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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00818-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-00818-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 06 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander, que negó a las pretensiones de la demanda; de conformidad con las consideraciones expuestas. SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante -parte vencida-, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Edgar José Polanco Pereira quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado John Edison Londoño Hernández que consta en el mismo índice. www.consejodeestado.gov.co 11 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022) Demandante: Gladys Hernández Castro QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-00818-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente. No
acreditó vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de
1980. Valor probatorio del acta de posesión. Carga de la
prueba. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 06 de diciembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo Oral de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones de la demanda

2. Se solicita la nulidad de las Resoluciones RDP 003946 del 12 de febrero
de 2020 y RDP 009547 del 16 de abril de 2020 por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia; y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, se pretende el reconocimiento y
pago de una pensión gracia equivalente al 75% con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus, reajustada de conformidad con la Ley 71 de 1988 y la
Ley 100 de 1993; se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios; y se
condene en costas.

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la

Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

4. Aduce la señora Gladys Hernández Castro que nació el 18 de mayo de
1956, por tanto, cumplió 50 años el 18 de mayo de 2006. Indicó que prestó sus
servicios como docente en Puerto Wilches, desde el 11 de mayo de 1976 hasta
el 31 de diciembre de 1983, y luego desde el 1° de abril de 1993 hasta por lo
menos la fecha de presentación de la demanda. Que además desempeñó el
cargo con honradez y buena conducta.

5. El 27 de noviembre de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de
la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue
resuelta de manera negativa mediante los actos acusados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 13 de la
Constitución; Las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 91 de 1989, 60
de 1993, 100 de 1993 y 115 de 1994; el Decreto-Ley 2277 de 1979. Alegó que
se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional del
docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre el asunto.

9. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, se expone que la entidad demandada desconoce
el tiempo de servicio con posterioridad al año 1993 por considerarlos de carácter
nacional, lo cual no resulta ajustado a derecho.

1.4. Contestación de la demanda2

10. A través de apoderado la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP3, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que la demandante no
demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse
acreedora de la pensión gracia, especialmente la existencia de un vínculo
docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, sumado a que la
designación de 1993 en adelante, fue certificada como del orden nacional.

11. Asimismo, advirtió que resulta incorrecto interpretar la ley en el sentido de
que la descentralización educativa haya modificado la naturaleza jurídica de su
vinculación, pues el pago de su salario provino del Sistema General de
Participaciones, lo que reafirma su condición de docente nacional.

2
Visible en el archivo 06. CONTESTACION DEMANDA - 06 MAY 2021 del expediente digital
3 La demanda se presentó el 21 de agosto de 2020 y fue admitida el 02 de marzo de 2021.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

1.5. Sentencia de primera instancia4

12. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 06 de diciembre
de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la actora.

13. Para tal efecto, luego de referirse a la normativa y jurisprudencia en
materia de pensión gracia, analizó las pruebas recaudadas considerando que la
demandante no logró acreditar una vinculación del orden territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

14. Lo anterior sustentado en que, pese a que allegó acta de posesión
correspondiente al nombramiento en el año 1976, no se aportó certificado que
permitiera determinar la extensión de dicho nombramiento; y resaltó que a partir
del 1° de abril de 1993, la actora aquélla ejerció como educadora con vinculación
nacional, lo que, según el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, impide el
reconocimiento de la pensión gracia.

1.6. Recurso de apelación5

15. A través de apoderado la señora Gladys Hernández de Castro presentó
recurso de apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia,
exponiendo que adquirió el derecho a la pensión gracia, toda vez que cumplió
con los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber
prestado servicios como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

16. Adujo que, fue designada mediante Decreto 0065 de 1976 por la alcaldía
de Puerto Wilches, circunstancia que acredita su vinculación como docente
territorial desde 1976 hasta 1982, conforme lo demuestra el certificado CETIL
aportado al proceso. Agregó que, en cuanto a la calificación de “docente nacional”
efectuada por la secretaría de educación respecto al tiempo de servicio a partir
de 1993, es errónea y contraria a la realidad administrativa demostrada en el
expediente.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

17. Mediante auto de 08 de mayo de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.

18. A su turno, el apoderado de la UGPP solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de
fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para

4
Visible en el archivo 06. SENTENCIA 1 INST Pensión de gracia - 6 DIC 2021.pdf del expediente digital
5
Visible en el archivo 09. RECURSO APELACIÓN NYR RAD. 2020-808.pdf del expediente digital

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

acceder a tal prestación.

19. Por su lado, el Ministerio Público conceptuó en orden a que se confirme
la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones.
Precisó que esta prestación solo se reconoce a los docentes territoriales o
nacionalizados vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, con veinte años
de servicio en planteles departamentales, distritales o municipales. Subrayó que
la demandante laboró como docente del orden nacional entre el 1.º de abril de
1993 y el 18 de abril de 2018, sin que obre prueba de una vinculación territorial
anterior a 1980, por lo que no cumple los requisitos de ley.

20. La parte demandante guardó silencio.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Gladys
Hernández de Castro, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y los 20 años de servicio
como docente del orden territorial y/o nacionalizado; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para obtener dicha prestación.

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

26. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha
prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii)
no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii)
cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente
se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma
de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.

28. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el
tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.

29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

30. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
[…]»

31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. […].»8

32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20189 previó varias pautas jurisprudenciales, entre estas la siguiente
que resulta de interés para resolver este asunto:

“vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora
que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.”

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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33. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10

34. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

35. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública,
o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar
tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó
dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

36. La demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 27 de
noviembre de 2019 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la
Resolución RDP 003946 del 12 de febrero de 2020, sustentada en que aquella
no logró acreditar el vínculo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y el
vínculo a partir de 1993 fue certificado como del orden nacional.

37. Inconforme con la respuesta, la interesada interpuso recurso de apelación
el cual fue desatado de forma negativa mediante la Resolución RDP 009547 del
16 de abril de 2020.

2.5 Caso concreto

38. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la

10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

39. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora Gladys
Hernández Castro nació el 18 de mayo de 195611, razón por la que, el 18 de mayo
de 2006, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

40. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo
que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
41. Tal como se explicó, el tribunal negó las pretensiones de la demanda al
considerar que no se acreditó la vinculación docente antes del 31 de diciembre
de 1980; por su parte la actora con el recurso insiste en que tiene derecho a la
prestación reclamada, y en cuanto a esta exigencia legal sostiene que en el
plenario reposa certificado cetil que respalda dicha afirmación.

42. Al respecto, encuentra la Sala que la señora Hernández de Castro aduce
que sostuvo una vinculación laboral de carácter territorial desde el año 1976
hasta 1986, en establecimientos educativos del municipio de Puerto Wilches;
para lo cual aportó con el escrito de la demanda, acta de posesión del 11 de mayo
de 1976 suscrita por el alcalde municipal y la secretaria ad hoc, para desempeñar
el cargo de maestra de la escuela Platanales.

43. Véase que dicha acta da cuenta de la posesión en el cargo docente,
indicándose que fue nombrada por el alcalde municipal, según Decreto 0065 de
1976; sin embargo, tal documento por sí solo no permite establecer con total
certeza la naturaleza del vínculo docente, pues, ello no se precisa, aunado a que
tampoco es factible conocer los extremos temporales durante los cuales se
ejerció dicha labor educativa.

44. Ahora, en el recurso de apelación la demandante aduce que en el
expediente milita certificado Cetil a partir del cual se puede constatar el
desempeño durante este periodo, sin embargo, revisado el expediente no se

11 De conformidad con el registro civil que reposa en el expediente digital

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Demandante: Gladys Hernández Castro

observa que tal documento hubiere sido adjuntado de manera oportuna al
plenario, dado que, revisada la demanda no se anuncia que se adjunte el mismo,
como tampoco fue solicitado su decreto probatorio y menos aún se ordenó de
oficio por el a quo, y tampoco reposa en el expediente administrativo,
advirtiéndose que además tiene constancia de haberse emitido el 11 de
noviembre de 2020, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda.
45. De manera que, el certificado Cetil a partir del cual pretende la recurrente
demostrar el requisito echado de menos por el tribunal, se aportó fue con el
recurso de apelación, lo que permite concluir que esta prueba es extemporánea
y por tanto no es posible su valoración en esta instancia.

46. Recuérdese que, el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “la solicitud o
aportación de pruebas en segunda instancia solo es procedente cuando se trate
de documentos requeridos por ambas partes, de hechos sobrevinientes o de
aquellos que no pudieron solicitarse en primera instancia por fuerza mayor o caso
fortuito. Las demás pruebas se rechazarán de plano”. En el presente asunto,
ninguna de dichas circunstancias se configura, toda vez que el certificado CETIL
fue allegado por fuera de las etapas procesales correspondientes, sin que se
justificara su extemporaneidad o se acreditaran razones excepcionales que
habiliten su valoración.

47. Ahora, como bien lo sustenta la demandante en el recurso, la naturaleza
del vínculo se determina inicialmente o preferiblemente a partir del contenido del
acto de designación, sin embargo, como se mencionó en el marco jurídico de
este asunto, la jurisprudencia de esta Corporación también ha concluido que ello
se puede establecer del certificado laboral emitido por el empleador, siempre que
ofrezca plena certeza al operador jurídico.

48. No obstante, en el presente asunto, descartada la valoración del
certificado Cetil, no obra material probatorio distinto al acta de posesión, que
permita sin asomo de duda, considerar que la señora Hernández Castro ejerció
como docente territorial o nacionalizada, y durante qué periodos; siendo
pertinente señalar que, si bien en el acta en cita se identifica el acto administrativo
mediante el cual fue nombrada, este último no obra en el plenario, habiendo
aportado la misma actora oficio en el que la alcaldía de Puerto Wilches,
Santander, informa que dicho acto no figura en sus archivos y que su pérdida
pudo deberse al deterioro o daño del archivo físico del ente territorial.

49. Por todas estas razones, se estima acertada la decisión del tribunal a quo,
al considerar que no se encuentra plenamente acreditada la labor docente
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, reiterando que la

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Demandante: Gladys Hernández Castro

mera acta de posesión resulta insuficiente para acreditar el requisito como se
explicó.12

50. Lo anterior evidencia entonces el incumplimiento de la carga probatoria
que le asistía a la demandante de acuerdo con los artículos 165 y 167 del Código
General del Proceso; más aún cuando la parte demandante tenía pleno
conocimiento que este requisito de la vinculación como docente territorial o
nacionalizado antes de 1980, fue objeto de discrepancia con la entidad
demandada, lo cual llevó a que le fuera negada en sede administrativa la
prestación, por lo que era de su carga demostrar el cumplimiento del mismo
aportando el material probatorio correspondiente que llevará al convencimiento
del ejercicio docente en los términos mencionados, incluso, enterada de la
respuesta del ente territorial respecto a que no existía en sus archivos el acto de
nombramiento, bien podía solicitar la reconstrucción de documentos o expediente
laboral ante la respectiva entidad nominadora, o aportar otros elementos que,
analizados en conjunto, pudieran dar paso a la acreditación de la exigencia en
comento. 13
51. Así las cosas, al no existir certeza sobre una vinculación docente territorial
o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, resulta improcedente tener
por satisfecho este requisito, razón por la cual la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones; y dado que la anterior exigencia
legal es habilitante y fundamental para obtener la pensión gracia, no hay lugar a
verificar el requisito de 20 años de servicio, frente al que se discute la naturaleza
de la designación a partir del año 1993.

2.7. Condena en costas

52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca

12 Ver expediente 19001-23-00-000-2019-00288-01 (7515-2023), sentencia de 23 de octubre
de 2025, C.P. Jorge Iván Duque, en el que esta Subsección A, analizó un caso similar.

13 La Corte Constitucional en sentencia SU-182 de 2019, respecto a la carga de la prueba en materia
pensional cuando existan inconsistencia en la historia laboral, sostuvo que en principio recae sobre la
administradora de pensiones, sin embargo, cuando esta presenta una ”justificación bien razonada”,
soportada en medios probatorios que advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad
en la historia laboral, se invierte dicha carga probatoria y le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

54. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

55. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante -parte vencida-,
por cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo Oral de Santander.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 06 de diciembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo Oral de Santander, que negó a las pretensiones de
la demanda; de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO. Condenar en costas en esta instancia a la parte demandante -parte
vencida-, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Edgar José
Polanco Pereira quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”

CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Jhonier Alejandro
Trejos Valencia como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
aunado a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado John Edison
Londoño Hernández que consta en el mismo índice.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 68001 23 33 000 2020 00818 01 (6591-2022)
Demandante: Gladys Hernández Castro

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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