RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2020-00957-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2020-00957-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2020-00957-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de enero de 2023, por el Tribunal Administrativo Oral de Santander. 2. Sin condena en costas en esta instancia 39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 5 de julio de 2018, magistrado ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, rad. 25000-23-37-000-2014-01217-01(22608), 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 68001233300020200095701(28277) Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2020-00957-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco 2025

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 68001-23-33-000-2020-00957-01(28277)
Demandante HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y VÍCTOR JULIO
VEGA DELGADO.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Notificaciones devueltas por correo. Responsables solidarios
en Cooperativas. Prejudicialidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 31 de enero del 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
Oral de Santander, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte actora, conforme a lo expuesto en precedencia
(…).

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 5 de octubre de 2016, COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA
(cooperativa o contribuyente) presentó declaración del impuesto sobre la renta del
año gravable 2015.1

El 5 de julio de 2018, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, emitió
el requerimiento especial 0423820180000112, en el que propuso modificar la
anterior declaración, en el sentido de desconocer pasivos, aumentar ingresos brutos
operacionales, desconocer costo de ventas, reliquidar la renta liquida gravable y el
impuesto a pagar. También impuso sanciones por no informar y por inexactitud. Este
requerimiento fue notificado a la cooperativa, a sus representantes legales y a los
responsables solidarios, por ser miembros del consejo de administración, entre
otros a Víctor Julio Vega Delgado y a Hollmann Eduardo Rivera Tarazona.

El 4 de marzo de 2019, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión
0424120190000053, en el mismo sentido que el requerimiento especial, notificada
a la contribuyente y a Hollmann Eduardo Rivera Tarazona y a Víctor Julio Vega
Delgado, como responsables solidarios.

El 6 de mayo de 2019, los señores Víctor Julio Vega Delgado y Hollmann Eduardo
Rivera Tarazona, en calidad de responsables solidarios, interpusieron recurso de
reconsideración en contra de la liquidación oficial de revisión, atacando

1
Antecedentes Administrativos Parte 1, página 20.
2
Antecedentes Administrativos Parte 3, página 99.
3
Anexos de la demanda, página 1.

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

exclusivamente los aspectos relacionados con la responsabilidad solidaria que se
les imputo4. El 25 de julio de 2019, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos
de la DIAN profirió auto inadmisorio del recurso, frente al cual se interpuso recurso
de reposición. El 05 de septiembre de 2019, la Subdirección de Gestión de Recursos
Jurídicos de la DIAN profirió el auto admisorio por reposición 992232019000014.

El 27 de febrero de 2020 la Administración profirió la resolución
99223202000000195, a través de la cual decidió el recurso, que de fondo sólo se
pronunció sobre los motivos de inconformidad presentados por los responsables
solidarios por ser estos los únicos recurrentes, con lo cual confirmó en todos los
aspectos lo indicado en la liquidación oficial6.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), Víctor Julio Vega Delgado y Hollmann
Eduardo Rivera Tarazona (los demandantes) formularon las siguientes
pretensiones7:
En contra de la accionada DIAN:
7.1. Que se declare la NULIDAD y/o REVOQUE UNILATERALMENTE (sic) Liquidación oficial
de revisión No. 042412019000005 del 4 de marzo de 2019, sus apartes, contenido y
decisión respecto a la responsabilidad solidaria de VÍCTOR JULIO VEGA DELGADO y
HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA.
7.2. Que se declare la NULIDAD y/o REVOQUE UNILATERALMENTE Resolución No.
992232020000019 del 27 de febrero de 2020 acto que resuelve recurso de
reconsideración confirmando liquidación oficial, sus apartes, contenido y decisión
respecto a la responsabilidad solidaria de VÍCTOR JULIO VEGA DELGADO y
HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA.
7.3. Se restablezca el derecho a favor de VÍCTOR JULIO VEGA DELGADO y HOLLMANN
EDUARDO RIVERA TARAZONA, dejando sin efectos legales: Liquidación oficial de
Revisión y la Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración.
7.4. Condena en costas y agencias en derecho en contra de la demandada y a favor del actor.8

A los anteriores efectos, los demandantes invocaron como normas violadas los
artículos 29 de la Constitución Política, 149 de la Ley 79 de 1988; el 161 del Código
General del Proceso; 714 y 794 del Estatuto Tributario; y, en cuanto a doctrina
administrativa, los conceptos DIAN 103722 de 2006 y 103722 de 2015.

Los conceptos de violación de estas normas se resumen a continuación.
4
Antecedentes Administrativos Parte 5, página 12. En el recurso se resalta que «La reconsideración y el presente recurso
de reposición se realiza única y exclusivamente respecto al acápite de RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, el resto de
hechos y fundamentos esbozados para la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN de la declaración privada del
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL AÑO GRAVABLE 2015, no se tendrán en cuenta (…)».
5
Anexos de la Demanda, página 32.
6
Antecedentes Administrativos Parte 5, página 76. En la página 17 de la resolución la DIAN advierte que mediante la
liquidación oficial se rechazaron rubros respecto de los cuales los recurrentes no presentaron argumento alguno o
pronunciamiento en el recurso, puesto que el «Recurso de Reconsideración guarda silencio respecto de todas las glosas,
salvo las relacionadas a la vinculación de los deudores solidarios. Por consiguiente, tales glosas se confirman sin que se
entienda agotada la sede administrativa para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa (…) Se precisa que el
acto objeto de recurso, fue notificado igualmente a la contribuyente COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIALIZADORA
DE COLOMBIA, quien no interpuso recurso de reconsideración.»
7
SAMAI Tribunal. Índice 26. «9_EXPEDIENTEDIGITAL_6800123330002020(.pdf) NroActua 26»
8
La demanda fue subsanada para ajustar la cuantía y los accionados.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Adujeron que la DIAN infringió los derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción al vulnerar múltiples garantías y procedimientos esenciales
durante la actuación administrativa.
En particular, señalaron lo siguiente: (i) no se les notificó correctamente el
requerimiento especial, impidiéndoles ejercer adecuadamente su derecho de
defensa; (ii) la DIAN se negó injustificadamente a suspender el proceso hasta tanto
se resolviera la denuncia penal presentada por ellos, la cual podría haber
demostrado que no existe responsabilidad solidaria en la medida en que no
participaron en la administración de la cooperativa (iii) se invocó de manera abusiva
y con falsa motivación la figura de la responsabilidad solidaria en su caso, toda vez
que no formaban parte de la administración; (iv) se desconoció el artículo 794 del
Estatuto Tributario, ya que ellos no eran parte de la cooperativa, ni como cooperados
ni como administradores; (v) se ignoró deliberada y arbitrariamente la causal
eximente de responsabilidad prevista en el artículo 149 de la Ley 79 de 1988 y (vi)
se negó la práctica de pruebas relevantes en sede administrativa, que habrían
podido esclarecer los hechos y exonerarlos de responsabilidad.
Señalaron que fueron fraudulentamente inscritos como miembros del consejo de
administración de la cooperativa, sin haber tenido vínculo real alguno con dicha
entidad. Explicaron que, las acciones administrativas que podrían intentarse ante la
Cámara de Comercio para corregir el registro mercantil implicarían reconocer una
vinculación inexistente, lo cual contradiría su defensa, y, en todo caso, por temas de
caducidad, ya no era posible atacar el registro ante dicha entidad. Indicaron que
esta falsedad fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la Nación,
seccional Bucaramanga, mediante radicado 20190090259692, pues se trató de una
suplantación con fines ocultos que sólo hasta el 3 de mayo de 2019 lograron
identificar.
Precisaron que dicha falsedad también fue manifestada por el señor Vega en
declaración juramentada rendida ante la DIAN, donde afirmó no haber trabajado
nunca con cooperativas, ni haber sido socio o firmado documento alguno
relacionado con la contribuyente. Recalcaron que no existe prueba, ni siquiera
indiciaria, de que los demandantes hubieran ejercido actos propios del cargo de
miembros del consejo de administración o participado en decisiones de la
cooperativa.
Advirtieron que en su caso no se configuran los requisitos legales ni materiales para
imputar responsabilidad solidaria, por cuanto no fueron miembros del consejo de
administración de la cooperativa, ni participaron en decisiones que generaran
obligaciones tributarias. Sostuvieron que, conforme al artículo 794 del Estatuto
Tributario, la responsabilidad solidaria en materia sancionatoria fiscal requiere no
sólo de la existencia de una relación jurídica con el contribuyente, sino también la
presencia de culpa en la conducta del presunto responsable.
Así, afirmaron que al no haber desempeñado los cargos que la DIAN les atribuye, ni
haber intervenido por acción u omisión en la gestión de la cooperativa, resulta
jurídicamente inexistente la responsabilidad solidaria que se les atribuye. En apoyo
a su argumento, citaron jurisprudencia constitucional que proscribe la
responsabilidad objetiva en el ámbito sancionatorio administrativo, exigiendo que
toda imputación se funde en una conducta culpable9.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-102 de 2015, Exp. D-10349. La Corte reiteró que “en Colombia […] está proscrita toda
forma de responsabilidad objetiva en materia sancionadora” y que las normas deben interpretarse de forma sistemática,
de modo que sólo es admisible sancionar cuando exista culpabilidad debidamente demostrada.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Advirtieron la falta de competencia del funcionario que profirió la liquidación oficial
de revisión. Solicitaron que dentro del proceso se requiera la acreditación formal de
dicha competencia, mediante el acto administrativo de nombramiento y la
constancia de las funciones asignadas. Sostienen que la omisión de este requisito
vulnera el principio de legalidad y afecta la validez del acto administrativo emitido.

Alegaron que el requerimiento especial fue notificado por la DIAN cuando ya había
operado la firmeza de la declaración tributaria. Citaron los artículos 705, 706 y 714
del Estatuto Tributario, según los cuales la declaración queda en firme si no se
notifica el requerimiento especial dentro de los dos años siguientes al vencimiento
del plazo para declarar, salvo que opere alguna de las causales de suspensión.
Explicaron que en este caso la declaración del 2015 tenía como fecha límite de
presentación el 6 de mayo de 2016, por lo que el requerimiento especial debía
haberse notificado a más tardar el 6 de mayo de 2018. Sin embargo, la DIAN expidió
la liquidación oficial de revisión hasta el 4 de marzo de 2019, cuando la declaración
ya estaba en firme, lo que generó pérdida de competencia de la Administración.

También destacaron la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (exp. 22313), en la que se precisó que la notificación por correo de los
actos administrativos requiere no solo el envío a la dirección informada en el RUT,
sino la entrega real y material en dicha dirección. En ese sentido, si la DIAN remite el
correo a la dirección correcta, pero la entrega se efectúa en un lugar distinto, no se
configura válidamente la notificación.

Asimismo, resaltaron que el legislador previó que, si la notificación se realiza a una
dirección distinta a la registrada, debe corregirse el error dentro del término legal
para notificar el acto, sin que ello implique una modificación del término de firmeza
de la declaración.

Agregaron que, si bien la accionada descartó de plano la suspensión de la actuación
administrativa por prejudicialidad, ignoró i) la existencia de una denuncia penal en
contra del contador público, Jairo Acevedo Pico, vinculado a distintas actuaciones
administrativas ante la DIAN, e identificado por varias declaraciones como autor de
infracciones tributarias mediante fraude, engaño y suplantación de identidad; ii) la
ausencia de ellos en las actuaciones administrativas que desplegó la Administración
contra la cooperativa; iii) la falta de individualización y localización física personas
jurídicas involucradas con la contribuyente, cuyo rastro es únicamente fiscal y cuyas
operaciones fueron demostradas como ficticias con el propio recaudo probatorio de
la DIAN; iv) la denuncia penal que habría permitido esclarecer los hechos, ignorando
también las declaraciones administrativas de los actores, quienes negaron tener
participación en las actuaciones de la contribuyente; v) el límite legal de la
responsabilidad solidaria, el cual debió determinarse a prorrata de los aportes o
participación de los asociados en la cooperativa, lo que evidencia la ausencia de
una investigación seria y diligente; y vi) el derecho de defensa, contradicción y
debido proceso, al establecer de forma temeraria y abusiva la responsabilidad
solidaria de ellos sin que tuvieran aportes o participación alguna en la contribuyente.

Asimismo, reprocharon que la DIAN omitiera aplicar el concepto 103722 de 2016,
que exige que la solidaridad se limite estrictamente a los términos señalados en la
ley, es decir, en proporción a los aportes y el tiempo de participación, extremos que
nunca fueron acreditados en este caso.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Oposición de la demanda10

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Argumentó que no se vulneró el derecho al debido proceso de los demandantes,
toda vez que el requerimiento especial fue notificado conforme a las disposiciones
vigentes para la época, en particular, los artículos 555-2, 563, 565 y 568 del Estatuto
Tributario. Precisó que, al haber sido devuelto el correo enviado a la última dirección
registrada en el RUT de los demandantes (responsables solidarios), se procedió
válidamente a realizar la notificación por aviso en el portal web de la DIAN, actuación
que consta en el expediente.

Adujo que no existía norma alguna que facultara a la administración para suspender
los términos del procedimiento administrativo con base en la existencia de una
denuncia penal. Aclaró que acceder a tal solicitud hubiese implicado desconocer el
marco legal, comprometiendo incluso la validez del procedimiento por la eventual
configuración de un silencio administrativo positivo. En este sentido, recordó que los
actos administrativos gozaban de presunción de legalidad mientras no fueran
anulados por la jurisdicción competente, según lo establecía el artículo 88 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sostuvo respecto de la alegación de uso abusivo de la ley para extender la
responsabilidad solidaria, que los demandantes fueron vinculados en los términos
del artículo 794 del Estatuto Tributario, el cual se interpretó correctamente, pues
este establecía que los cooperados respondían solidariamente por los impuestos,
actualización e intereses de la persona jurídica de la que fueran parte, y que dicha
responsabilidad, en el caso de las cooperativas, solo era predicable de aquellos que
se hubieran desempeñado como administradores. Precisó que, estando
demostrado que para el año gravable 2015 los demandantes hacían parte del
consejo de administración de la cooperativa, se configuraron plenamente los
supuestos de hecho y de derecho para su vinculación como responsables solidarios.

Aclaró además que la vinculación se realizó conforme a la circular DIAN 140 de 2004
y a la sentencia C-1201 de 2003 de la Corte Constitucional, las cuales establecían
la necesidad de comunicar las actuaciones a quienes pudieran resultar afectados
en su calidad de solidarios y/o subsidiarios.

Explicó que en los actos demandados no se determinó el monto individual a cargo
de cada cooperado, dado que esta actuación correspondía al procedimiento
administrativo de cobro coactivo, según el artículo 828-1 del Estatuto Tributario.

Precisó que la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 149 de la Ley 79
de 1988 solo es aplicable en materia de vigilancia y control por parte de la
Superintendencia de Economía Solidaria, no en el ámbito tributario. Además, señaló
que en este caso no se acreditaron los presupuestos fácticos necesarios para su
aplicación, pues los demandantes sí participaron en decisiones del consejo de
administración, como lo demostraron las actas obrantes en el expediente.
Respecto a la negativa de practicar ciertas pruebas en sede administrativa, sostuvo
que el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, al ser un documento público que no fue tachado de
falso, constituía plena prueba de la participación de los demandantes en el consejo
10
Samai, Tribunal. Índice 26. «9_EXPEDIENTEDIGITAL_6800123330002020(.pdf) NroActua 26»

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

de administración, y, por tanto, resultaba innecesario practicar pruebas adicionales.
También indicó que el hecho de que la solicitud de pruebas adicionales haya sido
denegada, no es sinónimo de violación del debido proceso, pues la decisión fue
motivada.
Indicó que, aunque los demandantes afirmaron haber interpuesto denuncia penal
por suplantación de identidad en el registro mercantil de la cooperativa, no existía
pronunciamiento alguno de la fiscalía que desvirtuara la validez de los actos
administrativos, por lo que dicha denuncia se limitaba a una simple noticia criminal
sin repercusión procesal. También precisó que, la afirmación según la cual los
señores Víctor Julio Vega Delgado y Hollmann Eduardo Rivera Tarazona no
conocían la cooperativa, ni habían hecho parte del consejo de administración era
contraria a las pruebas obrantes en el expediente.
Explicó que en el expediente también obra copia del acta de reunión del consejo de
administración del 7 de diciembre de 2015, en la que se acredita la participación de
ambos demandantes, incluida la presentación personal del señor Vega ante notaría,
lo cual desvirtuaba la supuesta falta de vinculación con la cooperativa. Adicionó que
las declaraciones rendidas ante la DIAN por terceros, como Roberto Regalado
Sandoval y Robinson Cadena Bueno, confirmaban la participación del señor Vega
en actividades de la cooperativa, tales como el haber sido quien contactó a otros
para asumir roles administrativos. Afirmó que estas declaraciones, confirman su
conocimiento y participación en la actividad de la contribuyente.
Sostuvo que en el expediente consta el acta de reunión del 7 de diciembre de 2015,
con su respectiva nota de presentación personal, y el certificado de existencia y
representación legal donde ambos demandantes figuran como integrantes del
consejo de administración. Añadió que conforme al artículo 26 de la Ley 79 de 1988,
los miembros del consejo de administración tienen la calidad de administradores, y,
por tanto, resultaban legalmente responsables por las obligaciones tributarias de la
cooperativa.
Sobre la supuesta falta de competencia para expedir la liquidación oficial de revisión,
la DIAN señaló que el demandante no desarrolló argumentación alguna y que, en
todo caso, la funcionaria que la suscribió se desempeñaba como Jefe de la División
de Gestión de Liquidación en la Dirección Seccional de Bucaramanga, conforme a
los actos de asignación y prórroga.
Indicó además que, dado que la Cooperativa presentó su declaración de renta del
año gravable 2015 de manera extemporánea (el 5 de octubre de 2016), el término
legal para notificar el requerimiento vencía el 5 de octubre de 2018. Con esto, el
requerimiento emitido el 5 de julio de 2018 y notificado por aviso el 12 de julio de
ese mismo año, estaba dentro del plazo previsto en la ley para evitar la firmeza de
la declaración.
Por último, aclaró que el concepto 103722 de 2006 no fue desconocido, sino que su
aplicación corresponde al proceso de cobro, con lo cual no se vulneró en este caso
el debido proceso al no aplicarlo.
Sentencia apelada11

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas, con
fundamento en lo siguiente:
11
Samai Tribunal. Índice 35.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Explicó que, conforme al artículo 705 del Estatuto Tributario, el requerimiento
especial debía notificarse dentro de los dos años siguientes a la fecha de
presentación extemporánea de la declaración. En este caso, como la Cooperativa
presentó su declaración de renta del 2015 el día 5 de octubre de 2016
(extemporánea), el término para notificar el requerimiento especial vencía el 5 de
octubre de 2018. Así que, cuando la DIAN expidió el requerimiento especial el 5 de
julio de 2018 y lo notificó el 12 de julio del mismo año, cumplió con el plazo legal.

Frente a la validez de la notificación, el Tribunal explicó que, de acuerdo con los
artículos 565 y 568 del Estatuto Tributario, las actuaciones debían notificarse a la
dirección informada en el RUT. En este caso, las notificaciones enviadas a los
señores Rivera Tarazona y Vega Delgado, como responsables solidarios, fueron
devueltas por causales atribuibles a ellos (como dirección incompleta, desocupado
o desconocido), por lo que era procedente acudir entonces a la notificación por aviso,
a través de la página web de la DIAN. En consecuencia, sostuvo que se respetó el
debido proceso y descartó cualquier nulidad por falta de notificación.

Especificó que la responsabilidad solidaria (artículo 794 del Estatuto Tributario) solo
recae sobre cooperados que se hayan desempeñado como administradores o
gestores de la entidad, y que, obraban en el expediente pruebas como el certificado
de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el RUT, que acreditaban la calidad de
miembros del consejo de administración de los demandantes, con fecha de ingreso
registrada el 9 de diciembre de 2015. Por tanto, consideró que esto permitía vincular
a los mismos como responsables solidarios en los actos demandados.

Respecto de la denuncia penal por falsedad en documento privado allegada durante
el recurso de reconsideración, el Tribunal destacó que a pesar de lo anterior no se
cuestionó la validez del certificado de Cámara de Comercio ni del RUT, y que no se
aportó prueba alguna para acreditar la supuesta suplantación. En ese sentido,
sostuvo que la carga probatoria recaía sobre los apelantes, quienes más allá de
adjuntar la denuncia no la cumplieron.

Finalmente, aclaró que, según el artículo 706 del Estatuto Tributario, las causales
de suspensión del término para notificar el requerimiento especial están
taxativamente definidas, y no incluyen la existencia de una denuncia penal. Por ello,
concluyó que la DIAN actuó conforme a derecho al no suspender el procedimiento
por ese motivo.

En consecuencia, el Tribunal consideró que no hubo vulneración del debido
proceso, que la notificación del requerimiento fue válida, y que la responsabilidad
solidaria estaba debidamente sustentada.

Recurso de apelación12

Los apelantes reprochan la decisión del juez que confirmó su responsabilidad
solidaria con las obligaciones de la cooperativa establecidas en los actos
demandados, porque reiteran que fueron víctimas de suplantación por parte del
contador público Jairo Acevedo Pico. Explicaron que este, abusando de su cercanía
profesional, accedió sin autorización al portal de la DIAN, utilizó sus datos
personales, manipuló el RUT y los vinculó fraudulentamente a la administración de
la contribuyente.

12
Samai Tribunal. Índice 38

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Indicaron que, para el efecto, desde la etapa administrativa interpusieron denuncia
penal contra contador público por abuso de confianza y falsedad en documento
privado, y adjuntaron copia de esta, con el radicado SAN-MCGIT-20190090259692,
la cual estaba relacionada directamente con la cooperativa. Dijeron que también
solicitaron pruebas tendientes a verificar firmas, cotejar identidades y conocer
antecedentes profesionales y judiciales del contador, pero que la DIAN negó su
práctica sin motivación alguna, vulnerando así su derecho de defensa.

Reprocharon igualmente que en la etapa judicial se hiciera caso omiso de la
denuncia penal y sus pruebas, pese a que fueron allegadas con la demanda y
reposan en el expediente electrónico, siendo pertinentes para desvirtuar su
vinculación con la cooperativa. Alegaron que ellos no han sido asociados,
trabajadores o miembros del consejo de administración, lo cual la DIAN pudo haber
constatado mediante las pruebas que se le solicitaron y fueron omitidas o las que si
constaban en el expediente.

Cuestionaron además las notificaciones realizadas en el trámite administrativo,
pues varias de ellas se efectuaron a direcciones incompletas, desocupadas o
manipuladas por el propio contador denunciado, quien tenía control sobre los datos
del RUT. En su criterio, esa irregularidad afectó su derecho a intervenir
oportunamente en las etapas iniciales del proceso.

Manifestaron que, desde la vía gubernativa, y luego mediante la acción contenciosa,
han solicitado que el contador denunciado sea vinculado formalmente a la actuación
para ser interrogado sobre la suplantación, sin que la Administración ni el Tribunal
hubieran adoptado medidas efectivas en tal sentido. Reprocharon que la sentencia
de primera instancia haya desestimado la denuncia penal y afirmado que no
desplegaron actividad probatoria, desconociendo que la fiscalía es la entidad
competente para investigar este tipo de delitos.

Citaron apartes del recurso de reconsideración donde solicitaron expresamente la
suspensión del proceso administrativo con fundamento en el artículo 161 del Código
General del Proceso, al estar pendiente una decisión penal sobre hechos relevantes
para la determinación de la responsabilidad solidaria.

Por todo lo anterior, solicitan que se revoque la decisión apelada, practicar pruebas
de oficio y esclarecer los hechos reales que dieron origen a la controversia.

Oposición a la apelación

La demandada sostuvo13 que reiteraba lo argumentado a lo largo del debate
procesal, en el sentido de que los actos se ajustaron a todas y cada una de las
normas procesales y sustantivas.

En cuanto a la supuesta suplantación, reiteró que a la fecha de presentación de ese
escrito no existe un pronunciamiento definitivo sobre las denuncias formuladas ante
la fiscalía. Agregó que era contrario a la verdad probatoria del expediente que los
demandante no conocieran a la cooperativa o no hubieran participado como
miembros de su consejo de administración, de acuerdo con el certificado de Cámara
de Comercio (folio 15); el acta de reunión del consejo del 7 de diciembre de 2015
(folio 96 y siguientes), en donde participaron los demandantes, que por demás

13
Samai, índice 19.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

cuenta con diligencia de presentación personal ante notaría; y las declaraciones de
los señores Regalado Sandoval y Cadena Bueno.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del Proceso, los
demandantes tenían la carga de la prueba, para efecto de desmentir el anterior
material probatorio, la cual no ejercieron.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde determinar la legalidad de los actos acusados por medio de los cuales
la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del
año 2015, presentada por COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA, y vinculó como responsables solidarios de las obligaciones allí
establecidas a los demandantes, Víctor Julio Vega Delgado y Hollman Rivera
Tarazona. En este punto debe resaltarse que, el litigio se contrae a establecer la
nulidad de los actos, únicamente en lo que a los responsables solidarios se refiere,
toda vez que, por un lado, sobre estos aspectos fue que se agotó la sede
administrativa, para poder así acudir ante esta jurisdicción, y, por el otro, en primera
instancia los aspectos debatidos se limitaron a aspectos de la responsabilidad
solidaria, y en los mismos términos se planteó la apelación.

Dicho esto, en los términos del recurso de apelación, corresponde establecer lo
siguiente: i) si se presentó una notificación irregular del requerimiento especial; ii) si
hubo indebida valoración probatoria y omisión de pruebas solicitadas; iii) si no
procedía la vinculación de los apelantes como responsables solidarios de la
cooperativa y iv) si ha debido suspenderse el proceso administrativo por efectos de
la denuncia penal.

Cabe resaltar que la Sección no se pronunciará sobre los siguientes aspectos que
no fueron objeto de apelación: la competencia del funcionario para expedir la
liquidación oficial de revisión; la distribución de la solidaridad de los consejeros de
administración según el artículo 794 del Estatuto Tributario, y la condena en costas
en primera instancia.

1. Notificación irregular del requerimiento especial

Los apelantes indicaron que la DIAN omitió notificarles el requerimiento especial de
manera electrónica, personal o por aviso, vulnerando sus derechos constitucionales
de defensa y de contradicción. Cuestionaron que la notificación por correo se haya
dirigido a direcciones incompletas, desocupadas o manipuladas por el contador que
fue denunciado, quien tenía control sobre los datos del RUT. Afirmaron que esta
irregularidad afectó su derecho a intervenir oportunamente en las etapas iniciales
del proceso.

La demandada se opuso a lo indicado por los apelantes, toda vez que procedió a
realizar las notificaciones por correo a las direcciones informadas en los RUT de los
demandantes, vigentes en la época de los hechos, en donde figuraron direcciones
erradas o incompletas, con lo cual, una vez devuelta la notificación por correo del
requerimiento especial y la liquidación oficial, procedió a notificar los mismos a través

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

de publicación en su página web. Resaltó que para la época de las notificaciones no
aplicaba la notificación electrónica.

El Tribunal validó la posición de la DIAN, indicando que el requerimiento especial
proferido el 5 de julio de 2018, fue debidamente notificado a los apelantes, a través
de publicación en la página web de la entidad del día 12 de julio de 2018 y que, por
tal razón, la notificación fue efectuada dentro del período establecido por la ley,
antes de que hubiera operado la firmeza de la declaración privada del 2015 de la
Cooperativa.

Para resolver la controversia, la Sección considera necesario traer a colación las
normas respecto a las notificaciones previstas en el Estatuto Tributario y vigentes para
la época de los hechos:
ARTÍCULO 555-2. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT. El Registro Único Tributario, RUT,
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo
único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta (…)
ARTICULO 563. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES. La notificación de las actuaciones de
la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente
(…)
ARTICULO 565. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o
verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan
sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de
manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier
servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
ARTICULO 568. NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR EL CORREO. Los actos
administrativos enviados por correo, que por cualquier razón sean devueltos, serán notificados
mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal
web de la DIAN que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación personal y,
en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma entidad. La notificación se
entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de
introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se
contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección
de la notificación. (…)

Delimitado el marco jurídico pertinente, se resalta entonces los hechos y pruebas
relevantes para la resolución del caso, así:
• El 5 de octubre de 2016, la cooperativa presentó, de manera extemporánea14, su denuncio
privado del período 2015, con lo cual la firmeza de esa declaración ocurriría hasta el 5 de octubre
de 2018.15
• El 18 de mayo de 2017, la Administración dio apertura a un plan de auditoría 16 dirigido a la
cooperativa, con el fin de verificar la exactitud de los ingresos declarados versus los
reportados por terceros en información exógena, establecer la procedencia de los costos y
deducciones, así como revisar las retenciones en la fuente registradas en la declaración de renta
del 2015, entre otros. Como resultado de la auditoría, el 5 de julio de 2018, la División de
Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
expidió el requerimiento especial 04238201800011, notificado inicialmente por correo a la
contribuyente y sus responsables solidarios. 17
14
En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 2243 de 24 de noviembre de 2015, el
plazo máximo para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 del Contribuyente
vencía el 6 de mayo de 2016, dado que los últimos números de últimos dígitos del NIT del declarante que constaban en
el certificado del Registro Único Tributario (RUT) eran 09.
15
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 1 parte. P 20
16
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 1 parte. Página 56
17
Antecedentes Administrativos Parte 3, página 333 y siguientes, y Antecedentes Administrativos Parte 4, página 33 y
siguientes.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

• Específicamente en cuanto a la notificación a la cooperativa, se observa que la misma se realizó
mediante envío de correo por la empresa Inter Rapídisimo18 a la dirección que figuraba en el RUT
vigente para la época19, DG 16 17 D 53 LT 23 07 del municipio de Girón, Departamento de
Santander, y que fue devuelta por la causal “no existe”.20 Se observa que posteriormente la DIAN
publica y desfija el documento de notificación a través de su página web el día 12 de julio de
2018.21
• A su vez, el requerimiento especial le fue enviado al apelante VÍCTOR JULIO VEGA DELGADO
utilizando la compañía de correos Inter Rapidísimo22 a la dirección registrada en el RUT
vigente para la época (actualizado el 20 de enero de 2014 según se observa en la casilla 61
del mismo23), CR 15 24 51 AP 302 BRR GIRARDOT de la ciudad de Bucaramanga,
Departamento de Santander, Sin embargo, la notificación fue devuelta por el correo por la
causal “Apto Desocupado”.24 Como consecuencia de la devolución, se observa que la DIAN
procedió a publicar y desfijar el documento de notificación el 12 de julio de 2018. 25
• El requerimiento especial también le fue enviado al apelante HOLLMAN EDUARDO RIVERA TARAZONA
por medio del servicio de mensajería de Inter Rapidísimo26 a la dirección registrada en el RUT
vigente para la época (el cual fue actualizado en 19 de agosto de 2014 según se observa en
la casilla 61 del mismo27), CL 100 21 A 14 BRR FONTANA de la ciudad de Bucaramanga,
Departamento de Santander. No obstante, el correo fue devuelto por la causal “falta apto”28,
razón por la cual 12 de julio de 2018 la DIAN procedió a publicar y desfijar el documento de
notificación.29
• El 4 de marzo de 2019, la División de Gestión de Liquidación profirió la liquidación oficial de
revisión 042412019000005, notificada inicialmente a la Cooperativa través de correo (folio
688, Caa), el cual fue devuelto por la causal “No Reside”, y posteriormente mediante
publicación en la página web de la DIAN, el día 20 de marzo de 2019 (folio 689 Caa). La
liquidación oficial también fue notificada por correo a los señores Vega (folios 693 y 694, Caa)
y Rivera (folios 746 a 748, Caa), los cuales fueron devueltos por no residir o dirección errada.
Así, la DIAN, notificó la liquidación oficial a estos responsables mediante publicación en su
página web, los días 7 de marzo de 2019 y 15 de marzo de 2019, según consta en el
expediente (folios 695 y 743 Caa).
• En adición a lo anterior, debe manifestarse que, según se observa en el expediente, en todas
las publicaciones que se usaron como medio de notificación se adjunta el acto administrativo
correspondiente.

Con base en lo anterior la Sección concluye que la DIAN notificó debidamente el
requerimiento especial a los apelantes, esto es dentro de los dos años siguientes a la
fecha de presentación extemporánea de la declaración del impuesto de renta y
complementarios del año 2015 de la cooperativa, lo cual ocurrió el 12 de julio de 2018,
mediante la fijación y desfijación en cartelera del documento de notificación, en razón
a que la notificación que se pretendió hacer inicialmente mediante sistema de correo
autorizado fue devuelta, dado que las direcciones que se encontraron en los RUT de
los apelantes, vigentes para la época de las notificaciones, estaban erradas o
incompletas.

De esta manera la declaración de renta de la contribuyente no estaba en firme a la
fecha de notificación de la liquidación oficial de revisión, ni para la contribuyente ni
para los apelantes, y dado que la notificación del requerimiento especial se efectuó

18
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 3 parte, página 183.
19
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 2 parte, página 236.
20
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 3 parte. P 184
21
Ibidem. P 187. Así se observa en el documento que corresponde a la página web de la DIAN, en donde se indica:
“Fijado en cartelera”.
22
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 3 parte. P 333
23
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 3 parte. P 86
24
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 3 parte. P 336
25
Ibidem. P 337
26
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 4 parte. P 33
27
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 2 parte. P 239
28
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 4 parte. P 34
29
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 4 parte. P 36

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

siguiendo el procedimiento establecido en caso de devolución de notificaciones por
correo, no es dable concluir que la declaración privada se encontraba en firme, ni que
hubo una violación al derecho de defensa o al derecho de contradicción, pues la
Administración siguió el procedimiento que indica la ley para notificar ese acto.

Para los anteriores efectos, se resalta que, para la época del requerimiento especial
emitido contra la contribuyente y a los apelantes, no estaba vigente la notificación
electrónica, dado que esta solo fue formalmente implementada mediante la
Resolución 000038 del 30 de abril de 2020, con lo cual no procede lo alegado por los
apelantes en este sentido.

Así mismo, no es de recibo que no era válido enviar la notificación por correo al RUT
porque los datos de los apelantes en dicho registro eran manejados o administrados
por un tercero, toda vez que la responsabilidad de inscribirse y actualizar la
información en el Registro Único Tributario está en cabeza de cada contribuyente o
responsable (artículo 612 Estatuto Tributario).

En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.

2. Indebida valoración probatoria e indebida vinculación de los
responsables solidarios

Dado que el cargo relativo a la indebida vinculación de los apelantes como
responsables solidarios por las obligaciones tributarias de la cooperativa está
directamente relacionado con la alegada indebida valoración del material probatorio
que obra en el expediente, la Sección analizará los cargos de manera conjunta.

Sobre lo anterior, los apelantes afirmaron haber sido indebidamente vinculados
como responsables solidarios por las obligaciones tributarias de la cooperativa
correspondientes al año fiscal 2015, toda vez que alegan no haber formado parte
de su administración, ni tener vínculo alguno con dicha entidad. Además, alegan
que fueron objeto de suplantación, lo cual denunciaron penalmente cuando ellos
evidenciaron que sus nombres fueron inscritos, sin consentimiento, como miembros
del consejo de administración de la cooperativa. Sostienen que la DIAN omitió
valorar esta falsedad y violó su derecho de defensa al negar la suspensión del
proceso administrativo cuando existía una denuncia penal.

Reprochan que se haya invocado de forma arbitraria el artículo 794 del Estatuto
Tributario, dado que faltó prueba de vínculo entre ellos y la cooperativa, y de su
supuesta actuación culposa. Además, enfatizan que se desconocieron pruebas
aportadas y se negó la práctica de otras, que habrían permitido esclarecer los
hechos y evidenciar que ellos no eran miembros del consejo de administración, lo
que, en su concepto, vicia de nulidad la actuación administrativa por falta de
valoración probatoria.

La DIAN precisó que sí valoró adecuadamente el acervo probatorio disponible y que
este demuestra la participación de los señores Vega y Rivera como miembros del
consejo de administración de la cooperativa. Destaca que obran en el expediente
documentos públicos, como el certificado de existencia y representación legal y un
acta de reunión del consejo con nota de presentación personal ante notaría, que
además no fueron tachados de falsos. Adicionalmente, citó declaraciones rendidas
ante la DIAN por otros miembros del consejo, que vinculan expresamente al señor
Vega con actividades de la cooperativa.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

La demandada sostiene que los anteriores elementos desvirtúan los cargos de los
apelantes, entre estos la supuesta suplantación. Respecto de la denuncia penal,
considera que se trata de una mera noticia criminal sin efectos jurídicos sobre el
procedimiento administrativo, por lo que no era procedente suspender la actuación
ni descartar la responsabilidad solidaria de los demandantes con base en dicha
denuncia.
El Tribunal consideró que le asistía la razón a la DIAN, pues estaba demostrado en
el expediente que los señores Víctor Julio Vega Delgado y Hollmann Eduardo Rivera
Tarazona integraban el consejo de administración de la cooperativa para el año
2015, especialmente con base en el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el RUT, ambos documentos
públicos que registran su designación con fecha de ingreso del 9 de diciembre de
2015. En consecuencia, concluye que se encontraban legalmente facultados para
ser declarados responsables solidarios.
Para efectos de decidir este asunto, en el acervo probatorio se encuentra la
siguiente evidencia:
1) Certificado de existencia y representación legal – entidad sin ánimo de lucro de Cooperativa
Multiactiva Comercializadora de Colombia 30. Este documento:
«certifica que por acta No. 06 de 2016/01/12 de Consejo de Administración Extraordinaria
inscrita en esta Cámara de Comercio el 2016/01/28 bajo el No. 4788 del Libro 3, consta:
Cargo: Gerente
Nombre: Regalado Sandoval Roberto Antonio
Doc. Ident.: C.C. 1.098.731.133

Se certifica que por acta No. sin número de fecha 2015/09/08 de Asamblea Extraordinaria de
Asociados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2015/12/09 bajo el No. 4694 del Libro 3,
consta:
Consejo de Administración – Principales:
Carrillo Rodríguez Herley Mauricio – C.C. 1.095.788.307
Rivera Tarazona Hollmann Eduardo – C.C. 1.098.635.399
Vega Delgado Víctor Julio – C.C. 915.328.41»
2) Diligencia de declaración juramentada rendida por: Roberto Antonio Regalado Sandoval ante
la Direccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 31
«PREGUNTADO: ¿Conoce y laboró para la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de
Colombia y por cuántos años?
CONTESTADO: Trabajé durante 1 año, desde enero de 2016, hasta la fecha, donde se deja
constancia que la Cooperativa a mi cargo nunca tuvo actividad alguna, pues el RUT estaba
suspendido. (…)
PREGUNTADO: ¿Cómo llegó a prestar sus servicios en la Cooperativa Multiactiva
Comercializadora de Colombia?
CONTESTADO: Un amigo me presentó en la Cooperativa (Víctor Julio Vega), pero realmente
Jairo Acevedo Pico, su teléfono es 3158240246 y trabaja al frente en el edificio García Rovira
oficina 206, es quien se encarga de realizar todo lo relacionado con la empresa. Creo que el
dueño real de la cooperativa es el señor Julián Cano, pero no aparece ni responde el celular.
Su número telefónico es 3192377031, creo que al igual que Jairo son contadores.»
3) Acta de reunión de miembros de consejo de administración de la entidad Cooperativa
Multiactiva Comercializadora de Colombia, del 7 de diciembre de 2015, en la que se menciona
como miembros del consejo a las siguientes personas: Carrillo Rodríguez Herley Mauricio,
Rivera Tarazona Hollman Eduardo, Vega Delgado Víctor Julio32. Esta acta cuenta con
diligencia de presentación personal de este último señor, ante la Notaria 8 de Bucaramanga33.
30
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 1 parte. P 28
31
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 2 parte. P 107.
32
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 1 parte. P 133.
33
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 1 parte. P 134.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

4) Copia del Registro Único Tributario de la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de
Colombia, en la que Rivera Tarazona Hollman Eduardo y Vega Delgado Víctor Julio figuran
en la página 5, registrados como socios y/o miembros de juntas directivas34.

5) Diligencia de (declaración juramentada o testimonio) rendida por: Víctor Julio Vega Delgado
el 5 de marzo de 201835; ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Bucaramanga, en la que se lee:
«PREGUNTADO: ¿Conoce y laboró para la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de
Colombia, y por cuántos años?
CONTESTADO: no nunca yo nunca he trabajado para ninguna cooperativa, tampoco he sido
socio de ninguna empresa. Jamás he firmado ningún documento relacionado con ninguna
empresa
PREGUNTADO: ¿Cuál es o era la actividad económica realizada por la Cooperativa
Multiactiva Comercializadora de Colombia?
CONTESTADO: No, no conozco nada de esa cooperativa.»
6) Diligencia de (declaración juramentada o testimonio) rendida por Robinson Cadena Bueno el
14 de febrero de 201836 ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Bucaramanga, en la que se lee:
«PREGUNTADO: ¿Conoce y laboró para la Cooperativa Multiactiva Comercializadora de
Colombia, y por cuántos años?
CONTESTADO: A mí me contactó el señor Víctor Vega, me informó que necesitaba un
representante legal para una cooperativa y me llevaba a hacer diligencias a la Cámara de
Comercio, a las notarías, y a otras entidades, donde siempre me solicitaban la cédula. Me dijo
que me aprendiera la dirección donde estaba supuestamente ubicada la cooperativa y el NIT,
por si me lo preguntaban, así como un número de teléfono fijo, para que no me corcharan.
Nunca laboré allá porque supuestamente todo eran trámites, y pasados dos meses solicité
que me sacaran de esa cooperativa como representante legal, porque nunca me pagaron
nada.»

7) Copia de la denuncia penal con número de asignación SAN-MCGIT - No. 20190090259692,
instaurada por los señores Víctor Julio Vega Delgado y Holman Eduardo Rivera contra el señor
Jairo Acevedo por el delito de abuso de confianza.

8) Copia de la denuncia penal con numero de asignación SAN-ASIG - No. 20180090423452,
instaurada por el señor señores Víctor Julio Vega Delgado contra terceros indeterminados por
el delito de falsedad en documento privado.

9) Copia de la denuncia penal con numero de asignación SAN-ASIG - No. 20180090423462,
instaurada por el señor Víctor Julio Vega Delgado contra el señor Jairo Acevedo Pico, por el
delito de abuso de confianza.

10) Se observa en los autos de las audiencias del 23 y 29 de marzo de 2022, que el Tribunal ofició
a la Fiscalía para que informara del estado de las tres denuncias anteriores, indicándole al
abogado de la parte demandante que adelantara las gestiones correspondientes.

11) Copia de la solicitud de información del estado de las investigaciones adelantadas con ocasión
de las denuncias anteriores interpuestas por los señores Víctor Julio Vega Delgado y Holman
Eduardo Rivera contra el señor Jairo Acevedo Pico, presentada por el apoderado de los
demandantes ante la Fiscalía General de la Nación, Bucaramanga, el 7 de abril de 2022.

12) Correo electrónico del 25 de abril de 2022, en donde la Fiscalía General de la Nación le señala
que «Atentamente me permito remitir que el proceso 680016008828201802690 fue archivado
el 27/07/2018 por Conducta Atípica, por la Fiscal Andrea Julieth Reyes » Esto fue puesto en
conocimiento de las partes por parte del Tribunal, de acuerdo con el auto del 18 de noviembre
de 2022.37

34
Samai Tribunal. Índice 26. Antecedentes Administrativos 2 parte. P 117.
35
Ibidem. P 161
36
Ibidem. P 143
37
Esto reposa en Samai del tribunal, índices 24 al 26.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, la Sección aclara que no es del resorte
de las autoridades fiscales ni de los jueces administrativos analizar conductas
tipificadas como punibles en la legislación penal aun cuando estas tengan conexión
con los hechos del proceso administrativo; por lo tanto, no le corresponde vincular
a este proceso al señor Jairo Acevedo Pinto, como lo indican los demandantes, los
cuales lo acusaron por suplantación de identidad y abuso de confianza.

En segundo lugar, se precisa que uno de los artículos que establece responsabilidad
solidaria en materia fiscal es el 794 del Estatuto Tributario, que reza lo siguiente:
Art. 794. Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad.
En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y
consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios,
copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o
participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el
respectivo período gravable. (…)

PARÁGRAFO. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el
presente artículo sólo es predicable de los cooperadores que se hayan desempeñado
como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad
cooperativa. (Énfasis propio)

De acuerdo con lo anterior, para vincular responsables solidarios a un proceso de
determinación de impuestos en cooperativas, la Administración debe comprobar
que aquellos que se vinculen, notificando debidamente los actos que correspondan,
formaron parte de la administración de la respectiva cooperativa durante el período
de los hechos que son objeto de investigación o del proceso administrativo.

En línea con esto, en el certificado de existencia y representación de la cooperativa
que obra en el expediente, con fecha de última renovación el 23 de junio de 2016,
se certifica que según acta de la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada
el 8 de septiembre de 2015, inscrita en esa Cámara de Comercio el 9 de diciembre
del mismo año, bajo el número 4694 del Libro 3, los señores Hollmann Eduardo
Rivera Tarazona, y Víctor Julio Vega Delgado, son miembros principales del consejo
de administración. Con base en esto la DIAN procedió hacer la vinculación de los
demandantes como responsables solidarios, notificándolos de los actos
administrativos, todo a partir de la emisión del requerimiento especial.

Ahora bien, los apelantes solicitaron a la DIAN que oficiara a la Cámara de Comercio
de Bucaramanga para que allegara copias de las actas en las que ellos fueron
nombrados miembros del consejo de administración de la cooperativa y oficiara a la
contribuyente para que remitiera copia del libro de actas donde constara ese mismo
nombramiento, solicitud que la DIAN desestimó por considerarla innecesaria.

Sobre lo anterior, nótese que según el artículo 86 del Código de Comercio,
corresponde a las cámaras de comercio, entre otras funciones, llevar el registro
mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos. A su vez, el
artículo 26 de la misma normativa prevé que el registro mercantil tendrá por objeto
llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así
como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales
la ley exigiere esa formalidad. También se señala en este código que el registro
mercantil será público.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Además, las actas de los órganos sociales y de administración de las sociedades y
entidades sin ánimo de lucro, así como sus extractos y copias autorizadas por el
secretario o por el representante de la respectiva persona jurídica, que
precisamente deben registrarse ante las cámaras de comercio, por lo que se
presumen auténticas mientras no se compruebe lo contrario, esto es mediante
declaración de autoridad competente en tal sentido. 38

De acuerdo con lo descrito, los certificados expedidos por las cámaras de comercio
tienen plena validez probatoria, esto es, son conducentes, pertinentes y eficaces
para dar prueba de los hechos consignados en los mismos, por ejemplo, respecto
de quiénes son miembros del consejo de administración de una cooperativa, como
lo es contribuyente, información que fue registrada por la respectiva cámara de
comercio con base en las actas aportadas por la entidad interesada, en este caso,
la COOPERATIVA MULTIACTIVA COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA.

Por ende, era evidente que para la DIAN el certificado de Cámara de Comercio era
prueba suficiente para verificar cuales eran los miembros del consejo de
administración de esa entidad, sin que para ella fuera obligatorio solicitar pruebas
adicionales (el certificado gozaba de una presunción de legalidad), por lo cual no
haber ejecutado la solicitud de los demandantes de oficiar a terceros no puede
considerarse como una violación al debido proceso.

Adicionalmente, la información del certificado de Cámara de Comercio coincide con
la información que figura en el RUT de la contribuyente vigente en la época de los
hechos, dado que en la página 5 de este documento se observa que los señores
Hollman Eduardo Rivera Tarazona y Víctor Vega figuran como socios y/o miembros
de juntas directivas.

Aunado a lo anterior, obra en el expediente el acta de reunión de los miembros del
consejo de administración de la cooperativa, celebrada el 7 de diciembre de 2015,
en la que de igual manera figuran presentes los apelantes como miembros del
consejo de administración, acta que no fue tachada de falsa y que además cuenta
con diligencia de presentación personal por parte del señor Vega ante notario
público.

Del anterior material probatorio, es claro que había evidencia suficiente para concluir
que los demandantes eran miembros del consejo de administración de la
cooperativa, con lo cual no era forzoso para la Administración solicitar nuevas
pruebas a fin de corroborarlo. Sin perjuicio de esto, considerando que, en la
declaración juramentada realizada ante la DIAN, el señor Víctor Vega respondió
(diligencia del 5 de marzo de 2018) que no había trabajado en la cooperativa y que
no conocía nada de la misma, lo cierto es que ese testimonio se ve desvirtuado no
sólo con las anteriores pruebas, sino con los testimonios de los señores Roberto
Regalado y Robinson Cadena, que coinciden en que Víctor Vega fue la persona que
los contactó o los presentó en la cooperativa. Además, según el testimonio del señor
Cadena, este asegura haber acompañado a señor Vega atender varias diligencias
relacionadas con la contribuyente.

Obsérvese además que, salvo por la copia de las denuncias presentadas por los
demandantes contra el señor Acevedo Pinto y la petición de solicitar pruebas que le
hicieron a la Administración, no hay otra evidencia que pruebe lo indicado por ellos,
esto es que fueron registrados como administradores en contra de su voluntad en
38
Artículo 42 Ley 1429 de 2010.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

la Cámara de Comercio, el RUT y las actas de la cooperativa, tales como
declaraciones de terceros que corroboraran la falta de vinculación con esa entidad,
o pruebas tendientes a demostrar que el 7 de diciembre de 2015 se encontraban en
un lugar diferente a donde se ejecutó la reunión a la que asistieron, según las
pruebas documentales. Es en este sentido que se entiende incumplida la carga de
la prueba, toda vez que, no debe perderse de vista que, quien alega un hecho a su
favor está en obligación de comprobarlo (artículo 167 del Código General del
Proceso).

Así mismo, no se observa que la Administración estuviera en una mejor posición
probatoria para efectos de comprobar lo indicado por los apelantes, que se reitera
es que ellos fueron vinculados y/o registrados como administradores de la
contribuyente en contra de su voluntad, con lo cual no era procedente redistribuir la
carga probatoria.

Además, obsérvese que con el recurso de apelación no se presentaron o solicitaron
pruebas de hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad de pedir
pruebas en primera instancia (artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), como por ejemplo aspectos
relacionados con las denuncias penales u otros hechos sobre la supuesta
suplantación, que permitieran concluir aspectos diferentes a los ya descritos.

De todo lo anterior queda claro porque entonces, bajo el análisis de la sana crítica,
la DIAN y el Tribunal consideraron que estaba suficientemente acreditada la calidad
de los demandantes como miembros de la administración de la Cooperativa,
aspecto con el cual coincide la Sección, con lo cual jurídicamente era posible
vincular a los demandantes como responsables solidarios.

Por lo anterior, no proceden los cargos.

3. Suspensión del proceso administrativo y prejudicialidad
Respecto de las denuncias instauradas por los apelantes, que se refiere a las actas
de la Cooperativa, y la solicitud que le hicieron a la DIAN de suspensión del proceso
administrativo, siguiendo el artículo 161 del Código General del Proceso, es de notar
que las autoridades fiscales solo pueden suspender el término para resolver el
recurso de reconsideración en los siguientes eventos, previstos en el artículo 733
del Estatuto Tributario:
i) Inspección tributaria solicitada por el contribuyente: la suspensión opera mientras
dure la inspección.

ii) Inspección tributaria practicada de oficio: la suspensión se extiende hasta por tres (3)
meses, contados a partir de la notificación del auto que la ordena

De esta manera, no era factible lo solicitado por los demandantes, esto es que la
DIAN suspendiera el proceso administrativo con la denuncia antes indicada.

De otra parte, en cuanto a la prejudicialidad en el proceso contencioso
administrativo, la Sección se ha referido en otras ocasiones a esto, así:
De acuerdo con el artículo 161 y siguientes del CGP, el juez decretará la suspensión del
proceso, a solicitud de parte y previo a la emisión de sentencia de segunda instancia, cuando
el asunto en litigio dependa directa y necesariamente de lo que se decida en otro proceso
judicial. Al efecto, el artículo 162 ibidem señala como requisitos para su decreto: (i) prueba de

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

la existencia del otro proceso y, (ii) que la actuación judicial que se pretenda suspender se
encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia. (…). 39

Es decir, la prejudicialidad constituye una institución procesal orientada a preservar
la coherencia del orden jurídico, mediante la suspensión del trámite de un proceso
judicial —ya sea en sede de única o de segunda instancia— que se halle en estado
de proferir sentencia, cuando la decisión de fondo depende de lo que se resuelva
en otro proceso, aun si este pertenece a una jurisdicción distinta, como la penal.
Esta figura busca prevenir la existencia de fallos contradictorios y garantizar la
armonía entre decisiones judiciales interdependientes.

De acuerdo con lo anterior, si bien los apelantes han insistido durante todo el
proceso, incluso en la apelación, en que presentaron denuncias penales respecto
de hechos que podrían corroborar que ellos fueron vinculados como
administradores del consejo de la cooperativa en contra de su voluntad, por efectos
de falsedad en documento privado y abuso de confianza, lo cierto es que una vez
el Tribunal ofició a la Fiscalía General de la Nación para que se informara el estado
del trámite de dichas denuncias, ese órgano indicó que el proceso se había
archivado porque se determinó que la conducta era atípica. Así mismo, con la
presentación del recurso los apelantes no presentaron o solicitaron pruebas nuevas
y procedentes en sede de segunda instancia en relación con la existencia de otros
procesos judiciales, con lo cual no se comprueba la existencia de otro proceso que
permita entonces aplicar la figura de la prejudicialidad para efectos de esta
instancia.

Se concluye entonces que, en el marco de la valoración probatoria realizada durante
las etapas administrativa y judicial, la actuación de la Administración se ajustó a
derecho, en la medida en que la vinculación de los apelantes se sustentó en
documentos auténticos, coincidentes y no desvirtuados, sin que la denuncia penal
promovida con posterioridad tuviera efectos suspensivos sobre la actuación
administrativa, ni desvirtuara la presunción de legalidad de los documentos que
soportaron la decisión, o permitiera aplicar la figura de la prejudicialidad.

Costas

Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias
en derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente,
requisito indispensable para su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de enero de 2023,
por el Tribunal Administrativo Oral de Santander.

2. Sin condena en costas en esta instancia
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 5 de julio de 2018, magistrado ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez, rad. 25000-23-37-000-2014-01217-01(22608),

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001233300020200095701(28277)
Demandante: HOLLMANN EDUARDO RIVERA TARAZONA Y OTROS

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.