Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00751-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2020-00751-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00751-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2020-00751-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 68001-23-33-000-2020-00751-01 (2593-2024)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Guido Mantilla Solarte
Tema : Devolución de dineros provenientes de prestaciones
: periódicas. Principio constitucional de buena fe
Decisión Confirma sentencia de primera instancia. No se acreditó que la
parte demandada hubiese actuado de mala fe en la obtención
o percepción de la pensión reconocida mediante el acto
anulado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se anule la
Resolución 3551 de 2005, mediante la cual el extinto Instituto de Seguros Sociales (en
adelante ISS) reconoció una pensión de vejez al señor Guido Mantilla Solarte.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar al demandado la devolución
de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales, retroactivos y aportes en
salud derivados de la expedición del acto acusado, debidamente indexadas, así como la
condena en costas.
3. Como fundamento de la pretensión, indicó que la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones (CAPRECOM), hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP),
reconoció al señor Guido Mantilla Solarte una pensión de jubilación mediante la
Resolución 0612 del 14 de marzo de 1995, con fundamento en la Ley 33 de 1985, por el
tiempo laborado en INRAVISIÓN del 7 de septiembre de 1964 al 11 de septiembre de
1994. La cuantía fue de $ 565.071,84, efectiva a partir del retiro definitivo del servicio.
Esta decisión fue modificada y adicionada por medio de la Resolución 1827 del 28 de
septiembre de 1998, en cuanto al reajuste por retiro y la asignación de cuota parte al
Fondo de Reserva Pensional de CAPRECOM.
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00751-01 (2593-2024)
Demandante: Colpensiones
4. Por su parte, el extinto ISS a través de la Resolución 3551 de 2005 le reconoció al
señor Guido Mantilla Solarte una pensión de vejez con efectos a partir del 27 de
septiembre de 2000, por un valor de $ 1.731.221, junto con un retroactivo de $
144.062.157, con base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
5. En cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera y del auto 181 de
2015 de la Corte Constitucional, Colpensiones y la UGPP realizaron una revisión interna
para identificar y corregir casos de doble pago de prestaciones. En ese contexto, se
advirtió que ambas pensiones reconocidas al accionado provenían de cotizaciones
efectuadas en el sector público, lo cual contraría la prohibición contenida en el artículo
128 de la Constitución Política.
6. Colpensiones, mediante auto SUB 3048 del 3 de septiembre de 2019, solicitó
autorización expresa al pensionado para revocar la Resolución 3551 del 12 de
septiembre de 2005, notificada por aviso el 28 de noviembre de 2019. Al no recibir
respuesta, interpuso la presente demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad
del acto administrativo referido.
Contestación de la demanda.
7. El demandado se opuso a las pretensiones, al considerar que el reconocimiento
pensional efectuado por Colpensiones se ajustó a las disposiciones legales vigentes al
momento de su solicitud, en tanto acreditó 715 semanas cotizadas directamente al ISS.
Además, sostuvo que era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual se le aplicó el Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año.
8. Rechazó la imputación según la cual habría inducido en error a la administración, al
señalar que su actuación se limitó a radicar la solicitud pensional y poner en conocimiento
de la entidad que ya era titular de una pensión reconocida por CAPRECOM. Afirmó que
fue el funcionario competente quien evaluó las cotizaciones e impartió el reconocimiento.
En ese sentido, consideró injuriosa la afirmación incluida en la demanda sobre una
supuesta conducta engañosa, pues siempre ha obrado de manera recta, transparente y
respetuosa.
9. Indicó que las pensiones reconocidas tienen origen distinto: una corresponde a
servicios prestados al Estado como servidor público, y la otra, a aportes realizados por
empleadores privados al ISS. Finalmente, manifestó que no fue notificado del auto SUB
3048 del 3 de septiembre de 2019.
II. SENTENCIA APELADA.
10. El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones.
Declaró la nulidad de la Resolución 3551 de 2005 y negó la devolución de los dineros
pagados. Consideró que el demandado no podía continuar percibiendo simultáneamente
dos pensiones provenientes del tesoro público, situación que vulnera la prohibición
contenida en el artículo 128 de la Constitución Política.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00751-01 (2593-2024)
Demandante: Colpensiones
11. Señaló que, si bien el ISS tuvo en cuenta semanas cotizadas en una empresa privada
(Suscripciones Audiovisuales) para el reconocimiento pensional, también incluyó tiempos
de servicio público correspondientes al período 1987-1989, los cuales ya habían sido
utilizados para la pensión reconocida por CAPRECOM mediante Resolución 0612 de
1995. No obstante, negó la pretensión de reintegro de valores, al advertir que no se
acreditó que el demandado hubiera incurrido en fraude o engaño para obtener el
reconocimiento pensional.
12. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas, al considerar que no procede
en procesos donde se discute un asunto de interés público.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
13. Contra la sentencia de primera instancia fue interpuesto recurso de apelación parcial
por la parte demandante, quien cuestionó la decisión en cuanto negó la devolución de las
sumas pagadas al señor Guido Mantilla Solarte. Alegó que en el proceso se acreditó la
mala fe del accionado, evidenciada en el hecho de haber sido advertido expresamente
sobre la ilegalidad del acto de reconocimiento pensional y haberse abstenido de autorizar
su revocatoria. Colpensiones expuso que esa conducta revela un conocimiento claro por
parte del demandado de que estaba percibiendo una prestación a la que no tenía
derecho.
14. Adicionalmente, argumentó que mantener decisiones como la impugnada
compromete la sostenibilidad financiera del sistema pensional, al permitir un
enriquecimiento sin causa justificada.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
15. Mediante auto proferido el 29 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
16. Dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada ni el Ministerio Público se
pronunciaron.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
17. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00751-01 (2593-2024)
Demandante: Colpensiones
Problema jurídico.
18. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de primera instancia
incurrió en error al negar la devolución de las sumas percibidas por el demandado, pese
a que la entidad demandante alegó que este continuó recibiendo una pensión sabiendo
que era incompatible con otra ya reconocida con cargo al tesoro público.
19. Para resolver el problema jurídico planteado, se abordará el análisis sobre la
devolución de dineros provenientes de prestaciones periódicas en el marco del principio
constitucional de buena fe, y se analizará el caso concreto.
Análisis
20. El artículo 83 de la Constitución Política establece que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades deben ceñirse al principio de buena fe, el cual se
presume en todas las actuaciones ante la administración pública.
21. Por su parte el artículo 164, numeral 1, literal c), del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que no habrá lugar
a la recuperación de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe. La
Sección Segunda del Consejo de Estado1 ha precisado que para desvirtuar esta
presunción es necesario que la entidad demuestre que el beneficiario incurrió en
conductas dolosas, fraudulentas o deshonestas.
22. En ese sentido, si el beneficiario obró razonablemente confiando en la legalidad del
acto administrativo que le reconoció la prestación, no procede la devolución de los valores
percibidos, salvo prueba de su mala fe.
23. En el presente caso, la Sala advierte que para que fuera procedente la devolución de
las sumas percibidas por el señor Guido Mantilla Solarte, no bastaba con acreditar la
ilegalidad del acto, sino que era indispensable demostrar que tales valores se obtuvieron
en contravía del principio de buena fe, cuya presunción rige en el ámbito contencioso
administrativo2. No obstante, no obran en el expediente pruebas que den cuenta de
actuaciones fraudulentas o deshonestas por parte del demandado.
24. Si bien Colpensiones sostiene que el señor Mantilla Solarte debió autorizar la
revocatoria del acto una vez fue advertido sobre su ilegalidad, dicha omisión, por sí sola,
no constituye prueba suficiente para enervar la presunción de buena fe.
25. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó la
devolución de las sumas pagadas al accionado en virtud del acto administrativo anulado.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino
Cortés.
2 Véase, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencias de fechas 9 de mayo de 2022, radicado 66001 23 33 000 2018 00137 01 (3122-2020) y 6 de
octubre de 2022, radicado 25000 23 42 000 2018 00884 01 (3057-2021).
4
Radicación: 68001-23-33-000-2020-00751-01 (2593-2024)
Demandante: Colpensiones
Condena en costas.
26. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 2080 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
27. En el caso concreto, la Sala advierte que no hay lugar a condenar en costas, toda
vez que, si bien el recurso de apelación interpuesto por la demandante no prosperó, lo
cierto es que expuso argumentos que poseen razonabilidad jurídica y constituyen un
ejercicio legítimo del derecho de defensa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
5
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.