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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00672-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00672-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones, para en su lugar NEGAR. Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Fíjense y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Tercero. Se reconoce personería a la Doctora Martha Patricia Santana Osorio portadora de la T.P 183.288 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada judicial de la demandante y a la Doctora Profilia Sierra Maldonado portadora de la T.P 100219 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los términos de las sustituciones de poder aportadas. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00672-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00672-01 (4883-2024)
Demandante: María Catalina Villabona González
Demandada: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF

Tema: Relación laboral encubierta. Abogada REVOCA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se concedieron
parcialmente las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora María Catalina Villabona González instauró demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del ICBF con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto resultante de la respuesta al derecho de
petición del 08 de noviembre de 2019, radicada S2019-616415-6800, y que entre
las partes existió una relación de trabajo.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene el pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir y las sanciones moratorias derivadas de
las mismas.
HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

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5. Que prestó sus servicios en el ICBF como abogada en servicios de apoyo a
diferentes dependencias de la entidad entre el 31 de octubre de 2016 y el 14 de
septiembre de 2018, mediante contratos de prestación de servicios.

6. Que cumplió un horario impuesto y que la entidad le suministró durante toda
la vinculación los elementos de trabajo y el servicio de transporte, este último con el
fin de ejercer la supervisión.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

7. La demanda fue admitida mediante auto del 2 de septiembre de 2020,
notificada a la entidad demandada quien indicó que la relación contractual que se
mantuvo con la actora se desarrolló bajo el respeto de la autonomía contractual e
independencia de su labor, tanto en la forma del contrato, como en la realidad
misma.

8. Que en los contratos siempre se hizo énfasis en la autonomía que prevalece
en la ejecución del servicio, así como la exclusión de toda relación laboral; y en
cuanto a su ejecución, la contratista la desarrolló sin estar sometida a la imposición
de un mandato u órdenes que afectaran tal independencia, pero que las labores de
supervisión sí se efectuaron en la forma y como es propio de esos contratos, aunque
las mismas se limitaron únicamente a requerir el cumplimiento del objeto
contractual, en los términos que fueron acordados y bajo el principio de la autonomía
de la voluntad.

9. Que la entidad no suscribió ninguna clase de contrato laboral con la parte
convocante para los periodos aducidos por ella, sino que la relación siempre estuvo
enmarcada dentro del contexto de la prestación de servicios el cual fue aceptado
por esta, por lo que no puede esgrimirse una relación laboral.

10. Propuso como excepciones las de inexistencia de un contrato laboral entre
las partes, imposibilidad jurídica del ICBF para celebrar contratos de trabajo,
inexistencia o falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación, cobro de
lo no debido, buena fe, prescripción, genérica o innominada y falta de legitimación
en la causa por pasiva.

11. Se resolvieron las excepciones y se declaró no probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, se fijó litigio, se decretaron pruebas y se
programó la audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se
dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la
cual fue apelada por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

12. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 27 de junio
de 2024, declaró la existencia de una relación laboral entre las partes por los

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periodos comprendidos entre el 31 de octubre de 2016 al 31 de diciembre de 2016
y el 1 de abril de 2017 al 14 de septiembre de 2018 y ordenó el pago de las
prestaciones devengadas por los servidores de planta teniendo en cuenta los
honorarios pactados en cada contrato.

13. Encontró probado que el desempeño de las funciones estaba sujeto a la
imposición de medidas y/o órdenes del ICBF, tales como el establecimiento de
horarios inmodificables debido al funcionamiento de la institución, la imposibilidad
de la prestación del servicio por otras personas y, además, la situación referente a
que debía cumplir funciones relacionadas con el objeto misional de la entidad, esto
es, las visitas misionales que llevó a cabo la demandante durante la última parte del
vínculo, lo que denota que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la
posibilidad de disponer del trabajo, hecho que demuestra la existencia de una
verdadera subordinación.

14. Que la entidad le suministró todos los implementos de trabajo para ejecutar
sus funciones, las cuales desarrolló en un cubículo en la oficina jurídica, lugar donde
se encontraban todos los demás funcionarios de planta. Que incluso, hizo uso del
servicio de transporte que proporcionaba la entidad.

15. Que la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente– certificó que una vez realizada la búsqueda en las plataformas del
SECOP (SECOP I Y SECOP II), se encontró un total de 7 contratos relacionados a
la demandante, como representante legal o proveedor, cuyos resultados se
anexaron en un documento de Excel, de los cuales se destacan los últimos 3 en
fecha, que corresponden a los suscritos con el ICBF y que son objeto de
controversia. Que de esto se puede concluir, que la demandante no celebró otros
contratos de prestación de servicios con otras entidades, lo cual denota la continua
prestación del servicio a la entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

16. La parte demandada interpuso recurso de apelación e indicó que el contrato
de prestación de servicios goza de presunción legal de acuerdo al artículo 32 de la
ley 80 de 1993. Que la relación laboral que pretende hacer declarar la actora no
cumple con los elementos esenciales de todo contrato laboral.

17. Que analizados los testimonios, se evidencia que se tuvo como cierta la
prestación del servicio dentro de un “horario de trabajo”, pero no analiza otros
elementos que se deben tener en cuenta en ese asunto, el primero, que se deben
ejercer actividades de coordinación con los contratistas para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, el segundo, el uso de formatos y minutas dentro de la
institución no genera por sí misma una subordinación, el establecimiento de estos
son consecuencia de la necesidad de organización de la institución para el
cumplimiento de normas de acreditación en torno al sistema de gestión de calidad.

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18. Que los testigos refieren que la demandante recibía órdenes, pero su análisis
debió derivar en la conclusión que todas estas constituyen el efectivo y oportuno
cumplimiento de las actividades contractuales contenidas en sus contratos. Que no
se explica que se llame órdenes a las actividades contractuales que la accionante
revisó, suscribió y acordó con el ICBF.

19. Que los correos aportados por la demandante y que son valorados
erróneamente por el Tribunal, no determinan un horario, solo coordinan las tareas
a llevar a cabo por el contratista durante la jornada de funcionamiento de la entidad.

20. Que el Tribunal no consideró las pruebas solicitadas y practicadas por la
parte demandada con las cuales se desvirtuaba el elemento de subordinación.
Además, las declaraciones de los testigos Viviana Vesga y Martha Santana, pueden
considerarse sesgadas, ya que iniciaron procesos similares, por ende, su mayor
interés es que las resultas del proceso sean favorables a la actora. Que todas estas
situaciones fueron desconocidas por el fallo de primera instancia.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

21. El 25 de septiembre de 2024 fue admitido el recurso de apelación, y de
conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el término
de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y, posteriormente se
corrió el mismo término para el Ministerio Público.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

22. La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la actora tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión a esta.

23. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo
relativo a los tiempos de prestación, a la prescripción de los derechos reclamados
y, finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas.

Marco normativo y jurisprudencial

24. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras
del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

25. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales

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cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.

26. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la
relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o
jurídica y, el elemento de la remuneración.

27. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando
la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

28. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.

• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

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• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.

29. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, cuando se reconoce la existencia de
una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones
sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello se le dé la
categoría de empleado público al contratista sin que concurran los elementos
previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

30. A partir de las pruebas es posible establecer que la demandante estuvo
vinculada como abogada al ICBF mediante diferentes contratos de prestación de
servicios, suscritos entre el 31 de octubre de 2016 y el 14 de septiembre de 2018 y
que en estos se establecieron los honorarios y el objeto para lo cual iba a ser
contratada.

31. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración,
aspectos no discutidos por las partes. Por esa razón, se procederá a revisar si
efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso
del demandado.

32. El análisis de la subordinación exige confrontar las instrucciones atribuidas al
ICBF con el contenido de las obligaciones asumidas en cada contrato, pues no toda
indicación impartida por el supervisor comporta, por sí misma, el ejercicio de poder
directivo. Los objetos contractuales estuvieron relacionados con el apoyo jurídico,
el seguimiento y liquidación de contratos, así como con actividades de supervisión
y visitas a operadores y comunidades; por consiguiente, la asignación de asuntos,
el señalamiento de prioridades, la utilización de formatos institucionales y la revisión
de los productos entregados podían corresponder al control necesario para verificar
el cumplimiento de tales obligaciones.

33. Esas actuaciones adquirirían naturaleza subordinante si se demostrara que
la entidad determinaba de manera continua y obligatoria, el modo, tiempo y lugar de
prestación del servicio, con independencia de los resultados pactados y bajo
consecuencias derivadas de su incumplimiento. Por ello, no basta calificar las
comunicaciones como órdenes o como actos de supervisión, sino que debe
establecerse su contenido, alcance y forma concreta de aplicación respecto de la
demandante.

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34. En lo que respecta a la prueba testimonial, se cuenta con las declaraciones
de los señores Germán Alonso Ojeda Mejía, Viviana Andrea Vesga Benítez, Martha
Patricia Santana Osorio, Liliana María Rincón Mantilla, Marisol Navarro Mora y la
declaración de parte de la actora.

35. La parte demandada, tachó a las testigos Viviana Vesga y Martha Santana
porque tienen demanda en similar sentido y su declaración no sería imparcial.

36. Pues bien, es preciso recordar el deber de imparcialidad, en los términos
prescritos por el Código General del Proceso:

«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar
el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten
su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El
juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso».

37. Como se puede apreciar, le corresponde al juez valorar las circunstancias
alegadas y apreciar el testimonio conforme a la sana crítica.

38. Tal como se infiere de la norma transcrita, se le impone al juzgador el deber
de apreciar la declaración con mayor severidad, y que su dicho sea contrastado
con las demás pruebas que existen en el expediente1. De allí que se haga el estudio
del medio probatorio en mención de manera conjunta con los demás elementos
probatorios traídos al proceso.

39. La parte actora, la señora María Catalina Villabona González, en su
interrogatorio de parte, manifestó que prestó sus servicios en la entidad como
abogada. Que en 2016 realizó monitoreo de contratos; en 2017 estuvo contratada
para la Dirección y posteriormente celebró otro contrato para monitorear los del
ICBF y en 2018 efectuó labores de supervisión.

40. Indicó que no recibió memorandos ni documentos que le exigieran cumplir
horario o asistir los domingos, pues tales indicaciones se impartían verbalmente.
Precisó que durante 2016 y 2017 no prestó servicios a otras entidades y que nunca
se le abrió un proceso disciplinario. Que en 2018 debía visitar presencialmente
comunidades y hogares, aunque las actas posteriores a las visitas las elaboraba
desde su casa; que debía permanecer presencialmente y tener disponibilidad del
100 %, especialmente durante las épocas de contratación.

41. Que el ICBF siempre le pagó oportunamente y que el último contrato terminó
por motivos personales, pues solicitó ausentarse para realizar un viaje, la petición

1 Sentencia de 23 de mayo de 2024; Sección Segunda, Subsección A, radicado 66001-23-33-000-2017-00083-

01 (2190-2020) C.P Luis Eduardo Mesa Nieves.

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fue negada y posteriormente renunció y terminó el contrato de común acuerdo con
la entidad. Que el ingreso y la salida se registraban en una bitácora.

42. El señor Germán Alonso Ojeda Mejía manifestó que ingresó al ICBF en
marzo de 2016 y que trabajó en la oficina jurídica; que estuvo vinculado a esa oficina
entre marzo y junio de 2017. Indicó que allí conoció a la demandante, quien era
abogada y trabajaba en contratación.

43. Que fue contratado inicialmente para responder derechos de petición y que
después su supervisor, el señor Germán Yesid Peña Rueda, le asignó asuntos de
vocaciones hereditarias y cobro coactivo. Explicó que para desarrollar las
actividades recibían minutas e instrucciones y que él no presentaba ningún trabajo
sin autorización.

44. Que el grupo cumplía horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con una hora de
almuerzo, independientemente del tipo de vinculación. Que la actora trabajaba
desde las instalaciones del ICBF, tenía un cubículo junto al del señor Germán y
utilizaba equipos y el correo institucional de la entidad. Que el supervisor verificaba
la presencia del personal y que, como regla general, las horas de ausencia debían
reponerse; sin embargo, aclaró que no tenía constancia específica de cómo se
manejaban los permisos de ella, aunque recordó que le decía que debía trabajar
algunos sábados o permanecer en la regional hasta las 7:00 o 10:00 p. m.

45. Que supo de su aborto y de la suspensión del contrato. Aclaró que no le
constaba que realizara las mismas funciones de un servidor público y que
desconocía si tuvo investigaciones, evaluaciones de desempeño o contratos
simultáneos.

46. Por su parte la señora Viviana Andrea Vesga Benítez manifestó que fue
contratista del ICBF entre 2011 y 2019 y trabajó con la demandante en la Regional
Santander, aunque no compartían oficina. Indicó que estaba encargada de revisar
la documentación de los contratistas y que, por esa razón, conoció las labores
realizadas por la demandante.

47. Afirmó que la actora prestaba sus servicios presencialmente y tenía
asignados un puesto de trabajo, un cubículo, computador y demás elementos del
ICBF. Que los contratistas recibían instrucciones de sus supervisores y utilizaban
minutas para elaborar los documentos, razón por la cual, según su declaración, no
tenían autonomía.

48. Que la demandante tuvo contratos relacionados con primera infancia, otro
relacionado con una funciones administrativa durante la licencia de maternidad de
otra persona y labores en el grupo jurídico. Añadió que los abogados también
debían realizar liquidaciones y participar en planes de choque, aunque esas
actividades no estuvieran incluidas en sus contratos.

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49. Que los contratistas y los servidores de planta realizaban actividades de
contratación y respondían derechos de petición. También afirmó que los contratistas
registraban su ingreso y salida, recibían correo institucional y participaban en
reuniones con servidores y coordinadores. Que la señora María Catalina utilizaba
vehículos y chaleco del ICBF para realizar visitas a hogares de primera infancia.

50. Que en una ocasión la señora María Catalina solicitó ausentarse por un
motivo personal, no le permitieron trabajar desde otro lugar y tuvo que suspender el
contrato. Aclaró que desconocía los aplicativos que utilizaba la demandante y que
no tenía conocimiento de investigaciones, evaluaciones de desempeño o historia
laboral en su contra.

51. La señora Martha Patricia Santana Osorio indicó que fue contratista del
ICBF entre enero de 2017 y diciembre de 2019 y que conoció a la demandante
durante ese periodo. Indicó que ella pertenecía al grupo administrativo y la señora
María Catalina al grupo jurídico, y que posteriormente esta última trabajó en un
centro zonal.

52. Señaló que realizaban algunas actividades comunes a todos los abogados,
aunque tenían obligaciones contractuales diferentes. Que a los contratistas les
entregaban puesto de trabajo, computador, impresora, papel y demás implementos
necesarios, y que la demandante también recibió esos elementos.

53. Que al suscribir los contratos les informaban verbalmente que debían trabajar
desde las instalaciones del ICBF, cumplir horario y no tener otros contratos; no
obstante, aclaró que no le constaba cómo se impartieron esas indicaciones
específicamente a la señora María Catalina. Indicó que los contratistas debían
solicitar autorización para ausentarse y reponer las horas, y que las instrucciones
podían comunicarse mediante WhatsApp o actas de compromiso.

54. Que recibían directrices, revisión de sus trabajos y capacitaciones, y que
también les asignaban liquidaciones, aunque no estuvieran contempladas en sus
contratos. Que los contratistas y los servidores cumplían el mismo horario y estaban
sometidos a controles similares. Que la planilla tenía como objeto controlar el
horario y que presenció un llamado de atención, pero no indicó que este hubiera
sido dirigido a la señora María Catalina.

55. Que no conocía con precisión las obligaciones contractuales de la
demandante ni podía afirmar cuáles labores adicionales realizó. Sin embargo,
señaló que en el ICBF todos respondían derechos de petición y elaboraban
liquidaciones, y que las actividades relacionadas con los contratos de primera
infancia eran misionales.

56. La señora Liliana María Rincón Mantilla manifestó que fue coordinadora del
Centro Zonal Antonia Santos durante 2018, supervisó el contrato de la demandante
y mantuvo con ella una relación de amistad.

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57. Que nunca solicitó investigaciones disciplinarias en su contra y no le practicó
evaluaciones de desempeño, pues estas solamente se realizaban a los servidores
públicos. Que no tenía que solicitarle permiso para ausentarse y que las planillas de
ingreso y salida eran utilizadas por seguridad, no para controlar el horario. Que el
correo institucional podía consultarse desde cualquier lugar, aunque algunos
aplicativos requerían autorización y acceso desde equipos del ICBF.

58. Que el chaleco institucional se entregaba a contratistas y servidores para
identificarse y brindarles seguridad durante las visitas. Respecto del trabajo durante
sábados y domingos, señaló que en algunas épocas de contratación se impartían
instrucciones para cumplir los cronogramas, pero sostuvo que la asistencia de los
contratistas era voluntaria y dependía del avance de sus actividades.

59. Que nunca le asignó funciones diferentes de las previstas en el contrato ni la
obligó a trabajar durante los fines de semana. Frente a las actas relacionadas con
la prestación de servicios los sábados, sostuvo que las liquidaciones hacían parte
de sus funciones y que las actas constituían evidencias de las actividades
realizadas. Finalmente, reconoció que le indicaba cuáles tareas debía realizar y
cómo debía hacerlas, que existían formatos para presentar las actas y las visitas,
que recibió capacitación y que efectuaba visitas a operadores y comunidades.

60. La señora Marisol Navarro Mora manifestó que estaba vinculada mediante
contratos de prestación de servicios con el ICBF desde 2007 y que, en 2016, la
actora trabajó en el grupo jurídico. Señaló que no recordaba sus funciones exactas,
pero afirmó que cumplió debidamente sus obligaciones contractuales y que no
recordaba requerimientos por incumplimiento.

61. Que la veía en las instalaciones del ICBF, aunque no le constaba que tuviera
asignados específicamente computador, impresora u otros elementos. También
aclaró que desconocía las funciones y el horario que cumplió cuando pasó al Centro
Zonal Antonia Santos, y que no sabía si sus actividades eran distintas de las
realizadas por los servidores de planta. Que los contratistas recibían correo
institucional y que las liquidaciones contractuales eran elaboradas tanto por
contratistas como por servidores.

62. Teniendo en cuenta estas declaraciones, para la Sala no es posible encontrar
acreditados hechos concretos, individualizados y directamente percibidos sobre la
forma en que la demandante ejecutó sus contratos. La mayoría de los declarantes
relató sus propias experiencias como contratistas y describió de manera general las
condiciones en las que trabajaban los abogados del ICBF, para luego extender esas
circunstancias a la demandante. Esas afirmaciones generales no permiten
establecer que careciera de autonomía o estuviera sometida al poder disciplinario
de la entidad.

63. En efecto, los declarantes no precisaron órdenes específicas impartidas a la
demandante, llamados de atención, sanciones, evaluaciones de desempeño ni

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consecuencias derivadas del supuesto incumplimiento de horarios. Tampoco existió
una versión uniforme sobre su jornada, sus permisos, las obligaciones concretas de
sus contratos. Por el contrario, dentro de las mismas declaraciones se afirmó que
no debía solicitar permiso para ausentarse, que las planillas de ingreso tenían fines
de seguridad, que no fue evaluada como servidora pública y que su asistencia
durante los fines de semana era voluntaria.

64. El interrogatorio de la señora María Catalina tampoco resulta suficiente para
demostrar subordinación. Aunque manifestó que las indicaciones sobre el horario
eran verbales y que debía permanecer disponible durante las épocas de
contratación, reconoció que algunas actas las elaboraba desde su casa y que nunca
fue investigada disciplinariamente. La negativa a autorizarle una ausencia por un
viaje constituye un episodio aislado y no demuestra, por sí sola, el ejercicio
permanente de un poder subordinante.

65. Merece especial consideración la declaración de la señora Liliana María
Rincón Mantilla, quien supervisó el contrato durante 2018 y manifestó que indicaba
a la actora cuáles actividades debía realizar y cómo debía ejecutarlas. Tal
afirmación constituye un indicio relevante y no puede descartarse por la sola
denominación contractual del vínculo. Sin embargo, apreciada integralmente su
declaración, se advierte que esas indicaciones se referían a la programación de
visitas, el diligenciamiento de formatos y la elaboración de actas y liquidaciones
comprendidas en las obligaciones convenidas.

66. La testigo también precisó que la demandante no necesitaba permiso para
ausentarse, que la planilla de ingreso respondía a razones de seguridad, que el
trabajo durante los fines de semana dependía del avance de las actividades y que
nunca le asignó funciones diferentes de las pactadas. En ese contexto, la expresión
relativa a indicarle qué hacer y cómo hacerlo no demuestra, sin elementos
adicionales, el ejercicio de un poder laboral permanente, sino el seguimiento técnico
y operativo necesario para verificar la correcta ejecución de lo contratado.

67. Además, se cuenta con diferentes correos electrónicos, pero estos no
contienen una orden individual dirigida exclusivamente a la demandante. Por
ejemplo, el 3 de octubre de 2017 la entidad remitió a varias personas la presentación
del comité estratégico en la que se fijaron metas de liquidaciones para el último
trimestre y el 2 de noviembre del mismo año solicitó a coordinadores y abogados
avanzar en las cifras acordadas.

68. Se trató, por tanto, de comunicaciones generales orientadas al cumplimiento
de objetivos institucionales. En ellas no se acreditaron llamados de atención,
sanciones, modificaciones unilaterales del contrato ni consecuencias disciplinarias
por el eventual incumplimiento, de manera que son compatibles con la coordinación
necesaria para ejecutar los servicios contratados.

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69. Igual valoración merece el correo del 29 de junio de 2018, mediante el cual
se informó a la demandante y a otros destinatarios sobre la Resolución 8265, que
modificó temporalmente la jornada de la dirección general y de las direcciones
regionales del ICBF. La sola recepción de esa comunicación general no demuestra
que el régimen laboral de los servidores se hubiera impuesto individualmente a la
contratista.

70. La certificación expedida a partir de la información registrada en SECOP
tampoco demuestra que la actora hubiera estado sometida a una obligación de
exclusividad. Ese documento permite establecer cuáles contratos estatales
aparecían publicados a su nombre, pero no informa si desarrolló actividades
profesionales para particulares ni acredita que el ICBF le hubiera prohibido celebrar
otros negocios jurídicos.

71. En todo caso, la ausencia de contratos simultáneos puede constituir un
indicio de dedicación, pero no demuestra por sí misma subordinación, pues esta
depende de la existencia de un poder continuado de dirección sobre la prestación
del servicio. De igual manera, la ejecución personal de las obligaciones, su relación
con actividades institucionales y el suministro de elementos de trabajo son
circunstancias compatibles tanto con una relación laboral como con determinados
contratos de prestación de servicios, por lo que su alcance debe establecerse en
conjunto con las demás pruebas.

72. Tampoco las actas que registraron actividades realizadas algunos sábados
acreditan obligatoriedad, pues la testigo Liliana María Rincón negó haber exigido
esa asistencia. Del mismo modo, el correo institucional, el cubículo, los equipos, el
transporte, el chaleco y las bitácoras de ingreso se explican por las necesidades de
acceso, seguridad, identificación y ejecución del objeto contractual y no prueban,
aisladamente, subordinación.

73. La Sala reconoce que la presencia habitual de la demandante en las
instalaciones del ICBF, el uso de correo y elementos institucionales, la asignación
de metas, la participación en reuniones, la realización ocasional de actividades
durante los fines de semana y las declaraciones relativas al cumplimiento de horario
conforman un conjunto de indicios que exigía un examen integrado.

74. No obstante, las pruebas no ofrecen una versión uniforme ni suficientemente
individualizada sobre la manera en que esas circunstancias operaron respecto de
ella: algunos declarantes reprodujeron condiciones generales de los contratistas;
otros reconocieron no conocer sus obligaciones o no haber compartido directamente
su espacio de trabajo; y la supervisora negó la existencia de permisos obligatorios,
control horario y asignación de funciones ajenas al contrato. Así, la ausencia de
sanciones disciplinarias no se toma como requisito indispensable para descartar la
relación laboral, sino como una circunstancia adicional dentro de un acervo que no
permite establecer que las directrices de la entidad excedieran la coordinación y
supervisión de los resultados contratados.

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75. Lo que significa que la prueba recaudada acredita supervisión y coordinación
contractual, pero no demuestra de manera suficiente ese poder subordinante.
Aunque están acreditadas la prestación personal del servicio y el pago periódico de
honorarios, no se demostró el elemento determinante de la relación laboral: la
subordinación continuada. El Tribunal convirtió en manifestaciones de dependencia
varios hechos compatibles con la supervisión, coordinación y control de resultados
propios de un contrato estatal de prestación de servicios, sin que se probaran
órdenes, potestad disciplinaria o sujeción permanente de la demandante al poder
directivo del ICBF.

76. Por ello, debe revocarse la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negarse las pretensiones.

77. Se reconoce personería a la Doctora Martha Patricia Santana Osorio
portadora de la T.P 183.288 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderada judicial de la demandante y a la Doctora Profilia Sierra Maldonado
portadora de la T.P 100219 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderada judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los términos
de las sustituciones de poder aportadas.

De la condena en costas en segunda instancia.

78. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

79. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida en el proceso.

80. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

81. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la
demandante, por cuanto se está revocando la sentencia para negar las
pretensiones. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia

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y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se
concedieron parcialmente las pretensiones, para en su lugar NEGAR.

Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Fíjense
y liquídense las mismas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Se reconoce personería a la Doctora Martha Patricia Santana Osorio
portadora de la T.P 183.288 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderada judicial de la demandante y a la Doctora Profilia Sierra Maldonado
portadora de la T.P 100219 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de
apoderada judicial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los términos
de las sustituciones de poder aportadas.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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