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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2021-00048-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 68001-23-33-000-2021-00048-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 10 de julio de 2023. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 68001-23-33-000-2021-00048-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de abril de 2024

Radicado: 68001-23-33-000-2021-00048-01 (28123)
Demandante: Juscelino Badillo Luna

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 68001-23-33-000-2021-00048-01 (28123)
Demandante JUSCELINO BADILLO LUNA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Cobro coactivo. Responsabilidad solidaria de los cooperados.
Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 10 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que decidió:
«PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos
correspondientes a la Resolución N°20200313000440 del 26 de junio de 2020, y
la Resolución N°20200311000668 del 09 de septiembre de 2020, proferidas por
la DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS (sic) - DIAN de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la responsabilidad a cargo
del, (sic) señor JUSCELINO BADILLO LUNA, corresponde al 20% del monto de
las obligaciones que constan en el mandamiento de pago N°20200304000161 de
fecha 31 de enero de 2020.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga de la Dirección
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) inició un
procedimiento de cobro coactivo en contra de la Cooperativa de Servicios Petroleros
J’S Ltda. Mediante auto del 20 de abril de 2017, dicho trámite fue suspendido porque
el Juzgado Séptimo Civil de Circuito de Bucaramanga admitió la solicitud del
proceso de reorganización, mediante providencia del 9 de febrero de 2016.

Luego, la autoridad tributaria profirió el Mandamiento de Pago Nro.
20200304000161 del 31 de enero de 2020 en contra de Juscelino Badillo Luna como
deudor solidario de la cooperativa, en la proporción del 25%, con el fin de obtener
el pago de las liquidaciones privadas correspondientes al impuesto sobre la renta y
complementarios (2016), del impuesto a la riqueza (2015, 2016 y 2017) y del
impuesto sobre las ventas (2015 -periodos 1, 2, 3, 5, 6-; 2016 -periodos 1, 2, 6-;
2017 -periodos 1, 2, 3, 4, 5-), por un valor total de $1.092.353.250.

1 Índice 25 Samai Tribunal, Página 12.
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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00048-01 (28123)
Demandante: Juscelino Badillo Luna

El deudor solidario propuso la excepción de indebida tasación de la deuda. La DIAN,
mediante la Resolución Nro. 20200313000440 del 26 de junio de 2020, puso de
presente que la participación del deudor solidario en la cooperativa es del 20%, pero
debido a que no pueden quedar valores insolutos y que los administradores no
poseían el 100% de la entidad contribuyente, consideró que Juscelino Badillo Luna
tiene a cargo el 38% de la deuda. En consecuencia, declaró probada parcialmente
la excepción y determinó que la obligación del demandante es de $1.660.376.940.

El actor presentó recurso de reposición contra la anterior decisión. Pero la autoridad
tributaria la confirmó con la Resolución Nro. 20200311000668 del 9 de septiembre
de 2020.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución N°20200313000440 del 26 de junio de 2020, notificada mediante correo, el
día 07 de julio de 2020, que fue proferida por la División de Gestión de Recaudo y
cobranzas de la Dirección Seccional de impuestos (sic) y Aduanas de Bucaramanga; a
través de la cual se resolvió la excepción propuesta contra el Mandamiento de pago
N°20200304000161 de fecha 31 de enero de 2020, declarándose parcialmente probada
la indebida tasación de la deuda, modificándose la liquidación de la misma.
2. Resolución N°20200311000668 del 09 de septiembre de 2020, notificada mediante
correo electrónico, el día 10 de septiembre de 2020, que fue proferida por la División de
Gestión de Recaudo y cobranzas (sic) de la Dirección seccional de impuestos y aduanas
(sic) de Bucaramanga; a través de la cual se confirmó la Resolución N°20200313000440
del 26 de junio de 2020; agotándose en consecuencia, la actuación administrativa
relativa a los recursos previstos en la ley.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, se modifique el mandamiento de pago librado en contra de mi representado, a
efectos de ajustarlo a su participación porcentual dentro de la COOPERATIVA DE SERVICIOS
PETROLEROS J’S LTDA en Reorganización, identificada con Nit.804.010.542-1 y en todo
caso, al valor total de sus aportes sociales, en calidad de cooperado administrador.
TERCERA: Condénese a la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES-DIAN- DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE
BUCARAMANGA, al pago de las costas procesales, en caso de aparecer causadas».

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 9 de la Ley 79 de
1988, 794 del Estatuto Tributario, y 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los cargos de nulidad se resumen a continuación:

Señaló que la DIAN efectuó una indebida tasación del monto de la deuda, por lo
que contrarió el artículo 794 del Estatuto Tributario y desconoció la responsabilidad
limitada de los asociados de las cooperativas, conforme con el artículo 9 de la Ley
79 de 1988.

2 Samai, índice 2, PDF de la demanda y sus anexos, páginas 2 a 3.
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Demandante: Juscelino Badillo Luna

Sostuvo que el Mandamiento de Pago Nro. 20200304000161 del 31 de enero de
2020 determinó la obligación en $1.092.353.250, correspondiente al 25% de las
obligaciones tributarias de la Cooperativa de Servicios Petroleros J’S Ltda., sin tener
en cuenta que la participación del deudor solidario era solo del 20%, hecho que era
plenamente conocido por la DIAN. Además, precisó que su responsabilidad solidaria
estaba limitada a prorrata por sus aportes, por lo que el cobro no podía superar el
valor de $254.774.918.

Afirmó que presentó excepción de indebida tasación de la deuda, lo que dio lugar a
que, a pesar de que la Resolución Nro. 20200313000440 de 2020 la declaró
parcialmente probada, aumentó el porcentaje de responsabilidad del 25% al 38%.

Indicó que, con lo anterior, la Administración cambió la responsabilidad del
demandante de solidaria, en proporción a su participación, a ilimitada, justificada
erróneamente en el presunto detrimento al patrimonio de la Nación por la existencia
de saldos insolutos de obligaciones tributarias de la deudora principal o valores no
cubiertos por los administradores de la cooperativa.

Destacó que la DIAN calculó el porcentaje de responsabilidad solidaria de cada
socio administrador con la finalidad de cubrir el valor total de la deuda,
determinándola para su caso en $1.660.376.940 más intereses. Así, la confirmación
de la anterior decisión con la Resolución Nro. 20200311000668 desconoció el
principio de limitación de la responsabilidad, así como lo establecido en el artículo
794 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 108 de la Ley 488 de 1998.

Finalmente, sobre la responsabilidad solidaria de los socios y asimilados en materia
tributaria, transcribió apartes de las Sentencias C-210 de 2000 y C-1201 de 2003 e
insistió en que no procedía una orden de pago que supere el porcentaje de
participación social del demandante.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda, de conformidad con los
siguientes argumentos:

Indicó que el artículo 794 del Estatuto Tributario establece la responsabilidad
solidaria de los cooperados que se hayan desempeñado como administradores o
gestores de la entidad cooperativa a prorrata de sus aportes. Así, precisó que la
expresión “a prorrata” hace referencia a la proporción en la que cada persona tiene
derecho de acuerdo con el aporte realizado. En consecuencia, de conformidad con
la participación del demandante, debe responder por el 38% de $4.369.413.000
(monto adeudado por la cooperativa), lo cual corresponde a $1.660.376.940.

Explicó que el artículo 26 de la Ley 79 de 1988 contempla que la administración de
las cooperativas está a cargo del Consejo de Administración y el gerente. En este
caso, el certificado de Cámara de Comercio de Bucaramanga demuestra que el
actor es el representante legal de la entidad cooperativa desde el 12 de enero de
2001. De igual modo, el certificado de contador público acredita que su participación
era del 20%.

Manifestó que la participación de todos los administrados para los años 2015 a 2017
correspondía solo al 52,64% de la cooperativa. Empero, destacó que ellos son
solidariamente responsables del 100% del pago de tributos del ente, de tal modo

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Demandante: Juscelino Badillo Luna

que no se puede limitar al 52,64% de sus participaciones, pues quedaría un saldo
insoluto de $2.069.354.000 que equivale al 47,36% restante. Así las cosas, sostuvo
que la obligación a cargo de Juscelino Badillo Luna es del 38%, lo cual se determina
con la siguiente regla de tres:

100% ∕ 52.64% = X ∕ 20%
(20% × 100%) ∕ 52,64% = X
38% = X

Adujo que lo anterior desvirtúa el argumento del demandante, pues su
responsabilidad no se limita a los aportes efectuados por valor de $254.774.918, ya
que el artículo 794 del Estatuto Tributario dispone una responsabilidad a prorrata,
esto es de forma proporcional a la deuda dividida entre los deudores solidarios.

Señaló que, en gracia de discusión, si el artículo 9 de la Ley 79 de 1988 establece
una responsabilidad limitada a los aportes, se debe aplicar el artículo 794 referido
por ser una norma especial y posterior, pues corresponde a las modificaciones de
las Leyes 488 de 1998 y 863 de 2003.

Advirtió que de considerar aplicable la tesis del demandante se da lugar a que el
porcentaje de la deuda que corresponda a cooperados no administradores jamás
sería objeto de cobro, situación que desconoce el deseo del legislador.

Refirió que el régimen de responsabilidad solidaria señala que el cooperado debe
responder por el pago de los impuestos al lado de la sociedad, sin que implique una
responsabilidad ilimitada, se reduce la responsabilidad a una parte proporcional que
le corresponde a cada partícipe, para lo cual citó la Sentencia C-210 de 2000.

Finalmente, la DIAN solicitó que se condenara en costas a la parte demandante,
para lo cual señaló que las agencias en derecho no requieren de prueba porque se
causan por la sola comparecencia al proceso judicial y las gestiones adelantadas
por el apoderado, de tal modo que su determinación debe atender solo a las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Sentencia apelada

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en las siguientes consideraciones:

El a quo llevó a cabo un breve resumen de la normativa y jurisprudencia3 aplicable
a la responsabilidad solidaria de los socios por impuestos. Además, expuso los
hechos probados y destacó que no es objeto de discusión que el demandante fue
administrador de la cooperativa deudora entre los años 2015 a 2017 y que su
participación fue del 20%.

Señaló que la tesis expuesta en los actos acusados es que la responsabilidad de
los cooperados administradores debe ser ilimitada para cobrar el valor total de la
deuda. Empero, en aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado 4 y del

3 Citó las Sentencias C-210 de 2000 de la Corte Constitucional; del 22 de julio de 2021, exp. 25261 (no
identificó al ponente); y del 21 de octubre de 2021, exp. 25559 (no identificó al ponente), del Consejo de
Estado.
4 Concretamente invocó la sentencia del 9 de febrero de 2023, expediente 26949, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
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artículo 794 del Estatuto Tributario, la responsabilidad en estos casos es limitada a
su participación.

Indicó que lo anterior da lugar a la nulidad parcial de los actos acusados y que, a
título de restablecimiento del derecho, se ordene tasar la deuda a cargo del actor
conforme con su participación, es decir que la obligación no puede superar del 20%
del valor total de la deuda.

Precisó que no es posible limitar su responsabilidad al valor de su capital social,
debido a que la jurisprudencia es clara en referir que la liquidación de la obligación
es sobre el total de la deuda y el porcentaje de participación, por lo que negó esta
pretensión.

Finalmente, indicó que no impone condena en costas porque las pretensiones de la
demanda prosperaron de forma parcial.
Recursos de apelación
1. Parte demandante
El actor apeló la decisión de primera instancia, precisando que únicamente formula
reparos con relación a que su responsabilidad no se limita al valor de su capital
social, pues considera que existe sustento legal para afirmar lo contrario.
Refirió que los términos responsabilidad solidaria, responsabilidad proporcional y
responsabilidad limitada son diferentes. Así, el primero corresponde a un criterio de
imputación del daño, el segundo atañe a la forma en que se atribuye responsabilidad
conjunta a los miembros de un determinado grupo, y el tercero alude a la extensión
de la obligación, esto es, hasta dónde se responde.
Señaló que los conceptos de responsabilidad proporcional y limitada son categorías
epistémicas y normativas distintas, aunque ambas constituyen un límite a la
extensión indemnizatoria. Así, destacó que no toda responsabilidad solidaria es
ilimitada, ni viceversa, pues entre estos conceptos no existe una relación de género
y especie.
Manifestó que la Corte Constitucional lo entendió así en la Sentencia C-210 de 2000
al señalar que “el segmento normativo acusado no exige al socio que responda fiscalmente por
las deudas tributarias, más allá de sus aportes, lo que es apenas justo equitativo y proporcional en
un sistema tributario moderno”. Lo cual considera va de la mano con la política de Estado
de proteger, fomentar, promover y apoyar la asociatividad cooperativa.
De conformidad con lo planteado sostuvo que no existe un conflicto entre el artículo
794 del Estatuto Tributario y el artículo 9 de la Ley 79 de 1988, sino que en realidad
se complementan pues, aunque ambas normas regulan aspectos distintos, tienen
la misma jerarquía normativa (sobre este punto citó la Sentencia C-037 de 2000).
De esta forma, adujo que el Tribunal debió declarar la responsabilidad del
demandante en forma solidaria y proporcional, en aplicación del artículo 794 del
Estatuto Tributario, pero limitada al monto de sus aportes, conforme la Ley 79 de
1988.
Finalmente, sostuvo que no es preciso afirmar que la responsabilidad del actor se
determina teniendo en cuenta el monto de la deuda, sino que se basa en la
participación del cooperado administrador, el cual fue de $254.774.918, valor que
no puede ser superado.
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2. Parte demandada

La DIAN apeló la decisión de primera instancia, para lo cual señaló que no se
encontraba ajustada a la normativa aplicable, pues el parágrafo del artículo 794 del
Estatuto Tributario dispone que los cooperadores que se hayan desempeñado como
administradores o gestores responderán solidariamente a prorrata de sus aportes y
del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable.

Reiteró que del término “a prorrata” corresponde a la cuota o parte proporcional a la
que un miembro de una colectividad tiene derecho u obligación con base a su
participación en la misma.

Consideró como probado que Juscelino Badillo Luna era el Representante Legal de
la Cooperativa por los años 2015 a 2017, hecho que aseguró no se discute. Además,
sostuvo que el contador de la cooperativa certificó que su participación en ese
periodo fue de 20%.

Insistió en que los cooperados administradores responden solidariamente por el
100% de los impuestos, actualización e intereses, pero en este caso solo poseían
el 52.64% de la participación total en la cooperativa. En consecuencia, el actor debe
pagar el 38% de la deuda total, lo cual corresponde a $1.660.376.940, en aplicación
de la regla de tres expuesta en la oposición a la demanda.
Señaló que el fin del artículo 794 del Estatuto Tributario es asegurar la efectividad
del tributo, esto es, el pago real de los impuestos que se determinan a cargo de las
sociedades y otros entes asimilados a tales. Así, la norma referida eliminó el velo
societario y creó mecanismos contra la evasión tributaria, conforme con la Sentencia
C-210 de 2000.
Expuso que, comoquiera que los administradores solamente poseen el 52,64% del
capital de la cooperativa, entender que la responsabilidad se limita al valor de su
participación generaría que el 47,36% de la deuda no podría ser objeto de cobro.
Finalmente, solicitó que se imponga condena en costas al demandante, para lo cual
afirmó que las agencias en derecho no requieren de prueba y se liquidan según las
tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en aplicación del artículo
366 del Código General del Proceso.
Oposiciones a las apelaciones.
El demandante guardó silencio y la demandada reiteró lo expuesto en la oposición
a la demanda y en la apelación.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público también guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones Nro.
20200313000440 del 26 de junio de 2020 y Nro. 20200311000668 del 9 de
septiembre del mismo año, actos expedidos por la DIAN, mediante los cuales
declaró probada parcialmente la excepción de indebida tasación de la obligación a

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cargo de Juscelino Badillo Luna como deudor solidario de la Cooperativa de
Servicios Petroleros J’S Ltda.

El demandante sostiene en su recurso que, conforme con el artículo 794 del
Estatuto Tributario y el artículo 9 de la Ley 79 de 1988, su responsabilidad solidaria
como cooperado administrador se limita al monto de sus aportes de capital, es decir,
$254.774.918.

Por su parte, la DIAN manifiesta que la responsabilidad del demandante debe ser a
prorrata de su participación, que es del 20%. Sin embargo, comoquiera que los
administradores no poseen el total del capital asociado, este porcentaje debe
aplicarse con relación al monto adeudado mediante una regla de tres, para evitar la
existencia de saldos insolutos. En consecuencia, concluye que, para este caso, su
responsabilidad asciende al 38% del valor a pagar por la entidad cooperativa, esto
es, $1.660.376.940.

Como se observa, las apelaciones de las partes están íntimamente relacionadas,
pues ambas discuten el alcance de la responsabilidad solidaria en materia tributaria
de los cooperados administradores, por lo que serán analizadas y resueltas de
forma conjunta.

Para estos efectos, la Sala reiterará la posición asumida en casos similares en las
sentencias del 21 de octubre de 2021, exp. 25559, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello; del 9 de febrero de 2023, exp. 26949, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
y del 29 de febrero de 2024, exp. 27680, C.P. Wilson Ramos Girón.

En dichas providencias, se puso de presente que el Estatuto Tributario regula los
supuestos de solidaridad por obligaciones de carácter fiscal y prevé las condiciones
en las que opera. Así, la normativa tributaria establece los sujetos obligados
solidariamente, los límites de su responsabilidad y el procedimiento que la
Administración debe llevar a cabo para su exigibilidad. Esta normativa, por ser
especial, se prefiere frente a las normas que regulan asuntos de manera general,
como los Códigos Civil y de Comercio5.

De igual modo, expusieron que la responsabilidad solidaria de los cooperados frente
a las obligaciones tributarias a cargo de las cooperativas está regulada en el artículo
794 del Estatuto Tributario. Esta norma es aplicable, salvo que se advierta algún
vacío que haga necesario acudir a las reglas generales, esto es, a los Códigos Civil
o de Comercio.

Dicha norma dispone que los socios, copartícipes, asociados, cooperados,
comuneros y consorciados, “responderán solidariamente por los impuestos, actualización e
intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros,
socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes
o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo
período gravable”. Además, en su parágrafo se precisa que “En el caso de cooperativas, la
responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperadores
que se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o actividades de la
respectiva entidad cooperativa.”.

Se destaca que el parágrafo del artículo 794 del Estatuto Tributario es claro en
establecer que la responsabilidad solidaria se predica de cooperados, los cuales

5 Al respecto, ver la sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 23753, C.P. Milton Chaves García.
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deben responder a prorrata de sus aportes o participación en la persona jurídica o
ente colectivo sin personería jurídica y del tiempo de posesión6.

Con base en lo anterior, la sentencia reiterada del 21 de octubre de 2021, exp.
25559, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, indicó que la norma bajo análisis “no
señaló expresamente que la responsabilidad de esta clase de sujetos se limitaba al monto de sus
aportes en la cooperativa. Ello, porque tal precisión no era necesaria, en la medida en que dicho
parágrafo se refiere a ‘la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo’, lo cual
significa que la responsabilidad solidaria de los cooperados que se hayan desempeñado como
administradores o gestores debe tasarse tal y como lo dispone el inciso primero de esa norma, esto
es, en función de (i) los aportes o participaciones poseídas en el patrimonio de la persona jurídica o
ente colectivo sin personería jurídica y (ii) del tiempo en que se hubieran poseído en el respectivo
período gravable” (subrayado del original).

En este mismo sentido, el fallo referido destacó que en los casos objeto de análisis
no es posible atribuir responsabilidad ilimitada acudiendo a otros cuerpos
normativos (en concreto, el artículo 200 del Código de Comercio por remisión del
artículo 158 de la Ley 78 de 1998), pues “el alcance de la responsabilidad solidaria de los
cooperados respecto de obligaciones de carácter fiscal a cargo de las cooperativas deben resolverse
de conformidad con el artículo 794 del Estatuto Tributario, por ser la norma especial que regula
específicamente este asunto. De ahí que no haya lugar a aplicar las normas generales previstas en
otras regulaciones, pues la norma especial prevalece sobre la norma general”.

Con base en lo anterior, contrario a lo dicho por el demandante, la responsabilidad
del actor no está limitada al monto de sus aportes a la cooperativa ($254.774.918)
porque, por un lado, no es aplicable el artículo 9 de la Ley 79 de 1988, y por el otro,
esa consecuencia no fue prevista en el artículo 794 del Estatuto Tributario.
En cuanto a la apelación de la DIAN, la sentencia del 9 de febrero de 2023, exp.
26949, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, estudió un cargo idéntico y concluyó
que “el valor por el que debe responder el actor, como deudor solidario por los impuestos de ventas,
riqueza y renta por los periodos causados (2015 a 2017) a cargo de la Cooperativa de Servicios
Petroleros JS Limitada, es el resultado de aplicar el porcentaje del capital social (6.32%) a la deuda
total $4.369.413.000, razón por la cual, no procede el recurso de apelación”. La anterior
conclusión se sustentó en que, se insiste, el artículo 794 del Estatuto Tributario
expresamente señaló que la responsabilidad solidaria en estos casos es “ a prorrata
de sus aportes o participaciones en las mismas”.

Además, en esa oportunidad la Sala se refirió a la Sentencia C-210 de 2000
(invocada por el actor), donde se destacó que la Corte Constitucional señaló
expresamente que el artículo 794 del Estatuto Tributario limitó la responsabilidad de
los cooperados “únicamente a prorrata de los aportes en la misma, y únicamente durante el
tiempo que los socios hubieren poseído sus aportes en el respectivo período gravable, lo cual
es una manifestación del ejercicio de las competencias que le corresponde ejercer al
Congreso de la República, conforme a lo ordenado en los artículos 150-12 y 338, normas que
habilitan al legislador” (negrilla de la sentencia).

En otras palabras, el argumento de la DIAN al señalar que los administradores
deben pagar el total de la deuda del contribuyente no responde a los preceptos
normativos que regulan la responsabilidad solidaria en materia tributaria, pues el
legislador estableció como límite para su tasación el porcentaje de los aportes o
participaciones del cooperado administrador.
Lo expuesto hasta ahora es suficiente para negar los recursos de apelación
presentados por ambas partes, teniendo en cuenta que no es objeto de discusión

6 En este sentido ver la sentencia del 22 de julio de 2021, exp.25261, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8

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Radicado: 68001-23-33-000-2021-00048-01 (28123)
Demandante: Juscelino Badillo Luna

en primera ni en segunda instancia que el actor fue representante legal de la
cooperativa durante los años 2015 a 2017 y que su porcentaje de participación es
del 20%7.

En cuanto a la solicitud de condena en costas formulada por la DIAN en la apelación,
tal como lo señaló el a quo, en este caso procede la abstención en su imposición
por cuanto prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda, conforme con
el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso. Además, la Sala no
impondrá condena en costas en esta instancia porque no fueron probadas, de
acuerdo con el numeral 8 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 10 de julio de 2023.

2. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

7 En todo caso, se destaca que estos hechos fueron probados con el Acta Nro. 51 de la Cooperativa del 3 de
junio de 2011 y el certificado del revisor fiscal de la cooperativa del 9 de marzo de 2020 (Cf. Samai, índice
2, PDF de la demanda y sus anexos, páginas 37 y 46, respectivamente)
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