RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2020-00104-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00104-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00104-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE Artículo primero. Declarar no ajustado a lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, la decisión contenida en el Decreto No. 009 del 13 de febrero de 2015, emanado del señor Alcalde Municipal de Onzaga Santander, José del Carmen Hernández Abril, conforme a lo señalado en la parte motiva del presente proveído, por lo cual se contrató en una cuantía de […] 429.451.615) […]» 92. El alcalde de Onzaga interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 345 del 30 de abril de 2015 proferida por el Contralor General de Santander71, para argumentar que la declaratoria de urgencia manifiesta se enmarcó en los parámetros legales y fácticos, ya que «al confrontar los hechos y el procedimiento de contratación que se adelantaría ordinariamente, se determinó que los tiempos de gestión se reduciría notablemente y dada la inmediatez que exige la satisfacción del interés general, se optó por la declaratoria de la urgencia manifiesta, ello por cuanto un proceso de licitación pública se está demorando un aproximado de dos meses […]». Asimismo, precisó que estaba probado «que efectivamente existieron circunstancias novedosas, que alteraron las situaciones normales y que se ven reflejadas en las fotografías y Decreto No. 009 de 2015, […] teniendo en cuenta que la urgencia manifiesta tiene no solo el carácter de curativa, sino también de preventiva, cuyo propósito es evitar situaciones de calamidad y desastre natural.». 93. La Contraloría General de Santander, a través de la Resolución 000588 del 14 de julio de 201572, confirmó la Resolución 00345 de 30 de abril de 2015, con el argumento de que se sostenía en las consideradas efectuadas en dicho acto administrativo. 94. Mediante comunicación 4772 del 29 de julio de 201573 el contralor auxiliar de Santander, Carlos Fernando Pérez Gelvez, puso en conocimiento a la Procuraduría Provincial de San Gil de las presuntas irregularidades disciplinarias advertidas en el marco del proceso de urgencia manifiesta adelantado por la entidad con ocasión del Decreto 009 del 13 de febrero de 2015 proferido por el alcalde de Onzaga. 71 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00104-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación (PGN)

Tema: sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por declarar urgencia manifiesta
sin el cumplimiento de los requisitos legales (Ley 734 de 2002). Subtema 1: tipicidad de
la falta disciplinaria (Ley 734 de 2002). Subtema 2: régimen de la culpabilidad en materia
disciplinaria (Ley 734 de 2002). Subtema 3: la ilicitud sustancial o antijuridicidad en el
régimen disciplinario (Ley 734 de 2002).

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de
agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron
sus pretensiones.

I. Síntesis del caso

José del Carmen Hernández Abril demandó la nulidad de los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia, contenidos en las resoluciones 028 del 14 de diciembre de
20181 expedida por el Procurador Provincial de San Gil, y PRS-SI-023 del 10 de mayo
de 20192 proferida por el Procurador Regional de Santander, por medio de los cuales se
le sancionó con destitución e inhabilidad de 10 años, al encontrarlo incurso en la falta
gravísima prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 20023.

El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que los fallos disciplinarios demandados se ajustan a derecho, porque la PGN
realizó un estudio adecuado de los elementos que estructuran la responsabilidad
disciplinaria, a partir de un ejercicio de valoración probatoria juicioso, ajustado a derecho
y a las reglas de la sana crítica.

1
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 82.
2
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 167.
3
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, toda vez que no se
acreditó que los fallos disciplinarios impugnados hubieran incurrido en los yerros
señalados por el demandante.

II. Antecedentes

2.1. La demanda

1.José del Carmen Hernández Abril, por conducto de apoderado judicial, presentó4
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho5 el 12 de diciembre de 2019, de
acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se
exponen6.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó que se anularan los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia
proferidos en el marco del proceso IUS-2015-269436 – IUC-02015-605-787324,
contenidos en las Resoluciones 028 del 14 de diciembre de 20187 expedida por el
Procurador Provincial de San Gil, y PRS-SI-023 del 10 de mayo de 20198 proferida por
el Procurador Regional de Santander, por medio de los cuales fue sancionado con
destitución e inhabilidad por 10 años, por cometer, a título de culpa gravísima, la falta
gravísima prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 20029.

3.A título de restablecimiento del derecho pretendió que se condenara a la PGN a
pagarle en forma indexada $50.000.000, por «los perjuicios causados (lucro cesante,
daño emergente, perjuicios morales)».

2.1.2. Hechos

4.José del Carmen Hernández Abril fue elegido como alcalde del municipio de Onzaga,
Santander, para el período 2012 – 2015, posesionándose el 1 de enero de 201210.

5.El demandante, en su calidad de alcalde, declaró la urgencia manifiesta en el
municipio a través del Decreto 009 del 13 de febrero de 2014, con la finalidad de realizar
un contrato de obra para realizar las adecuaciones necesarias a fin de mitigar el riesgo
de colapso de la estructura del edificio del palacio municipal.

4
Según el «acta individual de reparto» visible en Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice
22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / archivo «4_EXPEDIENTEDIGITAL_6800123330002020(.pdf) NroActua 22» / Carpeta
One Drive «01. Expediente Digital» / archivo «DEMANDA Y PODER.pdf».
5
De acuerdo con el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
6
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «01. Expediente Digital» / archivo «DEMANDA Y PODER.pdf».
7
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 82.
8
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 167.
9
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
10
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 111.
2

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

6. En virtud de la declaratoria de urgencia manifiesta, el 23 de febrero de 2015 suscribió
el contrato especial LIC-URG-001 de 201511 con la Cooperativa de Departamentos y
Municipios de Colombia (CODENCO), con el objeto de atender de forma inmediata las
obras a ejecutar en el palacio municipal, por valor de $429.451.615.

7.El 13 de marzo de 2015 el alcalde y el representante legal12 de CODENCO
suscribieron otrosí núm. 113 al contrato especial LIC-URG-001 de 2015, con el propósito
de que CODENCO se obligara a constituir una garantía única de cumplimiento en favor
del municipio.

8. El 29 de mayo de 2015, el alcalde y el representante legal de CODENCO, firmaron
otrosí núm. 214 al contrato especial LIC-URG-001 de 2015, para modificar el valor del
contrato, el cual quedó en $326.365.069.

9. La Contraloría General de Santander profirió la Resolución 00345 del 30 de abril de
201515, a través de la cual determinó que el Decreto 009 del 13 de febrero de 2014 que
declaró la urgencia manifiesta, no se ajustaba a lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de
la Ley 80 de 1993. El municipio de Onzaga interpuso recurso de reposición en contra de
la referida decisión.

10. La Contraloría General de Santander, a través de la Resolución 000588 del 14 de julio
de 201516, confirmó la resolución 00345 de 30 de abril de 2015.

11. Mediante comunicación 4772 del 29 de julio de 201517 el contralor auxiliar de
Santander, Carlos Fernando Pérez Gélvez, puso en conocimiento a la Procuraduría
Provincial de San Gil de las presuntas irregularidades advertidas en el marco de la
urgencia manifiesta decretada por el alcalde de Onzaga.

12. El 7 de septiembre de 2015, el personero municipal, Juan Fernando Cáceres Navas,
presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de San Gil, para que se
investigasen las posibles irregularidades que se pudieron cometer con ocasión de la
declaratoria de urgencia manifiesta. En tal virtud, la autoridad disciplinaria abrió el
expediente D-2015-605-787324.

13. La Procuraduría Provincial de San Gil, a través de auto del 6 de octubre de 201518
dispuso la apertura de la indagación preliminar IUS 2015-269436, con ocasión de los
informes remitidos por la Contraloría General de Santander.

11
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152.pdf» /fl. 31.
12
José Antonio Álvarez Delgado.
13
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 77.
14
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 72.
15
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152» / fl. 54.
16
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 29.
17
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152» / fl. 4.
18
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 45.
3

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

14. Mediante auto del 9 de diciembre de 201519, la Procuraduría Provincial de San Gil
acumuló el proceso de radicado IUS 2015-315363 al IUC D-2015-605-787324, por
tratarse de los mismos hechos investigados, el mismo disciplinado y en virtud del factor
territorial.

15. La Procuraduría Provincial de San Gil a través de auto del 29 de agosto de 201820, de
acuerdo con los artículos 175 y 177 de la Ley 734 de 200221, citó a audiencia pública al
investigado, al considerar que su comportamiento se encontraba tipificado en el numeral
31 del artículo 48 ibídem, que alude a «[p]articipar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en
la Constitución y en la ley».

16. En audiencia de fallo22 celebrada el 14 de diciembre de 2018, el procurador provincial
de San Gil profirió la Resolución 028, a través de la cual, declaró responsable
disciplinariamente a José del Carmen Hernández Abril y lo sancionó con destitución e
inhabilidad de 10 años, por haber incurrido a título de culpa gravísima, en la mencionada
falta gravísima.

17. La decisión fue apelada por la apoderada del disciplinado. Sin embargo, la sanción
fue confirmada por la Procuraduría Regional de Santander a través de la Resolución
PRS-SI-023 del 10 de mayo de 201923.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

18. En la demanda se citan como normas violadas las siguientes: artículos 41, 42 y 43 de
la Ley 80 de 1993.

19. En el concepto de violación el demandante sostuvo en primer lugar, que en el marco
del proceso disciplinario se violó el debido proceso del investigado, en tanto no se
analizaron en debida forma todas las pruebas que fueron decretadas, ya que no se tuvo
en cuenta que él contaba únicamente con estudios hasta la básica primaria y que actuó
con la convicción de estar bien asesorado por el secretario de Planeación y una asesora
de su despacho, ambos expertos en contratación estatal.

20. Afirmó que el contrato especial LIC-URG-001 de 2015 suscrito con CODENCO por
valor de $429.451.615 por un plazo de 4 meses, que tenía como finalidad la adecuación
del palacio municipal de Onzaga, fue suscrito de buena fe, sin buscar evadir un proceso
de licitación ni los principios de transparencia y moralidad, pues su propósito era atender
una urgencia originada en las afectaciones que causó una ola invernal en dicho

19
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 53.
20
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 118.
21
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
22
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 82.
23
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 167.
4

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

inmueble. Por lo tanto, manifestó que es claro que su conducta es atípica, pues no se
subsume en la falta endilgada, o en su defecto, de considerarse típica, lo cierto es que
actuó con culpa grave y no gravísima, como lo indicó la autoridad disciplinaria.

21. Arguyó que la PGN no realizó un análisis probatorio según las reglas de la sana crítica,
pues los documentos y testimonios obrantes en el expediente disciplinario dan cuenta
que, si bien el palacio municipal a la fecha de la declaratoria de urgencia manifiesta ya
presentaba un deterioro en su infraestructura, que venía de años atrás, las fuertes lluvias
de enero y febrero de 2015, agravaron los daños. Por lo tanto, es claro que la declaratoria
de urgencia y el posterior contrato que se celebró con fundamento en ella, cumplían con
los requisitos señalados en la Ley 80 de 1993.

22. Expresó que se violó su derecho al debido proceso, porque la defensora de oficio que
le fue designada, la abogada María Eugenia Rangel Guerrero, sustituyó el poder para
presentar los alegatos en la primera instancia del proceso sancionatorio, e interponer el
recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia. El demandante
consideró que la defensora no tenía facultades para ello, en la medida en que él nunca
le había otorgado un mandato judicial que ella pudiera sustituir y, por lo tanto, debía
actuar de forma personal.

2.2. Contestación de la demanda

23. LaPGN no contestó la demanda, sin embargo, allegó al proceso contencioso–
administrativo de la referencia, el expediente disciplinario seguido al demandante.

2.3. Sentencia de primera instancia

24. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia24 del 19 de agosto de
202225, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante,
argumentando lo siguiente:

25. La sentencia de primera instancia consideró que en el marco del proceso disciplinario
se realizó una adecuada valoración probatoria. Explicó que, del análisis de la
documentación que integra el expediente disciplinario se puede evidenciar que el
demandante incurrió en la falta endilgada, toda vez que las circunstancias que señaló en
el contrato especial LIC-URG-001 del 23 de febrero de 2015, no tienen correspondencia
con un supuesto riesgo de colapso o una situación excepcional, de calamidad, fuerza
mayor o desastre, y, por ende, debió adelantar el proceso de licitación pública para
ejecutar las reparaciones correspondientes.

26. En ese sentido, el tribunal indicó que la Contraloría General de Santander declaró que
la declaratoria de urgencia no se enmarcó dentro de lo previsto en el artículo 42 de la
Ley 80 de 1993, pues el deterioro del inmueble era una situación que se presentaba de

24
Suscrita por los magistrados Julio Edisson Ramos Salazar (ponente), Milcíades Rodríguez Quintero y Solange
Blanco Villamizar.
25
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 24 «Sentencia Anticipada» / archivo
«5_SENTENCIAANTICIPADA(.pdf) NroActua 24».
5

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

años atrás, y además, las obras contratadas no tenían la calidad de urgencia que se les
dio en el Decreto 009 de 2015, por lo que se debió adelantar el proceso de licitación.

27. Asimismo, señaló que los testimonios recolectados en el marco del proceso
disciplinario, permiten establecer que las falencias o daños en el palacio municipal venían
de tiempo atrás y, como esta figura no está destinada a solucionar eventos calamitosos
anteriores o concomitantes, no podía usarse como un mecanismo sustituto a la licitación
pública.

28. Explicó que, si bien se probó la existencia de un informe técnico y una recomendación
del Comité de Riesgos, lo cierto es que las obras que fueron incluidas dentro del contrato
celebrado no se encuentran encaminadas a sanear una situación de riesgo inminente o
para prevenir un colapso del palacio municipal, pues varias de ellas corresponden a
aspectos estéticos como instalación de arcos en ladrillo y losa en concreto en los
mesones de los baños, instalación de rejillas y arreglo de puntos eléctricos, instalación
de un panel solar y lámparas, instalación de piso en piedra, frisado de la fachada,
restauración de las cornisas, arreglo de ventanas, instalaciones de sanitario de doble
descarga, instalación de orinal, y, estuco y vinilo sobre muros y fachada. Por lo tanto,
para el tribunal es evidente que el contrato especial LIC-URG-001 del 23 de febrero de
2015 no tenía como fin atender una urgencia.

29. Manifestó que, de conformidad con el artículo 26 numerales 2 y 5 de la Ley 80 de
1993, en virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos responderán por
sus actuaciones y omisiones antijurídicas, por lo que el grado de escolaridad del
demandante y el haber contado con asesoría para la expedición del Decreto 009 de 2015
no lo eximen de la responsabilidad disciplinaria derivada de la dirección y manejo de la
actividad contractual.

30. Por otra parte, en lo concerniente a la presunta violación del debido proceso por la
presentación y sustentación del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia
por parte de la abogada sustituta de la defensora de oficio, precisó que, de conformidad
con el artículo 17 de la Ley 734 de 200226 y demás normativa aplicable, nada impide que
el defensor de oficio sustituya el poder para ejecutar actuaciones.

31. Al demandante se le otorgaron todas las garantías del debido proceso, pues contó con
representación por parte de un profesional del derecho y, en tal virtud, tuvo la oportunidad
de refutar todos los cargos a través de la solicitud, decreto y práctica de pruebas que
considere le son favorables, así como la posibilidad de controvertir las que se citen en
su contra, e interponer recursos. Más aún, cuando se hizo presente en el proceso,
puntualmente en la diligencia de continuación de la audiencia verbal celebrada el 30 de
noviembre de 2018, en la que pudo haber alegado cualquier nulidad que advirtiera en
ese sentido ante la autoridad disciplinaria, optando por no hacerlo.

32. Finalmente, afirmó que la sanción impuesta encuentra fundamento legal y obedece, a
los parámetros de dosificación previstos en el artículo 46 de la Ley 734 de 200227, pues

26
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
27
Ibídem.
6

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

le fue fijada la inhabilidad mínima de 10 años, mientras que la sanción más alta llega a
los 20 años.

2.4. Recurso de apelación

33. La parte demandante28 interpuso recurso de apelación. Solicitó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia para que en su lugar, se accediera a las pretensiones de
la demanda.

34. En síntesis, el recurso giró sobre dos ejes principales: (i) desacuerdo con la valoración
probatoria, ya que considera que hubo indebida valoración de los documentos y
testimonios que reposan en el expediente sancionatorio, pues es claro que la urgencia
manifiesta se declaró con fundamento en la grave ola invernal que atravesaba el
municipio, que generó varios daños al palacio municipal, tornándolo inoperable, y
además contó con el respaldo del concepto emitido por el Comité de Gestión del Riesgo
del municipio; y (ii) una indebida calificación de la falta y dosificación de la sanción, pues
actuó en cumplimiento de todos los requisitos, procedimientos, garantías y principios de
la contratación estatal y la función administrativa, sin incurrir en una falta por omisión o
extralimitación del deber funcional como alcalde.

35. El recurrente sostuvo que la conducta imputada no se adecúa al tipo disciplinario del
artículo 48 numeral 33 de la Ley 734 de 200229. En sustento de lo anterior, manifestó que
no se incumplieron los requisitos para declarar la urgencia manifiesta respecto de la
situación del palacio municipal, pues si realizó estudios previos, estudios técnicos y un
análisis jurídico. En ese sentido, indicó que la urgencia manifiesta declarada estaba
plenamente justificada por el deterioro estructural de la infraestructura, la existencia de
filtraciones, grietas y humedad, circunstancias que se vieron agravadas por la fuerte
temporada invernal, que causó un riesgo de colapso y la consecuente suspensión del
servicio público.

36. Señaló que la declaratoria de urgencia no fue una decisión arbitraria, en tanto contó
con el visto bueno del Comité de Gestión del Riesgo del municipio y se soportó en
informes técnicos emanados del secretario de Planeación.

37. Alegó que no hubo un fraccionamiento contractual porque el contrato por urgencia
número LIC-URG-001 del 23 de febrero de 2015 tenía como objeto la mitigación
inmediata del riesgo de colapso del palacio municipal y que, posteriormente, se celebró
otro contrato de obra para las reparaciones no urgentes. Por lo tanto, es claro que su
actuación se ajustó a los artículos 41 y 43 de la Ley 80 de 1993, que permiten la
contratación directa por urgencia manifiesta.

38. El actor arguyó que no hubo infracción al deber funcional ni afectación al interés
público, porque la conducta buscó proteger el interés general, específicamente evitar el

28
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 27 / archivo «RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 27».
29
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
7

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

colapso del palacio municipal; garantizar la continuidad del servicio público y proteger la
integridad de funcionarios y ciudadanos.

39. Expresó que no se causó un detrimento al patrimonio público, ya que los recursos se
utilizaron para ejecutar las obras necesarias, de conformidad con los criterios técnicos
señalados en los informes y estudios previos realizados por la Secretaría de Planeación
del municipio.

40. Señaló que la conducta del demandante no puede considerarse antijurídica, puesto
que no hubo corrupción ni desviación de recursos, y se actuó de conformidad a los
principios de la función administrativa de eficacia, eficiencia, moralidad, protección de la
comunidad.

41. Indicó que el tribunal, al afirmar que la PGN tuvo razón al argumentar que las obras
contratadas pudieron ser adelantadas a través de un proceso de licitación pública,
porque la situación no era urgente, no tuvo en cuenta que, en la ejecución del contrato
especial LIC-URG-001 del 23 de febrero de 2015 únicamente se adelantaron obras
necesarias para la mitigación del riesgo de desastre, ya que para los demás arreglos e
intervenciones que requería el palacio municipal se suscribió el contrato de obra pública
núm. 002 de 2015. Es así como, no hubo una ilicitud sustancial de la conducta, pues su
actuar no se subsume en el numeral 33 del artículo 48 de la Ley 734 de 200230.

42. Sostuvo que el tribunal incurrió en un error de apreciación al concluir que la conducta
investigada constituía falta disciplinaria gravísima, pues, a su juicio, se le debió sancionar
bajo una conducta de culpa grave, conforme al numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734
de 200231. Explicó, que no se tuvo en cuenta que las pruebas allegadas al proceso
permiten establecer que se cumplió con la necesidad de la administración, sin poner en
riesgo el patrimonio del Estado y sin que se presentaran hechos de corrupción o pérdida
de recursos. Ello, en tanto se ejecutaron únicamente las obras necesarias para la
mitigación del riesgo de desastre, pues para los demás arreglos que requería el palacio
municipal se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 002 de 2015, cuyo objeto era la
adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del inmueble, a través de la
contratación de la etapa de acabados.

43. Como la PGN debió sancionarlo bajo la conducta de culpa grave, la sanción debe
modificarse, y pasar de inhabilidad a suspensión.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

44. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

30
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
31
Ibídem.
8

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

2.6. Concepto del Ministerio Público

45. El Ministerio Público rindió concepto32 en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, al encontrar que la actuación disciplinaria seguida contra el
demandante se ajustó al debido proceso, pues se adelantó bajo estricto cumplimiento
del procedimiento verbal previsto en los incisos 1 y 4 del artículo 175 de la Ley 734 del
200233, modificado por el artículo 57 la Ley 1474 de 2011, vigente para la época de los
hechos.

46. Las pruebas aportadas a la investigación disciplinaria permiten evidenciar que la
declaratoria de urgencia manifiesta realizada a través del Decreto 009 del 13 de febrero
de 2015, expedido por el disciplinado en su calidad de alcalde del municipio de Onzaga,
no estaba debidamente justificada. Puntualmente, hizo referencia a las Resoluciones 345
del 30 de abril de 2015 y 00588 del 14 de julio de 2015, expedidas por la Contraloría
General de Santander, en las que se declaró que la medida excepcional no estaba
ajustada a los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. En consecuencia, explicó que se
configuró la falta disciplinaria endilgada en el pliego de cargos, y que lo pretendido por el
demandante es revivir el debate disciplinario en una tercera instancia.

47. Los testimonios rendidos por Yeny Andrea Hernández Martínez, Jefferson Hernán
Rueda Pérez, Nury Sofía Sepúlveda Leal, en calidad de gestora social, secretario de
Planeación y asesora jurídica externa respectivamente, así como la misma versión libre
del encartado, al unísono dan cuenta que el estado de deterioro del palacio municipal de
Onzaga, venía desde tiempo atrás y reconocen que se habían adelantado gestiones para
buscar recursos para cofinanciar las reparaciones y mantenimiento que requería, por
consiguiente, no estaba dada la justificación para tomar la medida emergente y dar paso
a contratar unas obras sin el cumplimiento de la ley de contratación estatal.

48. La conducta del demandante se enmarcó en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley
734 de 200234, consistente en participar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa establecidos en
la Constitución y en la ley. Así las cosas, la comisión de la falta está demostrada al no
haber existido fundamentos técnicos ni legales para declarar la urgencia manifiesta y, en
su virtud, proceder a la contratación directa, omitiendo adelantar el procedimiento de
licitación pública.

49. En cuanto a la calificación de la falta y la dosificación de la sanción, precisó que la
calificación de la conducta endilgada como falta gravísima a título de culpa gravísima no
es caprichosa, pues así está definido taxativamente por el legislador en el numeral 31
del artículo 48 de la Ley 734 de 200235. Entonces, en atención a lo previsto en el artículo
44 ibídem, debido a que la falta está basada en desconocimiento de los principios que
regulan la contratación estatal y la función administrativa, la consecuencia es la

32
Samai / Expediente 68001233300020200010401 / Índice 9 / archivo «7_MemorialWeb_Concepto(.pdf) NroActua 9»
33
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
34
Ibídem.
35
Ibídem.
9

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

desatención elemental de los deberes y violación manifiesta de normas de obligatorio
cumplimiento, configurándose la culpa gravísima. En ese orden, afirmó que la PGN
impuso la sanción mínima según la norma aplicable.

III. Consideraciones

3.1. Competencia

50. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución

51. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:

52. ¿Los actos administrativos disciplinarios demandados valoraron en debida forma la
tipicidad, ya que según se afirma en la demanda y en el recurso de apelación, el
demandante cumplió con los requisitos previos para la declaratoria de urgencia
manifiesta?

53. ¿Hubo una inadecuada valoración de la culpabilidad por parte de la PGN, en tanto
según el demandante el análisis probatorio muestra que el demandante actuó con culpa
grave y no gravísima y por lo tanto la sanción debió ser menor?

54. ¿La autoridad disciplinaria valoró inadecuadamente la ilicitud sustancial de la
conducta reprochada al demandante, pues según su dicho, no hubo infracción al deber
funcional ni afectación al interés público?

55. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala se referirá a los elementos
de la responsabilidad en materia disciplinaria; aludirá a la valoración probatoria y
finalmente resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico

3.3.1 Los elementos de la responsabilidad disciplinaria

56. En materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto
disciplinable desde tres factores: la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los
cuales, por el diseño y estructura del derecho disciplinario, adquieren connotaciones
propias que los diferencian de otras manifestaciones del ius puniendi36 estatal.

36
El ius puniendi es la facultad exclusiva del Estado para definir delitos, faltas disciplinarias e infracciones administrativas
en general, e imponer sanciones a quienes infrinjan el ordenamiento jurídico. Sobre el particular se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-555 de 1996, C-762 de 2009, C- 044 de 2023 y C-030 de 2024.
10

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

a). Tipicidad de la falta disciplinaria

57. La tipicidad, como categoría dogmática del derecho disciplinario, encuentra su
fundamento en el principio de legalidad, entendido como expresión del debido proceso,
según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio» (artículo 29 de la Constitución Política). Dicho principio
cumple la función de garantizar la libertad y seguridad individuales, al establecer de
forma previa y clara qué comportamientos son sancionables, y a la vez, preservar la
seguridad jurídica37.

58. A diferencia del derecho penal, el régimen disciplinario se caracteriza porque las
conductas constitutivas de falta no se encuentran descritas de manera cerrada o taxativa,
sino que están consignadas en tipos abiertos o en blanco, dada la imposibilidad del
legislador de prever de forma detallada todos los comportamientos reprochables de los
servidores públicos. Por ello, el tipo disciplinario se complementa con normas que
establecen deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a cada cargo, de las cuales se
deriva la adecuación específica de la conducta38.

59. En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que los tipos abiertos o en blanco
son aquellos que remiten a normas complementarias que definen con mayor precisión
los deberes o prohibiciones vulnerados. Así, en la sentencia C-818 de 2005, esa
corporación sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas infracciones disciplinarias que
ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos
que se subsumen en las mismas, remiten a un complemento normativo integrado por las
disposiciones en las que se establecen deberes, mandatos y prohibiciones que resulten
aplicables a los servidores públicos»39.

60. Por consiguiente, el proceso de adecuación típica supone la verificación lógica y
razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta y el
comportamiento desplegado por el disciplinado, de lo cual surge la contrariedad entre el
hecho y el deber funcional. En este análisis, la autoridad disciplinaria cuenta con un
margen de interpretación más amplio que en el ámbito penal, lo que no implica que pueda
extenderse hasta alterar o ampliar el tipo legal, pues ello desconocería el principio de
legalidad40.

b). La ilicitud sustancial

61. Respecto de la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la Sala
acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el derecho
disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público. Por
esto ha explicado que la valoración de la lesividad de las conductas que se han

37
Constitución Política, art. 29.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-25-000-
2021-00261-00.
39
Corte Constitucional, Sentencia C-818 de 2005.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-25-000-
2020-00210-00.
11

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

establecido como faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea que compete
al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer los tipos
disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete a la autoridad disciplinaria que aplica
la ley efectuar un juicio genérico de lesividad de las conductas reprochadas –lo que ya
ha realizado el legislador– sino efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la
infracción del deber funcional, la cual –se presume– genera de por sí un desmedro,
legislativamente apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor público
disciplinado. De esta manera, la relación de sujeción de los destinatarios de la acción
disciplinaria con el Estado requiere la existencia de controles que operan a manera de
reglas, cuya infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de la
conducta; sin que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia
de este no impide la estructuración de la falta disciplinaria.

c). El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria

62. El factor culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de la Ley 734 de
200241, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa lo cual
significa en términos de la jurisprudencia constitucional que «[e]l titular de la acción
disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la
conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado,
sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando
razonadamente la modalidad de la culpa», principio legal que deriva del mandato
establecido en el artículo 29 superior en virtud del cual «[t]oda persona se presume
inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable».

63. Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 734 de 200242 –antes referenciado–, no trae una
descripción conceptual de la culpabilidad, es decir, no define que debe entenderse por
tal sino que señala una regla de prohibición –no puede haber responsabilidad objetiva–
y los grados o niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa.

64. Por lo tanto, el contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia
disciplinaria –dolo y culpa–, puede establecerse, como lo ha definido previamente la Sala
Plena de lo Contencioso–administrativo33, para el dolo según el Código Penal –por
remisión expresa del artículo 21 del de la Ley 734 de 200243– y para la culpa de
conformidad con el artículo 44, parágrafo, del estatuto disciplinario, en el cual se definen
los conceptos de culpa gravísima: ignorancia supina, desatención elemental o violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, y culpa grave: inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, tal y
como se describe en el siguiente cuadro:

41
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
42
Ibídem.
43
Ibídem.
12

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tabla 1
Culpabilidad en materia disciplinaria
Forma de Descripción Sustento jurídico
culpabilidad
1 Dolo Conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y Artículo 22 de la Ley 599
querer su realización -conocimiento y voluntad-. de 2000 -Código Penal-.
2 Culpa Ignorancia supina, desatención elemental o violación Ley 734 de 2002, articulo
gravísima manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento 44, parágrafo.
3 Culpa grave Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona Ley 734 de 2002, artículo
del común imprime a sus actuaciones 44, parágrafo.
Fuente: tomado de Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente
08001-23-33-000-2017-00828-02 (0218-2023).

65. En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad en el que se valora el aspecto
subjetivo de la conducta, por lo tanto, en virtud de lo expuesto anteriormente y del
contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 200244, es este factor el que determina si en
un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o
tiene importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.

66. Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia
alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras,
si se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad
se configura una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la
Ley 734 de 200245 y, en ese mismo orden, si a pesar del estudio formal de la culpabilidad
de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de
los grados de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad en los
términos del artículo 44, parágrafo, del estatuto disciplinario.

67. Por último, los comportamientos de la culpa gravísima se presentan, la primera de
ellas, es decir, la ignorancia supina, cuando quien debiendo conocer ignora y no hace
nada para salir de dicha ignorancia, implica que quien incurre en culpa gravísima por
ignorancia supina debe demostrar que su ignorancia proviene no de la falta de
actualización en su conocimiento, sino realmente en la imposibilidad de salir de esta. La
desatención elemental es la violación al deber objetivo de cuidado por la negligencia
absoluta respecto a los deberes, es decir, cuando el servidor no hace lo que cualquier
otra persona con su mismo conocimiento y posición hiciese frente a esa misma situación.
Es un supuesto bajo el cual por total negligencia se deja conocer y con ello se ignoran
los supuestos que debían regir su comportamiento y se incurre en el quebrantamiento
que constituye falta. Finalmente, la violación a las reglas de obligatorio cumplimiento se
hace presente cuando el servidor tiene un deber que se encuentra regulado por una
norma imperativa, que puede ser de orden legal, reglamentario e inclusive deontológico,
y cuyo cumplimiento obvió46.

44
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
45
Ibídem.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de junio de 2024, expediente 08001-23-33-
000-2017-00828-02 (0218-2023).
13

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

3.3.2. La valoración probatoria en la Ley 734 de 200247

68. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, en lo que refiere a la finalidad
de la prueba, que «las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para
crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que
son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el
ordenamiento positivo a los casos concretos»48. De manera que el recaudo de la prueba
tiene por objetivo llevar al juez a un estado de certeza para poder proferir un fallo
sustentado en la realidad planteada por las pruebas aportadas, siempre y cuando, estas
sean debidamente valoradas conforme con las reglas y criterios que el propio
ordenamiento jurídico establece – de conformidad con las reglas de la sana crítica –.

69. Sobre la valoración de las pruebas, la Ley 734 de 200249 preceptuaba, en su artículo
141, que estas «[…] deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de
las pruebas en que ésta se fundamenta».

70. Los medios probatorios que se recauden durante la actuación administrativa
mostrarán en conjunto una realidad material que debe ser apreciada como legalmente
corresponde, según la ley disciplinaria, es decir, que la finalidad de este procedimiento
«[…] es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda
de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las
personas que en él intervienen», tal como lo disponía el artículo 20 de la mencionada
Ley 734 de 200250, y al mismo tiempo tener en cuenta que la sanción disciplinaria «tiene
función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar
en el ejercicio de la función pública», como lo instituye el artículo 16 ibídem.

71. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional51 el sistema de la sana
crítica o persuasión racional obliga al juzgador a establecer por sí mismo el valor de las
pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Estas reglas son
las que debe tener en cuenta la autoridad disciplinaria y contribuyen para que las
conclusiones a las cuales arribe sobre el valor o contenido de la prueba sean legalmente
válidas, pues impiden que aquel razone a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente,
de manera contra evidente o dé un alcance y extensión a la prueba que no se desprenda
de ella.

72. La Ley 734 de 200252 señala un nivel de certeza especial para que la autoridad
disciplinaria pueda establecer responsabilidad y proferir fallo sancionatorio, el cual puede
observarse claramente de la lectura coordinada y conjunta de las siguientes normas.

47
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
48
Sección Segunda, Subsección A, expediente 70001-23-33-000-2013-00277-01(1498-15), sentencia de 25 de enero
de 2018.
49
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
50
Ibídem.
51
Sentencia C-202 de 2005.
52
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
14

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

73. El artículo 9 ibídem establece que a quien se le atribuya la comisión de una falta
disciplinaria (tipicidad) se le debe presumir inocente hasta que esta presunción sea
desvirtuada mediante la declaratoria de responsabilidad y la cual solo se puede declarar
cuando se haya eliminado «toda duda razonable», desde luego, sobre los elementos que
determinan la responsabilidad (tipicidad, antijuridicidad o ilicitud material y culpabilidad).
La norma en comento señala lo siguiente:

«Artículo 9. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se
presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no
haya modo de eliminarla».

74. En los artículos 162 y 142 de la Ley 734 de 200253, el legislador estableció el grado
de convencimiento que el material probatorio, aportado a través de los medios de prueba
válidos, debe dar a la autoridad disciplinaria para proferir dos de las providencias más
importantes del proceso disciplinario, esto es el pliego de cargos y el fallo. Las normas
en comento establecen lo siguiente:

«Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento
formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba
que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede
recurso alguno».

«Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de
la responsabilidad del investigado».

75. De acuerdo con las disposiciones anteriores, para que la autoridad disciplinaria pueda
proferir el fallo y atribuir responsabilidad, debe acreditarse un nivel de certeza, para que
así se proteja el principio de presunción de inocencia.

76. Es así que el proceso administrativo disciplinario se sintetiza en dos finalidades, la
primera como instrumento de tutela de los derechos y garantías de los asociados y la
segunda constituye un sendero para que la administración pueda tomar una decisión
acorde con el ordenamiento jurídico, teniendo como criterio los elementos de juicio
necesarios para ello, que se circunscriben como principios y reglas, y al acervo
probatorio.

77. Finalmente, advierte la Sala que la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de 9
de agosto de 2016, proferida en el expediente 2011-316 (1210), definió que el control
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce sobre los actos administrativos
disciplinarios, es integral. Ello, por cuanto la actividad del juez de lo contencioso
administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio
sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del
ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos
fundamentales54.

53
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de junio de 2024, expediente 76001-23-33-
000-2014-00893-02 (3208-2023).
15

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

78. Lo anterior porque: (i) los actos administrativos proferidos por los titulares de la acción
disciplinaria, hacen parte del ius puniendi, (ii) es una garantía de la tutela judicial efectiva
en la Convención Americana de Derecho Humanos y en la Constitución Política, y (iii) la
jurisdicción está estatuida para la preservación del ordenamiento jurídico y la efectividad
de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley, por cuanto es expresión
del ejercicio del control judicial de los actos de la administración, en el marco del Estado
Social de Derecho.

79. De manera tal que, el juicio integral que en materia disciplinaria ha prohijado la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite controlar la valoración de la prueba
porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto
disciplinario se encuentra debidamente motivado.

3.3.3. Medios de prueba

80. José del Carmen Hernández Abril fue elegido como alcalde del municipio de Onzaga,
Santander, para el período constitucional 2012 – 201555.

81. En su calidad de alcalde municipal de Onzaga, José del Carmen Hernández Abril
presentó al Ministerio del Interior un proyecto para la «restauración y adecuación del
palacio municipal del municipio de Onzaga, departamento de Santander», identificado
con el radicado EXTM13-001191756. En respuesta, el Ministerio del Interior, mediante
oficio OFI13-000028736-SIN-4020 del 18 de septiembre de 201357, contestó que: «se
devuelve el proyecto presentado para “restauración y adecuación del palacio municipal
del municipio de Onzaga, Departamento de Santander”, dado que el mismo no se
enmarca dentro de los parámetros establecido para la viabilidad y asignación de recursos
en la presente vigencia».

82. A través de oficio OFI14-000032235-SIN-4020 del 27 de agosto de 201458, el
Ministerio del Interior indicó al alcalde municipal de Onzaga que, para obtener
financiación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para resolver
problemas de inexistencia o riesgo inminente de colapso por el mal estado de las
edificaciones de las sedes administrativas municipales, debía «presentar un proyecto
ajustado al procedimiento establecido para la evaluación de los proyectos financiados
con recursos FONSECON».

83. Mediante oficio OFI15-000000311-SIN-4020 del 13 de enero de 201559, el Ministerio
del Interior reiteró lo señalado en los oficios OFI13-000028736-SIN-4020 del 18 de
septiembre de 2013 y OFI14-000032235-SIN-4020 del 27 de agosto de 2014, y procedió
a devolver al alcalde de Onzaga el proyecto denominado «Estudio, Diseño y

55
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 111.
56
En el expediente no obra este documento, no obstante, en la respuesta del Ministerio del Interior se indica el asunto
y radicado de la solicitud.
57
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 36.
58
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 37.
59
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 39.
16

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

Construcción del Centro Administrativo Municipal de Onzaga», por no cumplir los
requisitos para obtener la financiación solicitada.

84. La Secretaría de Planeación Municipal de Onzaga, Santander60, a través de informe
técnico del 22 de enero de 2015 estudió el estado de las instalaciones físicas del palacio
municipal. Puntualmente, el objeto del informe fue el de «establecer el estado actual de
la edificación, con el fin de declarar urgencia manifiesta de la edificación ya que, por su
avanzado estado de deterioro, generara riesgo de colapso, a su vez elaborar un proyecto
de adecuación y remodelación con la finalidad de mejorar las instalaciones y mitigar
dicho riesgo». Así las cosas, el informe arrojó las siguientes recomendaciones y
conclusiones:

«La edificación se encuentra colapsando poco a poco debido a su avanzado estado de
deterioro, tanto así que se han restringido algunos pasos por los pasillos del segundo
piso, puesto que pueden presentarse situaciones de emergencia en cuanto a accidentes
tanto de la comunidad como los empleados que realizan sus actividades diariamente.

Se necesita, de manera urgente la adecuación y remodelación del palacio municipal,
debido a que la estructura de la cubierta y de entrepiso se encuentran colapsando como
se muestra en el registro fotográfico, por ende se deben tomar las acciones correctivas lo
antes posible ya que pueden presentarse situaciones calamitosas a corto tiempo por las
situaciones anteriormente expresadas, a su vez atendiendo a las diferentes verbales y
peticiones de la comunidad, funcionarios de la administración municipal, y los funcionarios
visitantes de orden nacional y departamental, en las cuales se plasman y expresan la
necesidad de hacer esta remodelación, con el fin de proteger la vida de todos los usuarios
y funcionarios de la Alcaldía; también para mejorar el servicio a toda la comunidad y
visitantes en general, la cual consta de:

Aspectos físico espaciales (oficinas)

Desmontar y construir tanto el entrepiso como la cubierta de la edificación puesto que por
su avanzado estado de deterioro se hace necesario el montaje nuevo de cada una de
estas pares, a su vez toda la carpintería en madera debe ser cambiada ya que se
encuentran podridas debido a la polilla.

Estructuras y forjados

Realizar un reforzamiento estructural, para de estar forma evitar que la edificación siga
presentando grietas y fisuras, además se deben sustituir todas y cada una de las
columnas de la cubierta siempre y cuando sea necesario

Instalaciones

Ampliar la red de tuberías hidrosanitarias con el fin de dar cobertura a todo el edificio, a
su vez mejorar la red eléctrica e implementar red de datos. […]».

85. Según consta en el Acta 01 del 10 de febrero de 201561, el Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Onzaga62 se reunió con el objetivo de

60
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 20.
61
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 9.
62
Según consta en el acta, asistieron a la reunión ordinaria: José del Carmen Hernández Abril, alcalde municipal;
Jefferson Rueda Pérez, secretario de Planeación-presidente CMGRD; Carolina Estupiñán Cáceres, coordinadora
(CMGRD); Ángel Daniel Caro Muñoz, comisario de familia con FIP; Nelly Esperanza Quintero Sanabria, secretaria de

17

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

«declarar la urgencia manifiesta de conformidad con la ley 80 de 1993 del Palacio
Municipal el cual requiere una intervención urgente», con fundamento en el estudio
técnico realizado por la Secretaría de Planeación Municipal.

86. El alcalde de Onzaga declaró la urgencia manifiesta en el municipio a través del
Decreto 009 del 13 de febrero de 201563, así:

«[…] Considerando

[…] Que las instalaciones del Palacio Municipal de Onzaga donde funcionan todas las
dependencias de la Administración Municipal se encuentran en avanzado estado de
deterioro por factores climáticos, así como el paso del tiempo y fallas en la estructura los
cuales han afectado la edificación del Palacio Municipal ocasionando un riesgo inminente
de colapso y peligro tanto a los funcionarios como a contratistas que diariamente transitan
dichas instalaciones como a todos y cada uno de los visitantes.

Que la Administración Municipal 2012-2015 en cabeza del Señor Alcalde José del
Carmen Hernández Abril ha hecho todas las gestiones necesarias ante los entes del nivel
Departamental como Nacional para conseguir los recursos tendientes a mitigar el riesgo
que genera el Palacio Municipal, debido a que no se contaba con los recursos necesarios
para ello; sin que a la fecha se haya recibido respuesta positiva ante las peticiones.

Que el 18 de septiembre de 2013, 27 de agosto de 2014 y 13 de enero de 2015 por parte
de la Subdirectora de Infraestructura del Ministerio del Interior se recibió respuesta
negativa al proyecto de restauración y adecuación del palacio municipal, argumentando
que los recursos se estaban priorizando para municipios que no contaran con palacio
municipal, o el existente se encontrara en inminente riesgo de colapso, devolviéndose el
proyecto en repetidas ocasiones a pesar de realizar las subsanaciones solicitadas y sin
haber una visita ocular técnica por parte de una persona competente de la entidad que
determinara si efectivamente la estructura se encontrara en riesgo de colapso, de tal
suerte que los proyectos fueron rechazados sin observarse la realidad estructural del
Palacio Municipal de Onzaga.

Que se recibió informe Técnico por parte del Arquitecto Jefferson Hernán Rueda Pérez,
Secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Onzaga de fecha 22 de enero
de 2015 donde se evidencian las graves falencias de la estructura […]

Que el día 10 de febrero de 2015 a las 8:00 a.m., en reunión ordinaria del Comité de
Gestión del Riesgo, la que se convocó por el riesgo inminente presentado en el Palacio
Municipal del Onzaga que se plasmó en el informe técnico antedicho y se determinó la
necesidad de la declaratoria de Urgencia Manifiesta por riesgo inminente de colapso de
la estructura, pues por el deterioro natural del paso del tiempo y del clima se ha venido
causando daños en la estructura; después de la exposición realizada por el Secretario de
Planeación y la evaluación realizada por la comisión técnica del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo, en la cual se evidencia la necesidad de dar solución al riesgo que
representa el Palacio Municipal tanto para los funcionarios y visitantes; convirtiéndose
también ello en riesgo para las viviendas vecinas por la complejidad de los daños.

Que es necesaria la intervención y la toma de medidas urgentes para la atención de lo
expuesto con el fin de proteger a la comunidad, ya que la construcción presenta las
siguientes tipologías como: Humedad por filtración, existen filtraciones de agua, por la
tipología y la falta de aislamiento, esta se condensa produciendo manchas y deteriorando
los revestimientos de paramentos verticales y horizontales, Grietas y fisuras en los muros,

Salud; Juan Fernando Cáceres Navas, personero municipal; Jhon Edinson Ayala Acero, delegado del comandante de
la Estación de Policía municipal; Gladys Patricia Gomez Abril, gerente Onzaga y Fabio Medina, delegado de la
Defensa Civil.
63
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 48.
18

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

dinteles y molduras. Se han dispuesto unos testigos de yeso para intentar conocer la
velocidad con que evolucionan y si es necesario hacer un estudio pormenorizado con el
objeto de tener un diagnóstico para intervenir conociendo las lesiones producidas en la
estructura, Las carpinterías tanto interiores como exteriores son de madera, por lo que
necesitan un mantenimiento periódico de lijado e imprimaciones. Estas, en los últimos
años no se han intervenido, y en la actualidad tienen un avanzado deterioro, que debido
a la humedad y el sol se han ido dañando, por lo que el aspecto estético y funcional es
deficiente. Ampliar la red eléctrica, ya que esta no tiene la potencia necesaria para la
demanda del edificio, y la necesidad de adaptar el edificio debido a su uso, a nuevas
tecnologías como red informática, internet y telefonía y la adaptación a normativas,
recuperación de los revestimientos tanto interiores como exteriores, debido a la humedad,
grietas y fisuras y en los paramentos horizontales del interior estos hechos que dan lugar
a la declaratoria de urgencia manifiesta son evidentes, lo cual no da espera y hay que
darle pronta solución.

Que la edificación se encuentra colapsando poco a poco debido a su avanzado estado
de deterioro, tanto así que se han restringido algunos pasos por los pasillos del segundo
piso, puesto que pueden presentarse situaciones de emergencia en cuanto a accidentes
tanto de la comunidad como los empleados que realizan sus actividades diariamente.

Que se necesita, de manera urgente la adecuación y remodelación del palacio municipal,
debido a que la estructura de la cubierta y de entrepiso se encuentran colapsando como
se muestra en el registro fotográfico que se anexa en el informe técnico, por ende se
deben tomar las acciones correctivas inmediatamente ya que pueden presentarse
situaciones calamitosas a corto tiempo por las situaciones anteriormente expresadas, a
su vez atendiendo a las diferentes verbales y peticiones de la comunidad, funcionarios de
la administración municipal, y los funcionarios visitantes de orden nacional y
departamental, en las cuales se plasman y expresan la necesidad de hacer esta
remodelación, con el fin de proteger la vida de todos los usuarios y funcionarios de la
Alcaldía; también para mejorar el servicio a toda la comunidad y visitantes en general, la
cual consta de: […]

Que las anteriores adecuaciones se requieren de manera inmediata toda vez que un
proceso contractual para realizar una obra tardaría un tiempo aproximado de dos meses,
de tal suerte que el tiempo del proceso de contratación y la iniciación de las obras genera
un riesgo en las personas que transitan por la edificación pues la estructura se encuentra
colapsando.

Que las adecuaciones que requiere el Palacio Municipal son de inmediata ejecución, las
cuales no se habían hecho en los años anteriores por la falta de recursos propios del
Municipio para la atención de dichas emergencias, precisamente por esa falta de dinero,
se habían presentado desde el año 2013 proyectos para la restauración y adecuación del
Palacio Municipal ante distintos entes a nivel nacional, los cuales no fueron aprobados a
pesar de realizar los requerimientos hechos por las entidades, de tal suerte que la espera
de aprobación de dichos proyectos generó una expectativa que imposibilitaba la
intervención por parte del Municipio hasta el pasado 13 de enero de 2015 que fue recibida
una última comunicación reiterando la negativa a aprobar la ayuda solicitada. La situación
se agravó en estos últimos días por cuanto la edificación debe ser intervenida de manera
inmediata.

[…]

En este sentido, la estructura física de la Administración Municipal de Onzaga ubicada en
la Carrera 2 # 4-37 por la manifestación no intencional de los efectos climáticos y del
tiempo transcurrido desde la construcción de la misma (1977 aproximadamente) ha
venido presentando situaciones de vulnerabilidad, lo cual además de presentar riesgo en
las personas que habitual u ocasionalmente transitan dichas instalaciones por riesgo de
colapso, puede causar una dificultad o alteración en la prestación del servicio y el debido
cumplimiento de la función administrativa.

19

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

[…]

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales
daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un
agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. Así las cosas, se hace necesario tomar las
medidas adecuadas y pertinentes para evitar causar daños a los particulares que puedan
afectar tanto su integridad física como la preservación de sus bienes.

Que para atender debidamente la emergencia, se hace necesario realizar un contrato de
obra con una persona idónea que realice las adecuaciones necesarias a fin de mitigar el
riesgo de colapso de la estructura donde funciona el palacio municipal de Onzaga
Santander para lograr conjurar la situación excepcional.

En mérito de lo expuesto el Suscrito Alcalde Municipal:

Decreta

Artículo primero. Declarar la urgencia manifiesta como consecuencia de la situación
presentada en el edificio del Palacio Municipal de Onzaga ubicado en la Carrera 2 # 4-37
del mismo municipio, hasta cuando se supere dichas deficiencias, de conformidad con la
parte considerativa de este Decreto.

Artículo segundo. Como consecuencia del artículo anterior realícense los movimientos
presupuestales necesarios para afrontar la situación de emergencia por la urgencia, así
como el contrato de obra con una persona idónea para las adecuaciones en el Palacio
Municipal por un valor de […] $428.434.185.88 por una duración de ciento veinte días
(120) de duración del contrato.

Artículo tercero. El Plan de Acción Especifico el cual se anexa estará coordinado por el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y su seguimiento y evaluación estará a cargo
de la Oficina de Planeación Municipal, quien remitirá los resultados de este y evaluación
al Comité Departamental para la Gestión del Riesgo.

Artículo cuarto. La actividad contractual se llevará a cabo de conformidad con lo
establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, con sujeción al régimen especial
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el 42 de ley 80 de 1993 y podrán
contemplar cláusulas excepcionales de acuerdo a lo estipulado en los artículos 14 al 18
de la Ley 80 de 1993.

Artículo quinto. Régimen normativo. Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y lo estipulado en
los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. El control fiscal será ejercido por la Contraloría
Departamental de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

Artículo sexto. Una vez celebrado los contratos o convenios en virtud de la situación de
urgencia manifiesta, estos y el presente acto administrativo junto con el expediente
contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los
hechos se enviarán a la Contraloría Departamental de conformidad con el artículo 43 de
la Ley 80 de 1993.

Artículo séptimo. Harán parte de este Decreto todas las actas de reunión del Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo del Municipio, de las reuniones conjuntas el Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo, a través de las cuales se aprobó el Plan de
Acción General y la declaratoria de Urgencia Manifiesta. Así como también todo el informe
técnico que se discutió en las reuniones.».

20

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

87. El 23 de febrero de 2015, la Secretaría de Planeación e Infraestructura elaboró los
estudios previos64 para el procedimiento de contratación directa por urgencia manifiesta,
de conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto
1510 de 2013. En este documento se señalaron las condiciones del contrato a suscribir,
tales como el objeto, lugar y plazo de ejecución; los requisitos mínimos que debía
acreditar el contratista; las obligaciones especiales de las partes, la forma de pago y la
constitución de las garantías de cumplimiento.

88. El municipio de Onzaga celebró «contrato especial» LIC-UFG-001 de 23 de febrero
de 201565 con la Cooperativa de Departamentos y Municipios de Colombia66, por un valor
de $429.451.615, cuyo objeto es:

«Cláusula primera. Objeto: urgencia manifiesta en el palacio municipal de Onzaga,
Santander, demandando la atención inmediata con obras a ejecutar descritas en las
especificaciones técnicas (urgencia manifiesta declara mediante decreto 009 del 13 de
febrero de 2015»

89. Posteriormente, el 13 de marzo de 2015 el alcalde del municipio de Onzaga y el
representante legal67 de CODENCO celebraron otrosí número 168 al contrato especial
No. URG-001 de 2015, con el objeto de que CODENCO se obligara a constituir una
garantía única de cumplimiento en favor del municipio.

90. Asimismo, el 29 de mayo de 2015 suscribieron otrosí número 269 al contrato especial
LIC-URG-001 de 2015, a través del cual se modificó el valor del contrato y se incluyó el
presupuesto ajustado conforme a las nuevas especificaciones técnicas. En ese sentido
se liberaron los recursos que no se verían afectados con la ejecución del contrato. Así
las cosas, el municipio procedió a «suprimir algunas obras y actividades de las
inicialmente contratadas, por considerar que se encuentran por fuera del alcance de la
urgencia manifiesta, razón por la cual se realizará para efectos de terminar la obra con
las demás adecuaciones un proceso de selección mediante la modalidad de licitación
pública», de manera tal que se modificó el presupuesto inicial de $429.451.615 a un
presupuesto final de $326.365.069.

91. La Contraloría General de Santander, en ejercicio de las funciones atribuidas en los
artículos 267 y 272 inciso 5 de la Constitución Política, y 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
procedió a ejercer el control de legalidad y viabilidad de la urgencia manifiesta declarada
por el alcalde municipal de Onzaga y la contratación celebrada con el fin de conjurarla,
que dio lugar al contrato especial LIC-URG-001 del 13 de febrero de 2015, suscrito con
la Administración Pública Cooperativa de Departamentos y Municipios de Colombia –

64
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314.pdf» /fl. 2.
65
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152.pdf» /fl. 31.
66
En adelante. CODENCO.
67
José Antonio Álvarez Delgado.
68
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 77.
69
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 72.
21

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

CODENCO–. En tal virtud, profirió la Resolución 000345 del 30 de abril de 201570, en la
que se indicó:

«[…] lo que evidencia la documentación que obra en el plenario, referido a la devolución
de los proyectos presentados por el municipio de Onzaga ante el Ministerio del interior,
es que los mismos no cumplen con los requisitos exigidos en el procedimiento, y que a
pesar de que fueron presentados, dichas falencias no fueron corregidas o subsanadas,
como lo sostiene en su contenido el mismo Decreto de la Urgencia.

El escenario acontecido conduce a que no obstante la existencia de falencias físicas por
el paso del tiempo y el consecuente deterioro, para su solución no era necesario acudir a
la figura de la Urgencia Manifiesta, sino que por el contrario, la Administración debió tomar
medidas oportunas a su alcance que permitieran planificar los estudios e implementación
de medidas que dieran solución a la problemática.

Ahora, tampoco es de recibo el manifiesto de la Administración Municipal, que argumenta
que la expectativa generada por la espera de la aprobación de los proyectos
imposibilitaba la intervención por parte del municipio, y que ante la negativa a aprobar la
ayuda solicitada, -la situación debe ser intervenida de manera inmediata porque la
situación se agravó en los últimos días-: pues estas circunstancias últimas no se
encuentran probadas en el expediente, sino que por el contrario, lo que se aprecia es que
los sucesos anotados son demostrativos de la existencia de los problemas con
anterioridad suficiente a la declaratoria de la urgencia, sin cambios novedosos y
sustanciales en las estructuras que devenguen su intervención inmediata.

Adicionalmente se advierte que la motivación de la declaratoria de la Urgencia, incluye
otros aspectos de carpintería que por falta de intervención en su mantenimiento tienen un
aspecto estético y funcional deficiente, de igual forma por necesidad de adaptación al
edificio la ampliación de la cobertura de la red de tuberías hidrosanitarias y el
mejoramiento del uso de la red eléctrica e implementación de red de datos lo cual se
constituyen en condiciones no acordes para la declaratoria de marras.

En consecuencia de lo expuesto, este ente de control considera que no existe fundamento
técnico ni legal para declarar la Urgencia Manifiesta, en el presente caso no se configuro
situación alguna de fuerza mayor que ameritara tal declaratoria, atendiendo el hecho que
la aludida vulnerabilidad de la edificación de la Administración Municipal viene siendo la
misma de tiempo atrás, sin presentarse novedades sustanciales y, en cuanto a la
supuesta dificultad o alteración en la prestación del servicio y el debido cumplimiento de
la función administrativa, hay que anotar que si las condiciones presentadas por la
edificación del Palacio Municipal no eran aptas para la atención al público en sus
funciones administrativas, dicho servicio podía ser prestado desde cualquier otro lugar o
edificación a la cual se haya trasladado el personal.

En ese orden, con la situación expuesta y los presupuestos establecidos se encuentra
improcedente el uso excepcional de la figura de la Urgencia Manifiesta, por carencia de
fundamento técnico y legal para su declaratoria, pues no se evidencia la presencia de
circunstancias fácticas que requirieran una inmediata solución en aras de evitar que se
vea afectado el interés público o se vea suspendida la prestación del servicio, y además
dichos presupuestos no imposibilitaban acudir a los procedimientos de selección o
concurso públicos establecidos en la Ley. Esto aunado a que los traslados presupuestales
internos que se llevaron a cabo podrían eventualmente producir un perjuicio al municipio
y a la colectividad.

Es oportuno manifestar que con la declaratoria de la Urgencia el Alcalde Municipal de
Onzaga, celebró directamente el Contrato Especial No. LC-URG-001 de 2015 por valor
de $429 451.615, no obstante no existir las causales previstas en la ley, trastocándose

70
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152» / fl. 54.
22

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

los preceptos y principios de la actividad contractual consagrados en el Estatuto de
Contratación (Ley 80 de 1993), denotando vulneración o la falta de aplicación de los
principios de Transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y Planeación,
siendo pertinente señalar que de acuerdo a la conducta desplegada por el señor José del
Carmen Hernández Abril, Alcalde municipal de Onzaga, Santander, es presuntamente
constitutiva de falta disciplinaria, siendo procedente, una vez ejecutoriada y en firme,
remitir copia de la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación para que
dentro de la órbita de su competencia adelante las indagaciones respectivas por la
improcedencia de la declaratoria de la Urgencia Manifiesta en estudio.

Con fundamento en los anteriores argumentos y lo dispuesto por el artículo 43 de la ley
80 de 1993, en concordancia con la ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 4 literal (a) y el
Decreto 2474 de 2008 articulo 77 parágrafo 1, el Despacho del Contralor General de
Santander

RESUELVE

Artículo primero. Declarar no ajustado a lo dispuesto en el artículo 42 y 43 de la Ley 80
de 1993, la decisión contenida en el Decreto No. 009 del 13 de febrero de 2015, emanado
del señor Alcalde Municipal de Onzaga Santander, José del Carmen Hernández Abril,
conforme a lo señalado en la parte motiva del presente proveído, por lo cual se contrató
en una cuantía de […] 429.451.615) […]»

92. El alcalde de Onzaga interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 345
del 30 de abril de 2015 proferida por el Contralor General de Santander71, para
argumentar que la declaratoria de urgencia manifiesta se enmarcó en los parámetros
legales y fácticos, ya que «al confrontar los hechos y el procedimiento de contratación
que se adelantaría ordinariamente, se determinó que los tiempos de gestión se reduciría
notablemente y dada la inmediatez que exige la satisfacción del interés general, se optó
por la declaratoria de la urgencia manifiesta, ello por cuanto un proceso de licitación
pública se está demorando un aproximado de dos meses […]». Asimismo, precisó que
estaba probado «que efectivamente existieron circunstancias novedosas, que alteraron
las situaciones normales y que se ven reflejadas en las fotografías y Decreto No. 009 de
2015, […] teniendo en cuenta que la urgencia manifiesta tiene no solo el carácter de
curativa, sino también de preventiva, cuyo propósito es evitar situaciones de calamidad
y desastre natural.».

93. La Contraloría General de Santander, a través de la Resolución 000588 del 14 de
julio de 201572, confirmó la Resolución 00345 de 30 de abril de 2015, con el argumento
de que se sostenía en las consideradas efectuadas en dicho acto administrativo.

94. Mediante comunicación 4772 del 29 de julio de 201573 el contralor auxiliar de
Santander, Carlos Fernando Pérez Gelvez, puso en conocimiento a la Procuraduría
Provincial de San Gil de las presuntas irregularidades disciplinarias advertidas en el
marco del proceso de urgencia manifiesta adelantado por la entidad con ocasión del
Decreto 009 del 13 de febrero de 2015 proferido por el alcalde de Onzaga.

71
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152» / fl. 90.
72
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 29.
73
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 1 a 152» / fl. 4.
23

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

95. Con ocasión de lo anterior, la Procuraduría Provincial de San Gil, a través de auto del
6 de octubre de 201574 dispuso la apertura de la indagación preliminar IUS 2015-269436
– IUC D-2015-605-787324, en contra de José del Carmen Hernández Abril, en su calidad
de alcalde municipal de Onzaga, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos,
determinar si estos eran constitutivos de falta disciplinaria, individualizar al autor y su
grado de responsabilidad y determinar si actuó amparado en una causal de exclusión de
responsabilidad frente a los hechos informados.

96. José del Carmen Hernández Abril no acudió a notificarse personalmente de la
apertura de la indagación preliminar, por lo que se procedió a notificarlo por edicto No.
254 publicado el 3 de noviembre de 201575.

97. Mediante auto del 9 de diciembre de 201576, la Procuraduría Provincial de San Gil
acumuló el proceso de radicado IUS 2015-315363 al IUC D-2015-605-787324, por
tratarse de los mismos presuntos hechos investigados, el mismo disciplinado y el factor
territorial. En virtud de lo anterior, se incorporó al expediente disciplinario IUC D-2015-
605-787324, la denuncia radicada ante la autoridad disciplinaria por el personero
municipal, Juan Fernando Cáceres Navas, el 7 de septiembre de 201577, que fue
planteada de la siguiente manera:

«Primero: El Alcalde Municipal de Onzaga Santander, Señor José del Carmen Hernández
Abril junto con la empresa “Administración Pública Cooperativa de Departamentos y
Municipios de Colombia”, CODENCO, cuyo representante es el contratista José Antonio
Álvarez Delgado, acordaron celebrar el contrato especial número LIC-URG 001 del 2015
de fecha 23 de Febrero del 2015, por valor de […] $429.451.615, cuyo objeto es “Urgencia
manifiesta en el Palacio Municipal de Onzaga, Santander, demandando la atención
inmediata con obras a ejecutar descritas en las especificaciones técnicas”.

Segundo: Dentro del contrato realizado, se especifica la descripción de las obras que
merecen intervención, en razón al deterioro que presenta la estructura, Dentro de estas
obras hacen claridad a la estructura en madera la cual comprende 1. El Desmonte de la
Cubierta (400 M2) 2. Vigas Estructurales entrepiso (50.00Ml), soleras en madera para
segundo piso (50.00 UND), Viga aérea en madera segundo nivel del Corredor (83.00 ML)
y viga aérea en madera (Cubierta) (40.000MI): especificando la intervención de la cubierta
con estructura de madera de 600.00 M2.

Tercero: Dentro de los informes de actividades que al parecer presenta el contratista y el
supervisor de la obra de fecha febrero 16 a marzo del 2015, documentos que reposan en
la carpeta del contrato, se puede constatar que se realizó el desmonte de la cubierta y la
reposición de la misma en un 100% ya que según se evidencia los 400m2 existentes
estaban en mal estado.

Cuarto: En visita realizada por la Personería Municipal de Onzaga a las instalaciones del
Palacio Municipal con el fin de verificar el adelanto de la obra fui atendido por los señores
Mónica Pacheco (ingeniera residente de la obra), Jefferson Rueda (supervisor de la obra),
Óscar Roa (arquitecto), Emiliano Piedrahita (funcionario de la administración y Miguel

74
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 45.
75
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 51.
76
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 53.
77
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 56.
24

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

García (concejal del municipio), levantando la correspondiente acta la cual evidencia lo
Siguiente:

• La obra del Palacio Municipal se encuentra en Obra negra y al parecer no va a ser
terminada con prontitud, en razón a que el contrato en un principio celebrado
posiblemente careció de estudio, debido a que se presentaron dos otros, de los cuales
uno de ellos realiza una reducción o ajuste del valor de lo presupuestado en un principio,
para dejar un presupuesto final de […] $326.365.069.

• En el recorrido que se realizó se puede establecer que parte de la estructura de madera
que corresponde a la cubierta no fue cambiada con material nuevo; por el contrario,
probablemente instalaron parte de la estructura antigua ya que hay vigas que presentan
cierto grado de deterioro; igualmente se puede observar que parte del material instalado
en el entrepiso, probablemente pueda ser material que no responde a las características
de una estructura nueva; las vigas que instalaron en el Corredor del segundo piso,
aparecer son vigas viejas ya que presentan cierto grado de deterioro y antigüedad,
igualmente se pudo establecer que existen habitaciones del palacio Municipal que
presentan deterioro y no fueron intervenidas. (Se anexa registro fotográfico a color).

• En la visita realizada por la Personería Municipal de Onzaga (S) no se puede establecer
a ciencia cierta la cantidad de obra intervenida y la calidad de los materiales instalados
ya que se carecen de los estudios técnicos para poder realizar un dictamen con criterio.

Quinto: Una vez realizada la visita ocular al Palacio Municipal, el suscrito indaga sobre la
calidad de los materiales y las vigas que presuntamente presentan deterioro a quienes
atienden la diligencia, a lo que se contesta que lo observado es lo único que por cantidad
está contratado, presumiéndose que a la fecha ya no se puede hacer nada por parte de
los contratistas.

Sexto: Sin otro particular ruego a usted señor Procurador sea investigado el contrato
anteriormente mencionado, en razón a que las pruebas y hechos que menciono puedan
probablemente conducir a una falta disciplinaria.».

98. La Procuraduría Provincial de San Gil a través de auto del 29 de agosto de 201878, de
acuerdo con los artículos 175 y 177 de la Ley 734 de 200279 citó a audiencia pública al
investigado, al considerar que su comportamiento se encontraba tipificado en el artículo
48.31 ibídem, según el cual constituye falta disciplinaria gravísima el participar en la
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público,
o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa señalados en la Constitución y en la ley; debido a que en su condición de
alcalde municipal de Onzaga, profirió el Decreto 009 del 13 de febrero de 2015, y declaró
la urgencia manifiesta de las instalaciones del palacio municipal sin que los hechos
constituyeran una situación excepcional de calamidad o de fuerza mayor o desastre, que
demandaran actuaciones inmediatas y que impidieran acudir a los procedimientos de
selección públicos del contratista; y luego suscribió el 23 de febrero de 2015, el contrato
especial LIC-URG-001 de 2015, con CODENCO, para adecuación del palacio municipal.
Así las cosas, el despacho determinó provisionalmente que la modalidad del accionar
fue por acción, y que la culpabilidad se calificaba a título de culpa gravísima por la
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento en tanto, al parecer,
desatendió el deber objetivo de cuidado que les imponía observar y acatar las
disposiciones que reglamentan la celebración de contratos.
78
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 118.
79
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
25

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

99. El disciplinado fue citado mediante oficio 2913 del 31 de agosto de 201880, para que
se notificara personalmente del auto del 29 de agosto de 2018, que dispuso tramitar la
actuación disciplinaria de radicado IUS2015-269436 / IUCD-2015-605-787324 a través
del procedimiento verbal. No obstante, no acudió a notificarse por lo que se procedió a
notificarlo por edicto fijado el 5 de septiembre de 201881.

100. El 7 de septiembre de 201882, la Procuraduría Provincial de San Gil comisionó a
la Procuraduría Provincial de Bucaramanga para que realizara la notificación personal
del disciplinado. No obstante, al no ser ello posible, se fijó edicto en la Secretaría de
dicha entidad el día 13 de septiembre de 201883.

101. Como el disciplinado no acudió a notificarse del auto de cargos y citación a
audiencia, el procurador provincial de San Gil procedió a designarle a María Eugenia
Rangel Guerrero como defensora de oficio84, quien tomó posesión del cargo el 31 de
octubre de 201885 y se notificó personalmente86 de la referida providencia en la misma
fecha.

102. El 14 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la diligencia de audiencia pública87
en el marco del proceso disciplinario adelantado en contra de José del Carmen
Hernández Abril, dentro de la cual la defensora del investigado solicitó como pruebas
que se llamara a rendir testimonio al secretario de planeación de Onzaga, Yeferson
Hernán Rueda Pérez; a la asesora jurídica del alcalde para la fecha de los hechos, Sofía
Sepúlveda; a los integrantes del comité de gestión del riesgo del municipio, Esperanza
Quintero, Yeny Hernández y Carolina Estupiñán; así como al contratista José Antonio
Álvarez. Asimismo, solicitó que se escuchara en versión libre al disciplinado. Las pruebas
fueron decretadas por la autoridad disciplinaria al encontrarlas útiles y pertinentes, y fijó
fecha para la continuidad de la audiencia y práctica probatoria.

103. El 30 de noviembre de 201888 se continuó con la audiencia verbal, diligencia en la
que se hicieron presentes los testigos Yeny Andrea Hernández Martínez y Yeferson
Hernán Rueda Pérez, así como el disciplinado.

104. El testimonio rendido por Yeny Andrea Hernández Martínez, hija del disciplinado
y quien se desempeñaba como gestora social, es el siguiente:

80
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 134.
81
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 135.
82
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 137.
83
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 144.
84
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 146.
85
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 148.
86
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 149.
87
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 157.
88
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 164.
26

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

«… en el Municipio se venía presentando muchas lluvias, la alcaldía pues es una alcaldía
viejita, se le hacían sus mantenimientos normales para ese tipo de construcción, pero
unos 8 o 10 días antes de que se presentara la urgencia manifiesta, entró en un deterioro
bastante alto y grave, así fue como lo vimos, yo tenía ahí mi oficina como gestora social
y la de todos los que estábamos ahí laborando se vieron afectadas, cuando digo que
estaba afectada porque pedazos de techo caían sobre los escritorios dañando las oficinas
y los computadores, enseres y pues nosotros veíamos el peligro para nosotros y las
personas que acudían a la atención, no eran las condiciones para atender las personas.
Y pues viendo la gravedad, pues se presentó la urgencia manifiesta en ese momento
Quiero decir que fue un hecho a tiempo, porque posterior a esa urgencia hacia principios
de marzo se presentó un sismo que fue bastante fuerte que sacudió todo Santander y no
solo la alcaldía se vio afectada sino todo el casco urbano del municipio. Se le concede la
palabra a la apoderada. PREGUNTADO: Yeny diga si recuerda o si le consta cuanto
tiempo antes a la celebración de la urgencia manifiesta se venía presentando el estado
de gravedad del espacio físico de la alcaldía municipal. CONTESTÓ: Como lo dije, la
gravedad estuvo hacía unos 8 o 10 días atrás a que se presentara la urgencia.
PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho, en qué estado se encontraba la alcaldía antes
de estos 10 días, si le consta. CONTESTÓ: si la alcaldía, totalmente me consta que tenía
un deterioro un poco agravándose por las lluvias que se presentaban continuamente, ya
estaba llegándose al límite en que un palacio tan antiguo puede resistir, y ya estaban
cayendo pedazos de techo que ya era imposible controlar el riesgo. PREGUNTADO:
Manifieste al despacho porque no se había realizado el mantenimiento del palacio
municipal en meses anteriores. CONTESTÓ: porque no había recursos para ese
momento. PREGUNTADO: no más preguntas por la apoderada. Pregunta el Procurador
PREGUNTADO: Sírvase indicar cuanto tiempo de su periodo como Alcalde llevaba su
señor padre cuando se presentó el estado de emergencia en el edificio de la alcaldía
CONTESTÓ: Llevaba 3 años y dos meses. PREGUNTADO: En respuestas anteriores
usted manifestó, que la alcaldía venia presentando un deterioro que fue agravado como
8 o 10 días por las lluvias antes de la declaratoria de urgencia manifiesta, en ese espacio
de los 3 años anteriores al observar el estado de dicha alcaldía, que era una casa vieja,
y de la cual se le hacían algunos mantenimientos, se observó la necesidad y se realizó
algún estudio o alguna consultoría para determinar el estado real que pudiese estar dicha
estructura de la alcaldía. CONTESTÓ: Lo idóneo en ese momento era la parte de
planeación, yo solo vi que se hacían los mantenimientos. pero yo no me fui a averiguar si
se estaban haciendo estudios, lo que vimos en ese momento es que el estado se agravó,
lo vivimos porque se nos caían partes a pedazos en los escritorios. pero ya la parte
estructural le correspondía al alcalde con su asesor de Planeación. PREGUNTADO:
Conoces o conocías que en esos 3 años se hubiera hecho algún estudio que permitiera
conocer la situación tal del edificio. CONTESTÓ: No, en realidad no. PREGUNTADO:
Podía usted decirnos si solamente se vio afectado 8 o 10 días ante de la declaratoria de
urgencia manifiesta fue el trecho de la edificación, CONTESTÓ: No solamente fue el
techo, el techo fue lo más porque se cala, el agua bajaba por las paredes y las puso
blanditas, el corredor en es madera y la madera ya se estaba poniendo lisa y tiene un
corredor que se estaba cayendo porque la estructura se pasaba el agua PREGUNTADO:
Sírvase indicar, de donde se obtuvo los recursos que permitieron la realización del
mejoramiento de la alcaldía ante la declaratoria de urgencia manifiesta. CONTESTÓ: No
se.». [sic].

105. El testimonio rendido por Jefferson Hernán Rueda Pérez, secretario de planeación
del municipio de Onzaga a la fecha de los hechos, es el siguiente:

«[…] yo me vinculé a la administración el 12 de agosto de 2013 donde desempeñé
funciones de secretario de planeación. Mi función dentro del comité, en ese caso
específico, era realizar un informe técnico del estado en que se encontraba el palacio
municipal debido a eventos naturales que se habían presentado. PREGUNTADO: se le
concede la palabra a la defensora. Manifiéstele al despacho, porque esta obra no se
había realizado anteriormente. CONTESTÓ: no se había realizado debido a la falta de
recursos. PREGUNTADO: y por qué si la pudieron realizar en los primeros meses del
2015 y ahí si hubo recursos. CONTESTÓ: pues en su momento quien designó los
27

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

recursos fue el ordenador del gasto, porque se presentó una época fuerte de lluvias, la
administración siempre había requerido la mejora de las mismas, pero por las fuertes
lluvias de final de año y principios del nuevo se deterioró más la estructura hubo sitios
donde toco acordonar con cinta amarilla por la ruptura de pisos de madera y los cielos
rasos como eran de caña y barro. Se fue acumulando agua y empezaron a caer trozos
grandes en las oficinas que podía lesionar a los funcionarios y a los usuarios.
PREGUNTADO: manifieste si anteriormente al informe rendido por usted al comité de
gestión de riesgo había rendido otros informes sobre el estado del palacio de justicia los
rindió si se encontraba en el mismo estado o si varió para el último informe CONTESTÓ:
pues estos informes reposan en las respectivas carpetas de gestión de riesgo y el estado
vario sustancialmente con lo que estaba anteriormente, el informe fue más detallado y
dilucidando lo que se presentó en los últimos 10 días. PREGUNTADO: indíquele al
despacho, si según su criterio técnico la elaboración de esta obra pudiera haber esperado
un mes y medio más o que había pasado CONTESTÓ: efectivamente de haberse
esperado un poco más para realizar las obras. no solo hubieran corrido peligro los
funcionarios como tal, sino los usuarios, niños. abuelos, todas personas que asistían a la
alcaldía, porque había áreas acordonadas por donde no se podía transitar debido a su
estado. PREGUNTADO: No más preguntas. Pegunta el Procurador PREGUNTADO:
Sírvase indicar al despacho como era técnicamente el estado de la alcaldía de su
estructura y demás componentes, antes de los eventos mencionados 8 o 10 días antes
de la declaratoria de urgencia CONTESTÓ: La alcaldía es una estructura de dos pisos en
tapia pisada, cuyo entre piso era de madera rolliza y piso de machimbre cubierta en tela
de barro, se encontraba deteriorada y se agravó por la lluvia, el mismo uso da deterioro
y la corrosión y el tiempo PREGUNTADO: Ha manifestado usted que la estructura por el
paso del tiempo ya presentaba algún deterioro, y ya había colocado cintas de aislamiento,
diga si antes de ese evento ya se había hecho estudios por el estado en que estaba y por
el posible riesgo para la comunidad. CONTESTÓ: Anteriormente los estudios a lo que
hace referencia, se allegaron a los proyectos que se presentaron a los entes
gubernamentales, como no había recursos en esos entes, los proyectos se presentaron
si lograr el objeto, por eso la estructura se deterioró más. Es decir, a la infraestructura
había que hacerle mantenimiento, cambiar pasamanos, cambiar techo, mejorar
estructura, todos esos estudios están en esas carpetas. PREGUNTADO: Sírvase decir
cómo se consiguieron los recursos para esa urgencia manifiesta. CONTESTÓ: No sé de
dónde se consiguieron los recursos. lo que si se es que una vez yo presenté el informe
ante el comité de riesgo ellos tenían claro que debían intervenir. PREGUNTADO: antes
de esos días de la declaratoria de urgencia manifiesta la alcaldía funcionaba en ese
edificio o si ya se habían traslado algunas dependencias. CONTESTÓ: Antes ya
funcionaba así toda, las áreas que fueron acordonadas fueron evacuadas, esas oficinas
se trasladaron como programas oficiales de traslado al primer piso. PREGUNTADO:
Todas esas incomodidades cuándo se presentaron. CONTESTÓ: eso fue a finales de
enero, eso fue un mes antes.». [sic].

106. El disciplinado, José del Carmen Hernández Abril, rindió versión libre y
espontánea en el siguiente sentido:

«.[…] Llegué a la alcaldía periodo 2012-2015, […], al llegar a este cargo, lo que primero
que hice fue averiguar por los bienes de la alcaldía y no habían documentos, se sacó en
San Gil el documento de un inmueble de 200 años y había unas áreas que no se dejaron
para que las personas pudieran disfrutar […], pero en ese tiempo que estuvimos desde
el 2012 al 2015, en los últimos meses o año que nos faltaba para entregar el mandato se
podía evidenciar con pruebas fehacientes que el deterioro se iba acentuando más y con
el ingeniero Jefferson y otros se pudo comprobar que era eminente un arreglo y se
convocó la unidad de gestión de riesgo para que me asesoran para salvaguardad el
bienestar de personas que entraban a la alcaldía y los trabajadores […], fue así que el 10
de marzo de 2015, en reunión que se efectuó en la alcaldía se llegó a recopilar las
informaciones que habían tomado los técnicos para saber si se necesitaban unos arreglos
para declarar […] urgencia manifiesta y se le dio cumplimiento, y guiados porque el 13
del mismo mes la unidad de gestión de riesgo de Bogotá nos reconoció que había sido
oportuna la declaratoria de calamidad pública por el temblor que afectó al municipio y 6
28

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

municipios más, y […] fuimos reconocidos a nivel nacional y en nuestro municipio
recibimos ayuda para dos viviendas que se fracturaron y como 25 a las que se les dieron
ayudas para baños y cocinas y 50 […] colchonetas por ese sismo de marzo de 2015 Eso
es como lo puntual que sucedió. PREGUNTADO: pregunta la defensora: manifieste al
despacho mediante qué documento la oficina de gestión de riesgo le reconoce acertada
la declaratoria de urgencia manifiesta y donde se podía encontrar. CONTESTÓ: con gusto
estaré dispuesto a aportar ese documento. PREGUNTADO: manifieste al despacho por
qué no se había hecho el mantenimiento antes. CONTESTÓ: por escases de recursos,
por ser un municipio pobre, pero llegó una platica [sic] del FONET [sic], pero no podía
dejar en riesgo a las personas que allí iban y laboraban, y había que hacer el arreglo de
la alcaldía PREGUNTADO: manifieste cuando le llegaron los recurso del FONPEP [sic].
CONTESTÓ: en el 2014. PREGUNTADO: en qué tiempo podían disponer de esos
recursos. CONTESTÓ: eran recursos de libre destinación y era lamentable lo de la
alcaldía. PREGUNTADO: quién le dijo a usted que declarara la urgencia manifiesta.
CONTESTÓ: todos los municipios tenemos un comité, en el que están los secretarios y
la unidad de gestión de riesgo. PREGUNTADO: pregunta el Procurador: en qué fecha del
2014 le llegaron esos recursos. CONTESTÓ: en septiembre de 2014 más o menos.
PREGUNTADO: se le pregunta sobre la resolución de la Contraloría en que se desestima
la urgencia manifiesta que declaró, se le pone de presente. CONTESTÓ: no la conocí,
pero los asesores que tenía en su momento, nosotros los alcaldes actuamos con la
Unidad de Gestión del Riesgo, no es la Contraloría la que autoriza la declaratoria del
riesgo, el estudio se hace por el Departamento y por Bogotá, los dineros que llegan se
utilizan según las necesidades, sé que tocaba atender a los campesinos, pero no podía
dejar que se cayeran las paredes. El documento de la Unidad de riesgo lo puedo
presentar el 5 de diciembre.». [sic].

107. El 7 de diciembre de 201889 se reanudó la diligencia de práctica de pruebas, en la
que se hizo presente la testigo Nury Sofía Sepúlveda Leal, asesora jurídica de la Alcaldía
de Onzaga a la fecha de los hechos, cuyo testimonio es el siguiente:

«[…] CONTESTÓ: claro. […]: yo inicie como asesora jurídica externa en contratación
estatal en el municipio de Onzaga en el año 2013, yo tengo el conocimiento del suceso,
yo hacía visitas mensuales, el edificio donde funciona la alcaldía […] me daba miedo ir y
caminar y nunca quería ingresar al palacio de la alcaldía porque estaba muy deteriorado,
había cintas de aislamiento y hubo un sismo y el deterioro fue bastante, hubo derrumbes
en el palacio y como había continuidad en el servicio al público, había riesgo, las
escaleras se movían, creo que por un sismo […], hubo la necesidad urgente de hacer las
intervenciones por necesidad, pues la evaluación técnica las hizo el secretario de
Planeación y puedo dar fe que el edificio necesitaban intervención con urgencia
manifiesta y por eso dio lugar a la causación de ese contrato. PREGUNTADO: pregunta
la defensora de oficio. Manifieste al despacho qué actividades tenía usted de asesoría en
contratación en el municipio de Onzaga para los meses de enero, febrero y marzo de
2015. CONTESTÓ: específicamente asesoría jurídica, pero la necesidad técnica la
establecían los técnicos yo solo prestaba asesoría jurídica. PREGUNTADO: manifieste al
despacho que asesoría dio usted, como asesora en cuanto a la modalidad de contratación
del palacio municipal y este contrato. CONTESTÓ: la asesoría fue siempre que todos los
procesos en contratación se realizaran en convocatoria pública, sin embargo, el alcalde,
como consecuencia de esos hechos fortuitos que ocasionaron algo grave en la alcaldía,
resolvieron contratarlo rápidamente, creo que hubo un evento que así lo exigió, mi
asesoría fue en buscarle los elementos cuando lo podían hacer por convocatoria pública
o por urgencia manifiesta y fue el alcalde y el secretario de Planeación los que tomaron
esa decisión. PREGUNTADO: manifiesta cual fue su concepto respecto de la elaboración
del acto administrativo de declaración de urgencia manifiesta ya que está su revisión, del
decreto, si se daban los requisitos. Se le pone de presente el decreto. CONTESTÓ: yo
era la asesora de contratación, en cuanto a la modalidad, yo verifiqué las actas del comité,
y por eso consideré que debía rubricarlo, después la Contraloría se pronunció y verificó

89
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 153 a 314» / fl. 169.
29

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

que había unas obras de fachada y que por eso se hizo un otrosí al contrato para excluir
unas obras, para no confundir la indebida contratación con lo que sí era de urgencia
manifiesta. PREGUNTADO: usted dice que había falta de mantenimiento, manifiesta a
cuánto tiempo antes de enero de 2015, se presentaba ese deterioro. CONTESTÓ: la
situación se agravó por unos sismos, el alcalde gestionaba recursos porque el palacio
estaba deteriorado, y se quería hacer una reestructuración, el gestionó y le negaron
muchos recursos, violatorio a la planeación no fue porque el gestionó recursos, después
hubo derrumbes dentro del palacio y por eso se hizo la urgencia porque una contratación
por licitación dura dos meses. PREGUNTADO: cuales fueron las razones por las que no
sugirió una licitación y se hizo por urgencia. CONTESTÓ: el alcalde se reunió con su
equipo técnico y ellos fueron los que determinaron que se hiciera por urgencia manifiesta.
Lo que sí recuerdo es que hubo un otrosí y se sustrajeron muchas obras, mi asesoría
siempre fue [tramitar] por convocatoria pública, pero la parte técnica la valoran ellos, [el]
estado era tenebroso caminar por ahí. PREGUNTADO: con que tiempo venia el deterioro
del palacio antes de la declaratoria de urgencia CONTESTÓ: no recuerdo, yo iba cada
mes, eso era tenebroso caminar por ahí, la obra siempre la querían hacer, pero no tenían
los recursos. PREGUNTADO: era necesario hacer la obra con urgencia. CONTESTÓ: sí.
Yo soy especialista en contratación estatal. De varias empresas grandes de
Bucaramanga y de la administración pública y nunca he tenido ninguna investigación
penal, fiscal o disciplinaria, especialista en contratación estatal y magister en gestión
pública y gobierno. PREGUNTA EL PROCURADOR: dices que llegas en el 2013 y la
percepción de la edificación en cuanto al estado de deterioro, pero que no había recursos,
eso quiere decir que desde el 2013 ya existían las condiciones para la urgencia
manifiesta. CONTESTÓ: mi percepción sí era de que era un edificio viejo y que quería
intervención, pero los técnicos consideraban que eso era sostenible, pero requería de un
buen diseño de un buen estudio para hacer la obra, pero empiezan a haber derrumbes,
yo no me pronuncio sobre el aspecto técnico PREGUNTADO: haga la claridad respecto
de que había unos ítems que fueron modificados, quiere decir que cuando se hizo la
celebración. CONTESTÓ: el alcalde le dio la orden al ingeniero o arquitecto Óscar y el
elaboró todo el proyecto e incluyo obras que no correspondían a la urgencia según la
Contraloría, eran ítems de fachada, pero para salvar la urgencia se hizo la modificación
de lo necesario para evitar un desastre. PREGUNTADO: recuerda usted el costo del valor
del contrato y de lo que se excluyó del mismo por no ser necesario. CONTESTÓ: no
recuerdo, pero yo sé que el alcalde es un señor honesto y por eso vine a declarar. El resto
de la obra lo que se sacó a proceso licitatorio. La declarante busca en el SECOP en su
teléfono celular un contrato que se hizo en el 2015 para obras adicionales en el palacio
municipal fuera de las obras de la urgencia (por selección abreviada de menor cuantía
SAMC002-2015 por 121 millones, 17 de julio de 2015, se contrató el 18 de agosto,
contrato de obra pública 002 de 2015, por 121'656.375, y el objeto era la contratación y
mejoramiento del palacio municipal para acabados, con un adicional. Se contrataron los
acabados.».

108. En la continuación de la audiencia pública llevada a cabo el 12 de diciembre de
90
2018 se otorgó la oportunidad a la defensora de oficio del disciplinado para que alegara
de conclusión.

109. En audiencia de fallo91 celebrada el 14 de diciembre de 2018, el procurador
provincial de San Gil profirió la Resolución 028, a través de la cual resolvió declarar
responsable disciplinariamente al investigado. En el fallo disciplinario, se sancionó al
alcalde con destitución e inhabilidad general de 10 años, por haber incurrido a título de
culpa gravísima, en la falta gravísima prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de

90
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 58.
91
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 82.
30

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

200292, «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan
la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en
la ley». Lo anterior, porque en su condición de alcalde municipal, desatendió el deber
objetivo de cuidado que le imponía observar y acatar las disposiciones que reglamentan
la celebración de contratos, al proferir el Decreto 009 del 13 de febrero de 2015 y declarar
la urgencia manifiesta para contratar obras dirigidas a reparar la infraestructura del
palacio municipal, sin que los hechos constituyeran una situación excepcional de
calamidad o fuerza mayor o desastre, cuya atención impidiera acudir a los
procedimientos de selección pública.

110. En el marco de la diligencia, la defensora de oficio del disciplinado presentó
recurso de apelación contra dicha decisión, a lo que el despacho indicó que se le
otorgaría la oportunidad para sustentarlo al reanudar la audiencia el 20 de diciembre93.

111. El 20 de diciembre de 2018 se reanudó la audiencia pública94, en la cual se le
concedió el uso de la palabra a la defensora sustituta95 para sustentar el recurso de
apelación. La apoderada alegó, en suma, que hubo una indebida valoración probatoria,
una graduación de la falta inadecuada, ausencia de culpabilidad, error invencible y que
el investigado había actuado de buena fe. Finalizada la sustentación del recurso, el
despacho procedió a su concesión inmediata.

112. El 18 de febrero de 201996 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
en segunda instancia, decisión que fue comunicada al investigado y a su defensora a
través de oficios 1419 y 1420 del 19 de febrero enviados por correo de la misma fecha97,
y notificada en estado del 21 de febrero de 201998.

113. La defensora del investigado presentó alegatos99 de segunda instancia,
insistiendo en los argumentos del recurso de apelación.

114. La Procuraduría Regional de Santander a través de la Resolución PRS-SI-023 del
10 de mayo de 2019 profirió fallo disciplinario de segunda instancia100, en el que confirmó
la decisión disciplinaria de primera instancia.

92
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
93
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 107.
94
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 129.
95
La defensora de oficio, María Eugenia Rangel Guerrero, radicó ante el despacho disciplinario sustitución del mandato
judicial en favor Sara Marcela López Vesga, el cual fue aceptado en la diligencia, otorgándole personería para actuar
a esta última. El poder está visible en: Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22
«EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios
315 a 482.pdf» /fl. 128.
96
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 129.
97
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. Fls. 137, 138, 139.
98
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 140.
99
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 142.
100
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 167.
31

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

115. El fallo de segunda instancia fue notificado personalmente al disciplinado101 a
través de su apoderada judicial el 21 de mayo de 2019, el cual quedó ejecutoriado en la
misma fecha según respectiva la constancia102.

3.3.4. Análisis sustancial de la Sala para resolver el primer problema jurídico

A. Contenido y alcance de la falta gravísima señalada en el artículo 48.31 de la Ley
734 de 2002103

116. Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que cada uno de los presupuestos
legales que configuran la falta disciplinaria hacen parte del elemento normativo del tipo,
procede la Sala a concentrar el análisis en la estructura de la falta disciplinaria gravísima
por la que se responsabilizó al demandante, la cual se encuentra contenida en el artículo
de la Ley 734 de 2002104 en los siguientes términos:

«31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.».

117. De conformidad con la norma reseñada, el tipo disciplinario consiste en actuar en
el marco de la etapa precontractual o en la actividad contractual, incumpliendo los
principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

B. Requisitos de la declaratoria de la figura de la urgencia manifiesta

118. La urgencia manifiesta se encuentra reglada en el artículo 42 de la Ley 80 de
1993, que establece:

«Artículo 42. De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad
del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de
obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los
estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección públicos.

La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.».

119. La Corte Constitucional ha precisado en relación con esta figura, que la misma
«constituye una justificada excepción a los procedimientos reglados de selección objetiva
si se tiene en cuenta que su aplicación se encuentra sujeta a la existencia de situaciones
evidentes de calamidad pública o desastre que afecten de manera inminente la

101
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 185.
102
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 192.
103
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
104
Ibídem.
32

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

prestación de un servicio, que son circunstancias que por su propia naturaleza hacen
imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista»105.

120. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado:

«La urgencia manifiesta se presenta, entonces, cuando las circunstancias particulares
“imposibiliten acudir a los procedimientos de selección” que fueron consagrados por el
legislador. De manera que, en el caso en el que llegaren a concurrir estos dos
procedimientos contractuales (mínima cuantía y contratación directa por la causal de
urgencia manifiesta), no tendría sentido alguno que la entidad estatal debiera adelantar
un procedimiento concursal de selección de contratistas, por expedito que este pudiera
llegar a ser, cuando fue el propio legislador, en una acertada anticipación de las
posibilidades y necesidades que debían ser atendidas, quien excluyó esa posibilidad.»106.

121. A su turno, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación ha insistido
que la urgencia manifiesta es excepcional y no debe usarse sustituta del procedimiento
correspondiente para atender situaciones anteriores o concomitantes:

«[…] la urgencia manifiesta no está instituida para solucionar eventos calamitosos
anteriores o concomitantes a la declaratoria, esto es, utilizar el mecanismo que es
excepcional como sustituto de lo que debió hacerse preventivamente. […].

Al analizar los hechos que dieron lugar a la declaratoria de urgencia manifiesta, se
consideró por parte de los operarios disciplinarios que no se tipifican en ninguna de las
causales, toda vez que los problemas de alumbrado público del municipio de Chinchiná
se venía presentando desde hace por lo menos dos años, igualmente, no se demostró un
daño repentino y considerable al sistema de alumbrado, además que el contrato suscrito
No. 030 de 2006, se limitó a la compra de luminarias, pues no hace referencia al cableado
hurtado, motivación del acto de declaratoria de urgencia, tampoco se estableció la
necesidad prioritaria de rehabilitar los circuitos, así mismo, no se erradicó el problema de
falta de iluminación, toda vez que se siguieron presentando quejas por esta razón,
además que, estaba demostrado que existía presupuesto en la entidad para el
mantenimiento y expansión del servicio público de alumbrado.

Del análisis de los hechos no se encuentra que se trata de una situación inesperada o
repentina que amerite la declaratoria de urgencia manifiesta, se trató de una desidia de
la administración municipal, una falta de planeación, que permitió la desmejora en la
prestación del servicio de alumbrado público, pero que podía ser solucionado con los
mecanismos ordinarios de contratación.»107.

122. Se concluye de lo expuesto, que la urgencia manifiesta es excepcional y, por lo
tanto, no puede ser utilizada en lugar de los mecanismos de contratación pública
correspondientes cuando no concurren los requisitos para ello. De tal forma que se
descarta para atender situaciones anteriores o concomitantes a su declaratoria.

105
Corte Constitucional, sentencia C-949 de 2001.
106
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2020. Radicación número: 11001-
03-26-000-2011-00037-00 (41.619).
107
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020. Radicado 11001-03-25-
000-2012-00413-00 (1619-2012).
33

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

C. Análisis sustancial del caso concreto en lo que respecta al primer problema
jurídico

123. La Sala recuerda que el análisis de la tipicidad constituye el primer paso o fase
del juicio de responsabilidad disciplinaria, pues implica verificar si la conducta atribuida
al servidor público se adecúa a la descripción normativa de una falta prevista en el
ordenamiento jurídico. En el caso objeto de estudio, la Procuraduría sostuvo que la
conducta desplegada por el exalcalde era típica, al encuadrarse en la falta gravísima
prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002108, consistente en
intervenir en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan
la contratación estatal.

124. Es importante aclarar que el tipo disciplinario que le fue atribuido al exalcalde no
fue el establecido en el numeral 33 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002109 –como lo
señala el recurrente en su apelación–, que alude a «[a]plicar la urgencia manifiesta para
la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en la ley». Sino que lo
investigó y sancionó por la comisión de la falta señalada en el numeral 31 de la referida
norma, que como se ha expuesto, positiviza como falta disciplinaria gravísima el
«[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley»

125. En ese sentido, en este caso la tipicidad se estructuró a partir de la declaratoria
de urgencia manifiesta y la posterior celebración de un contrato mediante contratación
directa, actuaciones que, según la valoración del órgano disciplinario, se realizaron sin
que se configuraran los presupuestos excepcionales exigidos por la ley para acudir a
dicha modalidad contractual, y por lo tanto, desconocieron los principios de la función
administrativa y de la contratación estatal.

126. De acuerdo con la tesis sancionatoria del órgano disciplinario, dichas actuaciones
se realizaron sin que existiera una situación excepcional que justificara la urgencia
manifiesta, por lo que el funcionario habría utilizado de manera indebida un mecanismo
excepcional de contratación, en franco desconocimiento los principios de la función
administrativa y de la contratación estatal.

127. La Sala reitera que la figura de la urgencia manifiesta, prevista en el artículo 42
de la Ley 80 de 1993, constituye una excepción al principio general de selección objetiva.
Esta figura permite a la administración contratar directamente cuando se presentan
situaciones extraordinarias que requieren actuaciones inmediatas, tales como
calamidades, desastres o circunstancias que impidan acudir a los procedimientos
ordinarios de selección.

128. En el caso analizado, la Procuraduría sostuvo que la situación que motivó la
declaratoria de urgencia manifiesta no correspondía a un evento imprevisible,

108
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
109
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
34

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

inesperado, o súbito, sino a un problema estructural del edificio municipal que venía
presentándose con años de anterioridad. En consecuencia, la necesidad de realizar las
obras no era imprevista ni exigía una respuesta inmediata que hiciera imposible adelantar
un proceso de selección ordinario. Desde esta perspectiva, la declaratoria de urgencia
manifiesta se consideró jurídicamente infundada, por consiguiente, transgresora de los
principios de la función administrativa y de los de la contratación estatal, lo que implicaba
que la contratación directa realizada con base en ella carecía de sustento legal.

129. Otro de los argumentos centrales para sustentar la tipicidad fue la vulneración de
los principios que orientan la contratación pública. Según la decisión disciplinaria, al
utilizar la urgencia manifiesta sin que existieran los presupuestos legales, el exalcalde
evitó la aplicación de los procedimientos ordinarios de selección, especialmente el de
licitación de obra, lo cual implicó el desconocimiento de principios fundamentales como:
transparencia, al no garantizarse un proceso abierto de selección de contratistas;
selección objetiva, al no permitir la concurrencia de múltiples oferentes; publicidad,
porque no desarrolló un proceso contractual sujeto a las reglas ordinarias de divulgación;
y economía, al prescindirse de los procedimientos que buscan asegurar la mejor
utilización de los recursos públicos. En este punto, la Sala aclara que el desconocimiento
de estos principios constituye precisamente el núcleo de la falta disciplinaria prevista en
el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de 2002110.

130. Para la Subsección, la conducta es típica porque está acreditado que el exalcalde
profirió el decreto de urgencia manifiesta sin el cumplimiento de los requisitos
sustanciales o materiales señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, con lo cual
desconoció los principios de la función administrativa y de la contratación estatal; dirigió
la decisión administrativa que habilitó la contratación directa; y celebró el contrato
derivado de esa declaratoria. En ese sentido, se le reprocha una intervención personal y
decisiva en la actividad contractual.

131. La defensa sostuvo que las obras eran necesarias para proteger a la población y
evitar riesgos, y que por eso la decisión buscaba un fin legítimo. Sin embargo, ello no
elimina el reproche disciplinario, porque aun si la intención era evitar un daño o corregir
un riesgo, el funcionario empleó una modalidad excepcional sin que se cumplieran sus
supuestos legales. De manera tal que una necesidad real de intervención física en el
inmueble no autorizaba automáticamente la urgencia manifiesta.

132. En ese sentido, en este caso la tipicidad se apoya en la relación entre el artículo
42 de la Ley 80 –que regula la figura de la urgencia manifiesta– y el artículo 48 numeral
31 de la Ley 734 de 2002111 –que establece la falta disciplinaria gravísima en estudio–.
Por consiguiente, para la Sala, técnicamente, la construcción típica que hizo la
Procuraduría es adecuada, primero, porque identificó la regla especial de contratación:
la urgencia manifiesta solo procede bajo presupuestos estrictos, que suponen
circunstancias excepcionales, de calamidad pública o de fuerza mayor o desastres que
impidan acudir a los procedimientos contractuales de selección objetiva previstos en la
ley.

110
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
111
Ibídem.
35

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

133. Segundo, porque esos presupuestos no se acreditaron en el caso concreto, ya
que las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario permiten evidenciar que el
deterioro del palacio municipal de Onzaga había sido identificado inclusive desde el año
2013, cuando el exalcalde gestionó, sin éxito, la obtención de recursos ante el Ministerio
del Interior para realizar las restauraciones y adecuaciones que requería la
infraestructura. Pero además, la Sala resalta que, aunque la defensa también adujo la
falta de recursos, lo cierto es que el propio exalcalde en su versión libre señaló que,
desde el año 2014 contaba con la financiación, es decir que con antelación disponía de
los recursos. Por lo tanto, el disciplinado contó con tiempo suficiente durante su período
constitucional como alcalde, para adelantar el procedimiento de contratación pública
correspondiente.

134. Tercero, debido a que la contratación directa celebrada con apoyo en esa
declaratoria de urgencia manifiesta desconoció el régimen legal aplicable, al no ajustarse
a derecho porque la situación de deterioro en que se encontraba el palacio municipal no
era excepcional de calamidad o constitutiva de fuerza mayor o desastre.

135. Cuarto, ese desconocimiento de las reglas del régimen de contratación estatal, en
el plano disciplinario, artículo 48 numeral 31 de la Ley 1437 de 2011, sanciona la
participación en la actividad contractual con violación de principios y deberes propios de
la contratación estatal.

136. Esa cadena argumentativa es justamente la que permite afirmar que en el caso
concreto la conducta reprochada es típica, ya que el hecho de declarar una urgencia
infundada, vulnerando los principios de la función administrativa y de la contratación
estatal, y luego, contratar directamente con base en ella, omitiendo los principios de
planeación, responsabilidad, economía, pluralidad de oferentes y selección objetiva, se
adecua a la falta disciplinaria prevista por la ley.

137. La Sala encuentra, además, que para arribar a las anteriores conclusiones, la
PGN adelantó un análisis probatorio juicioso de las pruebas documentales y
testimoniales allegadas al proceso disciplinario, los cuales dan cuenta que la falta
imputada al demandante se configuró.

138. En efecto, uno de los elementos probatorios centrales fue el informe de la
Contraloría General de Santander remitido a la Procuraduría Provincial, mediante el cual
se denunciaron presuntas irregularidades en la declaratoria de urgencia manifiesta
realizada por el alcalde. Este informe sirvió como punto de partida del proceso
disciplinario, pues advertía que la declaratoria de urgencia manifiesta no cumplía los
requisitos establecidos en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. La Procuraduría
valoró este documento como un insumo técnico relevante, en tanto provenía del órgano
de control fiscal encargado de evaluar la legalidad y conveniencia de las actuaciones
administrativas relacionadas con la contratación pública. En particular, la Contraloría
había concluido que la situación invocada por el alcalde no constituía una circunstancia
excepcional que justificara la urgencia manifiesta, sino una necesidad administrativa
previsible. Esta conclusión fue tomada luego en cuenta por el órgano disciplinario para
sostener que la contratación directa no estaba jurídicamente habilitada, lo cual constituía
un indicio de violación de los principios de la contratación estatal.
36

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

139. Asimismo, dentro del expediente disciplinario se analizó el Decreto 009 del 13 de
febrero de 2015, mediante el cual el alcalde declaró la urgencia manifiesta para realizar
obras en el palacio municipal. La Procuraduría examinó el contenido de este acto
administrativo y concluyó que la motivación del decreto no demostraba la existencia de
una situación excepcional o imprevisible. Según la autoridad disciplinaria, el deterioro de
la infraestructura del edificio municipal era una circunstancia que venía presentándose
desde años anteriores, por lo que la administración municipal había tenido tiempo
suficiente para planificar una solución mediante los procedimientos ordinarios de
contratación.

140. La Procuraduría señaló que desde el 2013 se venía presentando el deterioro de
la estructura del palacio municipal, como consta en los oficios OFI13-000028736-SIN-
4020 del 18 de septiembre de 2013112, OFI14-000032235-SIN-4020 del 27 de agosto de
2014 y OFI15-000000311-SIN-4020 del 13 de enero de 2015113 del Ministerio del
Interior114, por los cuales se rechazó la financiación solicitada por el exalcalde para la
realización del proyecto de «Restauración y Adecuación del Palacio Municipal del
Municipio de Onzaga»; circunstancia que incluso quedó consignada en los
considerandos del Decreto 009 de 2015.

141. Dentro del expediente también se valoró un informe técnico elaborado por el
secretario de planeación del municipio, en el cual se describía el estado de deterioro de
las instalaciones del palacio municipal. Este informe señalaba que el edificio presentaba:
deterioro estructural, filtraciones, grietas, y problemas de infraestructura que requerían
intervención. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que dicho informe no demostraba
una situación súbita o imprevisible, sino que evidenciaba problemas estructurales que
venían presentándose con varios años de anterioridad. En consecuencia, el órgano
disciplinario interpretó este documento como una prueba de que la situación era conocida
por la administración municipal, lo que permitía afirmar que no existía una verdadera
urgencia manifiesta.

142. Así las cosas, la PGN encontró que el municipio no acreditó la presencia de
eventos como: calamidad pública, desastre, fuerza mayor, o situaciones imprevistas que
exigieran actuaciones inmediatas. Por lo tanto, el acto administrativo fue valorado como
una declaratoria de urgencia manifiesta jurídicamente infundada, lo cual constituía el
primer elemento para considerar que la conducta del exalcalde se adecuaba a la falta
disciplinaria.

143. La Procuraduría también examinó el Acta núm. 1 del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo, celebrada el 10 de febrero de 2015. En esta reunión se analizó la
situación del palacio municipal y se discutió la necesidad de realizar obras de
adecuación. El órgano disciplinario observó que el contenido del acta no acreditaba la
existencia de una calamidad pública o desastre inminente, sino que se trataba de un
análisis administrativo sobre el estado del inmueble. Por esta razón, la Procuraduría

112
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 36.
113
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 39.
114
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482» / fl. 36.
37

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

concluyó que la reunión del Consejo de Gestión del Riesgo no constituía prueba
suficiente para justificar la declaratoria de urgencia manifiesta, pues no se evidenciaba
una situación extraordinaria que impidiera adelantar los procedimientos ordinarios de
contratación.

144. Otro elemento probatorio fundamental fue el Contrato Especial LIC-URG-001 de
2015, celebrado con CODENCO para la remodelación del palacio municipal por un valor
de $429.451.615, con un plazo de ejecución de cuatro meses. La Procuraduría analizó
este contrato y concluyó que: su celebración fue consecuencia directa de la declaratoria
de urgencia manifiesta; el proceso contractual se adelantó mediante contratación directa;
omitiendo la realización de un proceso de licitación pública o selección objetiva. A partir
de esta valoración, el despacho sostuvo que la contratación directa solo era
jurídicamente posible si la urgencia manifiesta estaba válidamente configurada, lo cual
—según la valoración probatoria— no ocurrió. De esta manera, el contrato fue
considerado como la materialización de la irregularidad administrativa, pues evidenciaba
que el alcalde utilizó una modalidad excepcional de contratación sin que existieran los
presupuestos legales para hacerlo, violando en consecuencia, los artículos 24 numeral
8 y 26 numerales 1, 2 y 4 de la Ley 80 de 1993, que regulan los principios de
transparencia y responsabilidad de la contratación estatal.

145. Durante la investigación disciplinaria se recibieron declaraciones de funcionarios
y asesores de la administración municipal, entre ellos: el secretario de planeación y la
asesora jurídica. En particular, los testimonios permitieron establecer que el deterioro del
palacio municipal era una situación conocida desde tiempo atrás, pues coinciden en
señalar que, desde 2013 se venían adelantando gestiones para buscar recursos de
cofinanciación con el Ministerio del Interior para hacer las reparaciones y mantenimiento
requeridos, lo cual reforzaba la tesis de que no se trataba de un evento imprevisible. La
Procuraduría consideró que estas declaraciones confirmaban que la administración
municipal tenía conocimiento previo del problema, lo que hacía posible planificar las
obras mediante procedimientos contractuales ordinarios.

146. El órgano de control también analizó documentos propios del proceso contractual,
entre ellos: el certificado de disponibilidad presupuestal, los estudios previos, el informe
de evaluación de la propuesta, y los documentos relacionados con la ejecución del
contrato. Estos documentos permitieron establecer que el proceso contractual se
adelantó directamente con un contratista específico, sin la realización de un proceso
competitivo de selección. Esta circunstancia fue valorada como evidencia de que la
administración municipal prescindió de los mecanismos ordinarios de contratación, lo
cual solo podía justificarse mediante una urgencia manifiesta válidamente configurada.

147. Luego de analizar integralmente el acervo probatorio, la Procuraduría concluyó
que se encontraban demostrados los siguientes hechos: el alcalde declaró la urgencia
manifiesta mediante el Decreto 009 de 2015; la situación que motivó la declaratoria no
constituía una circunstancia excepcional o imprevisible; el alcalde celebró un contrato
mediante contratación directa; esta modalidad contractual se utilizó sin que existieran los
presupuestos legales que la justificaran; como consecuencia, se desconocieron los
principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación estatal. A
partir de esta valoración probatoria, la Procuraduría concluyó que la conducta del alcalde
38

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

se adecuaba al tipo disciplinario previsto en el artículo 48 numeral 31 de la Ley 734 de
2002115, al haber intervenido en la actividad contractual con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación pública.

148. Visto lo anterior, la Sala considera que la conducta del exalcalde no fue una mera
irregularidad formal o un simple error procedimental menor como lo pretende hacer ver,
sino una transgresión sustancial. En efecto, se afectó de forma material la función
administrativa y los principios de la contratación estatal, precisamente porque se
eludieron las reglas de planeación y selección que garantizan imparcialidad, pluralidad y
control.

149. Es importante recordar, que el tipo disciplinario atribuido exige un
desconocimiento relevante de principios y deberes, no una falla inocua; de esta manera,
el uso de un régimen excepcional de contratación estatal, sin soporte real alteró la
racionalidad jurídica del proceso contractual.

150. Así, para esta corporación, la conducta es típica no solo por oposición abstracta
a la norma, sino porque materialmente se sustituyó un procedimiento licitatorio por una
contratación directa sin el sustento habilitante suficiente.

151. En esa línea, la tipicidad se concreta en que hubo una actuación concreta:
decretar la urgencia manifiesta sin los requisitos de ley, y amparado por esa declaratoria,
contratar directamente, actuación que se enfrentó a deberes expresos del régimen de
contratación y del estatuto disciplinario.

152. En conclusión, para la Sala la conducta es típica porque: (i) está expresamente
subsumida en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002116, que sanciona como
falta gravísima, la intervención contractual con desconocimiento de principios y deberes
legales; (ii) la urgencia manifiesta no existía realmente en los términos del artículo 42 de
la Ley 80 de 1993; (iii) la situación del inmueble era, según la valoración probatoria,
preexistente, conocida y susceptible de planeación, por lo que no se configuraba la
excepcionalidad que justificara apartarse de los procedimientos ordinarios; (iv) al acudir
a la contratación directa sin soporte legal suficiente, el exalcalde desconoció principios
de transparencia, economía, publicidad y selección objetiva, que son justamente el
contenido sustancial protegido por la falta disciplinaria imputada; y (v) la conducta fue
personalmente atribuible al exalcalde, que declaró la urgencia y celebró el contrato, de
modo que su intervención no fue periférica sino directa y decisiva.

153. Entonces, comoquiera que la decisión fue adoptada directamente por el exalcalde
en ejercicio de sus funciones, su conducta sí se adecuaba al tipo disciplinario imputado,
lo que permitió estructurar el juicio de responsabilidad disciplinaria.

115
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
116
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
39

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

3.4. Estudio y resolución del segundo problema jurídico

154. En el proceso disciplinario adelantado contra el exalcalde del municipio de
Onzaga, la PGN consideró en primera y segunda instancia, que la conducta investigada
debía imputarse a título de culpa gravísima. Esta calificación se fundamentó en la
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, criterio expresamente previsto
en la Ley 734 de 2002117, artículo 44 parágrafo, para determinar la modalidad subjetiva
de la conducta.

155. Como quedó expuesto, la culpa gravísima se configura cuando el servidor público
viola de manera manifiesta reglas de obligatorio cumplimiento que debía conocer y
aplicar en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la PGN consideró que el exalcalde,
con la declaratoria de urgencia manifiesta, desconoció normas claras del régimen de
contratación estatal, entre ellas: los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 sobre urgencia
manifiesta, los principios de transparencia y selección objetiva y las disposiciones que
regulan los procedimientos de selección de contratistas.

156. La autoridad disciplinaria señaló que el régimen jurídico de la contratación pública
establece de forma expresa que la urgencia manifiesta solo procede cuando se
presentan circunstancias excepcionales como calamidad pública, desastre o situaciones
que hagan imposible acudir a los procedimientos ordinarios de selección (Ley 80 de
1993, artículo 42). En consecuencia, dichas normas constituyen reglas de obligatorio
cumplimiento que todo servidor público encargado de la contratación estatal debe
conocer y aplicar correctamente. De acuerdo con la valoración del órgano disciplinario,
el exalcalde declaró la urgencia manifiesta sin que existieran tales circunstancias
extraordinarias, y posteriormente celebró un contrato mediante contratación directa,
conducta con la que se materializó una transgresión manifiesta de las reglas legales que
rigen la contratación pública. La PGN consideró que este desconocimiento no podía
calificarse como un simple error de interpretación jurídica ni como una negligencia menor,
sino como una inobservancia evidente de disposiciones legales imperativas, lo cual
encaja en la definición de culpa gravísima prevista en las normas señaladas.

157. Otro argumento relevante para justificar la imputación a título de culpa gravísima
fue la posición institucional del investigado. El disciplinado actuaba en su condición de
alcalde y ordenador del gasto, lo cual implicaba que tenía la responsabilidad directa de
dirigir la contratación pública del municipio y de garantizar el cumplimiento de las normas
legales aplicables. Ello porque el grado de diligencia exigible a un servidor público
aumenta conforme a la jerarquía del cargo y a la naturaleza de las funciones
desempeñadas. En este caso, la PGN entendió que el exalcalde tenía un deber reforzado
de conocer las normas de contratación estatal, verificar la legalidad de los actos
administrativos que expedía, y asegurar que los procesos contractuales se adelantaran
conforme al marco jurídico vigente. En consecuencia, el hecho de que la conducta
cuestionada proviniera del máximo responsable de la administración municipal, quien se
resalta llevaba más de 3 años ejerciendo el empleo, reforzaba el juicio de reproche
disciplinario, pues se trataba de un funcionario que debía actuar con un alto grado de

117
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
40

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

diligencia en la aplicación de las normas contractuales. Desde esta perspectiva, la PGN
consideró que la actuación del exalcalde evidenciaba una desatención grave del deber
objetivo de cuidado, incompatible con el estándar de diligencia exigible a quien dirige la
administración pública local.

158. El órgano disciplinario también fundamentó la imputación de culpa gravísima en
el hecho de que la irregularidad detectada no era difícil de advertir desde el punto de
vista jurídico o administrativo. Según el análisis del expediente disciplinario, la situación
que motivó la declaratoria de urgencia manifiesta correspondía al deterioro de las
instalaciones del palacio municipal, un problema que venía presentándose desde tiempo
atrás y que no constituía una calamidad pública súbita, inesperada, repentina, ni una
situación imprevisible. Por esta razón, el órgano disciplinario consideró que el exalcalde
debió advertir fácilmente que no se cumplían los presupuestos legales para declarar la
urgencia manifiesta. La ausencia de una situación excepcional era un elemento
objetivamente verificable, lo cual reforzaba la idea de que la conducta no obedecía a un
error excusable. En consecuencia, la autoridad disciplinaria concluyó que el investigado
omitió verificar un aspecto básico del régimen de contratación estatal, lo que evidenciaba
una infracción manifiesta del deber funcional.

159. Otro argumento utilizado por la Procuraduría para justificar la calificación de la
conducta del servidor público a título de culpa gravísima fue la afectación de los principios
fundamentales que orientan la contratación estatal. Al declarar la urgencia manifiesta sin
justificación jurídica y celebrar un contrato mediante contratación directa, el exalcalde
prescindió de los mecanismos ordinarios de selección de contratistas, lo cual implicó el
desconocimiento de principios como: transparencia, economía, publicidad,
responsabilidad, y selección objetiva. Estos principios constituyen elementos esenciales
del sistema de contratación pública, cuyo respeto garantiza la adecuada administración
de los recursos públicos y la igualdad de oportunidades para los posibles oferentes. Para
la Procuraduría, el desconocimiento de estos principios evidenciaba una conducta
particularmente reprochable desde el punto de vista disciplinario, lo que reforzaba la
imputación a título de culpa gravísima.

160. Finalmente, la Procuraduría consideró que no existían circunstancias que
permitieran variar la imputación a culpa grave o leve. La defensa sostuvo que la
declaratoria de urgencia manifiesta tenía como finalidad evitar riesgos para los
funcionarios y usuarios del edificio municipal. Sin embargo, la Procuraduría estimó que
esta justificación no era suficiente para desvirtuar la responsabilidad disciplinaria, ya que
el problema estructural del edificio era conocido desde tiempo atrás y podía haberse
solucionado mediante los procedimientos ordinarios de contratación. En consecuencia,
el órgano disciplinario concluyó que el investigado no actuó en presencia de una
situación excepcional que justificara su conducta, lo cual impedía reducir el grado de
culpabilidad.

161. La Sala recuerda, que la diferencia entre culpa leve, grave y gravísima radica en
el grado de diligencia exigible al servidor público y la intensidad de la infracción al deber
funcional. En este caso, la Procuraduría consideró que el comportamiento del alcalde
evidenciaba una infracción particularmente intensa o gravísima del deber funcional, lo
cual justificaba la imputación bajo la forma de culpa gravísima.
41

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

162. En efecto, como quedó ampliamente expuesto, el exalcalde expidió el Decreto 009
del 13 de febrero de 2015, mediante el cual declaró la urgencia manifiesta en el
municipio; utilizó dicha declaratoria para acudir a la modalidad de contratación directa; y
posteriormente celebró el Contrato Especial núm. LIC-URG-001 de 2015 para la
adecuación del palacio municipal de Onzaga. Esta actuación implicó una intervención
directa en la actividad contractual sin observar los principios y reglas que rigen la
contratación estatal, circunstancia que permitió subsumir la conducta en el numeral 31
del artículo 48 de la ley 734 de 2002118. De esta manera, al declarar la urgencia
manifiesta sin que se acreditaran sus presupuestos legales, el alcalde evitó la realización
de un proceso público de selección del contratista, lo cual impidió la participación de
oferentes y la comparación objetiva de propuestas.

163. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la figura de la urgencia
manifiesta procede únicamente cuando se presentan situaciones extraordinarias tales
como: calamidad pública, desastre, fuerza mayor, o eventos que impidan acudir a los
procedimientos ordinarios de selección.

164. La Procuraduría señaló que el exalcalde, con ocasión de la decisión de la
Contraloría General de Santander de 30 de abril de 2015 que declaró la ilegalidad de la
urgencia manifiesta decretada el 29 de mayo de 2015, procedió a suscribir otrosí núm.
02119 al contrato especial LIC-URG-001 de 2015, para modificar el presupuesto de la
obra y suprimir algunas actividades de las inicialmente contratadas, por considerar que
se encontraban por fuera del alcance de la urgencia manifiesta.

165. Por consiguiente, la conducta investigada no se trató de una irregularidad
administrativa menor, sino de una actuación que comprometía el correcto funcionamiento
del sistema de contratación estatal, razón por la cual merecía una valoración disciplinaria
agravada.

166. La Sala considera, que las normas sobre la urgencia manifiesta constituyen reglas
básicas del ejercicio de la función administrativa y su incumplimiento no puede atribuirse
a un simple error de interpretación, sino a una falta grave de diligencia en el ejercicio del
cargo. En consecuencia, es claro que el investigado incumplió el deber objetivo de
cuidado que le correspondía como autoridad administrativa, lo cual permitió imputar la
conducta a título de culpa gravísima, por la violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento del régimen de contratación estatal.

167. En ese sentido, la Sala considera que la Procuraduría justificó de manera plena y
adecuada la imputación de la conducta a título de culpa gravísima —y no de culpa grave
o leve— porque la actuación del funcionario sancionado implicó la violación manifiesta
de normas claras de obligatorio cumplimiento, particularmente aquellas que regulan la
urgencia manifiesta en la contratación estatal, y también, los principios de la función
administrativa y de la contratación estatal, porque la utilización indebida de un
mecanismo excepcional de contratación implica un desconocimiento grave del régimen

118
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
119
Samai Tribunales / Expediente 68001233300020200010400 / Índice 22 «EXPEDIENTE DIGITAL» / Carpeta One
Drive «Expediente D-787324» / archivo «D-2015-605-787324 CO 1 folios 315 a 482.pdf» /fl. 72.
42

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

jurídico aplicable. Además, el investigado ocupaba el cargo de alcalde y ordenador del
gasto, lo que le imponía un deber reforzado de diligencia en la aplicación de la normativa
contractual. Adicionalmente, la irregularidad administrativa reprochada era evidente,
pues la situación invocada —deterioro del edificio— no constituía una circunstancia
excepcional que justificara la urgencia manifiesta. Asimismo, la actuación del exalcalde
implicó el desconocimiento de principios estructurales de la contratación pública, como
la transparencia y la selección objetiva. Finalmente, no existían circunstancias que
permitieran considerar la conducta como un simple error administrativo o como una
negligencia menor.

168. Por estas razones, en criterio de esta Subsección la Procuraduría valoró
adecuadamente la culpabilidad cuando concluyó que el comportamiento del alcalde
constituía una violación manifiesta del deber funcional, lo cual permitía imputar la falta
disciplinaria a título de culpa gravísima.

3.5. Estudio y resolución del tercer problema jurídico

169. El demandante estima que la PGN valoró inadecuadamente la ilicitud sustancial
de la conducta que le fue reprochada, porque no hubo infracción al deber funcional ni
afectación al interés público. Sobre el particular, manifestó que contrario a lo afirmado
por la autoridad disciplinaria y el Tribunal Administrativo de Santander, él nunca
desatendió ni omitió su obligación de realizar los procedimientos previos a la declaratoria
de urgencia manifiesta, pues las pruebas muestran que actuó atendiendo a las
recomendaciones de su equipo jurídico y al informe técnico suscrito por el secretario de
Planeación.

170. Adicionalmente, señaló que no se puso en riesgo el patrimonio público, en tanto
únicamente se ejecutaron los ítems necesarios para la mitigación del riesgo de desastre,
ya que a través de otrosí número 2 al Contrato Especial LIC-URG-001 de 2015, se
suprimieron algunos ítems y obras a desarrollar, y se disminuyó el presupuesto final. De
ese modo, para la realización de los arreglos faltantes se suscribió el Contrato de Obra
Pública núm. 02 de 2015, el cual se adelantó por licitación pública.

171. Al respecto, la Sala comparte el análisis de la ilicitud sustancial de la conducta
realizado por la autoridad disciplinaria, en tanto es claro que el disciplinado, en su calidad
de alcalde municipal de Onzaga, tenía una relación de especial sujeción con el Estado,
de la cual surgen una serie de obligaciones y deberes, que, al ser desconocidos, generan
la responsabilidad disciplinaria.

172. El aludido deber supone que el servidor público está obligado a cumplir a
cabalidad la Constitución y las leyes, por lo que su incumplimiento o vulneración o por
omisión o extralimitación conlleva responsabilidad. Por lo tanto, la ilicitud sustancial
disciplinaria debe entenderse como la afectación sustancial de los deberes funcionales
cuando ello implica el desconocimiento de los principios que rigen la función
administrativa, que para el caso particular son aquellos previstos en los artículos 29 y
209 de la Constitución Política; 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 y 1, 9 y 11 del CPACA.

43

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

173. Así las cosas, la declaratoria de urgencia manifiesta sin que se dieran los
presupuestos para ello, implicó el desconocimiento de los aludidos principios de debido
proceso, transparencia, publicidad, economía y eficacia, que rigen la contratación estatal
y en virtud de los cuales, por regla general, debe adelantarse a través de un
procedimiento de licitación pública para contratar la realización de una obra pública. En
consecuencia, se configuró la ilicitud sustancial de la conducta del exalcalde, porque
teniendo el deber funcional de hacer una escogencia del contratista de forma objetiva y
transparente, a través de un proceso licitatorio, no lo hizo.

174. La Subsección reitera que las pruebas obrantes en el expediente disciplinario
permiten evidenciar que, si bien es cierto que el palacio municipal debía ser intervenido,
pues presentaba un deterioro grave, los arreglos que requería el inmueble eran
previsibles y evidentes desde que José del Carmen Hernández Abril inició su periodo
como alcalde en el 2012. En efecto, al revisar el informe del secretario de Planeación
presentado ante el Comité de Gestión del Riesgo Municipal, es claro que las necesidades
allí descritas no se presentaron de forma imprevista. Más aún, cuando en los mismos
considerandos del Decreto 009 de 2015 por el cual se declaró la urgencia manifiesta se
hace alusión a que, desde el año 2013 se venían gestionando recursos con el Ministerio
del Interior para realizar las obras de restauración y adecuación que requería el palacio.

175. Es decir, que el exalcalde conocía de antaño el deterioro de la sede de la
administración municipal, y que en realidad no se trató de una situación excepcional que
le impidiera acudir a los mecanismos de selección objetiva establecidos en la Ley 80 de
1993. Además, porque el exalcalde fue negligente en su actuar, al no adelantar
oportunamente las acciones necesarias para realizar las adecuaciones, y esperar hasta
el último año de su mandato para hacerlo.

176. Según lo dispone el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en virtud del principio de
responsabilidad, «los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas»; sus actuaciones «estarán presididas por las reglas sobre administración
de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada
a la ética y a la justicia» y responderán de forma personal ya que «la responsabilidad de
la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será
del jefe o representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladarla a las juntas o
consejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los
comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma».

177. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ha precisado que, en
materia de contratación estatal, el representante legal de un ente territorial debe velar
porque la actividad contractual se lleve a cabo de forma eficiente, so pena de incumplir
su deber funcional:

«En este orden de ideas, resalta la Sala que el demandante incurrió en la inobservancia
del deber funcional, en tanto que desconoció los principios de la contratación estatal y la
función administrativa que le incumbía como servidor público, pues, si bien la secretaria
de gobierno y el gobernador encargado estuvieron a cargo del trámite precontractual, la
responsabilidad en la dirección y manejo de la actividad contractual no cesa con la citada
etapa, ya que fue el disciplinado quien suscribió los convenios objeto de reproche.

44

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

No es de recibo para la Sala, lo manifestado por el demandante en el sentido que su
actuar fue guiado por la confianza legítima y buena fe depositada en los citados
funcionarios, lo que se desvirtúan, pues estaba en manos del director del proceso
contractual tomar las medidas necesarias para sanearlo y llevar a mejor termino la
celebración de los convenios, ya fuera suspendiendo el proceso y retomando el mismo
previa licitación».120

178. Entonces, de conformidad con la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente,
para la Sala es claro que al declarar la urgencia manifiesta y contratar de manera directa
y sin previa licitación pública, las reparaciones del palacio municipal, la conducta del
exalcalde es sustancialmente ilícita y antijurídica.

3.6. Conclusión

179. En respuesta a los problemas jurídicos formulados a partir del recurso de
apelación, la Sala concluye que la conducta atribuida a José del Carmen Hernández
Abril, en su condición de alcalde municipal de Onzaga, Santander, sí configuró la falta
disciplinaria prevista en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002121 ya que: (i) en el marco
del proceso disciplinario se logró acreditar que la declaratoria de urgencia manifiesta no
se ajustó a los parámetros establecidos en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 ni a los
principios de la función administrativa, y en consecuencia, la contratación directa
derivada de la misma, transgredió los principios de la contratación estatal, en virtud de
los cuales se debía adelantar una licitación pública; y (ii) la imputación de la falta a título
de culpa gravísima se fundamentó en la violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento.

180. Aunado a lo anterior, a partir del estudio integral de la actuación administrativa la
Sala encontró que la autoridad disciplinaria realizó una adecuada valoración de las
pruebas y testimonios recaudados en el marco del proceso disciplinario, dentro del marco
de autonomía y sana crítica de la autoridad disciplinaria y permitieron demostrar la
comisión de la falta disciplinaria por la cual fue investigado y sancionado el demandante.

3.7. Costas

181. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario122 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone

120
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicado
110010325000201100412 00 (1537-2011).
121
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
122
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no

45

Radicación: 68-001-23-33-000-2020-00104-01 (6224-2022)
Demandante: José del Carmen Hernández Abril
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, se revocará el numeral
segundo de la sentencia de primera instancia que dispuso condenar en costas a la parte
demandante. Adicionalmente, siguiendo el mismo derrotero, en esta oportunidad no se
condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido en
las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 19 de agosto
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo. Revocar la condena en costas que impuso el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia.

Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
46

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.