Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2020-00698-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2020-00698-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2020-00698-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2020-00698-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de febrero de 2022
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00698-01
Solicitante: CARLOS AUGUSTO GONZÁLEZ DUARTE
Diputada acusada: CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO
Tesis: No hay lugar a declarar la pérdida de investidura
por violación al régimen de inhabilidades a un
diputado cuando se le endilga que celebró un
contrato de prestación de servicios con una
entidad pública en interés propio, pero no se
demostró que ello hubiera ocurrido dentro del
año anterior a la elección.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual denegó la desinvestidura
de la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño como diputada de la
asamblea departamental de Santander, período constitucional 2020-
2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada
El señor Carlos Augusto González Duarte presentó demanda de pérdida
de investidura en contra de la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño,
elegida diputada del departamento de Santander, para el período
constitucional 2020-2023, y para ello invocó la causal de inhabilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, así como
el numeral 6 del artículo 48 ibídem, y el parágrafo 3 del artículo 29 de la
Ley 1475 de 2011.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1
El actor informó que el 27 de julio de 2019 la señora Claudia Lucía
Ramírez Carreño se inscribió en la lista del Partido Conservador
Colombiano como candidata a la asamblea departamental de Santander,
período 2020 – 2023; que el 27 de octubre 2019 resultó elegida y tomó
posesión del cargo el 1 de enero de 2020.
Explicó que la mencionada señora estaba inhabilitada para ser elegida
como diputada de la asamblea del citado departamento, porque el día
30 de agosto de 2018 suscribió el contrato de prestación de servicios
nro. 11913-2 con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga, el cual tuvo como objeto brindar apoyo a la
gestión que contribuya a desarrollar los procesos de convocatoria y
1
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
logísticos asociados a la formulación del Plan Decenal de Educación
Ambiental del departamento de Santander 2018-2028, cuyas actas de
entrega fueron firmadas, la de inicio el 30 de agosto de 2018; la
segunda de pago parcial el 30 de octubre de 2018; la tercera de pago
parcial el 31 de octubre de 2018; la cuarta de pago parcial el 26 de
diciembre de 2018, y en la misma fecha del 26 de diciembre de 2018 se
firmó el acta número cinco de recibo definitivo, así como el acta número
seis de liquidación.
Consideró que la acusada violó el régimen de inhabilidades a que se
refiere el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, “ya que
suscribió el contrato de prestación de servicios No. 11913—02 (…) el día
30 de agosto de 2018; y fijando el día 29 de noviembre de 2018, como
fecha para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta
que el plazo estipulado fue de 3 meses”.
2.- Contestación de la diputada acusada
La señora Claudia Lucía Ramírez Carreño, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud y se opuso a las pretensiones2.
Manifestó que no estaban reunidos los requisitos fácticos y jurídicos
para la prosperidad del medio de control, ni el actor acreditó el factor
subjetivo exigido por el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, ya que no
hizo mención alguna acerca de si la conducta fue realizada a título de
dolo o de culpa grave.
2
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Adujo que sí suscribió el contrato nro. 1193-02, pero ello no le impedía
aspirar a la curul de diputada del departamento de Santander.
Aseguró también que la inhabilidad invocada por la parte solicitante no
fue prevista como causal de pérdida de investidura, pues ésta solo
procede por la violación del régimen de incompatibilidades, con lo cual el
actor pretende hacer una interpretación extensiva de disposiciones que
son taxativas y excluyentes.
Argumentó que no es cierto que con la suscripción del referido contrato
haya infringido el régimen de inhabilidades, puesto que el parágrafo 2
del artículo 7 de la Ley 1871 de 2017 excluyó de forma exclusiva para
los diputados la incompatibilidad cuando los contratos se suscriben con
entidades de otros órdenes diferentes al departamento; por lo tanto, no
se configura la inhabilidad cuando, como en este caso, el contrato se
suscribe con una entidad del orden nacional, como son las corporaciones
autónomas regionales.
Propuso como excepciones las de “indebida acción” aduciendo que, “de
la argumentación fáctica y jurídica esgrimida por el demandante, se
concluye que las pretensiones son de carácter electoral porque solicita la
anulación de la credencial que le confiere la calidad de diputada (…)”;
“uso arbitrario de normas de interpretación restringida”, que
fundamentó en que la parte actora pretende interpretar extensivamente
las normas referentes a la pérdida de investidura a su conveniencia, lo
cual no es válido jurídicamente, y la de “extemporaneidad de la causal
invocada”, puesto que el respectivo contrato fue celebrado el 30 de
agosto de 2018 y las elecciones se realizaron el 27 de octubre de 2019,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
por lo tanto, la inhabilidad no se produjo dentro del año anterior a la
elección.
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del
27 de octubre de 2020, denegó la desinvestidura de la diputada
acusada3.
Señaló que analizaría si para que se configurara la causal de inhabilidad
por la intervención en la celebración de contratos que diera lugar a la
pérdida de investidura debía “atenderse la fecha de la inscripción del
candidato y la de ejecución del contrato, o si por el contrario, resulta
determinante para efectos de incurrir en dicha causal, la fecha de
suscripción del mismo”.
Explicó que, con base en lo previsto por el artículo 48 de la Ley 617 y la
jurisprudencia de esta Corporación4, “se advierte con suficiente claridad
que la trasgresión del régimen de inhabilidades confluye con una causal
de pérdida de investidura a voces de lo establecido en el numeral 4º el
(sic) artículo 33 de la Ley 617 de 2000 en consonancia con lo dispuesto
en el numeral 6º del artículo 48 de la misma ley”.
Refiriéndose a la causal de inhabilidad invocada en el caso concreto,
concluyó que está demostrado que la señora Ramírez Carreño fue
3
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
4
Para ello citó, entre otras, la sentencia del 28 de julio de 2002 en el expediente con
nro. de radicación 7177. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y la proferida el 24 de
agosto de 2006. Expediente radicación nro. 2005-1477. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
elegida el 27 de octubre de 2019 como diputada del departamento de
Santander y que suscribió el 30 de agosto de 2018 el contrato de
prestación de servicios nro. 11913-02 con la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
No obstante, “(…) acorde con las pruebas relacionadas, esta Corporación
concluye que en el presente caso no está probado el supuesto de hecho
que exige el (sic) 33 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, para que se
estructure la inhabilidad alegada en la demandada, cual es, la
suscripción del contrato por parte de la elegida diputada dentro del año
anterior a la elección, como quiera que los elementos de juicio ofrecen
claridad suficiente en que el Contrato No. 11913-02 en que se funda la
petición de pérdida de investidura, fue suscrito por la demandada el 30
de agosto de 2018, fecha que se encuentra fuera del período
inhabilitante de esta causal, que como se dijo, corresponde al
comprendido entre el 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre de
2019”. (destacado original).
4.- El recurso de apelación interpuesto por el solicitante
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el solicitante interpuso recurso de
apelación, pidiendo que fuera revocada, con fundamento en lo
siguiente5:
Alegó que el a quo “solo revisa la fecha en que la Diputada realiza el
contrato 30 de agosto de 2018 y no mira las Sentencias Unificadas de la
5
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el factor temporal y se
niega a profundizar el calendario electoral, donde no se toma el tiempo
de inscripción del candidato”.
Solicitó que se tengan en cuenta las actas de inicio, las actas de pagos
parciales, así como las fechas y los períodos en la forma que se ejecutó
el contrato nro. 11913-02, puesto que se firmó el 30 de agosto de 2018,
con acta de inicio en la misma fecha, pero las actas de pagos parciales
son del 30 de octubre de 2018 (acta nro. 2), 31 de octubre de 2018
(acta nro. 3) y 26 de diciembre de 2018 (acta nro. 4), y comoquiera que
las elecciones se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019, “tenía que
haber renunciado al contrato de prestación de servicios un año antes de
la elección”.
Citó la sentencia de unificación del 7 de junio de 2016 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado6, afirmando que allí se hizo una
revisión sobre la interpretación que las distintas autoridades han hecho
frente al alcance del condicionamiento efectuado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-625 de 2015, e indicó “si analizamos
lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia SU-625 de 2015
eliminó cualquier asomo de duda, pues además de reconocer que la
incompatibilidad contemplada en el numeral 7º del artículo 32 y 33 de la
Ley 617 de 2000 se contabiliza ya no desde 24 meses sino desde 12
(…), también explicó con contundencia y claridad que esos 12 meses se
computan hasta el día de la inscripción y no de la elección”.
6
Expediente radicación nro. 2015-00051. C.P. Alberto Yepes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
El recurrente también se apoyó en las sentencias proferidas por esta
Corporación el 26 de marzo de 20157; el 15 de febrero de 20118; 16 de
noviembre de 20119; 20 de febrero de 201210; 10 de julio de 201211 y
21 de agosto de 201212, para indicar que la inhabilidad se cuenta a
partir de la inscripción de la candidatura y no de la elección.
Expuso que, habida cuenta que el 27 de julio de 2019 la señora Claudia
Lucía Ramírez Carreño se inscribió en la lista del partido conservador
como candidata a la asamblea del departamento de Santander para las
elecciones del 27 de octubre de 2019, y que el contrato se ejecutó con
la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga hasta el 29 de noviembre de 2018, se configuró la
inhabilidad invocada.
Agregó que el Tribunal Administrativo de Santander no tuvo en cuenta
el calendario electoral y las diferentes etapas preclusivas y actividades
que se deben desarrollar para las elecciones, y que la señora Ramírez
Carreño realizó el contrato y lo ejecutó dentro de dicho calendario, con
lo cual obtuvo ventajas sobre los demás aspirantes, puesto que lo
ejecutó durante toda la campaña electoral “donde influenció desde ese
contrato para aprovecharse y conseguir votos en toda la influencia de la
CDMB”.
Cuestionó también el argumento esbozado en la contestación por el
apoderado de la acusada, en el sentido que la entidad contratante es del
orden nacional, y para ello solicitó se tenga en cuenta que la
7
Expediente nro. 11001 0328 000 2014 00034 00.
8
Expediente nro. 11001 0315 000 2010 01055 00 (PI).
9
Expediente nro. 11001 0315 000 2011 00 515 00 (PI).
10
Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00063 00.
11
Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00098 00.
12
Expediente nro. 001 0315 000 2011 00254 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga está integrada por municipios que se encuentran dentro
de la jurisdicción del departamento de Santander y en el resultado de
los escrutinios de las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019,
expedido por el Consejo Nacional Electoral, se puede probar el número
de votos que obtuvo la señora Ramírez Carreño en el departamento.
Puntualizó “sigo considerando que la señora Claudia Lucía Ramírez
Carreño se aprovechó de dicha ventaja sobre los demás aspirantes a ser
diputados, puesto que el calendario electoral así lo refleja. Por esta
razón enuncio las dos tesis: la del Tribunal Administrativo de Santander
y la de la Sección Quinta del Consejo de Estado donde demuestro que
mi demanda está acorde con lo enunciado en las unificaciones de esta
Sala” e insistió en que el período de la inhabilidad comienza desde la
fecha de la inscripción como candidato hasta el día de las elecciones,
solicitando en concreto, que se revoque la sentencia proferida por el
Tribunal de instancia.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 24 de noviembre de
202013.
5.- Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del
16 de diciembre de 202014 y, por auto del 2 de marzo de 2021, se
admitió el recurso de apelación15.
13
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
14
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
5.2. Por auto del 3 de mayo de 2021 se ordenó correr traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, así como al
señor agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba
pertinente, rindiera concepto16.
5.2.1. El apoderado de la diputada acusada descorrió el traslado en
oportunidad y manifestó lo siguiente17: Que el actor insiste en que la
señora Ramírez Carreño violó el régimen de inhabilidades por haber
celebrado un contrato con la CDMB y de manera errónea afirma que
este acto se suscribió dentro del año anterior a la elección.
Que al efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 6 de la Ley 1871 de
2017 consagra para todos los efectos legales que se entenderá que la
inhabilidad se configura solo si el contrato es celebrado en el respectivo
departamento como ente administrativo y sus entidades
descentralizadas, y, debido a que la CDMB es una entidad del orden
nacional, no se configura la inhabilidad advertida.
Así mismo, aseveró que tampoco se configura el factor temporal, puesto
que, entre la suscripción del contrato y la fecha de las elecciones,
transcurrieron más de 14 meses.
Adicionalmente manifestó que, aunque el a quo no hizo un análisis de la
tesis de la defensa en el sentido que también hay ausencia del factor
territorial, pues consideró suficiente la ausencia del factor temporal para
15
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.
16
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.
17
Visto en el índice 18de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
desestimar las pretensiones, no puede pasarse por alto que la CDMB es
del orden nacional y para que se configure cualquiera de las
inhabilidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 617 de 2000 los
negocios jurídicos o conductas cometidas por el diputado deben haberse
realizado con una entidad descentralizada del respectivo departamento,
motivos por los que solicitó se confirme el fallo de primera instancia.
5.2.2. El solicitante de la pérdida de investidura insistió en los
argumentos expuestos en el recurso de apelación18, considerando que la
sentencia recurrida solo revisó las fechas en que la diputada celebró el
respectivo contrato y que debió revisar la sentencia de unificación de la
Sección Quinta del Consejo de Estado del 7 de junio de 2016, en la que
se precisó que, por el factor temporal, la inhabilidad comienza a correr
desde el día de la inscripción del candidato, no desde la elección.
Afirmó también que el apoderado de la acusada manifiesta que la CDMB
es del orden nacional lo que es totalmente equivocado, ya que dicha
Corporación fue creada por el Acuerdo nro. 038 del 31 de agosto de
1965 por el concejo municipal de Bucaramanga, con domicilio en la
misma ciudad, y cuyo patrimonio está compuesto por los bienes, rentas
y auxilios de la Nación, el departamento de Santander, el municipio de
Bucaramanga y sus entidades que la conforman.
Adujo “es preciso manifestar que la demandada realizó un contrato con
la CDMB (ente público territorial de Santander) el día 30 de agosto de
2018 y lo ejecutó hasta el mes de noviembre y lo liquidó el mes de
18
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
diciembre de 2018, cuando ya estaba en campaña política, logrando
conseguir los votos necesarios para su elección dentro del período de
inhabilidad, 12 meses anteriores a la inscripción como lo establece la
unificación de sentencias en la Sección Quinta del Consejo de Estado,
respecto al FACTOR TEMPORAL. Es evidente que la señora Claudia Lucía
Ramírez Carreño, se aprovecha de su ventaja con los demás candidatos
y sigue ejecutando su contrato de prestación de servicios con entidad
del Estado (…)”.
5.2.3. El señor agente del Ministerio Público rindió concepto en
oportunidad19, en el cual, luego de referirse a la demanda, a la
contestación de la diputada, a la sentencia de primera instancia, a los
argumentos de la apelación, a las disposiciones invocadas como
infringidas y a lo que ha dicho la jurisprudencia sobre su alcance,
consideró que no es de recibo la posición del actor, según la cual, para
la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo
33 de la Ley 617, debe tenerse en cuenta la fecha de actos posteriores a
la suscripción del contrato, pues, de acuerdo con la norma invocada y la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, deben considerarse las
diligencias tendientes a conseguir el negocio jurídico o la suscripción del
contrato y no actividades posteriores a tal evento20, y que en este caso
la inhabilidad se circunscribe a la participación en la celebración del
respectivo contrato.
19
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
20
Consejo de Estado, sentencia del 18 de octubre de 2012, Rad.: 85001-23-
31-0002011-00207-01. Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de
2019, Rad.: Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-00(PI) (11001-03-
15-000-20182445-00 y 11001-03-15-000-2018-2482-00) (acumulados).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Concluyó: “como en el sub judice el contrato 11913-02, suscrito
con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, se celebró el 30 de agosto de 2018 y,
ateniéndonos a los precisos términos normativos, la fecha de la
elección de la demandada como diputada del Departamento de
Santander ocurrió el 27 de octubre de 2019, no se configura la
causal de pérdida de investidura alegada, pues como
reiteradamente lo ha sostenido la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, el alcance de la inhabilidad debe ser
interpretado en forma estricta y restringida a los supuestos
expresamente tipificados, teniendo en cuenta que nos encontramos
ante la limitación al ejercicio de un derecho político”. (negrillas
originales).
Por las razones señaladas, solicitó en defensa del interés general, el
orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y los derechos
fundamentales, se confirme la sentencia de primera instancia.
El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de junio de 202121.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
21
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200022, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201923, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones24.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño fue elegida
diputada del departamento de Santander, para el período constitucional
2020- 2023, el actor aportó copia del formulario E-6 AS25, donde consta
que se declararon electos como diputados de dicho departamento, para
el citado período, entre otros, a la señora Ramírez Carreño.
Igualmente, allegó copia del acta nro. 001 del 1 de enero de 2020 de la
asamblea departamental de Santander en la que consta que en la fecha
tomaron posesión del cargo los diputados electos, entre ellos, la
acusada26.
22
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas
para la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48,
establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las
pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales
Administrativos.
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado, publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
25
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
26
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 06800 23 33 000 2020 00698 01. Expediente igualmente compartido por
One Drive.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Por lo tanto, la diputada acusada es sujeto pasivo de la presente acción
de pérdida de investidura.
3.- Hechos probados
Con las pruebas obrantes en el proceso se acredita lo siguiente27:
3.1. El solicitante anexó copia del formulario E- 6 AS diligenciado el 27
de julio de 2019, en donde consta la solicitud para la inscripción de
listas y constancia de aceptación de candidatos de partidos o
movimientos políticos con personería jurídica del Consejo Nacional
Electoral, asamblea por el departamento de Santander, para las
elecciones del 27 de octubre de 2019, en donde figuran, entre otros, la
señora Claudia Lucía Ramírez Carreño por el Partido Conservador
Colombiano.
3.2. De igual manera aportó copia del contrato de prestación de
servicios profesionales nro. 11913-02 del 30 de agosto de 2018
celebrado entre el representante legal de la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga como entidad
contratante y la contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño.
3.3. El acta de inicio del contrato se suscribió por parte de la Jefe Oficina
Gestión Social y Ambiental, en calidad de supervisora del contrato y la
contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño, allí se indicó:
“[…] PRIMERO: Fijar el día 30 de agosto de 2018 como fecha de
iniciación del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
11913-02 suscrito entre Claudia Lucía Ramírez Carreño y la
CDMB.
27
Ibidem. Pruebas aportadas por la parte solicitante en el escrito inicial.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
SEGUNDO: Fijar el día 29 de Noviembre del 2018, como fecha
para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que
el plazo estipulado es de 3 Meses.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
3.4. El acta de liquidación definitiva del contrato de prestación de
servicios profesionales nro. 11913-02 se firmó el 26 de diciembre de
2018 por parte de la Jefe Oficina Gestión Social y Ambiental, supervisora
del contrato, y la contratista Claudia Lucía Ramírez Carreño; allí se
indicó:
“[…] ACUERDAN
La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No.
11913- 2, suscrito para Contratar La Prestación De Servicios De
Apoyo A La Gestión Que Contribuya A Desarrollar Los Procesos
De Convocatoria Y Logísticos Asociados a la Formulación del
Plan Decenal de Educación Ambiental del Departamento de
Santander 2018- 2028 (Fases I, II, II (sic), IV), Jurisdicción
Cdmb, Posibilitando El Fortalecimiento de los Diferentes
Componentes De la Educación Ambiental Propuestos En el
Proyecto 14 del PAC 2016- 2019.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
4. Análisis de la Sala
Se le endilga a la diputada acusada estar incursa en la causal de
inhabilidad prevista por el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de
2000, que dispone:
“Artículo 33.- De las inhabilidades de los diputados. No podrá
ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
(…)
4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental
o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de
las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento".
De igual manera, el solicitante invocó lo establecido por el numeral 6 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que prevé:
“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley (…)”.
Por último, citó lo previsto por el inciso final del parágrafo tercero del
artículo 29 de la Ley 1475 de 201128 que reza:
“ARTICULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN.
(…)
Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
servidores públicos de elección popular será superior al establecido
para los congresistas en la Constitución Política (…)”.
“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
28
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Aunque no se trata de un punto de la alzada, la Sala recuerda que esta
Corporación, en jurisprudencia reiterada, ha señalado que, pese a que el
artículo 48 de la Ley 617 no contiene la violación del régimen de
inhabilidades como causal de pérdida de investidura, ello no quiere decir
que haya sido suprimida, ya que el numeral sexto previó la pérdida de
investidura “(…) por las demás causales expresamente previstas en la
ley (…)”29, por lo tanto, hay lugar a descender al examen de la causal de
inhabilidad invocada.
Del contenido de la disposición citada como infringida en el caso, esto
es, la señalada en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, se
desprende que los elementos que deben estar reunidos para la
configuración de la causal son los siguientes:
(i) La condición de diputado,
(ii) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del
nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
(iii) que se haga dentro del año anterior a la elección, y
(iv) que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
departamento.
29
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 28 de junio de 2002. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de
junio de 2002. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente radicación. 7177.
Reiterada en sentencia del 13 de marzo de 2013. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Expediente radicación 68001-23-31-000-2011-00967-01 (PI). Sección Primera.
Sentencia del 30 de junio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 25000-23-36-000-2016-00731-01 (PI). Sección Primera. Sentencia del
2 de diciembre de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
05001-23-33-000-2020-00302-01 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Examinados dichos elementos, se tiene:
4.2.1. La calidad de diputada, está acreditado que la señora Claudia
Lucía Ramírez Carreño fue elegida diputada del departamento de
Santander, para el período constitucional 2020 - 2023.
4.2.2. Intervenir en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros.
Refiriéndose a esta causal la Corporación ha distinguido30:
“[…] 82. Establecida la intención del constituyente en la
consagración de esta causal, es necesario estudiar el concepto de
gestión de negocios y de celebración de contratos. Sobre el
particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo31 ha
sostenido:
“(…) en materia de inhabilidades electorales cada una de estas
formas de intervención es autónoma y “abiertamente distinta”. Así,
la gestión debe ser referente a negocios y pretende un lucro o el
logro de un fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud; mientras
que la celebración de contratos sólo atiende a la participación del
candidato en la celebración del respectivo contrato, hecho que por
expresa voluntad de la ley resulta ser en este caso el constitutivo
de inhabilidad siempre que se trate de contratación estatal. […].”
En el caso concreto se comprueba lo siguiente:
Las partes están de acuerdo y está probado que el 30 de agosto de
2018 se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales nro.
30
Así lo señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 8 de
octubre de 2019 al referirse a la causal de inhabilidad para ser congresista establecida
en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política. C.P. Alberto Montaña Plata.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 18 de
noviembre de 2008, Radicación 2008-00316-00 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
11913-02 entre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga como entidad contratante y la contratista
Claudia Lucía Ramírez Carreño, en el que consta que se rigió por lo
establecido en el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 201532, del cual se destaca:
“[…] Naturaleza jurídica entidad contratante: La CDMB es un
ente corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por
los Municipios de Bucaramanga, California, Charta, Floridablanca,
Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Playón, Rionegro, Suratá, Tona
y Vetas dotado de autonomía administrativa y financiera, patrimonio
propio y personería jurídica, encargado por la ley de administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente (Art 23 y 33 Ley 99 de 1993).
OBJETO
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN QUE CONTRIBUYA A DESARROLLAR LOS PROCESOS DE
CONVOCATORIA Y LOGÍSTICOS ASOCIADOS A LA FORMULACIÓN
DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2018-2028 (FASES I, II, II (sic),
IV) JURISDICCIÓN CDMB; POSIBILITANDO EL FORTALECIMIENTO
DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA EDUCACION AMBIENTAL
PROPUESTOS EN EL PROYECTO 14 DEL PAC 2016- 2019.
(…)
FORMA DE PAGO
TRES PAGOS MENSUALES POR UN VALOR DE DOS MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000) M/CTE.
Plazo: TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta
de inicio. No obstante, el presente contrato bajo ninguna
circunstancia podrá sobrepasar el 31 de diciembre de 2018, por
cuanto fue planificado para iniciar y terminar en la presente vigencia
fiscal. Si por alguna circunstancia el proceso contractual o la
suscripción del acta de inicio se tarda más de lo estimado, se
32
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Planeación Nacional”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
entenderá que el plazo del contrato termina el 31 de diciembre de
2018.
[…]". (mayúsculas y negrillas originales)
Conforme con lo anterior, se acredita que la señora Ramírez Carreño
celebró el contrato el 30 de agosto de 2018 con la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el
cual se rigió por las disposiciones del estatuto de contratación estatal y
en interés propio, puesto que fue quien lo suscribió; por ende, era la
persona que debía ejecutar las labores de manera directa y recibir la
contraprestación pactada.
4.2.2. Haber celebrado el contrato durante el año anterior a la
elección como diputada
En relación con este elemento el recurrente formuló dos reparos: el
primero tiene que ver con que, (i) en su criterio, la causal debe
computarse desde la fecha de inscripción como candidata y no desde la
elección de la acusada; para ello se apoyó en la sentencia de unificación
proferida el 7 de junio de 2016 por la Sección Quinta de esta
Corporación, y (ii) el segundo está relacionado con que, para el cómputo
del período inhabilitante, debe tenerse en cuenta la fecha de ejecución
del contrato, así como la de finalización, y no solo la de suscripción.
En cuanto al primer reproche, la Sala advierte que no le asiste razón al
recurrente, puesto que la causal endilgada, esto es, el numeral 4 del
artículo 33 de la Ley 610 de 2000, establece de manera precisa desde
cuando opera la inhabilidad al prever: “Quien dentro del año anterior a
la elección haya (…)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
De modo que el legislador en la causal invocada dispuso con claridad
que la inhabilidad se cuenta a partir de la elección y no desde la
inscripción, como lo aduce el recurrente.
Adicionalmente, se tiene que el apelante sustentó el precitado
argumento en la sentencia de unificación proferida el 7 de junio de 2016
por la Sección Quinta de esta Corporación; sin embargo, las reglas que
allí fueron fijadas no son aplicables a este asunto, porque lo que se
pretendía era que fuera declarada la nulidad de la elección de una
gobernadora por violación del régimen de inhabilidades con fundamento
en el numeral 7 de los artículos 38 y 39 de la Ley 617 de 2000, mientras
que lo que acá se discute es el régimen de inhabilidades de los
diputados y la causal de desinvestidura es la prevista en el numeral 4
del artículo 33 ibídem.
Al efecto, esta Sección ha señalado que la mencionada sentencia de
unificación está dirigida exclusivamente a los alcaldes y gobernadores,
pero no a los diputados, por lo que no resulta aplicable en este evento,
así lo indicó, entre otras, en las providencias proferidas el 20 de
noviembre de 202033 y el 18 de junio de 202134.
El recurrente también argumentó que la inhabilidad cuenta a partir de la
inscripción de la candidatura con fundamento en las sentencias
proferidas el 26 de marzo de 201535, el 15 de febrero de 201136; el 16
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 20 de
noviembre de 2020 C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 70 001 23 33
000 2019 - 00306- 01.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de
junio de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 23 001 23 33 000
2020- 00406- 01.
35
Expediente nro. 11001 0328 000 2014 00034 00.
36
Expediente nro. 11001 0315 000 2010 01055 00 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
de noviembre de 201137; el 20 de febrero de 201238; el 10 de julio de
201239 y el 21 de agosto de 201240, pero dichas providencias se refieren
a la inhabilidad prevista en el numeral 5 del artículo 179 de la
Constitución Política, esto es, la de tener vínculo por matrimonio o unión
permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil con funcionarios que ejerzan autoridad
civil o política, causal que difiere de la aquí tratada.
En ese sentido, como la causal de desinvestidura aquí debatida
determinó desde cuándo opera la inhabilidad, esto es, a partir de la
elección, no hay lugar a que se dé una interpretación distinta a la
norma.
Sobre el particular, la Sala recuerda que las causales de pérdida de
investidura son de aplicación restrictiva, dadas las consecuencias que
conlleva la prosperidad de una acción de esta naturaleza, ya que
constituye una sanción jurisdiccional y un mecanismo de control político
de los ciudadanos41, lo que implica que, en cumplimiento de las reglas
del debido proceso, para su prosperidad deban estar taxativamente
señaladas en la ley.
El segundo reproche está relacionado con que, para el cómputo del
período inhabilitante, debía tenerse en cuenta la fecha de ejecución del
contrato, así como la de finalización, y no solo la de suscripción.
37
Expediente nro. 11001 0315 000 2011 00 515 00 (PI).
38
Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00063 00.
39
Expediente nro. 11001 0328 000 2010 00098 00.
40
Expediente nro. 001 0315 000 2011 00254 00.
41
Corte Constitucional. Sentencia C-254 A del 29 de marzo de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
La Sala, para resolver este punto, estima pertinente traer a colación las
consideraciones expuestas en la sentencia del 26 de noviembre de 2009
por la Sección Primera de esta Corporación, en un asunto similar al que
aquí se debate, puesto que lo allí pretendido era que se decretara la
desinvestidura de un diputado con fundamento en la causal prevista en
el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, y se analizó si la
ejecución y la fecha de finalización del contrato encuadraban en los
supuestos de hecho de la misma42:
“[…] Probado como está, que la violación al régimen de inhabilidades
de los diputados es causal de pérdida de investidura y que los
contratos de prestación de servicios que el demandado celebró con
entidades públicas del departamento para el cual fue elegido y para
ejecutarse en el mismo, se suscribieron antes de comenzar el
periodo inhabilitante, el problema jurídico a resolver se circunscribe
a dilucidar si la ejecución y cumplimiento de dichos contratos
durante dicho periodo, esto es, entre el 28 de octubre de 2006 y el
28 de octubre de 2007, debe considerarse como causal de pérdida
de investidura.
Para el efecto entonces, es importante esclarecer que una cosa es la
celebración de un contrato estatal y otra su ejecución. Sobre el
particular la Sala Plena de esta Corporación ha precisado que para
efectos de la inhabilidad debe tomarse como referencia el momento
de celebración del contrato y no su ejecución.
Ha dicho la Sala Plena:
“De las normas transcritas se advierten dos conductas
inhabilitantes para la elección de Congresista, por una
parte, la intervención en la gestión de negocios ante
entidades públicas, y por otra, la intervención en la
celebración de contratos estatales. Sobre estas dos formas
de intervención la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
establecido que en materia de inhabilidades electorales
cada una de estas formas de intervención es autónoma
y "abiertamente distinta". Así, la gestión debe ser
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 26 de noviembre de 2009. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente
radicación nro. 73001 23 31 000 2009 00281 01 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
referente a negocios y pretende un lucro o el logro de
un fin cualquiera, por ello tiene mayor amplitud;
mientras que la celebración de contratos sólo atiende a
la participación del candidato en la celebración del
respectivo contrato, hecho que por expresa voluntad de la
ley resulta ser en este caso el constitutivo de
inhabilidad siempre que se trate de contratación
estatal. Ambos eventos o causales deben tener ocurrencia
dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección.
Señala la jurisprudencia que cuando la gestión de
negocios ante entidades públicas concluye en la
celebración de un contrato, esta causal sólo podrá
ser examinada como intervención en la celebración
de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a
la realización de un contrato no tiene éxito,
entonces la causal se analiza sólo como gestión de
negocios propiamente dicha43.
Asimismo, cuando se trata de celebración de contratos
estatales, las etapas subsiguientes tales como su
ejecución y liquidación no se tornan ni configuran
inhabilidad por intervención en gestión de negocios,
precisamente porque el fin de la negociación que era el
contrato ya se obtuvo, y ante la materialidad misma del
contrato estatal la inhabilidad únicamente podría tipificarse
por la celebración de contratos en interés propio o de
terceros44.
43
Sentencia del 13 de marzo de 1996. expediente AC-3311. Sentencia del 15 de julio
de 2004. expediente 3379. Sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 3451.
Sentencia del 9 de septiembre de 2005. expediente 3671. Sentencia del 30 de
septiembre de 2005, expediente 3656. Sentencia del 10 de noviembre de 2005,
expedientes acumulados 3174, 3175 Y 3180. Sentencia del 11 de noviembre de 2005.
expedientes acumulados 3177,3176,3178,3183.3184 y 3238.
44
Pueden consultarse, entre otras. las siguientes sentencias: De la Sección Primera:
del 5 de septiembre de 2002, expediente PI-7452; del 4 de febrero de 2005,
expediente PI-00317; y del 26 de mayo de 2005, expediente PI-00908. De la
Sección Quinta: del 12 de mayo de 1995, expedientes acumulados 1146.1148 y
1149; del 21 de abril de 1995. expediente 1284; del 27 de julio de 1995, expediente
1333; del 12 de septiembre de 1995. expediente 1384; del 31 de octubre de 1995,
expediente 1438; del 3 de noviembre de 1995. expediente 1428; del 18 de abril de
1996, expediente 1542; del 7 de octubre de 1996, expediente 1595; del 24 de agosto
de 2001. expediente 2610; del 21 de septiembre de 2001, expediente 2602; del 5 de
octubre de 2001. expediente 2651: del 9 de noviembre de 2001, expediente 2700; del
10 de febrero de 2002, expediente 2744; del 6 de marzo de 2003. expediente 3064;
del 15 de julio de 2004, expediente 3379; del 10 de marzo de 2005, expediente 3451;
del 11 de noviembre de 2005, expediente 3518; y del 18 de agosto de 2006,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Son numerosas las sentencias del Consejo de Estado que han hecho
esta diferencia y que han considerado que no se configura la
inhabilidad por contrato suscrito antes del período inhabilitante ni
por su ejecución o cumplimiento durante el mismo, pero que además
han aclarado en qué consiste la gestión de negocios como causal de
inhabilidad.
En sentencia del 14 de noviembre de 2008, Rad. 73001-23-31-000
2007-00710-01, M.P. Dra María Nohemí Hernández Pinzón, la
Sección Quinta resume su criterio en relación con la causal que se
analiza. Consideró dicha providencia:
“(…)
5.1.- Alcance jurídico de los actos poscontractuales o
de ejecución del contrato frente a la intervención en
gestión de negocios como factor inhabilitante
Una de las hipótesis constitutivas de la causal de inhabilidad
del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 dice que
no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital "Quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal ... en interés propio o
de terceros, ... ", la cual gravita en torno a un concepto de
reciente consagración como es la Gestión de Negocios, cuyo
contenido y alcance es necesario precisar.
Esa expresión se gobierna por el verbo rector Gestionar que
se define como "Hacer diligencias conducentes al logro de un
negocio o de un deseo cualquiera”, 45, de modo que la
gestión de negocios, como factor inhabilitante y
referido a los contratos invocados por la parte
demandante, está relacionado con todas aquellas
diligencias que adelanten las personas, en beneficio
propio o de un tercero y dentro del año anterior a la
elección, con el fin de materializar con la
administración pública local un negocio, sin importar
que llegue o no a concretarse, pues lo que se juzga en
estas situaciones es la gestión misma y no su
resultado.
expediente 3934. De la Sala Plena: del 2 de agosto de 2005, expediente S-
245.bbbbbbbbbbb
45
Diccionario de la Real Academia Española
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
Ahora, esa gestión no tiene solamente una comprensión
circunstancial y espacial sino también cronológica o
temporal, ya que está referida a un momento
determinado. Si lo que restringe el ordenamiento jurídico
con la inhabilidad es la intervención en la gestión de un
negocio, entendido como las diligencias conducentes al
logro de un fin con la administración municipal, no hay
duda que si ese fin se ha logrado con antelación al
período inhabilitante, por ejemplo mediante la
suscripción del contrato respectivo, lo que
sobrevenga al mismo ya no podrá calificarse como
gestión debido a que el fin propuesto se ha
conseguido y porque de lo que se ocupa el
interesado es de la ejecución o de cualquier otra
actuación referida a la fase poscontractual […]”.
(subrayas y negrillas en la providencia)
Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Sección
en pronunciamientos como el siguiente:
"Ahora bien, Según el Diccionario de la Lengua Española
por gestionar debe entenderse "Hacer diligencias
conducentes al logro de un negocio o de un deseo
cualquiera", lo cual necesariamente debe distinguirse de la
celebración del contrato o de su ejecución, puesto que
una vez suscrito el contrato estatal su ejecución no
puede tomarse como soporte para la gestión de
negocios, ya que no emplearía el legislador dos
expresiones diversas para significar lo mismo; por tanto,
la gestión de negocios corresponden a todas aquellas
actividades desplegadas para sí o para un tercero, con el
propósito de obtener un beneficio, sin importar si el
beneficio se obtiene o no”46. (negrillas originales)
Una razón adicional para considerar que la ejecución de los
contratos estatales no puede tomarse para configurar la intervención
en gestión de negocios está por el estatuto de la contratación
estatal. En efecto, la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la
cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública", distingue perfectamente como fases de la
contratación pública la celebración, la ejecución y la liquidación. Así
por ejemplo, de la celebración se habla en los artículos 2, 5, 7, 8,
11, 24, 25 y 38; de la ejecución en los artículos 3, 4, 7, 9, 13, 14,
15, 16, 17, 18 Y 21; Y de la liquidación en los artículos 16, 18, 24,
45, 56, 60, 61, 70 Y 71. Por lo mismo, no es admisible que una
46
Sentencia del 29 de julio de 2004. Expediente: 17001 23 31 000 2003 01555 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
actuación de la fase poscontractual como es la ejecución, se tome
como si fuera de la fase precontractual como es la gestión misma del
contrato que pueda llevarse a cabo ante la administración local, ya
que para el legislador son separables e inconfundibles.
Se desatienden los principios de la capacidad electoral y pro
libertatis o pro homine, si para fijar el alcance de la expresión
gestión de negocios el operador jurídico acude a una
interpretación extensiva, como la efectuada por el Tribunal A-quo,
con la finalidad de hacer pasar por gestión de negocios unas
actuaciones poscontractuales relativas a la ejecución o a la
liquidación de un contrato estatal, cuando lo sancionado por el
legislador es la participación que el demandado haya tenido en la
fase precontractual, que es donde se produce la gestión.
[…]”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón
al apelante, por los motivos que pasan a explicarse:
(i) La causal alegada es la prevista en el numeral 4 del artículo 33 de la
Ley 617 de 2000, que establece que no podrá ser elegido diputado quien
haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel, sin
que en los supuestos de hecho de la norma se aluda a la ejecución o
liquidación del contrato, de modo que, lo relevante para la configuración
de la causal es la fecha de suscripción.
(ii) La causal invocada también se refiere a que no podrá ser elegido
diputado la persona que haya intervenido en la gestión de negocios ante
las entidades públicas del nivel departamental, sin que la ejecución y la
liquidación del contrato encuadren dentro de este supuesto porque,
como se indicó en la providencia citada, la gestión de negocios implica
adelantar diligencias en beneficio propio o de un tercero con el fin de
materializar con la administración pública local un negocio sin importar
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
que llegue a concretarse, mientras que la ejecución y liquidación del
contrato constituyen etapas posteriores a la celebración del mismo.
(iii) En ese sentido, la fecha de ejecución y liquidación del contrato no es
relevante para la configuración de la causal, sino la suscripción; y,
comoquiera que en este caso el lapso en el que se extendía la
inhabilidad se produjo del 27 de octubre de 2018 al 27 de octubre
de 2019, fecha en la cual fue elegida la diputada acusada, y el contrato
se celebró el 30 de agosto de 2018, se desprende que este elemento
no se acredita y le asiste razón al a quo, en la medida que el contrato no
se celebró dentro del período inhabilitante.
De contera, dado que no se demostró que la señora Ramírez Carreño
haya celebrado el referido contrato dentro de los 12 meses anteriores a
la elección como diputada del departamento de Santander, la Sala
queda relevada de examinar los demás requisitos para la configuración
del elemento objetivo, sin que tampoco sea necesario descender al
examen del elemento subjetivo de la conducta.
En consecuencia será confirmada la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de octubre de
2020, por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00698 01
Solicitante: Carlos Augusto González Duarte
pérdida de investidura de la señora Claudia Lucía Ramírez Carreño,
diputada del departamento de Santander, período constitucional 2020-
2023.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.