Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00160-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Reconocimiento pensión gracia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Alix Beatriz Carvajal Ramírez presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,2 en orden a que
se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 025985 del 30 de agosto de 2019
y RDP 031959 del 25 de octubre de 2019, por medio de las cuales la Unidad
1 Samai, índice 2, archivo ED_25000234200020190154(.zip) NroActua 2, 2.DEMANDA.pdf.
2 En a d el a nt e C P AC A .
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
administrativa de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección
social3 le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
demandante solicitó: i) el reconocimiento de la pensión gracia con la inclusión de
los factores salariales percibidos en el año anterior al estatus pensional, a partir del
5 de marzo de 2008 con efectos fiscales desde el 24 de mayo de 2016, por
prescripción trienal; ii) el pago del interés moratorio previsto en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993; iii) el reajuste de la pensión conforme con el IPC; y iv) la condena
en costas a la entidad.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Alix Beatriz Carvajal Ramírez nació el 13 de octubre de 1950, de manera que en
el 2000 contaba con 50 años de edad; sin embargo, fue hasta el 5 de marzo de 2008
momento en el cual alcanzó los 20 años de servicio como docente territorial.
• Prestó su servicio como docente territorial en el departamento de Santander desde
el 30 de julio de 1975 hasta el 29 de febrero de 1980 y como profesora nacionalizada
en Bucaramanga desde el 5 de octubre de 1992 hasta completar más de 20 años.
• El 24 de mayo de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la
cual fue negada a través de las resoluciones RDP 025985 y RDP 031959 del 30 de
agosto y del 25 de octubre de 2019.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13 de la Constitución Política;1 y 4 de la Ley
114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933; 32 y 34 del Decreto 2277 de 1979, 126 y 127
de la Ley 115 de 1994, 15 de la Ley 91 de 1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 279 de la
Ley 100 de 1993.
En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
Los actos administrativos acusados vulneraron los postulados constitucionales y
legales, porque la Ugpp negó el reconocimiento y pago de la prestación sin observar
3 En a d el a nt e U gp p .
4 Samai, índice 2.
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Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
que la demandante se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 y
cumplió las exigencias previstas en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, estos son
20 años de servicios con vinculación territorial y 50 años de edad. Además,
desestimó el tiempo de servicio prestado en virtud de vinculaciones de orden
territorial y nacionalizado con el departamento de Santander y el municipio de
Bucaramanga.
1.2. Contestación de la demanda
La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos5:
La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia puesto que,
el tiempo certificado por la Secretaría de Educación de Floridablanca no resulta
computable, comoquiera que la información no es clara ni expresa respecto del tipo
de vinculación. Asimismo, el estatus no fue alcanzado, al no haber cumplido dos de
los requisitos para ello, pues solo acreditó 6 años, 5 meses y 20 días como docente
oficial de carácter territorial.
Propuso las excepciones denominadas i) presunción de legalidad de los actos
administrativos; ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de título y causa; iv) cobro
de lo no debido; v) buena fe; vi) prescripción; y vii) genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 16 de
febrero de 20236 accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la demandada. Lo anterior, con sustento en los siguientes argumentos:
Del material probatorio allegado en el proceso, se acreditó que Alix Beatriz Carvajal
Ramírez cumplió 50 años de edad el 13 de octubre de 2000 y fue nombrada como
docente nacionalizada entre el 30 de julio de 1975 y el 29 de febrero de 1980, es
decir por 4 años y 7 meses.
En cuanto al periodo laborado desde el 5 de octubre de 1992 hasta el 30 de julio de
2015, obra el Decreto 731 del 28 de septiembre de 1992 mediante el cual el alcalde
de Bucaramanga la nombró docente de la Concentración Escolar Los Comuneros,
Institución Educativa Oficial de Bucaramanga, cuyos sueldos fueron pagados en
5 Samai, índice 2.
6 Samai, índice 2.
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Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
virtud de su vinculación como profesora adscrita a la Secretaría de Educación
Municipal, financiada con el Sistema general de participaciones. Además, en el
citado documento el alcalde indicó que ese nombramiento lo realizó según las
atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, facultad que atañe a
los educadores nacionalizados.
Aunado a lo anterior, los docentes territoriales o nacionalizados cuya financiación
provenga del sistema general de participaciones, tienen derecho al reconocimiento
de la pensión gracia, puesto que la recompensa no proviene de los recursos
nacionales.
Respecto del reconocimiento de la pensión gracia, ha de tenerse por acreditado que
el tiempo de servicio prestado al departamento de Santander como de carácter
nacionalizado y el laborado para el municipio de Bucaramanga por 22 años, 9
meses y 26 días de orden nacionalizado, para un acumulado de 27 años, 4 meses
y 26 días.
Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo relevante
para el reconocimiento de la prestación pretendida es acreditar una vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980, sin importar si el tiempo es continuo o
discontinuo o que se encuentre en servicio activo.
De otro lado, no existe prueba de que el demandante hubiese sido sancionado
durante el de sus funciones como docente, por lo que cumple con el requisito de
haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
Por todo lo anterior, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y
a título de restablecimiento del derecho ordenó a la Ugpp reconocer la pensión
gracia a partir del 6 de marzo de 2008, fecha en la que adquirió el estatus pensional,
puesto que cumplió los 20 años de servicio y contaba con más de 50 años de edad.
1.4. El recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación7, el cual sustentó en los
siguientes términos:
El a quo no observó que el tiempo acreditado por la demandante resulta insuficiente
para el reconocimiento pretendido, comoquiera que la mayor parte de este fue
prestado con vinculación de orden nacional, puesto que el periodo comprendido
7 Samai, índice 2.
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entre el 5 de octubre de 1992 y el 30 de julio de 2015 fue certificado por la Secretaría
de Educación de Bucaramanga como nacional.
El tribunal, no observó lo previsto por la Corte Constitucional en sentencia C-937 de
2010 en la que argumentó que los tiempos de servicios pagados con dineros
provenientes del situado fiscal no pueden computarse para acceder a la pensión
gracia, pues son recursos exógenos que son transferidos por la nación a las
entidades territoriales, como una forma de materializar la participación de aquellas
en las rentas nacionales.
Finalmente, en cuanto a la condena en costas cuestionó su procedencia, toda vez
que contribuye al detrimento patrimonial del financiamiento del sistema pensional,
además que tal condena representa un derecho de la entidad como parte llamada
a defender el principio de legalidad que se presumen de los actos administrativos
emitidos.
Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y como
consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda.
1.6. Pronunciamientos en segunda instancia
Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no
se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA8.
1.7. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se contrae a resolver ¿si Alix Beatriz Carvajal Ramírez acreditó los requisitos para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia solicitada de conformidad con el
régimen prestacional previsto en la Ley 114 de 1913 y demás normas que la
8 Samai, índice 4.
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regulan?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. En torno a la pensión gracia
El sector docente oficial estuvo marcado por condiciones diferenciales en materia
salarial y prestacional, derivadas del nivel de la entidad con la que se iniciara el
vínculo jurídico o la relación legal y reglamentaria. Ciertamente, este aspecto
determinaba el origen de los recursos para la remuneración de estos servidores,
pues mientras la nación asumía los gastos del personal del orden nacional, los
respectivos entes territoriales eran responsables de proveer los recursos necesarios
para el pago de sus empleados dedicados a la labor educativa. Esta situación
conllevaba un trato que, hasta esta época, se ha juzgado como inequitativo para
estos últimos educadores, cuyas prestaciones económicas eran inferiores, pese a
que todos ejecutaban la misma labor.
Lo anterior llevó al legislador a adoptar medidas tendientes a equiparar las
condiciones salariales y prestacionales de todos los docentes oficiales, dentro de
las cuales se destacó el reconocimiento de la pensión gracia implementada por
medio de la Ley 114 de 19139 como un reconocimiento a la dedicación al servicio
de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias.
El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que
el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en
establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión
o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y
cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración
y que observara buena conducta.
Con posterioridad, las leyes 116 de 192810 y 37 de 193311, en sus artículos 6 y 3,
respectivamente, extendieron la pensión gracia a los maestros de secundaria,
normalistas e inspectores de instrucción pública.
Asimismo, con la Ley 91 de 1989 se logró la unificación de los distintos regímenes
del magisterio, en aras de finiquitar las divergencias interpretativas derivadas del
proceso gradual de traslado de los costos de las entidades territoriales a la nación
9 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
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que había ordenado la Ley 43 de 1975 que, en últimas, afectaba las condiciones
laborales del magisterio. Para ello, distribuyó las obligaciones prestacionales de los
docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La nación y pagadas por el
29/12/1989 FOMAG
En el artículo 356 de la Constitución Política se determinó la competencia del
legislador para fijar cuáles servicios estarían a cargo de la nación y cuáles de las
entidades territoriales. En su versión original, definió que el situado fiscal era el
porcentaje de los ingresos corrientes de la nación cedido a los departamentos, el
distrito capital y los especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para
financiar la educación, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media, así
como la salud.
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En efecto, la Ley 60 de 199312 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del
régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les
aplicaría la Ley 91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas
antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y
sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de
previsión social a la cual se hubiesen realizado los aportes; a diferencia de las que
se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del señalado fondo.
La Ley 60 de 1993 también determinó que, para la prestación descentralizada de
los servicios, cada entidad territorial debía manejar en su presupuesto una cuenta
especial independiente con lo cual no afectaría la unidad de caja13, lo que se traduce
en que los recursos para educación no se integrarían con los que el ente territorial
ya administraba. Lo anterior llevó a que los Fondos Educativos Regionales (FER),
creados por el Decreto 3157 de 196814, encargados del sostenimiento de los
servicios educativos, fueran incorporados a la estructura de los departamentos y
distritos15 y, más adelante, a las secretarías de educación, según la Ley 115 de
199416 (artículo 179, literal d).
Sin embargo, las sumas destinadas al pago de prestaciones sociales del personal
docente serían giradas directamente al FOMAG, tanto las que provenían del situado
fiscal como las que debía trasladar el respectivo ente territorial por las prestaciones
causadas y no pagadas.
12 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
13 Para la época, se encontraba definido en el artículo 12 de la Ley 38 de 1989 así: «Unidad de Caja.
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los
organismos y entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto
General de la Nación.»
14 «Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional y se estructura el sector educativo
de la Nación»
15 Ley 60 de 1993, artículos 3, numeral 5; y 4, numeral 1.
16 «Por la cual se expide la ley general de educación»
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La obligación de afiliar a los docentes departamentales, distritales y municipales
financiados con recursos propios de las entidades territoriales al FOMAG se
reglamentó con el Decreto 196 de 199517, a través del cual se identificaron las
fuentes de financiación según los tipos de vinculación docente, clasificación
señalada por la Ley 91 de 1989, así:
i) Nacionales y nacionalizados: financiados con recursos de la nación y luego del
situado fiscal. Sus prestaciones quedaron a cargo del FOMAG, luego de su
afiliación.
ii) Departamentales, distritales y municipales: este personal se consideró en tres
grupos, a saber:
• Por una parte, el personal que venía pagado con recursos propios del ente
territorial, al cual se le respetaría el régimen territorial que lo venía cobijando. En
este caso, las prestaciones causadas antes de su incorporación al FOMAG, así
como sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones, son de responsabilidad directa
de las entidades territoriales o de las cajas de previsión, en las que se hayan
efectuado los correspondientes aportes.
• Por otra parte, los docentes que eran financiados o cofinanciados por la nación –
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios y vinculados a plazas del
nivel territorial, para quienes las prestaciones sociales serían de cargo de la
respectiva entidad territorial y los recursos para su pago se regirían por el
correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Vencidos los
términos de los respectivos convenios, los derechos salariales y prestacionales se
pagarían con cargo al situado fiscal.
• Para los docentes de establecimientos públicos oficiales que eran pagados con
recursos del establecimiento, sus prestaciones serían asumidas por el FOMAG.
En línea con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 18, en la sentencia
SUJ11-S2 del 21 de junio de 201819 se afirmó que la pensión gracia debía
reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «[…] colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 […]».
17 «Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo
176 de la Ley 115 de 1994»
18 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
19 Expediente con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
En cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos
laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que la
jurisprudencia de la Sala20 ha señalado:
«[…] Sobre los tiempos nacionales.
La ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de
requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo
4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa
nacional.
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe: […]
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro
pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación
o por un Departamento.” (Resalta la Sala)
El artículo 1º de la Ley 91 de 198921 clasificó a los docentes para efectos de las
prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.
Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»
[…]
Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la
pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es
decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año
1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar
tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión
gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los
ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios
al magisterio.» [Se resalta]
Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el
beneficio pensional en comento, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación
en sentencia de unificación del 21 de junio de 201822, así:
20 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
22 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
«[…] (i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde,
o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya intervenido el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo
educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia
definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial
o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad, o del -situado
fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos
educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial
[…]».
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la fuente de financiación de los
recursos transferidos del sector central al descentralizado no es el referente a
efectos de definir si un educador estatal es nacional o nacionalizado, sino que ello
obedece a la naturaleza de la plaza a ocupar señalada en el acto administrativo de
nombramiento o la correspondiente certificación de la autoridad nominadora.
2.2.2. Sobre el requisito previsto en la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2,
literal a) para el reconocimiento de la pensión gracia
Ahora bien, las diversas posturas acerca de la interpretación del artículo 15, numeral
2, literal a) de la Ley 91 de 1989, en relación con la sentencia C-489 de 2000 fueron
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
señaladas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de agosto
de 202223, a saber:
«[…] 1. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 permitió que los
docentes con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980
accedieran a la pensión gracia, siempre y cuando hubieran cumplido los 20 años de
servicio al 29 de diciembre de 1989.
2. El artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 permitió que los docentes con
vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 accedieran a
la pensión gracia, para lo cual podrían sumar los tiempos laborados con posterioridad al
29 de diciembre de 1989 […]».
Con el objetivo de resolver cuál era la interpretación de la norma, en la aludida
sentencia se consideró que el 31 de diciembre de 1980 se constituyó en el último
momento en que podía realizarse la vinculación del docente que pretendiera el
reconocimiento pensional especial y si bien el 29 de diciembre de 1989 correspondió
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 91, esta no podía entenderse como un
plazo que demarcara la última oportunidad para la consolidación del derecho a
aquel emolumento, toda vez que se «[…] vaciaría de sentido la disposición que
estableció dos momentos diferentes y alternativos para tal fin, uno expresado en pasado
(tuviesen) y el otro en futuro (llegaren) […]». Al efecto consideró:
«[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores
siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».24
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores
hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de
jubilación; por ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los
docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el
régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos
adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho
pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los
servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
12
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria,
los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción
pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran
los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión
gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989 […]». [Se resalta]
Por lo anterior, se concluyó que la afirmación de algunos juzgados y tribunales
administrativos del país atinente a que la sentencia C-489 de 2000 dispuso un límite
temporal, no se desprendía del texto del referido pronunciamiento y resultaba
contradictoria con la jurisprudencia constitucional sobre la materia25.
En esas condiciones, el Consejo de Estado fijó como regla de unificación
jurisprudencial que «[…] [l]os docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento […]».
Es por ello que el artículo 15, numeral 2, literal a) de la Ley 91 de 1989 no exigió
que al 29 de diciembre de 1989 el docente debía cumplir los 20 años de servicio,
pues lo que la norma preceptuó es que aquella fecha era el límite máximo de
vinculación del educador estatal. En tal virtud, no es válido imponer un requerimiento
adicional que no previó el legislador para restringir el acceso a la prestación.
En suma, para acceder a la pensión gracia los docentes deben acreditar: (i) una
experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980 en una institución educativa
territorial o nacionalizada, (ii) completar 20 años de servicios en una plaza territorial
o nacionalizada y (iii) tener buena conducta durante su desempeño como docente.
No se puede exigir haber completado los requisitos ni encontrarse vinculado en la
fecha señalada, en atención a que pueden ser computados los tiempos laborados
con posterioridad; y tampoco se requiere que el tiempo de servicio sea continuo.
2.4. Caso concreto
25 En forma concreta de las sentencias C-479 de 1998, C-084 de 1999, C-915 de 1999, C-954 de
2000, C-085 de 2002, C-506 de 2006 y SU-014 de 2020.
13
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:
• Alix Beatriz Carvajal Ramírez nació el 13 de octubre de 195026.
• Por medio del Decreto 2112 del 22 de julio de 197527 «[p]or el cual se causan unas
novedades en el personal del magisterio de enseñanza primaria», el gobernador de
Santander nombró a Alix Beatriz Carvajal Ramírez como docente de la Escuela
Rural Tierra Blanca de Málaga, suscrito por el gobernador y el secretario de
educación. Tomó posesión del cargo el 30 de julio de 1975, según el acta 872.
• Mediante el Decreto 3040 del 16 de octubre de 197528 «[p]or el cual se causan unas
novedades en el personal del magisterio de enseñanza primaria» el gobernador de
Santander y el secretario de educación trasladaron a la demandante a la escuela
rural San Luis de Onzaga.
• A través del Decreto 0586 del 25 de marzo de 198029 «[p]or el cual se causan unas
novedades en el personal del magisterio de enseñanza primaria» el secretario de
educación de Santander, el jefe de planeación educativa y el director de planeación
declararon insubsistente a la demandante a partir del 1º de marzo de 1980.
• Mediante el Decreto 731 del 28 de septiembre 1992 «[p]or el cual se nombra en
propiedad a una docente de primaria, en la Concentración Escolar Los Comuneros, que
funciona en este Municipio», el alcalde de Bucaramanga en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y los decretos 2277
de 1979 y 1706 de 1989, nombró a la demandante en propiedad. El 5 de octubre de
1992 tomó posesión del cargo, según el acta 56230.
• El 30 de julio de 2019, la Secretaría de Educación de Bucaramanga certificó que
la docente prestó sus servicios en cargo de docente de aula grado 10 en la
Institución Educativa Comuneros de Bucaramanga desde el 5 de octubre de 1992
hasta el 30 de julio de 201531.
• El 30 de julio de 2019 y el 21 de enero de 2022 la subsecretaria de educación de
Bucaramanga certificó que la demandante prestó su servicio como docente del nivel
26 Samai, índice 2.
27 Samai, índice 2.
28 Samai, índice 2.
29 Samai, índice 2.
30 Samai, índice 2.
31 Samai, índice 2.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
de primaria desde el 5 de octubre de 1992 hasta el 30 de julio de 2015, con
vinculación de orden nacional32.
• EL 24 de mayo de 2019, Alix Beatriz Carvajal Ramírez solicitó el reconocimiento
pensional, el cual fue negado por la Ugpp mediante la Resolución RDP 025985 del
30 de agosto de 2019, decisión que fue confirmada a través de la Resolución RDP
031959 del 25 de octubre de 201933, que resolvió el recurso de apelación
interpuesto.
2.5. Análisis sustancial
El Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la demanda
por cuanto Alix Beatriz Carvajal Ramírez acreditó los requisitos de 50 años de edad
y 20 años de servicios en una plaza docente del orden territorial, además no
encontró prueba en el proceso de sanciones impuestas con ocasión del ejercicio de
sus funciones como docente, por cuanto cumplió el requisito de haberse
desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
La Ugpp presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la decisión
adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que, si bien el vínculo
ostentado antes de 1980 fue nacionalizado, el comprendido entre el 5 de octubre de
1992 y el 30 de julio de 2015 fue de carácter nacional, tal y como lo certificó la
Secretaría de Educación de Bucaramanga, además los recursos con los cuales se
le han pagado los salarios y prestaciones provienen del situado fiscal. De manera
que, para el reconocimiento pensional solo podrán tenerse en cuenta los tiempos
de servicios laborados antes del 31 de diciembre de 1980, por cuanto en virtud de
lo dispuesto en las leyes 91 de 1989 y 114 de 1913 el tiempo de servicio que resulta
computable es el prestado en virtud de vinculaciones de carácter departamental,
distrital, municipal y nacionalizado.
De la valoración probatoria, la Sala encuentra acreditado que la demandante prestó
sus servicios como docente con vinculación: i) nacionalizada desde el 30 de julio de
1975 hasta el 1º de marzo de 1980 por un período de 4 años, 8 meses y 1 día; y ii)
territorial desde el 5 de octubre de 1992 hasta el 30 de julio de 201534 por un lapso
de 22 años, 9 meses y 20 días.
32
Samai, índice 2.
33
Samai, índice 2.
34 En virtud de las certificaciones proferidas por la subsecretaria y la secretaria de educación de
Bucaramanga.
15
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
Al respecto, en el expediente se encuentra acreditado que la vinculación que ostentó
Alix Beatriz Carvajal Ramírez, anterior al 31 de diciembre de 1980, fue efectuada a
través del Decreto 2112 del 22 de julio de 1975 como docente con vinculación
nacionalizada; posteriormente con Decreto 731 del 28 de septiembre 1992 con
vinculación territorial.
En esa línea, esta Sala encuentra que contrario a lo manifestado por la entidad
apelante, el tiempo de servicio acreditado a partir del 5 de octubre de 1992 por el
término de 22 años, 9 meses y 20 días, podía ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la prestación pretendida, en tanto se trata de un nombramiento
de carácter territorial en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
según el cual «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», en concordancia con los actos
administrativos de nombramiento y posesión.
Ahora, en cuanto a la financiación proveniente del situado fiscal, esta Corporación
unificó su criterio en el sentido de indicar que los dineros provenientes del situado
fiscal -ahora sistema general de participaciones- pertenecían exclusivamente a los
entes territoriales, puesto que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
endógenas y exógenas35. En los siguientes términos se pronunció esta Sección:
«concluye la Sala que la finalidad del situado fiscal, antes y después de la Carta Política
de 1991, siempre fue la misma; esto es, ceder a las entidades territoriales parte del
presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y
salud, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sin
quebrantar, por supuesto, el eje fundamental del principio relativo a la autonomía
territorial.
En consecuencia, a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la
Nación, una vez eran cedidos a las entidades territoriales e incorporados a sus
presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad
destinataria, e inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial,
en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas
[…] No existe duda entonces de que los entes territoriales son los <titulares directos>
o propietarios de los recursos girados por la Nación que provengan del sistema general
de participaciones, por cuanto le son asignados directamente por la Carta Política».
De lo anterior se colige que aunque la plaza fuera financiada con recursos del
situado fiscal o de los fondos educativos regionales, esto no indica per se que el
tipo de vinculación sea de orden nacional, pues como ya se dijo, esos dineros son
35 Sentencia de Unificación del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01.
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
exclusivamente del ente territorial, máxime si en el expediente obran los actos
administrativos mediante los cuales se nombró a la docente, como en efecto
sucede en el presente asunto, los cuales fueron expedidos por el gobernador de
Santander y el alcalde de Bucaramanga, como docente de planteles
departamentales y municipales, cuya destinación no provino de la nación, de
modo que su vinculación continuó de carácter territorial.
En cuanto a la información de la vinculación de orden nacional de uno de los
certificados del formato único para la expedición de la historia laboral de la maestra
si bien muestra una cierta contradicción, lo cierto es que los actos administrativos
de nombramiento y las actas de posesión prueban el carácter nacionalizado y
territorial de las vinculaciones tanto del 30 de julio de 1975 como del 5 de octubre
de 1992, respecto de lo cual se hizo claridad en los párrafos anteriores.
Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2023, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de la
demanda, puesto que Alix Beatriz Carvajal Ramírez acreditó los requisitos para el
reconocimiento de la prestación pretendida, por cuanto: i) acreditó una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980; ii) cuenta con más de 50 años de edad; iii)
prestó sus servicios como docente oficial del orden nacionalizado y territorial por
más de 20 años; y iv) ejerció la docencia con buena conducta, bajo el entendido de
que este hecho no fue desvirtuado.
Por su parte, respecto de la condena en costas proferida en la primera instancia, en
razón a que la demandada solicitó su revocatoria, la condena en costas en su contra
será objeto de análisis en esta oportunidad.
Por tanto, se advierte que en la providencia apelada el a quo, de manera restrictiva
y con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el 365 del
CGP, condenó en costas a la parte demandada sin realizar un análisis de aspectos
relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo haber
incurrido la parte vencida, pese a que para ello, debió tener certeza de la conducta
desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas, razón por la cual,
al no predicarse el mal proceder de la demandada se revocará la decisión del juez
de primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.6. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala no condenará en costas a la parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Alix Beatriz Carvajal Ramírez
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia prevista en Ley
114 de 1913 y demás normas que la regularon.
En esas condiciones, se revocará el ordinal cuarto, mediante el cual la Ugpp fue
condenada en costas y se confirmará en todo lo demás la sentencia proferida el 16
de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander, en
tanto accedió a las pretensiones de la demanda.
36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
18
Radicado: 68001-23-33-000-2020-00160-01 (3587-2023)
Demandante: Alix Beatriz Carvajal Ramírez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia del 16 de febrero de 2023,
mediante el cual la Ugpp fue condenada en costas.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 16 de febrero de 2023, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Santander, accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Alix Beatriz Carvajal Ramírez, contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp), conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl
19
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