Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00933-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00933-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2019-00933-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gloria Inés Montes Vera presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 3[6]3 del 27 de septiembre de 2019, por medio del
cual la Secretaría de Educación de Bucaramanga le negó el reconocimiento de una
1 En lo que sigue Fomag.
2 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
pensión de jubilación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
básico y demás factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento
del estatus pensional en su condición de docente oficial, de acuerdo con la Ley 33
de 1985; ii) el reajuste dispuesto en la Ley 71 de 1988; iii) la indexación de las sumas
reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 189, 192,
194 y 195 del CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Gloria Inés Montes Vera nació el 24 de noviembre de 1962.
3.2. Prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación de
Floridablanca entre el 1° de febrero de 1991 y el 7 de noviembre de 2002.
Posteriormente, fue nombrada en provisionalidad entre el 4 de marzo de 2003 y el
1° de febrero de 2006, y en propiedad desde el 9 de febrero de 2006 hasta el 1° de
agosto de 2019.
3.3. El 12 de agosto de 2019, solicitó ante la Secretaría de Educación de
Bucaramanga, Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento
de la pensión de jubilación; sin embargo, a través del acto acusado, la entidad negó
tal petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la
Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 81 de la Ley
812 de 2003; parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005; y 1, 2 y 36,
literal f), del Decreto 2277 de 1979.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Su vinculación como docente fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, razón por la cual para su situación pensional eran aplicables las
leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y no el régimen general previsto en la Ley 100 de
1993. En tal sentido, cumplió con los requisitos para acceder a la prestación
3 Índice 21, Samai de Tribunales y Juzgados, link expediente digital OneDrive, archivo
«001Demanda.pdf.».
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
reclamada cuando acreditó 55 años de edad y 20 de servicio.
5.2. Quienes se vincularon a la docencia oficial con anterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, tendrían derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de
1985 o en la Ley 71 de 1988, mientras que quienes lo hicieron con posterioridad,
eran beneficiarios de los derechos pensionales dispuestos en las leyes 100 de 1993
y 797 de 2003.
5.3. Prestó sus servicios antes del 27 de junio de 2003, por lo que podía beneficiarse
de las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 y comoquiera que acreditó los requisitos
para la pensión que esta norma estableció, al haber cumplido más de 20 años de
servicio y contar con la edad de 55 años debió reconocerse su derecho prestacional.
Por lo tanto, quedó excluida del régimen general de la Ley 100 de 1993, tal y como
lo consideró el Consejo de Estado en el concepto emitido el 10 de septiembre de
2009 por la Sala de Consulta y Servicio Civil4.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente5:
6.1. Elacto administrativo demandado se ajustó al ordenamiento jurídico y, al
momento de la solicitud de reconocimiento pensional, la demandante no había
acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación,
toda vez que, aunque contaba con un tiempo de 20 años de servicio solo tenía 55
años de edad.
6.2. Lo anterior, porque el régimen prestacional aplicable a los docentes afiliados al
Fomag es de carácter especial y depende de la fecha de vinculación al servicio
oficial. En ese sentido, i) quienes ingresaron antes del 27 de junio de 2003 se
encontraban sometidos al régimen anterior, esto es, el «establecido en la Ley 91 de
1989 y demás normas aplicables hasta ese momento»; ii) aquellos vinculados a partir
de esa fecha se regían por la Ley 100 de 1993 y las modificaciones de la Ley 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación para los docentes
hombres y mujeres es de 57 años.
6.3. En esa medida, «el acto administrativo demandado fue expedido con observancia del
régimen salarial y prestacional aplicable al docente, sin embargo, este no acreditó en sede
administrativa que cumplía con los presupuestos legales para acceder al reconocimiento y
4 «C.E. consejero Ponente: DR. Enrique José Arboleda Perdomo. Radicación Número: 11001-03-06-
000-2007-00084-00(1857)».
5 Índice 21, Samai de Tribunales y Juzgados, link expediente digital OneDrive, archivo
«005ContestaciónDemandaMinEducación.pdf».
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
pago de la pensión de jubilación» (sic).
6.4. Los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de la pensión son
los expresamente previstos en las leyes 33 y 62 de 1985 para la aplicación del
régimen anterior y el Decreto 1158 de 1994 para quienes les sea aplicable la Ley
100 de 1993, pero, en todo caso, «sin incluir factores diferentes a los allí enlistados y
(…) sólo sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones», de conformidad con
las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 25 de abril de 2019.
7. Propuso como excepciones i) legalidad de los actos administrativos atacados de
nulidad; ii) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; y iii) cobro
de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
8. En sentencia del 5 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Santander
accedió a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas en esa instancia,
en los siguientes términos:
«PRIMERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. SEB
DESP OFP-363 del 27 de septiembre de 2019, de conformidad con las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconocer y pagar a favor de la señora Gloria Inés Montes Vera, una
pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de las cotizaciones realizadas en
el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, efectiva a
partir del 25 de noviembre de 2017, con la inclusión únicamente de los factores salariales
de asignación básica y bonificación mensual y sobre los cuales se hubiesen efectuado
cotizaciones.
En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las mesadas
adeudadas de manera actualizada de conformidad con la fórmula expuesta en la parte
motiva de esta providencia.
La demandada, al momento de pagar las mesadas correspondientes, deberá hacer las
deducciones por concepto de aportes respecto a los factores cuya inclusión se ordena,
en la proporción que le correspondía a la demandante en su condición de trabajador, en
caso de que estos no se hubiesen efectuado.
Se aclara que el disfrute de la pensión aquí reconocida es compatible con el salario
devengado por l[a] accionante en calidad de docente.
TERCERO. FACULTAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para
que adelante los trámites interadministrativos tendientes a lograr el traslado de los
recursos correspondientes a las cotizaciones al sistema de seguridad social por los
períodos de tiempo laborados mediante órdenes de prestación de servicios por la señora
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
Gloria Inés Montes Vera6, o en su defecto para que proceda a repetir contra las
empresas y entidades oficiales obligadas al reembolso de la totalidad de los aportes
dejados de realizar durante el período laborado por l[a] demandante bajo la referida
modalidad, en la proporción que le corresponda. Igualmente, para que disponga de las
mesadas pensionales a las que tiene derecho los descuentos por concepto de aportes,
en la proporción que le corresponda, en desarrollo de la relación contractual. (…)» (sic).
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos7:
9.1. Gloria Inés Montes Vera nació el 24 de noviembre de 1962 y prestó sus servicios
como docente oficial por más de 20 años. Inicialmente, lo hizo a través de contratos
de prestación de servicios suscritos con el municipio de Floridablanca entre los años
1991 y 2001 y con el departamento de Santander en el año 2002. Posteriormente,
se vinculó en provisionalidad en varios periodos transcurridos entre los años 2003
y 2006, y finalmente en propiedad el 9 de febrero de 2006. Por lo tanto, comoquiera
que tuvo una vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
por virtud de la Ley 91 de 1989, le resultaba aplicable el régimen pensional dispuesto
en la Ley 33 de 1985.
9.2. La demandante «ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal en cada uno de los periodos de ejecución de los contratos de prestación de servicio
cuyo objeto fue prestar sus servicios como docente temporal», por lo que, «sin perjuicio
del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
un pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral
entre la demandante y el Fomag para esa época» (sic), se debía tener como demostrada
la prestación de servicios como docente oficial durante el tiempo en el que
ejecutaron los contratos y contabilizarlo para efectos pensionales. Lo anterior,
independientemente de la falta de acreditación de aportes al sistema de seguridad
social, porque frente a estos «no opera la prescripción, ni la caducidad, y por tanto, la
entidad a cargo del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación puede adelantar los
trámites administrativos para el traslado de los recursos o en su defecto proceder a repetir
contra las empresas y entidades oficiales obligadas al reembolso de la cantidad
proporcional que les corresponda» (sic).
9.3. La actora cumplió con los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, pues al
momento en el que solicitó la prestación había acreditado 25 años de servicios, con
la inclusión del tiempo prestado como docente por OPS, y tenía 56 años de edad.
9.4. Para la liquidación de la prestación se debía tener en cuenta el año anterior al
cumplimiento del estatus que ocurrió el 24 de noviembre de 2017. En cuanto a los
factores salariales aquella devengó asignación básica, bonificación mensual, primas
de navidad, de servicios y de vacaciones; no obstante, de aquellos la Ley 62 de
6
Nombre corregido mediante auto del 28 de febrero de 2025. Índice 48, Samai de Tribunales y Juzgados.
7 Índice 43, Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
1985 solo incluyó la asignación básica. Pero, además, el Decreto 1566 de 2014,
estableció que la bonificación mensual allí creada era factor salarial para efectos de
determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, razón para
incluir la asignación y la mencionada bonificación. «Frente a los demás factores
devengados -prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones docente- se
advierte por la Sala que su inclusión no fue solicitada en la demanda; en todo caso, al no
encontrarse enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 y no ostentar la naturaleza de
factores salariales, improcedente resultaría tenerlos en cuenta en el IBL pensional» (sic).
9.5. No se configuró la prescripción de mesadas pensionales, toda vez que la
demandante consolidó su estatus pensional el 24 de noviembre de 2017, presentó
la reclamación administrativa «el 12 de noviembre de 2019» y la demanda el 10 de
diciembre de ese año.
9.6. Además, tenía derecho a la prestación a partir del 25 de noviembre de 2017 y
«por la condición especial de los educadores estatales de percibir dos asignaciones del
tesoro público (sueldo y mesada pensional), conforme al artículo 19, literal g) de la Ley 4
de 1992, la pensión que aquí se reconoce es compatible con la asignación mensual» (sic).
9.7. No condenó en costas porque la demandada no presentó «una carencia de
fundamentación legal o alguna actuación temeraria que d[iera] lugar a la condena en costas,
y por el contrario, los argumentos expuestos resultaron razones para la defensa de los
intereses de la parte demandada» (sic).
1.4. El recurso de apelación
10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente 8:
10.1. El a quo aplicó a la demandante un régimen pensional que no correspondía,
toda vez que su vinculación como docente se efectuó el «24 de mayo de 2007», según
el certificado de afiliación de la Fiduprevisora S.A., razón por la cual se regía por la
Ley 100 de 1993 y no por la Ley 33 de 1985.
10.2. De acuerdo con la sentencia «expedida por el Consejo de Estado – sección segunda
– subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez expedida el 28 de enero de 202[sin
completar], actor José Daniel Penagos vs. Ministerio de educación – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y secretaria de educación municipal de Cali» (sic), los regímenes
anteriores solo eran aplicables a los docentes beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993; de lo contrario, el reconocimiento pensional se
debía estudiar bajo esta última y la Ley 797 de 2003. Con fundamento en ese
precedente, los regímenes de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 no era el adecuado
para el caso particular.
8 Índice 47, Samai de Tribunales y Juzgados.
6
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
10.3. De acuerdo con «las leyes 6ª de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 91 de 1989, así
como los Decretos 1160 de 1989 y 3752 de 2003 para el reconocimiento de la pensión
ordinaria de jubilación los docentes deben cumplir con los requisitos de edad y tiempo de
servicios, y de este modo adquieren el estatus de pensionados y en consecuencia el
derecho a devengar una mesada pensional equivalente al 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el último año de servicios anterior a la fecha de estatus» (sic).
10.4. Los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y en los decretos
270 de 1994 y 3752 de 2003, «deben estar armonizadas con lo dispuesto por la Ley 91
de 1989, de acuerdo con las previsiones de esta ley los docentes debían ser afiliados
obligatoriamente por la entidad territorial, previo el cumplimiento de requisitos de naturaleza
formal y económica, lo anterior con el fin de que al momento degenerarse la causación de
sus prestaciones, el fondo pudiera efectuar el reconocimiento de las prestaciones» (sic).
10.5. Con fundamento en lo anterior, el acto demandado es legal y fue errada la
decisión del a quo al aplicarle a la actora un régimen pensional pese a no cumplir
con las condiciones para ello.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
12. No obstante, la demandante solicitó que se confirmara la sentencia recurrida,
toda vez que había acreditado los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985 para
acceder a la pensión de jubilación, con la inclusión de «los factores salariales
percibidos en el último año de servicio anterior al cumplimiento del status de pensionada a
saber: asignación básica y bonificación mensual, en la tasa de reemplazo del 75%, con
efectos a partir del 25 de noviembre del 2017, fecha de configuración del estatus pensional.
Además, conforme a lo dispuesto por el despacho, dicha suma debe ser debidamente
indexada» (sic)10.
1.6. El Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la
sentencia de primera instancia al considerar que se demostró que la demandante
se había vinculado a la docencia oficial desde el año 1991, es decir, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por ello, le era aplicable el régimen
pensional de la Ley 91 de 1989, en concordancia con las leyes 33 y 62 de 1985. Se
9 Tal y como se indicó en el auto del 30 de abril de 2025. Índice 5 de Samai.
10
Índice 9, Samai.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
sugiere verificar. Podría tratarse de la ley 62.
13.1. Los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios debían
computarse para efectos pensionales, pues tal y como la ha desarrollado el Consejo
de Estado «la labor docente prestada por contratistas es subordinada no es
independiente». Así pues, en virtud de los principios constitucionales, los tiempos de
vinculación bajo OPS eran «válidos para reclamar prestaciones sociales primacía de la
realidad, favorabilidad e igualdad» (sic)11.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
14. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a establecer
lo siguiente:
14.1. ¿si Gloria Inés Montes Vera tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación bajo la aplicación del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, en virtud de
la transición establecida en la Ley 812 de 2003?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
15. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
11
Índice 10, Samai.
12 Así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte13. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas14.
16. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción15. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»16. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.
17. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos17. Está integrado por dos regímenes
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
18. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
13 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
14 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
15 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
16 Preámbulo y artículo 6.
17 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus
subsistemas.
19. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel
que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que
se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida». [Resalta la Sala].
20. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200318.
21. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
modalidades de pensión.
22. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Vinculados por Las causadas hasta 29 de La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del diciembre de 1989 y en Nacional del Ahorro o las que
Nacional
gobierno nacional adelante, los reajustes y la hicieren sus veces.
sustitución de pensiones
18 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
Las causadas hasta el 31 de Las respectivas entidades
diciembre de 1975 y en territoriales o las cajas de
adelante, los reajustes y la previsión, o las entidades que
sustitución de pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Vinculados por venía vinculado este personal
nombramiento de Las causadas en el período La Nación o las respectivas
entidad territorial de nacionalización (1 de entidades territoriales o las
antes y después del enero de 1976 – 31 de cajas de previsión, o las
1/1/1976 (Ley 43/75) diciembre de 1980), los entidades que hicieren sus
reajustes y la sustitución de veces (estas entidades deben
pensiones contribuir en los porcentajes
establecidos en el artículo 3 de
Nacionalizado la Ley 43 de 1975).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1 de enero de 1981 y territoriales o las cajas de
el 29 de diciembre de 1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del 29 La nación y pagadas por el
de diciembre de 1989 Fomag
23. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
24. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
25. La Ley 60 de 199319, derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001, asignó
19 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
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la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados
con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal,
en conjunto con los departamentos. En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación
del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al Fomag,
así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las
nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las
prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus
reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad
territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a
diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo
del indicado fondo.
26. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:
«De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la
cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en
cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional
‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales que se deben demostrar)
debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para
regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan
contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y
consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme
al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente
dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido
en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien,
como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora,
la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen
Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como
ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión
de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que
ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que
la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes
nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas
en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
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Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»
27. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal
especial.
28. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y
lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.
2.2.3. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
29. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1).
20
30. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 2003 , al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos
pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de
vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
20 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
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[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud
y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma
distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos
recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones».
31. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201921, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los
regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para
los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la
fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres».
32. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
21 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1
de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para
calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica,
gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». [Se resalta]
33. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo
fallo se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para
hombres y mujeres en 57 años22. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
22 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
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69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones
y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que
se efectuaron las respectivas cotizaciones».
34. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección23, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
34.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad24
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
34.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199425 y los previstos en normas especiales proferidas por la autoridad
competente.
2.2.4. Los docentes vinculados a través de órdenes o contratos de prestación
de servicios. Tiempo de servicio útil para efectos del reconocimiento
pensional
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
24 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
25 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
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35. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, en el modelo de Estado Social
de Derecho y de acuerdo con la evolución de la normativa de este grupo de
servidores públicos, el alcance de los derechos laborales se define a partir de
principios y valores superiores26. Bajo esos parámetros, la aplicación e
interpretación de las normas debe propender por la garantía de los derechos
laborales mínimos que la docencia en el sector educativo oficial otorga a quien la
ejerce y, por ende, los principios de favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial, primacía de la realidad sobre las formalidades y pro homine, entre otros,
que deben atenderse como criterios de interpretación y de corrección.
36. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional
ha considerado que los derechos en materia laboral en favor del docente contratista
surgen con independencia del tipo de vínculo en virtud del cual se prestó el servicio,
pues el solo hecho de hacerlo con la anuencia del Estado da lugar a una verdadera
relación laboral con él.
37. Así, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la labor docente la
contratación por prestación de servicios se desnaturaliza y deja de tener el carácter
de excepcional para suplir actividades de la entidad que no puede realizar con su
personal de planta, tal como lo define el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 27, y que,
por lo tanto, a la luz del principio de «primacía de la realidad sobre las formalidades»
establecido en el artículo 53 Constitucional y por configurarse los elementos propios
de esta vinculación28 da lugar al reconocimiento de una relación laboral.
38. En efecto, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-005-1629 concluyó,
luego de examinar la labor de la docencia a partir de su definición contenida en los
artículos 2 del Decreto Ley 2277 de 1979 y 104 de la Ley 115 de 1994, que la
prestación del servicio por parte del docente contratista no es independiente y, por
el contrario, que es personal y subordinada a las instrucciones de las autoridades
educativas y a los reglamentos del servicio público de educación. En tal virtud, se
indicó que al existir una relación laboral le asistía el derecho al reconocimiento de
sus derechos como trabajador, incluido el pago de las prestaciones sociales.
26 Así fue expuesto en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 29 de mayo de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
27 Su numeral 3 dispone «Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún
caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable».
28 Prestación personal del servicio, remuneración y la continuada subordinación.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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39. Ahora bien, el parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3 del
artículo 105 de la Ley 115 de 199430 disponían la incorporación gradual de los
docentes contratistas a las plantas de personal de las entidades territoriales y fijaban
un plazo para ello durante el cual seguirían vinculados por prestación de servicios.
La constitucionalidad de estas normas fue analizada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-555 de 1994; en ella se afirmó que el legislador no podía, so pretexto
de hacer una incorporación gradual de los docentes contratistas a las plantas de
personal, disponer en el periodo de transición (6 años) la coexistencia en aquella de
docentes vinculados como empleados públicos y otros contratados por prestación
de servicios.
40. Además, la Corte precisó que tal diferenciación no tenía justificación
constitucional porque i) ambos grupos realizaban igual actividad; ii) el menor costo
laboral de los contratos por prestación de servicios no permitía desconocer
derechos laborales irrenunciables; iii) quien define el régimen de los docentes es la
ley y no el contrato; iv) la voluntad del docente contratista no enerva el carácter de
irrenunciables de los derechos laborales; y v) las medidas graduales en la ley solo
se aplican para corregir desigualdades creadas por la sociedad y no cuando el
causante es el legislador, como lo hacía al diferenciar los docentes.
41. De acuerdo con lo señalado por la Corte, las entidades territoriales no estaban
autorizadas para contratar docentes de manera diferente de la legal y reglamentaria,
pues ello fomentaba un trato discriminatorio que vulneraba los derechos laborales
de quienes ejercen la docencia mediante otra forma de vinculación que no tiene
justificación constitucional. Esta prohibición, además de lo expuesto en la sentencia
citada, se estableció en un principio en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 31 y luego
en el artículo 105 de la Ley 115 de 199432; y el hecho de que los docentes
contratistas no hayan sido nombrados con las formalidades de los empleados
públicos en manera alguna implicaba que debieran desconocerse los derechos
laborales propios de esta labor y mantener las desigualdades materiales que
históricamente se han pretendido eliminar33. Por el contrario, estos debían ser
protegidos y garantizados.
30 «Parágrafo tercero. A los docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero
del artículo 6o de la Ley 60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el periodo
académico siguiente, hasta cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente
territorial».
31 El inciso segundo dice: «Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y
administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa,
respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte». La
norma fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
32 «La vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo
estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta de
personal aprobada por la respectiva entidad territorial»
33 En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de
mayo de 2024, radicado: 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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42. En aquella providencia se resaltó que las razones presupuestales que llevaron a
las entidades territoriales a optar por la prestación del servicio educativo con
personal docente contratado no podían menoscabar los derechos fundamentales
de las personas vinculadas bajo esa modalidad, así lo sostuvo:
«Los menores costos laborales del servicio público educativo, representan quizá
posibilidades de conservar o ampliar la cobertura existente. La función administrativa y
la atención de los servicios públicos, se desarrollan con fundamento en el principio de
economía (CP art. 209). Sin embargo, el ahorro y la economía, de suyo loables, no lo
son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los
derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente
una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la
que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad
humana.
Una administración eficiente y eficaz, sin reducir la calidad del servicio y expoliar el
recurso humano - el más valioso de todos -, fácilmente encontrará rubros y posibilidades
para disminuir, hasta donde sea posible, el costo de la prestación de un servicio público.
Es evidente que no consulta el interés general, pese a su aparente ventaja, la modalidad
contractual como opción complementaria de la estatutaria. Definitivamente, no es ésta
la forma de servir al interés general. Por el contrario, se lo sacrifica, al cifrar la obtención
de un ahorro en la plusvalía que el Estado, con manifiesta violación de los derechos
fundamentales, extrae a un grupo de maestros y profesores.»
43. Así las cosas, la forma de vinculación de los docentes no puede ser un obstáculo
para que accedan a los derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén.
Una interpretación contraria conllevaría a mantener las condiciones de desigualdad
e inequidad y detrimento de la dignidad humana, como principio fundante del Estado
social de derecho, de un grupo importante de la población, que desarrolla una labor
trascendental para la sociedad.
44. Lo expuesto también se deriva del criterio que ha mantenido esta Sección, en el
sentido de considerar que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que
define su relación con el Estado34, sino lo que se evidencia de esa relación, en
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
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armonía con las reglas de interpretación normativa que impone la Constitución
Política en los artículos 53 «situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»; 228, sobre la prevalencia
del derecho sustancial; y de integración normativa derivado de los artículos 53
«Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores» y 93 «[l]os
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden
interno».
45. Lo anterior, se acompasa también con el principio pro homine que, si bien se
estableció como un criterio para examinar el alcance de los derechos humanos, la
jurisprudencia le ha dado plena aplicación en materia laboral y, específicamente, en
asuntos de la seguridad social por tratarse de un derecho fundamental. Sobre su
trascendencia, ha señalado que implica que «las normas han de ser interpretadas en
favor de la protección y goce efectivo de los derechos de los individuos, en procura de que
los preceptos legales se conviertan en instrumentos que respeten en la mayor medida
posible, las garantías y prerrogativas esenciales para la materialización de la mejor calidad
de vida de las personas»35. En ese orden «impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional»36.
46. Bajo estos parámetros el ejercicio de la función docente a través de la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales. Lo anterior porque la falta de vinculación como empleados
públicos obedeció a un incumplimiento de un deber legal por parte del Estado que
no puede afectar sus derechos laborales.
47. Ciertamente, la situación descrita impone que las formalidades omitidas por la
administración no sean un obstáculo para el goce de derechos laborales y que aun
con la ausencia en el proceso de la entidad territorial que se benefició de los
servicios del docente-contratista se permita suprimir las condiciones de desigualdad
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
35 Sentencia T-121 de 2015. Reiterada en la sentencia T-536 de 2017 y T-088 de 2018.
36 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de octubre de 2018 radiado:
05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-013-18. Ver también Sentencia C-438 de
2013.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
material que afectan a un sector de la población sin justificación constitucional.
48. Esta interpretación se acompasa con los principios de celeridad y eficacia que
deben guiar la labor judicial y otorgan vigencia a los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital que se ven amenazados con la omisión de vincular
al proceso a la secretaría de educación respectiva, que valga insistir, desconoció
las disposiciones legales y jurisprudenciales de vincular en sus plantas de personal
a aquellos docentes que ejercían la labor, sin derecho a las prestaciones sociales
propias de los empleados públicos.
49. Valga precisar que esta interpretación no desconoce la necesidad de contar con
los recursos necesarios para la financiación de la prestación, una vez esta sea
reconocida; pues lo cierto es que, tal y como lo ha señalado esta corporación 37, en
caso de que la administradora de pensiones observe que los valores no se ajustan
a la ley, bien sea porque se omite el pago oportuno o el monto consignado es
inferior, el ordenamiento jurídico colombiano prevé los mecanismos para asegurar
su cumplimiento.
50. Al respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Decreto 3752 de 200338 las prestaciones sociales de los docentes
causadas con anterioridad a la afiliación al Fomag, así como sus reajustes,
reliquidaciones y sustituciones están a cargo de la respectiva entidad territorial o de
la entidad de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; de manera
que la omisión en el pago de los aportes por los lapsos en los que los docentes
estuvieron vinculados mediante relaciones contractuales, es responsabilidad de la
entidad que se benefició de los servicios del docente o de la administradora a la
cual se efectuaron las cotización. No obstante, tal situación impone al fondo la
obligación de hacer uso de los mecanismos establecidos en la norma para adelantar
los procesos de cobro coactivo o requerir el bono pensional.
51. En efecto, el artículo 2339 de la Ley 100 de 1993 establece que el empleador que
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-42-
000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
38 «Por el cual se reglamentan los artículos 81 parcial de la Ley 812 de 2003, 18 parcial de la Ley
715 de 2001 y la Ley 91 de 1989 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.»
39 «Artículo 23. Sanción Moratoria. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados
para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el
impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según
sea el caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la
consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
no realice las consignaciones de los aportes tendrá a su cargo un interés moratorio
igual al que rige para el impuesto a la renta. Asimismo, la normativa establece
consecuencias disciplinarias para quienes desarrollan la función pública de
ordenador del gasto, que sin justa causa se abstengan de efectuar la consignación
oportuna de estos conceptos. Pero, especialmente, con el fin de asegurar el
cumplimiento de la ley, los artículos 2440 y 5741 ibidem permitieron que la entidad
administradora de pensiones acudiera a las acciones de cobro de los aportes
adeudados, para hacer efectivos sus créditos.
52. En igual sentido, el artículo 2 de la Ley 33 de 1985 señalaba que la caja de
previsión obligada al pago de pensión tenía «derecho a repetir contra los organismos
no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que
el pensionado hubiere servido o aportado a ellos».
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
53. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
53.1. Gloria Inés Montes Vera nació el 24 de noviembre de 196242.
53.2. El 9 de octubre de 2018, la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal de
Floridablanca certificó que había laborado como docente, así43:
«Contrato de prestación de servicios del 1 de febrero de 1991 por el término de 10 meses
Contrato de prestación de servicios del 1 de febrero de 1992 por el término de 10 meses
Contrato de prestación de servicios del 1 de febrero de 1993 por el término de 10 meses
Contrato de prestación de servicios del 24 de enero de 1994 por el término de 10 meses
Contrato de prestación de servicios del 1 de marzo de 1995 por el término de 10 meses
Contrato de prestación de servicios del 2 de enero de 1996 por el término de 9 meses
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas
necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la
presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente».
40 «Artículo 24. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes
regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del
empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto,
la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.
41 «Artículo 57. Cobro Coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6a. de 1992, las entidades administradoras del Régimen de
Prima Media con prestación definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus
créditos».
42 Según consta en su registro civil de nacimiento y en su cédula de ciudadanía. Índice 21, Samai de
Tribunales y Juzgados, link expediente digital OneDrive, archivo, «002AnexosDemanda.pdf.»
páginas 2 a 4.
43 . Índice 21, Samai de Tribunales y Juzgados, link expediente digital OneDrive, archivo,
«002AnexosDemanda.pdf.» página 5.
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Contrato de prestación de servicios del 29 de octubre de 1996 por el término de 61 días
Contrato de prestación de servicios del 7 de enero de 1997 por el término de 11 meses
y 24 días
Contrato de prestación de servicios del 2 de febrero de 1998 por el término de 11 meses
Contrato de prestación de servicios del 3 de febrero de 1999 por el término de 11 meses
Contrato de prestación de servicios del 15 de febrero de 2001 por el término de 3 meses
Contrato de prestación de servicios del 17 de mayo de 2001 por el término de 3 meses
Contrato de prestación de servicios del 11 de septiembre de 2001 por el término de 3
meses» (sic)
53.3. Suscribió con la Secretaría Departamental de Santander las siguientes órdenes
de servicio:
Vinculación Centro Desde Hasta
educativo
Contrato [sin Instituto la libertad 6 de mayo de 2002 53 días
número]44
Contrato 355045 Colegio Gonzalo 8 de agosto de 2002 90 días
Jiménez Navas
53.4. Según consta en los formatos únicos para la expedición de certificado de
historia laboral sin consecutivos, expedidos el 4 de julio de 2019 por la Secretaría
de Educación Municipal de Bucaramanga, la docente acreditó el siguiente tiempo
de servicio en el magisterio oficial con nombramiento en provisionalidad:
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.46 Resolución 0071 04/03/2003 18/12/2003
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.47 Resolución 0995 11/02/2004 31/05/2005
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.48 Resolución 0864 18/07/2005 04/09/2005
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.49 Resolución 1219 13/09/2005 30/10/2005
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.50 Resolución 1567 17/11/2005 19/12/2005
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing.51 Resolución 0040 16/01/2006 01/02/2006
44
Ibidem, página 7.
45
Ibidem, página 8.
46
Ibidem, página 13 a 15.
47
Ibidem, página 16 a 18.
48
Ibidem, página 19 a 21.
49
Ibidem, página 22 a 24.
50
Ibidem, página 25 a 27.
51
Ibidem, página 28 a 30.
23
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
53.5. Según consta en el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral sin consecutivo, expedido el 4 de julio de 2019 por la Secretaría de
Educación Municipal de Bucaramanga, la docente acreditó el siguiente tiempo de
servicio en el magisterio oficial con nombramiento en propiedad52
Novedad Tipo de A.A. No de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing. Resolución 0143 09/02/2006 13/08/2006
Prom. Propiedad Resolución 0917 14/08/2006 05/03/2007
Ascensos Acta 214 06/03/2007 07/05/2007
0622 31/012/200
Prom. Propiedad Resolución 08/05/2007
8
Cambios de sueldo Decreto 1238 01/01/2009 30/09/2009
Cambios de sueldo Decreto 1238 01/10/2009 31/12/2009
Cambios de sueldo Decreto 2940 01/01/2010 31/12/2010
Cambios de sueldo Decreto 1027-1055 01/01/2011 31/12/2011
Cambios de sueldo Decreto 826-27 01/01/2012 31/12/2012
Cambios de sueldo Decreto 1001-1002 01/01/2013 07/01/2013
traslado Decreto 3486 08/01/2013 08/12/2013
traslado Resolución 3592 03/12/2013 31/12/2013
Cambios de sueldo Decreto 171-172 01/01/2014 31/12/2014
Cambios de sueldo Decreto 1092-1116 01/01/2015 31/12/2015
Ascensos Resolución 3320 01/01/2016 31/03/2016
Cambios estructura Decreto 120-122 01/06/2016 31/12/2016
Cambios de sueldo Decreto 982 01/01/2017 31/12/2017
Cambios de sueldo Resolución 317 01/01/2018 31/12/2018
Cambios de sueldo Decreto 1016 01/01/2019 -
53.6. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios expedido
por la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga, devengó asignación
básica, «Bonif. Mensual docentes y Dir. Doc.», primas de navidad, de servicios y de
vacaciones docentes, entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
Además, de horas extras en septiembre de 201753.
53.7. El 12 de agosto de 2019, solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación
en los términos de la Ley 33 de 1985 ante la Secretaría de Educación de
Bucaramanga54.
53.8. A través del Oficio OFP-363 del 27 de septiembre de 2019, la mencionada
entidad negó la petición con base en que durante los periodos laborados bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios en las Secretarías de Educación
de Floridablanca y de Santander no era afiliada al Fomag, razón por la que ese
tiempo no podía tenerse como «efectivamente prestado y por consiguiente cotizado a la
seguridad social en pensiones de los docentes de dicho fondo» (sic). En consecuencia,
la sumatoria de tiempo de servicio entre las vinculaciones en provisionalidad y
52
Ibidem, página 9 a 12.
53 Ibidem, páginas 31 y 32.
54
Ibidem, páginas 33 a 37.
24
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
propiedad era de «14 años, 04 meses 23 días» (sic). No obstante, «existe la solicitud
por aportes o cuotas partes, a la cual podría acudir si cumple los requisitos para su
tramitación, siendo certificar debidamente cotizaciones realizadas en otros fondos
pensionales públicos para sumar un acumulado de 1.300 semanas cotizadas, y cumplir la
edad de 57 años para su reclamación efectiva» (sic)55.
2.3.2. Análisis sustancial
54. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 5 de diciembre
de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que Gloria
Inés Montes Vera tenía derecho a la pensión de jubilación bajo el régimen de la Ley
33 de 1985, por haber prestado sus servicios por más de 20 años como docente,
incluidos los periodos en los que estuvo vinculada mediante contratos de prestación
de servicios. En efecto, tales tiempos debían computarse para efectos pensionales,
pese a que no se hubiesen acreditado los respectivos aportes sobre ellos. Además,
había cumplido el estatus de pensionada el 24 de noviembre de 2017 a sus 55 años,
y para liquidar la prestación se debían incluir la asignación básica y la bonificación
mensual.
55. Finalmente, el a quo precisó que no había operado la prescripción y que la
pensión reconocida era compatible con la asignación salarial que la actora percibía
como docente.
56. El Fomag solicitó que se revocara la sentencia proferida por el a quo, porque
aplicó indebidamente la Ley 33 de 1985, pues la vinculación de la demandante fue
el «24 de mayo de 2007», por lo que su situación pensional debía regirse por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003. Asimismo, el reconocimiento pensional de los docentes
exige armonizar las normas sobre la edad y tiempo de servicio con la Ley 91 de
1989 y los requisitos de afiliación al Fomag, necesarios para que este pueda asumir
el reconocimiento y pago de las prestaciones.
57. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia de esta Sala
como juez de segunda instancia se supedita al estudio de aquellos argumentos
expuestos por el apelante, por lo que el estudio en el sub judice se limitará a
determinar si Gloria Inés Montes Vera tenía derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, con la inclusión de los
periodos en los que prestó el servicio como docente mediante contratos de
prestación de servicios, o, si por el contrario, su situación pensional debía regirse
por las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en atención a la fecha de vinculación al
servicio docente, tal y como lo establece el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
55
Ibidem, página 1.
25
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
58. De las pruebas aportadas al expediente se advierte que Gloria Inés Montes Vera
prestó sus servicios como docente así:
Total tiempo
Modalidad Desde Hasta Años Meses Días
de servicios
contrato de
prestación de 1 de febrero de 1 de diciembre de 0 años 10 meses
0 10 0
servicios 1991 1991 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 1 de febrero de 1 de diciembre de 0 años 10 meses
0 10 0
servicios 1992 1992 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 1 de febrero de 1 de diciembre de 0 años 10 meses
0 10 0
servicios 1993 1993 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 24 de enero de 24 de noviembre 0 años 10 meses
0 10 0
servicios 1994 de 1994 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 1 de marzo de 1 de enero de 0 años 10 meses
0 10 0
servicios 1995 1996 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 2 de enero de 2 de octubre de 0 años 9 meses 0
0 9 0
servicios 1996 1996 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 29 de octubre 30 de diciembre 0 años 2 meses 1
0 2 1
servicios de 1996 de 1996 días
Floridablanca
26
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
contrato de
prestación de 7 de enero de 31 de diciembre 0 años 11 meses
0 11 24
servicios 1997 de 1997 24 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 2 de febrero de 2 de enero de 0 años 11 meses
0 11 0
servicios 1998 1999 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 3 de febrero de 3 de enero de 0 años 11 meses
0 11 0
servicios 1999 2000 0 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 15 de febrero 15 de mayo de 0 años 3 meses 0
0 3 0
servicios de 2001 2001 días
Floridablanca
contrato de
prestación de 17 de mayo de 17 de agosto de 0 años 3 meses 0
0 3 0
servicios 2001 2001 días
Floridablanca
contrato de
11 de
prestación de 11 de diciembre 0 años 3 meses 0
septiembre de 0 3 0
servicios de 2001 días
2001
Floridablanca
contrato de
prestación de 6 de mayo de 28 de junio de 0 años 1 meses
0 1 22
servicios Dpto. 2002 2002 22 días
Santander
contrato de
prestación de 8 de agosto de 8 de noviembre 0 años 3 meses 0
0 3 0
servicios Dpto. 2002 de 2002 días
Santander
docente
4 de marzo de 18 de diciembre 0 años 9 meses
nombrado en 0 9 14
2003 de 2003 14 días
provisionalidad
27
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
docente
11 de febrero 31 de mayo de 1 años 3 meses
nombrado en 1 3 20
de 2004 2005 20 días
provisionalidad
docente
18 de julio de 4 de septiembre 0 años 1 meses
nombrado en 0 1 17
2005 de 2005 17 días
provisionalidad
docente 13 de
30 de octubre de 0 años 1 meses
nombrado en septiembre de 0 1 17
2005 17 días
provisionalidad 2005
docente 17 de
19 de diciembre 0 años 1 meses 2
nombrado en noviembre de 0 1 2
de 2005 días
provisionalidad 2005
docente
16 de enero de 1 de febrero de 0 años 0 meses
nombrado en 0 0 16
2006 2006 16 días
provisionalidad
docente
9 de febrero de 13 años 4 meses
nombrado en 4 de julio de 2019 13 4 25
2006 25 días
propiedad
14 126 158
10 5 /30
24 131 5,27
/12 8
10,9
11
59. De acuerdo con lo anterior, la demandante era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, puesto que estuvo
vinculada al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigencia de esa ley (27 de junio de 2003), inicialmente mediante contratos de
prestación de servicios (1° de febrero de 1991) y posteriormente en provisionalidad
(4 de marzo de 2003), de manera que tenía derecho al reconocimiento pensional de
conformidad con el régimen que beneficiaba a los servidores públicos del orden
nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
28
Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
60. Asimismo, para la fecha en la que concluyó el a quo que Gloria Inés Montes Vera
adquirió el estatus pensional, el 24 de noviembre de 2017, contaba con 55 años de
edad y más de 20 años de servicio, por lo que acreditó los requisitos exigidos por la
Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de la prestación de jubilación.
61. En ese sentido y de acuerdo con lo advertido en el cuadro anterior, la
demandante acreditó 24 años, 11 meses y 8 días de servicio, incluso, hasta el 4 de
julio de 2019, fecha en la que la Secretaría de Educación Municipal de
Bucaramanga emitió el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral sin consecutivo; sin que conste prueba del retiro del servicio.
62. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que el periodo anterior a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 hubiera sido en virtud de contratos y
órdenes de prestación de servicios y no a través de una vinculación legal y
reglamentaria, por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma antes
mencionada no establece condición alguna adicional a la de haber tenido un vínculo
al servicio público educativo oficial, bien sea como docente nacional, nacionalizado
o territorial56.
63. En ese sentido esta Subsección puntualizó que «dada la naturaleza de la función
docente, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial
relevancia, puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se insiste,
cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario»57.
64. Por lo que esta Subsección ha considerado que los tiempos de servicio
acreditados bajo la modalidad contractual son útiles para el reconocimiento de la
pensión reclamada, aun cuando no se haya adelantado el debate en torno al
reconocimiento de la relación laboral encubierta, pues los derechos en materia
laboral en favor del docente contratista surgen con independencia del tipo de vínculo
en virtud del cual se prestó el servicio.
65. En efecto, tal y como se señaló en el marco normativo de esta decisión la forma
de ingreso al servicio docente no puede ser un obstáculo para que accedan a los
derechos mínimos irrenunciables que las normas prevén y, lo cierto es que, desde
el año 1993 el legislador había previsto la incorporación a las plantas de personal
56 En ese sentido puede consultarse la sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-
000-2012-00180-01 (1706-2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B.
57 Sentencia del 19 de enero de 2017, radicado 54001-23-33-000-2012-00180-01 (1706-2015),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de prestación de
servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105,
parágrafo 3, de la Ley 115 de 1994.
66. De esta manera, si bien Gloria Inés Montes Vera estuvo vinculada a través de
una relación contractual, esa situación desconocía las disposiciones del legislador
y desatendía las interpretaciones judiciales según las cuales la diferenciación entre
los docentes de planta y los contratistas no tenía justificación constitucional en la
medida en que realizaban igual actividad; y, en contraste, vulneraba los derechos
laborales irrenunciables de aquellos que tenían previsto un régimen o unas
prerrogativas particulares, esto es aquellas contenidas en la ley y no en el contrato.
67. Así las cosas, los jueces de la República no pueden cohonestar con las
desigualdades creadas por virtud de una facultad contractual que desconocía la
realidad laboral de los docentes; lo que, a su vez, impide darle la razón a la entidad
recurrente al considerar que la única experiencia docente útil para obtener la
prestación es aquella que ocurrió luego de la vinculación legal y reglamentaria. Así
pues, los servicios prestados por la demandante en la modalidad contractual o de
OPS al municipio de Floridablanca y al departamento de Santander, resultan válidos
para determinar que estuvo vinculada al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, podía
pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para su caso era la Ley 33
de 1985.
68. En ese sentido, resulta necesario resaltar que no solo una vinculación legal y
reglamentaria es útil para acceder al derecho reclamado, pues esta Subsección ha
señalado que no es el acto por el cual se vincula a una persona lo que define su
relación con el Estado58, sino lo que se evidencia de esa relación, de forma que el
ejercicio de la función docente a través de otras modalidades, como la vinculación
por contratos de prestación de servicios, por virtud de los principios de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, de favorabilidad y pro homine y por las
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Álvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
características de la labor desempeñada en estos casos, permite su cómputo para
efectos pensionales.
69. Finalmente, frente a la posibilidad de tener en cuenta los servicios que los
docentes prestaron con ese tipo de vinculaciones, tal y como se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial, la Corte Constitucional declaró inexequibles las normas
que autorizaban la vinculación de los docentes a través de contratos de prestación
de servicios59.
70. En consonancia con lo anterior, se concluye que existe una « prohibición
constitucional» de vincular a docentes al servicio público educativo oficial a través de
contratos de prestación de servicios. Por lo que excluir de la transición prevista en
la Ley 812 de 2003, a quienes prestaron sus servicios al magisterio con ocasión de
una relación contractual, resulta a todas luces inconstitucional, puesto que,
conllevaría a una interpretación desfavorable con sustento en una situación que,
como se explicó anteriormente, se aparta de las normas constitucionales, esto es,
la vinculación de docentes a través de un contrato.
71. Por lo expuesto, las vinculaciones de la demandante a través de OPS docente,
con ocasión de los cuales prestó sus servicios en diferentes periodos entre 1991 y
2002, así como la vinculación en provisionalidad el 4 de marzo de 2003 la hacen
beneficiaria de la transición prevista en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, puesto
que con ellos acreditó una vinculación anterior a la entrada en vigor de esta 60.
72. Ahora bien, aunque el recurso de apelación no fue claro al señalar en el acápite
de «pensión por cuota parte» que los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 10 del Decreto
270 de 1994 y 2 del Decreto 3752 de 2003 «deben estar armonizadas con lo dispuesto
por la Ley 91 de 1989, de acuerdo con las previsiones de esta ley los docentes debían ser
afiliados obligatoriamente por la entidad territorial, previo el cumplimiento de requisitos de
naturaleza formal y económica, lo anterior con el fin de que al momento degenerarse la
causación de sus prestaciones, el fondo pudiera efectuar el reconocimiento de las
prestaciones» (sic). De la lectura integral se infiere que la apelante intentó explicar
que, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales que se causen a favor de
los afiliados al Fomag se limitará al periodo de cotizaciones que haya efectivamente
recibido el Fondo.
73. Tal entendimiento no resulta de recibo, pues la omisión de la administración no
puede resultar en perjuicio de la demandante. No obstante, la decisión de
computar la totalidad del tiempo de servicio no desconoce la necesidad de contar
con los recursos necesarios para la financiación de la prestación, por lo que, de
59
Artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y 105 de la Ley 115 de 1994.
60
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de
2019.
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
conformidad con las leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y el Decreto 3752 de 2003,
el Fomag tiene «derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o
aportado a ellos», por lo que se exhortará a esta entidad con el fin de que
adelante ante las entidades territoriales [municipio de Floridablanca y departamento
de Santander] las gestiones necesarias para que la prestación sea financiada con
los aportes que se efectuaron y debieron efectuarse durante toda la vida laboral de
la docente.
74. Así
las cosas, se impone confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander a través de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.
2.4. Costas
75. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
76. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
77. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma61.
78. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
61En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2019-00933-01 (0711-2025)
Demandante: Gloria Inés Montes Vera
79. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
80. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Gloria Inés Montes Vera
tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación bajo la aplicación del
régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que las vinculaciones de la
demandante a través de contratos de prestación de servicios docente, con ocasión
de los cuales prestó sus servicios en diferentes periodos entre 1991 y 2002 a la
Secretaría de Educación de Floridablanca, así como la vinculación en
provisionalidad del 4 de marzo de 2003 a la Secretaría de Educación Municipal de
Bucaramanga, la hacen beneficiaria de la transición prevista en el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003, puesto que con ellos acreditó una vinculación anterior a la entrada
en vigor de esta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Gloria Inés Montes Vera contra el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
Segundo. Exhortar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
adelantar ante el municipio de Floridablanca y el departamento de Santander el
trámite administrativo pertinente, con el fin de que la totalidad de los aportes
efectuados y que debieron efectuarse durante el tiempo tenido en cuenta para el
reconocimiento de la pensión de Gloria Inés Montes Vera, financien la prestación.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
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Demandante: Gloria Inés Montes Vera
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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