocimiento
de una pensión, lo que, a juicio de esta Subsección impone el deber de analizar la
situación del peticionario a la luz de las normas que le sean aplicables con miras a
establecer si podía o no beneficiarse de la prestación que fue reclamada. No puede
desconocerse entonces que se trata del reconocimiento de una pensión de
jubilación que se constituye en la materialización de derechos fundamentales a la
seguridad social y la vida digna. A juicio de la Corte Constitucional «los artículos 48 y
49 de la Carta Política establecen la seguridad social por un lado, como un derecho
irrenunciable, y por otro lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura
de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva
ejecución»40, lo que se traduce en un deber para las autoridades administrativas y
judiciales de atender y, como consecuencia, retirar los obstáculos formales que le
impidan su satisfacción.
85. En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional para indicar que la
aplicación de tal principio no significa la imposición de un «límite a la labor
interpretativa del juez, cuando su aplicación al caso concreto restringe la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2), la prevalencia del
derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo (art. 228) y el acceso a la administración
de justicia (art. 229)» pues lo contrario conduciría a la adopción de decisiones
judiciales incompatibles con el ordenamiento jurídico, especialmente, cuando con
su aplicación irrestricta se afecta el goce efectivo de los derechos fundamentales,
de normas y principios constitucionales, la real relación jurídico procesal entre las
partes, los derechos humanos y normas de derecho internacional humanitario y, en
general la aplicación de normatividad relevante para la resolución de los asuntos
que competen a la jurisdicción41. Maxime cuando en los asuntos bajo análisis están
en juego la protección de los derechos constitucionales a la seguridad social, la
38
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2018, radicado: 11001-03-25-000-
2013-00171-00(0415-13), C.P. Sandra Lisseth Ibarra
39
Sobre el particular se pueden consultar las sentencias de 27 de enero de 2000, proferida en el
expediente 10867; de 20 de enero de 2006, proferida por la Sección Quinta, en el expediente 3836;
de 23 de febrero de 2010, proferida en el expediente 2066; de 11 de septiembre de 2013, proferida
en el expediente 20601.
40
Sentencia T-164 de 2013
41
Sentencia SU061 de 2018
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Demandante: Sara Camargo Solano
protección y asistencia a las personas de la tercera edad y la vida digna.
86. En efecto, en estos asuntos cobra mayor relevancia el análisis cuidadoso de la
normativa y jurisprudencia aplicable al asunto del peticionario que espera acceder
al beneficio pensional, deber que impone a las autoridades administrativas como
judiciales de examinar su historia laboral de cara a determinar el régimen que le
permita acceder a una prestación que proteja el riesgo al que se está enfrentando,
en este caso, la vejez. No puede desconocerse entonces que la seguridad social es
un servicio de carácter obligatorio [en los términos del artículo 48 Constitucional]
que debe proporcionarse bajo la dirección, coordinación y control del Estado, «en
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley»; lo que se traduce en un imperativo para todos los servidores
públicos de garantizar su prestación que, además, se constituye en un derecho
irrenunciable, por lo que la falta de mención del régimen aplicable al asunto, no
puede servir como excusa para dejar de analizar y, si es del caso, reconocer a fin
de otorgarle garantía a este derecho fundamental.
87. De acuerdo con lo anterior, la omisión del peticionario en señalar el régimen que
a la postre le resulte aplicable, no es óbice para dejar de examinarlo y, si es del
caso, reconocerlo. Lo anterior de manera alguna desconoce derechos y garantías
procesales, ni implica desatender el privilegio previo de un pronunciamiento de la
administración, pues desde la petición inicial reclamó el reconocimiento de una
pensión de jubilación.
88. Así pues, esta Subsección ha considerado que la administración está en la
obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales, teniendo en
cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y no solo las normas a que aluda el
solicitante, por lo que en el instante en el que se le pone de presente una situación
pensional antes de acudir al juez, no solo se le da la oportunidad de pronunciarse
de manera previa, sino que se le reclama su análisis a la luz de la normatividad que
le sea aplicable.
89. En tal sentido, también ha considerado que no se desconoce el principio de
justicia rogada ni el privilegio previo de la administración al analizar la situación del
peticionario de acuerdo con disposiciones que no fueron alegadas en sede
administrativa cuando se reclama el reconocimiento de una pensión, pues es un
deber del Estado en general, proteger el derecho fundamental a la seguridad social,
sin establecer talanqueras que impidan su materialización.
90. Así las cosas, se procederá a verificar si Sara Camargo Solano acreditó los
requisitos previstos para el reconocimiento pensional de conformidad con el régimen
de prima media, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 33 de la Ley 100
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Demandante: Sara Camargo Solano
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, así: i) 57 años de edad
(de acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003); y ii) haber cotizado un mínimo
de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales, a «partir del 1o. de enero del año
2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 ».
91. En cuanto al requisito de la edad: Sara Camargo Solano nació el 8 de enero
de 1962, por lo que cuenta con más de 57 años de edad (los alcanzó el 8 de enero
de 2019).
92. En cuanto a las semanas cotizadas: de acuerdo con los mencionados
requisitos, en la medida en que adquirió la edad exigida para efectos del
reconocimiento con posterioridad al 1° de enero de 2015, deberá verificarse si
acreditó haber cotizado un mínimo de 1300 semanas. Al respecto en el expediente
se observa que completó 31 años, 9 meses y 7 días de servicio, lo que equivale a
1649 semanas.
93. De acuerdo con lo anterior, cuando cumplió 57 años (según el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003) contaba con un total aproximado de 1649 semanas cotizadas, por
lo que acreditó los requisitos previstos en el régimen de prima media para efectos
del reconocimiento pensional.
2.3.2.4. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión
94. Al respecto, la Sala se permite reiterar que el propósito del legislador ha sido
permitir que aquellas personas con derecho a una pensión de vejez y que se
desempeñen como docentes oficiales, puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que
por ello deba restringirse la efectividad de la pensión. Por tal razón, no es dable
condicionar el reconocimiento de la prestación a la desvinculación del servicio.
95. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado42 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
42
En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
29
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Demandante: Sara Camargo Solano
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»43.
96. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»44 [Se resalta].
97. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera
que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»45.
98. En este punto resulta necesario precisar que el artículo 15, numeral 3, literal b),
de la aludida Ley 91 dispuso que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes; y ii) aquellos que
ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tendrían
derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de
pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª
de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de
la Ley 33 de 1985.
99. Además, el artículo 6 de la Ley 60 de 199346 dispuso la incorporación del personal
docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la
conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas
vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
46
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
30
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o
el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia
de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado
fondo. Sobre el particular, el Consejo de Estado47 precisó que «los docentes
nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales
de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en
cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a
la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades locales
no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones
dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-
1 de la Ley 100/93».
100. Ahora bien, la Ley 344 de 1996 sí mantuvo la vigencia de la aludida
compatibilidad pues aun cuando ordenó que la asignación pensional se pagara
después de haberse producido la terminación de los servicios, advirtió que esto se
daría «[s]in perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994»
que, como se dijo, permiten la compatibilidad entre el salario y la pensión; y de
acuerdo con la Real Academia Española, la expresión sin perjuicio de significa
«dejando a salvo»48.
101. Así pues, en lo concerniente al argumento de la demandante sobre la
compatibilidad entre la pensión y el salario del docente, la Sala advierte que el
Decreto 2709 de 1994, por el cual se reglamentó el artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
en su artículo 2 establece:
«Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación por
aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio.
Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez,
vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones
previstas en la ley».
102. La disposición transcrita al expresar «salvo las excepciones previstas en la ley»
reconoció la existencia de situaciones en las que un pensionado bajo ese régimen,
podía recibir mesada pensional sin necesidad de acreditar su retiro del servicio,
como en efecto lo estableció el legislador a favor de los docentes oficiales, desde el
año 1972, razón por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación de la
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
48
https://dle.rae.es/perjuicio#31keUjC
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
demandante a la desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su
prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes49.
103. En tal medida, la demandante tiene derecho a que se le reconozca el derecho
pensional con efectividad desde el momento en que adquirió el estatus jurídico, sin
que se le condicione al retiro del servicio por no ser incompatible con el ejercicio
de la docencia.
104. Por consiguiente, la pensión aquí reconocida es compatible con el salario que
devenga Sara Camargo Solano mientras continúe en el ejercicio de la docencia
oficial, no lo será en otro tipo de empleos. Lo anterior, toda vez que se pudo verificar
que al 5 de julio de 2019 [fecha de expedición del último certificado laboral] se
encontraba activa en el servicio educativo oficial.
2.3.2.5. Sobre la prescripción de los derechos en litigio
105. Como se expuso, Sara Camargo Solano alcanzó el estatus jurídico de
pensionada en virtud del régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003, el 8 de enero de 2019, fecha en la que completó
los requisitos de edad y tiempo de servicio señalados en la norma; y, comoquiera
que presentó la reclamación ante la autoridad administrativa el 29 de julio de 2019,
se advierte que no se configuró el fenómeno prescriptivo del derecho.
106. Así las cosas, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar se anulará el acto administrativo acusado,
a través del cual se negó el reconocimiento pensional. A título de restablecimiento
del derecho se condenará al Fomag a reconocer y pagar a la demandante la pensión
de jubilación con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la
fecha en la que adquirió el estatus, con el monto que corresponda de acuerdo con
el número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar el 80% de la
asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados en el Decreto
1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado.
2.4. Costas
107. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
49
En igual sentido, ver sentencias de esta sala de decisión de (i) 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (ii) 25
de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
32
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Demandante: Sara Camargo Solano
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
108. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
109. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.
110. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
111. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
112. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que comoquiera que la
demandante se vinculó al servicio público educativo oficial el 18 de julio de 2005,
esto es con posterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no era
beneficiaria de las prerrogativas previstas en su artículo 81.
113. Sin embargo, le asiste el derecho al reconocimiento pensional con base en el
régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que para el caso
de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres.
50
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
33
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
114. Por lo anterior, se revocará la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda y
en su lugar se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y se
condenará al Fomag a reconocer y pagar a la demandante la pensión de jubilación
con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la
que adquirió el estatus, con el monto que corresponda de acuerdo con el número
de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar el 80% de la asignación
básica mensual y demás factores expresamente regulados en el Decreto 1158 de
1994, percibidos en el periodo previamente señalado, sin que deba acreditar el retiro
del servicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, que denegó las pretensiones de la demanda
presentada por Sara Camargo Solano, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia, y en su lugar se dispone:
Segundo. Declarar la configuración del acto ficto presunto negativo producto del
silencio de la administración en torno a la petición presentada el 29 de julio de 2019
por medio del cual Sara Camargo Solano solicitó el reconocimiento de la pensión
de jubilación.
Tercero. Declarar la nulidad del acto ficto presunto negativo producto del silencio
de la administración en torno a la petición presentada el 29 de julio de 2019 por
medio del cual Sara Camargo Solano solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar al Fomag a reconocer y pagar a la demandante la pensión de
jubilación con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha
en la que adquirió el estatus (8 de enero de 2019), con el monto que corresponda
de acuerdo al número de semanas cotizadas que, en todo caso, no podrá superar
el 80% de la asignación básica mensual y demás factores expresamente regulados
en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo previamente señalado, sin que
sea necesario acreditar el retiro del servicio.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00918-01 (1175-2022)
Demandante: Sara Camargo Solano
Quinto. El Fomag hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, en
consideración a los índices de precios al consumidor (IPC) certificados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y mediante la
aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el
artículo 192 del CPACA.
Séptimo. No condenar en costas en esta instancia.
Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
(MGFS/SLVA)
35
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