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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00899-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2020-00899-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y remitirla al Tribunal Administrativo de Santander, para que continúe con el trámite del proceso en la etapa que corresponda. TERCERO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2020-00899-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD - Es un
elemento de evaluación objetiva que se encuentra regulado en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 / El DAÑO INSTANTÁNEO Y EL CONTINUADO O DE
TRACTO SUCESIVO – El primero se configura íntegramente en un momento determinado,
aun cuando sus consecuencias puedan prolongarse hacia el futuro, el segundo se
caracteriza porque la afectación al interés jurídicamente protegido persiste, se renueva o
se reproduce de manera sucesiva o intermitente / EL DAÑO AMBIENTAL PURO Y EL
CONSECUTIVO O IMPURO - El primero corresponde a la afectación del ambiente
considerado como un bien jurídico colectivo, mientras que el segundo comprende las
repercusiones concretas que esa afectación produce sobre derechos o intereses
particulares / REVOCATORIA DE SENTENCIA ANTICIPADA – cuando la adecuación al
trámite de sentencia anticipada se hubiere sustentado en el numeral 3 del artículo 182A de
la Ley 1437 de 2011, en garantía del derecho al debido proceso se impone devolver el
expediente al a quo para que se complete el trámite de la primera instancia.

Procede la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia anticipada a través de la cual se declaró probada la excepción
de caducidad.

Se solicita la reparación de los daños ocasionados por la disposición irregular de
residuos sólidos en un predio de propiedad del demandante.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual decidió la demanda instaurada el 7
de octubre de 20201 por el señor Jairo Ospina Cano contra el Municipio de Sabana
de Torres, la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabana de
Torres —en adelante Espusato E.S.P.— y la Corporación Autónoma Regional de
Santander —en adelante CAS—, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por los perjuicios causados con ocasión de la disposición final
irregular de residuos sólidos a cielo abierto en el predio denominado «La Palestina».

2.A título de indemnización, el demandante solicitó por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de daño emergente futuro, la suma de $3.318’874.837,

1 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice: 21, archivo: “14. (11 Nov 20) Memorial constancia de notificación

D. 806-20”.

Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

correspondiente al costo estimado para la remoción, cargue2, transporte3 y
disposición final de los residuos sólidos depositados en su inmueble4, así como por
las labores requeridas para la descontaminación5 y reposición de los suelos
afectados6. Además, pidió el reconocimiento de perjuicios morales en cuantía
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se edificó la demanda
que dio origen al proveído antes indicado, fueron los siguientes:

4.El señor Jairo Ospina Cano adquirió el predio rural denominado «La Palestina»,
ubicado en la vereda Venecia del municipio de Sabana de Torres (Santander),
mediante escritura pública No. 720 del 21 de abril de 2014, otorgada en la Notaría
Novena del Círculo de Bucaramanga.

5. En noviembre de 2017, el demandante fue informado por un tercero de que en
su predio se estaban depositando residuos sólidos provenientes del servicio público
de aseo prestado por Espusato E.S.P. A raíz de esa situación, el actor elevó
peticiones ante el municipio de Sabana de Torres, Espusato E.S.P. y la CAS, con el
fin de que cesara esa actividad y se adoptaran medidas para atender la afectación
ambiental causada. Además, verificó que vehículos vinculados a Espusato E.S.P.
eran los que estaban depositando dichos residuos en el inmueble, hechos que puso
en conocimiento de la Policía Nacional, pese a lo cual dicha ilegalidad continuó
hasta “agosto de 2019”7.

6. El demandante indicó que la CAS le informó que en diciembre de 2017 había
realizado una inspección al referido predio y que existían actuaciones
administrativas relacionadas con la disposición irregular de residuos sólidos en ese
municipio8. Entre 2018 y 2019, la autoridad ambiental adelantó visitas técnicas
encaminadas a verificar la afectación del inmueble y del entorno, y adoptó medidas
frente a esa situación; sin embargo, sostuvo que esa actividad alcanzó a afectar
aproximadamente 15.072 m² de la finca «La Palestina», con un volumen estimado
de 10.131 m³ de residuos, situación que ocasionó un grave impacto ambiental,
afectó el humedal que atraviesa el predio e impidió al propietario su
aprovechamiento económico.

2 Por concepto de remoción y cargue de residuos sólidos solicitó la suma de $50.400.000.
3 Para el transporte de los residuos sólidos al relleno sanitario “Las Bateas”, ubicado en Aguachica (Cesar), pidió

la suma de $1.361’000.000.
4 Por concepto de recibimiento y disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario “Las Bateas”

reclamó la suma de $295’630.837.
5 Que comprende: (i) $32’844.000 para el manejo de los suelos contaminados y (ii) $886’000.000 por su transporte

al relleno sanitario Las Bateas. Respecto del costo de la disposición final de dichos suelos, el demandante indicó
que el valor estaba pendiente de definir, por cuanto la administración del relleno sanitario no había suministrado la
información correspondiente.
6 Por este concepto solicitó: (i) $84’000.000 para el corte y cargue de material de préstamo, (ii) $336’000.000 para

el transporte del material limpio; (iii) $27’000.000 por extendida del material; (iv) $15’000.000 para su compactación
y (v) $231’000.000 para la compra de recebo o material limpio.
7 En distintos apartes de la demanda se señaló de manera uniforme que la disposición de residuos sólidos en el

referido predio cesó en agosto de 2018. Sin embargo, en el escrito de subsanación de la demanda, se aclaró que
dicha referencia obedeció a un error, precisando que la actividad "cesó definitivamente hasta el día 17 del mes de
agosto de 2019, y no en el año 2018 como por error se plasmó en la demanda".
8 De manera particular indicó que mediante Resolución DGL No. 0568 de 2017 había sancionado a Espusato

E.S.P. por la disposición irregular de residuos sólidos en el municipio de Sabana de Torres, sanción que
posteriormente fue modificada mediante la Resolución DGL No. 0218 del 2 de abril de 2018.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

Fundamentos de derecho

7.
Señaló que el daño que reclama se produjo como consecuencia de la disposición
irregular y sucesiva de residuos sólidos en el predio de su propiedad, conducta que
se extendió hasta “agosto de 2019” y que resultaba imputable a las demandadas a
título de falla en el servicio.

8.
Respecto del municipio de Sabana de Torres y de Espusato E.S.P., sostuvo que
incumplieron las obligaciones relacionadas con la adecuada prestación del servicio
público de aseo y la disposición final de los residuos sólidos, previstas en la
Constitución Política, la Ley 142 de 19949 y el Decreto 1784 de 2017, al emplear de
manera irregular un predio privado como botadero de basura a cielo abierto.

9. Agregó que Espusato E.S.P. continuó ejecutando dicha actividad, pese a que con
anterioridad ya había sido sancionada por el manejo irregular de residuos sólidos
en el municipio. En cuanto a la CAS, señaló que no ejerció de manera efectiva sus
funciones de vigilancia, seguimiento y control ambiental, con el fin de impedir la
continuidad de esa conducta y garantizar la recuperación del predio afectado10.

La defensa

10. La CAS sostuvo que desde la fecha en que tuvo conocimiento de la afectación

ambiental del predio “La Palestina”, realizó las correspondientes inspecciones
oculares e inició los procedimientos sancionatorios frente al municipio de Sabana
de Torres y Espusato E.S.P, entidades que son las llamadas a responder ante una
eventual condena. En ese sentido, aseguró que cumplió oportunamente las
funciones asignadas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, de manera que
no podía atribuírsele una falla en el servicio ni responsabilidad por los daños
alegados.

11. Agregó que los perjuicios reclamados no se encontraban debidamente
acreditados; además de que el demandante omitió ejercer la acción penal que
resultaba procedente frente a los hechos denunciados. Con fundamento en tales
argumentos, propuso las excepciones que denominó: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; (ii) inexistencia de falla en el servicio por parte de la CAS; (iii)
falta de prueba de los perjuicios reclamados; y (iv) el demandante no ejerció la
acción penal y esperó a acudir al medio de control de reparación directa11.

12. Elmunicipio de Sabana de Torres se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Para tal efecto, formuló las siguientes excepciones:

13. (i) falta de legitimación en la causa por activa, debido a que el señor Jairo Ospina

Cano transfirió el derecho de dominio del predio “La Palestina” antes de la admisión
de la demanda, mediante una dación en pago del 24% efectuada el 2 de octubre de
2020 y la venta del 76% restante realizada el 13 de mayo de 2021, por lo que carecía

9 Modificada por la Ley 689 de 2001.
10 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 21, archivo, “02. DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA JAIRO

OSPINA CANO”.
11 SAMAI: Tribunal, índice 24, archivo: “6_RECEPCIONDEMEMORIAL_CAS_CONTESTACION_REP(.zip)

NroActua 24”.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

de un interés legítimo para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados de
la afectación del inmueble.

14. (ii)
caducidad del medio de control, en tanto que el demandante tuvo
conocimiento del hecho dañoso desde octubre de 2017, como lo demostraba la
acción de tutela promovida en esa época y las actuaciones administrativas
adelantadas con ocasión de la disposición de residuos. En ese sentido, sostuvo que
para el momento en que presentó la solicitud de conciliación extrajudicial y la
demanda ya había operado el fenómeno de la caducidad12.

15. (iii) daño no imputable al municipio, dado que cumplió sus funciones en materia

de prestación del servicio público de aseo, no dispuso residuos en el predio “La
Palestina” ni autorizó dicha actividad, de modo que cualquier afectación resultaba
atribuible a terceros indeterminados que utilizaron el inmueble como botadero de
residuos;

16. (iv)inexistencia de los perjuicios invocados, toda vez que el certificado de
tradición y libertad del predio evidenciaba que este fue objeto de múltiples negocios
jurídicos entre los años 2020 y 2021, sin que en ellos se hiciera referencia a
afectaciones ambientales o disminución de su valor comercial, de modo que no se
acreditó un detrimento patrimonial ni la pérdida de productividad del inmueble13.

17. Espusato E.S.P. igualmente se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la

demanda, para lo cual formuló las excepciones de caducidad del medio de control,
falta de legitimación en la causa por activa y ausencia del daño antijurídico, con
fundamento en los mismos argumentos expuestos por el municipio de Sabana de
Torres. Además, propuso las que denominó: “ausencia de nexo causal”, toda vez
que la disposición de residuos no obedeció a actuaciones de la empresa, sino a la
conducta de terceros indeterminados y a la falta de vigilancia y protección del
inmueble por parte de su propietario y, “prestación del servicio conforme a la
normatividad legal vigente”, puesto que la disposición final de los residuos se
efectuaba en el relleno sanitario Las Bateas y negó haber botado residuos en la
finca “La Palestina”14.

La decisión del Tribunal15

18. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437

de 2011, el Tribunal declaró probada la excepción de caducidad al considerar que
ese término debía contabilizarse desde que el demandante tuvo la posibilidad real

12 SAMAI, Tribunal, índice 25.
13 SAMAI, Tribunal, índice 25.
14 SAMAI, Tribunal, índice 38, archivo: “26_RECEPCIONDEMEMORIAL_ESPUSATOCONTESTACIO(.pdf)
NroActua 38”.
15 Mediante auto del 22 de marzo de 2023, el Tribunal a quo dispuso dictar sentencia anticipada, de conformidad

con lo previsto en el artículo 182A, numeral 3 del CPACA; decretó las pruebas documentales aportadas por las
partes y corrió traslado para alegar de conclusión por diez (10) días comunes para los extremos procesales y al
Ministerio Público. En sus alegatos, la parte actora insistió en que la disposición de residuos constituyó un hecho
continuado que se extendió hasta el 17 de agosto de 2019 y que el daño solo adquirió notoriedad con el dictamen
pericial rendido en marzo de 2020, razón por la cual sostuvo que el término de caducidad debía computarse a
partir de esta última fecha (SAMAI: Tribunal, índice 64). Espusato manifestó que la acción de tutela promovida en
noviembre de 2017 demostraba el conocimiento pleno del hecho dañoso por parte del demandante, por lo que el
dictamen pericial de marzo de 2020 no podía considerarse el punto de partida para el cómputo del término de
caducidad (SAMAI: Tribunal, índice 65). El municipio y la CAS reiteraron los argumentos en que sustentaron su
defensa (SAMAI: Tribunal, índices 66 y 67). El Ministerio Público guardó silencio.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

de advertir la afectación que alegaba, sin que fuera necesaria una valoración técnica
posterior para su configuración, por lo que la prolongación de los efectos del daño
no difería el inicio del cómputo cuando la víctima ya tenía conocimiento de éste.

19. Al abordar el caso concreto, indicó que el demandante tuvo conocimiento cierto

del daño en noviembre de 2017, cuando radicó la queja dirigida a la Alcaldía de
Sabana de Torres, Espusato E.S.P. y a la Procuraduría Ambiental y Agraria, en la
que denunció que su predio estaba siendo utilizado como botadero de residuos,
describió las afectaciones ambientales ocasionadas y solicitó el cese de dicha
actividad. Agregó que ese conocimiento se encontraba corroborado por las
actuaciones adelantadas por la CAS desde finales de 2017, las cuales evidenciaban
que la situación ya estaba siendo objeto de verificación por dicha autoridad.

20. Agregó que el dictamen pericial elaborado en marzo de 2020 no podía fijar el

inicio del cómputo de la caducidad, por cuanto no reveló un daño nuevo, sino que
corroboró técnicamente una afectación previamente conocida por el actor. En
consecuencia, concluyó que el plazo para ejercer el medio de control venció el 23
de noviembre de 2019, pero como la solicitud de conciliación prejudicial fue
presentada el 16 de junio de 2020 y la demanda el “8 de octubre” del mismo año,
ambas actuaciones se surtieron cuando el término de dos años previsto en la ley ya
había expirado16.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

21. La parte actora cuestionó la interpretación efectuada por el Tribunal, cuando en
realidad las pruebas demostraban la existencia de un daño continuado o de tracto
sucesivo, derivado de la disposición reiterada de residuos sólidos en su predio,
conducta que se extendió hasta el 17 de agosto de 2019. Con fundamento en ello,
sostuvo que el término de caducidad debía contabilizarse desde la cesación de
dicha actividad y no desde el momento en que tuvo conocimiento inicial de los
hechos.

22. Alegó que la petición presentada en noviembre de 2017 no evidenciaba un
conocimiento cierto que le permitiera atribuir responsabilidad a la administración,
pues precisamente fue formulada para esclarecer si Espusato E.S.P. era la entidad
que estaba ejecutando la disposición de residuos en el predio; sin embargo, al
responder dicha solicitud, la empresa negó estar desarrollando esa actividad.

23. Además, sostuvo que el Tribunal erró al respaldar la conclusión sobre el
conocimiento del daño con fundamento en las actuaciones adelantadas por la CAS
en 2017, puesto que para ese momento no había sido vinculado al correspondiente
trámite administrativo. Añadió que solo con la notificación del Auto RMS No. 00002-
19 (efectuada el 7 de octubre de 2019), mediante el cual se ordenaron medidas
frente a la contaminación advertida en el predio, tuvo certeza de que el municipio
de Sabana de Torres y a Espusato E.S.P. eran responsables, de manera que la
demanda fue presentada en tiempo17.

16 SAMAI: Tribunal, índice 68.
17 SAMAI: Tribunal, índice 71.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

24. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión de primera instancia, al
considerar acertada la conclusión del Tribunal, pues estimó que desde la petición
presentada en noviembre de 2017 el demandante no solo conocía la disposición de
residuos en su predio, sino que además las afectaciones ambientales y la gravedad
del deterioro ocasionado, razón por la cual el término de caducidad debía
contabilizarse desde ese momento18.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

25.El objeto de análisis se circunscribe a verificar si la demanda fue instaurada
dentro del término legal.

Oportunidad del medio de control de reparación directa

26. En el presente asunto, el régimen de caducidad aplicable corresponde al
previsto en el numeral 2, literal i), del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual el medio de control de reparación directa deberá promoverse dentro de los dos
(2) años siguientes al día de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño,
o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, si ello
ocurrió en una fecha posterior, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo
conocido al momento de su causación.

El daño instantáneo y el continuado o de tracto sucesivo

27. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado el daño instantáneo
del continuado o de tracto sucesivo a partir de la forma en que la lesión se manifiesta
y desarrolla en el tiempo. Mientras el primero se configura íntegramente en un
momento determinado, aun cuando sus consecuencias puedan prolongarse hacia
el futuro, el segundo se caracteriza porque la afectación al interés jurídicamente
protegido persiste, se renueva o se reproduce de manera sucesiva o intermitente.
De modo que lo determinante no es únicamente la duración de la conducta atribuida
a la Administración, sino la manera como se proyecta la lesión misma19.

28. El elemento diferenciador radica en la naturaleza temporal del daño y no en la
permanencia de la conducta que lo origina ni en la extensión de sus consecuencias.
En ese sentido, una actuación u omisión administrativa puede prolongarse en el
tiempo sin que ello implique la existencia de un daño continuado; del mismo modo,
el hecho de que los perjuicios derivados de un daño se mantengan, se incrementen
o se hagan más evidentes con posterioridad no altera su carácter instantáneo. Lo
relevante es establecer si la lesión al interés jurídicamente protegido se agota en un
momento específico o, por el contrario, se renueva materialmente con el transcurso
del tiempo.

18 SAMAI: índice 9.
19 En relación con la distinción entre daño y perjuicio, la Sección Tercera ha precisado que el daño corresponde al

hecho o atentado material que lesiona un interés jurídicamente protegido, mientras que el perjuicio constituye el
menoscabo patrimonial o extrapatrimonial que de aquel se deriva, de manera que únicamente son indemnizables
los perjuicios que guarden una relación de causalidad con el daño. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2015, expediente: 31.187; sentencia del 11 de julio de 2025, expediente:
68.934; sentencia del 11 de agosto de 2025, expediente: 72.834, entre otras.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

29. Esta distinción ha sido ilustrada mediante el ejemplo de la fuga constante de
una sustancia contaminante en un cauce fluvial20. En ese supuesto, se precisa que
el daño reviste carácter continuado, pues la lesión al bien jurídico protegido se
renueva materialmente con cada vertimiento. Ello evidencia que el carácter
continuado del daño debe predicarse de la afectación misma y no de la mera
persistencia de sus efectos.

30. De lo expuesto se sigue que un daño puede producirse de manera instantánea,
aunque sus efectos patrimoniales o extrapatrimoniales se prolonguen o incluso se
agraven con el transcurso del tiempo. En tales eventos, el cómputo del término no
depende de la persistencia o de la evolución de los perjuicios, sino del momento en
que la lesión al interés jurídicamente protegido se consolidó o pudo ser
razonablemente conocida por la víctima21.

31. De igual manera, se ha diferenciado el daño continuado de los denominados
daños sucesivos por causa homogénea, entendidos como aquellos que se producen
como consecuencia de una pluralidad de hechos u omisiones de una misma
naturaleza, cada uno con aptitud para generar una lesión autónoma. En estos
eventos, la caducidad no se contabiliza de manera unitaria, sino que debe
analizarse de forma independiente respecto de cada daño, según el momento en
que se configura o es conocido por la víctima22.

El daño ambiental puro y el consecutivo o impuro

32. Por interesar a la solución del caso, resulta pertinente efectuar una precisión
respecto de la naturaleza del daño cuando la controversia tiene origen en una
afectación ambiental, pues en estos eventos la lesión puede recaer directamente
sobre el ambiente y proyectarse, además, sobre la esfera individual de una persona.
La identificación del interés afectado resulta relevante no solo para definir el objeto
de la reparación, sino también para establecer el momento en que se configura el
daño y, a partir de ello, determinar el dies a quo del término de caducidad.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de agosto de 2011, expediente: 20.316.
21 En este punto, conviene distinguir entre el hecho dañoso, el daño y los perjuicios que de este se derivan. El

primero constituye el acontecimiento que da lugar a la lesión de un interés jurídicamente protegido; el segundo
corresponde a esa lesión, mientras que los perjuicios representan las consecuencias patrimoniales o
extrapatrimoniales susceptibles de reparación y, en esa medida, un mismo daño puede proyectarse en distintos
conceptos indemnizables.
22 “[H]a reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un

acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan –ocasionalmente– provenir de un hecho
que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también,
en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto
a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente
a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede ocurrir
que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir
daños continuos. En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado
de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño, pues en
este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho
que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos
hechos u omisiones, o causas dañosas (sic) diversas, en cuyo caso el término para reclamar la
indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos
sucesivos evento”. (se destaca). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2011,
expediente. 20.109.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

33. La jurisprudencia de la Sección Tercera ha distinguido entre el daño ambiental
puro y el consecutivo o impuro23. El primero corresponde a la afectación del
ambiente considerado como un bien jurídico colectivo, mientras que el segundo
comprende las repercusiones concretas que esa afectación produce sobre
derechos o intereses particulares, como la propiedad, la salud o el patrimonio. Se
trata de categorías que aunque pueden tener un mismo origen fáctico, tutelan
intereses jurídicos distintos.
34. Mediante providencia del 10 de diciembre de 201424, esta Corporación precisó
que la contaminación constituye el supuesto fáctico del cual puede derivarse un
daño ambiental, pero no equivale por sí misma al daño cuya reparación se pretende,
pues solo adquiere relevancia para efectos indemnizatorios cuando produce un
deterioro o una limitación de derechos o intereses concretos, como ocurre, entre
otros eventos, cuando destruye un bien, restringe su destinación natural o
productiva o condiciona su uso al previo adelantamiento de labores de
descontaminación o recuperación ambiental y, en esa medida, los daños derivados
de un fenómeno contaminante pueden manifestarse de manera histórica,
instantánea, permanente, sucesiva, continuada o diferida.

35. Esta interpretación reconoce la naturaleza compleja de los daños ambientales,
en los que los efectos pueden ser acumulativos, prolongarse en el tiempo e incluso
incrementarse con el paso de los días. Por ello, el operador judicial debe valorar a
partir del material probatorio, si existe evidencia suficiente para establecer cuándo
se consolidó el daño y cuándo el demandante tuvo un conocimiento cierto del
mismo. Si la conducta lesiva se mantiene, la caducidad sólo empezará a contarse
desde la finalización de la conducta o desde que resulte objetivamente posible
determinar la consolidación del daño. Si la conducta cesa pero los efectos se
prolongan, se debe establecer cuándo se estabilizaron esos efectos o cuándo fue
inequívocamente posible conocer su concreción.
36. En suma, el termino de caducidad -por regla general-, comienza a correr a partir
de la configuración del daño o del momento en que este fue conocido por la víctima,
pues antes de la existencia del daño no surge la acción indemnizatoria; de manera
que: (i) si el daño es de carácter instantáneo, el término inicia su cómputo desde
ese momento, sin que la prolongación o el agravamiento de sus efectos altere dicha
regla; (ii) si se trata de un daño continuado, la caducidad comenzará a contabilizarse
una vez cese la afectación que lo configura; y (iii) cuando se presenten daños
sucesivos derivados de una misma causa nociva, el término deberá analizarse de
manera independiente respecto de cada uno de ellos.

Caso concreto
37.El actor sostiene que el daño consiste en la contaminación ambiental del suelo
de su predio -“La Palestina”- y del humedal que lo atraviesa, ocasionada por la

23 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2015,

expediente: 32.618 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial
de Decisión, sentencia 10 de junio de 2021, radicación: 76001-23-31-000-2002-04584-02 (AG) REV-SU.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 10 de diciembre de 2014, expediente: 46.107. Las

consideraciones desarrolladas en esta providencia han sido acogidas y desarrolladas posteriormente por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en asuntos relativos a la diferenciación entre el daño ambiental puro y el
consecutivo o impuro, así como para el examen de la configuración del daño indemnizable y de las reglas aplicables
para el análisis de la caducidad.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

disposición irregular de residuos sólidos en ese inmueble, afectación que
comprometió su aprovechamiento económico y productivo.

38. Aduce que la afectación ambiental se incrementó progresivamente, al pasar de
un área inicial aproximada de 400 m² a una extensión cercana a 15.072 m² (1,51
hectáreas), con un volumen estimado de residuos de 10.131 m³. Además, señala
que la contaminación no se limitó a las zonas de depósito directo, sino que se
extendió a la totalidad de la finca por efecto de lixiviados, gases y contaminación
visual. Con fundamento en ello, planteó la existencia de un daño continuado,
derivado de la disposición reiterada de residuos sólidos en el predio, conducta que,
según afirmó, se prolongó hasta el “17 de agosto de 2019”.

39. A partir de ese planteamiento, el demandante solicita el reconocimiento de
perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente futuro, correspondientes
a los costos que estima necesarios para la remoción, cargue, transporte y
disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario Las Bateas, así como
para la descontaminación y reposición del suelo afectado. Además, reclama el
reconocimiento de los perjuicios morales que atribuye a esos mismos hechos.

40. De conformidad con el material probatorio allegado, se encuentra acreditado
que el 31 de octubre de 2017 el señor Jairo Ospina Cano presentó una queja ante
el gerente de Espusato E.S.P., en la que manifestó que “Se tiene PLENO
conocimiento que ESPUSATO ha venido y viene arrojando los residuos sólidos que
se generan en el Municipio de Sabana de Torres en la finca LA PALESTINA”,
circunstancia que le estaba ocasionando graves perjuicios económicos y un daño
ambiental, en la medida en que un caño que atraviesa el predio había sido cubierto
totalmente con basura.

41. Asimismo, señaló que los residuos depositados no eran objeto de ningún
tratamiento para su descomposición, permanecían a cielo abierto y generaban
olores nauseabundos que afectaban el entorno, por lo que solicitó que “cesara de
inmediato la actividad de transporte y disposición final de los residuos sólidos en la
finca”. Igualmente, advirtió que de persistir esa conducta, acudiría ante las
autoridades administrativas, judiciales, civiles, policivas y penales para que
adelantaran las investigaciones correspondientes y adoptaran los correctivos y
sanciones a que hubiera lugar. Agregó que contaba con registros fotográficos y
videos que evidenciaban que el transporte y depósito de los residuos eran
realizados en horas de la madrugada por personal de esa empresa25.

42. El 21 de noviembre del mismo año, el señor Jairo Ospina Cano radicó un
derecho de petición ante la Alcaldía de Sabana de Torres26, en el que reiteró su
inconformidad por la utilización de su predio como sitio de disposición de residuos
sólidos, sin su autorización y en contravía de la normativa ambiental y sanitaria
aplicable. Señaló que esa situación estaba ocasionando la afectación de las fuentes

25 El escrito dice que se remite con copia a: la Fiscalía General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional

de Santander (CAS), el Comandante de Policía de Sabana de Torres y la Inspección de Policía de Sabana de
Torres. Expediente administrativo, tomo III, páginas 314 y 315. (SAMAI: Tribunal, índice 24).
26 El escrito también contiene constancia de recibido por Espusato E.S.P., el 21 de noviembre de 2017, y por la

Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria, el 24 de noviembre siguiente.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

hídricas existentes en el inmueble y solicitó: (i) el cese inmediato de esa actividad;
(ii) información sobre el sitio autorizado para la disposición final de los residuos
sólidos del municipio; (iii) el cumplimiento de la reglamentación técnica y ambiental
correspondiente; y (iv) que se informara cómo operaba el servicio público de aseo
y las medidas adoptadas por la administración municipal frente a esa situación. Así
se desprende del documento (se transcribe literalmente):

“Desde la administración anterior, cuando usted se desempeñaba como secretario
de planeación municipal, hasta el día de hoy, la Alcaldía de Sabana de Torres ha
estado incursionando sistemáticamente en la finca ‘La Palestina’, localizada
sobre la calle 12 a escasos 100 metros del casco urbano, para convertirla en el
botadero de basura del municipio que usted ahora administra, conforme está
documentado en el registro fotográfico que anexo al presente derecho de petición.

Lo más grave de esta situación, además de haber ejecutado esta labor en un predio
ajeno, radica en que la alcaldía de Sabana de Torres afectó definitivamente los
humedales y las fuentes naturales de agua con que contaba la finca ‘La
Palestina’, habiendo el municipio de Sabana de Torres ejecutado labores de rellenos
sanitarios, sin haber diseñado técnicamente el lugar para la disposición final
controlada de los residuos sólidos, ocasionando daño en el entorno, peligro y
riesgo a la salud pública, ya que no se minimizaron los impactos ambientales
y no se utilizaron principios de ingeniería para la confinación y el aislamiento
de los residuos, permitiendo la expansión de gases y la infiltración de los
lixiviados en las fuentes de agua del sector.

El abuso con el que se llevó a cabo esta actividad, es tal que en más de una
oportunidad tuve altercados sacando a los operadores de los equipos de movimiento
de tierra que tenía el Municipio en los predios de la finca ‘La Palestina’, quienes a mi
retiro seguían invadiendo el predio y ejecutando las labores de enterrar la basura, sin
ningún procedimiento técnico acorde con la normatividad sobre disposición
final de residuos sólidos (...). Con la pretensión de resolver definitivamente esta
situación, solicito información sobre las razones que ha tenido la Alcaldía de Sabana
de Torres para utilizar ilegalmente un predio privado para la disposición final de
los residuos sólidos del municipio de Sabana de Torres, contraviniendo todas
las normas legales vigentes sobre saneamiento básico ambiental” (negrilla
añadida)27.

43. Está probado que el señor Jairo Ospina Cano promovió una acción de tutela
con fundamento en los mismos hechos objeto de este proceso, al estimar que esa
situación ponía en riesgo sus derechos fundamentales a la vida y a la salud28. Dicha
acción fue admitida mediante auto del 22 de noviembre de 201729.

44. El 11 de diciembre de 2017, el alcalde del municipio de Sabana de Torres dio
respuesta a petición presentada el 21 de noviembre de ese mismo año. En ella le
respondió al peticionario que le reiteraría lo expuesto en la contestación a la acción
de tutela promovida por aquél, en el sentido de que carecía de legitimación por
pasiva, en tanto que el servicio público de aseo era prestado por Espusato E.S.P.,
empresa encargada de la disposición final de los residuos sólidos y de los impactos
derivados de esa actividad, y que el municipio únicamente le brindaba apoyo para
garantizar la prestación del servicio y precisó que los residuos eran trasladados al
relleno sanitario Las Bateas, ubicado en Aguachica30.

27 SAMAI: Expediente digital: “06. ANEXOS DEMANDA I”, páginas 2 a 5.
28 Expediente administrativo, tomo III, páginas 296 y 306. (SAMAI: Tribunal, índice 24).
29 Expediente administrativo, tomo III, página 295. (SAMAI: Tribunal, índice 24).
30 Expediente administrativo, tomo IV, páginas 147 a 152.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

45. A su vez, el 12 de diciembre de 2017, el gerente de Espusato E.S.P. dio
respuesta a esa misma petición, escrito a través del cual informó que la disposición
final de los residuos sólidos generados en el municipio de Sabana de Torres se
realizaba en el relleno sanitario Las Bateas, ubicado en el municipio de Aguachica
(Cesar), el cual contaba con licencia ambiental y era operado por la sociedad Aseo
Urbano S.A.S. E.S.P. Indicó que el municipio no disponía de un sitio propio para esa
actividad, razón por la cual los residuos eran llevados al mencionado relleno
sanitario.

46. Además, negó que Espusato E.S.P. depositara residuos sólidos en la finca “La
Palestina” o que hubiera invadido predios privados para convertirlos en botaderos
de basura, por lo que aseguró no ser responsable de las afectaciones denunciadas
por el peticionario. Añadió que, con base en la información suministrada por el
municipio y la CAS, tenía conocimiento de la existencia de focos de disposición de
residuos “por parte de terceros”, tanto en áreas públicas como privadas, frente a los
cuales se venían adelantando acciones correctivas cuya solución requería la
intervención de varias entidades y la destinación de recursos técnicos y
económicos31.

47. El 19 de diciembre de 2017, el señor Jairo Ospina Cano presentó una querella
ante la CAS, mediante la cual rechazó la respuesta ofrecida por el alcalde de
Sabana de Torres y el gerente de Espusato. Manifestó que contaba con registros
fotográficos, un video periodístico del Canal TRO32 y otras pruebas que
demostraban que Espusato continuaba disponiendo residuos sólidos en la finca “La
Palestina”, actividad que señaló se venía desarrollando de manera sistemática y
que había ocasionado graves afectaciones a reservas forestales, humedales y
fuentes hídricas. Informó que había promovido una acción de tutela por esos
mismos hechos. Además, cuestionó la falta de actuación de la CAS frente a las
denuncias presentadas y solicitó la práctica de una visita técnica al predio para
verificar las afectaciones ambientales y adoptar las medidas correspondientes33.

48. Mediante oficio del 16 de enero de 2018, la CAS dio respuesta a la petición
anterior e informó que funcionarios de la Subdirección de Autoridad Ambiental
habían realizado una visita de inspección al predio “La Palestina” los días 4 y 5 de
diciembre de 2017, como consecuencia de la queja presentada por el intendente
coordinador del grupo de Protección Ambiental y Ecológica34. Asimismo, se indicó

31 SAMAI: Expediente digital: “06. ANEXOS DEMANDA I”, páginas 6 a 8.
32 "(…) una noticia del Canal de Televisión Regional - TRO, publicada el 3 de junio del año en curso, con el Link

https://youtu.be/zaxkxFKTsFs, en el que se observa a un veedor del Municipio denunciando a ESPUSATO ESP
por el vertimiento en un predio de mi propiedad los residuos sólidos producidos en el municipio. En el video del
Canal TRO se observan montañas de basura y un camión compactador con un letrero en un costado donde
se lee ESPUSATO ESP, que descarga los residuos sólidos en predios de la finca 'La Palestina'" (negrilla
añadida).
33 Expediente administrativo, tomo IV, páginas 135 a 137.
34 En la que informó sobre la contaminación que se venía presentando en la vereda “Aguas Blancas” del municipio

de Sabana de Torres. Sostuvo que tras verificar una queja de la comunidad, constató la acumulación de gran
cantidad de residuos sólidos en un área aproximada de dos hectáreas del predio “La Palestina”, los cuales eran
dispuestos a cielo abierto, generaban malos olores y, según la información recibida, eran enterrados en fosas
cubiertas posteriormente con tierra o arena. En consecuencia, solicitó a la CAS la práctica de una visita para
atender dicha problemática, precisando que se trataba del segundo informe remitido a esa autoridad sobre los
mismos hechos (expediente administrativo, tomo IV, páginas 164 y 165). La primera queja fue presentada el 19 de
octubre de 2017 (ibidem, páginas 166 a 167).

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
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Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

que como soporte de esa diligencia se elaboró el Concepto Técnico SAA No. 1228
del 12 de diciembre de 2017, el cual sería remitido al área jurídica para la adopción
de las actuaciones administrativas correspondientes35.

49. A través de Resolución SAA No. 000001-18 del 9 de enero de 2018, la CAS
acogió las recomendaciones contenidas en los Conceptos36 SAA No. 0498 del 2 de
agosto de 201737 y SAA No. 1228 del 12 de diciembre de 201738, en los que se
constató la disposición inadecuada de residuos sólidos en el predio objeto de la litis
y las afectaciones ambientales derivadas de esa situación. En consecuencia,
requirió al municipio de Sabana de Torres y a Espusato E.S.P. para que dentro de
los treinta (30) días siguientes, adoptaran medidas de mitigación, retiraran los
residuos existentes, presentaran un nuevo sitio para su disposición final y el
correspondiente cronograma de actividades; además, ordenó que mientras se
implementaba una solución definitiva los residuos fueran trasladados a un relleno
sanitario con licencia ambiental y dispuso el seguimiento al cumplimiento de esas
medida39.

50. Mediante Auto SAA No. 000006-18 del 19 de enero de 201840, la CAS inició
investigación administrativa de carácter ambiental contra el municipio de Sabana de
Torres y Espusato E.S.P., al considerar acreditada la persistencia de la disposición
inadecuada de residuos sólidos y sus afectaciones ambientales, entre ellas las
evidenciadas en el predio “La Palestina”.

51. En consecuencia, dispuso: (i) ordenar al municipio de Sabana de Torres y a
Espusato E.S.P. la suspensión inmediata y definitiva de la disposición final de
residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto ubicados en los predios objeto de
inspección, así como en cualquier otro sitio que no contara con licencia ambiental
para operar como relleno sanitario; (ii) iniciar investigación administrativa de
carácter ambiental contra dichas entidades; (iv) notificar personalmente el auto al
municipio de Sabana de Torres y a Espusato E.S.P.; (v) comunicar la decisión al
Procurador Judicial Ambiental y Agrario y al señor Jairo Ospina Cano, en calidad de
interviniente dentro del procedimiento administrativo sancionatorio; (vi) compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación; y (viii) comisionar al Comando de Policía,

35 Ibidem, página 9.
36 Conforme al trámite interno de las Corporaciones Autónomas Regionales, los conceptos técnicos no son objeto

de notificación o comunicación a los propietarios de los inmuebles. Si bien en algunas visitas pueden participar los
propietarios o interesados, en el caso concreto no se dejó constancia de la presencia del aquí demandante; por el
contrario, en el concepto se identificó como propietario del predio al señor Danilo Alzate. En el expediente
administrativo, además, obra denuncia presentada por el señor Jairo Ospina Cano ante la Fiscalía Seccional de
Barrancabermeja el 12 de enero de 2018, contra José Danilo Alzate Salazar y Fabián René Mendoza Rodríguez,
por hechos relacionados con la disposición de residuos sólidos en el lugar (expediente administrativo, tomo IV,
páginas 222 a 228). Asimismo, mediante escrito del 22 de enero de 2018 dirigido a la CAS, el demandante precisó
que las fincas “La Palestina” y “Villa Luzelén” eran predios distintos y que la confusión entre ambos había sido
originada por el señor Alzate Salazar para justificar la disposición de residuos, pese a que sus linderos habían sido
definidos mediante sentencia de deslinde y amojonamiento del 12 de diciembre de 2017. En ese escrito, solicitó
que en las actuaciones administrativas posteriores se identificara correctamente el predio afectado como “La
Palestina” (ibidem, páginas 230 a 233).
37 Elaborado con ocasión de la visita de inspección practicada los días 7 y 8 de julio de 2017.
38 Expediente administrativo, tomo IV, páginas 168 a 173.
39 Al respecto, se precisa que en los conceptos proferidos por la CAS se identificó el inmueble inspeccionado como

un predio de propiedad del señor "Danilo Alzate", sin hacer referencia al aquí demandante. Además, en la parte
resolutiva de la referida resolución se ordena notificar personalmente su contenido al municipio de Sabana de
Torres y de Espusato E.S.P., sin comprender al aquí demandante.
40 Expediente administrativo, tomo IV, páginas 208 a 2016.

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Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

la Inspección de Policía y la Personería Municipal de Sabana de Torres para ejercer
labores de control y vigilancia.

52. Se encuentra acreditado que el anterior auto fue notificado personalmente al
alcalde del municipio de Sabana de Torres el 6 de febrero de 201841. Posteriormente,
el 6 de junio de 2018, el señor Jairo Ospina Cano recibió en el correo electrónico
j.ospinacano@hotmail.com copia de dicha providencia, remitida por José Gabriel
Peña Pardo, técnico operativo de la CAS42. Ante la imposibilidad de notificar
personalmente al representante legal de Espusato E.S.P., la CAS procedió a su
notificación por aviso, el cual fue enviado el 31 de mayo de 2018, por lo que, de
conformidad con el artículo 69 del CPACA, la notificación se entendió surtida al
finalizar el 1º de junio de 201843.

53. El 31 de agosto de 2018, en cumplimiento de lo ordenado en el anterior auto,
Espusato E.S.P. presentó informe sobre el manejo de los residuos sólidos en el
municipio de Sabana de Torres. Respecto del predio “Villa Luzelén” o “La Palestina”,
indicó que durante la visita se evidenció la presencia de residuos sólidos esparcidos
en la vía de acceso y en un área específica del inmueble y afirmó que personas
ajenas a la empresa continuaban depositando residuos en ese lugar. Informó que
por parte de la empresa se estaban realizando jornadas periódicas de limpieza y
campañas de educación ambiental (anexó fotos)44; que proyectaba formular un plan
de cierre y posclausura del botadero a cielo abierto; que los residuos recolectados
eran dispuestos en el relleno sanitario “Las Bateas” y que, tras evaluar la
construcción de un sitio de disposición final en el municipio, concluyó que dicha
alternativa no era viable, por lo que solicitó autorización para disponer los residuos
en el relleno sanitario de Barrancabermeja45.

54. Mediante oficio del 14 de febrero de 2019, el Procurador 24 Judicial II Ambiental
y Agrario requirió a la CAS para que remitiera los resultados de la visita de inspección
adelantada con ocasión de las denuncias formuladas por el señor Jairo Ospina Cano,
así como el correspondiente informe técnico y el acto administrativo expedido.
Igualmente, solicitó informar las medidas adoptadas para el cierre y restauración
ambiental de los sitios utilizados para la disposición final de residuos sólidos en el
municipio de Sabana de Torres, incluida la finca “La Palestina”46.

55. En atención a ese requerimiento, la CAS practicó una nueva visita de inspección
ocular a la finca “La Palestina” el 1° de marzo de 2019, cuyos resultados fueron

41 Expediente administrativo, Tomo IV, páginas 218 y 220.
42 Ibidem, página 269.
43 Ibidem, páginas 256 a 264 y 282.
44 En los siguientes términos: “ESPUSATO E.S.P, informa que realiza jornadas periódicos de limpieza con personal

operativo del área de aseo en puntos críticos y alrededor de los botaderos de basura a cielo abierto generados por
la comunidad en el casco urbano y sectores periféricos. Además, la empresa realiza constantes campañas de
Educación Ambiental en apoyo con estudiantes del Colegio Integrado Madre de la Esperanza - CIME, dirigidas a
la comunidad del casco urbano (entre el segundo semestre del 2017 y primer semestre de 2018 tenemos más de
2000 usuarios sensibilizados), educando a través de folletos ilustrativos, temas de separación en la fuente, rutas
selectivas, reciclaje y cultura ambiental. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y las acciones ejecutadas para
mantener estos lugares limpios, generar educación ambiental en las personas y mitigar el impacto ambiental
negativo ocasionado durante años anteriores en dichos predios, se siguen generando focos de contaminación por
la inadecuada disposición de residuos sólidos dentro del municipio. (Ver Figura 5. Jornadas de limpieza con
personal operativo de ESPUSATO ESP y Figura 6. Campañas de Educación Ambiental)”.
45 Expediente administrativo, tomo VI, páginas 305 a 320.
46 SAMAI: Expediente digital: “06. ANEXOS DEMANDA I”, páginas 15 y 16.

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Referencia: Reparación directa

consignados en el Concepto Técnico RMS No. 00016-19 del 14 de marzo de 2019.
Se constató que había residuos sólidos en el predio objeto de la litis, la presencia de
olores ofensivos y la proliferación de vectores. Con fundamento en ello, se concluyó
que existía afectación de los recursos naturales y se recomendó al municipio de
Sabana de Torres, a través de su operador de recolección, realizar la limpieza del
área afectada y efectuar una visita de seguimiento47.

56. Posteriormente, mediante Auto RMS No. 00002-19 del 18 de marzo de 2019, la
CAS dispuso informar a la Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria y al señor
Jairo Ospina Cano que en la finca “La Palestina se encontró afectación ambiental a
los recursos naturales en este caso suelo, aire, flora y fauna”. Asimismo, ordenó al
municipio de Sabana de Torres realizar dentro de los sesenta (60) días hábiles
siguientes a la notificación del acto, la limpieza de la zona afectada y, una vez
vencido dicho término, efectuar una visita de seguimiento48.

57. El 10 de junio de 2019, el señor Jairo Ospina Cano presentó objeciones al
Concepto Técnico RMS No. 00016-1949, escrito en el que cuestionó, entre otros
aspectos, la identificación del área inspeccionada, la extensión de la zona afectada
y el alcance de las conclusiones de la CAS. En particular, sostuvo que la disposición
de residuos sólidos no se circunscribía al área verificada por la autoridad ambiental,
sino que comprendía una superficie mayor, y afirmó que dicha situación obedecía a
un “sistemático y continuado delito ambiental perpetrado durante más de tres años
(desde el año 2014 hasta mediados del año 2018)”. Para sustentar sus afirmaciones,
aportó registros fotográficos, un video e imágenes satelitales, además de cálculos
sobre el volumen de residuos depositados.

58. La Jefe de la Oficina de Apoyo Regional Mares de la CAS, al considerar que el
escrito de “objeciones” presentado por el señor Jairo Ospina Cano no constituía un
mecanismo de impugnación previsto en la Ley 1333 de 2009, le dio el trámite
correspondiente y, con fundamento en la información y documentación aportadas
por el peticionario, mediante Auto RMS No. 00118-19 del 23 de julio de 2019, resolvió
abrir la etapa de indagación preliminar, con el objeto de establecer si existía mérito
para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental por la contaminación ocurrida
en los predios rurales “La Palestina” y “Villa Luzelén” y ordenó practicar una nueva
visita de inspección ocular a dichos inmuebles, a fin de verificar la afectación de los
recursos naturales e identificar a los presuntos responsables50.

59. Bajo esas condiciones fácticas y probatorias, la Sala encuentra que el hecho
dañoso que el demandante atribuye a las entidades demandadas se concreta en la
disposición reiterada de residuos sólidos en el predio “La Palestina”, conducta que

47 Ibidem, páginas 17 a 21. En ese concepto no se individualizó un presunto responsable por la afectación

ambiental observada en el predio, toda vez que en el formato correspondiente se registró expresamente como
responsable “Indeterminado”, y el acápite de consideraciones se dejaran consignadas las manifestaciones
efectuadas una funcionaria de Espusato E.S.P. durante la diligencia, quien sostuvo que la empresa no realizaba
disposición de residuos sólidos en la finca “La Palestina”, que el servicio se prestaba mediante su traslado al
relleno sanitario Las Bateas, en el municipio de Aguachica (Cesar), y cuestionó la titularidad del demandante
sobre el inmueble inspeccionado, indicando que no tenía un interés legítimo, dado que era un invasor.
48 SAMAI: Expediente digital: “07. ANEXOS DEMANDA 2”, páginas 1 a 4.
49 SAMAI: Expediente digital: “07. ANEXOS DEMANDA 2”, páginas 6 a 19.
50 SAMAI: Expediente digital: “08. ANEXOS DEMANDA 3”, páginas 1 a 5. Esta es la última actuación administrativa

que obra en el expediente relacionada con el inmueble “La palestina”.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
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produjo una afectación ambiental consistente en la contaminación del suelo y de las
fuentes hídricas, así como en la generación de lixiviados, gases, malos olores y
contaminación visual en dicho inmueble.

60. De este modo, tanto la conducta generadora como el daño mismo -consistente
en la afectación ambiental- se desarrollaron de manera sucesiva y se prolongaron
en el tiempo, pues ninguno se agotó en un acto único, sino que la lesión se produjo
y se intensificó a medida que continuaba la disposición de residuos.

61. De conformidad con el material probatorio examinado, la afectación ambiental se
incrementó progresivamente a medida que se depositaban residuos sólidos en el
predio. Así lo demuestra el Concepto SAA No. 0498 del 2 de agosto de 2017, emitido
por la CAS, en el que se consignó que en la finca “La Palestina” se estaba realizando
la “disposición final de Residuos Sólidos Urbanos -RSU- a cielo abierto, en un área
aproximada de 100 m²”.

62. Posteriormente, en el Concepto SAA No. 1228 del 12 de diciembre de 2017, se
dejó constancia de la presencia de “una gran cantidad de residuos sólidos urbanos
dispuestos a cielo abierto, sin ningún tipo de manejo ambiental”, que ocupaban un
área de 6.000 m² y alcanzaban una acumulación de 0,80 metros. Asimismo, la
autoridad ambiental verificó el ingreso al lugar de vehículos de tracción animal y
motocicletas que transportaban residuos para su disposición en esa área.

63. Esta situación también fue documentada en el informe presentado el 3 de
noviembre de 2017 por el intendente coordinador del Grupo de Protección Ambiental
y Ecológica ante la CAS, al cual se incorporaron fotografías que evidencian la
acumulación progresiva de residuos en el predio. En dicho informe se señaló (se
transcribe literalmente):

“Se verifica queja de la comunidad donde manifiesta que en el sector de la vereda
Agua Blanca, se viene presentando contaminación al aire libre por disposición de
basuras, llegando hasta el predio denominado Finca La palestina, donde en un predio
de aproximadamente 2 hectáreas se logra observar que se ha seguido acumulando
gran cantidad de basuras de todo tipo, que están siendo arrojadas por la comunidad.
De igual forma se ha recibido información que esta disposición de residuos la ha
seguido realizando la Empresa de Aseo ESPUSATO, donde se observa que los
residuos no están siendo tratados adecuadamente y donde se ha generado malos
olores. Por otra parte se ha recibido información de ciudadanos donde han
manifestado que se han realizado fosas donde se han depositado estos desechos y
posterior han sido cubiertas con tierra o arena” (se resalta).

64. De la misma manera lo demuestran las diversas peticiones del aquí demandante,
de la comunidad y de la Procuraduría Ambiental y Agraria presentadas ante
Espusato E.S.P. y la administración municipal en las que ponían de presente la
incursión “sistemática” de basura en la finca “La Palestina” sin ningún procedimiento
técnico acorde con la normatividad sobre disposición final de residuos sólidos, en las
que solicitaban que cesara dicha actividad y se adoptaran medidas necesarias para
atender la afectación ambiental que se estaba causando.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
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Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

65. A lo anterior se suma que, en noviembre de 2019, durante la visita realizada por
los peritos51 al predio para la elaboración del dictamen pericial aportado por el
demandante, se reportó la presencia de residuos sólidos en los dos sectores del
predio identificados como afectados. A partir de los apiques practicados en esos
lugares, el perito estimó un volumen total de 10.131 m³ de residuos sólidos
depositados en el predio, correspondientes a un área aproximada de 15.072 m².

66. Lo expuesto permite establecer que existe una correspondencia temporal entre
el hecho dañoso y la lesión ambiental del predio cuya reparación se reclama, pues
la disposición de residuos se produjo de manera reiterada y sucesiva, mientras que
la afectación del suelo y de los demás componentes ambientales comprometidos se
incrementó y permaneció en el tiempo como consecuencia de esa conducta, hasta
que esta cesó. Esta conclusión es concordante con los criterios jurisprudenciales
desarrollados por el Consejo de Estado para determinar la naturaleza temporal del
daño.

67.
Ciertamente, en una providencia reciente, la Sección Primera del Consejo de
Estado examinó una problemática asociada a la acumulación masiva y persistente
de residuos en un sitio destinado a su disposición a cielo abierto y destacó que la
situación ambiental y sanitaria se había prolongado en el tiempo, al punto de requerir
medidas dirigidas a la remoción de los residuos, la clausura y restauración del sitio y
la adopción de acciones encaminadas a superar de manera efectiva la
problemática52. Aunque dicha decisión fue proferida en el marco de una acción
popular, sus consideraciones resultan ilustrativas para establecer que la disposición
reiterada de residuos puede producir una afectación ambiental cuya lesión no se
agota con el acto inicial de depósito, sino que puede mantenerse o agravarse
mientras continúe la disposición y subsistan las condiciones materiales que generan
el daño alegado.

68. Desde esa perspectiva, la situación acreditada en el presente asunto no
corresponde a un único acto de disposición de residuos al que hubiera seguido una
afectación ambiental consolidada de manera instantánea. Por esa razón, la Sala no
comparte la postura adoptada por el tribunal a quo, en la que optó por contabilizar el
término de caducidad desde noviembre de 2017, cuando el demandante manifestó
haber conocido esa situación y, como consecuencia de ello, presentó ante distintas
autoridades denuncias y quejas en las que informó que su predio estaba siendo
utilizado como botadero de residuos y solicitó el cese de dicha actividad, puesto que
los elementos de convicción allegados demuestran que esa conducta persistió.

69. Lo anterior se confirma con las actuaciones administrativas adelantadas con
posterioridad por la CAS, pues, mediante la Resolución SAA No. 000001-18 del 9 de
enero de 2018, sustentada en el Concepto Técnico SAA No. 1228 del 12 de
diciembre de 2017, esa autoridad requirió al municipio de Sabana de Torres y a
Espusato E.S.P. para que dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación,

51 Elaborado por un ingeniero forestal y una economista, candidata a Magister en Desarrollo Sustentable y Gestión

Ambiental y con apoyo en una directora de laboratorio químico. SAMAI: Expediente digital: “13. (11 Nov 20) Anexo
memorial INFORME AVALUO BASURA JAIRO OSPINA CANO”.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de marzo de 2025,

expediente: 50001-23-33-000-2018-00189-01.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

mejoraran el manejo y tratamiento de los residuos sólidos, retiraran los residuos
existentes de los predios inspeccionados y presentaran un nuevo sitio y proyecto
para su disposición final.

70. De la misma manera, mediante Auto SAA No. 000006-18 del 19 de enero de
2018, la CAS consideró que existía mérito suficiente para iniciar investigación
administrativa de carácter ambiental al evidenciar el incumplimiento de la normativa
ambiental y la persistencia de la disposición inadecuada de residuos sólidos y, como
consecuencia, ordenó al municipio de Sabana de Torres y a Espusato E.S.P. “la
suspensión inmediata y definitiva de la disposición final de residuos sólidos en los
botaderos a cielo abierto ubicados en los predios El Reposo y Villa Luzelén [también
conocido como ‘La Palestina]’”, así como en cualquier otro lugar que no contara con
licencia ambiental para operar como relleno sanitario.

71. En ese contexto, las actuaciones de la autoridad ambiental dan cuenta de que
mientras los residuos continuaron siendo depositados en el predio “La Palestina, se
produjo un incremento progresivo de su acumulación, de la extensión del área y los
componentes ambientales comprometidos53 y, por consiguiente, el término de
caducidad debe computarse desde que cesó el hecho dañoso, pues antes de ese
momento no podía predicarse un conocimiento cierto e inequívoco de la ocurrencia,
la dimensión y el alcance del daño antijurídico alegado por el actor.

72. En el escrito de subsanación de la demanda, el actor indicó que, tal como había
señalado en el libelo inicial, se produjo un daño continuado como consecuencia de
hechos sucesivos, toda vez que Espusato E.S.P. “un día a la semana venía arrojando
los residuos sólidos dentro de la Finca LA PALESTINA, actividad que cesó
definitivamente hasta el día 17 del mes de AGOSTO DE 2019”, y no en agosto de
2018, “como por error” se plasmó en varios apartes de la demanda54.

73. En el recurso de apelación se advierten inconsistencias en cuanto a la
identificación de la fecha en que habría cesado la disposición de residuos sólidos,
pues en dos apartes se señaló (se transcribe de manera literal):

• “El Tribunal Administrativo de Santander aplicó de forma incorrecta la
jurisprudencia del Consejo Estado respecto del daño continuado. De haberse
aplicado de forma acertada se hubiera llegado a la conclusión de que en este caso
se presentó un daño de tracto sucesivo consistente con el depósito continuo y
progresivo de residuos sólidos en la Finca LA PALESTINA hasta abarcar una
franja de terreno aproximadamente de 15.072 M2, que corresponde a un área de

53 En distintos conceptos de la CAS se identificaron los impactos ambientales negativos sobre los recursos

suelo, agua, aire, fauna, flora y paisaje. En el suelo, se señaló la afectación producida por los residuos y los
lixiviados generados; en el agua, la posible contaminación de fuentes hídricas y aguas subterráneas por la
infiltración, percolación y escorrentía de estos líquidos; y en el aire, la generación de gases y olores ofensivos,
así como las emisiones derivadas de la quema de residuos sólidos. Respecto de la fauna y la flora, el informe
calificó el impacto como menor, debido a la distancia de los hábitats de fauna silvestre y a la escasa vegetación
nativa del área, aunque advirtió la pérdida de cobertura natural en algunos sectores. En cuanto al paisaje, se
evidenció la presencia de gallinazos y la proliferación de moscas, zancudos y roedores, fenómenos que
disminuyeron con las labores de recolección de los residuos. Finalmente, se identificó un impacto social,
asociado a los olores ofensivos, las emisiones por quema de residuos, la proliferación de vectores y roedores y
el transporte de residuos, factores que podían afectar a los habitantes de las viviendas aledañas.
54 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 21, archivo, “02. DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA JAIRO

OSPINA CANO”.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

(1,51 Has), actividad en la (sic) que cesó la empresa – ESPUSATO E.S.P – el 17
de agosto de 2018”

• “(…) incurre en error la primera instancia al señalar que la caducidad se configuró
en la fecha 22 de noviembre de 2017 en la que el actor remitió el Derecho de
Petición al Alcalde Municipal de Sabana de Torres, y que en su contenido se
detallan los perjuicios causados con dicha actividad de arrojar desechos sólidos
en la Finca LA PALESTINA de su propiedad, omitiendo además el Tribunal
Administrativo de Santander que en el texto de la demanda, y más concretamente
en el último párrafo del Hecho Décimo se plasmó de manera concreta que ‘…. se
han venido produciendo daños paulatinamente como efecto de SUCESIVOS
HECHOS, ocurriendo el último de ellos en el mes de Agosto del año 2018, tal
como se demuestra con las fotografías anexas, en las cuales se observa un
vehículo al servicio de la empresa ESPUSATO E.S.P dentro del predio” (se
destaca).

74. No obstante, en los dos últimos párrafos de ese mismo escrito se indicó (se
transcribe literalmente):

“Nótese entonces que la entidad demandada - Corporación Autónoma Regional
de Santander – fue quien en últimas determinó que el municipio Sabana de Torres
y la empresa de servicios públicos – ESPUSATO E.S.P fueron quienes
depositaron residuos sólidos en la Finca LA PALESTINA de manera continuada,
actividad que cesó hasta el 17 del mes de Agosto del año 2019, después de
haberse notificado por la CAS el 07 del mes de Octubre de 2019 el contenido
del Auto RMS No 00002 – 19, situación que permite colegir inclusive que no tuvo
surgimiento del fenómeno de la caducidad del medio de control impetrado si se
tiene que la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho se presentó el 16 de
junio de 2020 y la demanda fue radicada el 8 de octubre de 2020”.

“En consecuencia, se insiste respetuosamente que la situación fáctica obedece a
hechos SUCESIVOS, ocurriendo el último de ellos el día 17 del mes de Agosto
del año 2019, tal como fue expuesto anteriormente (…)” (negrilla añadida).

75. De acuerdo con las actuaciones administrativas previamente relacionadas,
mediante el Auto SAA No. 000006-18 del 19 de enero de 2018, notificado por aviso
a Espusato E.S.P. el 1.º de junio de ese mismo año, la CAS ordenó la suspensión
inmediata y definitiva de la disposición final de residuos sólidos en los botaderos a
cielo abierto ubicados, entre otros, en el predio “La Palestina”. No obstante, en el
expediente no obra prueba que permita establecer que, una vez notificada dicha
decisión, esa medida hubiera sido acatada de manera inmediata por la empresa.

76. Lo anterior, por cuanto Espusato E.S.P. negó de manera reiterada haber
realizado la disposición de residuos sólidos en ese inmueble y atribuyó esa conducta
a terceros indeterminados. Así lo indicó en el informe allegado a la CAS el 31 de
agosto de 2018, en el que sostuvo que durante la visita al predio se evidenció la
presencia de residuos sólidos esparcidos por personas ajenas a la empresa en la vía
de acceso y en un área específica del inmueble. Sin embargo, nada manifestó acerca
del cumplimiento de la orden de suspensión inmediata impartida mediante el citado
auto, precisamente porque sostuvo que la disposición de residuos no le era
atribuible.

77. De otro lado, aunque en las actuaciones administrativas posteriores adelantadas
por la CAS continuó registrándose la presencia de residuos en el predio “La

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

Palestina”, de su contenido no es posible establecer si ello obedecía a nuevas
disposiciones de desechos o, por el contrario, a la permanencia de los que ya habían
sido depositados y cuya remoción había sido ordenada en actos previos.

78. El demandante sostuvo que la conducta cesó con ocasión de la notificación del
Auto RMS No. 00002-19, la cual, según afirmó, tuvo lugar el 7 de octubre de 2019
(no obra prueba de la notificación). En ese acto administrativo se informó a la
Procuraduría 24 Judicial II Ambiental y Agraria y al señor Jairo Ospina Cano que en
el predio “La Palestina” se encontró afectación ambiental de los recursos naturales,
en particular del suelo, el aire, la flora y la fauna. Además, se ordenó al municipio de
Sabana de Torres realizar la limpieza de la zona afectada dentro de los sesenta (60)
días hábiles siguientes a la notificación del acto y efectuar una visita de seguimiento
una vez vencido ese término. Sin embargo, como ya se indicó, el contenido de esa
decisión no permite establecer si la presencia de residuos obedecía a nuevas
disposiciones o a la permanencia de los previamente depositados.

79. En esas condiciones, no existe certeza acerca de la fecha en que cesó de
manera definitiva la conducta que se imputa a Espusato E.S.P. y al municipio de
Sabana de Torres. Con todo, esa incertidumbre carece de incidencia para establecer
si el medio de control fue ejercido dentro de la oportunidad legal, pues aún si se
tomara como fecha de cesación cualquiera de las dos a las que se hizo referencia
de manera previa, la conclusión sería la misma: la demanda fue presentada
oportunamente.

80. Ello se explica porque si se tomara como punto de partida el 17 de agosto de
2018, el término de dos (2) años vencería, en principio, el 18 de agosto de 2020.
Como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 16 de junio de ese
mismo año (restaban 63 días para el vencimiento del término)55 y la constancia de
agotamiento del requisito de procedibilidad fue expedida el 10 de septiembre
siguiente56, la demanda radicada el 7 de octubre de 2020 fue presentada
oportunamente, pues desde la expedición de dicha constancia transcurrieron 27
días. Conclusión a la que se llega incluso sin considerar la suspensión general de
los términos de prescripción y caducidad dispuesta con ocasión de la pandemia
originada por la COVID-1957.

81. Con mayor razón, si se tomara como fecha inicio para computar los dos años el
17 de agosto de 2019, el demandante tenía hasta el 18 de agosto de 2021 para
ejercer el medio de control de reparación directa y, como ya se indicó, la demanda
se radicó el 7 de octubre de 2020, esto es, dentro de la oportunidad legal.

55 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 21, archivo, “04. ACTA DE AUDIENCIA VIRTUAL 109-2020 - NO

CONCILIA”.
56 SAMAI: Expediente digital, Tribunal, índice 21, archivo, “05. CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN

PROCURADURIA”.
57 Mediante el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020 se dispuso la suspensión, desde el 16

de marzo de 2020, de los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas. La misma disposición
estableció que dichos términos se reanudarían a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesara la suspensión
de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, la suspensión estuvo
vigente entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, para un total de 106 días. Asimismo, el inciso segundo del
artículo 1 previó que, cuando al momento de iniciarse la suspensión restaran menos de treinta (30) días para el
vencimiento del término de prescripción o de caducidad, el interesado dispondría de un (1) mes contado a partir
del día siguiente al levantamiento de la suspensión para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

82. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la decisión apelada fue adoptada
mediante sentencia anticipada, sin que se hubieran decretado y practicado las
pruebas testimoniales y otros medios de convicción solicitados por las partes, y
considerando que las fechas que razonablemente pueden extraerse de las
actuaciones obrantes en el expediente permiten concluir que la demanda fue
presentada oportunamente, en aplicación de los principios de acceso a la
administración de justicia, pro actione y pro damnato, se impone revocar la decisión
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la caducidad del
medio de control de reparación directa.

83. Por las razones que pasan a exponerse, la Sala dispondrá la devolución del
expediente al a quo para que continúe el trámite del proceso desde la etapa en que
se encontraba antes de adecuarlo al procedimiento de sentencia anticipada, pues
una decisión en sentido distinto comportaría el desconocimiento de las garantías que
integran el derecho fundamental al debido proceso de las partes58.

84. Por razones de celeridad y economía procesal, el artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, autoriza al juez para
proferir sentencia anticipada en cualquier estado del proceso cuando se encuentre
demostrada, entre otras, la caducidad del medio de control. La razón de ser de esa
facultad consiste en evitar que el proceso continúe su curso cuando resulta evidente
que una decisión procesal impide el análisis de fondo del litigio. De allí que la
procedencia de la sentencia anticipada dependa de que la causal que la sustenta se
encuentre efectivamente acreditada, pues, de no ser así, desaparece el fundamento
jurídico que justifica prescindir de las etapas ordinarias del proceso.

85. En ese sentido, aunque el parágrafo del artículo 182A únicamente prevé que el
juez pueda reconsiderar la decisión de dictar sentencia anticipada después de
escuchar a las partes, la misma lógica resulta aplicable cuando es el juez de segunda
instancia quien concluye que no se configuraba la causal que motivó esa decisión.
En tal evento, la revocatoria de la sentencia impone devolver el expediente al juez
de primera instancia para que el trámite continúe conforme al procedimiento ordinario
previsto por el legislador, pues solo así se garantiza el ejercicio pleno del derecho de
defensa y contradicción y se preservan las garantías que integran el debido proceso.

86. Esta solución resulta acorde con la postura que ha adoptado esta jurisdicción
frente a las decisiones que ponen fin anticipadamente al proceso por razones
exclusivamente procesales. Cuando el superior revoca una decisión de esa
naturaleza, corresponde restablecer el curso ordinario del proceso para que se
surtan las etapas que fueron pretermitidas.

87. En el presente asunto, el a quo profirió sentencia anticipada al considerar
acreditada la excepción de caducidad del medio de control, sin que previamente se

58 En este mismo sentido se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2025, Exp. 70.943; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 23 de noviembre de 2022, Exp. 67.523 y Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de junio de 2022, SC1297 – 2022. Rad No. 76001-
31-03-004-2013-00011-01.

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Radicación: 68001-2333-000-2020-00899-01 (74.326)
Actor: Jairo Ospina Cano
Demandado: Municipio de Sabana de Torres y otros
Referencia: Reparación directa

hubieran agotado las etapas procesales previstas. Comoquiera que en esta instancia
la Sala concluye que no había operado la caducidad, se impone revocar la sentencia
apelada y devolver el expediente al Tribunal para que continúe el trámite desde el
momento procesal en que se encontraba antes de adecuarlo al procedimiento de
sentencia anticipada.

Condena en costas

88. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil –actualmente CGP–. En este orden de ideas, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 ibidem la Sala se abstendrá de
condenar en costas, toda vez que el recurso de apelación se resolvió
favorablemente para el demandante.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y
remitirla al Tribunal Administrativo de Santander, para que continúe con el trámite
del proceso en la etapa que corresponda.

TERCERO: Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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